La parálisis de la mayor obra ambiental en Colombia tiene por protagonistas a la constructora española Sacyr y al Gobierno del izquierdista Gustavo Petro. La construcción del Canal del Dique —adjudicada por concurso público en noviembre de 2022— se halla estancada en una fase “preoperativa”. Mientras tanto, las poblaciones ribereñas del norte del país siguen sujetas al capricho e intensidad de las frecuentes lluvias y sus estragos. El proyecto, tasado en 690 millones de euros, resulta vital para contener el desborde de las aguas; o mejorar su calidad en este brazo artificial que conecta al mar Caribe, en la bahía de Cartagena de Indias, con el río Magdalena, quizás el más importante del país

El Gobierno de Petro y las autoridades ambientales y de infraestructura han mostrado algo de resistencia al plan social y ecológico de la constructora española. Y aun así, en Colombia no ha dejado de causar sorpresa el recorte unilateral por casi 150 millones de euros (al tipo de cambio actual) anunciado hace unos días por el Ministerio de Hacienda al presupuesto de la obra en 2025. Con esta medida, el Ejecutivo deja un agujero financiero del 83,61% a lo pactado para el año pasado. Su avance entra una vez más en una zona gris.

Las razones expuestas por Hacienda responden a la frágil situación fiscal del Estado colombiano, agobiado por el pago de intereses de su alta deuda soberana, el creciente gasto público y la aún modesta recaudación fiscal. Esos son, al parecer, los resortes tras el tijeretazo. Sacyr ha informado, a través de una portavoz, que la empresa española no dará declaraciones porque el único “autorizado” es la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI). Con ello evidencia el tira y afloja habitual entre la operadora española y un puñado de despachos oficiales encargados de la inspección y supervisión de una megaobra que acumula tensiones y retrasos.

La ANI, agencia oficial adscrita al Ministerio de Transporte, ha salido al paso para sumar una dosis de confusión con un comunicado firmado el 28 de enero en el que precisa que, como gestora de la concesión, “ha desembolsado más de 217.477 millones de pesos (unos 51 millones de dólares, al tipo de cambio actual) al patrimonio autónomo, garantizando un manejo eficiente y responsable de los fondos públicos”. El compromiso de la entidad, añade, es pasar a la fase constructiva en el segundo semestre de 2026, pero no ha mencionado el hachazo de Hacienda.  

Por contra, el Tribunal de Cuentas colombiano sí ha expresado su inquietud por la deriva del proyecto ambiental. De acuerdo con un comunicado del ente de control publicado el pasado miércoles, la medida del Gobierno progresista supone un riesgo fiscal enorme para la región Caribe y el país. Critica, así mismo, que se haya tomado de manera unilateral. Y advierte de que el Estado colombiano se expone al pago de multas, intereses de demora y otras compensaciones no previstas en el presupuesto original.  

En paralelo al pulso burocrático, la lista de afectaciones por las crecidas en los pueblos de la ribera del norte es crónica: miles de familias evacuadas, problemas sanitarios, viviendas inundadas y múltiples daños en los cultivos y la actividad pesquera. Se calcula que la población en primera fila de vulnerabilidad asciende a unos 100.000 habitantes. ¿En qué consiste la intervención ambiental? Contempla, entre otras, la construcción de dos enormes compuertas con esclusas para atenuar o filtrar la entrada de sedimentos al caudal del río. 

Sacyr, sin embargo, ha tropezado una vez tras otra a la hora de acreditar los requisitos del Ministerio de Ambiente colombiano. “Nunca presentaron un estudio de impacto ambiental. Ello a pesar de nuestro acompañamiento e insistencia. Eso quiere decir que, desde la perspectiva de la licencia necesaria para poder avanzar, van en la etapa cero”, explica a elDiario.es, por mensaje de texto, la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia, Irene Vélez. 

Algunos pobladores de la cuenca se han quejado, además, de la supuesta discreta voluntad de la compañía española para cumplir con su obligación legal de informar a la comunidad local sobre los impactos de la construcción. Se trata de pueblos campesinos, negros y palenqueros, descendientes directos de esclavos africanos del periodo colonial, con altos índices de pobreza y desigualdad. “Además de los términos de referencia específicos que fueron emitidos por la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), hicimos un alcance en agosto de 2025 con el propósito de evitar que un proyecto grande y complejo como este termine por impactar a los habitantes. Era una medida de criterio para evitar lo que se conoce como racismo ambiental”, subraya Vélez.

Sacyr, presidida por Manuel Manrique Cecilia, deberá hacerse cargo de la operación y mantenimiento de los 115 kilómetros de extensión del Canal del Dique durante 15 años. No sin antes sortear los escollos regulatorios. Una situación que no supone ninguna novedad. La empresa ya ha recibido más de una multa, librado varios pleitos y procesos de arbitraje internacional por sus obras en Colombia. Se trata de un operador que, desde 2012, ha adelantado un sinnúmero de proyectos de infraestructura vial y concesiones. Algunos han sido clave para mejorar la atrasada red de carreteras y autopistas del país sudamericano. Otras, sin embargo, han tenido controversias por la modesta calidad constructiva, demoras en la entrega o sobrecostes. 

De cualquier forma, el ingeniero civil Rodrigo Fernández, experto en licitaciones y miembro de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, concluye subrayando un asunto de fondo: “Los anuncios del Gobierno a veces crean desconcierto. Los parámetros y estructura de los contratos vigentes se deben cumplir de parte y parte. Es inaceptable que Petro utilice recursos que ya están comprometidos para una obra, escudado en la emergencia económica, como si fuera una fuente de ahorro de la Nación”.

Nerifan SL, controlada por el inversor y fundador de Cirsa Manuel Lao Hernández a través de Nortia Capital Investment, ha puesto en venta un paquete de 40,7 millones de acciones de la constructora Sacyr, que suponen un 5,12% de la sociedad. La compañía ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que el empresario ha contratado a Citi para explorar este potencial traspaso, con el que el inversor, que atesora una fortuna de unos 1.375 millones de euros, dejaría de tener participación en la sociedad.

Sacyr ha cerrado la jornada bursátil de este martes a un precio por acción de 3,958 euros, por lo que ese paquete tiene a día de hoy un valor de unos 161 millones de euros. Según ha recalcado la compañía a la CNMV, Sacyr no recibirá ingresos de esta operación, que está dirigida exclusivamente a inversores cualificados.

El precio por acción se determinará mediante una colocación acelerada y el proceso comenzará de forma inmediata. Citi se reserva el derecho a darlo por finalizado en cualquier momento y con un corto preavisto, tras el que se publicará unnuevo anuncio detallando el resultado de al operación y el precio definitivo de las acciones colocadas.

Lao ha suscrito con Citi un contrato de colocación en los términos habituales para este tipo de operaciones en bloque. La oferta, que no implica colocación pública en ninguna jurisdicción, se dirige únicamente a inversores cualificados en el Espacio Económico Europeo y el Reino Unido, quedando excluidos mercados como Estados Unidos, Australia, Canadá, Japón o Sudáfrica, de acuerdo con las restricciones legales y de registro aplicables.

Según los registros de la CNMV, Disa Corporación Petrolífera es el principal accionista de Sacyr con alrededor del 14,6% del capital, seguido de José Manuel Loureda (Prilou), con el 6,7% y Grupo Corporativo Fuertes con el 6,3%. Por debajo de Manuel Lao figura Rubric Capital Management con el 4,43%.

Según Forbes, Lao Hernández cuenta este 2025 con una fortuna de unos 1.375 millones de euros, unos 1.600 millones de dólares.

En abril de 2018, Manuel Lao Hernández vendió el cien por cien de la empresa dedicada al juego Cirsa Gaming Corporation al fondo de inversión Blackstone, en una operación de la que no se detallaron cifras de la transacción. Aquella operación dejó fuera de la venta los negocios de la compañía catalana en Argentina, que han continuado siendo administrados por Manuel Lao de manera diferenciada.

El Juzgado de lo Mercantil número 9 de Madrid ha condenado al Gobierno de la Región de Murcia a abonar a Sacyr, anterior concesionaria del aeropuerto de Corvera, 143,7 millones de euros por las inversiones que se habían realizado antes de que se le rescindiese el contrato en 2013, con unos intereses añadidos de 17 millones. El juez le ha dado la razón a Sacyr, y considera que no hay ninguna duda sobre la cuantía del crédito reclamado. Sin embargo, la mayor parte de esa cantidad volverá de nuevo a las arcas regionales que, en su momento, tuvieron que pagar un aval de 180 millones de euros para que se pudieran terminar las obras.

Desde Sacyr, sin embargo, han apuntado que se trata de una victoria “moral” que dura ya una década de sucesivos gobiernos del PP. Desde el Ejecutivo regional, por su parte, han anunciado que recurrirán la condena y han mostrado su “confianza” en que la Justicia revertirá su decisión.

El Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia, conocido popularmente como Aeropuerto de Corvera, que es la pedanía de la capital murciana donde está emplazado, cerró 2019 alcanzando 1,09 millones de pasajeros. Después llegó la pandemia y, desde entonces, la infraestructura ha sido incapaz de volver a mover un millón de viajeros.

A principios del mes de junio, tuvo lugar en la Asamblea Regional una Comisión Especial de Investigación sobre la liquidación fallida por daños y perjuicios en la construcción y explotación del Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia. La sociedad concesionaria para su construcción, Aeromur, que está actualmente en concurso de acreedores, “no tiene nada” con lo que hacer frente a la liquidación por daños exigida por la Comunidad, que tendrá que desembolsar de sus arcas cerca de 400 millones de euros.

Así lo hizo saber a la comisión Miguel Sánchez Calero, administrador concursal de Aeromur, que calculó esa cantidad sumando 182 millones del aval que la Comunidad adquirió con la concesionaria, 212 en la liquidación por daños y otros seis por diferentes pleitos, tal y como expresó en su comparecencia. Dinero que todo parece apuntar a que la Comunidad Autónoma no recuperará.

Cuando la alcaldesa socialista de Vitoria, Maider Etxebarria, cumple dos años en el cargo, el Ayuntamiento de Vitoria acumula en este arranque del verano problemas con los servicios públicos externalizados a empresas privadas. Los frentes inmediatos abiertos son tres. Uno: la plantilla de la contrata de jardinería, asignada a la empresa Enviser, supera ya los tres meses de huelga. Dos: también lo están los trabajadores del servicio de sumideros y alcantarillado, de Sacyr Aguas. Y tres: ha quedado finalmente desierto el concurso de la mayor de todas las contratas, la de limpieza, valorada en 355 millones de euros para diez años y sobre la que ya pesaba un recurso administrativo.

La presión que genera en la ciudad la huelga de los jardineros -que cobran 11.000 euros menos que los equivalentes funcionarios, según denuncian- se ha visto aliviada en parte por la imposición de servicios mínimos pero, al tiempo, no avanzan las negociaciones para mejorar las condiciones laborales. El pasado miércoles finalizó sin acuerdo una nueva reunión entre Enviser y los representantes sindicales. Los paros arrancaron en marzo.

Entretanto, el clima se ha enrarecido con la edil responsable del servicio, la teniente de alcaldesa y cabeza del PNV, Beatriz Artolazabal, interponiendo una denuncia ante la Policía porque en las hogueras de San Juan quemaron una imagen de ella vestida con el uniforme de Enviser, lo que sigue a otra queja anterior por movilizaciones en su propia casa en dos días diferentes de marzo y junio. “Han intentado intimidarme, señalarme y acosarme públicamente. No lo han conseguido y no lo conseguirán. Pero es mi deber denunciarlo. Por mí, por mi familia y por quienes puedan ser los siguientes. Esto no es libertad de expresión. Es acoso. Es violencia simbólica. No todo vale. La convivencia y la democracia tienen límites que hay que proteger”, ha manifestado públicamente.

A mediados de junio se conoció también el inicio de la huelga entre la plantilla de Sacyr Aguas, que gestiona la red de alcantarillado de pluviales para la sociedad pública Amvisa a cambio de unos 5,5 millones de euros. Los sindicatos demandan mejoras de entre 6.000 y 8.000 euros para superar un convenio precario. Según datos de 'El Correo', los paros están empezando ya a afectar al funcionamiento de la ciudad ya que se dejan de limpiar y desatascar 250 sumideros por cada día de paro.

Este contrato, precisamente, formaba parte antes de la contrata general de limpieza. Ésta es la mayor adjudicación municipal históricamente y cada vez que toca la renovación parece complicar la vida al alcalde de turno. Etxebarria no parece que vaya a ser la excepción. Ahora mismo el concurso ha decaído al no existir ofertas sobre la mesa. Semanas atrás trascendió un recurso administrativo de la patronal empresarial por las condiciones económicas, sin que se conocieran más detalles. La adjudicación estaba paralizada cautelarmente hasta que el Órgano Administrativo de Recursos Contractuales (conocido por las siglas OARC) resolviera el fondo, pero ya ni siquiera será necesario. Toca volver a empezar.

Y eso que el presupuesto había crecido en 10 millones anuales y se estiraba por diez años. Es decir, se ofrecían 355 millones de euros. ¿Habrá que poner más dinero todavía? El Ayuntamiento aún no se pronuncia y espera acontecimientos. La principal fuerza de la oposición, sin embargo, avisa de que el escenario es muy grave. Según EH Bildu, que en pasadas legislaturas propuso publificar el servicio, Vitoria podría estar viendo un nuevo capítulo del “cártel” de las basuras, que ya fue detectado y sancionado en el pasado.

“Le rogamos al Gobierno municipal que no se quede de brazos cruzados y plante cara a estas empresas. Y es que es la propia Ley de Competencia la que prohíbe expresamente este tipo de prácticas y amaños. Ponerse de acuerdo entre las empresas para manipular una licitación es una práctica colusoria”, han manifestado desde la coalición abertzale, sugiriendo que el recurso de la asociación que aglutina a FCC o Cespa/Ferrovial/Prezero, las grandes adjudicatarias en los últimos lustros, pero también a otras grandes como Acciona, ahora en el ojo del huracán por investigaciones de corrupción, puede encerrar otros fines que una simple discrepancia administrativa.

Desde el Ayuntamiento, en todo caso, garantizan que el servicio no se va a ver resentido. Si no se llega tiempo al plazo previsto, finales de 2025, hay posibilidad de prorrogar la actual relación con la UTE de Prezero con la local Onaindia. De hecho, este mismo contrato ya arrancó con retraso por los problemas del anterior concurso. “Algo de retraso sí que va a haber, claro. Pero, evidentemente, el servicio básico no va a estar afectado. Se va a seguir prestando. No va a haber problemas”, garantizan estas fuentes, que recuerdan que el incremento presupuestario no era a cambio de nada, sino de más y mejores servicios y de una renovación general de la flota.

La ciudad, asimismo, ha vivido en los últimos años conflictos en las contratas de servicios deportivos, particularmente con Disport Eki. Ha habido afecciones en piscinas o en actividades en centros cívicos. El personal denunciaba impagos recurrentes. De hecho, esa firma está en liquidación. Y, fuera de lo municipal, por ejemplo, el Gobierno vasco tuvo que rescindir la contrata de ambulancias de Osakidetza con la cooperativa catalana Grup La Pau por una cascada de irregularidades constatadas por la Inspección de Trabajo.

En el buzón municipal, un foro abierto a quejas, sugerencias y debate en la web del Ayuntamiento, el asunto sobre las contratas está en ebullición. “Como ciudadana y contribuyente de Vitoria-Gasteiz no quiero unos servicios mínimos y lavado de cara de la ciudad. Quiero y exijo a este Ayuntamiento unas condiciones dignas para los empleados que dan servicio a esta ciudad. Y como Ayuntamiento tienen el deber de procurar esto a los trabajadores que realizan trabajos para Vitoria-Gasteiz”, ha escrito una vecina que responde a las siglas L.B.

El fiscal anticorrupción César de Rivas ha reclamado una sentencia condenatoria para el comisario José Manuel Villarejo por los trabajos que realizó para Repsol y Caixabank. El Ministerio Público defiende porque la prueba documental recabada durante el juicio acredita que se le contrató para que “actuara como un auténtico policía privado”. 

En su informe, el fiscal ha subrayado que “la documentación es coherente entre sí y no ha quedado desmentida por los acusados”, y la misma acredita “los servicios de investigación acordados”, que, ha resumido, se trataba de “un encargo en el que Villarejo vende su condición de policía, y los clientes Repsol y Caixabank a través de los acusados compran esa condición policial”. La Fiscalía Anticorrupción pide que Villarejo sea condenado a 40 años y medio de cárcel por los delitos de cohecho pasivo, descubrimiento y revelación de secretos y falsedad en documento mercantil.

En este juicio se pone el foco en los trabajos realizados por el comisario para Repsol y Caixabank en el denominado 'proyecto Wine', en el que ambas compañías trataban de defender sus intereses frente a una estrategia de Sacyr para hacerse con un número importante de acciones de la petrolera en 2011.

Solicita además 32 años y medio de cárcel para el socio de Villarejo, Rafael Redondo; una pena de 21 años para el que fuera subdirector de Servicios de Apoyo de la dirección de Seguridad Corporativa de Repsol Rafael Girona; 28 años para el exresponsable de Seguridad de Repsol Rafael Araujo; y 21 años para el exresponsable de Seguridad de Caixabank Miguel Ángel Fernández Rancaño.

Este jueves, De Rivas ha resaltado que en una primera fase del contrato, en octubre de 2011, el encargo se centraba en la figura de Luis del Rivero, presidente entonces de Sacyr, por ese pacto de accionistas para tomar el control de Repsol. Y ha puntualizado que la labor a realizar por Villarejo quedó clara “por ambas partes” en un primer informe ('River') en el que se recogía que “el objetivo principal era el control integral de Del Rivero”.

La información captada la recibían los clientes

Por otro lado, ha apuntado que ha quedado acreditado que el proyecto era de “inteligencia” y que el mismo fue “aceptado” por los clientes. Además, en las actualizaciones del encargo que presentaba el comisario, resaltaba que tras la destitución de Del Rivero de su cargo en Sacyr, el objetivo mutó a “conocer la reacción de éste ante esta circunstancia”.

De Rivas ha explicado que, en su informe 'Wine', Villarejo relataba que tenía a su disposición una “estructura de captación agresiva de datos” para tener “la totalidad del mapa decisorio y de la actividad diaria de Del Rivero y su entorno”. Además, en uno de los anexos de ese informe se recogían ya “datos detectados”, una “amplia lista de personas del mundo de las finanzas y de la comunicación con las que contactó Del Rivero”.

Esa información fue reportada por uno de los directivos de Repsol encausados a su superior por 'mail', ha señalado el fiscal, para resaltar que efectivamente “la información captada por el acusado y plasmada en los informes era recibida por los clientes destinatarios de la misma”.

Ha añadido que la documentación recabada también pone sobre la mesa que el plan de acción era “controlar todos los movimientos de Luis del Rivero”, que hubo un precio por el encargo que contemplaba dos opciones de pago y que por tanto existía “una petición de dádiva por captación de información”.

Tráfico de llamadas

Y ha resaltado que “se intervino el tráfico de llamadas” de forma “ilegal” del empresario, y que esa documental fue intervenida en el domicilio del socio de Villarejo, Rafael Redondo. Al hilo, ha comentado durante su exposición que, si bien un funcionario dijo durante el plenario que no se halló rastro del acceso a bases policiales, “no hay dudas de que --los tráficos de llamadas-- se obtuvieron de manera ilegal”.

El fiscal ha matizado que Villarejo y su estructura no tuvieron porque ir a esas bases policiales dado que “pudo haber vías alternativas”, y que lo relevante es que “se consiguieron esos datos en contra de la voluntad de los perjudicados”. “La vía por la que se obtuvieran esos números es irrelevante, lo relevante es que se obtuvieron en contra del consentimiento de los titulares”, ha apostillado.

A todo esto, en su informe, ha sumado que los encausados trataron también de vincular al expresidente de Sacyr con operaciones de corrupción como el 'caso Malaya', el 'caso Caja Castilla-La Mancha' o con actuaciones irregulares en Panamá. El objetivo era “conseguir las guarrerías de Luis del Rivero”, ha señalado el fiscal mencionando así lo que dijo textualmente uno de los encausados, Rafael Araujo, en una conversación con Villarejo.

En definitiva, el fiscal ha dicho que en el plenario se ha puesto de manifiesto que se contrató a Villarejo y que éste, “anteponiendo un afán de lucro, actúa como policía privado para sus clientes porque aportaba el valor de tener acceso a información que obtenía por vía policial”. “Que un funcionario se ponga a investigar delitos atribuidos a personas para conseguir pruebas no puede desvincularse de la acción propia de un comisario”, ha resaltado, para luego apuntar que el objetivo de los clientes era “rentabilizar la información que se pudiera recabar”.

En este sentido, ha incidido en que la información del tráfico de llamadas también era entregada a los clientes que eran “los naturales destinatarios de esa información”. “Se apartaría de la lógica pensar que esta información recabada en cumplimiento de un encargo se la hubieran guardado para si mismos --los contratados-- para su propia cosecha, y no entregado a los clientes”, ha concluido.

Así, ha insistido en que hubo contratos muy posteriores a 'Wine' y que los clientes de Villarejo “sabían que contrataban a un comisario en servicio activo”. “Y se le contrató sin fijar precio por el servicio, sin saber lo que iba a costar, lo que no era ni lógico ni razonable”, ha apuntado para subrayar que también vulneraron la normativa interna de las empresas porque se seleccionó de manera directa al proveedor sin pasar por el departamento de compras, donde “podrían haber caído en que no tenía habilitación para servicios privados de investigación”.

Proyecto 'Wine'

Tal y como sostiene Anticorrupción en su escrito de acusación, en agosto de 2011 Sacyr Vallehermoso, entonces presidida por Luis del Rivero, y la mexicana PEMEX alcanzaron un acuerdo relativo al ejercicio de su derecho de voto de forma sindicada en la petrolera española. Esto permitía que sumando la participación de ambas mercantiles llegarían a controlar casi un tercio del total.

Para hacer frente a esto, recuerda la Fiscalía, “los más altos directivos de Repsol adoptaron diferentes medidas”, y una fue recabar información sobre ese pacto, para lo que se sirvieron de su dirección de Seguridad Corporativa, a cuyo frente se encontraban los encausados Rafael Araujo y Rafael Girona.

El tribunal que juzga a todos ellos acordó en las primeras sesiones de la vista oral dejar fuera del juicio tanto a la entidad financiera como a la energética y a la Administración del Estado después de que las acusaciones particulares y la Fiscalía renunciaran a ir en este momento contra las responsables civiles subsidiarias.

“El aeropuerto Internacional de la Región de Murcia no costará ni un euro a los murcianos”, son palabras que el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, dijo en 2020 tras conocer que Sacyr, con la sociedad Aeromur, debía indemnizar a la Comunidad por los 182 millones de euros que perdió tras no ponerse en marcha el aeropuerto una vez construido. Sus declaraciones vuelven hoy a resonar con fuerza tras la decisión del Tribunal Superior de Justicia de anular la indemnización porque se pidió fuera de plazo.

La sentencia detalla que las sanciones por incumplimiento de contrato deben presentarse en un plazo de tres meses. La empresa perdió la concesión en 2013, pero la liquidación no llegó hasta 2019. A esto se añade la complicación de que la Comunidad hizo aparecer dos conceptos en el documento: la cantidad que pretendía recibir, 36,3 de millones; y el importe descontado de los 180 millones que reclamaba sin tener en cuenta la inversión realizada por la antigua concesionaria, que cifraba en 143,7 millones. Así, la Sala de lo Contencioso da la razón de forma parcial a Aeromur, que defendía que la liquidación aprobada por la Consejería murciana de Fomento e Infraestructuras había caducado, por lo que no tenía fuerza legal.

Durante la construcción del aeropuerto, el Gobierno regional, entonces presidido por Ramón Luis Valcárcel (PP), avaló un crédito por valor de más de 182 millones de euros a la que por entonces era la empresa concesionaria del proyecto, Aeromur. Tres años después Valcárcel pidió la suspensión de todos los procesos en trámite al considerar que Aeromur había incumplido las condiciones contractuales, ya que la empresa, con el aeropuerto acabado, pidió una ampliación de contrato para ponerlo en marcha. Lo hizo sin exigir ningún tipo de garantías ni avales bancarios a la concesionaria para reclamar la deuda de 182 millones contraída por la Comunidad. A partir de diciembre de 2012 la Comunidad tuvo que asumir la devolución del aval, que no terminará de pagar hasta dentro de dos años.

El Ejecutivo murciano no volvió a oír de esa deuda hasta febrero de 2020 cuando el Tribunal Supremo obligó a Aeromur a hacer frente al pago del aval. Tras la rescisión del contrato la Comunidad Autónoma sacó a concurso la gestión y explotación del aeropuerto durante 25 años, optando finalmente una sola empresa, Aena, que se hizo con la concesión y está operando las instalaciones desde enero de 2019.

Aeromur, liquidada desde 2019

Aún sin este revés de la justicia, la Comunidad de Murcia se habría quedado sin indemnización. En 2019 la empresa pasó por un proceso de liquidación, y no poseía ningún fondo para enfrentarse al pago.

El 14 de febrero, seguidamente de la sentencia del Supremo, se publicó un informe mercantil en el que se pone de manifiesto la incapacidad de la sociedad Aeromur para enfrentarse al pago íntegro del aval millonario. Ni siquiera podrían hacer frente a cualquier tipo de gestión administrativa: la antigua concesionaria está en liquidación desde abril de 2019 e incluso se declara insolvente.

La Fiscalía Anticorrupción solicita una pena de 40 años y seis meses para el comisario jubilado José Manuel Villarejo por el encargo que “altos directivos” de Repsol y Caixabank hicieron al policía, mientras estaba en activo, para que evitara la entrada de la mexicana Pemex en el accionariado de la petrolera española, operación en la que se iba a materializar a través de Sacyr, presidida entonces por Luis del Rivero.

Anticorrupción no puede acusar a Repsol y Caixabank –principal accionista de la anterior– porque el juez del caso, Manuel García Castellón, exculpó a las empresas del Ibex, por lo que los fiscales solicitan elevadas penas de prisión para sus directores de seguridad, ex miembros del Cuerpo Nacional de Policía del entorno de Villarejo, caso de los entonces comisarios en excedencia Miguel Ángel Rancaño (Caixabank), que se enfrenta a una pena de más de 21 años de cárcel; y Rafael Araújo (Repsol), para el que la Fiscalía solicita más de 29 años de prisión.

Anticorrupción asegura en su escrito de acusación de la pieza Wine –nombre que Villarejo dio al proyecto– que el 29 de agosto de 2011 el Grupo Pemex y la mercantil Sacyr Vallhermoso, S.A., ambos como accionistas de Repsol, “alcanzaron un acuerdo relativo a, entre otros aspectos, el ejercicio de su derecho de voto de forma sindicada y el establecimiento de determinadas condiciones para la libre transmisión de las acciones de que eran titulares en la compañía”, con el objetivo de hacerse con el control de la misma.

En la pieza estuvieron imputados Repsol y Caixabank como personas jurídicas y sus consejeros delegados Antonio Brufau e Isidro Fainé, respectivamente. El juez consideró después que no era posible atribuirle los encargos a Villarejo a través de sus jefes de seguridad y archivó la causa para ellos y sus compañías, en una decisión avalada después por la Sala de lo Penal.

“El acuerdo requería que el Grupo Pemex incrementara su participación en Repsol, a fin de pasar del 4,8% de que era titular al 9,8 %. Por su parte Sacyr Vallehermoso era titular del 20% del capital social de Repsol, lo que implicaba que, sumando la participación de cada una de las mercantiles, ambos socios -Grupo Pemex y Sacyr Vallehermoso- llegarían a controlar en virtud del acuerdo alcanzado y sin necesidad de lanzar una oferta pública de adquisición de acciones (OPA) un 29,8% del capital de Repsol, esto es, casi un tercio del total. Dicha situación implicaba, de facto, la toma de control de Repsol por parte del Grupo Pemex y de Sacyr Vallehermoso, con las consecuencias que de ello se derivaban para los directivos de la compañía y para Caixabank en su condición de accionista de referencia”, describen los fiscales.

Este plan provocó una reacción “por parte de los más altos directivos de Repsol” en el sentido de adoptar “diferentes medidas”. Una de ellas, continúan los fiscales “fue recabar información sobre el meritado pacto de accionistas alcanzado por Sacyr Vallehermoso y Grupo Pemex, sirviéndose para ello de la dirección de seguridad corporativa de la compañía, a cuyo frente se encontraban los encausados Rafael Araujo Bernabé y Rafael Girona Hernández”.

Araújo, que había sido subdirector de la Policía con el Gobierno del PP, y Giron “contactaron los primeros días de octubre de 2011 con el encausado José Manuel Villarejo Pérez y, a sabiendas de que se encontraba en servicio activo como Comisario del Cuerpo Nacional de Policía y que podía servirse de dicha condición para llevarla a cabo -entre otras cosas por el acceso que desde su posición tenía a información de carácter reservado tanto en poder de la propia Policía Nacional como en poder de entes privados-, le encargaron una investigación inicialmente dirigida a recabar toda la información posible sobre Luis del Rivero Asensio”.

Aseguran los fiscales que en una fase posterior se incorporó al encargo Caixabank, “accionista de figura de Repsol”, en la figura de Miguel Ángel Rancaño, comisario en excedencia, ex jefe superior de Policía de Madrid, y que dirigía entonces la seguridad de la entidad bancaria. Rancaño, igualmente, conocía la condición de funcionario en activo de Villarejo.

Casi 400.000 euros para el comisario

El desembarco de Pemex y Sacyr en Repsol quedó desactivado, entre otras cuestiones por la destitución de Luis del Rivero al frente de la constructora española, pero sin embargo la investigación sobre el empresario y personas de su entorno, realizada por Villarejo por encargo de Repsol y Caixabank, continuó y se fue plasmando en distintos informes. Villarejo terminó cobrando por el proyecto Wine un total de 389.400 euros, que pagaron a partes iguales Repsol y Caixabank.

Los 40 años y medio que Anticorrupción solicita para Villarejo responden a la acusación por delitos de cohecho pasivo, revelación de secretos y falsedad documental. Por los mismos tipos delictivos, la Fiscalía pide más de 30 años a Rafael Redondo, socio de Villarejo. A los responsables de seguridad de las compañías les atribuye los mismos delitos, en su modalidad de activo en el caso del cohecho. Para Repsol y Caixabank solicita que se les imponga la responsabilidad civil subsidiaria.

El que fuera presidente de la constructora Sacyr-Vallehermoso Luis del Rivero ha propuesto al juez de 'Tándem' que se trate a CENYT, la compañía del comisario jubilado José Manuel Villarejo, como a una “organización criminal” que contó con la “cooperación económica” del BBVA a lo largo de una “duradera relación contractual”.

Así consta en un escrito de más de 80 páginas, al que ha tenido acceso Europa Press, que Del Rivero ha remitido al Juzgado Central Número 6 de la Audiencia Nacional de forma conjunta con José Domingo de Ampuero y Vicente Benedito Francés, dos exdirectivos del Banco Bilbao que figuran como perjudicados en la causa.

En esta línea, y recurriendo al Código Penal, su representación argumenta que el delito de asociación ilícita se refiere a las asociaciones que tienen “por objeto cometer algún delito” o, después de haber sido constituidas, promueven su comisión. Además, la norma tipifica la conducta “de los que con su cooperación económica o de cualquier otra clase, en todo caso relevante”, favorecen la actividad de tales asociaciones.

En concreto, inciden, “la tipificación del delito de organización criminal se caracteriza, en principio, por la pluralidad subjetiva”, que consiste en la colaboración entre dos o más personas coordinada con carácter estable o por tiempo indefinido con un reparto específico de funciones, para la comisión de delitos“.

A este respecto el escrito deja claro que del delito de cooperación con asociaciones que tengan por objeto cometer algún ilícito “solo pueden ser autores terceros ajenos a la organización”. “El tipo penal menciona expresamente la cooperación 'económica' entre las formas de cooperación punible. Con ello, el legislador deja claro que las formas de financiación o apoyo económico-financiero a estas asociaciones ilícitas constituye un delito de cooperación”, argumentan.

Eso es, a su juicio, lo que ha ocurrido en esta pieza separada, la número 9, de la macrocausa sobre los encargos a Villarejo. “Con base en los datos disponibles en la causa, desde el BBVA se ha estado apoyando económicamente, a través de la firma de varios contratos, a la asociación ilícita/organización criminal dirigida por el señor Villarejo”, insisten.

Blanqueo de capitales

La defensa, que hace hincapié en que CENYT es una empresa “cuya peligrosidad radica en la existencia de una estructura o de una organización de personas cuyo objeto es precisamente la comisión de delitos”, también solicita al magistrado que incluya en la calificación jurídica el blanqueo transnacional.

Y lo hace, según explica, porque “en la pieza principal se han detectado transferencias internacionales vinculadas a cuentas en el BBVA que aportan un carácter transnacional a la dinámica de blanqueo de capitales llevada a cabo por los integrantes de la organización criminal”.

Citando jurisprudencia, la defensa de Del Rivero asegura que se tratan de “conductas que tienen que ver con un proceso de reconversión de bienes de origen delictivo de tal manera que puedan ingresar en los circuitos o canales económicos normales sin que se pueda detectar su origen y que, por ello, se puedan disfrutar de forma jurídicamente pacífica sin temor a que puedan ser decomisados”.

“El fin de blanqueo es ocultar el origen delictivo de ciertos capitales con el fin de dotarlos de una apariencia final de legitimidad o integrarlos en el sistema económico con apariencia de haber sido obtenidos de forma lícita”, recuerda.

Además, apunta que “la financiación de la organización criminal Grupo CENYT y el blanqueo del dinero en el extranjero están sometidos a la competencia de los órganos jurisdiccionales españoles y, en concreto, de la Audiencia Nacional, por estar vinculados a una organización criminal que opera en España” y que es la competente para investigarlo.

Por último, su abogado solicita al juez que acuerde aportar testimonio de hasta 12 documentos de la pieza principal entre los que se cuentan autos, oficios de la Unidad de Asuntos Internos, escritos e informes policiales y que tienen “implicaciones jurídicas” en la pieza separada.

El ex presidente de Sacyr Vallehermoso Luis del Rivero ha señalado este miércoles ante el juez que investiga la contratación por parte del BBVA del comisario José Manuel Villarejo que cuando la constructora decidió en febrero 2005 abortar el intento de entrar en el Consejo de Administración de BBVA, que presidía Francisco González --investigado en esta causa--, lo hicieron tras sentirse atacados en los medios y por miedo después de que ardiera la Torre Windsor el 12 de febrero de 2005.

Fuentes presentes en la declaración apuntan a Europa Press que Del Rivero ha afirmado asimismo preguntas de los fiscales que en 2004 mantuvo reuniones tanto con el entonces ministro socialista Pedro Solbes como con el expresidente del Gobierno José María Aznar, como cabeza visible de la oposición, sobre esa operación.

Del Rivero comparecía ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón como perjudicado por el espionaje de Villarejo por encargo de BBVA --Proyecto Trampa--. Ese proyecto habría sido orquestado por Villarejo para conseguir frenar el desembarco de la constructora Sacyr en el Consejo de Administración del banco, y conllevó desde pinchazos telefónicos a seguimientos.

Del Rivero ha realizado durante su comparecencia un pormenorizado relato de las reuniones y movimientos que realizó en ese 2004 con el objetivo de ganar peso accionarial en BBVA, un peso que le podría haber abierto la puerta al grupo para tener voto y capacidad de decisión a la hora de los nombramientos en la entidad.

Así, Del Rivero ha indicado que el 22 de noviembre de 2004 mantuvo una reunión con el entonces alto directivo del BBVA José Ignacio Goirigolzarri para trasladarle la decisión de adquirir el 3,5 o el 5 por ciento de las acciones del banco. Tras esa reunión, siempre según Del Rivero, mantuvo una comida con el ministro Solbes, con quien al día siguiente se reunió en el ministerio, teniendo ya el apoyo de Société Genérale para la operación.

Si bien esas reuniones se mantienen en noviembre, la operación se gesta entre marzo y mayo cuando tantearon a Aznar, él y su vicepresidente Juan Abelló, para saber cómo veía el asunto. Tras esto se lo comunicaron al Gobierno a principios de junio, por medio de la Oficina Económica.

Según ha explicado Del Rivero ante el juez, para entonces ya habían contactado con Société Genérale y su presidente para España y Portugal, Donato González, estuvo presente en reuniones y estaba al tanto. Cuando Sacyr compra acciones a través de esa entidad llegando al 3,16 por ciento del BBVA es cuando deciden hablar con Solbes. Era ya noviembre de 2004.

Según su relato, ese mismo mes, el día 8, también se reunió con los accionistas del BBVA José Domingo Ampuero y Santiago Ybarra --hermano del que fuera presidente del BBVA Emilio Ybarra--, y ahí es cuando deciden pedir reunión con el ministro de Economía y comunicar la adquisición de acciones al Gobierno. Asimismo, ha negado que se reuniera con el entonces vicepresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) Carlos Arenillas, aunque sí con el exministro de Industria de Zapatero, Miguel Sebastián, en dos o tres ocasiones.

Al hilo, ha explicado que él opina que el BBVA quiso convertir esa operación en un movimiento que llegaba desde la política con el objetivo de desacreditar el cariz puramente económico que, ha defendido, es lo que realmente era. Y ha afirmado que si el Ejecutivo hubiera querido que la operación saliera adelante lo habría hecho, pero que se mantuvo al margen.

Reuniones con Banco de España y CNMV

Por otro lado, ha indicado que también se reunieron por este asunto con el entonces subgobernador del Banco de España Gonzalo Gil y con el gobernador Jaime Caruana, quien fue mucho más restrictivo que el subgobernador en sus posiciones. Y que también fueron citados junto al BBVA en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) porque tenían interés en conocer los detalles y posiciones concretas de la operación.

Tras todos estos movimientos en busca de apoyos políticos y económicos para la entrada en la entidad, finalmente el 15 de febrero de 2005 el Consejo de Administración de Sacyr Vallehermoso decidió formalmente no seguir con la operación, y en solo una noche la constructora decidió vender sus acciones en BBVA con un descuento del 3 por ciento.

Según ha explicado, la decisión la toman tras el incendio del Windsor y tras “saber” que había una investigación de Anticorrupción sobre los papeles de Merryll-Lynch, relacionados con la sociedad de valores de Francisco González, cuyos informes tenía la consultora Deloitte en dicho edificio. Por eso, ha añadido, ante esta escalada en la “guerra” decidieron dejar la operación.

El que fuera encargado de Seguridad de Sacyr Vallehermoso Rodrigo Álvarez Vázquez ha puesto a disposición del juez de la Audiencia Nacional que instruye la pieza 21 del caso 'Tándem' un informe que recibió del Grupo Cenyt, empresa del comisario José Manuel Villarejo, que no había pedido y por el que no pagó nada, en el que se incluía una propuesta presupuestaria por valor de 75.000 euros, según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press,

Ese informe, que llevaba por nombre 'Proyecto Design', llegó en septiembre de 2011, en un momento en el que el comisario también investigaba para Repsol y CaixaBank al presidente de la constructora Luis del Rivero. Sin embargo, otras fuentes sostienen que los trabajos de Villarejo para la energética no arrancaron hasta octubre.

Álvarez había sido citado hoy por el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón en el marco de la pieza en la que se investiga el encargo realizado por Repsol y CaixaBank a Cenyt para abortar una operación de Sacyr que pretendía hacerse con el control de la energética en 2011. Este jueves también declaraban como testigos el que fuera presidente de Sacyr Vallehermoso Luis del Rivero y el antiguo director financiero de Repsol YPF Fernando Ramírez Mazarredo.

El juez acordó el pasado 23 de noviembre la imputación del director de Seguridad Corporativa de Repsol Rafael Araujo, el ex jefe de Seguridad de CaixaBank Miguel Ángel Fernández Rancaño y el ex subdirector de Seguridad de Repsol Rafael Girona Hernández por los presuntos delitos de cohecho y descubrimiento y revelación de secretos en relación a un proyecto al que Villarejo bautizó 'Poyecto Wine'.

“Los servicios contratados (...) tendrían como objetivo salvaguardar los intereses de ambos clientes --la entidad y la energética--, que aparecen como aliados empresariales en un contexto de pugna entre accionistas de referencia en Repsol YPF SA para tomar el control de la compañía”, explicaba el magistrado en el auto de imputación.

El juez señalaba que Sacyr habría llegado a un acuerdo con la petrolera mexicana Pemex, otro de los grandes accionistas de Repsol, para hacerse con el control del consejo de administración presidido por Antonio Brufau.

Una maniobra que fue detectada por Repsol que, con la ayuda de CaixaBank, paralizó de manera temporal el desarrollo del plan elaborado por Luis del Rivero retirándolo de la presidencia de Sacyr Vallehermoso, y haciendo lo mismo con su hijo y con uno de sus colaboradores claves, Rodrigo Álvarez Vázquez, que era el encargado de Seguridad.

Varias reuniones, juego a dos bandas

Según fuentes jurídicas presentes en las declaraciones de este jueves, el exjefe de Seguridad de Sacyr habría explicado que mantuvo varias reuniones con el comisario --en prisión provisional desde noviembre de 2017-- y que llegó a recibir un documento de 11 páginas en el que se añadía esa propuesta económica y en el que alertaría de que se estaba espiando a Del Rivero.

Por su parte, Del Rivero también ha explicado ante el juez que fue en ese mes de septiembre cuando el comisario jefe de la UCAO Enrique García Castaño les ofreció los servicios de Cenyt apuntándoles que tenían problemas en la guerra por el control de la petrolera y que sería bueno contar con los servicios de la empresa del comisario Villarejo. Desde Sacyr declinaron el ofrecimiento de Cenyt, pero a pesar de eso, habrían mantenido una reunión más con el comisario en un restaurante de Pozuelo.

Tras ese contacto, o en paralelo --según versiones de diferentes fuentes--, Villarejo coincide en la festividad de la Policía en octubre de 2011 con el director de Seguridad Corporativa de Repsol Rafael Araujo --también imputado en esta causa-- y éste le pregunta si está trabajando para la constructora. Tras esto, Álvarez recibe la llamada de García Castaño acusándole de que se había ido de la lengua y que era un mal compañero.

Con todo, la jugada no habría sido perjudicial para Cenyt porque tras esa coincidencia en la fiesta, Repsol decide contratarles con la intención de que Sacyr no se haga con sus servicios. Araujo señaló el martes ante el juez que también les fichan porque es una empresa con prestigio y reputación, al menos por aquel entonces.

“Me pusieron un troyano”

Durante la comparecencia de Del Rivero, éste habría señalado según estas mismas fuentes que no fue consciente de que hubiera sido espiado o vigilado, aunque sí ha recordado que allá por marzo o abril de 2012 le hackearon el ordenador --“me pusieron un troyano”--, por lo que encargó a su jefe de Seguridad que contratara a una empresa especializada para solucionar el problema y decidió no denunciar el hecho porque la información que contenía no era relevante.

Por su parte, Ramírez Mazarredo, que según los informes entregados por Cenyt habría sido también objeto de seguimiento, ha explicado ante el magistrado que en diciembre de 2010 abandonó Repsol pero que siguió colaborando como consultor. También ha indicado que cuando sucede el intento de Pemex y Sacyr de hacerse con la compañía, el propio Brufau le encomienda la misión de que discretamente se encargue de contactar con la petrolera mexicana para intentar abortar la operación conjunta.

Pero ese encargo se trunca a los pocos días porque se produce una filtración en la que se indicaba que estaba en México hablando con directivos de Pemex. En el seno de la energética sospecharon que se había producido una filtración al más alto nivel en Repsol.

Del Rivero, River, LR ó Rio

Cabe recordar, que según el auto del juez, el principal objetivo del 'Proyecto Wine' era Del Rivero (al que se le denomina LR, Rio o River), pero también se espió a su esposa Natividad Martínez, a Rodrigo Álvarez (al que llamaban Cid), y a Fernando Ramírez Mazarredo (denominado Maza). Asimismo, se interesó recabar información de Pemex, que días antes de conocerse la estrategia de Sacyr realizó una compra de acciones de Repsol.

El encargo se realizó al Grupo Cenyt y se debía ejecutar durante los últimos meses de 2011 y durante la primera mitad de 2012. Tal y como recuerda el magistrado, Villarejo en esa fecha aún era comisario del Cuerpo Nacional de Policía en activo destinado en comisión de servicio en la Dirección Adjunta Operativa (DAO).

Durante el tiempo que Cenyt trabajó en este asunto, y según consta en los oficios de Asuntos Internos, redactaron hasta seis informes y se registraron varias 'charlas' con los clientes (Araujo y Fernández Rancaño).

Los concejales de Sí Se Puede en el Ayuntamiento de Santa Cruz han comparecido este martes en rueda de prensa para valorar la sentencia judicial que, según el grupo, avala su petición de resolución del contrato con la empresa Sacyr-Vallehermoso para la prestación del servicio público de agua en la capital tinerfeña a través de Emmasa y que demuestra, a su entender, “la complacencia del alcalde José Manuel Bermúdez con la gestión irregular de la multinacional en un servicio esencial para la ciudadanía y para el propio Ayuntamiento”. Según lo sostenido por el grupo de Gobierno en el Ayuntamiento, el fallo avala la intervención de Emmasa y solo tacha esta decisión de “excesiva en determinados aspectos”.

El portavoz del grupo municipal ecosocialista, Pedro Fernández Arcila, destacó que la resolución judicial “desmonta las tesis del interventor designado por la Junta de Gobierno para evaluar la situación y de los peritos de Sacyr y Emmasa”, mientras que “avala el informe de los servicios técnicos municipales, que siempre consideraron que las subcontrataciones estaban incumpliendo el pliego de contrato. Siempre hemos subrayado esta contradicción entre ambos informes”.

Por este motivo, Sí Se Puede señala que, “ahora que una sentencia concluyente avala el parecer de los servicios técnicos municipales, desde nuestro punto de vista lo que procede es la resolución del contrato”, una de las dos penalizaciones que se contemplan para las irregularidades detectadas, junto al pago de 450.000 euros.

Sí Se Puede destaca que las conclusiones judiciales establecen que empresas del grupo Sacyr-Vallehermoso han sido subcontratadas para realizar prestaciones esenciales, en contra de lo establecido en el pliego por el que la multinacional se hizo cargo del servicio. Además, señala otro incumplimiento: empresas del grupo han sido subcontratadas para prestar labores accesorias sin ningún tipo de autorización previa por parte del Ayuntamiento.

La sentencia fue emitida por el Juzgado de la Contencioso Administrativo número 4 de la capital tinerfeña en respuesta a una demanda de Sacyr-Vallerhermoso contra la intervención de Emmasa por parte del Consistorio.

Por estos motivos, Frías anunció la adopción de dos medidas políticas y una judicial por parte de su grupo: la petición de la elaboración de un nuevo informe por parte de una persona distinta del interventor designado anteriormente por la Junta de Gobierno -puesto que sus consideraciones han sido cuestionadas por el juez–; la incoación de nuevos expedientes a las empresas subcontratadas por Sacyr -“y que no se dejen caducar, como en otras ocasiones”-, y la entrega de toda la información al Juzgado de Instrucción número 2 de lo Penal de Santa Cruz de Tenerife, que está llevando las irregularidades de Sacyr en Santa Cruz de Tenerife en materia de gestión del servicio público de agua.

La sentencia “da la razón” al Ayuntamiento

En relación con este mismo fallo, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife considera que le da la razón al Consistorio en la cuestión del acuerdo adoptado en su día por la Junta de Gobierno local. El concejal de Servicios Públicos, Dámaso Arteaga, llama la atención acerca de la literalidad de la sentencia, que indica textualmente que los incumplimientos detectados en Emmasa “deben ser considerados como perturbación grave de la relación concesional, lo que justifica la intervención al formar parte del servicio público en el sentido amplio de que supera la estricta relación entre gestor y usuario”. No obstante, la sentencia sí que considera la propia intervención como “excesiva en determinados aspectos y proporcionada en otros”.

De hecho, Arteaga señala en un comunicado que el magistrado establece como “no conforme a derecho la atribución de la facultad decisoria de concertar contratos por parte del interventor, puesto que este pasaría entonces a ser un controlador de la legalidad de la actividad de la empresa concesionaria y se constituiría en un administrador de facto, entrando en el campo del secuestro del gestor indirecto del servicio público”. Además, el edil subraya que esta sentencia ratifica la línea trazada desde el Ayuntamiento en el proceso de intervención de la empresa.

La resolución judicial dictada “no es firme y puede ser recurrida, pero confirma que no nos equivocamos cuando, lejos de esos planteamientos arriesgados que nos proponían en forma de resolución del contrato, optamos por la vía de la prudencia y de la intervención, un aspecto conforme a derecho y que sí nos ha posibilitado un mayor control de la gestión de la empresa en nuestro municipio”.

Toda la oposición en la capital tinerfeña respalda la iniciativa de Pedro Arcila contra la comisión de un presunto delito societario

Pedro Fernández Arcila, concejal de Sí se puede en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, anunció este viernes que su partido presentará ante la Fiscalía Anticorrupción una denuncia contra la multinacional Sacyr Vallehermoso, accionista mayoritaria de la empresa de aguas Emmasa, por la comisión de un presunto delito societario.

El edil hizo este anuncio durante la defensa de una moción en la que pedía que fuera el alcalde, José Manuel Bermúdez, quien tomara esta iniciativa, como hizo su homónimo en Las Palmas de Gran Canaria, Juan José Cardona, en relación con la empresa Emalsa, también gestionada por Sacyr Vallehermoso. La moción recibió el apoyo de todos los grupos de la oposición, indica Sí se Puede en un comunicado.

Según el concejal, la manera de actuar de Emmasa es en muchos casos idéntica a la que llevó al alcalde de Las Palmas a denunciar a Emalsa ante los tribunales por un delito societario. Concretamente, Arcila se volvió a referir a los incumplimientos de inversiones millonarias y a innumerables adjudicaciones directas, muchas de las cuales han supuesto la contratación de empresas dependientes de Sacyr en los procesos que generan mayor nivel de facturación.

Sólo el erario público se echa sobre sus espaldas la continuación del Canal de Panamá, pese a que hay empresas de otros países implicadas en la operación. Luis de Guindos defiende en público que la exposición del Cesce descenderá en las obras del Canal de Panamá en virtud del preacuerdo alcanzado el jueves entre la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) y el Grupo Unidos por el Canal (GUPC), que ejecuta las obras y está liderado por Sacyr.

La afirmación del ministro de Economía trata de acallar la sospecha de que, una vez más, el dinero público español servirá de cobertura a situaciones fallidas en las que han incurrido compañías privadas de nuestro país.

En el caso de esta emblemática obra, las sospechas van un poco más allá: el erario público español aportará las únicas garantías para acceder al crédito adicional imprescindible para culminar el proyecto, cuando en el grupo adjudicatario la participación empresarial española e italiana son mayoritarias y en idéntico porcentaje: un 48% cada una. La empresa belga Jan de Nul y el constructor local panameño Urbana se reparten un residual 3%.

La radical negativa de Impregilo a aportar un euro adicional ha surtido efecto, y el Estado italiano no dará soporte financiero o cantidad alguna en el tramo final de la ampliación del canal, al menos hasta que los astilleros Cimolai, también italianos, entreguen en diciembre de 2014 las 12 esclusas (de las 16 encargadas) que todavía no han sido suministradas.

Garantías españolas

Garantías españolasDesde el minuto cero, cuando estalló el conflicto por los sobrecostes del proyecto, la actitud de las dos principales empresas del consorcio adjudicatario ha sido opuesta. Mientras que Sacyr se ha mostrado primero sorprendida por la actitud radical de Impregilo y, después, abierta a cualquier fórmula de acuerdo para conseguir la financiación adicional, su socio italiano (siguiendo las directrices de su nuevo dueño, Pietro Salini) se ha enrocado en una actitud intransigente: ni un euro adicional más y apurar la reclamación arbitral para adelantar un pronunciamiento favorable acerca de la imputación de los sobrecostes.

Coherente con la postura de sus respectivas empresas, los Gobiernos de España y de Italia han intervenido en el contencioso con posiciones claramente diferentes.

La ministra de Fomento española, Ana Pastor, acudió presta a Panamá para hacer viable una solución pactada ofreciendo el total apoyo del Cesce (Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación) y abriendo la puerta para una intervención del Banco Europeo de Inversión. El recurso del Cesce comprometido por Pastor ha llevado a la ministra a mantener diferencias con Cristóbal Montoro, contrario a involucrar en mayor medida a la compañía pública de seguros.

Por otra parte, fuentes relacionadas por la ejecución del proyecto han explicado que la conversión en “garantías financieras” del aval otorgado por el Cesce en la ampliación del canal por unos 200 millones de euros no garantizan que el consorcio GUPC consiga la financiación adicional, pero sí facilita el acercamiento de los bancos, ya que le concede el total soporte del Estado español.

Gobierno italiano

Gobierno italianoLa actitud del Gobierno español ha sido la de alineamiento completo con las posiciones de Sacyr. Pero ¿el Ejecutivo italiano ha tenido el mismo comportamiento? Ha trascendido que el entonces primer ministro, Enrico Letta, mantuvo el 4 de febrero una conversación con el primer ministro panameño, Ricardo Martinelli, para garantizar el apoyo de su Gabinete a la finalización de la ampliación del canal.

Pero el homólogo italiano del Cesce español no ha otorgado garantías financieras para asegurar la conclusión del proyecto. Es más, diez días después de la conversación entre Letta y Martinelli, el primer ministro italiano tuvo que dimitir, acosado por una operación que aupó en su puesto a Matteo Renzi. Y desde entonces no hay constancia de que el nuevo mandatario o cualquier miembro de su Gobierno recién designado haya tenido un minuto para dedicarle al Canal de Panamá.

A la espera de que algún día se rubrique el acuerdo alcanzado el jueves, todo indica que en la nueva etapa el entendimiento se produce entre el Gobierno de Panamá y la ACP, por un lado, y la empresa española Sacyr, por otro. Enfrente se coloca la italiana Impregilo, que utiliza su control sobre el suministro de las 12 esclusas que restan como moneda de cambio para reducir a cero las aportaciones y el aumento de riesgos durante los próximos 12 meses.

Prendido con alfileres

Prendido con alfileresLa información sobre los extremos del pacto ha fluido con cuentagotas. Esta es una constante desde que el día 1 de enero el consorcio GUPC (condicionado por la actitud de Impregilo) puso sobre la mesa su amenaza de paralizar la obras de la ampliación del canal si no se reconocían unos sobrecostes de 1.600 millones de dólares (1.159 millones de euros) sobre un presupuesto inicial de 5.250 millones de dólares.

El consenso logrado entre las partes en la noche del 27 de febrero se conoce por un comunicado en el que se rebaja a mínimos la solidez de lo pactado al señalar que se trata de “un acuerdo conceptual sujeto a la documentación, revisión y firma final por las partes”.

El endeble entendimiento se basa en cuatro supuestos de actuación principales. El primero, que el Canal de Panamá y GUPC se repartan a partes iguales la aportación de fondos imprescindibles para reanudar las obras y para mantenerlas activas durante el año en curso.

El segundo, que la cuantía a aportar son 283 millones de dólares (208 millones de euros), de los que 100 millones de dólares (73,5 millones de euros) vendrán de GUPC y otros tantos, de ACP. Los 83 millones de dólares (61 millones de euros) restantes se consiguen de la moratoria del pago de 784 millones de dólares (569 millones de euros) adelantados por el canal, que no se exigirán al consorcio adjudicatario hasta 2018.

El tercero es el compromiso por parte de los astilleros Cimolai (y de su contratista directo, Impregilo) de entregar las 12 esclusas restantes antes de que finalice el actual ejercicio. El cuarto criterio de actuación prevé que los 400 millones de dólares (307 millones de euros) de fianza que la aseguradora Zurich ha accedido a convertir en créditos no se utilizarán durante 2014, sino sólo cuando las esclusas estén entregadas y como financiación para garantizar que, si se cumple el guión previsto, las obras de ampliación del canal concluirán en 2015.

La constructora española Sacyr, que lidera el consorcio que se encuentra envuelto en una disputa por los costos adicionales en las obras de ampliación del Canal de Panamá, ha afirmado este viernes que las negociaciones con la autoridad de la vía marítima “están avanzando” para evitar que la obra se detenga.

El presidente de Sacyr, Manuel Manrique, ha asegurado que las partes están buscando asegurar el mantenimiento del flujo de efectivo para la obra y que manejará por separado un reclamo por 1.600 millones de dólares (1.170 millones de euros) en costos adicionales “por la vía del arbitraje”. Sin embargo, no ha aclarado cómo va a garantizar ese flujo de efectivo en el corto plazo para mantener el proyecto en marcha.

“Hay que comprender que en una 'joint venture' (asociación) entre cuatro compañías siempre hay diferentes opiniones, diferentes maneras de ver los problemas. Pero al final lo que nos une es el objetivo común del consorcio, acabar las obras del canal de Panamá, y es lo que vamos a hacer”, dijo Manrique en una entrevista concedida a Reuters.

A inicios de año (el 20 de enero), el consorcio GUPC, formado por la italiana Impregilo, la empresa belga Jan de Nul y la panameña Constructora Urbana, además de la española Sacyr, amenazó con frenar las obras de ampliación del Canal si no se resolvía la disputa.

En cualquier caso, el presidente de Sacyr se ha mostrado “optimista” y confía en que “pronto haya una solución feliz”. “Estamos viendo las posibilidades, cómo se solucionan los problemas del contrato que es exclusivamente 'cash flow' (flujo de efectivo). En esto seguimos avanzado día a día, ha añadido.

A la espera de solucionar el conflicto

La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) propuso el martes que ambas partes aporten 100 millones de dólares (más de 73 millones de euros) cada uno como garantía para continuar con los trabajos en uno de los mayores corredores comerciales del mundo, lo que habría sido aceptado en principio por el consorcio, mientras se discute una solución definitiva al multimillonario reclamo.

El jefe de la ACP ha dicho que si no se llega a un acuerdo con el consorcio para finalizar los trabajos, podría ser contratada otra empresa para que los termine, tras rechazar una propuesta presentada por la italiana Salini Impregilo, que reclama 1.000 millones de dólares (unos 731 millones de euros) para continuar con la ampliación de la vía interoceánica.

El proyecto de GUPC, la mayor obra del plan de expansión del Canal, estaba valorado en 3.200 millones de dólares (más de 2.340 millones de euros). El reclamo por costos extra de 1.600 millones aún debe dirimirse en un proceso de arbitraje contemplado en el contrato.

“El contrato dice una cosa y lo vamos a seguir. El problema es que el tiempo que tarda desarrollar estos arbitrajes es más largo que el tiempo del proyecto. Llevamos cuatro años y todavía seguimos en el proceso”, ha concluido Manrique.

El cambio desde una situación de control casi total de la obra de ampliación del Canal de Panamá a otra en la que las principales piezas del complicado rompecabezas del proyecto juegan por libre produce en estos días una fuerte inquietud en la dirección Sacyr, según cuentan fuentes cercanas de la empresa a eldiario.es.

Las declaraciones del presidente panameño Ricardo Martinelli advirtiendo de que “el mundo debe convencerse de que vamos a terminar la ampliación, pase lo que pase”, y las aún más explícitas del administrador de la Autoridad del Canal, Jorge Quijano, pidiendo a Sacyr que “sea juicioso” porque la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) no tendrá “ningún reparo” en asumir lo que queda del proyecto con “algún otro contratista” inquietan a la española.

Es más, en Sacyr creen que los “manejos” del gigante de la ingeniería estadounidense Bechtel no son ajenos al desencadenamiento del enloquecido proceso que vive el proyecto de ampliación del Canal de Panamá. Dicho proceso saltó cuando, en el arranque de 2014, el socio italiano del consorcio que lidera Sacyr (bajo las siglas GUPC) advirtiera por carta que estaba dispuesto a provocar la paralización de las obras en tres semanas si la ACP no reconocía la necesidad de aportar nuevos fondos, que estimaba en unos 1.000 millones de dólares (735 millones de euros), por un sobrecoste.

En el grupo español son conscientes de que en las últimas semanas han pasado de ser la pieza clave a convertirse en un componente vulnerable, lo que les deja en una posición de debilidad en el inevitable proceso de negociación. En este sentido entienden que el único grupo que podría desplazarles y concluir la obra sin que ésta se demorara sine díe es el gigante estadounidense Bechtel.

La alargada sombra de Bechtel no ha dejado de estar presente en todo el proceso de desarrollo, adjudicación e implementación de la ampliación del Canal de Panamá. La ingeniería estadounidense fue uno de los consorcios que compitió en 2009 por hacerse con este megacontrato que finalmente ganó en 3.118 millones el Grupo Unidos por el Canal, liderado por Sacyr junto a Impregilo, la belga Jan de Nul y la panameña CUSA.

Tras resultar perdedor, el consorcio liderado por Bechtel (integrado también por las japonesas Taisei Corporation y Mitsubishi Corporation) se embarcó en una campaña de denuncia de la adjudicación. Criticó los avales “públicos” de Cesce a Sacyr y aireó las dificultades económicas de la española en unas conversaciones filtradas por Wikileaks.

Cuatro años después, el pasado noviembre y justo cuando las cosas empezaban a torcerse entre ACP y GUPC, se conoció que el vicepresidente de EEUU Joe Biden había visitado en Panamá los trabajos en las nuevas esclusas del Canal e iba acompañado de altos cargos de Bechtel.

Bechtel es la mayor compañía dedicada a la ingeniería de los EEUU. Cuenta con 44.000 empleados en 50 países y una cifra de negocios de 31.400 millones de dólares. Ha participado en obras como el Eurotúnel, el metro de San Francisco, el aeropuerto de Hong Kong, la reconstrucción de las infraestructuras civiles de Irak tras la guerra, y fue la que apagó los pozos de crudo de Kuwait.

Espantada de los italianos

En Sacyr no terminan de encajar “la sobreactuación” frente a la Autoridad del Canal de su socio italiano. Desde que el pasado mes de febrero de 2013 triunfara la opa lanzada por el constructor italiano Pietro Salini sobre el socio de Sacyr en el proyecto, Impregilo, el papel de la italiana en el consorcio GUPC pasó de ser un mero comparsa a convertirse en un compañero de viaje muy ruidoso e incómodo.

Fuentes cercanas a la empresa española entienden que la intención de esta puesta en escena tan exagerada por parte de Impregilo no es otra que la de no tener que “asumir nuevos desembolsos a pérdidas” en los 18 meses de vida que le quedan a la obra hasta su culminación. Toman en serio la amenaza de que podrían abandonar la aventura si ACP no asume “al menos la mitad de los 1.000 millones de dólares que les han pedido”.

En la empresa española, afirman las fuentes citadas, se mantiene el convencimiento de que Sacyr sigue siendo la pieza clave de la solución del contencioso, por dos razones principales. La primera, que la ampliación del Canal se encuentra muy avanzada: hasta el 72 % de la vía, y en el 65% de la construcción de las nuevas esclusas. La segunda, que la tecnología con la que Sacyr ganó el concurso es muy superior a la de cualquier competidor al asegurar el tránsito de 2,7 barcos más por día, con unos ingresos adicionales estimados entre 70 y 100 millones por año.

La fase final de la instrucción del ‘caso Gürtel’ sigue deparando sorpresas. La última documentación enviada por las autoridades suizas revela que un empresario vinculado a pagos a Francisco Correa también ingresó 100.000 euros en 2006 a Luis del Rivero, por aquel entonces presidente de Sacyr. Este empresario está a su vez imputado en el caso de la financiación irregular del PP, como autor de donaciones recogidas en los denominados ‘papeles de Bárcenas’.

El empresario que ingresó 100.000 euros a Del Rivero es el zaragozano Amando Mayo. La figura de Mayo está vinculada al mayor ‘pelotazo’ recogido en el sumario del ‘caso Gürtel’, los más de 12 millones de euros que el presunto cabecilla de la trama, Francisco Correa, habría obtenido por mediar para la adjudicación de la construcción de 2.676 viviendas al empresario Fernando Martín por el ayuntamiento de Arganda del Rey (Madrid). Martin habría ingresado en una cuenta en Suiza de Correa 12,8 millones y parte de esa cantidad habría sido transferida previamente a una cuenta vinculada a Martinsa desde otra cuyo beneficiario era Armando Mayo.

Estas transferencias eran objeto de investigación de la Agencia Tributaria, que decidió seguir el rastro a los pagos realizados por Mayo. Y así, con la solicitud a las autoridades helvéticas de la documentación ahora recibida, se encontró el pago a Del Rivero, realizado el 25 de julio de 2006, al mes siguiente de que se produjera el voluminoso ingreso a Correa. La investigación apunta a que Mayo podría ser 'testaferro' de otro constructor, Manuel Salinas, al que gestionaba sus fondos financieros. Mayo fue uno de los imputados en el 'caso Gürtel' que aprovechó la amnistía fiscal del Gobierno para regularizar dinero negro, en concreto 1.359.019 euros.

Del Rivero, al que se le han encontrado dos cuentas en Suiza, ha declarado ante Ruz en dos ocasiones imputado en el ‘caso Bárcenas’. El expresidente de Sacyr admitió ante el juez numerosas reuniones con responsables del PP en las que estaba Luis Bárcenas, pero negó haber financiado irregularmente al partido. Uno de los supuestos pagos de Sacyr habría tenido por objeto la concesión de la contrata de basuras del Ayuntamiento de Toledo, en un momento en que María Dolores de Cospedal ya lideraba el PP de Castilla-La Mancha.

Otro presidente de Sacyr

Pero los ingresos realizados por Mayo, conocidos ahora, no acaban ahí. Según la documentación a la que ha tenido acceso eldiario.es, el sustituto de Del Rivero en la presidencia de Sacyr, Manuel Loureda, también recibió dinero del zaragozano. Entre el 25 de enero de 2006 y el 15 de febrero, Mayo hizo cinco transferencias por valor de 1 millón de euros desde su sociedad, Zorak Associated, a una cuenta en el banco suizo de la firma Lancefield Finance, detrás de la cual está Loureda.

La documentación enviada el pasado 30 de diciembre por Suiza al juez Pablo Ruz deja otras novedades. En total son 19 las cuentas investigadas. Luis Fraga, el exsenador del PP sobrino del fundador del partido, tenía una cuenta en el LGT Bank de Schweiz. En esa cuenta aparece como apoderado Luis Bárcenas. Otra de las cuentas de Fraga es la que aparece en la documentación del ‘caso Bárcenas’ con el nombre de Ranke, abierta en el Lombard Odier.

Otros imputados en el ‘caso Gürtel’ también aparecen en la documentación enviada por Suiza. Guillermo Ortega, exalcalde de Majadahona, está detrás de dos cuentas abiertas en el banco CIC a nombre de otras tantas empresas. En ese mismo banco tiene otra cuenta bajo el nombre de ‘Gimena’. En las comisiones rogatorias enviadas a Ruz aparecen también dos nuevas cuentas a nombre del presunto testaferro Luis de Miguel y Rosario Santaloya y otra a nombre de Elena Villarroya, exmujer del exalcalde de Boadilla del Monte (Madrid) Arturo González Panero. La información remitida desde Suiza revela que Rosalía Iglesas, la mujer de Bárcenas, llegó a acumular 514.000 euros en una de las 19 cuentas de las que Ruz dispone ahora de información.

tomo 33.5 r.s. suiza by eldiario.es

SUFI S.A., propiedad de Sacyr, pagó presuntamente inserciones publicitarias del PSOE de Leganés y escamoteó parte del dinero de la concesión a través de falsos informes de calidad.

Solo en 2006, los ayuntamientos españoles gastaron el 14% de su presupuesto en recogida de basuras y limpieza viaria.

La declaración hace hoy una semana del extesorero del PP Luis Bárcenas ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz sacó a la luz una supuesta comisión de 200.000 euros que la empresa SUFI S.A. (propiedad de la constructora Sacyr) pagó al PP de Castilla-La Mancha tras conseguir un contrato de más de 60 millones de euros y 10 años de duración con el Ayuntamiento de Toledo. La resolución y el presunto soborno se produjeron en 2007, con el PP en la Alcaldía de la capital castellanomanchega y la actual presidenta de la Junta y secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal, al frente de la formación regional aunque todavía en la oposición. No es el único escándalo relacionado con el PP en el que aparece SUFI. Y el PP no es el único partido cuya financiación habría recibido aportaciones poco transparentes de esta empresa.

Según Bárcenas, él mismo y el secretario regional del PP, Vicente Tirado, se reunieron con dos de los directivos de Sacyr, Luis del Rivero y Manuel Manrique, a petición de la propia Cospedal. En la reunión, siempre según el extesorero, se acordó la entrega de 200.000 euros para la campaña electoral autonómica de 2007; Bárcenas recogió el dinero en la sede de la empresa y se lo entregó en dos veces al gerente regional, José Ángel Cañas Cañada, quien firmó sendos recibís que obran en poder de Ruz. El ingreso, reconocido aunque matizado por sus protagonistas, no figura en la contabilidad oficial del partido.

SUFI es una empresa de servicios municipales integrada en Valoriza Servicios Medioambientales (conglomerado propiedad de Sacyr) desde que fue adquirida en 2005 por 142 millones de euros. Ya antes de ser comprada por Luis del Rivero la empresa centraba su actividad en los clientes públicos, aunque esta no es la única semejanza entre ambas etapas: su nombre ha aparecido en más ocasiones en escándalos de corrupción asociados al PP.

El anterior presidente de SUFI, Rafael Naranjo, reconoció en 2011 ante el juez del TSJ de Madrid Antonio Pedreira que había pagado un millón de euros a la trama Gürtel a cambio de una adjudicación del Ayuntamiento de Madrid, un contrato de limpieza en un distrito de la capital. Naranjo era presidente de SUFI cuando uno de los principales imputados del 'caso Gürtel' en la región, Antonio López Viejo, ocupaba la concejalía de Medio Ambiente del Consistorio. López Viejo, posteriormente, fue consejero del Gobierno de Esperanza Aguirre y encargado de los eventos que organizaba la Comunidad de Madrid, una de las principales vías de conexión con la trama encabezada por Francisco Correa, según la instrucción judicial.

Otro de los grandes implicados en los escándalos de corrupción que rodean al PP y que está relacionado directamente con SUFI es el exdiputado Jesús Merino, quien supuestamente cobró suculentas comisiones de la empresa de servicios a cambio de intermediar en las adjudicaciones en municipios de Castilla y León. Precisamente Merino fue uno de los detonantes de que el PP fuera expulsado como acusación en la instrucción del caso Gürtel: el juez se cansó de que sus abogados ejercieran más de la defensa del exparlamentario y otros implicados que de su acusación.

Pero, ¿tenía SUFI únicamente contactos con administraciones controladas por el PP? No. Y así lo desvela otra investigación judicial que se desarrolla en el sur de Madrid y en la que están implicados el exalcalde de Leganés, Rafael Gómez Montoya, su esposa y exdirectora de medio ambiente, Carmen Blázquez, y el exconcejal del mismo área Francisco Arroyo. Todos del PSOE.

Según la documentación que obra en poder de eldiario.es, SUFI y otras empresas de servicios adjudicatarias del Ayuntamiento de Leganés abonaron supuestamente inserciones publicitarias del PSOE de la localidad en los meses previos a la campaña electoral de 2007, mismo periodo en el que, según Bárcenas, se pagó la comisión de 200.000 euros al PP de Castilla-La Mancha. La investigación, paralizada por la jueza de instrucción de Leganés, ha sido reabierta después de que la Audiencia Provincial lo exigiera en un duro auto tras un recurso de la acusación, ejercida por el PP local, hoy al frente de la Alcaldía.

Pero además, otra de las empresas de Sacyr que forman parte de su conglomerado, Valoriza Facilities S.A.U., aparece también en la documentación que tiene la magistrada del juzgado número 8 de Leganés en su poder. Según los denunciantes, que aportan un informe de la Intervención Municipal, Valoriza y otras empresas adjudicatarias del Consistorio retornaban al PSOE una parte del montante del contrato a través de supuestos falsos informes de calidad subcontratados a su vez a la empresa ECA, Entidad Colaboradora de la Administración.

La investigación en estos casos atañe, además de a las filiales de Sacyr, a Urbaser, parte del grupo ACS, propiedad de Florentino Pérez. El 'modus operandi' empleado sería exactamente el mismo. De fondo, un negocio multimillonario: la prestación de servicios municipales. Según un informe de la Fundación Democracia y Gobierno Local, los ayuntamientos y entidades locales españolas se gastaron en 2006 un 14% de sus presupuestos en recogida de basuras y limpieza viaria, algo mas de 3.000 millones de euros (PDF).

Un pastel lo suficientemente apetecible que, hasta ahora, tiene como principal exponente el conocido como caso Brugal, que implica en Alicante a políticos, empresarios, presidentes de equipos de fútbol, exdirectivos de cajas de ahorros y un largo etcétera.

En el fondo de la corrupción institucionalizada aletea la necesidad imperiosa de financiar las cada vez más complejas organizaciones y el coste desorbitado de las campañas electorales, muy por encima de las posibilidades económicas de todos los militantes de base juntos. Unos militantes lo toman como una obligación a regañadientes, y otros, como una inversión. Como los seguidores del jesusitodemivida: unos pagan por obligación, porque de lo contrario se les impedirá la entrada en el Paraíso, por tacaños, y otros como inversión, para que san Pedro pueda decir a sus ángeles porteros en el día señalado, imitando quizá la voz del Padrino: “Es un hijoputa, pero es de los nuestros; dejádmelo pasar, que para eso pagó una pasta por la entrada”.

Divino, pero muy humano, al fin y al cabo. Es vox pópuli que los concejales de urbanismo de buen número de ayuntamientos eran hasta ahora los encargados de salvar de la miseria a las arcas municipales, a su vez agentes recaudadores del partido político que les había colocado en su puesto. Con la crisis del ladrillo y el descenso subsiguiente de candidatos a corruptores (¡esta sí que es crisis, ya nadie quiere corromperme!), se agudiza la tentación de que los escasos corruptores entren por la puerta de atrás en el paraíso, empresas poderosas que todavía cuentan con un buen fondo de reptiles, en especial las grandes constructoras. Son donaciones en la sombra, al parecer legales, pero imperceptibles para los ciudadanos incautos que ignoran que cuando votan a un partido determinado están ayudando indirectamente a la mejora de los beneficios de grandes empresas multinacionales... o del chiringuito de un primo del concejal de urbanismo, mismamente, oye.

Y ahora viene la pregunta retórica: ¿a cambio de qué una empresa como Mercadona, OHL o Sacyr Vallehermoso, por traer a colación a tres de las compañías que se citan en los supuestos papeles B de Bárcenas (Bárcena: lugar llano próximo a un río, el cual lo inunda, en todo o en parte, con cierta frecuencia; o, en versión actualizada: tipo llano, próximo al poder, el cual lo inunda de dinero, en todo o en parte, con cierta frecuencia, hasta Suiza y más allá), entrega cientos de miles de euros a un partido político? ¿Por la cara bonita de Mariano? ¿Qué pide a cambio el señorito donante? Y si no exige ninguna contrapartida, ¿no debería dar previamente explicaciones a sus accionistas para que estos sepan de antemano que su inversión en Bolsa es utilizada para sustentar y financiar determinada ideología?

En estos días se han discutido varias recetas para que la financiación de los partidos no siga pareciendo formar parte de una maquinaria desenfrenada de captación de corrupto dinero negro. Una de ellas, la más extravagante, quizá, sería la obligatoriedad de hacer públicas las listas de donantes y las cantidades que aporta cada uno. Digo que es extravagante, pero podría decir estúpida, porque en el disimulo y la ocultación del apoyo a un partido, en la opacidad misma de la donación, se basan precisamente las futuras expectativas de inversión del donante. De lo contrario, con su apoyo declarado, toda la actividad económica de esas empresas quedaría públicamente bajo sospecha de recibir a cambio de su generosidad favores inconfesables al precio de ciento por uno.

Este domingo, el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, entre varias medidas sensatas contra la corrupción proponía lo más evidente, y quizá lo más fácil de controlar: la prohibición de donaciones por parte de personas jurídicas a los partidos políticos. Que cada cual, con su nombre, apellido y particular fortuna sea quien sustente las arcas de los partidos políticos, a la luz del día y con la máxima transparencia. ¿Transparencia he dicho? ¿Dónde habré oído últimamente pronunciar tantas veces tu nombre en vano? ¡Transparencia, tienes nombre de mujer discreta y delicada, aunque en boca de algunos políticos parezcas más puta que las gallinas!

Claro que cuando la señora transparencia apaga la luz se oyen los gemidos de Tamayo y Sáez revolcándose con los empresarios inmobiliarios que soltaron la pasta para financiar el golpe de timón que le puso en bandeja a Esperanza Aguirre la presidencia de la Comunidad de Madrid. Cuando a transparencia no le da la luz aparece el monstruo de Eurovegas, donde los miles de millones de inversión de un dinero que apesta a mafia y a opacidad parecen tener más poder que la propia dignidad humana.

Cuando transparencia está despierta, el derecho laboral y el de la salud son sagrados, pero cuando ella se va de puterío, amparada en la oscuridad, se puede retorcer el estado de derecho para que la ley antitabaco no alcance a las salas de tragaperras de Sheldon Adelson, para que se elimine la prohibición de que los ludópatas puedan entrar en sus casinos, para que se recalifiquen miles de metros de terrenos cuyos actuales propietarios solo conoce doña transparencia, para que se rebajen sustancialmente los impuestos municipales, regionales y estatales, para ciscarse en el Estatuto de los Trabajadores eliminando la regulación de los convenios colectivos de los empleados.

Para que vengan los nuevos ricos con collares de cuentas de neón a engatusarnos e iluminar nuestra miseria.

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Meditación para hoy:

Como recordaréis, el actual ministro de Justicia (ji,ji) Ruiz Gallardón, cuando todavía era alcalde de Madrid, acosado por deudas que superan el billón de pesetas y un déficit provocado por su pasión manirrota por levantar construcciones faraónicas, reclamó del Estado una compensación, que entonces estimó en noventa y cuatro millones de euros, por los tributos que la Iglesia Católica no satisfacía a la comunidad, como todo hijo de vecino. Como decimos en Galicia, amigos sí, pero la vaca por lo que vale. O sea, me creo que eres capaz de meter a dios en una hostia, de tener a dios como animal de compañía, pero a cambio dile a tu amigo Mariano que me pague el IBI que me debes.

Pues bueno, muchos ayuntamientos, a tenor de una situación de crisis en la que las administraciones locales apenas ingresan un duro por impuestos a las construcciones, instalaciones y obras, que antes eran su más sustanciosa fuente de ingresos, han decidido no pedírselo a Mariano, como hizo el meapilas de Gallardón, sino a la Iglesia misma, que se ampara en el Concordato de 1979 para justificar su insolidaridad con el resto de ciudadanos y no pagar así el IBI correspondiente a su inmensa fortuna en bienes inmuebles.

La Mancomunidad de Concellos de Santa Ágeda, de Ourense, a la que pertenece Amoeiro, el pueblo que intentó sin éxito cobrar el IBI al obispado ourensano, acaba de interponer ante el Tribunal Supremo un recurso de casación en interés de ley, para que algún día podamos contar con la jurisprudencia necesaria con la que hacer pagar a la Iglesia católica española el impuesto sobre esos edificios y terrenos, muchos de ellos improductivos, de la que es propietaria en toda España. Como apuntan los abogados de la demanda, “según los expertos, respecto del conjunto del Estado, la cifra ante la que nos encontramos se elevaría hasta los 2.000 ó 2.500 millones de euros, cantidad que no parece disparatada si tenemos en cuenta el que la Iglesia católica es, después del Estado, la entidad que mayor número de propiedades tiene, y que el historiador Stanley G. Paine cifra en torno a las cien mil unidades, de las cuales solo cinco mil son edificios religiosos”.

Queda claro, siguiendo la línea argumental anterior, que cuando la señora transparencia se esconde en la oscuridad, como por ejemplo bajo las negras sotanas, solo cobra, nunca paga.

Como las gallinas, ya te digo.