Las órdenes dejaron de circular por los puestos y el silencio empezó a ocupar el lugar del fuego. Los soldados bajaron las armas y abandonaron las trincheras al entender que ya no tenía sentido seguir allí. El frente se fue vaciando mientras los mensajes urgentes perdían su urgencia y las líneas de comunicación dejaban de saturarse.

Las voces que durante meses habían guiado ataques o retiradas dejaron de repetir instrucciones bajo presión. Aun así, el trabajo que había permitido coordinar todo aquello no desapareció en ese mismo instante. Esa red de voces y cables había hecho posible que miles de decisiones se ejecutaran a tiempo.

El Ejército creó un sistema con operadoras bilingües en plena guerra

Ese entramado de comunicaciones llevó a que el Ejército de Estados Unidos organizara un sistema de telefonía militar que dependía de mujeres bilingües, según el US Department of Veterans Affairs. Estas operadoras, conocidas como Hello Girls, conectaron órdenes, movimientos y apoyo de artillería en plena Primera Guerra Mundial.

Su labor permitió coordinar tropas estadounidenses y francesas en un entorno donde el idioma bloqueaba operaciones. El resultado tuvo una consecuencia operativa clara en el frente, porque las decisiones llegaban sin retrasos críticos.

Las operadoras no se limitaban a responder llamadas, ya que gestionaban órdenes de avance, retirada y apoyo aéreo en tiempo real mientras el combate seguía activo. En septiembre de 1918, durante la ofensiva de Saint-Mihiel, cientos de soldados escuchaban voces femeninas que transmitían instrucciones bajo presión. También en la ofensiva del Mosa-Argonne mantuvieron comunicaciones sin pausa durante jornadas completas.

Según el Museum of the American G.I., llegaron a gestionar más de 26 millones de llamadas hasta el final de la guerra. Elizabeth Cobbs, profesora en Texas A&M, explicó que “el trabajo era peligroso y agotador, con centralitas instaladas en barracones que atraían el fuego de la artillería alemana”. Esa exposición obligaba a trabajar con casco y máscara de gas al alcance de la mano.

El reclutamiento seleccionó a un grupo muy reducido de candidatas

Antes de llegar a ese punto, el reclutamiento respondió a un problema claro dentro del mando militar. El general John J. Pershing pidió operadoras que dominaran inglés y francés para evitar fallos en la coordinación con aliados. Miles de mujeres se presentaron, pero solo una pequeña parte superó las pruebas exigidas. Según el material del Museum of the American G.I., 1.750 solicitaron entrar y solo 223 terminaron en servicio.

Grace Banker, jefa del grupo, explicó que “las chicas tenían que hablar francés e inglés y también entender el francés de los soldados estadounidenses”. A esa exigencia lingüística se sumaba la capacidad de manejar códigos que cambiaban cada día.

El reconocimiento oficial tardó décadas en llegar tras la guerra

Cuando terminó la guerra, el reconocimiento no llegó para ellas. Aunque habían llevado uniforme, seguido órdenes y trabajado bajo fuego, el Ejército decidió clasificarlas como civiles. Eso dejó fuera cualquier derecho como veteranas durante décadas. La situación se mantuvo hasta 1977, cuando el Congreso aprobó una ley que reconocía su servicio.

El presidente Jimmy Carter firmó esa norma y permitió conceder beneficios militares a las supervivientes. Solo 18 de ellas seguían vivas en ese momento. Dos años después, en 1979, 31 mujeres recibieron la Medalla de la Victoria de la Primera Guerra Mundial.

Durante el conflicto, su formación ya las colocaba dentro de la estructura militar aunque el reconocimiento oficial no llegara, porque recibían instrucción diaria, aprendían términos del Ejército y pasaban inspecciones como cualquier unidad. Llevaban uniforme y rango, de modo que quedaban integradas en la disciplina del cuerpo y no trabajaban como personal externo.

Ese encaje se notó en el rendimiento, ya que superaron a los operadores masculinos en velocidad y precisión al conectar llamadas. Algunos mandos llegaron a afirmar que sin ellas no habría sido posible coordinar brigadas estadounidenses en combate, una teoría que se apoyaba en resultados comprobables durante las operaciones. Esa eficacia terminó por situarlas en una posición necesaria dentro del funcionamiento del frente.

Las historias personales recuperaron su lugar con el paso del tiempo

Con el paso del tiempo, los casos individuales empezaron a recuperar parte de esa historia. Olive Shaw, una de las operadoras que siguió con vida hasta el reconocimiento oficial, trabajó después con la congresista Edith Nourse Rogers. Participó en la lucha para que se reconociera su servicio y, tras su muerte en 1980, fue enterrada en el cementerio nacional de Massachusetts como veterana.

Otro ejemplo fue el de Marguerite Lovera, enterrada en 1959 sin que se mencionara su servicio. Décadas después, un familiar informó a la administración de cementerios y se corrigió su lápida para incluir su papel en la guerra.

Inez Crittenden no llegó a ver ese cambio, porque murió en París el mismo día que terminó la guerra tras enfermar de neumonía. Fue enterrada en el cementerio americano de Suresnes junto a más de mil militares. Su historia quedó ligada al momento en el que el conflicto terminaba mientras ella fallecía lejos de casa.

Muchas de las operadoras que murieron antes de 1977 tampoco pudieron acceder a los beneficios que habían ganado con su trabajo. Aun así, las revisiones posteriores han ido añadiendo sus nombres y su servicio en registros oficiales que durante décadas las ignoraron.

La XIII Asamblea Ordinaria de Amnistía Internacional en Castilla-La Mancha, celebrada el sábado 21 de marzo en Toledo, ha elegido a Erick Figueroa como nuevo presidente de la organización en la región, en sustitución de Mar Pozuelo Castillo, quien había asumido esta responsabilidad durante un año.

Erick Figueroa es licenciado en Administración de Empresas, activista y portavoz de Amnistía Internacional España. Según destacan desde la organización, su trayectoria se define “por un compromiso firme y sostenido con los derechos humanos, desde una mirada interseccional, feminista y antirracista”. En España, ha centrado su labor en la promoción y defensa de los derechos de las personas LGTBIQA+ a través de políticas y prácticas orientadas a garantizar la igualdad, la no discriminación y el reconocimiento efectivo de la diversidad en los ámbitos social, institucional y comunitario. Asimismo, participa “activamente” en organizaciones y redes internacionales de derechos humanos.

“En esta nueva etapa -explicaba Erick- asumo la presidencia con una convicción profunda: esta tierra diversa, urbana, rural, amplia y profundamente digna, no puede ni debe dar espacio a la deshumanización. Mi compromiso claro e irrenunciable es situarnos, siempre, del lado de los derechos humanos, de la justicia y de las personas en mayor situación de vulnerabilidad. Un liderazgo que no solo represente, sino que movilice, interpele y construya”.

Además, se ha renovado el puesto de secretario de la Junta Directiva, que ahora ocupa Gabriel Moreno, profesor de Secundaria y activista en el Grupo de Acción de Cuenca.

Hoja de ruta en 2026

El nuevo presidente de la entidad y su junta directiva afrontan una serie de retos en materia de derechos humanos que la asamblea autonómica ha definido. Entre ellos, seguirá siendo “prioritario” la lucha contra el genocidio en Gaza, “el apartheid y la ocupación ilegal en Territorio Palestino Ocupado, la actuación contra graves violaciones del derecho internacional humanitario en otros conflictos como el de Sudán o Irán”.

La organización seguirá trabajando “contra las prácticas autoritarias en todo el mundo y contra el impacto de las políticas de Donald Trump”, tanto dentro como fuera de Estados Unidos “con una mirada fuerte” en el trato cruel a las personas migrantes. Los derechos de las mujeres seguirán siendo central a lo largo del año, con acciones específicas sobre violencia sexual o derecho al aborto. La organización abordará el racismo institucional en España y abogará por los derechos de las personas migrantes y el derecho a la vivienda.

Durante la Asamblea se celebró un coloquio con la presencia de miembros de la plataforma Toledo por Palestina, en el que se denunció el crimen de genocidio que se lleva cometiendo desde hace casi dos años y medio en Gaza, y las continuas violaciones de los derechos humanos que sufre la población palestina en Cisjordania.

Amnistía Internacional cuenta con más de 2600 personas socias en Castilla-La Mancha y decenas de activistas en grupos locales y de acción en Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Valdepeñas y Toledo, donde además existe un grupo de jóvenes. Además, tiene equipos autonómicos de comunicación, relaciones institucionales, campañas, activismo y educación en derechos humanos.

La Asamblea coincidió con la celebración del Día contra la Discriminación Racial, que se conmemora bajo el lema 'Parad el racismo y no a las personas'. Por ello, los participantes a la Asamblea llevaron a cabo un acto de calle contra el racismo para reclamar medidas urgentes y concretas para hacer efectivos los principios de igualdad y no discriminación en todas las actuaciones policiales.

El acto tuvo lugar en la Plaza de Zocodover, fue dinamizado por el grupo de jóvenes de Amnistía Internacional en Toledo, y contó con la participación de miembros de El Dorado Activismo Cultural, que recitaron poemas contra el racismo, la Unión Popular de Estudiantes y Toledo con Palestina.

Todo apunta a que EEUU fue el responsable del ataque que mató a 175 personas en una escuela en Irán, la mayoría niñas en edad escolar. Y uno de los indicios, más allá de los vídeos que muestran un misil Tomahawk cayendo encima, es que, según publica The Washington Post, la escuela estaba entre los objetivos militares del Ejército estadounidense.

El ataque se produjo en las primeras horas de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán —precisamente cuando los padres se dirigían hacia el edificio escolar de dos plantas para llevar a sus hijas a casa y ponerlas a salvo— y acabó con la vida de al menos 175 personas, muchas de ellas niñas, según informaron los medios estatales iraníes.

El inmueble había sido identificado como una fábrica y figuraba como un objetivo de ataque, según informa TWP, que explica que en la misma zona se encontraba un depósito de armas que constituía un objetivo militar.

Lo que las informaciones no concluyen es si Estados Unidos atacó la escuela por error o si los funcionarios estadounidenses disponían de información de inteligencia errónea y creyeron que el edificio en cuestión era, en realidad, el depósito de armas.

“Inicialmente hubo cierta confusión respecto a por qué figuraba en la lista de objetivos”, comenta una fuente a TWP.

Israel ha declarado que no tuvo participación alguna en el ataque; han afirmado a The Washington Post que la selección de este objetivo no fue verificada ni discutida con las Fuerzas de Defensa de Israel antes de que se llevara a cabo la operación.

Este miércoles, The New York Times informó de que una investigación preliminar del Pentágono sobre el ataque concluyó que la responsabilidad recaía en Estados Unidos y que el incidente podría haber sido consecuencia del uso de datos de objetivos obsoletos.

Preguntado por esto, Trump echa balones fuera. “No sé nada”, ha contestado este miércoles.

Según explica TWP, la investigación inicial parece indicar que el ataque a la escuela fue ejecutado por las fuerzas armadas de Estados Unidos. Según explicó el funcionario, el ataque se debió, probablemente, a un error de inteligencia respecto a la ubicación exacta del objetivo.

La escuela formó parte en el pasado de una base naval iraní —y es posible que aún mantenga vínculos con la Armada del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica—; sin embargo, estaba separada mediante un muro desde 2015, y entre mediados de 2015 y principios de 2016 se añadieron también entradas independientes, según un análisis de imágenes por satélite realizado por TWP. Asimismo, existe una zona de juegos al aire libre que aparece en Google Earth ya en 2017.

Durante una conferencia de prensa en el Pentágono este martes, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, alegó que se estaban utilizando escuelas en Irán para lanzar ataques. “Los mulás están desesperados y actúan a la desesperada”, afirmó Hegseth: “Como los cobardes terroristas que son, disparan misiles desde escuelas y hospitales, atacando deliberadamente a inocentes”.

Nos han contado que la guerra contra Irán es para frenar a unos fanáticos religiosos que mezclan Dios y política. Tranquilos: en Washington solo mezclan Dios, política… y misiles de precisión.

Aunque no lo parezca, Castilla-La Mancha vuelve a salir de campaña militar sin ni siquiera haber sido consultada. Soldados de la región, factura energética al alza y tertulianos patrióticos explicándonos desde Madrid que todo esto va de frenar el “integrismo islámico” de Irán. Al otro lado, claro, estaría el bando de la razón, la democracia y la moderación, el de un presidente rodeado de pastores en el Despacho Oval, manos apoyadas solemnemente sobre su americana azul mientras le piden a Dios que bendiga la Operación Furia Épica contra el “eje del Mal”. La diferencia entre la república islámica y la república cristiana, por lo visto, es que unos llevan turbante y los otros llevan corbata.

No hablamos solo de una anécdota pintoresca, de esas que nos ponen al final del telediario para que nos riamos de los yanquis. El vídeo de los pastores imponiendo las manos a Trump lo han difundido altos cargos de la Casa Blanca como si fuera un tráiler de Hollywood: “Vea al líder del mundo libre rezando antes de bombardear”. Y mientras en Teherán los mulás sermonean sobre la voluntad de Alá, en los cuarteles estadounidenses oficiales explican a las tropas que la guerra es “parte del plan divino para desencadenar el Armagedón” y que el comandante en jefe ha sido “ungido por Jesús para encender la chispa en Irán”. Integrismo islámico, integrismo cristiano… pero solo uno lleva la etiqueta de amenaza global, el otro viene envuelto en la bandera de las barras y estrellas y se vende como defensa de la libertad.

Los ciudadanos de Castilla-La Mancha estamos acostumbrados a escuchar grandes palabras en boca de los dirigentes: democracia, libertad, seguridad, 'valores de Occidente'

Se acusa a Irán de ser una “república islámica” donde el poder político se subordina a una teología, se persigue a disidentes y minorías y se justifica la violencia en nombre de Dios. Es cierto. Pero es difícil no ver un inquietante aire de semejante cuando los propios comandantes de la primera potencia militar del mundo explican a sus tropas que la guerra es parte de un guion bíblico y que el presidente ha sido elegido por Cristo para precipitar el fin de los tiempos. Integrismo es, precisamente, eso: convertir la fe en programa de gobierno, el texto sagrado en plan estratégico y la salvación del alma en hoja de ruta para los misiles.

Los ciudadanos de Castilla-La Mancha estamos acostumbrados a escuchar grandes palabras en boca de los dirigentes: democracia, libertad, seguridad, “valores de Occidente”. Pero cuesta conciliar esos valores con un proyecto político que, como el que se ha ido articulando alrededor de Trump, intenta desmontar la separación entre Iglesia y Estado y rellenar el aparato federal de Estados Unidos con cuadros del llamado nacionalismo cristiano. A Irán se le reprocha que sea una teocracia; en Washington, se redactan manuales para “devolver el gobierno a los principios bíblicos” y se crea una Oficina de Fe desde la que pastores y activistas religiosos influyen en políticas de derechos civiles, educación, inmigración o género.

La guerra contra Irán no se vende ya solo como defensa de intereses geopolíticos o de rutas energéticas. Se envuelve en un relato espiritual: batalla del Bien contra el Mal, libertad religiosa contra fanatismo, Occidente cristiano frente a Oriente islámico. La etiqueta militar 'Operación Furia Épica' podría parecer un exceso de marketing bélico, si no estuviera acompañada por oraciones en el Despacho Oval y reuniones donde se cita el Libro de la Revelación para explicar a soldados de 20 años que forman parte del Apocalipsis.

Los ciudadanos de esta tierra, que han visto cómo se recortaban servicios públicos en nombre de la austeridad y ahora soportan el coste de crisis encadenadas, tienen derecho a sospechar de quienes hablan de Dios cada vez que van a mandar a otros a morir

Desde La Roda, Alcázar o Talavera esto puede sonar remoto, pero no lo es. Esa retórica de guerra santa alimenta a su vez a los integrismos que se nos presentan como enemigos: cada bomba “bendecida” desde Washington es combustible para los predicadores que en Teherán dirán que Occidente es una cruzada cristiana contra el islam. No se trata de repartir culpas equidistantes, sino de entender que el fanatismo no es un monopolio oriental y que la instrumentalización de la fe para justificar la violencia es una tentación muy humana, también cuando se viste de traje, corbata y bandera de barras y estrellas.

Para Castilla-La Mancha, la pregunta no es solo si esta guerra es justa, sino qué modelo de mundo consolida. Si aceptamos sin pestañear la idea de que “los nuestros” pueden mezclar púlpito y Estado porque “somos democracias”, ¿con qué autoridad moral exigiremos luego laicidad y derechos humanos a otros? Si normalizamos que se bendigan decisiones militares en nombre de un Dios nacional, ¿con qué fuerza defenderemos aquí un Estado aconfesional donde el gobierno de la Junta no se arrodille ante ninguna sotana ni crucifijo antes de aprobar un presupuesto sanitario?

Los ciudadanos de esta tierra, que han visto cómo se recortaban servicios públicos en nombre de la austeridad y ahora soportan el coste de crisis encadenadas, tienen derecho a sospechar de quienes hablan de Dios cada vez que van a mandar a otros a morir. Y tienen el deber cívico de hacerse una pregunta incómoda: cuando escuchamos a Trump y a sus pastores señalar el integrismo islámico de Irán, ¿estamos mirando por una ventana o por un espejo?

La Plataforma 8M Toledo ha concedido el IV Premio 'La Teta Violeta' al movimiento pacifista Mujeres de Negro contra la Guerra de Toledo, “por su incansable labor en defensa de la paz, la justicia y los derechos humanos”, así como por su “firme compromiso frente a toda forma de violencia, militarismo y conflicto armado”. Lo ha hecho durante la manifestación por el Día Internacional de las Mujeres que se celebra como cada año el 8 de marzo.

La Plataforma 8M Toledo reconoce en este premio la labor de personas, organizaciones y/o entidades que abren espacios de igualdad y promueven los valores feministas en todas las esferas de la vida pública -cultura, educación, arte, ciencias, política, deporte-, entre otros.

Apuntan que este colectivo “feminista, pacifista y antimilitarista” desde el “silencio elocuente de sus concentraciones hasta la fuerza de su activismo constante, han demostrado que la perseverancia y la conciencia crítica pueden convertirse en herramienta poderosa de transformación social”. Desde la plataforma, aseguran que Mujeres de Negro contra la Guerra denuncian en cada concentración “el uso del cuerpo de la mujer como arma de guerra. Las mujeres y las niñas en estos territorios sufren violaciones, desplazamientos forzados, en los que tienen que hacerse responsables de toda su familia, y vejaciones que ni imaginamos”.

Aseguran que los daños que sufren las mujeres que habitan en las zonas de conflicto “no son colaterales”, sino “estrategias de dominación perfectamente estudiadas”.

El premio es una obra de la artesana Gema Martín Llop, artista afincada en Toledo que comenzó de manera autodidacta, pintando obras de artistas famosas y que ha expuesto en varias ocasiones en Castilla-La Mancha. Desde la Plataforma 8M Toledo, a la que se unió en 2018, apuntan que “su experiencia en Europa, al vivir en Inglaterra y Alemania, la llevó a descubrir a artistas europeas que influyeron en su estilo” y desde entonces “ha creado colecciones enfocadas en la mujer y el feminismo”. Además de cuadros, también trabaja con arcilla: “Su arte es una forma de dar voz a las mujeres y explorar temas de identidad y empoderamiento”.

Premio 'Bocazas de oro' para Page

En contraposición, la Plataforma también ha concedido el premio 'Bocazas de oro' al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page. Según señalan porque “debería medir sus comentarios machistas, impropios de quien ostenta una responsabilidad institucional”. Un premio que “reconoce con ironía y espíritu crítico esa preocupante facilidad para hablar sin medir el impacto, para trivializar el respeto y para confundir libertad de expresión con falta de responsabilidad. Porque no solo se debe gobernar, sino que se debe ser ejemplo de lo que se representa”, han explicado.

Durante los últimos años ha sido habitual ver el desarrollo de conflictos históricos a través de escaramuzas en las fronteras de Pakistán, tanto con India como con Afganistán. 2025 supuso un salto cualitativo en la escalada de esas hostilidades. De hecho, las fronteras del Indostán fueron escenario el pasado mayo de la Operación Sindoor, que reforzó el peso de Pakistán tras salir razonablemente bien parado del conflicto más grande con India en años.

Desde la caída de la República Islámica de Afganistán en 2021, las relaciones con Pakistán han variado ostensiblemente y se ha producido una reconfiguración completa de la región que ha sentado las bases para un estallido como el que viene fraguándose entre Kabul e Islamabad, especialmente desde el mes de octubre.

¿Por qué ahora?

Tras la llegada al poder de los talibanes a Afganistán en 2021 se truncó la antigua relación en la que Pakistán había permitido que los militantes del grupo empleasen su territorio durante la guerra. Desde ese momento surgió una contradicción en Kabul.

Los talibanes afganos habían evolucionado desde los movimientos islamistas más radicales de principios de siglo. Se esperaba incluso una moderación para lograr la aceptación internacional basada en el pragmatismo. No sucedió ni lo uno ni lo otro.

El núcleo talibán ahora residía en un nacionalismo pastún que abarcaba un territorio más amplio del que marcaban las fronteras heredadas del colonialismo británico. La línea Durand, que es como se conoce a la frontera afgano-pakistaní, separaba a población pastún que los talibanes consideran el mismo pueblo.

Durante los siguientes años, el grupo armado Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP), los talibanes pakistaníes, han incrementado la intensidad de sus ataques al tiempo que han sido acogidos en Afganistán, como antaño ocurriera en dirección contraria. La relación se convertía en un juego de suma cero donde sus relaciones con los talibanes pakistaníes y el Gobierno de Islamabad se volvían incompatibles.

Tras numerosos atentados en Pakistán, las escaramuzas del ejército pakistaní se volvieron habituales en la frontera con Afganistán. Pero el detonante en casi todos los casos eran las incursiones o bombardeos que Islamabad realizaba dentro de Afganistán en busca del TTP y otros grupos como el Estado Islámico del Jorasán (ISIS-K), que también lleva a cabo ataques reclamando para su provincia ambos lados de la línea Durand.

La guerra abierta

Como ya era recurrente, Islamabad continuó desde la semana pasada con los bombardeos que ya venía realizando contra los grupos insurgentes en Afganistán.

Afganistán lanzó unos días después su prometida respuesta a través de una ofensiva terrestre en la frontera y la confusión ha seguido a las amenazas. Pakistán aseguró que ha matado a centenares de combatientes talibanes.

Sin duda, Pakistán ha lanzado el golpe más importante de la refriega actual, apoyado por su superioridad aérea. “Nuestra paciencia se ha agotado. Ahora es una guerra abierta entre nosotros y [Afganistán]”, ha señalado el Ministro de Defensa pakistaní.

Mientras Islamabad asegura haber destruido infraestructura militar del Emirato Islámico en zonas como Kabul, Paktia o Kandahar, también ha señalado haber apuntado sobre objetivos en su propio territorio, en la región fronteriza de Khyber Pakhtunkhwa, donde reside el núcleo tribal de los pastunes pakistaníes.

Ante la falta de capacidad aérea tradicional, Afganistán ha reivindicado ataques con drones y haber impactado incluso en la capital pakistaní. Pero la escalada se ve exacerbada en los cuadros militares. Los talibanes han amenazado con el uso de batallones suicidas talibanes y Pakistán ha lanzado acusaciones directas contra India.

Los ecos regionales del choque armado

En un signo de la extensión de las tensiones regionales y como muestra del discurso de defensa nacional interno, el ejército de Pakistán ha señalado que “detrás de cada incidente terrorista en Pakistán hay financiación, complicidad y diseño indio”.

Aunque pueda parecer poco intuitivo, las relaciones entre Nueva Delhi y Kabul han mejorado notablemente desde el auge del Emirato Islámico. Pero además de por un ejercicio de pragmatismo, la sintonía se ha asentado gracias a los conflictos constantes que ambos países han vivido con Pakistán.

Pero aunque en estos momentos es improbable la extensión del conflicto armado hacia India, los ecos de la Operación Sindoor resuenan y desde 2025 se ha lanzado una campaña regional por la influencia. Pakistán e India no solo compiten por sostener un colchón de intereses en Afganistán sino también en Bangladés y en su red de socios en Oriente Medio.

Mientras Israel y Emiratos Árabes apuestan por incrementar su posición estratégica con India, Pakistán ha firmado una importante alianza reciente con Arabia Saudí y un acuerdo con Turquía, ambos en mitad de una fuerte tensión con Tel Aviv y Abu Dhabi.

Pero precisamente Arabia Saudí y Turquía, los socios pakistaníes, son los países que han mediado en las disputas de Afganistán y Pakistán en el pasado reciente, junto con Qatar, que siempre ha tenido línea directa con los talibanes afganos.

El conflicto afgano-pakistaní es tan importante precisamente por situarse en el epicentro de todas estas dinámicas regionales que les tocan tangencialmente, por la capacidad de catapultar sencillas interrelaciones con los movimientos de India e Irán y por correr el riesgo de coincidir con un gran conflicto en sus fronteras donde se vean implicados Israel, Irán y Estados Unidos.

El jurista y politólogo valenciano Joan Garcés ha dedicado una parte importante de su vida a luchar contra la impunidad, esclarecer la verdad y defender como abogado a miles de víctimas de la dictadura chilena.

Trabajó como asesor personal del presidente de Chile Salvador Allende hasta su último día, fue testigo directo de aquellos años y posteriormente impulsó en los tribunales españoles el caso Pinochet, con el que se logró la detención del dictador chileno en Londres en 1998.

Representó en esa causa a casi 4.000 víctimas en más de tres mil casos de asesinatos, desapariciones forzadas y torturas. Además, en 2005 consiguió que el Riggs Bank de Washington indemnizara con más de ocho millones de dólares a víctimas de Pinochet. En 2023 fue reconocido por la Cámara de Diputados chilena por “su contribución a la justicia y su lucha contra la impunidad”.

Doctor en Ciencias Políticas por las universidades Sciences Po y la Sorbona, experto en Historia, Justicia Internacional y Geopolítica Mundial, Visiting Fellow en el Institute for Policy Studies, estuvo años investigando en los archivos del Departamento de Estado y de Defensa de Estados Unidos y de los servicios secretos del país. Es autor de libros como Allende, la experiencia chilena (1976) o Soberanos e intervenidos (1996), del que se ha publicado una edición actualizada recientemente.

Garcés continúa ejerciendo como abogado en casos de derecho nacional e internacional y sigue analizando la actualidad global. Hablamos con él en esta entrevista realizada esta semana en el podcast 'Donde callan las armas', del Centre Delàs de Estudios por la Paz, que se emite en plataformas y en elDiario.es.

¿A qué cambios en el orden internacional asistimos con Donald Trump?

La política internacional es muy viva y cambiante. Trump acelera el final del periodo posterior a la Guerra Fría iniciado en 1989. La Guerra Fría, entre 1945 y 1989, tuvo tres pilares: la división de Alemania, evitar gobiernos de partidos obreros en Europa Occidental y contener y hacer retroceder a la Unión Soviética en los países donde derrotó al ejército alemán.

Los tres pilares desaparecen a partir de 1990. La Unión Soviética se autodisuelve, Alemania se unifica, los principales partidos obreros se vuelven marginales. Desde Rusia, Gorbachov, Yeltsin y también, en la primera etapa, Putin, buscaron un acuerdo con EEUU y Europa Occidental. Gorbachov propuso establecer un sistema de seguridad colectiva en lo que denominaba “casa común europea”.

Ese periodo terminó. No sirve a EEUU. Trump acelera el proceso de cambios y, en estos momentos, negocia con Rusia, mientras algunos países de Europa Occidental se arman para derrotar financiera y militarmente a Rusia, un país con armamento atómico.

Deliberadamente o por accidente, España puede ser sumergida en una nueva guerra en el marco internacional

Usted ha dicho que la guerra de Ucrania se ha convertido, de algún modo, en algo que Trump está usando para chantajear a la Unión Europea y que este conflicto supone una derrota estratégica de Europa. ¿En qué se equivocaron los países europeos? 

Es una tragedia para Europa. Durante siglos, lo que yo en mis estudios conceptualizo como “Estrategia Británica” —asumida por EEUU desde el presidente Truman— ha buscado impedir la unidad del continente euroasiático, particularmente entre Alemania y Rusia. Tiene sentido: las islas británicas fueron invadidas o se intentó invadirlas desde el continente, por lo que esa unidad es percibida como una potencial amenaza a su independencia.

Mantener la división ha sido una constante desde el siglo XVIII. Su concreción más reciente es la guerra en Ucrania, anticipada por analistas, sobre todo de Estados Unidos, como Brzezinski, Kennan y muchos otros, que desde los años noventa razonaron que expandir la OTAN hacia las fronteras rusas podía provocar una guerra preventiva.

En 2008, en la Cumbre de Bucarest, la OTAN adoptó la formulación de que Ucrania y Georgia se convirtieran en miembros de la OTAN. Esa orientación, en mi lectura, chocaba con el horizonte proclamado por Ucrania en su Declaración de autodeterminación y soberanía de 1990, que “proclama solemnemente su decisión de convertirse en el futuro en un Estado permanentemente neutral”, “fuera de bloques militares” y de “participar directamente en el proceso paneuropeo y en las estructuras europeas”.

La actual guerra de Ucrania ha creado un foso de sangre y destrucción que se proyectará durante generaciones, es un desastre humano y económico para los ucranianos, los rusos y el conjunto de Europa.

Traslademos el problema a un escenario imaginario más próximo: que el Estado, España, al igual que Rusia en 1990, hubiera aceptado en 2017 la declaración de independencia del Parlamento de Cataluña, con garantía de neutralidad y de no instalación en su territorio de una potencia con interés en desintegrar al Estado español, y que, al cabo de un tiempo, un cambio político en Cataluña considerara que su seguridad dependía de ingresar en una coalición que contemplara desintegrar al Estado plurinacional vecino. ¿Habría habido en España alguien que anticipara lo que Kennan previó en 1998 cuando el Senado de EEUU aprobó la expansión de la OTAN hacia las fronteras de Rusia?

La actual guerra en el oriente de Europa ha creado con Occidente un foso de sangre y destrucción que se proyectará durante generaciones. Es un desastre humano y económico para los ucranianos, los rusos y el conjunto de Europa entendida como realidad cultural, geográfica y política. Chaikovski, Tolstói, San Petersburgo no son menos Europa que Berlín o Londres.

Hemos oído recientemente al Secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, apelar al expansionismo occidental que se produjo durante 500 años. ¿Quiere Estados Unidos seguir manteniendo su perímetro global?

Dentro de Estados Unidos conviven varias corrientes. La que representan Rubio y Trump es de expansión imperial. Rubio evoca la de los imperios de España, Inglaterra, Francia, que EEUU siempre se propuso disolver. Es coherente con mantener la hegemonía sobre la antigua América española y sobre Europa Occidental y movilizar esa suma de recursos humanos y naturales para hacer frente a la ascendente China popular, una potencia nuclear. ¿Es de interés esto para España?

Los principales dirigentes políticos europeos parecen caminar como sonámbulos a una guerra general

Trump está exigiendo más gasto militar a sus socios europeos dentro de la OTAN. ¿Qué supone este aumento del gasto militar que ya se está produciendo en la Unión Europea?

Es asombroso. Los principales dirigentes políticos europeos parecen caminar como sonámbulos hacia una guerra general. Preparan a la opinión pública para que acepte inversiones descomunales en armas, para llenar arsenales y sostener una guerra general. Por ejemplo, el ministro de Defensa de Alemania, Pistorius, del Partido Socialdemócrata, afirmaba en el Frankfurter Allgemeine Zeitung el 15 de noviembre pasado que “algunos historiadores militares” consideran incluso que el pasado verano “ya” pudo ser el último en paz.

Hace pocos días, un importante diario español publicaba el análisis de un académico inglés con este silogismo: puesto que Rusia, contra todo pronóstico, ha hecho progresos en la guerra de Ucrania militarizando su economía, Rusia necesitará más guerras para evitar el colapso de su economía militarizada. ¿Desconoce que la carrera armamentista contribuyó a la quiebra financiera de la URSS?

Las dos últimas guerras hegemónicas europeas empezaron en días precisos en 1914 y 1939: por un accidente precipitante, la primera, y de forma deliberada, la segunda, pero ambas fueron preparadas con anterioridad. Hay que leer a los especialistas norteamericanos. 

Brzezinski, en 2014, poco después de la insurrección de Maidán contra el Gobierno constitucional de Yanukóvich, sostuvo que la expansión de la OTAN hacia Ucrania podía provocar una guerra susceptible de escalar por una dinámica comparable, en ciertos rasgos, a la guerra de España en los años treinta del siglo XX: una insurrección armada provoca una guerra civil que escala con intervenciones extranjeras que se enfrentaron primero en territorio español y después, en el resto de Europa.

¿Armamento para qué? Para ser usado o para que pueda ser usado, voluntariamente o por accidente.

¿Cree que existe ese riesgo ahora?

Esta advertencia, en mi interpretación, se ha visto confirmada por la secuencia posterior: insurrección contra el Gobierno constitucional en 2014, guerra civil en los óblasts del este de Ucrania, “operación militar especial” rusa y progresiva implicación material de países de la OTAN.

La internacionalización, por el momento, está perimetrada en Ucrania, pero existen elementos para una escalada, el riesgo de que ese conflicto sea el prólogo de una guerra general en Europa. La guerra de España terminó en abril de 1939 y en septiembre se generalizó progresivamente a toda Europa.

Recordemos que, cuando en 2022 entraron las tropas rusas en Ucrania, dirigentes de Europa occidental anunciaron que la economía rusa sería “puesta de rodillas”, en palabras de un ministro francés. O que esa guerra se resolvería “en el campo de batalla” con la derrota rusa, decía Borrell desde la Unión Europea. Son los azares de las guerras: se sabe cómo empiezan, pero no cómo terminan.

Naciones Unidas está actualmente en una situación de impotencia comparable a la de la Sociedad de Naciones anterior a la Segunda Guerra Mundial

Trump pide más gasto militar en el marco de la OTAN, los países europeos están en ello y algunos lo justifican diciendo que podría servir para construir un Ejército europeo común y una autonomía europea en defensa, ¿es esto viable?

Un Ejército es ejecución. Requiere una dirección política y un mando únicos. El mando político único en Europa occidental es hoy el de EEUU, en la OTAN. Podría existir un acuerdo entre Estados, en la lógica del “concierto europeo” clásico que proponía actualizar Charles de Gaulle para “Europa desde el Atlántico a los Urales”.

Pero en la estructura actual de la Unión Europea, si se concreta el proyecto del canciller alemán de tener bajo su mando el Ejército convencional más poderoso de Europa, Alemania tendrá más poder que nunca. Podría ser una actualización, en clave militar, del Zollverein (unión aduanera) iniciado en 1834 entre Estados independientes, que culminó en el II Imperio alemán tras derrotar a Austria-Hungría y Francia. Ese proyecto, si lo aceptan franceses, polacos, etcétera, conduce a un Ejército “europeo” con mando político único y ejércitos auxiliares subordinados. ¿Es ese el interés de España?

Una última cosa, en los dos últimos años hemos visto, en directo, un genocidio en curso. Pese a que ha habido algunos pasos inéditos en las Cortes Internacionales de La Haya, existe una percepción de que buena parte de los Estados del mundo no han tomado esas herramientas para poder hacer política con ellas. ¿Dónde queda el derecho internacional en este avance de la impunidad?

La aplicación efectiva del derecho como norma requiere la coerción sobre quien la desobedece. Si no, es un precepto moral, seguido o no. Si el derecho interno se aplica en nuestro país es porque hay un Estado, con sus tribunales e instituciones que sancionan a quien lo incumple. A nivel internacional pasa lo mismo. Si una norma no dispone de fuerza para imponerse y sancionar su desobediencia, se convierte en una recomendación moral.

Desde 1945, la legitimidad para usar la fuerza en apoyo del derecho internacional reside en la estructura que el equipo del presidente Roosevelt concibió tras derrotar a los Imperios de Alemania y Japón, en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Pero la realidad de los hechos ha ido por otro camino. Se ha intervenido militarmente, en distintos escenarios, sin que esa legitimidad opere de forma efectiva y uniforme.

Naciones Unidas ha quedado reducida a una impotencia comparable a la de la Sociedad de Naciones antes de la Segunda Guerra Mundial. En las décadas pasadas, las contradicciones entre Estados Unidos y otras potencias han conducido a la ineficacia del sistema de la ONU.

Lamentablemente, grandes medios de comunicación siembran miedo en la población para que no reaccione ante las descomunales inversiones en armamento para sostener, voluntariamente o por accidente, la escalada bélica.

¿Qué supone esto?

Es un momento extraordinariamente peligroso. Deliberadamente o por accidente, España puede ser sumergida en una nueva guerra, con el agravante de un poder destructivo sin precedente desde Hiroshima en 1945. Antes, las armas destruían temporalmente un territorio y una población delimitados. Las armas atómicas pueden contaminar durante siglos el territorio y la nube puede alcanzar a poblaciones muy alejadas del lugar de combate. Caminamos, como a ciegas, hacia ese abismo.

Lamentablemente, grandes medios de comunicación siembran miedo en la población para que no reaccione ante las grandes inversiones en armamento precisas para sostener, voluntariamente o por accidente, la escalada bélica. Lo que ocurre en Europa es un indicador de esto y lo que ocurre en el Medio Oriente y Palestina, otro. ¿Es eso de interés para los españoles?

¿Armamento para qué? Para ser usado, indudablemente. O para que pueda ser usado, voluntariamente o por accidente. Ese es, desde mi punto de vista, el mayor peligro que estamos viviendo en estos momentos. Hay que mirar a los hechos, hacer abstracción de ideologías y de definiciones políticas con significados devaluados. Destrucciones masivas, genocidios. Las categorías ideológicas al uso ayudan poco a entender y remediar hacia dónde nos llevan los hechos.

Esta entrevista forma parte del podcast 'Donde callan las armas', del Centre Delàs de Estudios por la Paz, que se emite en plataformas como Ivoox y Spotify.

Ni los tambores de guerra en Europa, ni el genocidio en Gaza, ni el expansionismo indisimulado de Donald Trump son suficientes para que Philippe Sands, aclamado escritor y prestigioso jurista experto en derecho humanitario, pierda la fe en las leyes.

“Existe la conversación sobre que estamos o nos dirigimos hacia un mundo sin leyes”, señala ante un centenar de juristas y estudiantes de derecho en la Universitat Pompeu Fabra (UPF) de Barcelona. “Me parece un completo disparate”.

Sands es uno de los grandes abogados expertos en derecho internacional de las últimas décadas. Ha participado en docenas de casos relevantes ante la Corte Penal Internacional, asesora a Gobiernos y organizaciones humanitarias y, además, es un reputado autor cuyos libros, siempre basados en historias jurídicas, han sido traducidos a 32 idiomas.

“Empecé a escribir para el público general porque me di cuenta de que si solo hablamos entre académicos no tenemos impacto”, explica a los presentes (todos son académicos). “Tenemos que encontrar la manera de conectar con los ciudadanos que realmente están preocupados por estos temas”.

El abogado participó el martes en un seminario en la UPF, un día antes de ser investido doctor honoris causa por esta universidad. En el encuentro, diversos juristas se interesaron por su visión sobre la utilidad de un derecho internacional que a veces parece no imponer ningún límite a los Estados más poderosos.

Sands, uno de esos pocos autores reverenciados tanto en el mundo académico como entre los lectores de a pie, no quiere perder la esperanza. No es que sea el único ingenuo de la sala; conoce mejor que nadie las disfunciones que ha habido y habrá en el orden mundial. Incluso admite que el escenario surgido tras la aprobación del Tratado Atlántico y el fin de la Segunda Guerra Mundial está en riesgo de saltar por los aires, pero esto tampoco supondría el fin. 

“Estamos en un momento de enormes desafíos, se están produciendo flagrantes violaciones del derecho internacional y se seguirán produciendo”, sostiene. “Pero el patrón siempre ha sido este: hay un momento de creación y elaboración —1648, 1815, 1918, 1945— después llega el desastre y mucha gente muere de forma horrible. Luego viene la reconstrucción. Y casi siempre parte de lo que existía antes y se apoya, invariablemente, en un sistema de derecho internacional”.

El optimismo de Sands se apuntala en casos concretos. Cita los tratados “silenciosos” que le han permitido volar esa mañana a Barcelona, tener cobertura en su teléfono, comprar cosas de otra parte del mundo o que se investiguen redes criminales que operan en distintos países. “No escucho a nadie quejarse de todos estos tratados”, ironiza. “El 98% de los tratados internacionales funcionan, pero solo nos fijamos en el otro 2%”. 

La defensa de Sands del derecho internacional planea incluso sobre personajes y escenarios en los que el respeto por las normas brilla por su ausencia.

Recuerda cómo Trump, en su intento de crear el Consejo de Paz para Gaza, lo vehicula a través de una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU. Destaca cómo, por miedo a las sanciones, las grandes compañías petroleras americanas no se han atrevido, por ahora, a mancharse las manos de crudo venezolano. Subraya cómo incluso Vladímir Putin esgrimió el derecho internacional para justificar su invasión de Ucrania y cómo una posible salida del conflicto se basará también en esas leyes.

“Es el único lenguaje común que tenemos”, apunta. “Si os fijáis, todo el mundo acaba intentando justificarse o defenderse haciendo referencia al derecho internacional”.

El autor explica que viene de pasar un mes entero en La Haya, escuchando testimonios durísimos sobre el genocido contra los rohingyas en Myanmar. “¿Por qué íbamos a pasarnos cuatro semanas ahí, ante 15 jueces, si no existiera el derecho internacional?”.

En juego está la primera condena a un Estado por genocidio y Sands lo esgrime como ejemplo de la evolución, lenta y desigual, del acervo internacional. Explica que cuando él era un estudiante, no había ni un solo caso juzgándose en la Corte Penal Internacional. “¡Ahora vas ahí y hay cientos!”, exclama.

“Estamos en un período de construcción”, abunda el jurista. “Y habrá un paso adelante, un paso de lado, un paso atrás y otro paso adelante”.

El escritor precisa que harán falta décadas o más para que el derecho internacional se equipare a las normas internas de cada país, pero acabará ocurriendo. “Está en la naturaleza misma de la existencia humana”, concluye. “Las comunidades necesitan convivir”.

La preocupación por el cambio climático

La confianza de Sands se empaña cuando un estudiante de doctorado le pregunta por la posibilidad de incluir el ecocidio como quinto crimen internacional —actualmente hay cuatro: genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y crimen de agresión.

“Ni Ucrania ni Sudán ni Gaza”, responde el académico. “Lo que más me preocupa a día de hoy es el cambio climático”. Según Sands, es el factor que tiene mayor capacidad de transformar el mundo, el que afectará a más gente y el único que es difícil de regular. 

Sands ha participado en todos los casos de justicia penal internacional que han tratado el medio ambiente y admite que existe un preocupante vacío legal al respecto.

Reconoce que, aunque al principio mostró escepticismo sobre las posibilidades de articular algún tipo de regulación sobe el tema a nivel internacional, desde 2020 coordina un grupo de trabajo para incluir el crimen de ecocidio en la justicia.

“Percibí que algo estaba cambiando”, señala. “Hasta la fecha todos los crímenes que se han tipificado se encargan de proteger al ser humano, pero ahora veo a los jueces capaces de abordarlo y mirar más allá”.

Aunque el momento sea complicado, Sands cree —vuelve el optimismo— que el proceso formal que ha arrancado para regular el crimen de ecocidio acabará cristalizando debido al cambio generacional que se impondrá en los tribunales y centros de poder. “No sé cuándo será, pero acabará ocurriendo”.

Las tensiones entre Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos –las dos potencias árabes del golfo Pérsico y aliados en algunos ámbitos– han ido en aumento desde principios de diciembre por el apoyo emiratí a los separatistas del Consejo de Transición Sureño (CTS) de Yemen en la nueva ofensiva que lanzaron en el este del país, donde conquistaron dos provincias fronterizas con Omán y Arabia Saudí.

Este martes, las tensiones han estallado con un ataque directo de aviones saudíes contra un cargamento de armas y equipos militares que llegó a un puerto de Yemen procedente supuestamente de Emiratos Árabes Unidos (EAU), según denunció el Gobierno yemení internacionalmente reconocido, respaldado por el reino saudí. El bombardeo representa la mayor escalada entre Riad y Abu Dabi, que han estado participando en la guerra de Yemen desde que los rebeldes hutíes chiíes expulsaron al Gobierno suní del poder y ocuparon amplias zonas del país hace más de una década.

De hecho, Arabia Saudí creó en 2015 una coalición militar con otros países –de la que también forma parte EAU– para intervenir en Yemen contra los rebeldes hutíes y sus fuerzas ya habían lanzado el pasado viernes ataques de advertencia contra posiciones del CTS en la provincia de Hadramut (muy rica en petróleo).

Desde Riad, el Gobierno ha advertido este martes de que las acciones de EAU en Yemen representan una “amenaza para la seguridad nacional del reino” y “constituyen una linea roja”, por lo que el reino “no dudará en tomar todas las medidas necesarias para afrontarlas y neutralizarlas”, tal y como ha señalado en un comunicado el Ministerio de Exteriores. También ha exigido a Abu Dabi que “responda a la solicitud” del Gobierno yemení de retirar sus fuerzas militares del país “en un plazo de 24 horas” y de que suspenda “cualquier apoyo militar o financiero a cualquier parte” beligerante.

El Gobierno yemení respaldado por Arabia Saudí ha asegurado este martes que “se ha demostrado fehacientemente” que Abu Dabi ha “presionado y dirigido” a los separatistas del Consejo de Transición Sureño para que “socaven la autoridad estatal y se rebelen contra ella mediante una escalada militar”. Por ello, el Ejecutivo ha dado por terminado el acuerdo de defensa conjunto con EAU y ha ordenado a todas las fuerzas y personal emiratíes que se retiren del territorio yemení en un plazo de 24 horas.

Además, el Gobierno yemení reconocido por la comunidad internacional ha declarado el estado de emergencia en toda la república, “con efecto a partir del martes 30 de diciembre de 2025, por un período de 90 días, renovable” y ha impuesto “un bloqueo aéreo, marítimo y terrestre de 72 horas en todos los puertos y cruces fronterizos”, con excepción de los empleados por la coalición militar liderada por Riad. Según el Ejecutivo, EAU envió “dos buques desde el puerto de Fujairah cargados con armas, vehículos de combate y equipo militar”, que fueron descargados en el puerto de Mukalla “sin autorización, con el objetivo de abastecer a las fuerzas” del CTS.

Desde Abu Dabi, el Gobierno ha rechazado las acusaciones saudíes y yemeníes y ha denunciado “las inexactitudes fundamentales sobre el papel de EAU en los acontecimientos actuales en Yemen”. En un comunicado del Ministerio de Exteriores, se ha mostrado “sorprendido” por el ataque lanzado este martes contra un cargamento en el puerto de Mukalla, ya que, según su versión, no llevaba armas y hubo una coordinación previa con la coalición. “Los vehículos descargados no estaban destinados a ninguna parte yemení, sino que fueron enviados para su uso por las fuerzas de EAU que operan en el Yemen”, ha asegurado.

Sin embargo, el Ministerio de Defensa emiratí ha anunciado que retirará todas sus fuerzas de Yemen “voluntariamente”, “ante los recientes acontecimientos y las posibles repercusiones que puedan afectar a la seguridad y la eficacia de las misiones” de las tropas desplegadas en el marco de la coalición. 

Por su parte, los separatistas sureños han calificado de “ilegales” las medidas tomadas este martes por el Gobierno yemení y han alertado de sus “consecuencias políticas, legales, de seguridad y económicas”, afirmando que es necesario un acuerdo “para evitar un mayor colapso del país”, que ha estado sacudido por la inestabilidad política y la violencia desde la revuelta de 2011 y se sumió en una guerra civil a partir de 2014.

Los separatistas han contado con el apoyo de EAU, en el marco del conflicto armado que estalló en Yemen con la intervención de la coalición militar liderada por Arabia Saudí, y han intentado revivir el Estado de Yemen del Sur, que fue independiente entre 1967 y 1990. Recientemente, ha habido manifestaciones a favor de la independencia del sur en las zonas controladas por el CTS.

Patricia Simón (Estepona, 1983) ha trabajado como reportera en más de 25 países, muchos de ellos sumidos en conflictos armados. Fruto de esa labor es su último libro, Narrar el abismo (Debate), que en tan solo un centenar de páginas plantea cuestiones de notable calado, desde la ética que el periodismo de guerra debe observar a los retos que enfrenta la profesión en la era de las fake news y los nuevos autoritarismos.

Toda la información que hemos tenido sobre Gaza, ese genocidio televisado en directo, no ha podido evitar la masacre. ¿Pasó el tiempo de los medios que podían parar guerras, o nunca han existido en realidad?

El periodismo no ha conseguido parar el genocidio aún, pero sí recoger las pruebas para que algún día sus responsables sean juzgados. Y en un momento en el que la corriente reaccionaria está intentando imponer un régimen de la crueldad y la impunidad, la responsabilidad de periodismo como fuente para la justicia es crucial. Pero, sobre todo, yo me pregunto qué habría ocurrido si Israel hubiese conseguido su objetivo inicial de imponer un bloqueo informativo. Sus dirigentes creyeron que, impidiéndonos la entrada a los periodistas internacionales, lo conseguiría.

Desde su visión supremacista, no imaginaron que los medios occidentales fuesen a dar credibilidad a periodistas árabes. Y cuando se dieron cuenta de que estaban documentando el genocidio y de que sus voces se escuchaban fuera de la Franja, los empezaron a asesinar a la vez que los acusaban de ser terroristas. Gracias a su determinación, a sabiendas de que las fuerzas de ocupación iban a intentar asesinarlos, contamos con las pruebas del genocidio, algún día podrán ser juzgados sus responsables, nadie podrá decir que no lo sabía y se ha generado un movimiento internacional de solidaridad que, durante estos dos años de genocidio, se ha convertido en un dique de contención para la ola autoritaria y en el principal defensor de todo lo que representan las democracias: del derecho internacional, de los derechos humanos, del multilateralismo, de la solidaridad, del humanismo.

En su libro habla de Gaza, que tanto espacio ha ocupado en las noticias, y de Sudán. ¿Qué hace que unos conflictos tengan atención y otros no? ¿Cómo estar atentos a todos los focos?

Hay muchos factores que determinan que un conflicto reciba atención mediática o no. La primera, como vimos con Ucrania o los Balcanes, es la cercanía geográfica y las consecuencias que puede tener para la sociedad del medio en cuestión. Pero también juega un papel crucial el racismo que atraviesa a nuestras sociedades y, por tanto, a la línea editorial de nuestros medios. Entre 2018 y 2019 Sudán vivió una revolución épica, protagonizada por hombres y mujeres de todas las edades, etnias y regiones del país, que consiguieron tumbar el régimen de uno de los dictadores más sangrientos del último siglo. Sin embargo, apenas la contamos, lo que posibilitó que años después, el Ejército y los paramilitares secuestraran la transición democrática y se declarasen la guerra. Así que buena parte de nuestra sociedad solo recibe información de la población sudanesa —como de la yemení, la congoleña o la etíope— cuando muere por la guerra o por hambrunas.

Es otra forma de deshumanización que provoca que, precisamente, cuando informamos de estos conflictos, el imaginario colonialista y racista occidental vea a estas personas como incapaces de vivir en paz y prosperidad. Y que no se interese por los reportajes que los periodistas elaboramos in situ no solo sobre las atrocidades, sino sobre el negocio de la guerra, cómo nunca se ha exportado tanto oro desde Sudán como desde que comenzó esta guerra, por ejemplo. Y la mayor parte lo está consiguiendo Rusia a cambio de entregar armas a los paramilitares para financiar así la invasión de Ucrania.

¿No basta, pues, con mirar hacia quienes sufren? ¿Hace falta ir más allá?

Cuando el periodismo se limita a documentar el dolor de las víctimas, está haciendo entretenimiento. El periodismo consiste en señalar a los responsables y a quienes se lucran con la guerra. Entonces estaremos cumpliendo con la aspiración de justicia de los supervivientes que nos prestan su testimonio y con nuestra función con la ciudadanía a la que nos dirigimos. Así, además, estaremos combatiendo la impunidad y promoviendo que más personas se informen.

Cuando el periodismo se limita a documentar el dolor de las víctimas, está haciendo entretenimiento. El periodismo consiste en señalar a los responsables y a quienes se lucran con la guerra

Parte del casi 40% de personas que evitan informarse en España, pero es un fenómeno global, no lo hace por indiferencia, sino porque se siente desbordada, frustrada, impotente y entristecida ante el aluvión de noticias dolorosas y complejas. Cuando explicamos el contexto y sus promotores mostramos cómo todo tiene una lógica y unas causas, lo que no significa que las legitimemos. Pero rompemos con el relato de la actualidad que a menudo presenta los hechos como fenómenos naturales imprevisibles. Cuando uno de los males de nuestra era es la incertidumbre —que da alas a la corriente reaccionaria y autoritaria—, el periodismo es uno de los mejores antídotos para sentar certidumbre y revincularnos con lo que ocurre en el mundo y en nuestro barrio.

Usted explica muy bien cómo el periodista debe acercarse a las víctimas de una atrocidad. ¿Ha pecado la profesión de insensibilidad en el pasado? ¿Somos ya conscientes de lo vulnerables que son esas fuentes?

No creo que, en general, los periodistas hayan sido insensibles con los supervivientes de graves violaciones de derechos humanos. La inmensa mayoría de quienes se dedicaban y nos dedicamos a cubrir crisis humanitarias y conflictos lo hacemos porque estamos convencidos de que el periodismo es nuestra forma de defender los derechos humanos y la necesidad de construir un mundo más justo y decente. Lo que sí creo es que es necesario que la ciudadanía sepa por qué las víctimas nos cuentan los crímenes a los que han sobrevivido y en los que han perdido a sus seres queridos. Cuando solo te rodea impunidad, prestar testimonio, poner palabras a lo que no lo tiene, es lo más parecido que van a vivir a un proceso de justicia, verdad y reparación. Y aunque sepan que es improbable, hay una última esperanza que nunca abandona al ser humano: que con su relato, alguien, en algún sitio, intente que se haga justicia.

Por eso es tan importante que la ciudadanía se siga informando, siga prestando atención a sus historias. Es una especie de pacto ético en el que al escucharles le está diciendo que sus vidas también son valiosas y también es una forma de darles el pésame por la pérdida de sus seres queridos. Es un reconocimiento de su dignidad. Mientras nos interpele, ocupe y duela la injusticia y el dolor de los ajenos, estaremos preservando nuestra propia humanidad.

Se habla de la irrelevancia o pérdida de crédito del periodismo hoy, pero al mismo tiempo cada vez más están en el punto de mira de los enemigos de las libertades —y en concreto de la libertad de prensa—. ¿Es la prueba de que el periodismo importa más de lo que nos quieren hacer creer?

La extrema derecha y los nacionalpopulistas dedican buena parte de su esfuerzo y presupuesto a desacreditar el periodismo. Donald Trump nos llama enemigos del pueblo, Orbán, Putin y Bukele han acabado con la libertad de prensa, Daniel Ortega no nos permite entrar en Nicaragua y Milei apoya campañas de acoso contra periodistas independientes como Julia Mengolini. Los líderes reaccionarios que quieren imponer regímenes autoritarios nos persiguen a los periodistas porque saben que somos un muro de protección de las democracias. Así que por supuesto que los medios de comunicación atraviesan una crisis de credibilidad, pero nunca se ha hecho tanto buen periodismo como ahora. El problema es que la maquinaria del odio disfraza de periodismo la desinformación. Y no solo los periodistas, sino toda la sociedad tenemos el deber de diferenciarlos si no queremos terminar viviendo en una autocracia como la rusa o como la que está intentando imponer Trump.

Francisco Rey Marcos lleva más de tres décadas vinculado a la acción humanitaria. Tras su paso por Cruz Roja y por numerosas ONG internacionales y organismos de Naciones Unidas, en el año 2000 fundó junto a Jesús Núñez el Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH), que ahora cumple 25 años. Desde allí, combina investigación aplicada al seguimiento de proyectos humanitarios o de construcción de la paz, formación y asistencia técnica para mejorar el trabajo de las ONG y las políticas públicas.

El IECAH publica cada año un informe junto a Médicos sin Fronteras sobre el estado de la acción humanitaria española e internacional. El último publicado, relativo a 2023-2024, analiza los casos de Sudán y Gaza como “muestra de la inacción internacional” ante crisis que ponen en riesgo a numerosas poblaciones. Los datos de estos dos años revelan “un escenario preocupante”, marcado por los conflictos, la emergencia climática, los desastres y las dinámicas económicas.

La conversación con elDiario.es Andalucía tiene lugar en el marco del Foro Demos 2025 de la Asociación Española de Fundaciones, celebrado esta semana en Sevilla bajo el lema Fronteras de la filantropía. Un encuentro que invita a reflexionar en un momento en que la guerra de Gaza y la crisis del sistema humanitario global reclaman respuestas urgentes.

Acaba de participar en una mesa redonda sobre Filantropía y conflictos bélicos. ¿Qué papel juega la filantropía en contextos como la masacre en Gaza?

Lo primero que habría que decir es que el propio término filantropía en España no se usa tanto como en otros países. En el ámbito de la cooperación o de la acción humanitaria usamos más términos como solidaridad. Si entendemos que la filantropía es una forma de financiación y de participación de la sociedad civil, no de los Estados, en los conflictos armados siempre ha sido importante. Alrededor del 17% de la financiación humanitaria proviene de fuentes privadas que podríamos considerar filantropía, pero lamentablemente eso ha ido a la baja: en 2023 hubo unos 8.400 millones de dólares de filantropía en el ámbito humanitario, mientras que en 2024 solo 7.000.

¿Por qué se ha reducido tanto en un año?

Las respuestas de la sociedad civil a los conflictos están muy influidas por los medios de comunicación y por el interés que cada crisis genera. Por ejemplo, la guerra de Ucrania generó en Europa, sobre todo en Estados Unidos, una subida de los fondos provenientes de ciudadanos individuales. Sin embargo, en 2024 se acabó el “efecto Ucrania” y no ha habido un “efecto Gaza”, por decirlo así. Los motivos para analizar eso creo que son bastante obvios en los países desarrollados.

¿Por qué la respuesta internacional ha sido tan diferente en el caso de Palestina comparado con el conflicto en Ucrania?

La respuesta humanitaria internacional siempre, lamentablemente, se deja llevar mucho por motivos políticos. Hay crisis que son sobrefinanciadas, mientras que hay otras crisis humanitarias subfinanciadas. Había también más interés político en sostener esa crisis. El flujo de refugiados ucranianos fue atendido sin ningún problema en cantidades muy grandes, mientras que cuando empiezan a llegar refugiados y refugiadas de otros países, la respuesta es menor.

En el caso de la filantropía, tanto los ciudadanos individuales como las grandes fundaciones son más reacios a responder ante un conflicto generado por una crisis política que ante un desastre. El caso típico puede ser Haití en el 2010, tras el desastre ocasionado por el terremoto, hubo una subida de fondos enorme que, sin embargo, no ha continuado cuando la crisis de Haití ha sido más por motivos políticos. Uno de los problemas de la financiación que proviene de la filantropía es que muchas veces no garantiza una cierta estabilidad y continuidad para los ámbitos humanitarios porque es muy selectiva y se deja llevar mucho por los temas mediáticos. Y algunas veces, como en el caso de Ucrania se baten récords, mientras que otras crisis son olvidadas, como el caso de Sudán del Sur o República Democrática del Congo.

La militarización de la ayuda en Gaza es de las cosas más aberrantes que hemos visto en el mundo humanitario en las últimas décadas

Usted ha trabajado en la financiación de la ayuda humanitaria. ¿Se está quedando corta la respuesta internacional frente al aumento de las crisis globales?

Casi el 80% de la financiación humanitaria internacional son los Estados y básicamente era Estados Unidos. En segundo lugar, están los donantes: Reino Unido, Alemania... Aunque hay compromisos desde hace muchos años para que la financiación humanitaria no se deje llevar por criterios políticos, no se ha conseguido. En nuestros informes tomamos siempre como indicador la respuesta a lo que la ONU denomina llamamientos coordinados. Es decir, cuando hay una crisis en un país, todas las agencias de la ONU hacen un llamamiento a la comunidad internacional. La media en los últimos años es de que los llamamientos de la ONU cubran algo más del 50 % de las necesidades. Es decir, queda un 48% sin cubrir. Sin embargo, vemos cómo el llamamiento de Ucrania se cumplió prácticamente en su totalidad, mientras que llamamientos para Siria, para Haití, República Centroafricana o Etiopía se cumplían solo al 30 %. Lamentablemente es así. Ahora, al hilo de los recortes de los Estados Unidos y de otros países, el vicesecretario general de Asuntos Humanitarios de la ONU ha propuesto el “reseteo humanitario”, precisamente para mejorar esto y que la asignación de recursos sea más en función de las necesidades humanitarias.

¿Y de qué manera las entidades de acción humanitaria pueden compensar esos desequilibrios, llegar donde no llegan los Estados?

Ahí entra la filantropía. Pero claro, hay organizaciones que tienen un gran porcentaje de fondos privados de sus socios, de sus socias o de empresas y pueden vivir de fondos propios y eso les concede una gran independencia. Pero hay pocas. El modelo más claro es Médicos sin Fronteras, que tiene básicamente su financiación cubierta por fondos propios y no recurre mucho a financiación pública. Incluso en algunos casos se negó a pedir financiación a la Unión Europea tras la crisis de refugiados y la política de la Unión Europea de cierre de fronteras. Hay otras organizaciones que tratan de aumentar sus fondos privados para mantener una mayor independencia, pero algunas no lo consiguen. Y eso condiciona mucho su capacidad de actuar en ciertos escenarios.

Ahora que menciona la importancia de la independencia, que es uno de los principios de la acción humanitaria. ¿Qué lectura hace de la forma en que Israel ha gestionado la ayuda humanitaria en Gaza?

Eso es un drama brutal desde el principio y se ha visto agravado con la creación de la Fundación Humanitaria por Gaza, que es una cosa verdaderamente perversa y tiene que ser absolutamente criticada por el sector humanitario. Militarizar la ayuda, ponerla en manos de operadores, que son mercenarios que no tienen ni idea, hacer que la población se juegue la vida para conseguir alimentos y cuando están esperando en la fila les disparan... Eso es de las cosas más aberrantes que hemos visto en el mundo humanitario en las últimas décadas. Pero ya antes, la imposibilidad de operar de la UNRWA, que era el organismo que se encargaba de todas esas cuestiones, es de las cosas más aberrantes que se ha producido por parte del Gobierno de Israel, pero también del Gobierno de los Estados Unidos porque eso no hubiera sido posible sin la aquiescencia, por no decir la complicidad, de los Estados Unidos. Ha sido dramático y está siendo usado todavía como un mecanismo para forzar a la población gazatí a huir a las zonas teóricamente humanitarias que no lo son, evidentemente, y jugándose la vida.

Hablar de genocidio no cierra el asunto, Israel comete crímenes de guerra

Uno de las funciones del instituto es la formación y la investigación. Desde esa perspectiva, ¿qué importancia tiene llamar a las cosas por su nombre? ¿Es importante hablar de genocidio?

Completamente. El tema ha ido evolucionando y ahora ya tenemos además la posición de una comisión de la ONU que dice que de las cinco condiciones que la Convención contra el Genocidio tiene en Israel se dan al menos cuatro. Es decir, yo creo que es evidente que se comete un genocidio, porque además algunos mandatarios israelíes lo han dicho claramente. ¿Por qué había gente que hace unos meses no hablaba tan claramente de genocidio? Porque parecía como que Israel no buscaba la desaparición de la población palestina, sino en control del terreno que se disputan. Pero yo creo que eso ahora no tiene ningún sentido y hay que hablar claramente de genocidio. Y junto a eso, es igual de importante ver que Israel, desde el inicio de la teórica respuesta al atentado terrorista de Hamás el 7 de octubre, cometió crímenes de guerra. No cumplió el Derecho Internacional Humanitario (DIH), no cumplió el principio de distinción, el de proporcionalidad... Entonces las atrocidades cometidas por Israel no se agotarían en el delito de genocidio, sino en la comisión de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.

¿Qué consecuencias deberían tener las violaciones sistemáticas del Derecho Internacional Humanitario que se están cometiendo?

Tienen que investigarse y juzgarse. Ambas cuestiones están siendo investigadas por diferentes tribunales: el delito de genocidio en la Corte Internacional de Justicia (que juzga a los Estados), mientras que de los crímenes de guerra se ocupa la Corte Penal Internacional, que juzga a personas y ha abierto ya una causa contra algunas. También está siendo muy positivo que algunos países, entre ellos España, estén abriendo investigaciones como la que comenzó la Fiscalía para por lo menos ir acumulando pruebas para, en su caso, poder juzgar estas atrocidades. E insisto, hablar de genocidio no cierra el asunto, se cometen crímenes de guerra y eso hay que juzgarlo en los tribunales penales internacionales.

La respuesta internacional a la crisis de Gaza ha sido muy tardía, muy escasa y poco eficaz

¿Cómo evalúa la respuesta de la comunidad internacional ante la crisis de Gaza?

Muy tardía y muy escasa. Hace algunos años se acuñó un eslogan de broma en las Naciones Unidas diciendo que se hace too little too late. Demasiado poco, demasiado tarde. En este caso yo creo que ni eso. Es decir, los Estados han reaccionado muy tarde. En el caso de la Unión Europea, por lo que nos atañe, es particularmente duro de reconocer. Y el hecho de que no se hayan iniciado medidas de sanciones económicas con fuerza, de sanciones políticas, de retirada de organismos internacionales... creo que es una vergüenza para la comunidad internacional. Afortunadamente, ahora, cuando se ha ido acercando la Asamblea General de la ONU de la semana pasada, y ante la absoluta claridad de la comisión de genocidio y de crímenes de guerra, pues algunos Estados han aprovechado para reconocer al Estado palestino y eso. Pero la respuesta internacional a esta crisis ha sido muy tardía, muy escasa y poco eficaz.

¿Por qué motivos?

Siendo justo, yo creo que muchos suponían que tras los primeros ataques de Israel como represalia por el ataque terrorista de Hamás, Netanyahu lo consideraría suficiente. Pero como nadie le puso freno a eso, ha seguido pisando el acelerador. Y como ha contado con el apoyo de los Estados Unidos, pues ha seguido adelante. Y está aprovechando para lo que en el lenguaje nazi –es duro decir esto– sería la solución final.

¿Qué le parece el plan presentado por Trump para la paz en Gaza?

Yo creo que es absolutamente insuficiente y como decía Olga Rodríguez en esta casa, es una posición neocolonial, con elementos absurdos, como poner a Tony Blair posiblemente a la cabeza. Me sorprende que el gobierno español y otros gobiernos hayan sido tan optimistas con esa posición que creo que no es suficiente. Recurre a un lenguaje muy almibarado que parece como si trataran de justificar retóricamente muchas cosas, pero creo que tiene muy poca credibilidad. Y la prueba es que el propio Netanyahu a los dos minutos dijo que no reconocería un Estado Palestino. Y desde el punto de vista humanitario, tampoco garantiza nada.

La acción humanitaria no es solo no es solo salvar vidas, sino también proteger la dignidad de las personas afectadas

El instituto ha advertido de que el sistema humanitario global “atraviesa un momento de crisis”. ¿Cuáles son las principales amenazas a las que se enfrenta hoy?

El sistema humanitario fue concebido como motor del sistema internacional, con una mentalidad muy Norte-Sur, muy basada también en ciertos organismos de la ONU, muy dependientes de la financiación de los Estados, pero sobre todo con una lógica, hay que reconocerlo, un poco colonial y muy de donante a receptor. Desde 2016 se habla de que la respuesta humanitaria tiene que ser lo más local posible y basada en los recursos locales. Pero eso ha avanzado muy, muy poco. Si a eso unimos la propia crisis de financiación acelerada por los recortes de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y de otros donantes, pues ese sistema entra en crisis. Y también porque el sistema creció sin una organización y una coordinación suficiente, es decir, hay algunas agencias dentro de la ONU cuyos mandatos a veces se solapan.

Entonces, el sistema así constituido tiene dos críticas que se le podrían hacer, y que nosotros hemos hecho desde hace años ya. Por una parte, una crisis de legitimidad, de no ser un sistema suficientemente representativo de las sensibilidades de los países del sur y estar basado en una lógica muy asistencial. Y dos, ser ineficaz, ser ineficiente, no usar los recursos de un modo adecuado. Si a eso sumamos las posiciones del gobierno de los Estados Unidos de Trump contra todo el multilateralismo y todo el sistema internacional, no ya el humanitario, pues tenemos una crisis muy, muy grave.

¿Qué le preocupa más del futuro de la acción humanitaria… y qué le da esperanza?

Un tema que preocupa es que la acción humanitaria no es solo prestar asistencia, no es solo salvar vidas, sino también proteger la dignidad de las personas afectadas. También tiene una dimensión de protección de los derechos humanos y una dimensión testimonial de contar lo que se ve. Lo que estamos viendo en el último tiempo ante los recortes económicos es que muchas agencias han vuelto a focalizarse en las actividades de salvar vidas, el más puro asistencialismo, dejando en muy segundo lugar las tareas de protección. Y eso es un error y es un retroceso en el ámbito humanitario.

Muchas veces algunas organizaciones humanitarias con una visión muy estricta de la neutralidad deciden no denunciar ese tipo de violación de derechos. En el caso de Gaza, las violaciones han sido de una magnitud tal que una gran parte de las organizaciones humanitarias, tanto las ONG como de las Naciones Unidas, ha hablado de genocidio, ha hablado de crímenes de guerra desde el principio. Es decir, esa dimensión testimonial en crisis como la de Gaza ha tomado muchísima fuerza porque se necesita. O sea, no puedes estar solo dando asistencia mientras el otro sigue bombardeando.

Sobre todo, cuando la acción humanitaria también ha sido una de las afectadas por la intervención de Israel.

Claro, hay muchísimos muertos de trabajadores humanitarios. Pero bueno, lo que da esperanza es que haya Estados que mantengan sus compromisos. Ahí España está portándose decentemente en sus compromisos financieros. La Oficina Humanitaria de la Comisión Europea también está manteniendo el tipo con su financiación. Y ya lo que queda es que la sociedad civil sea consciente de la necesidad de apoyar y financiar la acción humanitaria independiente a través de las ONG. Y que algunas de las medidas de lo que se han incluido en el llamado reset humanitario vayan llevándose a cabo: agrupar oficinas de varias agencias, conceder más participación para los países del sur, más apoyo a la localización, más apoyo a las entidades locales, todo ese tipo de de cosas.

En lo que respecta al papel de la ciudadanía, ¿percibe que la sociedad española está sensibilizada con estos temas o falta aún educación y cultura humanitaria?

En el caso español es un poco subjetivo decir esto, pero creo que sí que ha aumentado la sensibilidad con el tema palestino muy, muy rápidamente. Pero eso no ha llevado a dar más financiación humanitaria. Creo que en el caso de la crisis palestina, muchos ayuntamientos, comunidades autónomas y el propio Gobierno aumentó desde el principio la financiación a la UNRWA o a organizaciones con presencia en Palestina. La opinión pública creo que no tanto, pero no tenemos datos cerrados todavía del año 2024. En el informe próximo lo publicaremos. En España siempre decimos que somos un país solidario. No me opongo a eso, pero me parece que es un poco gratuito, porque no se traduce en la cantidad de financiación que reciben las ONG.

Un vecino de la localidad albaceteña de Villapalacios ha muerto abatido por un dron ruso en el conflicto de la Guerra de Ucrania. Así lo adelantaba El Digital de Albacete, que daba a conocer la noticia de que Juan Luis Amador Matías, militar de 38 años, había fallecido el pasado 20 de septiembre mientras “cumplía su labor militar defendiendo al pueblo ucraniano y auxiliando heridos en el frente de batalla”.

El teniente alcalde de Villapalacios, José Luis García Algaba, ha expresado que “era un chaval muy querido por todo el mundo, siempre pendiente de su familia y de su hija”. Juan Luis Amador trabajaba como militar en las Fuerzas Armadas, sin embargo, cuando se le acabó el contrato y “gracias a la mediación de unos amigos se enroló en octubre de 2024 en el ejército ucraniano con un contrato de trabajo”. “Este contrato le finalizó hace muy poco y lo renovó”, destaca García Algaba a elDiario.es Castilla-La Mancha. Hacía tan solo unos días, “sobre el 10 de septiembre había vuelto a Villapalacios para ver a sus familiares, antes de las fiestas, y luego regresó a Ucrania”.

El municipio albaceteño trabaja en su repatriación

El teniente alcalde de Villapalacios ha confirmado a Europa Press que el Ayuntamiento está trabajando “lo más rápido posible” y han puesto “todo su empeño” para repatriar el cuerpo del militar.

“Estamos trabajando todos los que podemos para que Juan Luis vuelva con nosotros y esté con sus seres queridos”, ha comentado García, notablemente afectado por la noticia del fallecimiento del voluntario, que “ha caído en el pueblo como un jarro de agua fría”. Según ha detallado el Consistorio, una vez el cuerpo regrese a Villapalacios el Ayuntamiento plantea organizar un homenaje, pero de momento, se enfrentan a las dificultades técnicas y burocráticas de la repatriación.

“Estamos en contacto con las embajadas desde el primer momento, pero hay una larga cola de espera para las repatriaciones y el proceso es muy complejo. Esto nos viene de sopetón y no tenemos experiencia”, ha explicado García.

Mientras, fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores han confirmado a Europa Press que la embajada de España en Kiev está en contacto con las autoridades ucranianas para recabar toda la información y confirmación de los hechos y, en su caso, prestar la asistencia consular necesaria a sus familiares.

Con motivo del Día de las Personas Cooperantes que tiene lugar este lunes 8 de septiembre, la Coordinadora de ONGD de Castilla-La Mancha ha denunciado que la celebración de este año se enmarca en un contexto muy difícil para las personas cooperantes.

Así lo ha trasladado Fernando Gutiérrez, presidente de la entidad, durante una rueda de prensa que ha ofrecido este lunes junto al cooperante Manuel Lorenzo y la viceconsejera de Bienestar Social, Guadalupe Martín.

Gutiérrez ha denunciado el elevado número de conflictos abiertos en la actualidad, “el mayor desde la Segunda Guerra Mundial”, que se suma a las cifras de trabajadores humanitarios muertos sobre el terreno. Hasta mediados del pasado mes de agosto, se han contabilizado 265 muertes de cooperantes en zonas de conflicto, 173 solamente en Palestina. Ya en 2024 se alcanzó la cifra récord de 383 trabajadores humanitarios asesinados. “Es un contexto muy difícil para desarrollar el trabajo de cooperante”, lamenta el presidente de la Coordinadora de ONGD regional.

En 2025 llevamos 265 muertes de cooperantes que estaban trabajando sobre el terreno, 173 solamente en Palestina

A esa situación también se suman las limitaciones que sufren las ONG a la hora de desarrollar su labor. “Muchos países que no están en conflicto están aprobando normativas que restringen nuestro trabajo en el terreno”, denuncia Gutiérrez. Y pone como ejemplo la Ley de agentes extranjeros aprobada recientemente en El Salvador, que amplía las facultades del presidente, Nayib Bukele, para controlar, estigmatizar y sancionar a las organizaciones de derechos humanos y medios de comunicación independientes que reciben apoyo internacional, considerándolas como “agentes extranjeros”.

El presidente también ha destacado que, dentro de un contexto global de recorte de los fondos para la solidaridad, en España ha habido cierto avance, llegando al 0,25% del PIB destinado a cooperación. “Pero estamos lejos de lo que establece la Ley estatal de Cooperación, que se marca el objetivo del 0,7% del PIB en 2030. En un contexto internacional muy difícil es necesario incrementar los fondos de cooperación”.

“El día a día del trabajo en cooperación no es sencillo”

A las denuncias por el empeoramiento de las condiciones de los trabajadores humanitarios se ha sumado Manuel Lorenzo, cooperante con 18 años de experiencia sobre el terreno.

“El día a día del trabajo en cooperación no es sencillo” ha afirmado. “A veces, los países donde trabajamos no nos lo ponen fácil”.

Y ha querido desmitificar la figura del cooperante: “No somos héroes. Un cooperante es una persona que dedica su tiempo y su trabajo. Somos profesionales, pero tampoco tenemos la legitimidad para decir a los demás, en los países donde trabajamos, cómo tienen que hacer las cosas. Los procesos de desarrollo tienen que llevarse a cabo por las propias sociedades en las que estamos. Nuestra labor es de acompañamiento”.

Lorenzo ha terminado su intervención lanzando una reflexión para no dar por sentados los derechos que disfrutamos como sociedad en España: “Una persona de una asociación marroquí de Derechos Humanos me comentaba que ellos tenían que luchar y conseguir sus derechos, pero nosotros, en Europa, en España, lo que tenemos que hacer es preservar los vuestros”.

Una herramienta para contabilizar cuántas personas de la región son cooperantes

Por su parte, la viceconsejera de Bienestar Social, Guadalupe Martín, ha anunciado que el Gobierno de Castilla-La Mancha se plantea elaborar una herramienta que permita conocer cuántas personas de la región se encuentran trabajando en proyectos y conflictos internacionales.

Dentro de los trabajos iniciados para adaptar la ley regional de cooperación a la nueva norma estatal que se aprobó el año pasado, se podría encuadrar “un mecanismo para poder tener una información más cierta” sobre el número real de cooperantes castellanomanchegos.

“Reconocerles en este día su trabajo, es de justicia también que nosotros seamos capaces de trasladar esa sensación de orgullo de Castilla-La Mancha, de personas que están trabajando en países lejanos, en circunstancias muy variopintas”, ha afirmado Martín.

Según los datos de la Agencia Española de Cooperación, de las 2.700 personas trabajando como cooperantes de España el año pasado, había 119 personas de Castilla-La Mancha trabajando en proyectos en diferentes países. Este mismo lunes, está previsto que la agencia actualice esta cifra en relación a este año.

Además de esta herramienta, Martín ha aludido al programa voluntariado juvenil en cooperación --lo que era el antigua programa de jóvenes cooperantes en la región-- para trasladar que el Gobierno regional sigue avanzando en ello.

La prolongada disputa fronteriza entre Tailandia y Camboya se intensificó de manera dramática este jueves, cuando Tailandia lanzó ataques aéreos contra objetivos militares en Camboya acusando al país vecino de un ataque con artillería y cohetes. En los enfrentamientos murieron al menos 11 civiles tailandeses, entre ellos un soldado y un niño de ocho años. Aún no se sabe si hay víctimas por el lado de Camboya. Los dos países se acusan mutuamente de haber abierto fuego primero.

Continúan todavía los enfrentamientos este domingo por cuarto día consecutivo, a pesar de las peticiones de diálogo internacional. El último mandatario en pronunciarse al respecto ha sido el presidente de EEUU, Donald Trump, que aseguró este sábado que había mantenido llamadas con los líderes de los dos países asiáticos con el fin de que alcanzaran un acuerdo. Ya hay miles de desplazados y decenas de muertos en los últimos días.

¿En qué consiste la disputa?

La disputa entre Tailandia y Camboya tiene más de un siglo de antigüedad, desde que Francia, la potencia ocupante de Camboya hasta 1953, trazó por primera vez la línea de la frontera terrestre. La disputa implica a más de 817 kilómetros de frontera y ha estallado una y otra vez a lo largo de los años avivada por sentimientos nacionalistas.

El episodio más reciente comenzó en mayo, con un breve intercambio de disparos entre las tropas de los dos países que provocó la muerte de un soldado camboyano. A continuación, los dos gobiernos tomaron represalias. Tailandia impuso restricciones fronterizas con Camboya, y Camboya redujo el ancho de banda de Internet procedente de Tailandia, además de prohibir la importación de fruta y verdura tailandesa y la emisión de películas tailandesas, entre otras medidas.

Las tensiones se intensificaron este miércoles, cuando cinco militares tailandeses de patrulla en la zona fronteriza sufrieron heridas por minas terrestres. Las autoridades tailandesas dijeron que las minas eran de reciente colocación, cerraron los pasos nororientales de la frontera con Camboya, retiraron a su embajador y expulsaron al embajador camboyano en señal de protesta. Camboya, que niega haber colocado nuevas minas terrestres, comunicó que reducía al mínimo sus relaciones diplomáticas con Tailandia y que retiraba a todo el personal camboyano de la embajada en Bangkok.

¿Cuál es la situación política en los dos países y cómo puede afectarles el conflicto?

Camboya es en los hechos un Estado de un solo partido. El autoritario líder Hun Sen gobernó el país durante casi cuatro décadas antes de cederle el poder a Hun Manet, su hijo, en 2023. Hun Sen, que ahora preside el Senado, sigue teniendo un poder enorme sobre el país.

Según Matt Wheeler, analista superior en el centro de estudios International Crisis Group, es posible que Hun Sen esté tratando de reforzar la posición de su hijo avivando los sentimientos nacionalistas. En su opinión, Hun Manet “gobierna a la sombra de su padre y carece de una base de poder propia”. Para otros, la disputa puede ser una maniobra de distracción para no hablar de los desafíos económicos. A partir del 1 de agosto, tanto Camboya como Tailandia enfrentan la posibilidad de un arancel del 36% para vender sus productos en Estados Unidos.

Tailandia se encuentra sumida en un período de inestabilidad política. El 1 de julio el Tribunal Constitucional suspendió de sus funciones a la primera ministra, Paetongtarn Shinawatra. El Pheu Thai, su partido político, ha sido acusado de no actuar con la rapidez necesaria en la disputa fronteriza. Hija del influyente exlíder Thaksin Shinawatra, Paetongtarn fue duramente criticada después de que saliera a la luz una grabación en la que hablaba con Hun Sen sobre la crisis fronteriza. En la grabación se oía a Paetongtarn Shinawatra llamar “tío” a Hun Sen y decirle que si había algo que Hun Sen necesitara, ella “se encargaría”.

Shinawatra también hizo comentarios despectivos sobre un alto mando del ejercito tailandés, desautorizando a una institución de mucho poder en Tailandia que a menudo interviene en la vida política del país. La grabación de la llamada fue especialmente perjudicial para Shinawatra: se sabe que Hun Sen es un viejo amigo de la familia y sus críticos la acusan de anteponer las relaciones personales a los intereses del país.

Según Tita Sanglee, investigadora asociada del centro de estudios ISEAS-Yusof Ishak Institute, el Pheu Thai se encuentra “en una situación muy frágil en este momento”. “No tienen más remedio que aceptar lo que decida el ejército”, dijo. En su opinión, el gobierno puede pensar que una postura más firme le permitirá recuperar el apoyo de la opinión pública.

¿Cómo se podría resolver la crisis?

Camboya ya ha solicitado en otras ocasiones que la Corte Internacional de Justicia resuelva la disputa fronteriza. Pero no parece probable que eso lleve a ninguna solución porque Tailandia no acepta la jurisdicción del tribunal.

Desde su cargo como presidente de la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental [ASEAN, por sus siglas en inglés], el primer ministro malayo Anwar Ibrahim ha pedido a Tailandia y a Camboya que “den un paso atrás”. Pero Sanglee no cree que la ASEAN, conocida por su política de no injerencia, sea capaz de mediar o esté dispuesta a ello. “China es el único mediador externo viable porque tiene influencia directa sobre Camboya y también sobre Tailandia”, dijo.

Aunque China tiene fuertes lazos económicos con los dos países, se considera más alineada con Camboya que con Tailandia. Esto puede crear malestar entre las autoridades de Bangkok. Según Sanglee, a los países vecinos, preocupados por la supremacía china en la región, también les puede resultar incómodo que Pekín desempeñe ese papel.

Phumtham Wechayachai, que ejerce como primer ministro interino de Tailandia durante la suspensión en funciones de Paetongtarn Shinawatra, dijo el jueves que los combates debían cesar antes de ninguna negociación. La guerra no ha sido declarada y el conflicto no se está extendiendo a otras provincias, añadió.

Acusando a Tailandia de “agresión militar no provocada”, Hun Manet ha solicitado al Consejo de Seguridad de la ONU que convoque una reunión urgente para debatir la crisis.

Traducción de Francisco de Zárate.

Harsha Walia es una escritora canadiense conocida por su activismo en derechos de los migrantes. Nacida en el micro-Estado de Baréin, en el Golfo Pérsico, es de familia india y reside en Vancouver. Su última obra publicada, Frontera y Ley (Raig Verd/Rayo Verde, 2022) ahonda en las crisis de refugiados, el control de fronteras, la criminalización de los desplazados y, al mismo tiempo, el papel de los grandes capitales a la hora de aprovecharse de ello.

Formada en Derecho y en el activismo en ayuda a las mujeres de uno de los barrios más pobres de Vancouver, Downtown Eastside, ha participado en movimientos antirracistas, feministas, de solidaridad indígena, anticapitalistas y a favor de los derechos de los migrantes. Coimpulsora de la red No one is illegal, en 2020 fue nombrada directora de la Asociación de Libertades Civiles de Columbia y ganadora del premio Hillman de Canadá en Democracia y Justicia Social.

El libro advierte que la crisis migratoria que existe es una “crisis de desplazamiento”, no tanto una “crisis fronteriza”. ¿A qué se refiere con este término?

Los migrantes son una crisis porque los estados, los gobiernos, son quienes la han creado. Para Europa y Estados Unidos, por ejemplo, los migrantes son la excusa para fortalecer las fronteras y crear una política fronteriza más dura. Las razones por las que hay que utilizar el concepto de “crisis de desplazamiento” son tres, principalmente. En primer lugar, la realidad es que la mayoría de los migrantes no se pueden mover por el mundo de manera libre. Otro de los motivos es que el desplazamiento coloca a la crisis donde comienza, no donde acaba: una persona se convierte en migrante debido a una crisis. En el caso de Palestina es la guerra, pero también hay motivos económicos como en Tailandia, o la vertiente climática, como ocurre en Bangladés, por ejemplo.

Por lo tanto, esto hace pensar que no se convierten en migrantes porque sí, sino que el desplazamiento es el que los hace migrantes. La causa está en el origen. Por último, destaco que hay un apartheid global, con una motivación común que recae en el color de piel, en el nivel económico y en los orígenes. Con estas variantes, el resto de gente que cumpla todos estos requisitos se puede mover por el mundo libremente. Se podría decir que, en realidad, las crisis de desplazamiento no va sobre movimientos, sino sobre poder.

Cada vez más gobiernos rechazan públicamente a los inmigrantes, pero al mismo tiempo los sectores económicos de sus países requieren de su mano de obra. ¿Cómo coexisten estas dos realidades a la vez?

Sé que parece contradictorio, pero en realidad no lo es. Una cosa alimenta a la otra. El racismo provoca que los migrantes sean precarios, y esto lo impulsan todos los partidos políticos, pero en especial la extrema derecha. El objetivo, a veces, no es tanto la expulsión absoluta de los migrantes, sino crear la condición de una precariedad social y laboral para que puedan ser explotados a su antojo. Asimismo, los migrantes trabajadores conforman la underclass, una clase pobre situada por debajo de la clase baja, y que se ha formado y construido a través de un racismo contra ellos.

El objetivo a veces no es tanto la expulsión absoluta de los migrantes, sino crear la condición de una precariedad social y laboral para que puedan ser explotados a su antojo.

¿Por qué cree que triunfan los discursos de extrema derecha que se oponen no solo a la inmigración, sino que directamente exigen deportaciones masivas?

Eso ocurre, principalmente, por tres razones. La primera es la más simple: es verdaderamente sencillo culpar a los migrantes de la crisis capitalista global que nos afecta a todos, achacando que estas personas que aterrizan desde otro país se quedan con nuestros trabajos, que pagamos su educación, que ocupan la sanidad, las escuelas… Es dibujar su figura como si nos quitaran nuestros derechos, cuando no es así. Relacionado con esto, el otro motivo es que mucha gente se aferra a esta visión del mundo, se la cree y la interioriza, y aquí se demuestra que el racismo está en todas partes, no es muy complicado que cale, y especialmente ahora hay un auge en el rechazo a los musulmanes.

Estos discursos triunfan debido a que el objetivo no es la deportación de los migrantes sino la creación de esta underclass, de la clase inferior a la baja. Esta clase social lo que provoca es que la sociedad no les vea como víctimas de la crisis del capitalismo global ni como parte de la clase obrera, sino como causantes de esta crisis, de ahí nace el racismo y los discursos que ponen la responsabilidad en los migrantes.

Hablando de capitalismo, el gobierno de Estados Unidos es racista y antisemita, sin embargo, Trump es aliado de Netanyahu y ambos denuncian «el problema musulmán», como apunta en el libro. ¿Cree que la emigración se está convirtiendo en el gran enemigo común que quieren promover los gobiernos para afianzarse?

Absolutamente. Es verdad que la extrema derecha tiene muchas diferencias entre sí con los diferentes partidos políticos alrededor del mundo, pero todos tienen dos cosas en común y trabajan bajo estos dos ejes: un racismo anti-migrante y un racismo anti-musulmán. La relación entre el Gobierno de Trump y el de Netanyahu no me parece contradictorio del todo, comparten la expulsión de otros espacios, posturas y creencias dentro de su país, solo quieren tener un grupo de personas viviendo en él.

De hecho, la gran mayoría de sionistas de Estados Unidos son sionistas cristianos, y son el lobby más grande del país, que piden a su misma vez la expulsión de los judíos de su país, es contradictorio.

En el libro también se habla sobre el impulso por parte de las élites progresistas de los países de Europa del proyecto 'refugees welcome'. Afirma que esta postura deja a los migrantes como “sujetos miserables” y a la población blanca como «árbitros de la migración». ¿A qué se refiere?

Es curioso porque este libro se escribió cuando Canadá y la Unión Europea crearon esta política, y es interesante cómo en este poco tiempo ha evolucionado el proyecto y ahora podemos ver las nefastas consecuencias de él. Este progresismo blanco se desarrolla bajo la caridad de recibir a algunos migrantes, y con un relato que los deja como algo positivo para la economía, algo útil, para que esta acogida fuera conveniente. Se deja de lado el derecho fundamental del migrante a existir: si no aportas a nivel económico, no puedes ser acogido. Es por eso que el relato de la extrema derecha tiene éxito. Hasta en los discursos del lado progresista europeo no se introduce la idea de que todos somos iguales y todos tenemos derecho a vivir, sino que solo algunos pueden hacerlo si dan algo a cambio, que es en el fondo el relato que sostiene la ultraderecha.

Al fin y al cabo, la élite progresista europea no incluye nunca un marco anticapitalista de la migración. Y es importante porque los migrantes han sido víctimas, y a costa de ellos se ha construido una Europa basada en la explotación y colonización de los países de donde emigran estas personas, anteponiendo que tienen más derecho a existir —por pertenecer a la UE— que cualquier otro país arrasado por los que tienen el poder.

En España lo hemos vivido estos días episodios de disturbios con con cacerías xenófobas a inmigrantes. ¿Cree que estos fenómenos irán a más?

Creo que todo lo que estamos viviendo en muchas partes del mundo y ahora en España, son señales que apuntan hacia una escalada de la ultraderecha. Hay una divulgación y difusión de un racismo hacia los migrantes que también se hace desde el poder, porque esta extrema derecha cada vez conquista más esferas poderosas y tiene más posibilidades de expandir su discurso racista. Las personas migran por desigualdades, por un sistema capitalista que no les beneficia, pero, como he comentado antes, no son vistas como víctimas, sino como culpables de estas desigualdades. Solo se pone el foco en que vienen, no el porqué lo hacen. Así hay carta blanca para poder desplazarlos, explotarlos y hacer de todo contra ellos.

Es muy importante crear un análisis y prácticas de la raza, la clase y la ciudadanía, porque la extrema derecha está capitaneando esta división, y va todo junto, no son cosas separadas. Los migrantes son ahora mismo la principal clase explotada, que el capitalismo y la extrema derecha está explotando, y además es que es algo cíclico: el que es expulsado de un sitio será mucho más explotable en otro, con una renuncia implícita de sus derechos.

También es relevante destacar que esta extrema derecha crecerá más porque cada vez tiene más apoyo y financiación. La violencia se blanquea, y en el caso de las fronteras, por ejemplo, Trump tiene políticas de expulsión, pero también financia a México. Le está pagando mucho dinero para que proteja esa frontera y, ahora mismo se ha convertido en un aliado en el control de esta división fundada por el estado americano. El racismo no es natural, a la gente se le enseña a ser racista y además, estas políticas que existen alrededor también lo son, por lo que aprendes a serlo.

En Canadá, de donde es usted, ¿han detectado más llegadas de emigrantes de Estados Unidos?

En Canadá puede parecer que haya una política progresista, pero hace 25 años que funciona una cosa que ahora se ha instalado en Europa. Ahora en la UE si tú como migrante vas a un país europeo y te expulsan, y buscas asilo en otro, ya no puedes, perteneces al primer país donde te has hospedado, y tienes las puertas cerradas en toda la Unión. Y así funciona Canadá desde hace más de dos décadas, bajo la política del Acuerdo del Tercer País Seguro junto a Estados Unidos, donde si una persona residente del país americano busca refugio en Canadá, se le denegará. El solicitante solo puede tener asilo al primer país que llegue. Pero esta política también incluye no solo el refugio de los migrantes, sino también si has vivido en Estados Unidos, ya no puedes hacerlo en Canadá.

En el primer año en que se implementó esta política, el número de migrantes en Canadá descendió en un 45%. Para ver la dimensión de esta política, cuando volvió a reanudarse la guerra en Palestina con las migraciones masivas a otros países, en Canadá el número de refugiados palestinos fue cero.

Si algo deja claro 'Frontera y ley' es que la migración está globalizada debido a la acumulación de guerras en todo el mundo. ¿Qué responsabilidad atribuye a los países del Norte Global?

Esta ignorancia viene dada por los intereses de la Unión Europea y por esta inversión en la industria del armamento militar, que es una de las más poderosas que hay en el mundo y que abastece a países como Palestina y Sudán, pero sobre todo a las fronteras, como las de Libia, La República Democrática del Congo o Ruanda. Hay que saber hacia dónde va ese dinero para entender los conflictos que existen en el mundo y cuáles se están alimentando. Aquí se ven claramente los intereses de la UE y cómo contribuye a mantener dictaduras, como el caso de Turquía. Todo se entiende al seguir los destinos de la financiación europea hacia ciertos países y fronteras, porque en realidad es la herencia del imperio colonialista de estos países.

Adnan Herzallah tiene 29 años y es un médico de Gaza al que la vida le ha dado un vuelco. Se formó en Venezuela y en 2022 regresó a Palestina para hacer prácticas y ayudar a la población que sufre los daños de la guerra con Israel. Hace más de un año que la invasión le obligó a huir y, gracias a su visado de estudiante, pudo cruzar Egipto y viajar hasta Barcelona en busca de una nueva vida como refugiado.

“Logré salir de Gaza seis meses después de que comenzara guerra, pero mi mente sigue con mi familia. Como no hay Internet ni señal, no sé si están vivos o muertos”, lamenta Herzallah.

Desde octubre del año pasado tiene asilo en Barcelona, pero ha sido una ardua batalla que ha durado ocho meses hasta que consiguió una cita para tramitar su petición. Cuando llegó al Aeropuerto de Barcelona, quiso realizar la solicitud de protección internacional (que otorga asilo y refugio), y se la negaron pese a que su visado estaba vigente. “Ni el Estado, ni las asociaciones, ni las organizaciones me ayudaron”, explica Herzallah.

El joven médico se encontró ante un callejón sin salida: las entidades y ONG a las que acudió alegaron que su caso no era “de emergencia”, mientras que el procedimiento oficial para realizar la solicitud se encuentra en un colapso permanente. “Que te atiendan es más bien un milagro”, recuerda este joven.

Herzallah buscó un hostal para hospedarse, vivió en la calle un par de días y hasta una mujer le ofreció un techo en el que cobijarse durante sus intentos por pedir cita para tramitar la solicitud. Finalmente, la comunidad palestina de Barcelona le tendió una mano para solucionar su situación.

En 2024 y, según los datos de la Comisión Catalana de Acción por el Refugio (CCAR), Catalunya recibió un total de 17.448 solicitudes de protección internacional, la mayor parte realizadas en Barcelona, en concreto un total de 12.745. La segunda provincia fue Girona, con 2.697 solicitudes, seguida de Lleida con 1.240 y, por último, Tarragona, con 806.

“Hay un colapso del sistema, no podemos tener datos reales de todos los refugiados que quieren acceder a esta solicitud porque tienen grandes dificultades para tramitarla”, destaca una de las coordinadoras de la CCAR, Dilara Ekmen, en la presentación del informe anual sobre la situación de los refugiados en Catalunya.

Entre las propuestas de la CCAR para descongestionar el sistema figura la renovación de un marco normativo que gestione e integre la protección internacional. “Desde 2014 no hay ningún cambio en el marco, el que hay ya está obsoleto y la realidad de Catalunya ha cambiado”, insiste Maya. También proponen cambiar los consensos para tumbar los discursos de odio que existen alrededor de las migraciones y los refugios, que insisten en que hoy en día se ven desde un “marco criminalizador”.

Las vías irregulares de acceso

Ekmen asegura que hay una obstaculización a los refugiados a “nivel interno” con las solicitudes, pero también a “nivel externo” en cuestiones de frontera. Miles de refugiados llegan a España mediante “vías irregulares de acceso”, como el caso de Aboubacar Drame, que lo hizo mediante la ruta canaria.

Aboubacar es un chico de 19 años procedente de Mali, un país de África occidental que lleva más de una década en conflicto armado. Pasó de vivir con su abuelo en Djenné para luego irse a Bamako, la capital del país, por seguridad. A los doce años se huyó de su país por la guerra y se marchó a Argelia y después a Marruecos, donde residió tres años siendo un sin techo. Llegó en patera a Canarias cuando tenía 17 años y sin su familia, a la que hace siete que no la ve. En Las Palmas vivió en un centro de menores y pudo aprender español y formarse en albañilería.

Ahora hace dos años que vive en Barcelona como un joven tutelado, y cursa unos estudios de jardinería a la par que aprende catalán. “Cuando llegué todo era muy complicado, me pondría a llorar si cuento todo lo que he pasado, tengo una vida llena de cicatrices”, confiesa el joven maliense.

“Tenemos muchas personas que quieren hacer la solicitud y tienen necesidad de refugio, porque tampoco pueden acceder a derechos como la sanidad, la educación o el trabajo”, destaca Elena Maya, otra de las coordinadoras de la CCAR.

En el caso de Herzallah, todavía sigue esperando la homologación del título de Medicina. “No he obtenido ninguna respuesta, pero tampoco tengo expectativas, estoy a la espera de ver qué otros trabajos me salen”, concluye.

Según la CCAR, en 2024 hubo 123 millones de personas desplazadas en todo el mundo, es decir, 1 de cada 67 personas es un refugiado. Esto se debe a que, pese a la poca atención mediática, hay miles de conflictos en distintos países, como Burkina Faso o Sudán, y muchas personas se ven obligadas a abandonar sus hogares.

La situación de los refugiados es una de las más complicadas de vivir y, como afirma Aboubacar, “hay que parar las guerras del mundo porque todos nosotros necesitamos una vida sana, con más tranquilidad”.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha confirmado este miércoles la llegada de bombarderos y aviones cisterna en el marco del refuerzo militar de la Administración Trump por el conflicto entre Israel e Irán, pero ha asegurado que Estados Unidos usa las bases con arreglo a los acuerdos bilaterales y los tratados.

“En este momento sí que es verdad que Estados Unidos está utilizando las bases, pero siempre dentro de los límites del acuerdo que tenemos entre los dos países y con arreglo a los tratados”, ha dicho Robles en declaraciones a los medios en el pasillo del Congreso, aunque no ha entrado en más detalles.

Datos recabados por la BBC muestran que al menos 30 bombarderos y aviones cisterna para reabastecer aviones de combate han hecho escala en bases aéreas estadounidenses en España, Escocia e Inglaterra, mientras Trump ha advertido a Irán de que la paciencia de Estados Unidos “se está agotando”, en plenos enfrentamientos entre Teherán y el Estado hebreo.

La ministra ha querido trasladar la “preocupación” del Gobierno ante el deterioro de la situación y ha pedido que la situación se “reconduzca” y ambas partes puedan alcanzar “pronto” un acuerdo de paz.

Nadia Murad (Kocho, Irak, 1993) tiene una historia, pero no es esa historia. Lo deja claro mientras desgrana el relato de lo que le sucedió a ella y a otros miles de personas víctimas del genocidio yazidí por parte del Estado Islámico: abandono de la comunidad internacional, secuestros, asesinatos, violaciones, esclavitud, exterminio. Si es difícil escuchar su relato, ¿cómo será pronunciarlo? Murad, que consiguió escapar del secuestro del ISIS, se ha convertido en una de las voces más relevantes contra la violencia sexual como arma de guerra y su labor le valió el Premio Nobel de la Paz en 2018. La activista, amenazada por el ISIS y a la que acompaña un fuerte dispositivo de seguridad, ha estado en Madrid para participar en el ciclo 'Mujeres por la paz', organizado por La Casa Encendida y la Asociación Mujeres de Guatemala desde hace ya once años.

“Hay millones de mujeres en el mundo víctimas de violencia sexual como arma de guerra que tienen su voz silenciada. Muchas son silenciadas con vergüenza y estigma y tenemos que trabajar en eso, cambiarlo, dejar de culparlas por lo que han sufrido. Muchas quieren compartir su historia, pero hay consecuencias, sobre todo en países en los que el conflicto sigue de alguna manera”, asegura Murad, que pide comprensión y apoyo para las que no pueden o no quieren compartir su testimonio y también reflexión a quienes recopilan sus historias, pero las reproducen desde el morbo, la falta de empatía o de comprensión.

Murad vivía en el pueblo de Kocho, al norte de Irak, junto a su madre y sus nueve hermanos cuando en 2004 el ISIS arrasó su comunidad como parte del genocidio hacia la minoría religiosa yazidí. “Pedimos ayuda para que frenaran lo que sabíamos que el ISIS iba a hacer y nadie hizo nada”, dice. Su madre y seis de sus hermanos fueron asesinados y ella se convirtió en una de las aproximadamente 6.500 mujeres y niñas que ese año fueron raptadas y utilizadas como esclavas sexuales. “Estos grupos siempre tienen un plan específico para las mujeres. Mi madre, para ellos, era demasiado vieja para ser esclava sexual así que la asesinaron”, relata.

Desplazada a Mosul y víctima de todo tipo de agresiones, Nadia Murad consiguió escapar y, con ayuda, llegó al campo de refugiados de la ciudad de Duhok. “Yo fui una de las chicas con suerte que pudo escaparse y encontrar a su familia. Pero incluso al escapar del cautiverio mi nuevo mundo fue un campo de refugiados. Tuve que cargar con vergüenza y estigma por lo que me habían hecho”, cuenta. Gracias a un programa alemán de ayuda a personas refugiadas, Nadia Murad pudo emigrar y seguir con su historia, que era mucho más que lo que había sufrido en los últimos tres años de su vida. Pero ese tipo de programas, remarca, llegan a un número muy pequeño de personas en su situación.

Al sobrevivir me di cuenta de que eso conllevaba una responsabilidad: compartir mi historia, quería hablar de esas niñas que violaron, de los niños que se llevaron a campos de formación para lavarles el cerebro, de las madres que nunca pudieron despedirse de hijas e hijos, de todas las personas inocentes que fueron asesinadas

Nadia Murad — Permio Nobel de la Paz

“Al sobrevivir me di cuenta de que eso conllevaba una responsabilidad: compartir mi historia, que no era solamente la mía, quería hablar de esas niñas que violaron, de los niños que se llevaron a campos de formación para lavarles el cerebro, de las madres que nunca pudieron despedirse de hijas e hijos, de todas las personas inocentes que fueron asesinadas”, afirma. Porque si las niñas eran raptadas y convertidas en víctimas de trata sexual, los niños, o eran asesinados o enviados a campamentos en los que el ISIS aprovechaba su corta edad para adoctrinarles y sumarles a sus filas. Nadia Murad tiene una organización y un código, Nadia's Iniative, sobre cómo abordar la violencia sexual como arma de guerra. “Nació de una verdad sencilla: sobrevivir al genocidio es solo el principio. Pensamos que cuando la guerra acaba todo vuelve a la normalidad, pero para mí solo fue el primer paso. Casi once años después sigo luchando para sobrevivir al trauma y a lo que vino después”, afirma.

“Lo que pasó en Irak sucedió hace diez años, pero lo que sufrieron muchas mujeres, niñas y niños no ha terminado. Muchas mujeres siguen luchando hoy en los tribunales, muchas no han podido compartir su historia”, prosigue. Murad pone como ejemplo de las consecuencias duraderas del genocidio el silencio de la mayoría de mujeres de su familia: casi todas fueron capturadas y abusadas, pero ninguna ha hablado en voz alta de lo que vivió. O el caso de uno de sus sobrinos, de 13 años, al que se llevaron a un campo para adoctrinarle y del que dejaron de saber hace ya tiempo. Las mujeres que quedaron embarazadas como consecuencia de las violaciones y que tuvieron hijos enfrentan a menudo el rechazo de sus comunidades. Hay quien ha podido volver a sus pueblos y ciudades, pero mucha otra gente no. Las tasas de suicidio entre quienes sufrieron las atrocidades y la destrucción de sus comunidades son muy elevadas.

Esclavas

“No solo era llevarse a mujeres y violarlas, reclutaron a muchos hombres porque les prometían nueve mujeres como esclavas sexuales, o bien ganaban dinero vendiéndonos. Al principio no querían que las mujeres nos quedáramos embarazas, daban píldoras porque querían disfrutar de varias de ellas y si una se quedaba embarazada, se tenían que quedar con ella. Cuando vieron que perdían la guerra en Siria e Irak entonces cambiaron de estrategia porque querían que su legado se quedara, y por eso empezaron a dejar embarazadas a las mujeres una y otra vez. Los niños fruto de la violación de las mujeres son una marca que queda en tu cuerpo para siempre”, explica la activista.

En muchas comunidades, estas mujeres son abandonadas por sus parejas o familias, como ha sucedido, por ejemplo, con muchas supervivientes de Boko Haram en Nigeria. En la comunidad yazidí, acogieron a los niños, pero no todo es fácil: Murad denuncia la falta de recursos para atender a la infancia, y también la obligación de registrar a los padres legales, aunque fueran los capturadores y violadores de esas mujeres.

De Gaza a Sudán o Ucrania

Como víctima de un conflicto, Murad es clara sobre Gaza, pero también sobre lo que sucede en otros lugares, como Congo, Guatemala, Ucrania o Sudán: “Lo que necesitamos es que la guerra pare y que la gente tenga el apoyo que necesiten. La violencia en conflicto es una violencia contra todo el mundo. Refugiados, activistas, feministas, todos deberíamos unirnos. Quizá no veamos cambios rápidos, pero estamos haciendo progresos”. Sobre Gaza, Murad denuncia el sufrimiento de la población civil y alerta de que es la gente “más vulnerable” quien paga un precio más alto en el conflicto. Y habla de la justicia como paso imprescindible para sanar el sufrimiento que generan guerras y genocidios. Esa justicia pasa, recuerda, por identificar y enterrar a familiares asesinados, pero también por llevar a los responsables ante los tribunales.

“Tenemos que centrarnos en soluciones sostenibles para la gente, no solo en ofrecer ayuda de emergencia. La gente no solo tiene que sobrevivir, tiene que poder vivir en lugares reconstruidos. Cada vez es más difícil encontrar apoyos para nuestras organizaciones y para proyectos humanitarios, es más difícil seguir con nuestro trabajo. Necesitamos que los gobiernos reconozcan la gravedad de lo que sucedió, muchos no lo han hecho”, subraya.

La Premio Nobel critica la criminalización de las personas refugiadas, a las que a veces se ve “como personas que se aprovechan del sistema”. “La mayoría de los y las refugiadas no quiere irse de su casa, no quiere dejar de lado su cultura y su historia. Yo espero poder criar en el futuro a mis hijos en mi región, por eso llevo mucho tiempo trabajando en reconstruir mi comunidad. Tenemos que reconocer a los refugiados como seres humanos”, defiende Murad, que entiende que los países no puedan no asumir a millones de refugiados, pero reclama, entonces, “trabajar juntos para reconstruir la vida” de estas personas, “y no enviarles a sus países sin más”. “¿Cómo podemos construir la paz cuando hay millones de desplazados y nuevas generaciones están creciendo en campos de refugiados?”, se pregunta.

El verano de ese 2014, cuando Nadia se estaba preparando para su último año de instituto (ella fue la primera de su familia en acceder a la educación formal) y el ISIS arrasó su comunidad, ella tenía una idea en la cabeza: abrir un centro de estética para mujeres. Once años y un Premio Nobel después, esa ilusión sigue rondándole: “En Afganistán, los talibanes, no porque las mujeres no puedan maquillarse o peinarse, sino para que lo hagan en casa y no tengan esos espacios de reunión. Los centros de estética son también lugares en los que las mujeres conectan y comparten cosas”. Esa ilusión, aún no cumplida, también es parte de su historia.

El capitán del barco Nexoe Maersk ha negado esta tarde frente al juzgado n.º6 de Barcelona que llevara armas a Israel. El patrón, que estaba citado como investigado por su presunta implicación en, al menos, cuatro transferencias de armas a Israel por rutas que salen de Estados Unidos y hacen escalas en puertos españoles, ha comparecido mediante videoconferencia a pesar de que su navío se encuentra atracado desde hace unas horas en el puerto de la capital catalana.

Durante la comparecencia, el investigado se ha negado a responder a las preguntas de la parte denunciante y se ha limitado a contestar a su representante cuestiones técnicas sobre legislación marítima, tal como han explicado a este medio fuentes de la acusación.

El capitán ha destacado que él está exento de conocer el contenido de la mercancía que transporta y ha asegurado que desconoce si sus navíos han transportado o no armas en sus rutas hacia Haifa. También ha apuntado que sólo se le informa de lo que transporta cuando se trata de material peligroso. Aun así, desde la acusación destacan que “no es creíble” que el acusado no supiera qué transportaba, ya que el capitán “es el máximo responsable legal de la carga hasta que llega a destino”.

La citación se fijó aprovechando que el Nexoe Maersk tenía previsto hacer una escala en Barcelona. Ahora, si todo va tal y como está previsto por la compañía, el buque alzará anclas a las 20h, siguiendo la ruta planeada hacia Haifa (Israel), siendo que la acusación no ha requerido medidas cautelares ni para el navío ni para su patrón.

Según la Comunitat Palestina de Catalunya, entidad que se ha personado como acusación, esta ruta es usada por la naviera danesa Maersk con varias embarcaciones para transportar armas hasta Israel. “Pedimos a la jueza que aclare la responsabilidad de la empresa y del capitán y si estamos ante un delito contra la comunidad internacional, tráfico de armas y contrabando, ya que está prohibido el comercio de armas con países acusados de genocidio, como es Israel”, ha apuntado Marc Jamal, portavoz de la Comunitat, a las puertas de los juzgados.

Las acusaciones se sustentan en que la naviera Maersk ya había estado implicada en el pasado el envío de armas a Israel a través de puertos españoles -como desveló una investigación de elDiario.es. Por eso, cuando presentó la denuncia, la Comunitat Palestina pidió el registro y retención del navío, así como del capitán. Pero la jueza lo desestimó por falta de indicios de que en ese viaje en concreto el Nexoe transportara armas.

Meses después, los activistas han podido conseguir pruebas mediante bases de datos públicas y los han presentado ante la jueza. A través de la página web Panjiva, que expone las exportaciones desglosadas desde Estados Unidos, han podido constatar que los códigos de los envíos a Israel a través de esta naviera coinciden con el de armamento militar.

De las más de treinta mercancías que llegaron a Haifa en la ruta realizada por el Nexoe en abril, al menos cuatro estaban relacionadas con armas. En concreto encontraron el código 8710, que corresponde a tanques y otros vehículos armados, y el 9803, que es el del equipo militar no clasificado, tal como se expone en la documentación a la que ha tenido acceso elDiario.es.

La denuncia

Hace ya más de dos meses que el juzgado n.º 6 de Barcelona abrió diligencias previas y requirió a la empresa que identificara a los patrones de los barcos Maersk Detroit y Nexoe Maersk. El primero, que forma parte del programa militar estadounidense Maritime Security Program, realiza siempre una ruta que va desde Estados Unidos hasta Tánger (Marruecos). Allí se encuentra con el Nexoe, que recorre el Mediterráneo -haciendo paradas en ciudades españolas como Algeciras, València o Barcelona- hasta llegar a Haifa.

Esta ruta se realiza de manera recurrente, tal como se puede comprobar en la misma página web de la naviera y, según los datos recogidos a través de las bases de datos públicas, los envíos en más de una ocasión han contenido material armamentístico. La mayoría de las veces se trata de componentes de aviones de combate F-35 que salen desde Estados Unidos y que hacen escala en puertos españoles.

Los demandantes subrayan que estos buques pueden recibir suministros, insumos básicos y combustible a su paso por Barcelona, Valencia y Algeciras y que, con ello, estos puertos españoles estarían facilitando la llegada del barco a las costas marroquíes para cargar ese material militar y llevarlo a Israel.

Cuando se presentó la denuncia, fuentes del Ministerio de Exteriores aseguraron a elDiario.es que, “de acuerdo con la política anunciada por el Gobierno en mayo del año pasado a la vista de la crisis en Gaza, no se ha autorizado ninguna solicitud de tránsito por España de material de defensa con destino a Israel”.

Pero las organizaciones Progressive International y Palestinian Youth Movement constataron que en los seis meses posteriores al pacto se dieron 25 trayectos del Maersk desde Estados Unidos y hasta Algeciras con toneladas de material militar. Además de esto, otra investigación de elDiario.es desveló que otros once barcos de Maersk -a parte del Nexoe y el Detroit- tenían previsto hacer escala en España sólo durante el mes de noviembre de 2024.

Por su lado, en un comunicado publicado a mediados de marzo, la naviera Maersk afirmó que no transporta “carga clasificada o sensible, que incluye armas y municiones, sin un Plan de Transporte presentado por el transportista y aprobado por el Gobierno” de EEUU.

Pero las investigaciones internacionales y la demanda presentada en Barcelona no hacen referencia a carga clasificada, sino a material militar, entre el que ha habido suministros bajo la categoría 93, correspondiente a “armas y municiones”, como vehículos militares o sus partes o cuerpos de proyectiles, entre otros.

El transporte de armamento a territorio israelí es clave para el desarrollo de sus operaciones en Palestina. En los últimos meses, Estados Unidos ha seguido suministrando importantes paquetes de material militar a Israel, a través de diferentes rutas. España, por su ubicación geográfica, es territorio potencial de paso de algunos barcos.

Las seiscientas organizaciones integrantes de la campaña señalan que el tránsito por nuestros puertos de barcos implicados en el comercio de armamento con Israel es “otra prueba más de que el Gobierno de España no ha decretado un embargo integral de armas a Israel y de que debe hacerlo inmediatamente”.

También denuncian que Israel “no puede cometer un genocidio solo, lo hace con la complicidad de nuestras instituciones y ante la inacción de las autoridades competentes”.