Los delitos contra menores de edad podrán ser juzgados aunque sólo exista una acusación popular. El Tribunal Supremo ha dictado una sentencia en la que descarta aplicar la conocida como 'doctrina Botín' a un caso de supuesta prostitución de menores y avala que se abra juicio oral contra el imputado aunque las víctimas no estén personadas y la Fiscalía no acuse porque sí existe una acusación popular. Los jueces afirman en su sentencia que debe existir “la opción de plantear una defensa colectiva de la infancia en un caso concreto”.

El caso que ha estudiado el Tribunal Supremo, según la documentación a la que ha tenido acceso elDiario.es, procede de la Audiencia Nacional. El Juzgado Central número 5 instruyó una causa contra un hombre por supuesta prostitución infantil en Cuba y República Dominicana después de una denuncia de su exmujer. El caso llegó a juicio con la Fiscalía pidiendo el sobreseimiento por prescripción de los hechos y sin que las supuestas víctimas se personaran en la causa. La Audiencia Nacional entendió que había que dar carpetazo al asunto aplicando la conocida como 'doctrina Botín'.

La 'doctrina Botín' tiene su origen en una sentencia del Tribunal Supremo en 2007, cuando el expresidente del Banco Santander, Emilio Botín, y tres directivos más de la entidad fueron acusados de perpetrar cesiones de crédito supuestamente irregulares. Los jueces archivaron el caso explicando que estos banqueros no podían ser juzgados sólo a petición de la acusación popular, que ejercía la Asociación para la Defensa del Inversor y los Clientes (ADIC), mientras que la Fiscalía pedía el archivo sin existir una acusación particular. Un año después el mismo Supremo suavizó su doctrina con la condena por desobediencia al político Juan María Atutxa y estableció que la fuerza de la acusación popular en solitario podía provocar la apertura de un juicio oral si el delito investigado afecta a intereses colectivos.

Los jueces de la Audiencia Nacional aplicaron la 'doctrina Botín' al caso de supuesta prostitución infantil en 2019. El juicio oral había sido abierto poco antes por un posible delito de prostitución de menores o, eventualmente, inducción a la prostitución a persona menor de edad en situación de necesidad, o subsidiariamente, por último, otro de corrupción de menores. Los supuestos delitos se habrían cometido en Cuba y República Dominicana pero el caso fue investigado en Madrid por la nacionalidad española del acusado. Su exmujer se personó como acusación popular en la causa mientras las presuntas víctimas no lo hacían como acusación particular. La Fiscalía, representada por Carlos Bautista, había pedido el sobreseimiento por prescripción de los hechos.

La Audiencia Nacional no necesitó ni esperar a escribir el auto y anuló la apertura de juicio oral in voce, durante una vista pública. Los jueces reflejaron después en un auto que “no existe un interés público o particular que haya merecido el ejercicio de la acción penal por las personas que pudieron haber sido víctimas”. Una decisión que acaba de revocar el Tribunal Supremo, con ponencia de Vicente Magro, en una sentencia con vocación universal: la doctrina Botín no es aplicable a delitos como éstos cometidos, supuestamente, contra menores de edad.

En casos concretos como este, en los que además es improbable que las víctimas lleguen a personarse, dice el Supremo que puede “admitirse una proclamación de la defensa del interés colectivo de la infancia ante la delincuencia sexual de menores en materia de actuaciones relacionadas con la prostitución”. El resultado, en este caso concreto, es que el juicio tendrá que volver a abrirse contra el acusado con la única acusación siendo la acusación popular que ejerce su expareja aunque no llegue a celebrarse por la prescripción alegada por la Fiscalía.

La resolución del Supremo, explican a este periódico fuentes del alto tribunal, es la primera en este sentido concreto y abre la puerta a que a partir de ahora se puedan juzgar casos como este de supuesta prostitución de menores aunque no exista acusación particular o por parte de la Fiscalía.

Hay “campo de juego procesal”

El Tribunal Supremo explica de manera gráfica que existe “campo de juego procesal” para que una acusación popular impulse juicios en casos en los que estén en juego bienes jurídicos de “naturaleza colectiva”, y la infancia es uno de ellos. En estos delitos que afectan a menores, dicen los magistrados, “puede y debe entenderse que existe ese interés supraindividual o colectivo en aras a proteger a la infancia de la ejecución de conductas dirigidas a llevar a cabo en este caso actuaciones centradas en la prostitución de menores, y que deben entenderse desde un prisma elevado de interés colectivo o supraindividual digno de protección”.

La infancia, afirman con contundencia en la resolución debe ser “tutelada, y más ante hechos relacionados ab initio con la prostitución de menores”. Se trata de un bien protegido dentro y fuera de nuestras fronteras. Los jueces, por ejemplo, hacen alusión a la reciente Ley 'Rhodes' de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia - recurrida por Vox ante el Constitucional - así como al Tratado de Lisboa de la Unión Europea y los distintos convenios internacionales suscritos en el marco del Consejo de Europa.

La protección del menor es una aspiración, dice el Supremo, no solo particular, sino, también, institucional“. En este sentido, el alto tribunal recuerda ”el interés del menor es prioritario cuando se trate de aplicar medidas que le afecten“. Es, según el Supremo, un ”objetivo digno de un interés superior en un contexto en el que los menores es un colectivo sumamente vulnerable y digno y necesitado de protección colectiva, no solo individual“. En este caso concreto, además, era muy complicado que las supuestas víctimas se llegaran a personar en la causa al ser menores que residen en países extranjeros.

Una “entusiasta defensa amateur”

La doctrina que libró del banquillo a Emilio Botín ha sido pulida en la última década y no sólo por la resolución que dio a luz a la doctrina de Juan Mari Atutxa. Ya en marzo de 2020 una sentencia, con ponencia también de Magro, explicó que la Asociación para la Defensa de Consumidores y Usuarios (ADICAE) no podía ejercer la acusación popular en solitario contra los exdirectivos de la Caja de Ahorros del Mediterráneo por las participaciones preferentes. El caso había sido archivado en la Audiencia Nacional aplicando la doctrina Botín al no decir lo contrario ni la Fiscalía ni las acusaciones particulares.

Esa sentencia también fue contundente, al asegurar que “no cabe oponer a la defensa profesional del erario público una entusiasta defensa amateur, ejercida por todo aquel que considere que debe empeñar sus esfuerzos en neutralizar la desidia del representante y defensor legal del patrimonio del Estado”. Algo similar afirmó cuando avaló en 2010 el archivo de la causa abierta contra los lehendakaris Patxi López y Juan José Ibarretxe por reunirse con exdirigentes de la ilegalizada Batasuna durante la tregua de 2006. La causa quedó archivada pero los jueces reconocieron el derecho de Dignidad y Justicia y el Foro de Ermua para impulsar el caso en solitario como acusaciones populares.

En este caso, el supuesto delito se cometió contra menores y eso abre la puerta a las acusaciones populares, matizando lo dicho por el propio Supremo en 2018 cuando los jueces rebajaron ligeramente la condena de Iñaki Urdangarin por el 'caso Noós'. En esa sentencia el Supremo tuvo que examinar el papel como acusación popular de Manos Limpias y dijo, entre otras cosas, que casos con delitos contra la libertad sexual tenían “perjudicados concretos”, dando a entender que en esos casos sí se puede aplicar la doctrina Botín.

Una doctrina que acaba de recibir un nuevo matiz con esta resolución del Supremo, que abre la puerta a que este tipo de delitos sean perseguidos a instancias de una acusación popular si hay menores afectados. Ninguno de los magistrados que ha firmado esta sentencia formó parte del pleno de lo penal que sentó las bases de la doctrina Botín en 2007.

El juez Eduardo Muñoz de Baena ha decidido resolver la aplicación de la doctrina Botín al Partido Popular en la sentencia del caso de los ordenadores de Bárcenas. Esto supone que el PP se siente en el banquillo de los acusados durante toda la vista, algo que su abogado ha intentado evitar en el trámite de las cuestiones previas, que ocupa la primera sesión del juicio.

El Partido Popular ha solicitado que se le aplique la doctrina Botín y no ser siquiera juzgado de un delito de daños informáticos por destruir las memorias informáticas que reclama el extesorero. Alega que el perjudicado, Bárcenas, no acusa, y que tampoco lo hace la Fiscalía. Las acusaciones populares, por tanto, carecerían de legitimidad para ejercer la acusación contra el PP por un delito que no daña el interés general.

El abogado del PP, Jesús Santos, ha pedido al juez que resuelva de inmediato, pero la complejidad del asunto ha motivado que el magistrado decida hacerlo en sentencia. Por tanto, la abogada del despacho Baker & McKenzie María Masso deberá estar sentada toda la vista, representando al PP, al lado de los otros tres acusados. El PP ha resuelto que sea ella y no un miembro del partido quien se siente en el banquillo. La Fiscalía se ha alineado con el PP y considera que no hay motivos para juzgarle en este caso. También pide la absolución para el resto de los acusados.

Estos otros tres acusados lo son por daños informáticos y otro delito de de encubrimiento, que no se puede atribuir al PP por tratarse de una persona jurídica. El encubrimiento si es un delito contra la acción de la justicia, daña al interés general y por eso no es aplicable la doctrina Botín a ellos. Se trata del responsable de su estrategia legal, Alberto Durán; de la que fuera su tesorera Carmen Navarro -ambos personas de la confianza de María Dolores de Cospedal y todavía con puestos de responsabilidad en el partido-; y del que fuera responsable de informática, José Manuel Moreno.

Izquierda Unida, Observatori Desc y Adade, las acusaciones populares, alegan que el delito de daños informáticos se cometió en concurso medial con el de encubrimiento, o lo que es lo mismo, que se destruyeron los discos duros para sabotear la investigación judicial de Pablo Ruz. Y ese encubrimiento supone una obstrucción de la acción de la justicia que sí afecta al interés general.

El abogado del PP, Jesús Santos, ha acusado a las acusaciones populares de tener como “objetivo principal” llegar al juicio con el PP en el banquillo y que los otros tres acusados son “daños colaterales”.

Un juicio sin cámaras

De otro lado, el PP sí ha conseguido su objetivo de que no haya imágenes del juicio más allá de una foto lateral de los acusados. Los ciudadanos, por tanto, no podrán ver en televisión o escuchar en la radio las explicaciones del partido de por qué destruyó con un programa de borrado de 35 pasadas las memorias en las que Bárcenas asegura tenía pruebas de la caja B del PP.

Muñoz de Baena ha vuelto a hacer prevalecer la imagen de lo que él considera “tres personas físicas desconocidas” (entre ellas la tesorera del PP Carmen Navarro) y que los testigos no se contaminen al conocer lo declarado antes en la sala, a pesar de la profusión de medios que van contando lo que ocurre dentro en tiempo real.

“A mi me alivia ver medios de comunicación aquí. Eso es muy positivo. El ciudadano puede comprender mejor el trabajo de los que estamos aquí. Los ciudadanos vienen después a los juicios con menos reparo”, ha comenzado asegurando Muñoz de Baena. A continuación, sin embargo, ha recalcado que la retransmisión o difusión de imágenes “tiene costes para el acusado que no desea que su imagen sea difundida”.

También ha dicho que si el PP fuera el único acusado quizá hubiera tomado otra decisión. Ante su negativa a que los ciudadanos puedan ver declarando a la representante del PP, por ejemplo, sobre el borrado masivo de la memoria de los ordenadores de Bárcenas, las acusaciones populares han recurrido a la Audiencia Provincial e Izquierda Unida ha presentado un escrito de última hora, mientras se resuelve el anterior, para obtener al menos imágenes de la última sesión del juicio. Muñoz de Baena dice que ese día será el turno de última palabra y que los acusados aparecerían nítidamente, con lo que ha reforzado su negativa.

Quien fue director de Seguridad en la Circulación de Adif de 2006 a 2013, Andrés Cortabitarte, imputado por el accidente del tren Alvia en Santiago en el que murieron 80 personas y que sigue ocupando un cargo de libre designación en la empresa pública, acaba de ver cómo un juzgado de Segovia, en aplicación de la denominada 'doctrina Botín', archiva su imputación por otro accidente con un maquinista muerto ocurrido en Arévalo en 2010. A pesar de que el propio juzgado y la Audiencia Provincial veían motivos suficientes para llevarlo ya a juicio, junto con otros dos acusados que sí tendrán que sentarse en el banquillo, se libra de él porque sólo cuenta con la acusación popular del sindicato de maquinistas Semaf pero no de la Fiscalía o de alguna acusación particular. El Semaf prevé recurrir esa decisión.

La 'doctrina Botín', establecida por el Tribunal Supremo y que libró al responsable del Banco Santander, dice que no basta con la acusación popular para llevar a juicio a alguien si no cuenta también con la de la Fiscalía o alguna acusación particular. En el caso del accidente de Arévalo, la acusación particular de la familia del maquinista fallecido se retiró tras llegar a un acuerdo, mientras que la Fiscalía no ve motivos para acusar a Cortabitarte sino sólo al jefe de circulación de Adif en la zona en la que se produjo el siniestro y al jefe de las obras que allí se estaban realizando. Sólo el Semaf mantiene su acusación contra Cortabitarte, avalada hasta ahora por el propio juzgado instructor y por la Audiencia Provincial.

En Arévalo, un maquinista murió cuando en la noche del 26 de marzo de 2010 su tren de carga chocó por detrás contra otro que estaba parado. En la zona estaban realizándose pruebas de señalización y un fallo técnico hizo que se pusiese en verde un semáforo que debía estar en rojo. La Audiencia Provincial de Segovia (a pesar de que Arévalo está en Ávila, el caso lo instruye un juzgado de la vecina Santa María la Real de Nieva, en Segovia) ratificó el año pasado la imputación por aquellos hechos de los citados jefe de obras y jefe de circulación, así como de Cortabitarte por ser el “máximo responsable de la seguridad viaria”. El tribunal entendía “que existió en el accidente una conducta gravemente imprudente, como fue la de permitir que en una situación en que se estaba probando el software de control del tráfico, se permitiese la circulación de trenes” sin adoptar otras medidas de seguridad “pese a que se conocían las recomendaciones que indicaban la procedencia de suspender el tráfico durante las obras”.

La Audiencia de Segovia decía que “la imprudencia esencial fue la de autorizar el tráfico por el lugar durante las pruebas de señalización” y avaló la imputación de Cortabitarte porque “se trata del director de seguridad de circulación, y por lo tanto el máximo responsable de la seguridad viaria, por lo que la decisión última sobre la suspensión del tráfico durante la ejecución de las obras era de su competencia”. La Audiencia destacaba entonces que “en cualquiera caso, como máximo encargado de la seguridad de la circulación, debe mantenerse su imputación, sin perjuicio de la valoración que pueda hacerse en el acto del hipotético juicio” sobre la confianza que Cortabitarte hubiese depositado en que la empresa que hacía los trabajos comprobara antes que los semáforos estaban en rojo.

Sin embargo, ahora el juzgado de instrucción exime a Cortabitarte de sentarse en ese juicio, que sí se realizará contra los otros dos imputados, por no contar más que con la acusación popular del Semaf. Funtes de este sindicato señalan que recurrirán esa decisión y argumentan que los maquinistas a los que representan tienen un interés directo, no espurio, en la seguridad ferroviaria. También señalan que en su momento la propia Audiencia había mantenido su imputación a pesar de que ya no era acusado por la Fiscalía.

En el caso del accidente de Santiago, Cortabitarte está imputado, junto con el maquinista del tren, por considerar el juez instructor y la Audiencia Provincial de A Coruña que era conocedor del riesgo existente en la curva de Angrois y no hizo nada para evitarlo o paliarlo. Tras dos negativas previas, Cortabitarte compareció ante el juez y las partes el pasado 27 de julio para culpar al maquinista del accidente y desviar otras responsabilidades a otros departamentos.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo ha condenado a España por inhabilitar al expresidente del Parlamento vasco en una sentencia difundida esta mañana, a la que ha tenido acceso eldiarionorte.es.

La Sala, presidida por la magistrada Helena Jäderblom, ha considerado que España vulneró el artículo 6.1 y 3 de la Convención europea de Derechos Humanos al no escuchar personalmente la versión de los tres condenados por negarse a disolver el grupo parlamentario de Batasuna. A juicio de los magistrados e vulneró su derecho a un juicio justo, debido a que “las cuestiones que debían ser examinadas por el Tribunal Supremo necesitaban la apreciación directa del testimonio de los demandantes”.

El recurso de los tres condenados por desobedecer la orden del Tribunal Supremo de disolver el grupo parlamentario de Batasuna (Sozialista Abertzaleak) sostenía que se había vulnerado el derecho de Juan María Atutxa, Gorka Knorr y Kontxi Bilbao a un proceso con todas las garantías porque los parlamentarios fueron condenados en segunda instancia, sin que se les diera la “posibilidad efectiva” de dirigirse personalmente ante el alto tribunal. Y ahora Estrasburgo les da la razón.

El expresidente de la Cámara vasca Atutxa -ahora presidente de la Fundación peneuvista Sabino Arana- fue condenado por el Supremo en abril de 2008 a un año y medio de inhabilitación y 18.000 euros de multa, resolución que confirmó cinco años después el Tribunal Constitucional. El delito, negarse a disolver la orden del Alto Tribunal de disolver el grupo parlamentario de Batasuna en la Cámara vasca (Sozialista Abertzaleak). También fueron condenados a un año de inhabilitación y 12.000 euros el entonces parlamentario de Eusko Alkartasuna (EA) y de la formación ya desaparecida Ezker Batua-IU Kontxi Bilbao.

La causa contra los tres miembros de la Mesa autonómica fue instada por el autodenominado sindicato Manos Limpias, cuyos responsables fueron a prisión en abril de 2016 por liderar una “organización criminal”. Entre ellos, el ultraderechista Miguel Bernard, acusado de extorsión, amenazas y pertenencia a organización criminal. En primera instancia, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco absolvió a los tres encausados en noviembre de 2015 al entender que los tres estaban amparados por la inviolabilidad parlamentaria. Y sus actos, por tanto, se enmarcaban “en el ejercicio de las funciones propias de su condición parlamentaria”, motivados “en una razón precisamente parlamentaria, pretendiéndose preservar con tal conducta la autonomía parlamentaria”.

Pero Manos Limpias recurrió en casación ante el Supremo. Y el Alto Tribunal resolvió en 2008 que los tres miembros de la Mesa “se negaron abiertamente a dar cumplimiento a una resolución judicial” del Supremo y “en eso consiste precisamente el delito de desobediencia”. El Constitucional, cinco años después, confirmó la resolución por mayoría. El ponente fue el magistrado afín al PP, Enrique López. Se da la circunstancia de que antes de que se renovara el Constitucional, el tribunal ya había analizado una ponencia elaborada por su entonces magistrado Pablo Pérez Tremps que era favorable a conceder el amparo solicitado.

La sentencia fue en sentido contrario, pero contó con el voto particular de los magistrados progresistas Adela Asúa, Luis Ignacio Ortega y Fernando Valdés, que consideraron que en este caso se había vulnerado el derecho de los condenados a un proceso con todas las garantías porque los parlamentarios fueron condenados en segunda instancia, sin que se les diera la “posibilidad efectiva” de dirigirse personalmente ante el alto tribunal para exponer “la versión personal sobre su participación en los hechos que se les imputaban”. En ese voto particular basó la defensa de los tres condenados su recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo.

El denominado 'caso Atutxa' tiene su origen en la negativa de la mesa del Parlamento vasco a desobedecer la orden dada por el Tribunal Supremo de disolver el grupo parlamentario Sozialista Abertzaleak (SA) de la izquierda abertzale (entonces Batasuna). La orden del Alto Tribunal llegó a la Cámara vasca tras decisión de la Sala 61 del Supremo en ejecución de la sentencia por la que se declaró ilegales los partidos HB-EH-Batasuna, con fecha de 27 de marzo de 2003. Fueron condenados Atutxa y los entonces miembros de la Mesa del Parlamento vasco Gorka Knörr (EA) y Kontxi Bilbao (Ezker Batua-IU).

El Supremo cambia la doctrina Botín

La Sala de lo Penal del Supremo señaló en su resolución que Atutxa, Knörr y Bilbao “fueron requeridos ”de forma expresa y reiterada“ por el Supremo para que disolvieran el grupo parlamentario Sozialista Abertzaleak, lo que ”descartaron de forma consciente y deliberada“ en la reunión de la Mesa del 5 de junio de 2003. Según la Sala, los tres ”camuflaron su contumaz rechazo“ a los efectos del proceso de ilegalización de Batasuna, ”suscitando una aparente controversia con el Tribunal Supremo acerca de los límites del deber general de acatamiento de las resoluciones judiciales“.

El 'caso Atutxa' también tiene su correlación con otro caso judicial en torno a las diferentes jurisprudencias de Supremo sobre la participación de la acción popular para abrir juicio oral, el 'caso Botín'. En abril de 2008, el Supremo cambio su jurisprudencia. La conocida como doctrina Botín estableció que “en el procedimiento abreviado, no puede abrirse juicio oral sólo a instancias de la acción popular”. Al no acusar a Botín ni el fiscal ni la acusación particular de los perjudicados por las cesiones de crédito, el Supremo determinó que la acción popular no podía instar en solitario la apertura de juicio. El banquero más poderoso de España Emilio Botín no se sentó en el banquillo por este tema.

En cambio, el Supremo varió su doctrina al aplicarla a Atutxa, Knorr y Bilbao. Es cierto que la decisión judicial no fue pacífica y contó con la oposición de cinco de los 12 magistrados que componen el pleno del Alto Tribunal. El ponente entonces de la resolución judicial, Manuel Marchena, apuntó a que “el delito de desobediencia carece de un perjudicado concreto susceptible de ejercer la acusación particular”. Es decir, es la naturaleza del delito de desobediencia -que carece de perjudicado concreto que ejerza la acción particular-, la que hace posible que la acción popular en solitario pueda instar la apertura de juicio.

Por contra, el sector discrepante apuntó discreparon de la denominada doctrina Botín, pero que ésa era entonces “la doctrina de la Sala a todos los efectos, sea cualquiera el caso posterior al que haya que aplicarse”. El criterio que sostenían los discrepantes era que el sentido de la ley no cambia “porque exista o deje de existir acusación particular en una causa penal”.

La infanta Cristina de Borbón seguirá en el banquillo de los acusados durante el juicio del caso Nóos. El tribunal ha fallado en contra de la cuestión previa planteada por la defensa, la Abogacía del Estado y el Ministerio Fiscal que solicitaban la aplicación de la doctrina Botín a la hermana del rey, según la cual no puede ser juzgado aquel contra el que dirija acusación únicamente la acusación popular, en este caso Manos Limpias.

La infanta Cristina está acusada de dos delitos fiscales en grado de cooperadora como copropietaria de la empresa con la que su marido Iñaki Urdangarin defraudó 337.000 euros a la Hacienda Pública durante dos ejercicios (2007 y 2008). Sin embargo, la cifra resultante del cálculo que realiza la Agencia Tributaria, distinto al que asumió el instructor, no alcanza el umbral del delito y, por tanto, la supuesta perjudicada directa no acusa a la infanta.

Con su decisión, sin embargo, el tribunal no asume esta tesis sino la del instructor José Castro, según la cual el perjudicado por la actuación de la infanta no es la Agencia Tributaria o Hacienda sino el conjunto de los españoles, que con sus impuestos contribuyen a llenar las arcas públicas.

En palabras del tribunal: “Estimamos que ni el bien jurídico protegido es en exclusiva el Erario Público ni, en su consecuencia, que exista un único, concreto y determinado perjudicado encarnado por la Hacienda Pública Estatal. De modo que, aún siendo la Abogacía del Estado la titular del derecho al ejercicio de la acción en defensa de dicho organismo estatal- de acuerdo con las previsiones legales establecidas-, su personación en el acto de juicio oral no colma, como adelantábamos, la protección total del desvalor de la acción.”

Las magistradas Samantha Romero, Eleonor Moyà y Rocío Martín habían accedido a que los acusados solo deban asistir a partir de ahora al testimonio del resto de acusados y a la sesión final del juicio. Con la aplicación de la doctrina Botín, la infanta se hubiera librado incluso de eso. Ahora, deberá sentarse junto con los otros 18 acusados a partir del próximo 9 de febrero, fecha en la que se retoma el juicio y comienzan los interrogatorios a los procesados. Estas se prolongarán, si no hay retrasos, hasta el 26 de febrero. La última sesión del juicio está señalada par el 30 de junio.

En un auto muy técnico, de 85 páginas, las juezas dicen que si lo que se pretende es eliminar cualquier efecto “perturbador” del proceso que pudiera ejercer la acusación popular, la ley ya prevé mecanismos que no son evitar que acuse, “como la exigencia de fianza, la evitación de actuaciones procesales espúreas mediante la exigencia del respeto al principio de buena fe procesal en todo tipo de procesos y, por último, el control que en el trámite de apertura de juicio oral prevén los artículos 645 y 783 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal”.

En el auto, las magistradas rechazan todas las cuestiones previas planteadas por las partes excepto una menor planteada por la defensa del vicealcalde de Valencia Alfonso Grau. Cualquier recurso ante la decisión adoptada por la Audiencia respecto a las cuestiones previas debe ser planteado ya en el que eventualmente se presente por la sentencia y ante el Tribunal Supremo.

Durante la primera sesión del juicio, el fiscal Pedro Horrach defendió la aplicación de la doctrina Botín porque, según él, así lo establece la Ley y la jurisprudencia del Tribunal Supremo. “Con determinadas interpretaciones, se quieren introducir cambios que solo podrían darse modificando la ley”, aseguró. El fallo del Supremo, añadió, es “un texto que por su claridad y sencillez no hace discrepancias entre las palabras y su significado final”.

El pronunciamiento de los tribunales sobre las cuestiones previas se solventa en apenas unos minutos y se traslada en muchas ocasiones in voce a las partes. La complejidad de la cuestión referente a la aplicación de la doctrina Botín es la que ha motivado un fallo tan argumentado por las magistradas, quienes repasan los argumentos recogidos en la Constitución, la Ley de Enjuciamiento Criminal y las sentencias del Tribunal Supremo conocidas como 'doctrina Botín' y 'doctrina Atutxa'.

Es evidente nuestra escasa aportación en investigación y desarrollo en materia tecnológica, sin embargo los españoles somos ricos en construcciones imaginativas y en evasiones dialéctica. En el campo del derecho ocupamos un ranking destacado gracias a la doctrina Botín

Es evidente nuestra escasa aportación en investigación y desarrollo en materia tecnológica, sin embargo los españoles somos ricos en construcciones imaginativas y en evasiones dialéctica. En el campo del derecho ocupamos un ranking destacado, cuando los tribunales, primero la instancia y después el Tribunal Supremo, se enfrentaron a la posibilidad de tener que condenar a un magnate financiero, ya fallecido, por un delito fiscal. Se sacaron de la chistera la famosa solución, conocida como Doctrina Botín.

Hasta ese momento no había habido ningún problema para admitir que la acción popular podía ejercitarse en toda clase de delitos públicos salvo en aquellos en los que el legislador, de manera expresa, había limitado las posibilidades de persecución.

La acción popular, institución sabiamente introducida en nuestro sistema procesal, debido a la estructura jerárquica y dependencia gubernamental del Fiscal General del Estado, se erige como un posible correctivo a la atonía acusatoria del ministerio público.

La ley de Enjuiciamiento Criminal, ya en su redacción originaria de 1882 y así se ha mantenido hasta la última modificación, establece que la acción penal es pública y que todos los ciudadanos españoles podrán ejercitarla con arreglo a las prescripciones de la ley. Por si había alguna duda sobre la legitimidad de la acción popular, se le concede rango constitucional en el artículo 125 de la vigente Constitución española, al proclamar que los ciudadanos podrán ejercer la acción popular y participar en la Administración de Justicia, mediante la institución del jurado, en la forma y con respecto a aquellos procesos que la ley determine.

Cualquier alumno de Derecho conoce que los delitos, por su forma de persecución, se clasifican en privados (injuria y calumnia, hasta hace unos años figuraba también el adulterio y el amancebamiento), semipúblicos o semiprivados, que sólo pueden ser perseguidos a instancia del ofendido (Se incluyen preferentemente los delitos contra la integridad sexual), aunque también recientemente, se ha otorgado este rango de persecución a instancia de perjudicado a los delitos societarios. El resto de los delitos son de carácter público y pueden ser objeto de persecución por cualquier ciudadano español ejercitando la acción popular.

La mayoría de los juristas acreditados de este país, han criticado la exclusiva Doctrina Botín que, ni más ni menos, otorga al Ministerio Fiscal y al Abogado del Estado. el monopolio de la persecución de los delitos contra los intereses generales de todos los ciudadanos que, según el artículo 31 de la Constitución, están obligados a contribuir al sostenimiento de las cargas del Estado, para satisfacer los principios de justicia y solidaridad.

Mantener que los delitos contra la Hacienda Pública, tan favorablemente regulados en nuestro país para los defraudadores, es una cuestión que sólo afecta a al Ministerio público y al Abogacía del Estado choca frontalmente con los principios y valores que se desprenden de las leyes y del texto constitucional.

La laxitud punitiva de los fraudes a la Hacienda Pública y la Seguridad Social, llama la atención en todos los países en los que está arraigada una conciencia tributaria, sólidamente asentada en principios éticos. No pueden comprender como, para cometer en España un delito de esta naturaleza es necesario defraudar 120.000 €, lo que supone que el defraudador, como mínimo ha tenido unos ingresos de 240.000 € anuales.

Desconcierta y produce rechazo está exagerada benevolencia, por lo que el legislador español no ha tenido más remedio que someterse a las directrices de la Unión Europea y establecer que existe delito cuando se defrauda a la Hacienda comunitaria por encima de los 50.000 € e incluso será delictivo superar los 4.000 € de cuantía defraudada, imponiéndose, en este último caso, una pena de prisión de tres meses a un año.

El Ministerio Fiscal y la Abogacía del Estado tienen la obligación de explicar a los ciudadanos por qué consideran que son ellos los que ostentan el monopolio de la acción penal y en qué disposición legal se basan para sostener dicha tesis que, por supuesto, carece de cualquier apoyatura ética y jurídica con arreglo a los principios y valores superiores de nuestro ordenamiento como es el de justicia.

La Abogacía del Estado tiene la tarea añadida de explicar por qué la campaña que pretende incentivar la conciencia social de todos los españoles obligados al pago de los tributos, bajo el lema: “Hacienda somos todos”, no es más que un aviso publicitario con objeto de promover el pago de los impuestos a una caja que, al parecer, pertenece y maneja, en exclusiva, la Agencia tributaria. No sabíamos que la Agencia tributaria ostentaba la titularidad de los impuestos e ingresos que sirven para buscar el equilibrio presupuestario. Semejante planteamiento constituye, además de una inadmisible banalidad, un contrasentido para cualquier persona con un mínimo sentido jurídico, estético y ciudadano.

Llevando a sus últimas consecuencias esta tesis tan original e imaginativa del Abogacía del Estado, podríamos también sostener que una malversación realizada en un organismo oficial, no se puede perseguir, si el Interventor, que al fin al cabo es el que fiscaliza los fondos, no ejercita la acción penal. Por eso pediría un cierto cuidado con el manejo de las normas, no vaya a ser que ocasionemos un lamentable caos jurídico y una verdadera preocupación en la Unión Europea ya que nuestras cuentas están ligadas a la Hacienda comunitaria.

Por otro lado, el Ministro de Justicia, jefe de los servicios jurídicos y por tanto de la Abogada del Estado que, en el juicio contra la Infanta Cristina y otros, ha tenido esta genial ocurrencia, debería advertirla e incluso retirarla de su intervención en el juicio, porque descalifica el sistema jurídico y el sentido común, cosa que no puede permitir ningún gobierno responsable.

El Ministerio Fiscal, incansable en la defensa de un miembro de la familia real, pretende por otras vías demostrar que la Infanta es simplemente una defraudadora fiscal pero no una delincuente. Para ello se basa en un informe de la Agencia Tributaria, peligrosamente sesgado y manipulado, que puede crear todavía más conflictos y desconciertos e incluso desconfianza en el sistema económico y financiero español.

El Ministerio fiscal no puede ignorar que hubo un primer informe de la Agencia Tributaria en el que se decía que la defraudación superaba los 120.000 €. Este dictamen se corrigió admitiendo la posibilidad de corregir la cantidad a la baja, descontando las que denomina, “facturas ficticias” Si se confirma esta posibilidad por los jueces, se puede abrir una brecha en el Impuesto de Sociedades, cuyas consecuencias creo que no han sido debidamente calculadas.

Es imprescindible abandonar estos vicios públicos y exigir el respeto, por el Ministerio Fiscal y la Abogacía del Estado, a los principios y valores que constituyen la fortaleza y legitimidad del sistema democrático. En caso contrario la degradación ética y moral de la sociedad española podría llevarnos a una descomposición social de consecuencias nefastas para nuestra estabilidad y desarrollo y para el prestigio internacional de nuestro país.

En la propuesta de Ley de Enjuiciamiento Criminal que el PP presentó en julio de 2013, el ministro Gallardón proponía acabar con la doctrina Botín para darle más poder a las acusaciones populares. Finalmente esa propuesta no se recogió en el texto de la ley aprobada en 2015.

¡Ay, la Maldita Hemeroteca!

El fin de la primera jornada del juicio por el caso Nóos ha puesto en marcha el contador para conocer si la infanta será finalmente juzgada por dos delitos fiscales en grado de cooperadora. El tribunal tiene previsto pronunciarse antes del 9 de febrero sobre las cuestiones previas planteadas en este sentido por la defensa de la infanta, la Abogacía del Estado –en representación de Hacienda- y la Fiscalía Anticorrupción. Pero la última palabra sobre la aplicación o no de la doctrina Botín a la infanta la tendrá el tribunal que sentó esa jurisprudencia, el Supremo.

En cualquier caso, los previsibles recursos a la decisión del tribunal del caso Nóos no interferirán en el calendario previsto. Las tres juezas pueden fallar que la infanta no debe ser juzgada. A Manos Limpias, la acusación popular, solo le restará entonces recurrir en casación ante el Supremo la sentencia que dicte en su momento en el tribunal. En ese recurso puede incluir una rectificación de la aplicación de la doctrina Botín a la infanta, pero el juicio ya se habrá celebrado.

El escenario que deja la Ley de Enjuiciamiento Criminal es que el Tribunal Supremo tenga ocasión de pronunciarse sobre la misma doctrina que dictó y que, según la interpretación de la Fiscalía, no permite sentar en el banquillo a alguien que no es acusado por ella ni por el perjudicado directo. Para Anticorrupción y la Abogacía del Estado, en el caso Nóos hay un perjudicado claro por el presunto delito fiscal de la infanta: la Agencia Tributaria, y ésta considera que no hay delito en la conducta de Cristina de Borbón.

En el improbable caso de que el Supremo se corrija a sí mismo y tumbe la doctrina Botín, la infanta debería ser juzgada en una nueva vista. ¿Y si ocurre al revés y el tribunal decide no aplicar la doctrina Botín a la infanta? Entonces, podrían recurrir las partes mencionadas –Fiscalía, defensa y Abogacía del Estado-, pero igualmente en casación, esto es, en un recurso contra el fallo que dicte en su momento el tribunal del caso.

Las tres magistradas -Rocío Martín, Samantha Romero y Eleonor Moyá- tienen previsto razonar su decisión sobre la aplicación o no de la doctrina Botín a la infanta en un auto. Habitualmente, las cuestiones previas se resuelven in voce tras unos minutos de deliberación. Pero en este caso, según fuentes jurídicas, optarán por la resolución razonada debido a la complejidad jurídica del asunto.

Sea cual sea su decisión, el 9 de febrero comenzarán a declarar los imputados. El primero de ellos, el exdirector de Deportes de la Generalitat 'Pepote' Ballester, uno de los acusados que ha acordado con la Fiscalía reducir su petición de condena a cambio de reconocer su participación en los hechos y colaborar.

En el caso de que la infanta no se libre del banquillo declarará la última de los 18 acusados. Tendría que asistir desde el 9 de febrero hasta el momento de su declaración a todas las sesiones del juicio, después de que el tribunal rechazara obligar a los acusados a estar presentes en todas y cada una de las sesiones, como reclamaba Manos Limpias.

Para el resto de sesiones, dedicadas a las testificales o las pruebas, los acusados no tendrán que estar presentes. En el caso de que la infanta no sea juzgada, bastará con que acuda a algunas sesiones un representante legal ya que seguiría señalada por la Fiscalía como responsable civil a título lucrativo. En caso de condena a su marido, la infanta debería abonar 587.000 euros que ya ha depositado como fianza, 50.000 menos según un informe pericial de su defensa aportado este lunes.

Entre el 8 de marzo y el 13 de mayo pasarán por la sala de vistas testigos de varios partidos políticos -aunque la palma se la lleva el PP-, la Casa Real y empresarios. En la cúspide del escalafón por cargo ocupado se sitúa el exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato, quien declarará a petición de la Fiscalía. Pedro Horrach también ha citado al expresidente de la Generalitat valenciana Francisco Camps; y sus exconsejeros Esteban González Pons y Gerardo Camps. También testificarán dos exalcaldes del PP, la de Valencia Rita Barberá y el de Madrid Alberto Ruiz-Gallardón. Este último a petición de Manos Limpias.

Por la Casa del Rey, declararán el eximputado Carlos García Revenga, antiguo secretario de las infantas; el que fuera asesor legal del rey José Manuel Romero, conde de Fontao; y el exjefe de la Casa Alberto Aza. También comparecerán como testigos la antigua consellera de la Generalitat catalana Maria Geli, y el exsecretario de Estado para el Deporte con el PSOE Jaime Lissavetzsky, éste último a petición de Urdangarin.

El abogado de Diego Torres intentó este lunes, una vez más, que declararan como testigos Juan Carlos I y Felipe VI, así como la princesa Corinna Sayn-Wittgenstein, pero el tribunal alegó que la Sala ya había rechazado sus pretensiones y que se reafirmaba en esa decisión por no considerar que esas declaraciones aportaran algo relevante para la causa.

Horrach: la declaración de Corinna sería “un reality show”

Antes, en un ataque de sinceridad, el fiscal Pedro Horrach pidió al letrado, Manuel González Peeters, que no continuara con “esta agonía” y que no intentara, con la declaración de la princesa, convertir el juicio en un “reality show” o en la “distracción del vecindario”.

Del 7 al 30 de junio está prevista la última fase: prueba documental, conclusiones e informes de las partes, así como la última palabra de los acusados.

El Gobierno del PP prometió en 2013 que la reforma de la ley de Enjuiciamiento Criminal iba a acabar con la doctrina Botín dando más poder a las acusaciones populares. Sin embargo, cuando dos años después se presentó la reforma en el Congreso, y tras el avance de los casos Bárcenas y Nóos, el texto no hizo mención alguna a la anulación de la doctrina.

Fue el anterior ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, quien durante una comparecencia en el Congreso en mayo de 2013 detalló algunos de los puntos que recogería la futura reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Aunque no era el motivo de la comparecencia, el ministro quiso adelantar “algunas de las novedades”.

El primer punto que mencionó Gallardón era que se ampliaban las facultades del acusador popular, es decir, que se acababa con la doctrina Botín, que mencionó expresamente durante su exposición.

“Hasta ahora, es la conocida doctrina Botín o Atutxa, si la acusación particular y el ministerio fiscal pedían el sobreseimiento, el juez lo acordaba necesariamente. Ahora se reconoce a la acción popular la legitimidad para instar y obtener ante el juez de garantías, sin ningún otro apoyo, la apertura del juicio oral”, dijo el ministro.

Entre esas palabras y la presentación de la reforma, donde no se incluye la promesa del ministro, pasaron dos años. Durante esos dos años, Gallardón abandonó su puesto por las discrepancias sobre la ley del Aborto, y continuó en los juzgados la instrucción de los casos Bárcenas y Nóos.

En el caso Bárcenas, y poco después de la comparecencia del ministro, el juez encargado del caso, Pablo Ruz, excluyó de la acusación al PP y apuntó a que el partido podría ser considerado responsable civil subsidiario.

Ese extremo se confimaría meses después. Para intentar eludir la acusación, el PP echó mano en 2015 de la doctrina con la que había prometido acabar.

En un escrito presentado ante la Audiencia Nacional, aseguraba que las acusaciones populares del caso no estaban legitimadas para reclamar la responsabilidad civil del PP por un caso de delito fiscal. Al igual que ocurre con la infanta Cristina, la Fiscalía y la Abogacía del Estado no veían delito.

Durante el tiempo que transcurrió entre la promesa del ministro y su incumplimiento también avanzó la instrucción del caso Nóos hasta llegar a la imputación de la infanta Cristina por delito fiscal. De hecho, solo unos días después de la comparecencia de Gallardón, el juez Castro comenzó a investigar a la hermana del rey.

Desde un primer momento se habló de la posibilidad de que los abogados de la mujer de Iñaki Urdangarin intentasen que no se sentase en el banquillo de los acusado en base a la doctrina Botín.

El lunes, en el primer día del juicio del caso Nóos, la doctrina Botín ha sido motivo de debate entre acusaciones y defensas. Los abogados de la infanta, como se preveía, han pedido que su defendida no sea acusada, y lo han argumentado aludiendo a la doctrina con la que el PP prometió acabar.

El PP rechazó recuperar su promesa

El PP pudo recuperar su antigua promesa de acabar con la doctrina Botín durante el trámite de la reforma de la ley de Enjuiciamiento Criminal en el Congreso, pero no lo hizo.

UPyD presentó una enmienda al texto que daba más poder a las acusaciones populares, lo mismo que había anunciado Gallardón, para que ningún imputado pudiese librarse de la apertura de juicio oral echando mano de la doctrina Botín.

Así lo han recordado el lunes en las redes sociales la entonces portavoz parlamentaria de la formación, Rosa Díez, y el cabeza de lista del partido en las pasadas elecciones generales, Andrés Herzog.

Los populares votaron en contra de esa enmienda. Tampoco recibió el apoyo del PSOE, que optó por la abstención al igual que el resto de grupos a excepción de UPyD.

Los socialistas no apoyaron la enmienda, a pesar de que habían reprochado al PP que se acogiese a la mencionada doctrina en el caso Bárcenas.

La batalla jurídica por que la hermana del rey sea juzgada junto a otros 17 ciudadanos en un caso de corrupción aún no ha concluido. La única certeza respecto a Cristina de Borbón y el juicio del caso Nóos es que se sentará en el banquillo en su arranque el lunes, mientras se plantean las cuestiones previas. Su defensa alegará entonces que esa debe ser la primera y la última comparecencia de la duquesa de Palma ante el tribunal. Esgrimirá la conocida como ‘doctrina Botín’, que impide juzgar a alguien que no es acusado por la Fiscalía o por el considerado perjudicado directo de su acción.

A partir de las 9.30 horas del lunes, una a una, todas las partes que lo deseen plantearán sus cuestiones previas. Se trata de peticiones al tribunal sobre cómo debe discurrir la vista oral. Los abogados de Cristina de Borbón expondrán la sentencia del Tribunal Supremo de 2007 que confirmó la decisión de la Audiencia Nacional de no juzgar al fallecido presidente del Banco de Santander, Emilio Botín, en el caso conocido como ‘cesión de créditos’. El Alto Tribunal determinó que si la Fiscalía no apreciaba delito y solo lo hacía una asociación de consumidores, como acusación popular, no cabía pedir responsabilidades a Botín y el resto de imputados.

La acusación popular del caso Nóos, ejercida por Manos Limpias, solicita ocho años de cárcel y multa de dos millones de euros para Cristina de Borbón por dos delitos fiscales cometidos en los ejercicios de 2007 y 2008 en grado de cooperadora necesaria. La hermana de Felipe VI era propietaria con su marido al 50% de Aizoon, la sociedad utilizada por Urdangarin para blanquear presuntamente dinero procedente de la corrupción y por la que facturaba servicios que realizaba él y no la empresa, con objeto de evitar el pago de impuestos más elevados.

Según la instrucción, la infanta cargaba gastos personales a esa sociedad, usaba su tarjeta de crédito e incluso llegó a girarle una factura.

Los abogados del Estado representan a la Agencia Tributaria en el juicio debido a que varios de los acusados deben responder por delitos contra la Hacienda pública. Pero ni ellos, ni la Fiscalía Anticorrupción aprecian delito en la conducta de la infanta, atribuyéndoselo en exclusiva al administrador de la sociedad, su marido. Esta fue la tesis de la infanta durante su declaración ante el juez Castro, el total desconocimiento de cualquier ilegalidad.

¿Es aplicable entonces la doctrina del Supremo? Según el juez José Castro, no. El instructor del caso Nóos cree que los perjudicados por la actuación de la hermana del rey son el conjunto de los ciudadanos españoles y que el criterio de la Agencia Tributaria, dependiente del Ministerio de Hacienda, no puede hurtarles el derecho a acusar, ejercido en este caso por quien fue reconocido en el origen del caso como acusación popular.

Fiel a su heterodoxo estilo, Castro aludió a las campañas publicitarias del propio Ministerio de Hacienda para argumentar su posición. Lo hizo en el auto de 22 de diciembre de 2014 por el que enviaba a la infanta al banquillo de forma irremediable. “Consciente la Administración Tributaria de que esos principios no calarían fácilmente en el cuerpo social, se decidió a llevar a cabo unas amplias campañas institucionales de pretendida concienciación tributaria, entre las que habrá de ser resaltada, por ser un clásico del que se ha hecho prolífico uso, las más de las veces cargado de ironía, la de que 'Hacienda somos todos' y las muy recientes que cierran un diálogo con el eslogan oficial de la campaña: 'lo que tú defraudas, lo pagamos todos'”, escribió entonces el juez.

El magistrado aludía así, sin citarlo, a otro fallo del Tribunal Supremo que matizó la doctrina Botín. Ocurrió en 2008, con motivo de la causa por desobediencia contra el expresidente del Parlamento vasco Juan María Atutxa. Este se había negado a disolver el grupo parlamentario Sozialista Abertzaleak, pero no era acusado por la Fiscalía. El Supremo estableció que la doctrina Botín no era aplicable porque en el delito de desobediencia no hay unos perjudicados concretos que eviten ejercer la acusación particular, como en el caso del banquero, sino que los afectados por la desobediencia de Atutxa son el conjunto de los ciudadanos. Y por ello, permitió sentar en el banquillo a Atutxa con la única acusación de Manos Limpias.

Hay una segunda argumentación que podrían respaldar las tres juezas que forman el tribunal, de acuerdo a lo recogido en un auto de sus compañeros de la Audiencia Provincial de Palma. El 7 de noviembre, la Audiencia rechazó que la infanta fuera juzgada por blanqueo de capitales, pero en un extensísimo auto abría la puerta a que Castro la investigara por delito fiscal.

En un punto de esa resolución, los magistrados Mónica de la Serna, Juan Jiménez y Diego Gómez aludían a “un matiz” que diferenciaba el caso de la infanta del de Botín, y es que la Fiscalía y Hacienda sí que van a acusar a otros imputados por delitos fiscales, por lo que sería viable que Cristina de Borbón se sentará también en el banquillo para responder sobre esos ilícitos, aunque la única acusación contra ella sea la de Manos Limpias.

Pero tanto Castro como esos tres jueces ya son pasado en el caso Nóos. Ahora serán los tres miembros del tribunal quienes decidan sobre la aplicación o no de la doctrina a la infanta. Las magistradas Rocío Martín, Samantha Romero y Eleonor Moyá escucharán las cuestiones previas planteadas por la defensa de la infanta y otras posibles partes del proceso. Eso puede llevar una o dos jornadas.

Antes del 9 de febrero

Cabe la posibilidad de que las cuestiones previas sean resueltas en el momento por el tribunal y trasladadas in voce a las partes, pero no será el caso. Las magistradas han dejado entrever a las partes que conocerán su decisión a través de un auto, esto es, una resolución razonada.

Según fuentes próximas al tribunal, el motivo es la argumentación jurídica que requieren, por su complejidad, dos de las cuestiones que se prevén que serán planteadas. Por una parte, la aplicación o no a este caso de la doctrina Botín y, por otro, la que previsiblemente presentará la defensa de Diego Torres, el socio de Iñaki Urdangarin, que pretende la nulidad de todo el proceso.

En cualquier caso, la decisión de las magistradas estará lista antes del 9 de febrero, la fecha señalada para retomar el juicio y que comiencen a declarar los imputados. Ninguna de las tres juezas está afiliada a una asociación de jueces y resulta muy difícil, por su trayectoria, determinar una inclinación ideológica. Rocío Martín ha pasado a integrar el tribunal tras la excedencia voluntaria solicitada por Juan Pedro Yllanes para integrar la lista de Podemos en las últimas elecciones generales.

De su fallo depende que la infanta sea finalmente juzgada y deba acudir a todas las sesiones que se celebren en los próximos seis meses o que responda únicamente como responsable civil a título lucrativo, supuesto para el que bastará que esté presente su representante legal.

Esta última es la responsabilidad que le atribuye la Fiscalía Anticorrupción: haberse beneficiado de los réditos del delito presuntamente cometido por su marido. Es la misma situación que la del PP en el primer gran juicio del caso Gürtel que se celebrará en la Audiencia Nacional, el que afecta a la conocida como ‘Primera Época’.

El fiscal Anticorrupción Pedro Horrach pide para la infanta el pago de una multa de 587.000 euros, la mitad de la cantidad que Urdangarin habría dejado de ingresar a Hacienda a través de Aizoon, siempre que se pueda demostrar el delito del marido y sea condenado. Cristina de Borbón ya depositó esa cantidad en una cuenta del juzgado a modo de fianza.

En el caso de que deje de estar acusada, cualquiera de las partes podría pedir que declare como testigo, cuestión sobre la que deberá decidir el tribunal. Si las juezas creen que no le es aplicable la doctrina Botín, la infanta declarará la última en la ronda de acusados que comienza el 9 de febrero. 

El Partido Popular (PP) ha solicitado acogerse a la denominada 'doctrina Botín' para no ser juzgado como responsable civil subsidiario en la causa en la que se investiga su 'caja B' y que este procedimiento se dirima en la Audiencia Provincial de Madrid y no en la Audiencia Nacional al considerar que la supuesta defraudación a Hacienda no ha tenido “repercusión en la economía nacional”.

Así consta en un recurso de apelación, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que los 'populares' impugnan la decisión del titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, José de la Mata, de imponer a la formación una fianza de 1,2 millones de euros para cubrir la responsabilidad civil que se pudiera determinar en una próxima sentencia.

El PP recuerda que ni la Fiscalía ni la Abogacía del Estado acusaron a la formación de Mariano Rajoy de un delito fiscal por no declarar las donaciones que recibió en el año 2008 y que las acusaciones populares, en consonancia con la 'doctrina Botín' del Supremo, “no tienen legitimación para reclamar la responsabilidad civil derivada del delito cuando el supuesto perjudicado”, en referencia a la Hacienda Pública, “renuncia a ella”.

El juez De la Mata, que pidió a los 'populares' algo más de un millón de euros por el pago de las obras de su sede en negro y 220.000 por no declarar las donaciones de 1,05 millones de euros que recibió en 2008, se acogió a las 'doctrinas Atutxa' e 'Ibarretxe' para abrir juicio oral contra la formación política con la única petición de la acción popular al considerar que el delito de fraude fiscal carece de un perjudicado concreto.

Según el recurso, que lleva la firma del abogado del PP y exfiscal de la Audiencia Nacional Jesús Santos, la interpretación realizada por De la Mata “yerra” al considerar que el delito contra la Hacienda Pública es “uno de los que admiten ser perseguidos” con la única acusación de las acciones populares, “cuando el alto tribunal, al matizar la conocida como 'doctrina Botín', no excluyó, ni explícita ni implícitamente, dicho delito del alcance de dicha doctrina, sino todo lo contrario”.

En relación con el tribunal competente para juzgar estos hechos, el PP señala que correspondería a la Audiencia Provincial de Madrid y no a la Audiencia Nacional, ya que las cantidades supuestamente defraudadas por la formación y el estudio de arquitectura que renovó su sede alcanzarían en el supuesto más amplio 1.797.634,13 euros. “¿Es dicha supuesta cantidad de una entidad tal que supone una grave repercusión en la economía nacional? Difícilmente puede mantenerse tal aseveración”, señala el recurso.

Siguiendo esta argumentación, los 'populares' apuntan que la competencia de la Audiencia Nacional no está justificada porque las supuestas defraudaciones “no tuvieron lugar en multitud de provincias y lugares de España, por una diversidad de personas físicas y jurídicas cuyos domicilios fiscales se encuentran desperdigados por la geografía nacional”.

“Más bien al contrario, el Partido Popular es un partido político cuyo domicilio fiscal se encuentra en Madrid, al igual que el domicilio fiscal de Unifica y al igual que los domicilios fiscales” de los extesoreros de la formación Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta y el antiguo gerente Cristóbal Páez, acusados en el procedimiento junto a tres responsables del estudio de arquitectura.

El PP también defiende que la Agencia Tributaria se manifestó “en repetidas ocasiones” en contra de imputar un delito de fraude fiscal al PP en relación con el Impuesto de Sociedades de 2008, en el que deberían haberse declarado, según el juez, las donaciones correspondientes a ese ejercicio.

En relación con los pagos en negro de las obras de la sede, que deberían haber sido incluidos en el Impuesto de Sociedades de Unifica del año 2007, según el instructor, la formación señala que la supuesta defraudación habría prescrito y que, en todo caso, no superaría el umbral del delito de fraude fiscal, establecido en 120.000 euros.

De igual modo, la formación de Mariano Rajoy apunta que la Intervención General del Estado ha constatado “la falta de fiabilidad” de los denominados 'papeles de Bárcenas', al tratarse de “fotocopias que no merecen ninguna credibilidad”.

Las esperanzas de la infanta Cristina llevaban el nombre de un banquero muerto. Hasta que este lunes, el juez José Castro ha dictado el auto de apertura de juicio oral contra 17 personas por el caso Nóos y ha dedicado una cuarta parte a explicar por qué no es aplicable la 'doctrina Botín' a una de ellas, la hermana del rey, que la hubiera salvado del banquillo. Viene a decir Castro que, si Hacienda y Fiscalía no quieren acusar a la infanta, la acusación popular de Manos Limpias está legitimada para hacerlo en representación de todos los españoles. Porque Hacienda no es solo Hacienda, “Hacienda somos todos”, que decía una campaña de la Agencia Tributaria citada por Castro en su auto.

Estos son los tres principales argumentos con los que Castro descarta aplicar a la infanta la 'doctrina Botín':

1. La 'doctrina Botín' evitó que se celebrara un juicio al banquero, pero el del caso Nóos se celebraría aun cuando se aplicara aquel fallo del Supremo. En el primer caso, la Abogacía del Estado y la Fiscalía concluyeron que no había delito en la conducta de Botín. Toda la acusación hubiera recaído en la acción popular. Aquí no ocurre lo mismo. La Fiscalía y la Abogacía del Estado van a ejercer la acusación, aunque no la dirijan contra la infanta. La vista se celebrará “aun sin la intervención (en la acusación de la infanta) de quienes teóricamente se presentaran como exclusivos paladines del interés social e individual”, escribe el juez, que aprovecha para reprochar a la Agencia Tributaria haber elegido “a capricho” a qué personas va a acusar por delito fiscal.

2. La jurisprudencia del Supremo interpreta que el legislador quiere acelerar los procesos por delitos de escasa gravedad y sencilla tramitación y por eso eliminó la posibilidad de abrir juicio oral solo con la acusación popular. El juicio del caso Nóos, sin embargo, se va a celebrar “irremediablemente”, dice Castro. “Siendo de compleja ejecución los delitos cometidos, no se adivina qué ahorro temporal obtendría”, añade.

3. ¿Por qué puede actuar contra la infanta la acusación popular? Explica Castro que a la hermana del rey se le atribuye “un atentado a un bien jurídico colectivo de interés general”, el erario público. Si la Agencia Tributaria no quiere acusar a la infanta, puede hacerlo la acusación popular en su lugar y en representación de todos los ciudadanos. “Llegar a la conclusión de que en los delitos contra la Hacienda Pública el perjudicado, o el único perjudicado, es la Abogacía del Estado sería tanto como decir que, ante un fraude del que fuera víctima una comunidad de propietarios, el perjudicado sería su administrados y no aquellos”, consigna el juez.

Por si quedara alguna duda, Castro se explaya: cuando se produce un “determinado volumen de evasión fiscal, el Gobierno de turno, que ve disminuidos sus ingresos, efectúa una automática compensación recortando los servicios públicos, aumentando la presión fiscal o, lo que es más frecuente, ambas cosas a la vez, pero en todo caso es el indeterminado colectivo de los ciudadanos el que se ve directamente afectado por el delito”. Castro exige a la infanta 2,6 millones de euros para cubrir posibles responsabilidades pecuniarias.

Para que calaran en la sociedad que los delitos fiscales afectan a todos, recuerda Castro, la Administración Tributaria “decidió llevar a cabo unas amplias campañas institucionales de pretendida concienciación tributaria entre las que habrá de ser resaltada por ser un clásico del que se ha hecho un prolífico uso, las más de las veces cargado de ironía, la de que 'Hacienda somos todos' y las muy recientes que cierran un diálogo con el eslogan oficial de la campaña: 'lo que tú defraudas, lo pagamos todos'”.