El Gobierno de España, reunido en Consejo de Ministros, ha aprobado el 3 de marzo de 2026 una declaración de “condena” de la “actuación desproporcionada” de la Policía Armada en una iglesia de Vitoria el 3 de marzo de 1976 y de “reconocimiento” y “homenaje” a todas las víctimas, tanto los cinco fallecidos como las decenas de heridos de bala y por otro tipo de lesiones. La resolución pone nombre y apellidos a los asesinados, Pedro María Martínez Ocio, Romualdo Barroso, Bienvenido Pereda, Franscisco Aznar y José Castillo, remarca que “la lucha obrera” de aquellos años “fue un elemento fundamental en el proceso que condujo a la recuperación de las libertades” tras el largo túnel del franquismo y remarca la “trascendencia histórica” de lo acontecido para Vitoria, para Álava, para Euskadi y para España.

El acuerdo no señala a los responsables con sus nombres y apellidos, ni a los policiales -Rafael Landín como gobernador civil de Álava y Jesús Quinta Saracíbar como capitán de la Policía Armada- ni a los políticos -Carlos Arias-Navarro como presidente del Gobierno, Manuel Fraga como ministro del Interior y Rodolfo Martín Villa como responsable de Relaciones Sindicales-. Se puede leer aquí una reconstrucción de los hechos con base en documentos “confidenciales” de las fuerzas de seguridad de la época y de la CIA. E insiste el Gobierno en que este paso no es algo excepcional sino que “reafirma” los pasos dados por el actual Ejecutivo en los últimos años. Se explica que la iglesia donde se produjeron los hechos, San Francisco de Asís en Zaramaga, es ya “lugar de memoria”, que el Estado ha aportado 0,6 millones para la puesta en marcha allí mismo de un Memorial y que las víctimas también “han sido reconocidas y reparadas por las instituciones vascas y estatales”.

El documento lleva por título “declaración institucional de reconocimiento a las víctimas de los sucesos del 3 de marzo de 1976 en Vitoria-Gasteiz” y de “condena la actuación desproporcionada de la Policía Armada en aquellos sucesos” por el que “se reafirma el compromiso con la memoria democrática, la verdad, la justicia y la reparación”. La resolución, propuesta por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, el socialista Ángel Víctor Torres, arranca con la constatación de que “el 3 de marzo de 1976, hace 50 años, la ciudad de Vitoria-Gasteiz fue escenario de uno de los episodios más graves y trágicos de violencia institucional ocurridos en los inicios del proceso de transición hacia la democracia”.

Y prosigue: “En Vitoria-Gasteiz se produjo un amplio conflicto laboral de las principales industrias de la ciudad con miles de trabajadores en huelga, quienes solían celebrar asambleas para debatir y decidir colectivamente sus reivindicaciones. Así, aquella tarde del 3 de marzo de 1976, miles de personas se habían reunido en la iglesia de San Francisco de Asís, en el barrio obrero de Zaramaga, para participar en una asamblea conjunta en el marco de la tercera huelga general convocada en apoyo a los trabajadores movilizados. Sin que constara incidente previo que lo justificara, las fuerzas policiales rodearon el templo e intentaron impedir la celebración de la asamblea. Tras la negativa de los reunidos a abandonar el recinto, se ordenó el desalojo. La Policía Armada lanzó botes de humo en el interior de la iglesia, un espacio cerrado y abarrotado, provocando escenas de asfixia, angustia y pánico. Quienes intentaban salir eran recibidos con cargas y golpes. En el exterior, en medio de la confusión y la tensión, la Policía armada comenzó a efectuar disparos con munición real”.

Se recalca que “la gravedad de los hechos causó una profunda conmoción en todo el país y dejó una herida duradera en la sociedad alavesa, vasca y española”. “Aquella movilización formaba parte de un movimiento obrero que, en condiciones de ausencia de libertades sindicales y políticas, había construido espacios de participación y deliberación colectiva a través de las asambleas. Las reivindicaciones salariales y laborales se entrelazaban con una aspiración más amplia de dignidad, derechos y reconocimiento. No se debe olvidar, que la lucha obrera fue un elemento fundamental en el proceso que condujo a la recuperación de las libertades y a la consolidación de un sistema democrático basado en el pluralismo, la negociación colectiva y el respeto a los derechos sociales”, se puede leer.

El Estado agradece a las víctimas y a la asociación Martxoak 3, expresamente, haber “mantenido viva la llama de lo sucedido” durante décadas. “En esta declaración institucional, el Gobierno de España expresa su reconocimiento y homenaje a las personas fallecidas y a todas las que resultaron heridas, así como a sus familiares. Asimismo, condena la actuación desproporcionada de la Policía Armada en aquellos lamentables hechos y reconoce el sufrimiento y el dolor padecido por las víctimas y sus familiares, y la trascendencia histórica de lo sucedido. El Gobierno de España reafirma, además, su compromiso con los principios de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición, así como con el fortalecimiento de las políticas públicas de memoria democrática, convencido de que la consolidación de nuestra democracia exige asumir de manera honesta ante las víctimas, la sociedad alavesa, vasca y española, los dolorosos acontecimientos del 3 de marzo de 1976 y garantizar que nunca más el ejercicio de derechos fundamentales y laborales sea respondido con violencia”, indica también.

La resolución concluye que “cincuenta años después de aquellos hechos, el Gobierno de España considera que la memoria de las víctimas forma parte inseparable del patrimonio democrático común de Vitoria-Gasteiz y del conjunto de la sociedad alavesa, vasca y española”. “Y constituye un recordatorio permanente del valor de la dignidad del trabajo, la justicia social, el diálogo y la paz”, cierra.

Las reflexiones de Martín Villa con 91 años

En paralelo, el exministro en 1976 Martín Villa, procesado en Argentina por estos hechos pero nunca juzgado en España, ha concedido dos entrevistas, a Radio Vitoria y RTVE. A sus 91 años, se queda en considerar lo sucedido como “una suma de errores horribles”. “Las dificultades fueron manifiestas y las responsabilidades totales. Colocarlas en personas concretas…me siento incapaz”, sostiene sin pedir disculpas.

A título individual, añade: “En ese tema yo no tenía las responsabilidades sobre las actuaciones policiales, pero ciertamente me he considerado muy cerca de lo que allí pasó y tengo un sentimiento de rabia y dolor por no haber podido evitarlo”. “Había muerto Franco y había una explosión de las libertades. Se sabía lo que queríamos ser, pero no cómo llegar a serlo. Lo que hoy parece sencillo, en aquel momento no lo era. Yo soy un reformista, me ha tocado serlo y los ciudadanos se inclinaron por la reforma para hacer lo mismo que pretendían los rupturistas, pero sin que al Gobierno se le fuera de las manos la seguridad ciudadana. Explicarlo ahora es difícil”, opina también.

Cada 3 de marzo, Vitoria-Gasteiz se detiene para recordar a Pedro María Martínez Ocio, Francisco Aznar Clemente, Romualdo Barroso Chaparro, José Castillo García y Bienvenido Pereda Moral, trabajadores asesinados en 1976 por parte de la Policía Armada, así como a las decenas de personas que resultaron heridas. No es una fecha más en nuestro calendario. Es una herida en nuestra memoria colectiva y, al mismo tiempo, un compromiso permanente con la verdad, la justicia y la reparación.

El comienzo de año de 1976 fue el inicio de un largo periodo de numerosas movilizaciones en toda España, con más de medio millón de trabajadores en huelga desde principios del mes de enero y que venían motivadas por dos reivindicaciones: la creación de un sindicato libre, independiente del sistema político franquista y la mejora de las condiciones laborales.

Y en Vitoria estas movilizaciones fueron especialmente activas, tanto por los propios trabajadores, como por las marchas organizadas y protagonizadas por sus mujeres, que recorrían diariamente las calles de la ciudad como muestra de apoyo a sus maridos.

Era un contexto en el que la libertad sindical y el derecho de huelga y reunión no estaban garantizados, ni se daban las garantías propias de un Estado de Derecho, alcanzadas en 1978 con la aprobación de la Constitución española.

Ese 3 de marzo de 1976, 5.000 trabajadores se encontraban dentro de la Iglesia de San Francisco de Asís celebrando la asamblea número 241 desde el día 1 de enero del mismo año, con el único objetivo de debatir y coordinar sus reivindicaciones laborales. En ese contexto de debate, de tertulias compartidas, de pensamiento colectivo, la Policía Armada decidió entrar a la iglesia lanzando gases lacrimógenos en su interior para desalojar a los trabajadores que se encontraban allí reunidos. Y cuando éstos intentaron salir y huir y, a pesar de estar completamente desprotegidos, la Policía decidió atacarles, produciéndose cargas y disparos con armas de fuego. El resultado ya es sabido por todos. 

Los hechos acaecidos en Vitoria ese día 3 de marzo de 1976 agitaron a todo el país, provocando un gran enfado social, reconociendo hasta el propio ministro de Gobernación, Manuel Fraga Iribarne, que las actuaciones llevadas a cabo por la Policía Armada fueron “lamentables”, aunque jamás asumiera ningún tipo de responsabilidad política, y justificando los actos en aras del mantenimiento del orden público. 

Hoy, medio siglo después, los derechos laborales forman parte del núcleo de nuestro Estado social y democrático de derecho. La negociación colectiva, la libertad sindical, el derecho de huelga y la protección frente a los riesgos laborales no son concesiones que nos hayan venido regaladas: son conquistas históricas. Conquistas que debemos cuidar cada día, desde el diálogo social, desde el cumplimiento de la ley y desde la responsabilidad compartida de empresas, trabajadores y administraciones.

Como subdelegada del Gobierno en Álava, y en nombre del Gobierno de España al que represento, quiero reafirmar nuestro compromiso con la memoria democrática y con el reconocimiento de las víctimas. 

Este compromiso con la memoria reciente y el respeto a los derechos humanos se materializa con iniciativas tales como la declaración de la Iglesia de San Francisco de Asís como Lugar de Memoria Democrática, impulsada por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática del Gobierno de España y publicada en el Boletín Oficial del Estado en fecha 23 de febrero de 2026. Esta declaración busca preservar la memoria de aquellos hechos y promover la educación ciudadana sobre los valores democráticos. En un contexto en el que apenas se reconocían derechos básicos como el de reunión o asociación, la Iglesia de San Francisco funcionó como un lugar clave para el intercambio y la organización colectiva: un punto de encuentro fundamental para los trabajadores de Vitoria en una etapa marcada por la ausencia de libertades políticas y sindicales. 

La declaración como Lugar de Memoria implica la puesta en marcha de diversas medidas destinadas a su protección y valorización. Entre ellas se incluyen su adecuada identificación y señalización, la preservación de los elementos conmemorativos ya existentes y la promoción de iniciativas orientadas a la divulgación y contextualización histórica de los acontecimientos.

La historia demuestra que muchos de los avances sociales actuales fueron fruto de la organización y el sacrificio de trabajadores y trabajadoras que defendieron, incluso con su vida, la justicia social.

La mejor manera de honrar a quienes perdieron la vida aquel 3 de marzo es seguir trabajando por una sociedad más justa, donde el conflicto laboral encuentre siempre cauces democráticos y donde ninguna reivindicación legítima sea respondida con violencia. Es consolidar una cultura del trabajo digno, seguro y con derechos. Es garantizar que nunca más luchar por las clases trabajadoras pueda costar la vida.

La memoria no es un ejercicio del pasado; es una guía para el presente. Que el recuerdo de aquellos trabajadores nos interpele, nos una y nos obligue a estar a la altura de lo que representan: la dignidad del trabajo como fundamento de la democracia.

No ha sido un camino fácil, durante años partidos mayoritarios e instituciones intentaron pasar página y silenciar la lucha y la matanza de Vitoria en 1976 porque contradecían su relato de una Transición que ni fue modélica ni pacífica. Hoy hay consenso en considerar que esa lucha, y la solidaridad que generó, fue determinante para hacer fracasar los intentos de reformar el franquismo e impulsó de forma decisiva las libertades. Sin embargo, los dirigentes obreros renunciaron a la ruptura democrática propiciando una Transición que mantuvo intactos resortes del poder franquista y legitimó la injusticia y la impunidad con las víctimas. 

Cien mil personas participamos en el funeral de los tres primeros asesinados aquel aciago día, la mayor manifestación contra la dictadura fascista que se resistía a morir matando. Durante el recorrido, miles de brazos se alzaban haciendo el signo de victoria. La brutal intervención policial no pudo empañar el éxito de una huelga general que consiguió el apoyo de todo el pueblo de Vitoria con una clase trabajadora que durante dos meses demostró su capacidad de lucha y sacrificio enfrentándose a una patronal intransigente enriquecida bajo la dictadura gracias a leyes criminales y una represión sistemática del movimiento obrero.

Pagamos un precio muy alto, pero los asesinatos de Pedro María, Francisco, Romualdo, José y Bienvenido, acribillados a quemarropa al disolver la Policía una asamblea obrera, concitaron la solidaridad de medio millón de personas en la huelga general más importante de Euskal Herria, y amplia contestación en el Estado y en el mundo, con dos nuevos asesinatos en Basauri y Tarragona.

Los asesinatos de Vitoria fueron terrorismo de Estado y no una “respuesta policial abusiva”, como ha declarado recientemente una dirigente del partido socialista. Esa sutil diferencia impide que se consideren delitos de lesa humanidad, que ni prescriben ni pueden ser amnistiados, y establece víctimas de primera y de segunda categoría. Sin órdenes o autorización del Gobierno franquista, el gobernador civil no hubiera violado el concordato de 1953 con la Santa Sede, que prohibía entrar en las iglesias, ni la Policía hubiera intervenido tan fría y premeditadamente.

Además, las instrucciones de “no os importe matar”, dadas cuando Manuel Fraga y Rodolfo Martin Villa eran ministros de Interior, avalan que fueron crímenes de Estado. No fueron los únicos. Hubo más de cien asesinatos de trabajadores y personas de izquierdas, como el de los Sanfermines de 1978, desde la muerte de Franco hasta que se aprobó la Constitución. Por eso, es necesario que el Gobierno de España reconozca, pública y políticamente, que existió violencia de Estado. 

Defendiendo lo más básico; poder elegir a nuestros representantes, un sueldo decente, y una jornada laboral digna, conquistamos las libertades ejerciéndolas, y nos enfrentamos al poder económico que tenía a su servicio el sindicato vertical, las instituciones, las leyes, los medios de comunicación y la Policía. Nos golpearon, nos despidieron, nos detuvieron, nos torturaron, nos balearon, nos asesinaron. Pero no pudieron doblegarnos.

No nos regalaron nada, todo hubo que conquistarlo. Conseguimos romper los topes salariales, mejoras laborales, reconocimiento de asambleas y Comisiones Representativas, readmisión de despedidos, garantizar el puesto de trabajo a los detenidos, que se potenciarán las asociaciones de vecinos y se pusiera en pie un movimiento propio de las mujeres, pero después hubo que seguir luchando porque bajo el capitalismo ninguna mejora es estable ni permanente. 

Hoy sobran razones para seguir peleando. El constante incremento de los ritmos de trabajo aumenta las bajas laborales por trastornos mentales, la subida de los precios adelgaza los salarios en favor de los beneficios del capital. Interminables cadenas de subcontrataciones recaen en las empresas con empleos más precarios, las mujeres ganan un 30% menos que los hombres, la jornada aumenta porque se obliga a meter horas extras que en muchos casos no se pagan, los precios de la vivienda están por las nubes debido a la especulación, la sanidad, la educación o la dependencia se deterioran y se privatizan, el fraude y la elusión fiscal de las grandes empresas son endémicos, y la desigualdad es creciente. 

La crisis del capitalismo y la disputa por la hegemonía imperialista incrementan el militarismo y la agresividad, las migraciones masivas, el negacionismo climático de la extrema derecha, la dictadura de las plataformas digitales, la degradación del planeta, o los planes para hacer negocios con los genocidios y el sufrimiento de millones de personas, mientras se aplican leyes, como la ley mordaza, que criminalizan la protesta y atacan de raíz derechos que han costado sangre, sudor, y lágrimas conseguir. Sin embargo, la clase trabajadora seguimos ocupando la centralidad social y económica, y la historia enseña que podemos ocupar también la centralidad política, impulsando cambios profundos en la sociedad.

Ahora mismo, en Euskadi, más de 50 empresas o sectores afectando a miles de trabajadores están en huelga. El movimiento pensionista lucha para mejorar las pensiones de miseria de miles de mujeres que no cotizaron lo suficiente por dedicarse a tareas de cuidados, de menores y personas dependientes, porque el PSE-EE y PNV ni siquiera permiten que se debata en el Parlamento Vasco, a pesar de haber recogido más de 145.000 firmas de apoyo.

El próximo día 17 de marzo hay una convocatoria de huelga general en Euskal Herria en favor de un salario mínimo de 1.500 euros, lo que beneficiará a mujeres, personas migradas y jóvenes, y reducirá la pobreza y la precariedad. Buen momento para recuperar lecciones del 3 de marzo. La organización, la solidaridad, la unidad de acción o la extensión y coordinación de las luchas, mientras seguimos defendiendo la verdad, la justicia, la reparación y un Memorial del 3 de marzo que contribuya a conseguir esos objetivos.

En 'Asesinato en el Oriente Express', el detective Hércules Poirot, creado por la imaginación de Agatha Christie, debe dilucidar la responsabilidad de un asesinato a bordo del célebre ferrocarril detenido por una tormenta de nieve. Los pasajeros del convoy se convierten en sospechosos porque, además, cada uno de ellos tenía motivos para asestar su puñalada. En noviembre de 1980, Adolfo Suárez era el Samuel Ratchett al que todos ansiaban ultimar. 

Uno de los documentos relativos al 23-F desclasificados por el gobierno describe la compleja urdimbre de tramas cuyo último objetivo era colocar una diana sobre él. Se trata de la unidad documental titulada “Documentación con una presunta planificación del golpe, manuscrita (1980)”. Varios medios se han referido a ella como el bosquejo del plan diseñado por los golpistas. En mi opinión, son los apuntes de un agente de los servicios de información infiltrado entre los conspiradores. Su redacción sigue un patrón: descripción de la operación observada; identificación de los responsables; y evaluación de la viabilidad, no quedándose en un momento estático, sino aventurando la posible evolución acorde al potencial deterioro de la situación social y política. 

Las múltiples tramas anteriores al 23-F se analizan en las seis primeras páginas del documento bajo el rubro “Panorámica de las operaciones en marcha”, subdivididas en civiles, militares y protagonizadas por “expontáneos” (literal). Lo primero que llama la atención es que el informante otorgó idéntico rango a las conspiraciones militares que a las intrigas internas de la Unión de Centro Democrático (UCD), las entabladas por la corriente democristiana liderada por Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón -a quien Leopoldo Cavo Sotelo llamaría el buque insignia de los submarinos que estaban hundiendo al partido-, o la “azul” de los antiguos cuadros del Movimiento encabezados por Rodolfo Martín Villa. También metió en el mismo saco legítimos recursos de oposición como la moción de censura impulsada por el PSOE, la absorción por parte del partido de Felipe González del sector socialdemócrata de la UCD o el perfil bajo adoptado por el PCE. Era, sin duda, un reflejo del escaso rodaje de la cultura democrática que aquejaba aún a los funcionarios de los aparatos duros del Estado en transición. 

Las más interesantes de las descritas eran las operaciones con un componente militar: la “de los Tenientes Generales”, la “de los coroneles” y la de los citados “expontáneos”. A medida que se descendía por la escala de mando, los proyectos estaban más perfilados, los objetivos eran más definidos y los métodos se preveían más contundentes. El operativo de los Tenientes Generales era un golpe rectificador bajo forma de pronunciamiento clásico: dada la situación creada por la triple confluencia del terrorismo, la centrifugación territorial -la multiplicación de autonomías- y el deterioro del orden público, aspiraban a un gobierno cuyas cabezas visibles fueran un general en la reserva “con capacidad de arrastre” y un político reputado, todo bajo los auspicios de un rey “que actuaría constitucionalmente”. Se llegaba a manejar la posibilidad de que si el jefe militar era alguien de reconocido prestigio como Gutiérrez Mellado o Díez Alegría -el general al que a raíz de la revolución de los claveles le remitieron monóculos para que se convirtiera en un remedo de Antonio de Spínola-, la opción podía contar con el apoyo de dirigentes del PSOE. El éxito de esta opción estaba directamente relacionado con una rápida degradación del contexto sociopolítico.

“Los coroneles” no tenía prisa. Creían que la situación colapsaría en un plazo máximo de dos años y se preparaban para que fuese el “pueblo el que llamase a las Fuerzas Armadas”. No tenían inconveniente en que hubiese un gobierno de gran coalición UCD-PSOE, porque pensaban heredar sus cenizas y promulgar, sobre el solar achicharrado, una nueva constitución de talante doctrinario. Su principal hándicap era que carecían de una expresión política que les prestase sustento, pero el informador consideraba “imparable” su acción si las circunstancias evolucionaban como preveían.

Los “expontáneos” eran los incorregibles de la Operación Galaxia. Su concepto del golpe era vanguardista: conscientes de que no había consenso en el estamento militar, creían que, si un pelotón de audaces daba un paso al frente, el resto acabaría por seguirles. Políticamente contaban con el apoyo de “fuerzas nacionales” a las que pensaban atribuir una misión de colaboración paramilitar. Su apuesta programática era simple: reforma constitucional en sentido iliberal, reversión del proceso autonómico, nueva ley laboral y sindical -con orientación sin duda corporativista-, ley de orden público y combate contra el terrorismo. Estaban por la simplificación del mapa político: una derecha y unas “fuerzas nacionales” reorganizadas, un PSOE obligado a “desmarxistizarse”, la erradicación del comunismo y la ilegalización de los partidos separatistas. Una propuesta con ecos extrañamente actuales…

Ha pasado bastante desapercibido, dada la salida en tromba para exonerar al rey emérito de cualquier atisbo de complicidad, tolerancia o mera inacción respecto a estos planes el hecho de que los dos operativos militares (el de los Tenientes Generales y del de los coroneles) confluyeran en intereses y objetivos con una denominada “operación mixta” impulsada por Rodolfo Martín Villa. Partidario de un gobierno de coalición UCD-AP, no habría tenido inconveniente en que lo encabezase en un principio Manuel Fraga Iribarne. El hiperactivo Fraga jugaba en varias ligas: se le citaba como quien había “convocado a unos generales para un encuentro en la costa levantina” a fin de convencerles de que, faltos de “cobertura política de partido”, él podía postularse como “líder civil” junto al “general con arrastre”. Al mismo tiempo, se rumoreaba que el de Villalba buscaba el contacto con los coroneles. Se sabía, por otra parte, que los “expontáneos” apoyaban una unificación entre AP y los restos de la UCD para que hubiera una sola derecha y que estaban dispuestos a plegarse a las condiciones de la “mixta” si eso tenía mayores garantías de éxito que su golpe duro. Todas las opciones presumían contar, en mayor o menor medida con la cobertura institucional de la corona. Eran legión los que, desde Zarzuela a la sede de la Capitanía de la 3ª Región Militar, tenían la daga afilada y esperaban el momento propicio bajo la tormenta de nieve.

Vitoria fue la primera ciudad conquistada por los sublevados franquistas tras el golpe de Estado del 18 de julio de 1936. Y, casi cuarenta años después, el 3 de marzo de 1976, Vitoria fue escenario también del que quizás fue el último gran coletazo de represión de una dictadura sin dictador, ya que Francisco Franco había fallecido ya 104 días antes, el 20 de noviembre de 1975. Hacia las cinco de la tarde de ese miércoles de ceniza en la tradición católica, la Policía Armada disolvió a tiros una asamblea obrera que se celebraba en la iglesia de San Francisco de Asís del barrio de Zaramaga. Tres huelguistas murieron ese día —Pedro María Martínez Ocio, Francisco Aznar Clemente y Romualdo Barroso Chaparro—y otros dos —José Castillo García y Bienvenido Pereda Moral— lo hicieron más tarde.

Hubo 41 heridos de bala en Vitoria y otro medio centenar de ingresados por diferentes tipos de lesiones. Las protestas por los sucesos de Vitoria dejaron más cargas y muertos en Tarragona, en Basauri y hasta en Roma, Juan Manuel Rodrigo, Vicente Antón Ferrero y Mario Marotta. En la víspera, el 2 de marzo de 1976, una nota del Gobierno Civil, a cuyo frente estaba desde unas pocas semanas antes el pontevedrés Rafael Landín, avisaba de que las fuerzas de orden público iban a reprimir “con todo rigor” las “antisociales conductas” que se pudieran producir. Hubo “mil tiros”, contaba uno de los 'grises' actuantes por radio. “Hemos contribuido a la paliza más grande de la historia. Cambio. De verdad una masacre. Cambio”, se escuchó en la emisora policial aquella tarde.

Con motivo del quincuagésimo aniversario de estos hechos que se grabaron a sangre y fuego en la historia de Vitoria y que marcaron el devenir de la Transición hacia el nuevo marco democrático, elDiario.es/Euskadi ha accedido a documentación interna del Gobierno Civil de Álava, de la Brigada Político Social del Cuerpo General de Policía y de la Guardia Civil de 1975 a 1977 gracias a la colaboración del Archivo de Álava, que custodia los fondos tanto de la Diputación como de los organismos del Estado en la provincia. Varios de los documentos llevan el sello de “confidencial”.

Los informes dibujan un escenario de creciente oposición al régimen al menos desde septiembre de 1975, cuando se produjeron los fusilamientos de Juan Paredes Manot 'Txiki' y Ángel Otaegi, pero también en muchos momentos se reconoce que eran movilizaciones “pacíficas”. También se han consultado los archivos de la CIA de Estados Unidos, de libre uso en aplicación de una ley inexistente en España, que mantiene en vigor una normativa de secretos oficiales de la dictadura. Y, finalmente, se ha repasado el material recopilado por la comisión sobre el 3 de marzo de 1976 celebrada en el Parlamento Vasco en 2008, buena parte procedente del Instituto Valentín de Foronda de la EHU, la Universidad pública vasca. Ello incluye que la propia Justicia militar española de la época calificó de “homicidio” las muertes causadas por la Policía Armada en Vitoria, aunque se archivaron las actuaciones al no hallarse responsables concretos de cada una de ellas.

Sugiere el historiador Antonio Rivera que detrás del 3 de marzo de 1976 veían un pulso de insurrección o revolución —“el soviet de Vitoria”— tanto los líderes de las organizaciones clandestinas que bullían en aquel final del franquismo como el propio Estado, con cada vez más dificultades para contener las ansias de libertad tras cuatro décadas de cerrojo. Sin embargo, el gran efecto movilizador de las huelgas que condujeron a la asamblea de San Francisco de Asís fueron las reclamaciones económicas y laborales de miles de trabajadores que veían injusta y precaria su situación familiar. Las fuerzas del orden decomisaron decenas y decenas de pasquines y publicaciones en ese sentido.

En España se había impuesto la congelación salarial, la inflación era galopante y aún se sentían los efectos de la crisis mundial de 1973, la del petróleo. El sindicato 'vertical' era una maquinaria inútil para mejorar los convenios y la muerte del dictador había generado expectativas de cambios que no terminaban de llegar con un Estado ahora con Juan Carlos I al frente que se comportaba exactamente igual que el anterior. Vitoria, por su parte, había casi cuadruplicado su población durante la dictadura, fundamentalmente por la llegada de trabajadores de otras zonas de España. Se asentaron en barrios humildes de ladrillos rojos de la periferia, incluido Zaramaga.

Las movilizaciones obreras en Vitoria arrancaron el 9 de enero en Forjas Alavesas, una gran industria en la propia Zaramaga. Y luego se sumaron otras como Mevosa (actual Mercedes-Benz, la mayor empresa privada de Euskadi), Aranzábal, Cablenor o también, en el resto de la provincia de Álava, fábricas de Salvatierra-Agurain, Amurrio y Llodio. Se crearon comisiones representativas autónomas en cada una de las empresas en huelga, aunque sí había una plataforma reivindicativa común y asambleas compartidas. Los templos de la Iglesia católica se empleaban como refugio en busca de una pretendida protección en aplicación del concordato entre España y el Vaticano de 1953, que impedía a la Policía acceder a ellas. La del 3 de marzo fue la tercera huelga general, ya que antes las hubo los días 16 y 23 de febrero. Pero constan actuaciones de la Policía Armada al menos desde el 2 de febrero. El 26 de enero eran ya 6.000 los trabajadores en huelga.

Los informes policiales

1976 se estrenó en Vitoria con una pancarta de siete metros de largo y uno y medio de alto colocada en la Virgen Blanca, la plaza principal. Rezaba “Libertad para todos los presos políticos”. La firmaba el PSOE, ilegal entonces, y las Juventudes Socialistas de Euzkadi (con 'zeta'). Ambas organizaciones habían realizado también pasquines. “Año nuevo en la lucha por la libertad [...]. Autodeterminación para Euzkadi y demás nacionalidades [...] ¡Abajo el sindicato vertical! Abajo la monarquía fascista”, se podía leer en ese papel. Las fuerzas del orden retiraron la pancarta socialista a las 00.30 horas de aquel Año Nuevo, según expusieron en un informe interno. Después, registraron el Círculo Vitoriano por un aviso de bomba que resultó ser una falsa alarma.

El 13 de enero, el comisario jefe del Cuerpo General de Policía de Vitoria remitía al gobernador civil un primer informe sobre las huelgas que habían arrancado cuatro días antes, el 9 de enero. Bajo el título “Situación laboral en el día de hoy”, se explicaba que “continúan parados los 1.500 obreros manuales” de Mevosa, que “permanece cerrada” Forjas Alavesas y que habían mantenido una reunión en la jornada anterior que, aparentemente, finalizó con algunos presentes gritando “¡Viva el Rey!” y “¡Viva la Policía!”, y que 800 “obreros de taller” de Aranzabal y 180 de Llama Gabilondo estaban igualmente en huelga.

Ese mismo 13 de enero, los servicios de Información de la Guardia Civil en Vitoria (la zona 512, como se denominaba entonces), en uno de los documentos con el sello de “Confidencial”, detectaron una asamblea de “unas 800 personas aproximadamente” en la iglesia de Belén, también en Zaramaga. Eran “obreros en paro” de Forjas Alavesas, huelguistas. Exponen los agentes que duró 30 minutos y que, luego, marcharon “pacíficamente” hasta la sede de la OSE, las siglas del sindicato franquista. Estaban en la plaza del Conde de Peñaflorida, la actual sede de Trabajo del Gobierno vasco. De nuevo de forma “pacífica”, terminaron su protesta allí.

Pero, dos horas después, la Guardia Civil alertó de que “respondiendo a la numerosa propaganda clandestina”, del orden de “3.000 individuos”, la mitad “alborotadores” y el resto “curiosos, observadores, etc.”, llevaron a cabo una protesta. Arrancó en un edificio municipal en Eduardo Dato, siguió en la OSE y volvió a Eduardo Dato, General Álava, Fueros y Portal del Rey, el ensanche de la ciudad. Cantaron “amnistía general”, “Policía asesina” o “Gora Euzkadi askatuta!”. Entonaron igualmente un “himno en vascuence”, relata el documento policial interno. La Policía Armada “en ningún momento efectuó carga alguna”, dice el otro cuerpo.

El 20 de enero, la Guardia Civil volvió a elaborar una “nota informativa” de carácter “confidencial”. En ella, exponía que un “confidente” había indicado cómo encontrar “en un vertedero de basuras situado en las proximidades del camino que conduce de Armentia a Berrosteguieta” un gran volumen de propaganda política que el Estado consideraba subversiva. En concreto eran 67 ejemplares de la revista 'Abenduak 11' de la delegación vasca de la ORT (Organización Revolucionaria de los Trabajadores, maoístas), dos lotes de 192 y 113 ejemplares de 'En lucha' (la revista nacional de la ORT) y 900 ejemplares -en castellano y en “vascuence”- de un “acuerdo” entre diferentes partidos y organizaciones con la ORT, incluidos “EHAS, ETA y LAB” y el Partido Carlista de Euzkadi. En 1936, el carlismo fue decisivo para el éxito de la sublevación en Álava, en Navarra y en el resto del territorio vasco.

Un reporte policial del 19 de febrero habla de varias fábricas “cerradas” y detalla el seguimiento de las huelgas. En los informes policiales, desde finales de 1975 y hasta el 3 de marzo de 1976, las fuerzas del orden hicieron constar también la existencia de presuntos grupúsculos de obreros de otras zonas de España que se sentían desplazados por las reivindicaciones nacionalistas vascas, algo que se usaba para legitimar al régimen. Lo llamaron “propaganda positiva” para el régimen. “Castellanos, andaluces, extremeños, gallegos, basta ya de hacer el juego a separatistas, vascos que reniegan de su condición de españoles, que de siempre han pretendido mantenernos como ciudadanos de ínfima categoría a los que, llegados de otras provincias, buscando el pan para nuestros hijos y un meritorio deseo de asegurarles un futuro mejor, estamos aquí nuestro sudor [...]. No, no estamos en casa ajena. Las provincias Vascongadas son España”, se podía leer en un folleto decomisado.

El propio régimen lo tilda de “especie propagandística clandestina de carácter españolista” en un documento “confidencial” del 10 de octubre de 1975, aún con Franco vivo. En aquel momento, el teniente coronel al frente de la comandancia de Vitoria, sita en la actual sede de la Cruz Roja del portal de Castilla, era Antonio Tejero. El promotor del golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, fallecido esta misma semana tras la desclasificación de algunos de los documentos de ese episodio, se convirtió en jefe de la zona 512 el 22 de febrero de 1975, procedente de Donostia. Estuvo en la plaza hasta el 5 de enero de 1976, cuando regresó a Gipuzkoa.

La víspera de la matanza

Del 2 de marzo, la jornada previa a la matanza, se han localizado dos informes. Uno venía firmado por el teniente coronel de la Guardia Civil, que ya no era Tejero. Arrancaba informando de que, de madrugada, un camión Pegaso con pescado y matrícula de Tarragona que iba a Bilbao vio pinchadas sus seis ruedas. Después, enumeraba el seguimiento de las protestas en Tubacex de Amurrio y en Villosa (Guardian) de Llodio. Mencionaba también una firma llamada “Embases metálicos”, con una flagrante falta de ortografía. Después, aludían a propaganda interceptada, buscando el “boicot” de “bares, cines, prensa, etc.” de cara a hacer exitosa la huelga general del día siguiente. También se hablaba de la “solidaridad” de parte del personal educativo y de una asamblea de 300 obreros “de ambos sexos” en una iglesia de Salvatierra-Agurain. Finalmente, describía que “sobre las 18.30 horas” del orden de “600 mujeres” salieron de la iglesia de Belén de Zaramaga e “iniciaron una marcha” hacia Forjas Alavesas. A las 19.00 horas, otras 150 mujeres se colocaron delante de la factoría de Gabilondo. No hubo “incidentes”, según la Guardia Civil.

El otro documento es del Gobierno Civil, que probablemente había recibido ya los reportes de las brigadas de Información, en los que aparece como destinatario. En una nota, se indica que es conocedor de que “mañana, miércoles, día 3” hay “grupos” que pretendían “organizar manifestaciones no autorizadas, por vías públicas de esta ciudad de Vitoria, atentatorias a las más elementales normas de libertad de circulación”. Y también que se preveía “la realización de otros actos que pueden engendrar conductas socialmente reprobables”. “Se advierte de la ilicitud de dichos actos, así como del criterio y propósito de este centro, velando por el mantenimiento del orden público y paz ciudadana, de adoptar las medidas reglamentarias oportunas para prevenir y, en su caso, reprimir, con todo rigor, las antisociales conductas de referencia, haciendo un llamamiento a los promotores e incitadores, de la gran responsabilidad que pesa sobre los mismos, a fin de que reconsideren sus instigadoras acciones en aras del buen sentido de que siempre ha hecho gala el pueblo alavés”, se puede leer en el papel, custodiado por el Archivo de Álava.

Miércoles de ceniza

Para la reconstrucción documental del día de autos, se ha recurrido al memorando elaborado por el Parlamento Vasco en 2008. Allí se expone, de entrada, que “la tercera jornada de huelga general convocada para el 3 de marzo tampoco se caracterizó por la violencia”. Fueron paros “de general seguimiento” en los diferentes sectores y de fuerte presencia policial. La “tensión social” venía acumulándose durante siete semanas y las “dificultades” económicas se empiezan a sentir en los bolsillos de los huelguistas. Había, eso sí, expresiones de solidaridad e incluso repreresentantes de fuera de Vitoria presentes en la ciudad. Las autoridades “reclamaron más fuerzas policiales” para controlar la situación. Y se pusieron en marcha desde Valladolid, a 240 kilómetros.

La jornada matinal fue muy movida. Hubo una asamblea obrera en la iglesia de Los Ángeles y la Policía Armada “instó al desalojo”. Los 'grises' entraron en otro templo, en el de Desamparadas, en el centro. “Intervino contra las columnas de manifestantes que desde los polígonos industriales del norte y del sur confluían hacia el centro de la ciudad”, se destaca también.

Hacia las 11.00 horas hubo cargas en la Avenida del Generalísimo (rebautizada después como Gasteiz). Los policías ya emplearon “fuego real” y se registraron “varios heridos de bala”. Una de ellas fue una mujer que estaba en su casa. Los huelguistas llenaron la ciudad de barricadas. “La ciudad se encontraba para después del mediodía totalmente colapsada en su tránsito rodado”, concluye el memorando.

Eso sí, hacia las 14.30 horas se produjo una tregua: “Obreros y policías se retiraron de las calles” y fueron a comer. La hora de retomar la actividad era las 17.00 horas, el momento de la asamblea en San Francisco de Asís, en Zaramaga. Era un singular templo católico diseñado por Luis Peña-Ganchegui de planta cuadrada y con un formato interior tal que permitía reuniones muy numerosas. Acumulaba 17 asambleas de trabajadores hasta ese día.

A las 16.45 horas, el recinto ya estaba lleno. No eran solamente huelguistas sino también personas mayores o jóvenes. Era un encuentro perfectamente pacífico. Muchas de las que quisieron participar se quedaron fuera sin poder hacerlo. “Se calcula que dentro de la iglesia habría unas 4.000 personas y otras tantas afuera”, estiman los expertos.

A las 16.45 horas ya se personó la Policía Armada. Y sobre las 17.10 horas, “después de haber establecido un cordón para impedir la llegada a la iglesia de más obreros, la Policía Armada recibió la orden de desalojar”. Muchas personas pudieron oír las conversaciones de la emisora policial por receptores ordinarios de FM. Uno de los mensajes que se escucharon fue el siguiente: o se hacía “por las buenas” o, de lo contrario, los uniformados lo harían “a palo limpio”. Un mando buscó que el párroco le ayudara a ejecutar la directriz, pero el religioso no veía ningún problema de seguridad que lo justificara. Al parecer, se le mostró una orden del Gobierno Civil.

La Policía no tuvo contemplaciones e inició el asalto lanzando botes de humo lacrimógenos. “Ello provocó el pánico” en un primer momento. Hubo una estampida en la salida y los antidisturbios esperaban allí para golpear a los asambleístas. Otros rompieron los ojos de buey que rodean todo el edificio para escapar por allí. Entonces ―y no antes― las personas que estaban fuera empezaron a arrojar objetos a los agentes para cambiar la dirección del ataque y que pudieran salir los miles atrapados dentro de San Francisco de Asís. “No se sostiene la versión de que los obreros fueran armados de ningún tipo de recurso previo. Sólo se puede acreditar que utilizaron improvisadamente lo existente en las inmediaciones”, indica el memorando sobre los hechos. Vecinos de la calle de Fermín Lasuen llegaron a tirar sus tiestos con los mismos fines.

Agotados los materiales antidisturbios, la Policía Armada recurrió a armas de fuego para continuar con las cargas. El saldo: cinco fallecidos, 41 heridos de bala ―se hablaba de 42 pero en los listados hay un nombre repetido―, unos 47 ingresados y otros 30 atendidos con heridas más leves. Los agentes llegaron a cargar en las Urgencias del hospital de Santiago mientras se hacía el triaje a los heridos. El personal elaboró una nota de protesta que apareció el 5 de marzo en el periódico local 'Norte Exprés'.

Hubo 150 detenidos esa tarde-noche. Un abogado laboralista que apoyaba a los huelguistas recuerda que un amigo suyo fue arrestado solamente por tener divisas extranjeras y sellos de diferentes países en su pasaporte. Se le creía un espía pero, en verdad, era una transportista. Fue “molido a palos”. Los líderes sindicales Jesús Fernández Naves e Imanol Olabarria fueron acusados de “sedición” y encarcelados Emilio Alonso, Juan José San Sebastián, Iñaki Martín Echezarra y Alberto Martínez de Lahidalga.

28 'grises' acabaron con lesiones, y tres fueron hospitalizados. A las 21.00 horas está acreditado que se lanzó un artefacto incendiario a la comisaría del Cuerpo General de Policía, con un inspector herido de gravedad. Es otro cuerpo diferente a la Policía Armada y sus dependencias estaban en Olaguíbel, las que ahora utiliza la Policía Nacional.

Las grabaciones en 'cassette'

Uno de los materiales más conocidos del 3 de marzo de 1976 son las conversaciones entre los agentes actuantes por la emisora interna. Varios testigos refieren que los transistores con FM pudieron captarlas. Hubo quien las grabó en 'cassette' y aquel material pasó a la historia como una prueba fehaciente de lo sucedido.

–Procedan a desalojar la iglesia. Cambio.

–Desalojen la iglesia como sea. Cambio.

–Está repleta de tíos. Por fuera estamos rodeados de personas. Vamos a tener que emplear las armas. Cambio.

–Sacarlos como sea. Cambio.

–A ver, ¿ese fuego qué ha sido? ¿Tiro al aire? Cambio.

–De momento de los nuestros no hay ninguno [herido]. Cambio.

–Bueno, está bien, está bien.

–¿Qué tal está el asunto por ahí? Cambio.

–Se puede figurar. Después de tirar igual mil tiros y romper toda la iglesia de San Franscisco, ya me contará cómo está toda la calle y cómo está todo. Cambio.

–Pero, vamos a ver, ¿en este momento seguís cargando y seguís con lío? Cambio.

–No, en este momento no. Cambio.

–Muchas gracias, ¿eh? Buen servicio.

–Hemos contribuido a la paliza más grande de la historia. Cambio.

–Aquí ha habido una masacre. Cambio.

–De acuerdo. De acuerdo. Cambio.

–Muy bien, pero de verdad una masacre.

El máximo mando policial responsable de la carga se llamaba Jesús Quintana Saracíbar, de 35 años. Tenía rango de capitán en la Policía Armada. Desde su residencia en Granada, no quiso responder a este periódico hace diez años. El gobernador civil era Rafael Landín. Dio la orden de movilizar a la compañía de Vitoria y a una unidad de reserva de Miranda de Ebro en Zaramaga. Después, a partir de las 18.00 horas, se les unió otra brigada de reserva de Valladolid. El ministro del Interior era Manuel Fraga, que antes había estado en Gobiernos de la dictadura y que luego fue fundador del PP y presidente de Galicia. El aún vivo Rodolfo Martín Villa era el ministro de Relaciones Sindicales. Carlos Arias Navarro era el presidente del Gobierno.

Los papeles desclasificados de la CIA

Los archivos de la CIA tienen dos informes referidos a los sucesos de Vitoria del 3 de marzo de 1976. El primero es el “National Inteligence Bulletin” del 5 de marzo, desclasificado ya en 2007. Dentro del apartado relativo a “Spain”, los espías estadounidenses apuntan a “manifestaciones y huelgas” en las provincias vascas “en protesta de los choques violentos del miércoles entre la Policía y los trabajadores en huelga de la ciudad de Vitoria”. Según la CIA, “la violencia en Vitoria” de aquel miércoles fue “la peor desde que Juan Carlos se convirtió en rey” de España.

“El Gobierno Civil de la provincia había avisado de que las protestas eran ilegales e insistió en que la Policía sólo abrió fuego en defensa propia. Tres manifestantes fueron asesinados ['killed', en el original] y de 50 a 100 personas heridas”, añade el reporte. “Las muertes pueden haber proporcionado los mártires buscados por parte de la oposición de izquierdas. Los grupos políticos y sindicales clandestinos vascos habían llamado el lunes a la huelga general, mientras en Madrid el ilegal Partido Socialista emitió un comunicado diciendo que nada ha cambiado en lo sustancial en la España después de Franco a pesar de las promesas reformistas del nuevo Gobierno”, agregaban.

Según la CIA, las autoridades de Vitoria (a las que se refiere como 'local officials') rechazaban la violencia de los huelguistas pero también expresaban dudas sobre los “métodos” empleados para “garantizar el orden público” por parte del Estado. “Decidieron pedir una audiencia urgente con el 'primer ministro' [Carlos] Arias [Navarro] y con el ministro del Interior [Manuel] Fraga”, sostiene Estados Unidos. Y concluyen sobre Fraga: “Madrid, indubitadamente, tratará de calmar la situación. Pero el ministro del Interior caminará sobre la cuerda floja entre su deseo de no retrasar las reformas prometidas y sus declaraciones de que no tolerará el desorden en las calles”.

La CIA sostuvo, igualmente, citando a “cuatro” fuentes “muy cercanas” al ministro Fraga, que iba a pagar “algún tipo de precio político por lo de Vitoria”. Esta referencia aparece en el segundo de los documentos. Está fechado el 12 de marzo de 1976. Tiene el sello de “secreto”.

La situación en Vitoria figura en la página séptima de este informe, bajo un epígrafe titulado “Spain: Government under pressure”. Arrancaba con la constatación de que se había rebajado sustancialmente el nivel de “violencia” registrado en las provincias vascas en las jornadas anteriores. Eso sí, se insiste en que fue el “más serio” episodio ocurrido en España “después de que el nuevo Gobierno se constituyera en diciembre” de 1975.

La CIA compró buena parte de las explicaciones del régimen español y sostenía que “pequeños grupos extremistas” se habían infiltrado entre los obreros locales y “fueron probablemente los principales instigadores de la violencia”. “La Policía, finalmente, restituyó el orden en Vitoria, pero la confrontación provocó manifestaciones y huelgas en toda la región vasca”, cree la agencia de espionaje, que cifró en 300.000 las personas que salieron a la calle esos días, las movilizaciones sociales más importantes “desde la Guerra Civil”.

El recorrido judicial

El 4 de marzo de 1976 el titular del juzgado de Instrucción 2 de Vitoria, José Antonio Jiménez-Alfaro y Giralt, incoó diligencias previas por el fallecimiento de Romualdo Barroso. En la autopsia se encontraron “orificios causados por proyectil”. Sin embargo, días después el magistrado se inhibió en favor de la jurisdicción militar, aunque con el criterio contrario de la Fiscalía. Alegaba que no se podía dar por hecho que los disparos hubiesen sido causados por funcionarios. Así, el 15 de mayo se reabrió el sumario en Vitoria, con citación al comisario-jefe del Cuerpo General de Policía y al capitán de la Policía Armada, Quintana Saracíbar. “No nos quedó más remedio que disparar”, se excusó el segundo.

Al lanzarse acusaciones de “sedición” a los sindicalistas, se derivó el asunto al denominado Tribunal de Orden Público, el equivalente a la Audiencia Nacional actual. Sin embargo, de allí saltó de nuevo a la jurisdicción militar por ser los autores de los disparos agentes del orden. Se designó como sala de Instrucción un juzgado militar “eventual” de Vitoria. La causa, con código 39/1977, quedó “sobreseída” por la “imposibilidad de identificar a los responsables”, aunque se asumió que habían cometido un delito de “lesiones” u “homicidio”, indica el memorando que aprobó el Parlamento Vasco.

Las víctimas, años después, interpusieron una querella criminal contra el gobernador civil y contra el capitán de la Policía Armada. La Audiencia Provincial de Álava la cerró por haber sido el asunto revisado en la vía militar. El asunto llegó al Tribunal Constitucional, aunque en 2003 inadmitió los recursos de amparo para abrir una causa. Se ha intentado también la opción de que, desde Argentina, se realizase un proceso con base en la jurisdicción internacional. Una magistrada de Buenos Aires, María Servini, llegó a dictar una orden de extradición del exministro Martín Villa.

En una conferencia ofrecida en 2022, el exministro calificó de “espectáculo” el proceso argentino, aunque admitió que “pudo” ser el “responsable político e incluso penal” del 3 de marzo de 1976 de Vitoria, pero niega que existiera un “plan” para “aterrorizar” a la ciudadanía. Martín Villa tiene comprometida una entrevista con Radio Vitoria que será emitida el mismo día del quincuagésimo aniversario.

Teófilo del Valle Pérez tenía 20 años cuando un policía le mató el 24 de febrero de 1976. Se convirtió en la primera víctima mortal por parte de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado durante la Transición, aunque le seguirían decenas de ellas más. Trabajaba en una fábrica de bolsos en Elda (Alicante). En esos días, una fuerte huelga del sector del calzado sacudía la comarca. La represión era constante. El joven huía de los agentes cuando le dispararon seis tiros por la espalda. Dos impactaron en su cuerpo y acabaron con su vida. La justicia militar instruyó el caso. Daniel Aroca del Rey, el agente que disparó, terminó absuelto.

La familia nunca tuvo noticias de la investigación, se la mantuvo al margen, intentando silenciarla. Tampoco han recibido compensación alguna por el crimen, ni mucho menos justicia por el terrible suceso. La Coordinadora estatal de apoyo a la Querella Argentina contra crímenes del franquismo (Ceaqua) ha intentado reabrir el caso. Ahora que se cumplen 50 años de los hechos, el juzgado ha pospuesto la declaración tanto de Aroca como de Rodolfo Martín Villa, ministro de Relaciones Sindicales en aquel momento y posterior ministro del Interior hasta 1979.

Manuel de Juan Navarro es investigador y cineasta. También una de las personas que mejor conoce lo sucedido con Teófilo del Valle tras su extenso proceso de documentación para preparar el documental Las tres muertes de Teófilo del Valle. Según contextualiza, la exportación del calzado en aquellos años significaba una entrada de divisas a España muy importante, comparada a las del turismo y las remesas enviadas por los emigrados.

La zona de Elda era de las más potentes para el calzado, y lo era por las largas jornadas de trabajo que sufrían unos obreros extenuados y un ritmo de producción febril, pero también por desarrollar una actividad muy dinámica en cuanto a reivindicaciones laborales y protestas sociales. “En esta comarca se producía el 80% de calzado español y los representantes elegidos en las fábricas no eran reconocidos por el Sindicato Vertical”, explica De Juan.

Dos jornadas de lucha terminan en muerte

Las jornadas de reivindicación se sucedían en Elda. El lunes 23 de febrero de 1976, miles de trabajadores se asamblearon en la plaza central del pueblo, dedicada a Emilio Castelar. El cineasta estaba allí, lo vivió en primera persona. “Éramos unas 3.000 personas y la Policía Armada estaba preparada, vigilándonos todo el rato mientras subíamos en manifestación hacia Petrer [municipio cercano a Elda], para concentrarnos delante del edificio del Sindicato Vertical”, añade De Juan, a quien la familia Del Valle le ha otorgado poderes judiciales para actuar en su nombre.

Las cargas fueron brutales. “La Policía produjo una situación de caos increíble”, recuerda el cineasta. Él ha tenido acceso a los informes policiales de aquella actuación, donde los agentes reflejaron que los trabajadores les atacaron con piedras y no tuvieron otro remedio que intervenir. De Juan zanja rápido el asunto: “Lo que dicen es una mentira tras otra”.

El 24 de febrero se paró en algunas fábricas de Elche, pero no en Elda ni Petrer. Los trabajadores de estas localidades, sin embargo, intentaron realizar una asamblea en la plaza Castelar, aunque la Policía Militar lo evitó. La tarde terminó con carreras de los obreros delante de los agentes. “Sobre las 22.00 horas se empezaron a retirar. Imagino que los mandos policiales estaban cansados de perseguirnos tanto tiempo”, sostiene el investigador.

Los policías marchaban ya en autobuses cuando un último grupo de trabajadores muy jóvenes les insultaron y les lanzaron una piedra. El sargento Laureano Ballesteros mandó bajar a los agentes. “El material antidisturbios ya lo habían guardado, así que algunos policías salieron con la pistola en la mano”, recalca De Juan. En ese momento, Aroca disparó hasta seis tiros por la espalda a Teófilo del Valle, quien entonces trabajaba en la fábrica de bolsos Soler de Elda, en el barrio de la Tafalera. Una bala le entró por un tobillo, y le hizo caer, y otra le penetró el cráneo por la nuca, lo que le dejó herido de muerte.

En las inmediaciones se oyeron más disparos, aunque presumiblemente fueron al aire. Otro agente se acercó a Teófilo y le intentó realizar un torniquete en la pierna. “En cuanto vio su cabeza supo que el chaval iba a morirse”, opina el cineasta. El joven de 20 años no llegó con vida al hospital.

El tribunal militar absuelve al policía

El juez que instruyó el caso llegó a la conclusión de que Aroca tiró a matar. “Según la transcripción literal de su primera declaración, aceptó ante el magistrado que había disparado al cuerpo. Al día siguiente, aleccionado por sus superiores, lo negó y dijo que el juez le obligó a confesar”, recuerda De Juan. Decretaron prisión provisional y el caso pasó a disposición del juzgado militar.

La familia intentó actuar. José Antonio del Valle, hermano de Teófilo, vive en Uruguay y tiene 78 años, pero no olvida: “Nosotros siempre pensamos que una bala le había matado de rebote. Hasta que no conocimos a Manuel de Juan que hizo el documental y comenzó a investigar, no supimos que lo asesinaron vilmente”. Su padre intentó estar presente en el juicio mediante un abogado, pero la jurisdicción militar no se lo permitió.

El consejo de guerra tuvo lugar el 6 de julio. Todo iba demasiado rápido. En la vista no se habló de por qué Aroca había decidido disparar seis veces por la espalda. El debate se centró en si la bala que quedó alojada en la nuca había sido un rebote. El fiscal militar reconoció que la documentación atestiguaba que el agente había disparado sin tomar las precauciones y que había cometido un homicidio imprudente. Pedían dos años de prisión, inhabilitación para el ejercicio de la profesión y el pago de 650.000 pesetas como indemnización a la familia Del Valle.

Todo parecía que la sentencia se tornaría condenatoria para Aroca. El dictamen recogía todo lo ya explicitado, pero también un último considerando. Como Aroca había actuado en cumplimiento de su deber, se le aplicó un eximente y procedieron a su absolución. El agente salió en libertad y reingresó en el cuerpo policial, la familia Del Valle jamás fue indemnizada y, en definitiva, no se hizo justicia al crimen.

José Antonio, el hermano mayor de Teófilo, recuerda en conversación con elDiario.es que la familia nunca supo nada. “Mis padres se murieron sin conocer lo que realmente había ocurrido”, se lamenta al teléfono henchido de rabia e impotencia. Ahora, 50 años después, afirma con seriedad que “Franco se había muerto hacía apenas tres meses antes y todas las estructuras de la dictadura seguían operando”.

Martín Villa intenta posponer su declaración

La esperanza es lo último que se pierde, responde José Antonio al preguntarle por el nuevo proceso judicial. Jacinto Lara, abogado de Ceaqua, explica los pormenores de la querella interpuesta en Elda en abril de 2024 y que puede traer algo de verdad y justicia a la familia Del Valle. Por primera vez, la jueza que instruía el caso llamó a declarar en calidad de investigados, los antiguos imputados, a Martín Villa y Aroca. Hay otros querellados, aunque algunos han fallecido y otros todavía están en proceso de ser localizados.

La declaración de los investigados debería haberse realizado en noviembre de 2025 por videoconferencia. El antiguo ministro lo haría desde Madrid y el policía que disparó las balas que mataron a Teófilo desde Albacete. Por cuestiones estrictamente tecnológicas del juzgado, la comparecencia tuvo que posponerse, explica Lara. La magistrada fijó una nueva fecha para las declaraciones, que esta vez tendrían que ser presencialmente en Elda, para este 4 de febrero. Tampoco tuvieron lugar.

La defensa de Martín Villa ya había recurrido la admisión a trámite de la querella. “La jueza se basó en el derecho internacional y en la no prescripción de estos crímenes de lesa humanidad, además de en el derecho que establece a la investigación la Ley de Memoria Democrática y un informe a favor presentado por el fiscal de Memoria”, se explaya el mismo Lara. Este primer recurso de reforma fue desestimado por la jueza.

Martín Villa siguió intentando no sentarse delante de la jueza. Interpuso un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Alicante el noviembre pasado. En él solicitó que su declaración como investigado se suspendiera cautelarmente hasta la resolución del recurso. La representación de Aroca, el expolicía, se adhirió a ello. La jueza no dio curso al escrito y mantuvo las declaraciones para principios de febrero, y la defensa del antiguo ministro insistió.

En ese momento, días antes del 4 de febrero, cambió la jueza que llevaba el caso y un nuevo magistrado se hizo con su instrucción. La primera decisión que tomó fue dejar en el aire la declaración de los dos investigados hasta que sus recursos se resuelvan en la Audiencia Provincial de Alicante. Lara remarca que ellos también han interpuesto un recurso de reforma ante el juez por esta última decisión. Entienden que no existe cobertura jurídica alguna para acordar la suspensión cautelar de los testimonios. Si el nuevo magistrado mantiene su decisión, elevarán el recurso a la Audiencia Provincial de Alicante.

El abogado de Ceaqua acepta que este tipo de cambios de jueces son habituales, aunque “resulta cuanto menos sorprendente” que justo ahora, que por primera vez dos personas iban a testificar investigadas por crímenes franquistas, el nuevo magistrado cambie de postura. Por su parte, José Antonio afronta con determinación estos momentos en los que se cumplen cinco décadas del primer muerto por parte de la Policía durante la Transición, su hermano Teófilo: “Aquello fue una cosa terrible y nunca se ha hecho justicia. Uno no quiere venganza, quiere justicia”.

La investigación por la muerte de Teófilo del Valle a manos de la Policía postfranquista en la Transición sigue en marcha, con el exministro Rodolfo Martín Villa como principal investigado en la causa. La titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Elda ha rechazado el archivo del procedimiento, tal como solicitaba la defensa del exministro. La jueza, según un auto al que ha tenido acceso elDiario.es, confirma la “legalidad” de la resolución de admisión a trámite de la querella. La magistrada argumenta que la Ley de Memoria Democrática, una norma “plenamente integrada” en el ordenamiento jurídico español, “impone” al Estado la obligación de garantizar “el derecho a la investigación de las violaciones de los derechos humanos y el Derecho internacional Humanitario ocurridas con ocasión de la Guerra y la Dictadura, así como el periodo que va desde la muerte del dictador hasta la entrada en vigor de la Constitución Española”. En el periodo temporal que reseña la ley, “se incluye el momento en el que suceden los hechos objeto de la querella”: el 24 de febrero de 1976.

El auto, dictado el pasado 14 de noviembre, también remacha que, según la Ley de Memoria Democrática, el deber jurídico de investigar “debe operar con mayor extensión cuando se trata de investigaciones de graves violaciones de los derechos humanos cometidas en un contexto de crímenes contra la humanidad”.

Un deber, matiza la resolución, que “se despliega en el plano procesal y no en el sustantivo o sancionador”. El auto de la jueza de Elda alude al derecho de las víctimas a la justicia ante “graves” violaciones de los derechos humanos.

La norma “integra así en el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva” previsto en la Constitución y agrega “nuevos elementos”, tales como el derecho de las víctimas a la investigación y la correlativa obligación de garantizar una “investigación independientemente del resultado final de aquella”, siempre que se den los requisitos objetivos y temporales que marca la Ley de Memoria Democrática, como en el caso de la muerte de Teófilo del Valle. La jueza instructora se hace así eco del argumentario de la unidad especializada en Derechos Humanos y Memoria Democrática de la Fiscalía.

La víctima, trabajador de una fábrica de Elda, murió a consecuencia de los disparos por la espalda de un agente de la Policía Armada, Daniel Aroca del Rey, que lo perseguía tras las movilizaciones sindicales en la localidad alicantina y en el contexto de la fuerte violencia policial de la Transición. El policía armado estaba a las órdenes del sargento Laureano Ballesteros. Por su parte, Rodolfo Martín Villa era en el momento del crimen ministro de Relaciones Sindicales en el Gobierno de Carlos Arias Navarro.

El “deber inexcusable de ejecutar a los manifestantes”, según el fiscal

Por estos hechos únicamente fue procesado en la jurisdicción militar el agente Aroca, quien fue finalmente absuelto de un delito de imprudencia temeraria con resultado de homicidio. La sentencia absolutoria del Consejo de Guerra del 6 de julio de 1976 apreció la eximente de cumplimiento del deber prevista en el Código Penal vigente en el momento de los hechos.

El fiscal delegado de Derechos Humanos y Memoria Democrática, en un escrito de oposición al recurso de Martín Villa al que también ha tenido acceso este diario, concluye que de los antecedentes del crimen de Teófilo del Valle “se deduce que, tras la dictadura y durante la transición española , se consideró por los Tribunales militares y Consejos de Guerra que la policía armada tenía el deber inexcusable de ejecutar a los manifestantes”.

El representante del Ministerio Público señala que el deber de investigar las violaciones de derechos humanos está “íntimamente relacionado” con el derecho a la justicia y a la verdad. “Existe en derecho internacional un claro reconocimiento del derecho a la verdad en casos de violaciones manifiestas de los derechos humanos”, afirma el fiscal en su escrito del pasado 8 de noviembre.

La comparecencia de Martín Villa se ha retrasado hasta el próximo 4 de febrero de 2026 por problemas de logística en los juzgados de Albacete y Madrid, sedes en las que debían comparecer los investigados para prestar declaración mediante videoconferencia.

El objetivo de “determinar las responsabilidades penales”

La Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina contra los Crímenes del Franquismo (Ceaqua), entidad impulsora de la causa junto con el hermano de la víctima, José Antonio del Valle, valoran “muy positivamente” tanto el auto de la jueza como el informe del fiscal, “actuaciones coherentes con la vigente Ley de Memoria Democrática y con la normativa de Derecho Internacional de los Derechos Humanos”, indica en un comunicado.

Ceaqua confía en que la instrucción “prosiga con normalidad con el objetivo de establecer una verdad judicial y determinar las responsabilidades penales correspondientes”.

Hace 50 años, Josep Vilalta salvó su vida por unos metros de distancia. “Me escapé por el agujero de la cerradura”, suele decir cuando recuerda aquel día. El 3 de noviembre de 1975, un lunes a las 8:55 horas, una explosión de grisú reventó una de las galerías de la mina de lignito Consolación, en la cuenca barcelonesa del Berguedà, y mató a 30 compañeros suyos. 

El accidente de la conocida –por su ubicación– como mina de Fígols es la tragedia minera más mortal de la historia reciente de España, al menos de los últimos 80 años. Pero para muchas familias es también la historia de cómo las fuerzas del tardofranquismo se movilizaron para controlar la respuesta minera y pasar página de un suceso en el que se acumulaban los indicios de negligencia por parte de la empresa. 

“Nadie pudo ni siquiera identificar los cadáveres”, recuerda Txema Gómez, hijo de Josep Maria, minero de 34 años fallecido ese día. A las pocas horas del accidente aterrizó allí con su helicóptero el Gobernador Civil de Barcelona, Rodolfo Martín Villa, y tras un breve reconocimiento médico de los cuerpos, al día siguiente estaban ya todos enterrados en sus respectivos pueblos. Algunas de las viudas todavía comentan que nunca sabrán si es a sus maridos a quienes visitan en el cementerio. 

“En la mentalidad franquista, una zona minera entrañaba un gran riesgo de estallido y había que aplacarlo rápido”, resume Rosa Serra, historiadora de la comarca del Berguedà. “¿Quién ordenó todo aquello? Las familias no pudieron hacer el duelo”, lamenta. 

Con Franco moribundo –fallecería 17 días después– y la inminencia de la marcha verde sobre el Sáhara Occidental, la cúpula del régimen temía enfrentarse además a una revuelta minera, señala Serra. Más aún cuando la modernización de esa mina, flamante operación impulsada por la todopoderosa FECSA y avalada por el propio dictador años atrás, figuraba entre las posibles causas de la deflagración.

“Una bola de fuego”

Con 26 años recién cumplidos, Josep Vilalta llevaba desde la mayoría de edad empleado como uno de los 1.200 mineros de Carbones de Berga, la principal empresa de una comarca, el Berguedà, en la que el 60% de la actividad económica procedía a finales de los 60 de la extracción de carbón. El 3 de noviembre de 1975 Josep no tenía pensado ir a trabajar, puesto que eran las fiestas de su pueblo, La Pobla de Lillet, pero al final lo convenció un amigo suyo. 

Dentro de las galerías, a las que entraron con el turno de las 8 horas, a él le tocaba supervisar el bombeo de unas pilas hidráulicas que sostenían la estructura. Estaba a unos 30 metros del frente de extracción de carbón. Todavía hoy recuerda con pelos y señales la explosión: “Fui a quitarme el jersey, y al desabrochármelo noté una manchada de aire desde abajo. Me tumbé y salió una bola de fuego hacia la pared que me hizo volar. El estruendo y el ruido eran horribles. Pensé: ‘Todo el mundo está muerto y tú también vas a morir’. No podía andar y me puse a gritar hasta que llegaron unos compañeros”.

A Josep lo sacaron del interior de la montaña subido en la cinta transportadora del carbón. Fue trasladado al Hospital de Manresa, con un parte médico en el que figuraban heridas “contusas” en cara, brazos, tórax y piernas y un pronóstico reservado. El rescate duró horas y se extrajeron 28 cuerpos sin vida del interior de la montaña. Otros dos mineros murieron en el hospital.

Txema Gómez tenía 8 años y también recuerda el momento en que fueron a buscarle a su escuela, en la que la mayoría eran hijos de mineros. “Ese día me hice mayor” asegura. Un vecino minero lo recogió por la tarde y se lo llevó a casa con su hermana. Por la noche supo que su padre había fallecido. 

Junto con otros dos hijos de víctimas, Txema lleva diez años recopilando documentación sobre los interrogantes de esa jornada trágica, empezando por las prisas de las autoridades a la hora de enterrar los cuerpos. “He hablado con varios de los mineros que supuestamente identificaron los cuerpos, y lo hicieron a ojo por cuestiones como la altura, por dentaduras de oro… Los muertos no tenían el casco identificativo”, dice. Las viudas no pudieron ver sus cuerpos. Su tesis, y la de otros como Serra, es que los miles de personas concentradas ese mismo día en la boca de la mina asustaron a Martín Villa. 

Al día siguiente de los entierros, se celebró un funeral multitudinario con 6.000 personas y la asistencia de varias autoridades, entre ellas tres ministros. El de Industria, el de Trabajo y el de Relaciones Sindicales. 

De la gran inversión a la chispa

¿Qué provocó el accidente? La concentración explosiva de grisú en una mina que era considerada históricamente como de bajo riesgo respecto a este gas se debió a que los ventiladores interiores estaban apagados, puesto que los días anteriores habían sido festivos. Un cortocircuito en la instalación del alumbrado de las galerías, que tampoco era antigrisú, provocó la deflagración, según la comisión de investigación llevada a cabo posteriormente. 

El problema es que al menos desde meses antes, en junio, una auditoría ya había advertido que la modernización de la maquinaria para explotar la mina, que la dotaba de más capacidad de extracción, causaba mayor liberación de grisú. Txema ha localizado incluso cartas de mineros, una de ellas enviada al ministro del ramo, que advertían de la precariedad de sus condiciones. “Con la electricidad ya ha habido tres muertos y sigue igual. En algunos sitios falta ventilación, que algún día, no muy lejano, si no ponen mano, puede haber algo muy gordo”, denunciaba de forma premonitoria un operario en 1974.

La modernización de la mina a la que hacen referencia los informes, que en la galería siniestrada se había puesto en marcha exactamente 23 días antes, no fue un proceso menor. Durante los años 60, FECSA ideó un plan para crear una central térmica en la zona que debía servir para abastecer la creciente demanda de electricidad de la industria barcelonesa, y para ello necesitaba que Carbones de Berga, empresa que acabó adquiriendo, aumentara significativamente su producción de carbón. Pero para lograrlo necesitaba comprar una nueva maquinaria que solo estaba disponible en la Ucrania soviética. 

“La modernización de la mina de Fígols no fue una anécdota, requirió una solución de Estado”, recalca la historiadora Serra. Sin relaciones diplomáticas con la URSS, la compra la tuvo que autorizar el Ministerio de Comercio y el propio Franco, que en 1966 visitó la comarca para conocer y validar el proyecto. “FECSA se jugaba mucho, con una inversión altísima y el prestigio de suministrar energía suficiente”, afirma. 

Esta gran operación, sumada a la falta de medidas de seguridad que después sí se incorporaron, es la que mantiene convencidos a algunas víctimas y familiares de las negligencias de la empresa.

En los años de investigación de Txema y sus compañeros, que terminaron plasmados en el documental Grisú, la tragedia de Fígols (2024), consiguieron también el valioso testimonio del que fue abogado de la empresa durante el posterior periplo judicial. “Es evidente que hubo una especial protección a Carbones de Berga para que no les culpasen de los hechos, en aquella época era difícil hacer planteamientos distintos en un tema en el que el Gobierno había jugado tan fuerte”, admitía Josep María Antràs. “Lo que no podían hacer, y no hicieron, es decir que se equivocaron, sino que dijeron ‘vamos a taparlo’”, concluía. 

Dos procesos judiciales para cerrar el caso

Tras las primeras indagaciones posteriores al accidente, se abrió un proceso judicial en el que fueron imputados cuatro ingenieros. Pero pronto quedaron absueltos gracias al indulto real del rey Juan Carlos I posterior a la muerte de Franco, que provocó el archivo del caso. Al mismo tiempo, la empresa logró que las familias aceptaran una indemnización por lo ocurrido. 

Pero algunas viudas, entre ellas la madre de Txema, no se dieron por vencidas y volvieron a denunciar a la empresa en 1978. Explica su hijo que había indignación porque la empresa había maniobrado para poner a los trabajadores de la mina en contra de las mujeres, sobre quienes circulaban falsos rumores como que se habían enriquecido con las indemnizaciones. También había dolido que la empresa, en informes posteriores, introdujera la posibilidad de que la explosión se debiera a un cigarrillo. 

“Esto fue una excusa para taparse”, afirma Josep Vilalta. Él no esconde que en las galerías se fumaba a escondidas, pero argumenta: “Si la explosión hubiese sido a media jornada o al final… Pero a primera hora nadie fumaba, porque era el momento en que entraban jefes, mecánicos, facultativos”, detalla. 

Con todo, la denuncia de las viudas que se negaban a bajar los brazos también fracasó. Los jueces dictaminaron que la concentración de grisú era impredecible y que no se podía culpar a la empresa. El último recurso fue rechazado en 1981.

En una comarca pequeña como la del Berguedà, las consecuencias de la tragedia se sobrellevaron en silencio y con frustración en no pocos hogares. Txema recuerda que su abuela, que había sido niñera de los hijos de uno de los ingenieros imputados, pasó a insultarle por la calle cuando se lo cruzaba. “Yo y muchos de los hijos de esos mineros hemos tenido que curarnos la rabia toda la vida”, afirma. 

Josep Vilalta siguió empleado en Carbones de Berga hasta su cierre en 1991. De baja durante un año y medio, le ofrecieron la invalidez, pero él quería trabajar. Se quedó en un puesto de exterior, desde donde veía cada mañana entrar a la las brigadas de seguridad con máquinas de detección de grisú. Acudía al tajo con preguntas que aún hoy no ha resuelto: “¿Quién mandó cerrar la ventilación? ¿La empresa estaba en condiciones de hacer una explotación tan profunda?”. 

Solo una vez volvió Josep a adentrarse en la mina. Quería ponerse a prueba. “Un compañero se había ofrecido a acompañarme, así que un día decidí entrar para ver si tenía claustrofobia. Al avanzar hacia abajo, llegué a un punto en el que me faltó la respiración”, explica. Se le agrieta la voz al relatarlo. Era el lugar donde casi pierde la vida. “Le dije al compañero que yo reculaba. Me dijo que salía conmigo, pero le contesté que no. Y me fui solo”.

La primera vez que un acusado de crímenes durante el franquismo o la Transición anterior a la democracia se sentó en un banquillo lo hizo para responder ante la Justicia de un país situado a más de 10.000 kilómetros de España. En plena pandemia de coronavirus, el exministro Rodolfo Martín Villa declaró ante la jueza argentina María Servini por videoconferencia desde el consulado de Argentina en Madrid, en el marco de la única investigación penal contra el franquismo que permanecía viva. Hasta ahora. Este lunes el alto cargo de la dictadura ha sido llamado a declarar como investigado por una jueza en lo que supone la primera imputación de un responsable de la dictadura en nuestro país.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Elda (Alicante) le ha citado junto a Daniel Aroca del Rey por la muerte en 1976 de Teófilo del Valle a manos de la Policía Armada. Martín Villa, que sigue imputado en la llamada Querella Argentina, era entonces ministro de Relaciones Sindicales en el gobierno de Carlos Arias Navarro mientras que Aroca fue el presunto autor de los seis disparos que acabaron con la vida del trabajador de 20 años durante las movilizaciones del sector del calzado alicantino que se dieron en febrero de aquel año.

El hermano mayor de Teófilo, José Antonio del Valle, interpuso la querella en abril de 2024 en la que les acusaba a ambos de un delito de asesinato en concurso de un delito de crímenes de lesa humanidad. Unos meses más tarde, el juzgado la admitió a trámite y ordenó incoar diligencias y ahora la jueza Yolanda Julia Candela ha acordado la declaración de ambos acusados en calidad de investigados por un delito contra la integridad moral por autoridad o funcionario, según la providencia a la que ha accedido elDiario.es.

Nunca antes un proceso penal por crímenes durante el franquismo había llegado en España hasta este punto y, si nada cambia, Martín Villa y Aroca del Rey se convertirán el próximo mes de noviembre en las primeras personas en declarar como investigados ante un juzgado para responder de sus posibles responsabilidades.

Martín Villa no es cualquiera: fue jefe del Sindicato Español Universitario, el falangista SEU, ocupó cargos relevantes durante la dictadura franquista, entre ellos gobernador civil de Barcelona, y –fallecido el dictador– llegó a ministro desde los primeros compases de la Transición, llegando incluso a dirigir a la policía como titular de Interior en un momento en el que, según han evidenciado los historiadores, los métodos franquistas seguían vivos en la represión de huelgas y manifestaciones.

Una brecha en la impunidad

La Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (Ceaqua) –a la que pertenece Acció Ciutadana contra la Impunidad del Franquisme, impulsora de la querella– ha celebrado la “gran trascendencia” de una resolución “que supone un claro avance en la lucha contra la impunidad” tras las más de un centenar de querellas presentadas por crímenes del franquismo que han acabado en un cajón.

El archivo o la no admisión a trámite han sido el punto y final de las causas, lo que ha dado lugar a un contexto de impunidad de los crímenes franquistas perpetrados durante 40 años por los que nadie ha sido juzgado, a pesar de las reiteradas llamadas de atención de la Organización de las Naciones Unidas.

Otra brecha en este muro se abrió en septiembre de 2023, cuando Julio Pachecho y Rosa María García se convirtieron en el primer represaliado –y testigo– en ser escuchados por una jueza en España, pero esta acabó archivando el caso siguiendo el modus operandi habitual y apoyándose en la sentencia del Tribunal Constitucional que dio carpetazo a la investigación de los crímenes pese a la actual Ley de Memoria Democrática. El fallo, que contó con dos votos particulares, se basó en la irretroactividad de la ley, el principio de legalidad y la prescripción de los delitos para cerrar la puerta a la vía judicial.

En esta ocasión “no sabemos qué interpretación ha hecho la jueza” para acabar citando a declarar a Martín Villa y a Aroca del Rey, puesto que “no entra al fondo del asunto” en la providencia, explica Aràdia Ruiz, abogada de la familia de Teófilo, que resalta la “importancia” de que “por primera vez en la historia un victimario de la dictadura sea llamado a declarar como investigado”. La querella se presentó contra “toda la cadena de mando que acabó desembocando en el asesinato” del trabajador, pero los otros tres señalados ya han fallecido.

Jacinto Lara, abogado de Ceaqua, destaca lo “excepcional y extraordinario” de la imputación y aunque celebra que “algo se está moviendo gracias al empuje de las víctimas y las asociaciones y movimientos memorialistas” prefiere ser cauto: “No sabemos qué recorrido judicial va a tener porque estamos en la fase de instrucción y aunque esto es importantísimo, el modelo de impunidad del Estado español no se ha revertido y sigue estando sostenido por los tres poderes”, sostiene Lara, que lamenta que este caso “sea excepcional” a pesar de que “en cualquier proceso penal lo habitual es citar a los querellados y no lo que ocurre con los crímenes del franquismo”.

Los crímenes que lo señalan

No es, ni mucho menos, la primera vez que una querella apunta a Martín Villa como responsable de un delito de homicidio en un contexto de crímenes contra la humanidad. Han sido “al menos una decena” las denuncias que lo han señalado, según Lara, pero ninguna otra ha prosperado en España. Donde sí permanece imputado es ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal 1 de Buenos Aires, que anuló su procesamiento hace más de dos años, pero sigue manteniendo su acusación contra él por 12 crímenes cometidos entre 1976 y 1978.

Cinco de ellos fueron los obreros que cayeron muertos por disparos de la Policía Armada en Vitoria el 3 de marzo de 1976, cuando Martín Villa era ministro de Relaciones Sindicales. La querella suma otro caso más ese mismo año, el asesinato de María Norma Mencaha a manos del grupo ultraderechista Guerrilleros de Cristo Rey, y otros cinco crímenes ocurridos en 1977, un momento en el que el exministro era titular de Gobernación y de Interior. Por último, la jueza María Servini investiga a Martín Villa por los sucesos de los Sanfermines de 1978, en los que el estudiante Germán Rodríguez recibió un disparo en la cabeza.

Para Ceaqua, todos estos hechos “demuestran” que ninguno de los casos “es aislado”, tampoco el de Teófilo del Valle que una jueza española ha aceptado investigar. “Son crímenes de lesa humanidad que se producen en un contexto político de muertes violentas”, sostiene Aràdia Ruiz, que insiste en que, en primer lugar, lo que busca la familia del trabajador alicantino es “establecer una verdad judicial” tras 40 años de silencio en los que el relato oficial vinculaba su muerte a “un accidente”. Sus padres, de hecho, fallecieron sin saber la verdad. Para Jacinto Lara, la “responsabilidad” de Martín Villa “es inmediata” porque fue “el superior de quienes actuaron en la represión de estos trabajadores”. Y eso intentarán demostrar en el juzgado.

Rodolfo Martín Villa, ministro en varias carteras en el gobierno de Carlos Arias Navarro, ha sido citado como imputado por la muerte en 1976 de Teófilo del Valle a manos de la Policía Armada. Los hechos ocurrieron hace ahora 49 años, el 24 de febrero de 1976, en la localidad alicantina de Elda. Seis tiros por la espalda, uno de ellos en la nuca, acabaron con la vida de Teófilo del Valle. Un grupo de jóvenes lanza piedras y propina insultos contra un autobús de la Policía Armada en retirada hacia el cuartel de Alacant tras haber reprimido las protestas protagonizadas por trabajadores y trabajadoras del sector del calzado de la comarca del Vinalopó que reclamaban un convenio justo.

El vehículo se detiene. Se escucha un grito: “¡A por ellos!”. Y los ‘grises’, desprovistos ya de su atuendo antidisturbios, comienzan a perseguir a los manifestantes. Arma en mano. Teófilo, recién alcanzada la veintena y empleado en una fábrica de piel, trata de escabullirse por el callejero eldense. Calle Francisco Laliga. Y en la confluencia de la calle San Roque con Juan de Austria, es abatido por las balas: PUM. PUM. PUM. PUM. PUM. PUM.

Le disparó Daniel Aroca del Rey –en aquel entonces con destino en la segunda compañía de la 32 bandera de las fuerzas de la Policía Armada–, quien el próximo mes de noviembre está citado a declarar por estos hechos. Así lo ha dictado la jueza del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 1 de Elda, que también tomará declaración a Rodolfo Martín Villa, ministro de Relaciones Sindicales en el gobierno de Carlos Arias Navarro. Será el 17 y el 19 de noviembre, de forma telemática, desde los juzgados de Albacete y Madrid.

“Nunca antes había prosperado una querella ni se había llamado a declarar a ningún miembro de las fuerzas de orden público, responsables de las más de 100 muertes de personas, de trabajadores” durante la Transición, sostiene Manuel de Juan, director del documental Las tres muertes de Teófilo del Valle y miembro de Acció Ciutadana contra la Impunidad del Franquisme (integrada en Ceaqua), quien señala la importancia de enmarcar “este crimen en un momento en que la dictadura estaba intacta y ejerció una represión brutal, con torturas y asesinatos, que obedecían a un planteamiento global de aniquilar a todo enemigo político y social”. “Fue un crimen de lesa humanidad”, sentencia. Entre el más de un centenar de vidas segadas por la represión policial durante el proceso transicional, Teófilo fue la primera víctima mortal a manos de las fuerzas del orden público tras la toma de posesión de la Jefatura del Estado de Juan Carlos I.

Desde la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (Ceaqua), celebran “la gran trascendencia” de esta noticia “en la lucha contra la impunidad de los crímenes del franquismo”. Sin embargo, alertan que el anuncio de toma de declaración a Aroca del Rey y Martín Villa “se trata de algo excepcional que hasta la fecha no se había producido, de forma que este hecho por sí mismo no implica que las políticas de impunidad del Estado español se hayan revertido”.

“Esperamos que se avance en la instrucción de la causa penal, e instamos a todos los poderes públicos y a los partidos políticos a adoptar todas las medidas necesarias para que este hecho excepcional se convierta en algo habitual y que, de una vez por todas, se ponga fin a las políticas de impunidad que impiden la investigación judicial en el orden jurisdiccional penal de los crímenes franquistas”, reclaman desde la entidad que respalda a los allegados de Del Valle en este proceso.

La querella interpuesta en abril de 2024 por el hermano mayor de Teófilo, José Antonio del Valle, se suma a las 115 querellas presentadas por Ceaqua en distintos territorios del Estado español por crímenes contra la humanidad ocurridos durante la dictadura y la Transición. Admitida a trámite por delito contra la integridad moral por autoridad o funcionario el pasado mes de octubre, la denuncia se presentó “contra toda la cadena de mando que acabó desembocando en el asesinato de Teófilo”: Aroca del Rey; el sargento Laureano Ballesteros Carbajo; el capitán Carlos Holgado Marín, al frente de la segunda compañía de las Fuerzas de Policía Armada; Benito Sáez González-Elipe, gobernador civil de Alacant; y Martín Villa, explica Aràdia Ruiz, abogada de la cooperativa El Rogle, que añade que, a excepción del agente de la Policía Armada y el exministro, el resto de personas han fallecido.

Asimismo, Martín Villa está imputado en la querella argentina como presunto responsable de la comisión de doce homicidios, en un contexto de crímenes contra la humanidad, acontecidos entre 1976 y 1978, periodo en el que ocupó los cargos de ministro de Relaciones Sindicales, de Gobernación e Interior. Los hechos por los que la jueza Servini lo investiga ocurrieron durante la masacre de Vitoria el 3 de marzo de 1976, en 1977 en ciudades como Madrid, Pamplona o Bilbao y otro asesinato más en los sucesos de los Sanfermines de Pamplona en julio de 1978. En julio de 2024, la representación procesal del exmandatario interpuso recurso de apelación contra la resolución de la magistrada, quien desestimó y rechazó el mismo, al tiempo que rechazó la petición de sobreseimiento.

Desmontar el relato oficial

Un día después del fallecimiento de Teófilo del Valle, el sector del calzado en las comarcas del Vinalopó convocó una huelga general. En 1977, todo el sector del calzado a nivel estatal se organizó en un nuevo paro que se prolongó durante 15 días. “Su muerte causó un gran impacto no solo a nivel local, sino también nacional. Más de 20.000 personas se manifestaron acompañando el cuerpo de Teófilo hasta el cementerio en una demostración de indignación por el asesinato y de solidaridad por las luchas que empezaban”, resalta Manuel de Juan.

El director de Las tres muertes de Teófilo del Valle –quien vivió en primera persona los sucesos de febrero de 1976– ha sido precisamente, junto a José Antonio del Valle, uno de los implicados en desmontar el relato oficial difundido tras la muerte del joven. “A pesar de que la policía y el gobierno civil quisieron implantar que aquello había sido un accidente, todas las personas que participamos en aquellas movilizaciones sabíamos que había sido una muerte provocada por disparos de la Policía, que buscaron matar. Pero no teníamos las pruebas”, señala. Hasta hace unos años.

En 2023, el hermano de Teófilo alegó interés legítimo y pudo acceder a toda la documentación relativa al caso. Al consultarla, descubrió que el juez de instrucción Agustín Ferrer tomó declaración a los policías intervinientes aquella noche y recompuso la escena al recoger los casquillos de las balas. El análisis posterior de la bala alojada en la nuca del joven de 20 años demostró que estas habían sido disparadas por el arma de Aroca del Rey. El fiscal militar solicitó entonces unos años de prisión para el policía. “Hay unas pruebas tremendamente contundentes”, destaca Manuel de Juan, quien ha acompañado a Del Valle en este proceso. No obstante, asegura que “está documentado que el juez recibió muchas presiones, desde Madrid y València, para no aportar esta documentación al expediente judicial”.

A pesar de las evidencias, la familia vivió más de 40 años sin saber la verdad. Sus progenitores incluso murieron antes de conocer la realidad de la muerte de Teófilo. Tras aquel 24 de febrero de 1976, Daniel Aroca del Rey fue juzgado ante un tribunal militar, que lo absolvió por entender que actuó en el ejercicio de su deber. La Jefatura de la Policía publicó una nota de prensa autoexculpatoria, con la intención de desacreditar a Teófilo. “El fallecido […] de vida irregular, el cual había sido detenido con otros en junio de 1975 en Madrid como componentes, al parecer, de una banda de traficantes de droga, habiéndoseles intervenido siete kilos, trescientos cincuenta gramos de hachís que tenían escondido en un piso franco del barrio de Canillejas”, podía leerse.

A los padres del fallecido se les negó cualquier opción de defensa. No se aceptó el abogado contratado por la familia. No conocieron en ningún momento la fecha del juicio. No pudieron intervenir como acusación particular. Nadie les comunicó la resolución. “Ahora, luchamos para conseguir la verdad judicial; para desmontar una realidad construida a base de ocultación; para dignificar la memoria de Teófilo del Valle”, argumenta de Juan.

Tantos años después, iniciativas como el documental que ha dirigido se suman a una incansable lucha por reclamar verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición en nombre de Teófilo. En nombre de muchos otros. El 23 de febrero de este año, más de un centenar de personas recorrieron a la inversa los últimos pasos de la vida del trabajador del sector del calzado en la localidad eldense con motivo del 49º aniversario de su muerte. La ofrenda de claveles en la plaza que lleva su nombre, culminó con la voz de José Antonio del Valle que, desde Uruguay, expresó su voluntad de que “por fin se haga justicia a Teo y se reconozca que fue un asesinato”.

Argumentación de la querella

Aràdia Ruiz, que participó en la redacción de la querella, asegura que la argumentación de la misma “trata de rebatir todos los argumentos que sabemos que ya nos van a decir de antemano” para intentar archivarla. Respecto a la Ley de Amnistía, la denuncia alega que el Estado español ratificó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos seis meses antes de la publicación de esta norma. “Este pacto no permite que se apliquen leyes de amnistía cuando se han producido crímenes de lesa humanidad, por tanto, la ley del 1977 nació nula de pleno derecho”, apunta. En esta misma línea, remarca que, “aunque se considere que la Ley de Amnistía está vigente, esta lo que impide es la condena, pero no la investigación”, lo que les lleva a pensar que la jueza ha hecho una interpretación de norma “teniendo en cuenta el Derecho Internacional de los Derechos Humanos”.

Por otra parte, la querella trata de rebatir el principio de legalidad penal, por el que la judicatura española arguye que en el momento en el que se produjeron los crímenes del franquismo no existía ninguna ley que tipificara los crímenes de lesa humanidad y, según el principio de retroactividad, no puede condenarse a alguien por un delito que en el momento de su comisión no estaba reconocido. “Sin embargo, nosotros contrargumentamos que el Estado español ya estaba adherido al Derecho Internacional Consuetudinario, en el que se describían los crímenes de lesa humanidad, así como a los principios de Núremberg a partir de 1945”, desarrolla, y recuerda la no prescripción de los crímenes de lesa humanidad.

Finalmente, hace hincapié en que se da la particularidad de que Daniel Aroca del Rey ya fue juzgado por un tribunal [militar] y “existía el riesgo de que se argumentara que, por el principio de non bis in ídem, no se puede juzgar dos veces a la misma persona por el mismo hecho”. Pero, destaca que en el marco de la Ley de Memoria Democrática –aprobada en 2022– “se declaran nulas todas las resoluciones y sentencias emanadas por los tribunales militares franquistas”.

Cinco asesinados, cinco, y más de cien heridos, muchos de bala. En la flor de la vida. Acribillados a sangre fría tras disolver la policía por la fuerza una asamblea obrera de miles de personas en la iglesia de San Francisco, en el barrio obrero de Zaramaga. La muerte llegó sin avisar dejando un vacío y un dolor inmensos. 

La campaña estatal “España en libertad”, conmemorando el 50 aniversario de la muerte del fascista Franco, intenta blanquear la llamada Transición, perpetuando un relato mistificado y eludiendo cualquier revisión crítica que explique la alargada sombra de la dictadura en la actualidad. 

La década de los setenta alumbró el despertar del movimiento obrero en nuestro país, al calor de las movilizaciones masivas contra la crisis económica en Francia, Gran Bretaña o Italia, y de los movimientos revolucionarios en Grecia y Portugal en 1974. Franco no pudo acudir en ayuda de sus amigos dictadores, abandonó el Sahara cuando Marruecos lo invadió en 1975, conoció la descomposición de su ejército cuando militares de alta graduación formaron la Unión Militar Democrática, obtuvo una contestación masiva cuando dictó sus últimas condenas de muerte, y no era ya útil para un poder económico, enriquecido mediante leyes criminales y la represión sistemática del movimiento obrero, que necesitaba frenar los aumentos salariales. El invierno del 76 más de un millón coincidimos en las huelgas, la mitad tan sólo en Madrid, donde Correos, Renfe y el Metro fueron militarizados. Las huelgas culminaron con los asesinatos de Vitoria que fueron contestados con la huelga general en Euskal Herría, más de medio millón de participantes, y múltiples actos de protesta en todo el Estado y en el mundo, reprimidos con dos nuevos asesinatos en Basauri y Tarragona. Aquí aprendió la dictadura que la represión estimulaba la lucha y no era posible una reforma sólo de fachada. 

Sin embargo, en contradicción con el protagonismo y fuerza de la clase trabajadora, los dirigentes obreros dejaron a los franquistas la iniciativa política y renunciaron a defender la ruptura democrática. La Transición ni fue pacífica, más de cien opositores asesinados y miles torturados por el Estado y las bandas fascistas hasta 1980, ni fue democrática, especialmente las primeras elecciones en junio del 77, con un sistema electoral apañado y los franquistas manejando el poder estatal y municipal. Cuatro meses después se firmaba la Ley de Amnistía, que amparaba la impunidad y la injusticia, días después los Pactos de la Moncloa, básicamente un tope salarial, a cambio de promesas que nunca se cumplieron, y más tarde una Constitución en la que la monarquía, el ejército, la Iglesia y el capital blindaban sus intereses. Así nació un nuevo régimen cuyas secuelas padecemos aún; déficit de recursos en el sector público, sistema electoral poco representativo, conservadurismo en aparatos del Estado, como el judicial y policial, y en medios de comunicación, enseñanza parcial y sesgada sobre la historia reciente, o privilegios de la Iglesia Católica.

Por eso seguimos diciendo ¡justicia popular para los asesinos!, porque, citando a Neruda: “Mil noches caerán con sus alas oscuras, sin destruir el día que esperan estos muertos. Un día de justicia conquistada en la lucha, y vosotros hermanos caídos en silencio, estaréis con nosotros en ese vasto día de la lucha final, en ese día inmenso”. 

La última resolución del renovado Tribunal Constitucional (17/6/24) ratifica la jurisprudencia que impide juzgar los asesinatos y torturas de la dictadura como “crímenes de lesa humanidad” que ni prescriben ni pueden ser amnistiados. La razón principal del alto tribunal se basa en el principio de legalidad (nullum crimen, nulla poena sine praevia lege) argumentando que dichos delitos no estaban tipificados cuando se cometieron, en plena dictadura. Desprecio absoluto del Derecho Internacional, de los Informes de Naciones Unidas, o de la Ley de Memoria Democrática. Hay que seguir luchando para quebrar este modelo de impunidad mientras seguimos apoyando la Querella Argentina que ha decidido rechazar la solicitud del fascista Martín Villa de que se archive su causa como imputado en veinte asesinatos cuando era ministro de la dictadura. La última querella admitida a trámite en nuestro país, por el asesinato de Teófilo del Valle en la lucha del calzado de Alicante el 24/2/76, y la de Carlos Serrano por torturas, ni son las primeras ni serán las últimas. 

Con el tiempo se agranda la épica de aquella huelga en la que aprendimos que sólo la lucha paga. Aquella juventud de entonces somos las personas pensionistas que seguimos peleando hoy, y aquellas mujeres que estuvieron en primera línea de combate, discriminadas, como hoy, en las categorías peor pagadas, o relegadas tras el matrimonio a trabajos a domicilio para las empresas, dedicadas toda su vida a tareas de cuidados de menores y familiares dependientes, son quienes hoy perciben pensiones de miseria que el Parlamento Vasco puede y debe equiparar al SMI porque tiene competencias y recursos.

El futuro es incierto, pero la relación capital-trabajo sigue siendo central y exige organizarse y responder unitariamente por encima de cualquier frontera nacional, forjando un proyecto alternativo que anteponga la satisfacción de las necesidades humanas y de la reproducción de la vida a los intereses del capital. Mientras tanto, trabajemos para que el Memorial 3 de marzo esté operativo cuanto antes y sirva para contribuir a la memoria, la verdad, la justicia, y la reparación.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Elda (Alicante) ha acordado admitir a trámite la querella contra miembros de la Policía Armada y el exministro Rodolfo Martín Villa por delito contra la integridad moral por autoridad o funcionario en relación a la muerte del trabajador Teófilo del Valle el 24 de febrero de 1976.

En un auto fechado el día 11 de octubre al que ha accedido Europa Press, el juez ha aprobado incoar diligencias previas y solicitar los certificados de nacimiento y defunción de los querellados. El juzgado da tres días de plazo para la interposición del recurso de reforma.

Según informa Acció Ciutadana contra la Impunitat del Franquisme (ACIF)-Plataforma de suport a la Querella Argentina País Valencià, la querella fue interpuesta el pasado 22 de abril por el hermano de Teófilo, José Antonio del Valle Pérez.

La querella se presenta contra los autores y responsables de la muerte en Elda del joven trabajador Teófilo del Valle por disparos de la Policía Armada. Los querellados son el policía Daniel Aroca Del Rey, el sargento Laureano Ballesteros Carbajo, el capitán Carlos Holgado Marín, el exgobernador Civil Benito Saez González De Elipe y el citado exministro Rodolfo Martín Villa.

Los hechos denunciados, recuerda el colectivo, “se produjeron en el contexto de las duras represiones policiales sufridas por los trabajadores y trabajadoras del sector del calzado alicantino durante las movilizaciones de febrero de 1976”. El asesinato de Teófilo del Valle “fue la primera muerte violenta por las fuerzas del orden público, tras la toma de posesión de la jefatura del Estado de Juan Carlos I”, señalan.

La querella ha sido preparada por los servicios jurídicos de la asociación Acció contra la Impunitat del Franquisme, miembro a su vez de Ceaqua, la Coordinadora Estatal de apoyo a la Querella Argentina contra los crímenes del franquismo.

Desde ACIF resaltan “la trascendencia de que se inicie un procedimiento penal que establezca la verdad judicial del crimen en el que un policía armado acabó con la vida de Teófilo disparándole seis tiros por la espalda”.

“Conseguir verdad, justicia y reparación para todas aquellas personas que sufrieron represión en la lucha por las libertades y contra la dictadura es esencial para establecer la verdad histórica, fortalecer nuestro sistema democrático y evitar la repetición de estos crímenes”, aseveran en un comunicado.

“Martín Villa asesino” es el grito con el que medio centenar de personas del Colectivo de los Olvidados por la Transición (COT), la Asociación Memorial en el Cementerio de Cáceres (Amececa), Unidas Podemos y Unidas por Cáceres han recibido al exministro Rodolfo Martín Villa en la puerta del Museo Helga de Alvear de Cáceres, donde ha participado en un acto para hablar de la “ejemplaridad” de la Transición, que la Facultad de Derecho de Extremadura ha organizado con motivo de su 50 aniversario.

Los manifestantes han expresado, ante un fuerte dispositivo de seguridad de la Policía Nacional, su enfado por la presencia de Martín Villa debido a sus “responsabilidades” en los capítulos más represivos de la Transición durante su etapa como ministro de Gobernación, que acabaron con la muerte de varias personas. Además, el portavoz del COT ha recordado que Martín Villa está imputado por la justicia argentina como responsable de 12 asesinatos cometidos en contexto de lesa humanidad.

Precisamente ese asunto ha sido el que ha recordado un activista por la Memoria que la logrado acceder al auditorio donde se ha desarrollado la charla y ha interrumpido la exposición de Rodríguez Ibarra para acusar al exministro de “crímenes de lesa humanidad”. El joven ha tenido que ser desalojado de la sala por el personal de seguridad, que estaba de paisano, antes los intentos del moderador, el exeurodiputado Alejandro Cercas, de callarlo.

Además, en un momento del debate, Cercas se ha referido al grupo de personas que se manifestaban en la calle como “gente que no quiere la concordia y la reconciliación, y quiere ganar de la manera que sea”.

Guerra e Ibarra critican a Pedro Sánchez

A pesar de la controvertida visita de Rodolfo Martín Villa a Cáceres, ni los ponentes ni el moderador se han referido a esos capítulos de la Transición, que se ha vendido como un “modelo” ante un auditorio entregado. De hecho, el título del coloquio ha sido 'La Transición Española. Un ejemplo de convivencia entre españoles'.

Los socialistas Guerra e Ibarra han sido, como vienen acostumbrando en sus últimos actos públicos, muy críticos con el PSOE de Pedro Sánchez y con el Gobierno, aunque también con la clase política actual. El expresidente del Gobierno ha afirmado que es necesaria una renovación de “la élite política” y, en referencia a Sánchez, ha explicado que cuando el objetivo de una persona es gobernar con quien sea no para ganar, sino para que no gobiernen los otros, se está oponiendo a la alternancia y esa persona no es democrática“.

Respecto a la amnistía, ambos han asegurado que el motivo de Sánchez es “conseguir los siete votos” de Junts e Ibarra ha apuntado que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero no estaría defendiendo actualmente esos postulados si la secretaria general del PSOE fuera Susana Diaz: “Zapatero estaría diciendo lo contrario de lo que dice”, según el expolítico extremeño.

Vigencia de la Constitución

Martín Villa, Alfonso Guerra y Juan Carlos Rodríguez Ibarra han defendido la vigencia de la Constitución Española, pero los tres han coincidido en la necesidad de llevar a cabo algunas reformas. No obstante, el expresidente ha apuntado que el “percal no está para muchos cambios”.

“Habría que hacer algunas reformas en la Constitución, pero no de la Constitución”, ha indicado Guerra, que también ha subrayado que se siente muy orgulloso de que sea un texto “rígido”.

Guerra también ha abogado por el bipartidismo en lugar de un “parlamento fragmentado”. “A mí me da igual que me llamen lo que quieran, yo tengo mis convicciones firmes. Y en este país hay políticos que cambian por conveniencia no por convicción”, ha concluido.

Por su parte, Ibarra ha manifestado que la “desafección que existe en la ciudadanía no es culpa de la Constitución, sino de los políticos”, y también ha defendido que no ha perdido vigencia, con un país que tiene “una democracia consolidada, de las 20 mejores del mundo”.

Para Martín Villa, lo que pretenden algunos “no es una reforma, sino cargarse la Constitución” y ha calificado a Vox como un partido “impresentable como es la formación del otro lado”, aunque ha dicho comprender a Santiago Abascal por su pasado político en el País Vasco.

“Ofensa a la inteligencia”, “burla cruel”, “vergüenza”, “despropósito” e “inaceptable”. Diversos colectivos relacionados con la memoria histórica han reaccionado de esta forma a la presencia del exministro Rodolfo Martín Villa este martes en Cáceres en un acto de la Universidad de Extremadura (UEx) para hablar sobre 'La Transición Española. Un ejemplo de convivencia entre españoles'.

Ese es el título de la charla-coloquio que ha organizado la Facultad de Derecho en el Museo Helga de Alvear para celebrar su 50 aniversario, en la que también intervendrán el exvicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra, y el expresidente de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra. La mesa redonda estará moderada por el exparlamentario europeo Alejandro Cercas.

Las asociaciones en defensa de la memoria histórica han recordado el pasado franquista de Martín Villa y su “responsabilidad” en los casos de represión ejercidos contra quienes “reivindicaban las libertadas democráticas” durante la Transición, puesto que, tras la muerte de Franco, fue nombre ministro de Relaciones Sindicales (1975) y de Interior (julio 1976). La diputada de Unidas por Extremadura, Nerea Fernández, le ha señalado como responsable directo de la matanza de Gasteiz del 3 de marzo de 1976 donde asesinaron a cinco personas, una de ellas Romualdo Barros, que tenía por entonces 19 años y era natural de Brozas (Cáceres). Y la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Extremadura (Armhex) ha explicado que en ese período de la historia de España siguieron existiendo casos de torturas a manos de las fuerzas de seguridad del Estado, grupos paramilitares de extrema derecha que contaban con apoyo de una parte de los aparatos policiales y que propiciaron cientos de víctimas de personas comprometidas con los derechos y libertades fundamentales.

En términos similares se han posicionado el Colectivo de los Olvidados por la Transición (COT) y la Asociación Memorial en el Cementerio de Cáceres (Amececa), que ha firmado un manifiesto junto a una docena de colectivos memorialistas de distintos puntos de España en el que advierten que el exministro, “uno de los altos gerifaltes de la criminal dictadura franquista, está imputado en la querella argentina por 12 asesinatos en el periodo en que fue ministro de Relaciones Laborales y de Gobernación (Interior)”.

Imputado por la justicia argentina

De hecho, una de las últimas organizaciones en pronunciarse sobre la participación de Rodolfo Martín Villa en un coloquio en el que se va a resaltar la Transición española como ejemplo y modelo ha sido la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (CEAQUA), que ha calificado el acto como una “ofensa a la inteligencia de quienes conocemos la historia de esos años” y una “burla cruel para todas las víctimas de la transición sangrienta que vivió nuestro país”.

Este colectivo ha explicado que la represión “a manos de las fuerzas de seguridad del estado y las bandas fascistas en los años de la transición superó ampliamente a la registrada en los años del franquismo tardío” y en la cima “de esta estructura represiva” estuvo Rodolfo Martín Villa.

La jueza federal de Buenos Aires María Servini de Cubría mantiene actualmente imputado a Rodolfo Martín Villa como responsable de 12 asesinatos cometidos en contexto de lesa humanidad, mientras requiere información y documentación adicional para su posible imputación en otros casos. Estos hechos fueron denunciados ante la justicia argentina, que le considera el principal responsable, por acción o por omisión, de esas muertes. 

Por todo esto, este martes a las 17.30 horas, treinta minutos antes del inicio del acto, se ha convocado una “concentración de repulsa” por la presencia de Martín Villa en la mesa redonda de la Universidad de Extremadura frente a la entrada del Museo Helga de Alvear de Cáceres.

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Extremadura (Armhex), el Colectivo de los Olvidados por la Transición (COT) y la Asociación Memorial en el Cementerio de Cáceres (Amececa) han reprobado la participación del exministro Rodolfo Martín Villa en un coloquio que organizará el 20 de febrero la Facultad de Derecho con motivo de su 50 aniversario, debido a su pasado “tan cuestionable” y ha llamado a la ciudadanía a no acudir al mismo.

Este acto, que tendrá lugar en el Museo Helga de Alvear de Cáceres, reunirá también a Alfonso Guerra y Juan Carlos Rodríguez Ibarra en una mesa redonda en la que participarán los tres bajo el título 'La Transición española. Un ejemplo de convivencia entre españoles'. La charla estará moderada por el exeuroparlamentario y actual presidente del Consejo Extremeño del Movimiento Europeo (Cexme), Alejandro Cercas.

Armhex ha señalado que celebrar esta efeméride de la Facultad extremeña de Derecho con la participación de Martín Villa “no es aceptable, ni estético” por su pasado al frente de relevantes cargos durante el franquismo, como jefe nacional del Sindicato Español Universitario (SEU), secretario general de la Organización Sindical franquista, gobernador civil de Barcelona y procurador en las Cortes franquistas.

La asociación ha recordado que tas la muerte de Franco, en diciembre de 1975 fue nombrado ministro de Relaciones Sindicales y en julio de 1976 del Interior, “precisamente durante los momentos más represivos del citado periodo de la Transición”, ha añadido. Según ha indicado Armhex, fue responsable político de algunos conocidos casos de represión ejercida sobre sectores de la población que reivindicaban las libertades democráticas, por lo que a su juicio no es “aceptable, ni estético” celebrar el 50 aniversario de una Facultad de Derecho con su presencia.

Además, el exministro ha arremetido en varias de sus intervenciones públicas contra las leyes de memoria argumentando que imponen una sola versión de los hechos, “en conocida sintonía con las derechas de nuestro país”, ha asegurado la asociación memorialista, para la que “no se puede renunciar a la verdad, la justicia y la reparación sobre cualquier acción punible contra los derechos humanos que se produjeran en aquellos tiempos en lo que Martín Villa tuvo un relevante papel”.

Intentos de la justicia argentina para procesarlo

También ha apuntado que la jueza argentina María Servini de Cubría, titular del Juzgado Federal 1 de Buenos Aires, trata de apuntalar el contexto de crímenes y violaciones de derechos que se produjo en España entre 1976 y 1978 contra la disidencia política para poder procesar a Rodolfo Martín Villa, “si bien hasta el momento no se ha conseguido por diferentes problemas formales”.

A su juicio, la facultad debería ser garante de los derechos humanos y no dar voz a un político “de un pasado tan cuestionable”, por lo que ha llamado a la ciudadanía a no acudir al coloquio, cuyo título, 'La Transición española: un ejemplo de convivencia entre españoles', resulta a su juicio “paradójica”. “Ni fue tan modélica ni tan pacífica. Frente a esta visión tan complaciente y positiva de la Transición, se ha abierto paso en la más reciente historiografía otra visión crítica”, ha apuntado a este respecto.

Según ha indicado, en este período de la historia de España siguieron existiendo casos de torturas a manos de las fuerzas de seguridad del Estado, grupos paramilitares de extrema derecha que contaban con apoyo de una parte de los aparatos policiales y que propiciaron cientos de víctimas de personas comprometidas con los derechos y libertades fundamentales.

Críticas a Guerra e Ibarra

Por su parte, el Colectivo de los Olvidados por la Transición y la Asociación Memorial en el Cementerio de Cáceres han considerado una “vergüenza” la invitación a Rodolfo Martín Villa a participar en este acto con el que se quiere reivindicar “una cruel y burda mentira: la ejemplar Transición española”. “Esa llamada Transición fue de todo menos ejemplar en ella fueron asesinados por las fuerzas represivas y las bandas fascistas más de 300 personas, sus familiares fueron amenazados y acosados, y en la inmensa mayoría de los casos los criminales fueron protegidos por el Estado”, han denunciado este viernes en un comunicado conjunto.

Amececa y el COT también arremeten contra los exdirigentes del PSOE, en alusión a Alfonso Guerra y Juan Carlos Rodríguez Ibarra, por ser “cómplices” y “ponerse manifiestamente en contra de las víctimas”.

Por último, los colectivos memorialistas han pedido al Museo Helga de Alvear de Cáceres que no preste sus instalaciones para “este indignante acto, que quiere perpetuar la impunidad de los crímenes del franquismo”.

El nuevo Gobierno municipal de Pamplona, conformado por EH Bildu, Geroa Bai (PNV y Socialverdes) y Contigo/Zurekin (Podemos, IU y Batzarre) le ha recordado al exministro Martín Villa antes de su visita a la capital navarra que es una persona “no grata”. Quien fuera ministro del Interior cuando se produjeron durante los Sanfermines de 1978 las cargas policiales que acabaron con la vida del joven activista Germán Rodríguez acudirá este jueves a Pamplona para participar en la presentación de un libro de Jaime Ignacio del Burgo.

Los grupos que conforman el nuevo Ayuntamiento de Pamplona, encabezado por Joseba Asiron, han rechazado a través de una nota de prensa la participación de Martín Villa en la presentación de libro y le recuerdan que “desde 2019” es considerado 'persona non grata' en la ciudad tras un acuerdo del pleno municipal.

Los grupos destacan que Martín Villa “era el titular del Ministerio del Interior durante los trágicos sucesos de Sanfermines de 1978 y que ésta y otras responsabilidades le hicieron merecedor de petición de extradición para ser juzgado en la denominada Querella Argentina”.

Además del rechazo de los grupos que conforman el Gobierno municipal de Pamplona, la plataforma 'Sanfermines 78: gogoan!' ha convocado una concentración de protesta frente al hotel Tres Reyes, donde se celebrará la presentación de libro, para rechazar la presencia en Pamplona “de quien fue responsable político de la agresión policial” de las fiestas de San Fermín de 1978.

Los Sanfermines de 1978

Los Sanfermines rotos, como se conoce a los de 1978, dejaron en Pamplona a más de 150 personas heridas, 11 ellas de bala, además de un muerto: el joven activista político Germán Rodríguez, que durante los disturbios que siguieron a una intervención de la Policía en la plaza de toros de la capital navarra recibió un disparo efectuado por las Fuerzas de Seguridad de Estado y cayó abatido.

Fue unas horas antes, al finalizar la corrida de toros de ese día, cuando en la plaza comenzó la represión. Unos 50 jóvenes de las peñas saltaron a la arena con una pancarta que pedía: “¡Amnistía Total, Presoak Kalera, Sanfermines sin Presos!”. 40 miembros de la Policía Armada que custodiaban la plaza entraron en el recinto y comenzaron a cargar contra los tendidos con material antidisturbios: pelotas de goma y gases lacrimógenos. El público respondió a la violencia policial con el lanzamiento de botellas y almohadillas. Fue entonces cuando la Policía hizo uso de las armas de fuego, dejando cinco heridos de bala en el propio ruedo.

Horas más tarde, con la ciudad convertida en un escenario de batalla y revueltas, llena de barricadas y con manifestantes intentando asaltar el Gobierno Civil, las Brigadas Antidisturbios continuaban disparando con armas de fuego contra los alborotadores. Fue entonces cuando por la radio interna de la Policía se dio la orden de despejar la ciudad disparando a discreción: “Preparad todas las bocachas y tirad con todas las energías y lo más fuerte que podáis. No os importe matar”. Un mensaje claro y conciso que provocó que hacia las 22.15 de la noche Germán Rodríguez cayera muerto de un disparo en la frente en la en la confluencia entre las Avenidas de Carlos III y Roncesvalles, cerca de la plaza de toros de Pamplona. 43 años más tarde se desconoce todavía quién fue el autor del disparo y el tipo de arma que acabó con la vida del activista de 23 años.

José Emilio Gómez, periodista siempre, exentrenador ayudante del Baskonia y ahora trabajador de los centros de mayores de Vitoria, ejercía este jueves de cicerone en el modesto teatro del centro comercial Dendaraba del centro de la ciudad. En las butacas -“267”- había decenas de personas que vivieron en primera persona el 3 de marzo de 1976 en Vitoria, una jornada grabada a fuego y de la que ahora se cumplen 47 años. Aquel miércoles de ceniza -y de pólvora- la Policía Armada todavía anclada en el franquismo asaltó una asamblea obrera reunida en la iglesia de San Francisco de Asís del barrio de Zaramaga y mató a tiros a tres personas. Otros dos fallecieron en los días siguientes. Hubo también una “matanza de heridos”, decenas de afectados más. Y en las protestas que se sucedieron en otros lugares fueron igualmente abatidos tres hombres más, en Basauri, en Tarragona y en Roma, junto a la embajada española. Muchos de los asistentes, memoria todavía viva y vital, eran a la vez los protagonistas del documental de humilde factura 'Recuerdos del tres de marzo', en el que Gómez, hijo de uno de los trabajadores en huelga en aquellos días grises, hace las veces de narrador-introductor. No se ha separado de la cartilla laboral de 1976 de su padre, Honorio, ya fallecido.

Ha sido un estreno sin glamour ni estrellas, incluso con alguna errata menor en la producción y con solamente unos pequeños ornamentos de cartón a la entrada de la sala. Ha habido 'flashes', sí, pero los de no más de un par de fotógrafos locales. Pero la importancia que tiene el 3 de marzo de 1976 en la ciudad y lo plural de los testimonios, desde las mujeres que abrían la puerta de sus casas para ayudar a los perseguidos en las cargas hasta el extremeño que todavía hoy no puede subir dos pisos por las secuelas de los gases lacrimógenos que respiró en aquel templo, han hecho que una hora antes del estreno hubiera cola en el centro comercial. “Si llega a ser una peli...”, se sorprendía en la fila uno de los pocos niños en el lugar. “Estamos a tope”, sonreía otra mujer de la organización.

Han apoyado la proyección el alcalde de la ciudad, Gorka Urtaran, del PNV, y el edil responsable de los centros de mayores

(ahora llamados Bizan), Jon Armentia, del PSE-EE. También han participado Andoni Txasko, cabeza visible de la asociación de víctimas Martxoak 3, y el responsable de la Fundación Vital, Jon Urresti, gestora de Dendaraba. Gómez, antes de que se haya pulsado el 'play', ha explicado que el proyecto surgió como algo “pequeñito” en el centro de mayores de la propia Zaramaga. Empezaron recopilando objetos y recuerdos guardados de aquellos días. Y luego se optó por grabar las vivencias personales antes de que el paso del tiempo lo haga imposible. “Los testimonios en primera persona van desapareciendo. Tenemos la mala costumbre de morirnos”, ha ironizado Gómez, para quien era muy importante destacar los orígenes humildes de todos los protagonistas de aquellos hechos. Zaramaga -y toda la ciudad- era un barrio levantado por personas llegadas de Burgos, La Rioja, Extremadura, Castilla y León, Andalucía, Galicia o Gipuzkoa.

Amelia y José María, dos mayores de Zaramaga, han sido los portavoces de todo el grupo de actores novatos. “Yo quería que la juventud de hoy recordara lo que ocurrió aquel día. Mucha gente me ha dicho que es mejor olvidar. Y yo creo que no. Fueron un grupo de héroes que ofrecieron su vida para que quedara un testimonio en Vitoria”, ha clamado Amelia, muy aplaudida por el público. “Parece que es algo que ha ocurrido hace unos meses. No nos hemos olvidado de lo que pasó en 1976. No nos hemos olvidado de los cinco jóvenes que fueron asesinados por las balas de la Policía. No olvidamos que los causantes de lo que ocurrió aquel día no han pagado por el daño que nos hicieron y no han sido juzgados”, ha añadido José María, también ovacionado.

El alcalde Urtaran también ha tomado la palabra y ha afirmado que, ahora que pone fin a ocho años de mandato, siempre ha procurado tener “muy presente el recuerdo a las víctimas”. “Apoyar la causa del 3 de marzo es apoyar la reivindicación de los derechos humanos. Este movimiento forma parte de la historia de la ciudad. Es un símbolo de toda la ciudad. Forma parte de nuestro alma, de nuestro recuerdo”, ha reseñado para recordar también a las víctimas que ha dejado el terrorismo de ETA.

A las 19.30 horas, el director de la cinta, Eloy González Gavilán, de quien se ha dicho que ha trabajado de manera “altruista”, ha gritado. “¡Acción!”, se han apagado las luces y se ha iniciado la proyección. Imágenes en blanco y negro han permitido recordar lo que la propia emisora de la Policía Armada definió como “la mayor paliza de la historia”. A las 20.43, un minuto de aplausos ha cerrado la velada. Vitoria no olvida 47 años después.

Los promotores de la llamada Querella Argentina continúan en su pelea por sentar en el banquillo al exministro Rodolfo Martín Villa por crímenes contra la humanidad cometidos durante la Transición. La Cámara Federal de Casación Penal se ha reunido este jueves por videoconferencia para escuchar a las partes en el marco del recurso que interpusieron los querellantes contra la decisión que tomó el diciembre pasado. Entonces, el tribunal revocó el procesamiento del exministro que había puesto en marcha la jueza María Servini por la muerte de varias personas entre 1976 y 1978.

Martín Villa recurrió en su momento el procesamiento y Casación le dio la razón, a lo que los promotores de la querella, agrupados en la Coordinadora estatal de apoyo a la Querella Argentina contra crímenes del franquismo (CeAqua), respondieron también recurriendo. Ocho meses después, los letrados de los querellantes y la defensa del exministro han intervenido para exponer sus argumentos.

Los primeros reclaman su procesamiento al considerar que el fallo emitido por el tribunal que lo rechazó es “arbitrario” porque “exige un plus de fundamentación que está sobradamente probado en el expediente”, ha afirmado en la vista el abogado Eduardo Fachal. Los querellantes coinciden con la calificación que inicialmente hizo la magistrada Servini revocada después por Casación y que atribuyó a Martín Villa cuatro delitos de homicidio agravado en un contexto de crímenes contra la humanidad.

Fueron los asesinatos de Pedro María Martínez Ocio, Romualdo Barroso Chaparro, Francisco Aznar Clemente, asesinados durante la masacre de Vitoria el 3 de marzo de 1976 a consecuencia del ataque de la Policía Armada, que gaseó y disparó a manifestantes, matando en total a cinco personas. Y el de Germán Rodríguez Saíz, asesinado en los sucesos de los Sanfermines de Pamplona en julio de 1978, cuando las fuerzas de seguridad cargaron tras el despliegue de una pancarta en favor de la amnistía total. Rodríguez Saíz recibió un tiro en la frente.

Tanto su hermano Fermín Rodríguez, como Andoni Txasko, miembro de la asociación Víctimas 3 de marzo, han estado presentes en la vista como querellantes. “Que Martín Villa sea procesado es algo que estamos persiguiendo desde siempre y ha sido imposible en el estado español. El objetivo es romper en Argentina toda la impunidad que existe aquí, pero es una vergüenza que haya que recurrir al exterior habiendo pruebas”, sostiene el segundo, que al día siguiente de los sucesos de Vitoria, en la misma zona, recibió una paliza por parte de agentes del orden público y perdió casi la totalidad de la visión.

“Ataque generalizado y sistemático”

Los letrados impulsores de la querella han defendido que durante aquellos años hubo un “ataque generalizado y sistemático dirigido contra la población civil, dándose el elemento político derivado de una política del Estado”, en palabras del también abogado Luis María Calcagno. Los querellantes defienden, como lo hizo Servini, que Martín Villa, como ministro de Relaciones Sindicales primero y de Gobernación después, ocupó “una posición preponderante en esa estructura organizada de poder a través de la cual se propagaron las órdenes hacia quienes resultaron los ejecutores directos de los delitos”.

Sin embargo, la Cámara Federal de Casación Penal decidió frenar el procesamiento asegurando que no puede afirmarse que fueran delitos de lesa humanidad y apelando a la “falta de mérito”. “Esto significa que el tribunal declara que se requiere profundizar en la investigación”, explica Jacinto Lara, abogado de CeAqua.

Por su parte, el letrado que defiende a Martín Villa, Fernando Goldaracena, ha reclamado que el auto por el que se detiene el procesamiento sea firme y ha asegurado que “no existe ninguna prueba que acredite ese supuesto plan sistemático de ataque a la población civil” ni tampoco “la supuesta autoría inmediata que le endilgan” al exministro “por su supuesta posición en el Gobierno”.

Ahora, una vez celebrada la audiencia de este jueves, el tribunal deberá decidir en unos meses mediante resolución escrita si procesa o no al exministro por los crímenes referidos. “Sería la primera vez que se enjuicie a alguien por crímenes franquistas, a diferencia de lo que ocurre en España, donde nos archivan todas las querella que se presentan. Su procesamiento generaría un hecho judicial extraordinario en relación con los crímenes franquistas y un impulso procesal determinante”, apunta Lara.

En todo caso, aunque Martín Villa no sea finalmente procesado en este proceso, continuará imputado en la querella argentina por un total de 12 homicidios perpetrados durante la Transición sobre los que Servini ha decretado “falta de mérito”. Es decir, considera que hace falta más investigación.

El Partido Popular ha solicitado este jueves la comparecencia ante la Comisión Constitucional en el Senado de personalidades “relevantes” de la Transición, como los exministros Rodolfo Martín Villa o Rafael Arias Salgado, para que emitan su opinión sobre la Ley de Memoria Democrática aprobada en el Congreso con el rechazo de las derechas y que se debatirá en la Cámara Alta a la vuelta del verano.

En concreto, reclaman la presencia de Rodolfo Martín Villa –alto cargo en el franquismo y ministro con Arias Navarro y Suárez–; Rafael Arias Salgado, Marcelino Oreja Aguirre; Soledad Becerril Bustamante; Juan Antonio Ortega y Díaz-Ambrona; y Carmela García-Moreno Teixeira.

Según explica la portavoz del PP en la Comisión y secretaria general de los populares en la Cámara Alta, Amelia Salanueva, el proyecto de ley de Memoria Democrática contiene “taras y vicios sustantivos que lo inhabilitan como ley verdaderamente democrática”. “No sólo es un insulto a las víctimas del terrorismo de ETA, sino también un insulto para todos los españoles”, ha señalado.

En un comunicado, el PP sostiene que el proyecto de ley supone “un ataque frontal” al régimen constitucional y un intento de “deslegitimar” la Transición y el pacto entre españoles.

Martín Villa, procesado por la represión durante la Transición

Rodolfo Martín Villa, que fue alto cargo en el franquismo y ministro con Arias Navarro y Suárez, fue imputado en 2014 en Argentina por delitos de homicidio agravado en un contexto de crímenes de lesa humanidad tras la llamada 'Querella Argentina' interpuesta por varias víctimas y familiares de víctimas de la represión durante la Transición.

Entre otros delitos, la jueza María Servini le adjudicaba la posible responsabilidad en la matanza en Vitoria el 3 de marzo de 1976 en la que fueron asesinados cinco trabajadores a manos de la Policía Armada, así como en el asesinato de Germán Rodríguez durante los Sanfermines de 1978.

En octubre de 2021, la jueza Servini dio un paso más y decidió procesar al exministro, pero dos meses después, un tribunal argentino admitió el recurso de Martín Villa y anuló el procesamiento, aunque no ordenó el archivo de la causa.

LaLiga ha denunciado que alrededor de un millar de aficionados del Deportivo Alavés entonaron cánticos de “Policía asesina” en el partido disputado en Mendizorroza contra el Sevilla un día después del cuadragésimo sexto aniversario de la sangrienta actuación de la Policía Armada que resultó en la muerte de cinco obreros que estaban reunidos en asamblea en la iglesia de San Francisco de Asís del barrio de Zaramaga de Vitoria.

Los cánticos, que partieron desde el fondo de animación del estadio y proliferaron luego por el resto de la grada, llegaron cuando se exhibían cinco pancartas con el rostro de los obreros que fallecieron como consecuencia de la actuación de la Policía Armada aquel 3 de marzo de 1976. Eran Pedro María Martínez Ocio, Francisco Aznar Clemente, Romualdo Barroso Chaparro, José Castillo García y Bienvenido Pereda Moral, de entre 17 y 30 años, que fallecieron en el lugar de los hechos o a causa de las heridas. Un día antes, el aniversario se había vivido en la ciudad con al menos con diez homenajes separados a fallecidos y heridos por la mañana, con una manifestación sindical no unitaria por la tarde y con la aprobación en el Parlamento Vasco de un texto para que se investigue el papel del entonces ministro Rodolfo Martín Villa aprobado con el apoyo expreso de menos de la mitad de la Cámara, 27 de los 75 electos.

“En los minutos 46 y 50 de partido, unos 1.000 aficionados locales, pertenecientes al grupo de animación local, ubicados en los sectores 402, 403, 404, 413, 414 y 416, situados tras la portería del Fondo Polideportivo, entonaron de forma coral y coordinada durante aproximadamente 12 y 10 segundos el cántico 'Policía asesina', siendo secundado parcialmente por otros aficionados situados en otras zonas del estadio”, se puede leer en el escrito que LaLiga remite cada semana al Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol y a la Comisión Antiviolencia para denunciar “aquellos cánticos que se producen en los encuentros de fútbol que inciten a la violencia o tengan un contenido insultante o intolerante”.

En el comunicado, LaLiga destaca que el club reaccionó “rápidamente” ante los cánticos, con un mensaje que decía: “El Deportivo Alavés condena y rechaza cualquier acto de violencia en el deporte, gritos racistas o xenófobos. Anima con pasión y con respeto”.