Los documentos “confidenciales” de la masacre del 3 de marzo de 1976 en Vitoria: “La huelga se reprimirá con todo rigor”

Vitoria fue la primera ciudad conquistada por los sublevados franquistas tras el golpe de Estado del 18 de julio de 1936. Y, casi cuarenta años después, el 3 de marzo de 1976, Vitoria fue escenario también del que quizás fue el último gran coletazo de represión de una dictadura sin dictador, ya que Francisco Franco había fallecido ya 104 días antes, el 20 de noviembre de 1975. Hacia las cinco de la tarde de ese miércoles de ceniza en la tradición católica, la Policía Armada disolvió a tiros una asamblea obrera que se celebraba en la iglesia de San Francisco de Asís del barrio de Zaramaga. Tres huelguistas murieron ese día —Pedro María Martínez Ocio, Francisco Aznar Clemente y Romualdo Barroso Chaparro—y otros dos —José Castillo García y Bienvenido Pereda Moral— lo hicieron más tarde.

Hubo 41 heridos de bala en Vitoria y otro medio centenar de ingresados por diferentes tipos de lesiones. Las protestas por los sucesos de Vitoria dejaron más cargas y muertos en Tarragona, en Basauri y hasta en Roma, Juan Manuel Rodrigo, Vicente Antón Ferrero y Mario Marotta. En la víspera, el 2 de marzo de 1976, una nota del Gobierno Civil, a cuyo frente estaba desde unas pocas semanas antes el pontevedrés Rafael Landín, avisaba de que las fuerzas de orden público iban a reprimir “con todo rigor” las “antisociales conductas” que se pudieran producir. Hubo “mil tiros”, contaba uno de los 'grises' actuantes por radio. “Hemos contribuido a la paliza más grande de la historia. Cambio. De verdad una masacre. Cambio”, se escuchó en la emisora policial aquella tarde.

Con motivo del quincuagésimo aniversario de estos hechos que se grabaron a sangre y fuego en la historia de Vitoria y que marcaron el devenir de la Transición hacia el nuevo marco democrático, elDiario.es/Euskadi ha accedido a documentación interna del Gobierno Civil de Álava, de la Brigada Político Social del Cuerpo General de Policía y de la Guardia Civil de 1975 a 1977 gracias a la colaboración del Archivo de Álava, que custodia los fondos tanto de la Diputación como de los organismos del Estado en la provincia. Varios de los documentos llevan el sello de “confidencial”.

Los informes dibujan un escenario de creciente oposición al régimen al menos desde septiembre de 1975, cuando se produjeron los fusilamientos de Juan Paredes Manot 'Txiki' y Ángel Otaegi, pero también en muchos momentos se reconoce que eran movilizaciones “pacíficas”. También se han consultado los archivos de la CIA de Estados Unidos, de libre uso en aplicación de una ley inexistente en España, que mantiene en vigor una normativa de secretos oficiales de la dictadura. Y, finalmente, se ha repasado el material recopilado por la comisión sobre el 3 de marzo de 1976 celebrada en el Parlamento Vasco en 2008, buena parte procedente del Instituto Valentín de Foronda de la EHU, la Universidad pública vasca. Ello incluye que la propia Justicia militar española de la época calificó de “homicidio” las muertes causadas por la Policía Armada en Vitoria, aunque se archivaron las actuaciones al no hallarse responsables concretos de cada una de ellas.

Sugiere el historiador Antonio Rivera que detrás del 3 de marzo de 1976 veían un pulso de insurrección o revolución —“el soviet de Vitoria”— tanto los líderes de las organizaciones clandestinas que bullían en aquel final del franquismo como el propio Estado, con cada vez más dificultades para contener las ansias de libertad tras cuatro décadas de cerrojo. Sin embargo, el gran efecto movilizador de las huelgas que condujeron a la asamblea de San Francisco de Asís fueron las reclamaciones económicas y laborales de miles de trabajadores que veían injusta y precaria su situación familiar. Las fuerzas del orden decomisaron decenas y decenas de pasquines y publicaciones en ese sentido.

En España se había impuesto la congelación salarial, la inflación era galopante y aún se sentían los efectos de la crisis mundial de 1973, la del petróleo. El sindicato 'vertical' era una maquinaria inútil para mejorar los convenios y la muerte del dictador había generado expectativas de cambios que no terminaban de llegar con un Estado ahora con Juan Carlos I al frente que se comportaba exactamente igual que el anterior. Vitoria, por su parte, había casi cuadruplicado su población durante la dictadura, fundamentalmente por la llegada de trabajadores de otras zonas de España. Se asentaron en barrios humildes de ladrillos rojos de la periferia, incluido Zaramaga.

Las movilizaciones obreras en Vitoria arrancaron el 9 de enero en Forjas Alavesas, una gran industria en la propia Zaramaga. Y luego se sumaron otras como Mevosa (actual Mercedes-Benz, la mayor empresa privada de Euskadi), Aranzábal, Cablenor o también, en el resto de la provincia de Álava, fábricas de Salvatierra-Agurain, Amurrio y Llodio. Se crearon comisiones representativas autónomas en cada una de las empresas en huelga, aunque sí había una plataforma reivindicativa común y asambleas compartidas. Los templos de la Iglesia católica se empleaban como refugio en busca de una pretendida protección en aplicación del concordato entre España y el Vaticano de 1953, que impedía a la Policía acceder a ellas. La del 3 de marzo fue la tercera huelga general, ya que antes las hubo los días 16 y 23 de febrero. Pero constan actuaciones de la Policía Armada al menos desde el 2 de febrero. El 26 de enero eran ya 6.000 los trabajadores en huelga.

Los informes policiales

1976 se estrenó en Vitoria con una pancarta de siete metros de largo y uno y medio de alto colocada en la Virgen Blanca, la plaza principal. Rezaba “Libertad para todos los presos políticos”. La firmaba el PSOE, ilegal entonces, y las Juventudes Socialistas de Euzkadi (con 'zeta'). Ambas organizaciones habían realizado también pasquines. “Año nuevo en la lucha por la libertad [...]. Autodeterminación para Euzkadi y demás nacionalidades [...] ¡Abajo el sindicato vertical! Abajo la monarquía fascista”, se podía leer en ese papel. Las fuerzas del orden retiraron la pancarta socialista a las 00.30 horas de aquel Año Nuevo, según expusieron en un informe interno. Después, registraron el Círculo Vitoriano por un aviso de bomba que resultó ser una falsa alarma.

El 13 de enero, el comisario jefe del Cuerpo General de Policía de Vitoria remitía al gobernador civil un primer informe sobre las huelgas que habían arrancado cuatro días antes, el 9 de enero. Bajo el título “Situación laboral en el día de hoy”, se explicaba que “continúan parados los 1.500 obreros manuales” de Mevosa, que “permanece cerrada” Forjas Alavesas y que habían mantenido una reunión en la jornada anterior que, aparentemente, finalizó con algunos presentes gritando “¡Viva el Rey!” y “¡Viva la Policía!”, y que 800 “obreros de taller” de Aranzabal y 180 de Llama Gabilondo estaban igualmente en huelga.

Ese mismo 13 de enero, los servicios de Información de la Guardia Civil en Vitoria (la zona 512, como se denominaba entonces), en uno de los documentos con el sello de “Confidencial”, detectaron una asamblea de “unas 800 personas aproximadamente” en la iglesia de Belén, también en Zaramaga. Eran “obreros en paro” de Forjas Alavesas, huelguistas. Exponen los agentes que duró 30 minutos y que, luego, marcharon “pacíficamente” hasta la sede de la OSE, las siglas del sindicato franquista. Estaban en la plaza del Conde de Peñaflorida, la actual sede de Trabajo del Gobierno vasco. De nuevo de forma “pacífica”, terminaron su protesta allí.

Pero, dos horas después, la Guardia Civil alertó de que “respondiendo a la numerosa propaganda clandestina”, del orden de “3.000 individuos”, la mitad “alborotadores” y el resto “curiosos, observadores, etc.”, llevaron a cabo una protesta. Arrancó en un edificio municipal en Eduardo Dato, siguió en la OSE y volvió a Eduardo Dato, General Álava, Fueros y Portal del Rey, el ensanche de la ciudad. Cantaron “amnistía general”, “Policía asesina” o “Gora Euzkadi askatuta!”. Entonaron igualmente un “himno en vascuence”, relata el documento policial interno. La Policía Armada “en ningún momento efectuó carga alguna”, dice el otro cuerpo.

El 20 de enero, la Guardia Civil volvió a elaborar una “nota informativa” de carácter “confidencial”. En ella, exponía que un “confidente” había indicado cómo encontrar “en un vertedero de basuras situado en las proximidades del camino que conduce de Armentia a Berrosteguieta” un gran volumen de propaganda política que el Estado consideraba subversiva. En concreto eran 67 ejemplares de la revista 'Abenduak 11' de la delegación vasca de la ORT (Organización Revolucionaria de los Trabajadores, maoístas), dos lotes de 192 y 113 ejemplares de 'En lucha' (la revista nacional de la ORT) y 900 ejemplares -en castellano y en “vascuence”- de un “acuerdo” entre diferentes partidos y organizaciones con la ORT, incluidos “EHAS, ETA y LAB” y el Partido Carlista de Euzkadi. En 1936, el carlismo fue decisivo para el éxito de la sublevación en Álava, en Navarra y en el resto del territorio vasco.

Un reporte policial del 19 de febrero habla de varias fábricas “cerradas” y detalla el seguimiento de las huelgas. En los informes policiales, desde finales de 1975 y hasta el 3 de marzo de 1976, las fuerzas del orden hicieron constar también la existencia de presuntos grupúsculos de obreros de otras zonas de España que se sentían desplazados por las reivindicaciones nacionalistas vascas, algo que se usaba para legitimar al régimen. Lo llamaron “propaganda positiva” para el régimen. “Castellanos, andaluces, extremeños, gallegos, basta ya de hacer el juego a separatistas, vascos que reniegan de su condición de españoles, que de siempre han pretendido mantenernos como ciudadanos de ínfima categoría a los que, llegados de otras provincias, buscando el pan para nuestros hijos y un meritorio deseo de asegurarles un futuro mejor, estamos aquí nuestro sudor [...]. No, no estamos en casa ajena. Las provincias Vascongadas son España”, se podía leer en un folleto decomisado.

El propio régimen lo tilda de “especie propagandística clandestina de carácter españolista” en un documento “confidencial” del 10 de octubre de 1975, aún con Franco vivo. En aquel momento, el teniente coronel al frente de la comandancia de Vitoria, sita en la actual sede de la Cruz Roja del portal de Castilla, era Antonio Tejero. El promotor del golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, fallecido esta misma semana tras la desclasificación de algunos de los documentos de ese episodio, se convirtió en jefe de la zona 512 el 22 de febrero de 1975, procedente de Donostia. Estuvo en la plaza hasta el 5 de enero de 1976, cuando regresó a Gipuzkoa.

La víspera de la matanza

Del 2 de marzo, la jornada previa a la matanza, se han localizado dos informes. Uno venía firmado por el teniente coronel de la Guardia Civil, que ya no era Tejero. Arrancaba informando de que, de madrugada, un camión Pegaso con pescado y matrícula de Tarragona que iba a Bilbao vio pinchadas sus seis ruedas. Después, enumeraba el seguimiento de las protestas en Tubacex de Amurrio y en Villosa (Guardian) de Llodio. Mencionaba también una firma llamada “Embases metálicos”, con una flagrante falta de ortografía. Después, aludían a propaganda interceptada, buscando el “boicot” de “bares, cines, prensa, etc.” de cara a hacer exitosa la huelga general del día siguiente. También se hablaba de la “solidaridad” de parte del personal educativo y de una asamblea de 300 obreros “de ambos sexos” en una iglesia de Salvatierra-Agurain. Finalmente, describía que “sobre las 18.30 horas” del orden de “600 mujeres” salieron de la iglesia de Belén de Zaramaga e “iniciaron una marcha” hacia Forjas Alavesas. A las 19.00 horas, otras 150 mujeres se colocaron delante de la factoría de Gabilondo. No hubo “incidentes”, según la Guardia Civil.

El otro documento es del Gobierno Civil, que probablemente había recibido ya los reportes de las brigadas de Información, en los que aparece como destinatario. En una nota, se indica que es conocedor de que “mañana, miércoles, día 3” hay “grupos” que pretendían “organizar manifestaciones no autorizadas, por vías públicas de esta ciudad de Vitoria, atentatorias a las más elementales normas de libertad de circulación”. Y también que se preveía “la realización de otros actos que pueden engendrar conductas socialmente reprobables”. “Se advierte de la ilicitud de dichos actos, así como del criterio y propósito de este centro, velando por el mantenimiento del orden público y paz ciudadana, de adoptar las medidas reglamentarias oportunas para prevenir y, en su caso, reprimir, con todo rigor, las antisociales conductas de referencia, haciendo un llamamiento a los promotores e incitadores, de la gran responsabilidad que pesa sobre los mismos, a fin de que reconsideren sus instigadoras acciones en aras del buen sentido de que siempre ha hecho gala el pueblo alavés”, se puede leer en el papel, custodiado por el Archivo de Álava.

Miércoles de ceniza

Para la reconstrucción documental del día de autos, se ha recurrido al memorando elaborado por el Parlamento Vasco en 2008. Allí se expone, de entrada, que “la tercera jornada de huelga general convocada para el 3 de marzo tampoco se caracterizó por la violencia”. Fueron paros “de general seguimiento” en los diferentes sectores y de fuerte presencia policial. La “tensión social” venía acumulándose durante siete semanas y las “dificultades” económicas se empiezan a sentir en los bolsillos de los huelguistas. Había, eso sí, expresiones de solidaridad e incluso repreresentantes de fuera de Vitoria presentes en la ciudad. Las autoridades “reclamaron más fuerzas policiales” para controlar la situación. Y se pusieron en marcha desde Valladolid, a 240 kilómetros.

La jornada matinal fue muy movida. Hubo una asamblea obrera en la iglesia de Los Ángeles y la Policía Armada “instó al desalojo”. Los 'grises' entraron en otro templo, en el de Desamparadas, en el centro. “Intervino contra las columnas de manifestantes que desde los polígonos industriales del norte y del sur confluían hacia el centro de la ciudad”, se destaca también.

Hacia las 11.00 horas hubo cargas en la Avenida del Generalísimo (rebautizada después como Gasteiz). Los policías ya emplearon “fuego real” y se registraron “varios heridos de bala”. Una de ellas fue una mujer que estaba en su casa. Los huelguistas llenaron la ciudad de barricadas. “La ciudad se encontraba para después del mediodía totalmente colapsada en su tránsito rodado”, concluye el memorando.

Eso sí, hacia las 14.30 horas se produjo una tregua: “Obreros y policías se retiraron de las calles” y fueron a comer. La hora de retomar la actividad era las 17.00 horas, el momento de la asamblea en San Francisco de Asís, en Zaramaga. Era un singular templo católico diseñado por Luis Peña-Ganchegui de planta cuadrada y con un formato interior tal que permitía reuniones muy numerosas. Acumulaba 17 asambleas de trabajadores hasta ese día.

A las 16.45 horas, el recinto ya estaba lleno. No eran solamente huelguistas sino también personas mayores o jóvenes. Era un encuentro perfectamente pacífico. Muchas de las que quisieron participar se quedaron fuera sin poder hacerlo. “Se calcula que dentro de la iglesia habría unas 4.000 personas y otras tantas afuera”, estiman los expertos.

A las 16.45 horas ya se personó la Policía Armada. Y sobre las 17.10 horas, “después de haber establecido un cordón para impedir la llegada a la iglesia de más obreros, la Policía Armada recibió la orden de desalojar”. Muchas personas pudieron oír las conversaciones de la emisora policial por receptores ordinarios de FM. Uno de los mensajes que se escucharon fue el siguiente: o se hacía “por las buenas” o, de lo contrario, los uniformados lo harían “a palo limpio”. Un mando buscó que el párroco le ayudara a ejecutar la directriz, pero el religioso no veía ningún problema de seguridad que lo justificara. Al parecer, se le mostró una orden del Gobierno Civil.

La Policía no tuvo contemplaciones e inició el asalto lanzando botes de humo lacrimógenos. “Ello provocó el pánico” en un primer momento. Hubo una estampida en la salida y los antidisturbios esperaban allí para golpear a los asambleístas. Otros rompieron los ojos de buey que rodean todo el edificio para escapar por allí. Entonces ―y no antes― las personas que estaban fuera empezaron a arrojar objetos a los agentes para cambiar la dirección del ataque y que pudieran salir los miles atrapados dentro de San Francisco de Asís. “No se sostiene la versión de que los obreros fueran armados de ningún tipo de recurso previo. Sólo se puede acreditar que utilizaron improvisadamente lo existente en las inmediaciones”, indica el memorando sobre los hechos. Vecinos de la calle de Fermín Lasuen llegaron a tirar sus tiestos con los mismos fines.

Agotados los materiales antidisturbios, la Policía Armada recurrió a armas de fuego para continuar con las cargas. El saldo: cinco fallecidos, 41 heridos de bala ―se hablaba de 42 pero en los listados hay un nombre repetido―, unos 47 ingresados y otros 30 atendidos con heridas más leves. Los agentes llegaron a cargar en las Urgencias del hospital de Santiago mientras se hacía el triaje a los heridos. El personal elaboró una nota de protesta que apareció el 5 de marzo en el periódico local 'Norte Exprés'.

Hubo 150 detenidos esa tarde-noche. Un abogado laboralista que apoyaba a los huelguistas recuerda que un amigo suyo fue arrestado solamente por tener divisas extranjeras y sellos de diferentes países en su pasaporte. Se le creía un espía pero, en verdad, era una transportista. Fue “molido a palos”. Los líderes sindicales Jesús Fernández Naves e Imanol Olabarria fueron acusados de “sedición” y encarcelados Emilio Alonso, Juan José San Sebastián, Iñaki Martín Echezarra y Alberto Martínez de Lahidalga.

28 'grises' acabaron con lesiones, y tres fueron hospitalizados. A las 21.00 horas está acreditado que se lanzó un artefacto incendiario a la comisaría del Cuerpo General de Policía, con un inspector herido de gravedad. Es otro cuerpo diferente a la Policía Armada y sus dependencias estaban en Olaguíbel, las que ahora utiliza la Policía Nacional.

Las grabaciones en 'cassette'

Uno de los materiales más conocidos del 3 de marzo de 1976 son las conversaciones entre los agentes actuantes por la emisora interna. Varios testigos refieren que los transistores con FM pudieron captarlas. Hubo quien las grabó en 'cassette' y aquel material pasó a la historia como una prueba fehaciente de lo sucedido.

–Procedan a desalojar la iglesia. Cambio.

–Desalojen la iglesia como sea. Cambio.

–Está repleta de tíos. Por fuera estamos rodeados de personas. Vamos a tener que emplear las armas. Cambio.

–Sacarlos como sea. Cambio.

–A ver, ¿ese fuego qué ha sido? ¿Tiro al aire? Cambio.

–De momento de los nuestros no hay ninguno [herido]. Cambio.

–Bueno, está bien, está bien.

–¿Qué tal está el asunto por ahí? Cambio.

–Se puede figurar. Después de tirar igual mil tiros y romper toda la iglesia de San Franscisco, ya me contará cómo está toda la calle y cómo está todo. Cambio.

–Pero, vamos a ver, ¿en este momento seguís cargando y seguís con lío? Cambio.

–No, en este momento no. Cambio.

–Muchas gracias, ¿eh? Buen servicio.

–Hemos contribuido a la paliza más grande de la historia. Cambio.

–Aquí ha habido una masacre. Cambio.

–De acuerdo. De acuerdo. Cambio.

–Muy bien, pero de verdad una masacre.

El máximo mando policial responsable de la carga se llamaba Jesús Quintana Saracíbar, de 35 años. Tenía rango de capitán en la Policía Armada. Desde su residencia en Granada, no quiso responder a este periódico hace diez años. El gobernador civil era Rafael Landín. Dio la orden de movilizar a la compañía de Vitoria y a una unidad de reserva de Miranda de Ebro en Zaramaga. Después, a partir de las 18.00 horas, se les unió otra brigada de reserva de Valladolid. El ministro del Interior era Manuel Fraga, que antes había estado en Gobiernos de la dictadura y que luego fue fundador del PP y presidente de Galicia. El aún vivo Rodolfo Martín Villa era el ministro de Relaciones Sindicales. Carlos Arias Navarro era el presidente del Gobierno.

Los papeles desclasificados de la CIA

Los archivos de la CIA tienen dos informes referidos a los sucesos de Vitoria del 3 de marzo de 1976. El primero es el “National Inteligence Bulletin” del 5 de marzo, desclasificado ya en 2007. Dentro del apartado relativo a “Spain”, los espías estadounidenses apuntan a “manifestaciones y huelgas” en las provincias vascas “en protesta de los choques violentos del miércoles entre la Policía y los trabajadores en huelga de la ciudad de Vitoria”. Según la CIA, “la violencia en Vitoria” de aquel miércoles fue “la peor desde que Juan Carlos se convirtió en rey” de España.

“El Gobierno Civil de la provincia había avisado de que las protestas eran ilegales e insistió en que la Policía sólo abrió fuego en defensa propia. Tres manifestantes fueron asesinados ['killed', en el original] y de 50 a 100 personas heridas”, añade el reporte. “Las muertes pueden haber proporcionado los mártires buscados por parte de la oposición de izquierdas. Los grupos políticos y sindicales clandestinos vascos habían llamado el lunes a la huelga general, mientras en Madrid el ilegal Partido Socialista emitió un comunicado diciendo que nada ha cambiado en lo sustancial en la España después de Franco a pesar de las promesas reformistas del nuevo Gobierno”, agregaban.

Según la CIA, las autoridades de Vitoria (a las que se refiere como 'local officials') rechazaban la violencia de los huelguistas pero también expresaban dudas sobre los “métodos” empleados para “garantizar el orden público” por parte del Estado. “Decidieron pedir una audiencia urgente con el 'primer ministro' [Carlos] Arias [Navarro] y con el ministro del Interior [Manuel] Fraga”, sostiene Estados Unidos. Y concluyen sobre Fraga: “Madrid, indubitadamente, tratará de calmar la situación. Pero el ministro del Interior caminará sobre la cuerda floja entre su deseo de no retrasar las reformas prometidas y sus declaraciones de que no tolerará el desorden en las calles”.

La CIA sostuvo, igualmente, citando a “cuatro” fuentes “muy cercanas” al ministro Fraga, que iba a pagar “algún tipo de precio político por lo de Vitoria”. Esta referencia aparece en el segundo de los documentos. Está fechado el 12 de marzo de 1976. Tiene el sello de “secreto”.

La situación en Vitoria figura en la página séptima de este informe, bajo un epígrafe titulado “Spain: Government under pressure”. Arrancaba con la constatación de que se había rebajado sustancialmente el nivel de “violencia” registrado en las provincias vascas en las jornadas anteriores. Eso sí, se insiste en que fue el “más serio” episodio ocurrido en España “después de que el nuevo Gobierno se constituyera en diciembre” de 1975.

La CIA compró buena parte de las explicaciones del régimen español y sostenía que “pequeños grupos extremistas” se habían infiltrado entre los obreros locales y “fueron probablemente los principales instigadores de la violencia”. “La Policía, finalmente, restituyó el orden en Vitoria, pero la confrontación provocó manifestaciones y huelgas en toda la región vasca”, cree la agencia de espionaje, que cifró en 300.000 las personas que salieron a la calle esos días, las movilizaciones sociales más importantes “desde la Guerra Civil”.

El recorrido judicial

El 4 de marzo de 1976 el titular del juzgado de Instrucción 2 de Vitoria, José Antonio Jiménez-Alfaro y Giralt, incoó diligencias previas por el fallecimiento de Romualdo Barroso. En la autopsia se encontraron “orificios causados por proyectil”. Sin embargo, días después el magistrado se inhibió en favor de la jurisdicción militar, aunque con el criterio contrario de la Fiscalía. Alegaba que no se podía dar por hecho que los disparos hubiesen sido causados por funcionarios. Así, el 15 de mayo se reabrió el sumario en Vitoria, con citación al comisario-jefe del Cuerpo General de Policía y al capitán de la Policía Armada, Quintana Saracíbar. “No nos quedó más remedio que disparar”, se excusó el segundo.

Al lanzarse acusaciones de “sedición” a los sindicalistas, se derivó el asunto al denominado Tribunal de Orden Público, el equivalente a la Audiencia Nacional actual. Sin embargo, de allí saltó de nuevo a la jurisdicción militar por ser los autores de los disparos agentes del orden. Se designó como sala de Instrucción un juzgado militar “eventual” de Vitoria. La causa, con código 39/1977, quedó “sobreseída” por la “imposibilidad de identificar a los responsables”, aunque se asumió que habían cometido un delito de “lesiones” u “homicidio”, indica el memorando que aprobó el Parlamento Vasco.

Las víctimas, años después, interpusieron una querella criminal contra el gobernador civil y contra el capitán de la Policía Armada. La Audiencia Provincial de Álava la cerró por haber sido el asunto revisado en la vía militar. El asunto llegó al Tribunal Constitucional, aunque en 2003 inadmitió los recursos de amparo para abrir una causa. Se ha intentado también la opción de que, desde Argentina, se realizase un proceso con base en la jurisdicción internacional. Una magistrada de Buenos Aires, María Servini, llegó a dictar una orden de extradición del exministro Martín Villa.

En una conferencia ofrecida en 2022, el exministro calificó de “espectáculo” el proceso argentino, aunque admitió que “pudo” ser el “responsable político e incluso penal” del 3 de marzo de 1976 de Vitoria, pero niega que existiera un “plan” para “aterrorizar” a la ciudadanía. Martín Villa tiene comprometida una entrevista con Radio Vitoria que será emitida el mismo día del quincuagésimo aniversario.