El Parlamento Vasco pide que se reconozca “el papel del Estado” en la masacre del 3 de marzo de 1976 en Vitoria

A apenas unos días para el quincuagésimo aniversario del 3 de marzo de 1976, cuando la Policía Armada disolvió a tiros una asamblea de trabajadores en huelga en una iglesia de Vitoria -con cinco asesinados y decenas de heridos-, el Parlamento Vasco ha aprobado una resolución en la que se insta al Gobierno de España a que, “mediante declaración expresa, reconozca el papel del Estado” en la masacre. El texto es una enmienda pactada a última hora por los partidos del Ejecutivo vasco, PNV y PSE-EE. Finalmente, los socialistas han accedido a apoyar una exigencia al Estado a pesar de haberse negado inicialmente a ello. El texto aprobado no ha tenido más apoyos, aunque tampoco votos en contra, ya que EH Bildu, Sumar, PP y Vox se han abstenido. En total, 39 votos a favor de 75 escaños totales.

El debate original fue promovido por la asociación Martxoak 3, cuyos representantes han asistido a la sesión parlamentaria. EH Bildu y Sumar recogieron el guante. El representante del PNV, Xabier Barandiaran, ha admitido que han accedido a tocar la “semántica” para sumar a los socialistas, que lideran el Gobierno de España. Y, de paso, para evitar una nueva brecha en el bipartito vasco, que en las últimas semanas acumula tensiones en variopintos temas. La redacción descartada hablaba de que el Gobierno de España debería “reconocer la responsabilidad principal y directa del Estado en los crímenes”.

En una sesión en la que solamente han estado presentes del Gobierno el lehendakari, Imanol Pradales, la vicelehendakari, Ibone Bengoetxea, y el consejero de Hacienda, Noël d'Anjou, y no por ejemplo la titular de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José, la socialista Miren Gallástegi ha arrancado con una “condena rotunda” de lo ocurrido -“condenas que yo no he visto en otros sitios”, ha matizado, en relación a ETA- y con una apelación al “reconocimiento y reparación” de las víctimas. Pero ha querido matizar que las referencias al “Estado” han de ser precisas porque, en 1976, era un régimen previo a la democracia aunque el dictador hubiera fallecido. De hecho, ha recordado que el partido que ahora lo lidera, el suyo, fue “víctima” en aquellos años como organización clandestina que participa en las movilizaciones obreras.

Con estos ajustes, se ha “atrevido” a vaticinar que Pedro Sánchez cogerá el guante y tendrá el gesto. Ahora bien, ha enumerado que los socialistas ya han dado pasos. Ha asegurado que el Gobierno vasco no hizo nada hasta que Patxi López fue lehendakari, de 2009 a 2012, y que el actual Ejecutivo de Sánchez ya ha tomado decisiones en relación a la masacre de Vitoria, como visitas en aniversarios anteriores. No ha citado Gallástegui ni la declaración de la iglesia de Zaramaga como lugar de memoria ni la partida de 0,6 millones para la puesta en marcha del Memorial, salida de un acuerdo con EH Bildu. Ha zanjado que su partido siempre opera “desde el orgullo de la coherencia” en lo tocante al 3 de marzo de 1976.

Desde el PNV, un Xabier Barandiaran que tomado la palabra sin papeles ni discursos preparados ha asegurado que la apelación al Estado permitirá mostrar la “distancia” entre una España democrática como la actual y otra que vivía “uno de los últimos coletazos del franquismo”. Ha defendido que la resolución aprobada deja “claro” el papel del Estado y que evidentemente que “podría hacerse en términos más duros”, pero a costa de sacar del consenso al partido que lidera ahora el Gobierno de España. Se trata de “establecer un terreno de juego común para avanzar de manera compartida”. “Es sumamente relevante que en estas cuestiones vayamos todos de la mano”, ha señalado Barandiaran, que ha hecho varias apelaciones infructuosas a que otras fuerzas se sumen al texto.

EH Bildu, por boca de Amancay Villalba, se ha agarrado al texto original, al de las asociaciones de víctimas. Desde los palcos, ellas han mostrado su desencanto por el resultado del debate. A su término, han sido claras: sienten que el Parlamento les ha “fallado” en unos días muy simbólicos. La formación abertzale ha emplazado al Estado a que “de una vez” reconozca su responsabilidad. Cree que la “verdad, justicia y reparación” llegan muy tarde porque han pasado ya “cincuenta años de la paliza más grande de la historia”, parafraseando lo que se dijo en la emisora policial, sin gestos definitivos. Después de enumerar los nombres de los cinco asesinados, ha puesto los ejemplos de David Cameron, ex 'premier' conservador británico, que asumió el papel del Estado en el 'Bloody Sunday' de Irlanda del Norte, o del socialdemócrata Frank-Walter Steinmeir, jefe del Estado alemán y que, en 2025, pidió perdón en Gernika por el bombardeo nazi de 1937. “Si ellos lo han hecho, es incomprensible que el Estado español no lo haga”, ha dicho Villalba.

En su segundo turno, ha replicado que la formación no está “en contra” de lo aprobado, mas sí recalca que “se queda muy corta” la apelación al Estado. “Las víctimas han reclamado una y otra vez que se reconozca la responsabilidad del Estado. Obvia esa reclamación”, ha criticado. Cree que el PNV, “en nombre de su alianza con el PSE-EE”, ha evitado “desnudar la impunidad” del Gobierno español.

Desde la bancada de Sumar, Jon Hernández (que es también el secretario general del PCE-EPK) ha defendido que es importante recalcar la “autoría clara” y la “responsabilidad directa” del Estado. “Del Estado, sí. Del Estado franquista que existía en esos momentos. Es el responsable de aquellas matanzas y represión”, ha manifestado Hernández. “Mi grupo va a trabajar para que el Gobierno de España haga ese reconocimiento”, ha señalado el representante, que ha recordado a otros “camaradas” comunistas víctimas igualmente de la represión en la Transición.

El PP se ha quedado en la abstención. Ha dicho Santiago López Céspedes que “siempre siempre” reconocerán “a todas y cada una de las víctimas” y “con independencia de la causa de que sean víctimas”. Ha agregado que aquel Estado no era aún una democracia, pero ha afirmado que en 1977 se aprobó una amnistía que bloqueó muchas actuaciones judiciales por hechos previos. En todo caso, en un debate con algunas menciones al ministro en 1976 Manuel Fraga, luego fundador del PP, ha indicado que el diputado general de Álava Ramón Rabanera, de su partido, concedió en 2005 -por error ha dicho que fue en 2025- la medalla de oro de la provincia a las víctimas. La única representante de Vox, Amaia Martínez Grisaleña, ha condenado “sin paliativos” lo sucedido pero ha criticado que la izquierda abertzale se “apropie” de esa memoria y orille que ETA asesinó “antes, durante y hasta mucho después de 1976”. “Justicia para las víctmas del 3 de marzo, pero celebran los más de 850 asesinatos y agasajan a los criminales”, les ha espetado.

La resolución aprobada pide también un impulso al Memorial en el propio templo de San Francisco de Asís donde se produjeron los hechos, un proyecto anunciado hace ya cinco años y que sigue superando obstáculos. Las obras de adecentamiento del espacio, por ejemplo, apenas llevan en marcha unos días. Igualmente, hace mención a la necesidad de que España modifique la normativa de secretos oficiales, que data de la dictadura, para que sean desclasificados documentos relativos a temas como éste y otros.