Ocho años del inicio de la investigación de las denuncias de filtraciones en la OPE de Osakidetza y sin fecha para el juicio

El 1 de junio de 2018, hace ahora ocho años, estalló en Euskadi un caso que aún no ha sido resuelto en los tribunales, las denuncias de filtraciones en las oposiciones médicas de Osakidetza. Opacado por la moción de censura contra Mariano Rajoy y la llegada de Pedro Sánchez al poder, que se produjo ese mismo día, ese día empezaron a brotar indicios de que aspirantes cercanos a los miembros de los diferentes tribunales -cada especialidad médica tiene su propio examen- tenían notas muy elevadas en pruebas de cierta complejidad. Ha sido una investigación sobre exámenes en la que consideró inoportuno revisar los exámenes y en la que no se ha accedido a ni una sola comunicación entre las partes. Y ha terminado en todo archivado salvo lo relativo a la categoría de Cirugía Plástica, donde a la buena nota de la opositora se unía una relación familiar con el vocal autor de una parte de las preguntas. Pero, tras el intento fallido de esta primavera, sigue sin haber fecha para el juicio.

El transitar judicial de este expediente ha sido verdaderamente tortuoso. Todo empezó con una preinvestigación de la Fiscalía en la que Carmen Adán no contó con todas las pruebas de que disponía el Servicio Vasco de Salud, ya que no se le entregaron las grabaciones de una investigación interna que se había ordenado a raíz del revuelo surgido. Ese proceso concluyó que no había pruebas de la existencia de filtraciones, pero quienes acudieron a comparecer como testigos sí exhibían sus dudas sobre el proceso y aludían a un problema estructural, como publicó después este periódico.

Durante estos años, hasta cuatro instructoras han dirigido la causa, residenciada en la plaza segunda de la sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Vitoria, donde está la sede central de Osakidetza. Yolanda Varona fue la primera, una sustituta de la titular del juzgado en 2018, Ana Jesús Zulueta, por aquel entonces en otras funciones. Después llegaron Cristina Rodríguez Ruiz y Blanca Ester Díaz Pulido.

Ha sido una causa trufada de parones, prórrogas y denegaciones de pruebas. Se han revisado muy pocos exámenes aunque, cuando se vieron unos pocos de la prueba de Anestesia, se vio un patrón de respuesta muy similar entre los presuntos beneficiarios de las filtraciones, preguntas respondidas en el mismo orden, redacción similar y hasta fallos comunes dados por buenos.

Además de la Fiscalía, los sindicatos LAB y ESK han ejercido de acusación estos años. Y pidieron revisar todas las pruebas. “En relación a la aportación de los originales de los exámenes, no resulta necesario ni útil traer a este procedimiento un volumen de documentación que no será examinada por el tribunal por el escaso interés que tiene para la causa, así como por la innecesariedad de leer una sucesión interminable de preguntas médicas cuyo contenido y respuesta es totalmente ajeno a la función jurisdiccional y que no es objeto del presente procedimiento, ya que no se está enjuiciando una incorrecta valoración de los exámenes, sino una posible filtración”, llegó a argumentar como respuesta la juez Rodríguez Ruiz.

El 'caso De Miguel', la gran trama de corrupción investigada en Euskadi y que ha acabado con cuatro excargos del PNV en la cárcel y con otros condenados, ha solido aparecer como el gran espejo de una causa judicial compleja que se eternizó en los tribunales. Sin embargo, antes de que se cumplieran ocho años de las detenciones que dieron inicio al proceso, todos los imputados ya estaban en el banquillo. De marzo de 2010 a enero de 2018.

En detalle, el plazo inicial de investigación finalizó en el verano del 2021, a los tres años de los hechos, pero se acordó una prórroga de seis meses. En enero de 2022, 'in extremis', las acusaciones lograron seis meses más para que el asunto no muriera. Pero en ese período no se movió ni un papel y, terminado ese medio año, se acordó el final definitivo de la instrucción. Esto fue refrendado por otra instancia, la Audiencia de Álava, en abril de 2023. Desde entonces estaba pendiente que la magistrada Díaz Pulido hiciera público su auto de conclusiones. Esto llegó en diciembre de 2024 con un archivo total de la causa en la docena de categorías médicas bajo investigación.

Sin embargo, en septiembre de 2025, la Audiencia Provincial enmendó a la instructora y forzó a que, al menos en una categoría, sí hubiese juicio. ¿Por qué? Aquí, la examinanda logró 48 aciertos de las 50 preguntas realizadas por su allegado, el doctor Alfredo Martínez Flórez, pero bajó a 24 de 50 en la segunda mitad, ya con otra autoría. Era una prueba de alta dificultad y, a pesar del dato de la segunda parte, su nota fue de las más altas, “muy por encima del resto de opositores”. Fue tal el revuelo ya en ese momento que la dirección de Osakidetza intervino y la opositora, Thais Salas, terminó renunciando.

La Fiscalía ha solicitado dos años de prisión y cinco de inhabilitación para el doctor por “filtrar las preguntas” del examen. Y pide para ella un año de cárcel y el mismo tiempo de inhabilitación, así como la imposibilidad de que obtenga ayudas públicas durante ocho años. Estimaba “probable”, al presentar su escrito de calificación, que se pudiera alcanzar una conformidad si ambos admitían los hechos, con lo que las penas quedarían moduladas, pero ahora las defensas de los imputados descartan de plano esa opción, según han trasladado a este periódico en varias ocasiones.

Hay otras dos acusaciones, los sindicatos LAB y ESK. Piden penas más severas. En el caso de LAB, por ejemplo, demanda tres años de prisión para cada uno de los dos imputados. Solamente aceptaría un acuerdo en caso de que los acusados entrasen a explicar que las filtraciones han sido históricamente una dinámica “estructural” dentro de Osakidetza. ESK, por su parte, pide dos años de cárcel para ambos.

El caso se llevó por delante al entonces consejero de Salud, Jon Darpón, del PNV. Fue en 2019. También a la directora general de Osakidetza, María Jesús Múgica, o al responsable de Recursos Humanos, Juan Carlos Soto, entre otros cargos. El exconsejero es ahora alto directivo de la compañía privada Keralty, la antigua Sanitas internacional. La exdirectora general, cuando fue citada como testigo en la instrucción, contó con ayuda de agentes de la Ertzaintza, incluido un comisario, para evitar a la prensa, lo que motivó una nueva investigación.

Estaba prevista para esta primavera la vista previa del juicio, la última antesala antes de la audiencia pública. Pero se suspendió a última hora por otro imprevisto. Los tres miembros del tribunal presentaron un incidente de abstención al sentirse 'contaminados'. Esta misma semana se ha aceptado una recusación que ninguna de las otras partes había considerado necesaria. Se remarca que la juez Zulueta fue parte de la investigación y que no debería serlo ahora de la resolución del caso y, respecto de los jueces Elena Cabero y Jesús Poncela, se ha entendido que ya habían entrado al fondo del asunto al enmendar el cierre total decretado por la última instructora y ordenar un juicio contra dos de los imputados.

Desde el palacio de justicia no se concreta cuál es ahora el calendario y cuándo habrá una nueva terna para celebrar el juicio. Procesos mucho más cortos han visto cómo las penas eran rebajadas por las conocidas como “dilaciones indebidas”. “Antes del verano seguro que no”, vaticina un letrado conocedor del sumario al ser preguntado por una posible nueva fecha para retomar el asunto.

“Este proceso está repleto de sobresaltos, de cambios de magistrada, ... Estamos ante el escándalo sobre el escándalo”, opina el sindicato LAB. Y abundan: “Que el asunto de las filtraciones de exámenes en Osakidetza termine acotado judicialmente en una única categoría es un escándalo quizás más preocupante que las propias filtraciones. Es una consecuencia de realizar una investigación muy débil”. Este sindicato sostiene que existía una “red clientelar de adjudicación de plazas” y que se debería haber investigado más a fondo tanto los propios exámenes como la gestión de la dirección política. Lamentan el portazo a algunas de sus propuestas en ese sentido.

Desde ESK, ven igualmente “decepcionante” la situación actual del proceso jurídico de lo que llaman “opes dopadas”. Sostienen que el proceso “se ha dilatado de manera innecesaria”, que ha sido “largo y tortuoso”, lleno de “decisiones cuanto menos cuestionables” y que “para rizar el rizo” ahora se conocido la abstención de los magistrados del tribunal. Coincide con LAB en que han sido las acusaciones las que han dado impulso a la investigación. Con todo, ESK extrae una conclusión positiva de estos años porque “el objetivo era acabar con un sistema clientelar” y el “cambio de modelo” en Osakidetza para las últimas convocatorias, que dificulta estas filtraciones, según exponen, es “fruto del trabajo de denuncia sistemático” iniciado en 2018. Añaden que el actual consejero, Alberto Martínez, era miembro del tribunal de una de las categorías de las que brotaron las primeras denuncias, Anestesia.