La magistrada de las filtraciones en las oposiciones de la Sanidad vasca asegura que analizar los exámenes “no aporta nada”

Un vocal del tribunal de Traumatología aseguró que, al corregir los exámenes de su categoría dentro de la gran OPE de 2018 del Servicio Vasco de Salud (Osakidetza), sintió que leía “fotocopias” y no solo entre sí, sino también con respecto a la plantilla de corrección. Desde entonces se investiga en un juzgado de Vitoria si se produjeron filtraciones para beneficiar a opositores concretos, más aún porque en variadas pruebas las mejores notas coinciden con colegas de hospital del autor de las preguntas. La instructora de este caso, Cristina Rodríguez Ruiz, ha decidido prorrogar hasta enero de 2022 el sumario para tratar de dilucidar si hay delitos y responsables detrás de este asunto y ha emitido un auto en el que amplía de once a veinte los imputados, adelantado por este periódico. Pero tan o más importantes como sus decisiones son sus líneas rojas. La magistrada no investigará al entonces consejero, Jon Darpón ni a su equipo, lo que ha motivado la felicitación del PNV, y también ha dejado claro que “tener en el juzgado los exámenes originales no aporta nada de interés a la causa”.

En el procedimiento hay dos sindicatos personados como acusación popular. Son LAB y ESK. El primero había pedido incorporar a la causa “los exámenes aprobados” de 26 especialidades médicas de la OPE, además de un mapa de los aprobados para ver si coincidían con los autores reales de los cuestionarios. El segundo demandó las preguntas y respuestas de los exámenes y la bibliografía de “todas” las categorías. La respuesta de su señoría es tajante. No es sólo el “no aporta nada a la causa” sino que asegura que no serían revisados.

“En relación a la aportación de los originales de los exámenes, no resulta necesario ni útil traer a este procedimiento un volumen de documentación que no será examinada por el tribunal por el escaso interés que tiene para la causa, así como por la innecesariedad de leer una sucesión interminable de preguntas médicas cuyo contenido y respuesta es totalmente ajeno a la función jurisdiccional y que no es objeto del presente procedimiento, ya que no se está enjuiciando una incorrecta valoración de los exámenes, sino una posible filtración”, argumenta la juez Rodríguez Ruiz, que es la tercera al frente de la investigación sobre las oposiciones después de Yolanda Varona y Ana Jesús Zulueta.

Se da la circunstancia de que en estos años ya se hizo una petición de exámenes. Osakidetza los entregó en cajas y el resultado es que apenas se fotocopiaron e incorporaron a la causa media docena. Eran las pruebas de casos clínicos prácticos de la categoría de Anestesia y correspondían, en su mayoría, a unas opositoras con excelentes notas. Este periódico tuvo acceso a ese material y las respuestas revelaban que esas supuestas beneficiarias de filtraciones seguían unos patrones. El primero era que todas habían desechado la misma pregunta de seis posibles, la segunda. El segundo era que todas habían respondido en el mismo orden al resto del cuestionario, aunque era de elección libre. Su sucesión era ésta: 1-6-3-4-5. El tercero era que a nivel sintáctico y de estilo, la extensión, redacción, orden y nivel de detalle de las respuestas de esas candidatas era muy similar a pesar de ser respuestas abiertas y no de tipo test. Y el cuarto es que todas ellas recibieron una puntuación muy alta a pesar de cometer un mismo error básico. Yerran en el concepto “autosómico”, que nunca puede estar vinculado al cromosoma X y que constituye un principio básico de la genética, según explicaron en su día a este periódico varias fuentes médicas. 

Todas fueron llamadas a declarar hace justamente un año, en septiembre de 2020. Fueron interrogadas por la juez Zulueta y alegaron que las similitudes se correspondían a que habían estudiado juntas. En el caso del error, y sin precisiones, indicaron que pudo tratarse bien de un fallo en el manual que consultaron -que aparentemente era extranjero- o bien de otro tipo de despiste en las anotaciones de una que luego replicaron las demás, aunque la propia Wikipedia resuelve la duda. El autor de las preguntas fue el jefe de estas profesionales en Txagorritxu, el doctor César Augusto Valero, que justificó su buena nota porque estaban “supercualificadas”.

En este tiempo, esas “fotocopias” que eran los exámenes de Traumatología no han llegado al juzgado y aparentemente tampoco llegarán, aunque ESK y LAB han anunciado recursos a la última resolución judicial y podrían incidir en este punto en sus reclamaciones. No obstante, la instructora ha dejado claro que tampoco una buena nota o la coincidencia de centro de trabajo entre miembros del tribunal y opositores es, por sí mismo, un indicio suficiente. Ni siquiera lo sería una promesa de filtración. “Estar a la espera no supone que las haya obtenido finalmente”, apunta sobre una grabación recabada por una denunciante sobre una posible filtración de las preguntas.

La magistrada argumenta que estos meses realizará nuevas diligencias y escuchará a nuevos testigos e imputados, pero sostiene que no iniciará un análisis “prospectivo” de toda la OPE. Y deja claro que no buscará responsabilidades más allá de de los participantes en los exámenes al descartar la imputación de la cúpula de Osakidetza o del Instituto Vasco de Administración Pública (IVAP). En busca precisamente de una mayor transparencia, esta convocatoria tuvo como novedad que se externalizó parte de la elaboración de las preguntas a este segundo organismo. Pero al no tener médicos especialistas, acabó preguntando a Osakidetza y ésta le dio el listado de quienes finalmente pusieron los exámenes.

Según la magistrada, esos altos cargos no tenían las preguntas y no pudieron filtrarlas. Y ahí se acaba la posible responsabilidad: “Las personas indicadas por la acusación no forman parte de ninguna asociación, salvo que se quiera considerar tal al Gobierno vasco, a Osakidetza o al IVAP y se pretenda igualmente que estos organismos promueven la comisión de delito o que utilizando las estructuras institucionales se estén promoviendo conductas ilícitas. Tampoco consta, siquiera indiciariamente, que se hayan constituido en una asociación 'paralela' o que se hayan reunido con ninguna finalidad ilícita, ni que hayan realizado o promovido ninguna conducta ilícita. No existen indicios en esta fase procedimental para entender que concurre ninguno de los elementos del tipo descrito”.

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