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El ‘caso Begoña’ es el enésimo ejemplo de lawfare. Y es humano que Sánchez hoy haya llegado a su límite, como lo harían muchas otras personas en esa misma situación
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Se ha escrito todo sobre la resiliencia de Pedro Sánchez. Sobre esa capacidad del presidente del Gobierno para sobreponerse a todos los golpes, para resistir una presión abisal, para no rendirse cuando todo está en contra. Ha sido el principal atributo de su carrera política, su lema, el epitafio que dejará para la posteridad. Por eso ha sido también tan sorprendente este anuncio: su decisión de cancelar la agenda hasta el lunes y valorar si continúa al frente del Gobierno. O presenta su dimisión.
La carta –aquí puedes leerla– está escrita íntegramente por él. No la consultó con los asesores ni con el resto de su equipo político; solo con su familia. Y responde a un solo factor: el humano, el personal. No el político. Incluso Sánchez ha llegado a su límite.
Leo muchos análisis –también en elDiario.es, donde no todos pensamos igual– que creen que esta carta forma parte de una calculada estrategia política. Un órdago más del hábil Sánchez, siempre tan osado en sus apuestas a doble o nada, como cuando adelantó las elecciones al 23 de julio y, contra pronóstico, ganó. El tiempo lo dirá, pero no creo que sea así: solo el factor humano sirve para entender y explicar esta decisión.
Es evidente que el ataque a su mujer le está afectando, le está desestabilizando. Es evidente que la derecha lo sabe también. Sánchez aguanta todos los golpes, pero no soporta los ataques a su mujer, a su hermano, a su padre, a su suegro... Como escribe Antón Losada: “Hasta los políticos tienen a alguien que les importa más que la política”.
La gota que ha colmado el vaso es la admisión a trámite en un juzgado de una denuncia contra su mujer, Begoña Gómez, que no cumple los mínimos aceptables. La jurisprudencia del Tribunal Supremo ha establecido en distintas sentencias que no bastan con unos recortes de prensa para poner en marcha una investigación penal, que se necesitan indicios algo más sólidos. No los hay en el escrito que ha presentado el pseudosindicato de ultraderecha Manos Limpias, los mismos que acusaron penalmente a ‘Los Lunnis’ –ese programa infantil– por mostrar una boda entre dos hombres. Los mismos que fueron condenados por extorsión y chantaje por la Audiencia Nacional (y recientemente absueltos de esa misma condena por el Tribunal Supremo).
La denuncia es tan infumable que incluye bulos groseros, como decir que la mujer de Sánchez cobró una subvención –cuando en realidad fue una empresaria cántabra que se llama igual–.
El ‘caso Begoña’, con los datos que conocemos hoy, no tiene enjundia para justificar una investigación penal, que solo puede ser prospectiva si las pruebas aún están por descubrir. En una democracia se demuestra la culpabilidad, no la inocencia.
Se acusa a la esposa del presidente del Gobierno de tráfico de influencias y corrupción, por haber favorecido el rescate de Air Europa al haber negociado un patrocinio de 40.000 euros para unos eventos del Instituto Empresa, para el que ella trabajaba.
Tres datos relevantes para entender la acusación:
Las negociaciones para ese patrocinio fueron en enero de 2020. Antes de que nadie pensara que habría que rescatar aerolínea alguna porque la pandemia y sus terribles consecuencias aún estaban por llegar.
El patrocinio finalmente no llegó: precisamente por la pandemia. Air Europa no pagó ni un euro al Instituto Empresa ni menos aún a la mujer de Pedro Sánchez.
España rescató a esa aerolínea, igual que hizo con otras y como hicieron los principales países durante la pandemia –parecía una medida razonable, teniendo en cuenta que, en la práctica, casi se habían prohibido los viajes en avión–. Posteriormente Europa cuestionó algunas de esas ayudas a las aerolíneas, pero no las que aprobó España.
¿Alguien medianamente informado de verdad cree que España rescató a esta aerolínea por ese patrocinio que ni siquiera se llegó a pagar y que habría sido para el Instituto Empresa? ¿De verdad esto es un caso de corrupción?
La otra gran acusación contra Begoña Gómez es una carta de recomendación que escribió para apoyar, como directora de un máster, a otra empresa en un concurso público. Ella, y treinta personas más, incluida un alto cargo del Ayuntamiento de Madrid. Es una carta que se presentó con todos los demás papeles en el trámite administrativo y que no tuvo ninguna influencia real en la adjudicación. Tal vez fue una decisión imprudente, al ser la mujer del César y tener que actuar como tal. Pero, ¿alguien realmente cree que si el presidente del Gobierno quiere amañar un concurso lo hace con una carta de recomendación de su mujer en el procedimiento administrativo? Sería el primer caso conocido donde se aplicara un método tan estrambótico para delinquir.
El ‘caso Begoña’ es el enésimo ejemplo de lawfare. Otro más en una larga lista de actuaciones judiciales y mediáticas más que discutibles que siempre golpean en la misma dirección: a favor de la derecha y de la extrema derecha, en contra de los partidos que respaldan a este Gobierno de coalición. Y es humano que Sánchez hoy haya llegado a su límite, como lo harían muchas otras personas en esa misma situación.
¿Qué pasará el lunes? Sinceramente no lo sé, y creo que solo lo sabe el presidente del Gobierno, y ni siquiera con seguridad. No descarto que Sánchez llegue a dimitir, lo cual sería entendible desde el punto de vista humano, pero nefasto para el futuro político de este país. El mensaje sería nítido: este es el atajo para ganar de forma espuria lo que se pierde en las urnas. Igual que antes hicieron con António Costa, en Portugal.
Hay algo de lo que sí estoy seguro: que este proceso penal contra la esposa del presidente del Gobierno no prosperará. Tampoco es esa la intención. Uno de los principios básicos del lawfare es que no es necesario que exista una condena para provocar un daño descomunal.
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