La opacidad de los grandes fondos de inversión complica la información y la vida de los inquilinos

Ante la crisis de la vivienda, la patronal inmobiliaria siempre dice que los fondos son parte de la solución y no el problema y que todo es una cuestión de falta de oferta.

Pero la verdad es que cuando uno se pone manos a la obra a investigar sobre un conflicto entre caseros e inquilinos, siempre es mucho más fácil contar con el nombre, el apellido, la documentación, la historia y la foto del inquilino que del propietario, del casero. Y los grandes fondos además se caracterizan por su opacidad. Solo buscan rentabilidad y, para ello, la vida del inquilino es un episodio mientras dura su negocio de alquiler y hasta que se convierta en compraventa.

Ejemplo de ello es Blackstone, que después de comprar más de 5.000 viviendas protegidas de Madrid y ponerlas en el mercado subiendo los precios al ritmo del mercado hasta duplicarlos en algunas ocasiones, se las vendió a Brookfield. Intenté hablar con ellos y me encontré a una gran profesional de la comunicación de una agencia que no me pudo contar nada.

Luego abordé a Brookfield, que había comprado esas viviendas, y me sorprendió que uno de los directores de comunicación me prometiera una respuesta a mis preguntas en un plazo de una semana. Cuando se apuró el plazo que me había dicho, la respuesta era “una negativa” a responder, lo cual me llevó a preguntarme filosóficamente si podía decir que no me ha respondido alguien que dice que su respuesta es “una negativa” a responder.

Los inquilinos, que sufrieron la falta de transparencia de Blackstone, ahora también sufren la de Brookfield, y se ven en una de las situaciones más atravesadas por las diferentes capas de la crisis de vivienda que existen: perdieron pisos públicos sin haber hecho nada, por la venta de la Comunidad, y se aferran a sus contratos y prórrogas sin que nadie al otro lado se siente para explicarles qué pretenden hacer con los pisos donde viven.

También me sorprendió que hace unas semanas, la misma agencia de comunicación que lleva a Blackstone me escribiera para decirme que llevan a Avalon y que cualquier cosa, oye, allí están. Agradecí mucho el gesto y, como coincidió con que acababa de publicar la bochornosa situación de los inquilinos del Plan Vive que lleva justamente esta socimi que depende de un gran fondo, aproveché para preguntarles. Que cómo es que hay problemas con el agua caliente, que por qué no se cuida la jardinería si pagan un pastón de comunidad, que por qué se les hace pagar el IBI y garajes al doble que el precio del mercado, en fin, todo lo que hemos ido contando. Por supuesto, un mes después, no tengo respuesta.

El último episodio de opacidad que tengo es el de una importante empresa del sector inmobiliario que después de meses persiguiéndolo me permitió una videollamada con una directiva, pero fue tan off the record que ni siquiera me dejaron citar lo que me contaba como fuentes del sector. Me sirvió para confirmar que no esconden que la crisis les ayuda a enriquecerse, pero la verdad es que resulta complicado tener las dos visiones del problema cuando cuesta tanto hablar con una. Por mucho que lo revistan todo de profesionalidad y pulcritud, no son capaces de justificar bien lo que hacen cuando se aterriza al terreno de la expulsión y las subidas de precios. Ojo, eso no quiere decir que los caseros particulares, que son mayoría, actúen siempre con más buena fe que los fondos.

La Sareb, conocido como banco malo de titularidad pública que absorbió los activos tóxicos de los bancos e intentó depurar parte de la deuda heredada con los pisos y suelos que se quedó, siempre ha sido diferente en mi experiencia como periodista. Después de visitar a unas familias de Fuenlabrada que viven en el limbo de no saber si se les va a ofrecer un contrato o no, la empresa cuenta que sí, que tendrá propuestas para las personas que viven allí y que estén dispuestas a colaborar. Me reconocían que puede haber habido problemas de comunicación con los inquilinos, pero al menos tenían una explicación que, si a la larga es verdad, es bastante satisfactoria. Sería ideal que para los vecinos también hubiera sido tan sencillo tener una explicación... y de paso, un contrato de alquiler, que además les hubiera garantizado ingresos a ellos durante los años que se han quedado sin pagar y amenazados de expulsión.

Pero no solo los grandes fondos son, además de opacos, crueles. La Comunidad de Madrid, tal y como contaba esta semana la compañera Lourdes Barragán en Somos, desahució esta semana a una familia con tres menores, uno de ellos con síndrome de down, en Moratalaz. No pagaban, pero habían pedido negociar un alquiler social. La comunidad decía que se les había ofrecido alternativa, pero la familia, cinco personas, asegura que se trata de una habitación.

Y mientras Dulce y centenares de desahuciados en España andan buscándose la vida entre sofás de familiares, pensiones o tiendas de campaña en parques, algunos porteros de Madrid se hacen de oro con las comisiones que los agentes inmobiliarios les dan por dar la voz cuando un piso queda vacío. Lo contaba esta semana la periodista Lucía Franco en El País en la otra cara de la moneda: como una crisis social y económica hace que unos pocos se forren.

El dato

1.154 €

Es el precio del alquiler medio en Canarias, según un informe del Observatorio del Alquiler reflejado por los compañeros de Canarias Ahora. Lo llamativo de la cifra es que se da en una de las comunidades con los sueldos más bajos de España. El sueldo medio es de unos 25.000 euros brutos, que se queda en unos 1.400 euros netos mensuales, pero si tenemos en cuenta que el promedio se saca contando los sueldos más altos también, es más afinado mirar cuál es el sueldo más habitual y este se sitúa cerca del SMI, que es de 1.200 euros.

Canarias es la cuarta región con mayor presión turística de Europa. En un espacio de apenas 7.447 kilómetros cuadrados, repartidos entre sus ocho islas habitadas, se registraron alrededor de 13.000 noches reservadas en viviendas turísticas por cada 1.000 habitantes, casi el doble que en comunidades como Andalucía o la Comunitat Valenciana, lo que refleja la elevada intensidad del uso turístico del territorio en relación con su población residente.

Poder privado

El sector inmobiliario se pasa media vida denunciando que les espanta “la inseguridad jurídica”, especialmente en Catalunya, donde al parecer el tope de precios (que permite alquilar pisos a 1.000 o 1.500 euros, no te vayas a creer) les expulsa y les asfixia. Pues bien, leemos en Ejeprime que la inversión inmobiliaria en Catalunya ha sido de 1.500 millones entre enero y junio de este año. Es verdad que la mayoría es en oficinas y que entre el living, como han rebautizado a la vivienda para fingir que no se lucran con la crisis, destacan las residencias de estudiantes, otra forma de esquivar la ley de vivienda sin ni siquiera tener que utilizar los feos eufemismos de flex living o coliving.

Poder público

Siguen las negociaciones entre el Gobierno y los partidos para aprobar un nuevo decreto que modificará la Ley de Arrendamientos Urbanos. Debe blindar una nueva prórroga de alquileres y acabar con la trampa de los alquileres de temporada y de habitaciones para burlarse la ley, a cambio de ventajas fiscales exigidas por Junts. Lo contaba en entrevista con Daniel Ríos en elDiario.es el ministro de Consumo y Derechos Sociales, Pablo Bustinduy.

El ruido de la calle

Si la semana pasada una buena amiga me contaba, confusa y llorando, que gracias a la herencia de su padre se podría comprar un piso, esta semana otra conocida me explicaba que ella ya lo había hecho. Cuando le expliqué el caso anterior y la contradicción que suponía para mi amiga, me respondió con una sonrisa un tanto cínica: “Se le pasará”.

Por otra parte, se habla mucho de vivienda en la hora de la comida en elDiario.es. El otro día, una compañera explicaba, a raíz del reportaje antes citado que ha publicado El País, que algunos porteros y conserjes usan directamente chalecos de las inmobiliarias. Son sus grandes dealers.

El lector denuncia (o consulta)

Un lector pregunta si una comunidad de vecinos está obligada a instalar un ascensor si lo solicita un solo vecino. Y la respuesta es que sí si este tiene problemas de movilidad o más de 70 años, pero si nadie más lo acepta, la comunidad no está obligada a pagarlo. De hecho, me contaban esta misma semana de un bloque de pisos donde solo tenían llave del ascensor quienes lo pagaron, hasta el punto de que le negaron a un enfermo de ELA la llave porque, años atrás, su familia no había pagado por él.

Si tienes alguna situación con tu vivienda que quieras denunciar, lo investigamos. Si tienes alguna consulta, hablamos con un experto o experta e intentamos resolverla. Escríbeme sobre todo ello a vivienda@eldiario.es

Me despido entre calores y sofocos cordobeses, encaramado al ventilador. Aunque debo decir que las casas antiguas, donde pasos estos días es del siglo XVIII, aíslan mucho mejor del calor de la calle. No hay quien salga al exterior.