La Comunidad de Madrid desahucia a la familia de Dulce, con un niño con síndrome de down: “¡No tenéis corazón!”

Eran las 10.30 horas cuando se confirmó el peor de los pronósticos: Dulce, Herminio y su familia tenían que abandonar la casa en la que han vivido los últimos cinco años de su vida. De poco sirvió que a las siete de la mañana empezaran a concentrarse decenas de personas frente al domicilio, en un bloque de viviendas sociales de El Ruedo (Moratalaz) donde ese día había programado un desahucio. Esta pareja tiene cinco hijos, tres de ellos menores y uno, el más pequeño, con síndrome de down y necesidades especiales a la hora de mantener una rutina fija. Pero ahora, después de este segundo intento en un mismo mes, deberán alternarse entre casas de familiares hasta dar con la solución definitiva.

“¡Pueden estar orgullosos del trabajo que están haciendo! Dejar a cinco niños en la calle es para volver a casa y darse golpes de pecho. ¡No tenéis conciencia ni corazón!”, gritó el padre de familia a los ocho agentes que conformaron un cordón policial, tratando de contener a los manifestantes. Herminio abandonó su casa con lágrimas en los ojos y se hizo brevemente el silencio, por primera vez desde que los asistentes avistaron a lo lejos un furgón de la Policía Nacional. Formando una cadena humana, los vecinos bloquearon el acceso hasta ser arrastrados por los efectivos allí presentes, que inicialmente trataron de persuadirles para abandonar el lugar.

Algunos cayeron al suelo; otros, terminaron enzarzándose verbalmente con la Policía hasta que, poco a poco, las esperanzas mermaron. A las puertas del domicilio había, en ese momento, tanto miembros de organizaciones ciudadanas con experiencia en luchas sociales hasta vecinos de a pie, que conocen la zona y son en su mayoría de etnia gitana, al igual que la familia expulsada. En declaraciones a Somos Madrid, Herminio confirma que han cambiado la puerta de su casa y también la cerradura, así que solo queda mantenerse a flote y dividirse entre casas de familiares: “Al menos, hasta que alguien escuche a la ONU”, resalta.

Y es que, horas atrás, los ánimos de Dulce y su familia habían dado un vuelco. El martes por la tarde, a un día de la segunda fecha de desahucio, un organismo de la ONU apoyó su causa y trasladó públicamente sus preocupaciones al Gobierno central. Pidió frenarlo hasta llegar a una conclusión clara u ofrecerles una vivienda alternativa “que se ajuste a sus necesidades”, después de que los aliados de Dulce enviaran una carta al Comité de Derechos del Niño (el brazo de Naciones Unidas para la Infancia) para denunciar su situación, exponiendo que la única altermativa recibida desde la Administración era una habitación temporal en pisos compartidos.

“No es opción para una familia numerosa”, lamentaba esta madrugada José, el hermano de la afectada y uno de sus allegados más activos con la causa. Aunque en los días previos fue quien mantuvo más contacto con los medios de comunicación, este miércoles no pudo acudir a la protesta que el Sindicato de Vivienda de Moratalaz y otras asociaciones vecinales habían convocado frente a la casa de Dulce. Cuenta que justo le coincide con unas pruebas médicas para tratarse la epilepsia, por las que llevaba ocho meses esperando.

En su ausencia física, en torno a una veintena de personas se habían amontonado en las primeras horas del día en el lugar de la cita. Distintas organizaciones del barrio se han aliado para colaborar en la defensa del caso, también en los tribunales o acudiendo a instancias europeas. El martes por la noche, después de recibir la misiva de la ONU y habiendo enviado un nuevo requerimiento a la Agencia de Vivienda Social, de carácter municipal –siempre según la versión de las asociaciones–, decidieron probar un último recurso: solicitar medidas cautelarísimas ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo.

“Uno de los argumentos que más preocupan es la situación del hijo pequeño, que tiene Síndrome de Down”, explica a Somos Madrid una de las abogadas que colabora con la familia desde la Asociación Apoyo (Fermad), que se ha unido a otras entidades como el Sindicato de Vivienda de Moratalaz, la Asociación Caminar, Coordinadora de Barrios o una radio hiperlocal. Fuentes del SVM relatan que ese mismo día, el martes, dos agentes de la Policía Nacional acudieron al domicilio de Dulce para “hacerles desistir” y pedirles que abandonaran el inmueble por cuenta propia.

Las organizaciones vecinales habían citado a las siete de la mañana a quienes pudieran acudir a la zona de El Ruedo, un complejo de viviendas sociales en los laterales de la M-30, frente al Parque de Roma. En las tres horas que transcurrieron hasta las 10, cuando estaba prevista la llegada de la comisión judicial, fueron llegando otros simpatizantes o vecinos. Lucila era una de ellas. Vecina de enfrente, acude al portal de Dulce días después de paralizar su propio desahucio. “Vivo con mi nieto, que solo tiene cuatro meses, y nuestro abogado logró que aplazaran la fecha del desahucio. Pero tampoco tenemos alternativa, y solo vivimos a unos metros de aquí”, relata a Somos Madrid, acompañada de su hijo y padre del menor.

Uno de los hijos mayores de Dulce bajaba a saludar poco antes del intento de desahucio. En ese momento, volvió a narrar su periplo. “Hay muchos prejuicios por el hecho de ser gitanos, y eso nos ha hecho más difícil el encontrar una casa donde vivir. Mi madre está muy asustada porque son muchos los menores a su cargo. Esto es una injusticia”, zanja, minutos antes del fatídico desenlace. Pasadas las once, la marea humana comenzó a disiparse y el debate se trasladó al bar de al lado, en la misma calle y con el nombre de este complejo de viviendas en la M-30. Un día antes, la Selección había ganado a Francia dos a cero en el Mundial, pero allí quedaba una sensación latente de derrota. “España no ha ganado nada”, llegó a escucharse.