Otro desahucio con menores moviliza a los vecinos de Moratalaz, que reciben in extremis el apoyo de la ONU

Mariano, Maricarmen, Adolfo y ahora, también Dulce. Madrid suma ya varios meses consecutivos con alguna amenaza de desahucio marcada en el calendario. Hubo casos muy mediáticos y otros especialmente sangrantes, con perfiles vulnerables en el centro de la diana: jubilados, migrantes sin red de apoyo o familias enteras en el centro de la diana. Ahora, cuando el inicio del verano empieza a vaciar la ciudad, un nuevo intento de desalojo moviliza en Moratalaz: una de sus vecinas, Dulce, teme abandonar este miércoles la casa en la que vive con sus cinco hijos, tres de ellos menores de edad y otro con Síndrome de Down.

Su domicilio está en la Avenida Doctor García Tapia, en un barrio del sureste madrileño. Allí llevan cinco años y, hace poco más de una semana, vivieron un primer intento de desahucio impulsado por la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid (AVS), organismo que gestiona el parque público regional. La AVS ha tratado de recuperar la casa ofreciendo una habitación temporal como alternativa para Dulce y su familia, que ha elevado sus quejas a las Naciones Unidas con una carta al Comité de Derechos del Niño.

En el escrito denunciaban la “incapacidad” de las administraciones implicadas –Ayuntamiento de Madrid, Gobierno autonómico y el Estado– para salvaguardar a su familia y atender las necesidades especiales de uno de sus hijos, José, con tres años y una alteración genética que afecta a su día a día. Varias organizaciones vecinales, entre ellas el Sindicato de Vivienda de Moratalaz u otras asociaciones de barrio, acudieron en masa a la cita del pasado 3 de julio, cuando finalmente lograron paralizar el desahucio y dar algo de oxígeno a la familia. Al menos, durante poco más de 10 días.

Este 15 de julio han vuelto a citar a todo el que simpatice con la causa de Dulce a concentrarse desde las siete de la mañana enfrente de su casa, para ejercer presión antes y después de la llegada de una comisión judicial. Además de las misivas enviadas a la ONU solicitando protección a la Infancia, también se han presentado distintos recursos de defensa ante instancias judiciales y administrativas competentes, tal y como reivindican las entidades locales en un comunicado.

Sobre las vías judiciales aún desconocen si alguna de ellas logrará paralizar la expulsión in extremis. Pero horas antes de la fecha marcada, la familia de Dulce recibió una respuesta de la ONU. “El Comité [...] ha pedido al Estado parte que tome medidas para evitar posibles daños irreparables a los autores, suspendiendo el desalojo de la vivienda que actualmente ocupan mientras se considera esta comunicación u otorgándoles una vivienda alternativa y adecuada a sus necesidades”, reza el escrito, firmado por la responsable de Peticiones Dina Rossbacher.

Aunque los partidarios de la continuidad de Dulce celebran el pronunciamiento de la ONU, nada garantiza que esto logre frenar el desahucio. De hecho, el propio texto da un margen de varios meses al Gobierno de España para que presente sus observaciones: a más tardar, el 14 de enero de 2027. “Con esta resolución de la ONU, las vecinas y vecinos de Moratalaz esperan que la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid acate las medidas cautelares, suspenda el desahucio y atienda a los requerimientos de la ONU”, lanzan las organizaciones por el derecho a la vivienda en un último comunicado, a la espera de que estos mecanismos de presión sirvan para desincentivar a la Agencia de Vivienda Social.