Pablo Bustinduy: “La reforma de la dependencia es la mayor ampliación de la red de protección social en décadas”

Pablo Bustinduy (Madrid, 1983) afrontó este martes uno de los días más importantes de su mandato como ministro de Derechos Sociales, el cargo que ocupa desde finales de 2023. El Congreso aprobó la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad, la norma estrella del departamento esta legislatura, y la dejó lista para su puesta en marcha dentro de unas semanas, cuando pase por el Senado. El texto salió adelante gracias a la mayoría que suman el Gobierno y sus habituales socios parlamentarios, incluido Junts esta vez. Y lo hizo con la abstención por sorpresa del PP, una decisión que el ministro considera que demuestra que los populares no pueden “explicar su lógica del no a todo”.

Pero no es el único frente que tiene abierto el titular de Derechos Sociales. Aunque ha afirmado por activa y por pasiva que no quiere ser candidato a las próximas elecciones generales por el espacio político a la izquierda del PSOE, que por ahora se encuentra huérfano de líder y marca, lo cierto es que Bustinduy se perfila como uno de los protagonistas de la recta final de la legislatura. Y, este mismo mes, su papel será clave para definir el diseño final del decreto de vivienda que el Gobierno ha prometido aprobar y con el cual se reactivará la prórroga de los contratos de alquiler que venzan en 2026 y 2027.

El ministro se muestra muy hermético en conversación con elDiario.es y no concreta cuál va a ser el contenido de ese paquete de medidas, que Sumar está negociando ahora con el PSOE, pero que tiene como principal obstáculo a Junts, que ya tumbó un decreto similar hace unos meses. Pero Bustinduy se muestra optimista con que, en esta ocasión, el resultado de la votación pueda ser diferente: “Esa es la obligación que tenemos”.

El Congreso acaba de dar luz verde a la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad. Imagino que estará satisfecho.

Estoy bastante emocionado, porque llevamos mucho tiempo trabajando para llegar a este día y creo sinceramente que hoy se marca un antes y un después en la política social de este país. Se va a hacer posible la refundación del sistema de cuidados con una inversión histórica de 6.200 millones de euros y con una reforma ambiciosa de las leyes. Se trata de la mayor ampliación de la red de protección social en décadas.

¿Es funcional una ley que, básicamente, depende de las comunidades? La colaboración de la mayoría de las comunidades, que gobierna el PP, no parece estar garantizada.

Las leyes se cumplen, no dependen del grado de acuerdo que tenga la administración en materia de dependencia y de cuidados. El Gobierno tiene la facultad de establecer la legislación básica y de poner recursos, y hemos hecho las dos cosas: estamos diseñando un nuevo modelo de cuidados y estamos poniendo los recursos para hacerlo posible. La duda es: ¿cómo podemos garantizar que las administraciones del PP vayan a emplear esa mayor financiación para los fines para los que se ha diseñado? Hay precedentes de recursos que se han puesto a disposición de las comunidades autónomas y que luego no redundan en mejores servicios públicos, o que se desvían vía privatizaciones. Y la respuesta es que estamos aumentando las cuantías que el Estado paga por cada usuario que está en el sistema de dependencia, y, por tanto, los recursos que se entregan a las comunidades son finalistas al 100%. No se pueden utilizar para otra cosa.

Además, tenemos una herramienta para asegurarnos de que el aumento de financiación del Estado no se convierta en una merma de la contribución de las comunidades autónomas: por cada euro de menos que ponga una comunidad, recibirá un euro menos por parte del Estado. Por lo tanto, hay garantías para asegurar que el dinero va a donde tiene que ir, que es hacer posible un cambio del modelo de cuidados para pasar de macroresidencias y un modelo asistencialista y precario a conseguir que la gente pueda envejecer en su casa, en su barrio, en su ciudad.

El PP finalmente no se ha opuesto a la aprobación de la reforma, como sí hizo la semana pasada en comisión. ¿Qué ha cambiado?

Yo le doy mucha importancia a este cambio de posición, no porque hiciera falta para que saliera la ley adelante, pero sí porque a medio y largo plazo es importante. El PP representa a muchos millones de españoles y es importante que se haga copartícipe y corresponsable de esta transformación del modelo de cuidados, que no puede ser objeto del mercadeo político. No tenían ninguna razón para oponerse. El PP dijo que el contenido de la reforma no le parecía mal, pero que sin financiación era papel mojado, y hemos puesto 6.200 millones por delante. Y reclamaban que el Estado se hiciera cargo del 50% de la financiación del sistema, y lo hemos cumplido. Celebro que hayan cambiado de posición gracias a la presión social y a que no podían explicar esa lógica del no a todo.

¿La ley contempla alguna medida para mejorar las condiciones laborales de las cuidadoras, que casi siempre son mujeres?

Hay un artículo en la ley que tiene que ver precisamente con la dignificación y la valorización de las condiciones de trabajo. Esta es una cuestión que trasciende con mucho lo que se puede hacer con una sola ley, es un proceso que concierne a la sociedad entera y que tiene que ver con poner el trabajo reproductivo y el trabajo de cuidados donde le corresponde. Pero ya hemos comenzado a trabajar en ello a través de la convocatoria del diálogo social con las patronales y los sindicatos. Gracias a la nueva financiación, por fin se va a acabar la excusa de que no se pueden pagar sueldos dignos porque los recursos son escasos.

Ahora la patronal y los sindicatos plantean un diálogo social para alcanzar un acuerdo tripartito que haga sostenible el modelo de cuidados, partiendo de la dignificación y la mejora de las condiciones laborales. Van a tener que renegociarse los convenios del sector. Tendrá que haber nuevas licitaciones, porque además la necesidad de trabajadoras en el sistema de dependencia se va a duplicar de aquí a 2030. Y el futuro solo podrá ser viable si tenemos condiciones dignas.

El compromiso de financiación extra es para este año y el siguiente. ¿Qué va a pasar después?

El compromiso de financiación está inscrito en la ley, porque hemos modificado las cuantías que la Administración General del Estado transfiere [a las comunidades] por cada persona usuaria que se dé de alta. Y según crezcan las necesidades del sistema, crecerá la financiación, eso está blindado en la ley.

¿Incluso si hubiera un cambio de Gobierno en las próximas elecciones?

La única forma en la que se podría afectar para mal esa financiación sería que un Gobierno decidiera recortarlo. Pero para eso hemos incluido en la ley una enmienda que blinda que el Estado se haga cargo del 50% del gasto certificado total en la dependencia. Es decir, el Estado tiene que poner el 50% del gasto certificado total: nosotros hemos garantizado alcanzar ese porcentaje en la práctica elevando las cuantías [que se pagan a las comunidades], pero también hemos generado la obligación legal de que el Estado financie la mitad de las necesidades del sistema.

Hoy, una persona tarda en torno a unos 11 meses en empezar a recibir una prestación por dependencia. ¿Por qué el ciudadano debería creer en esta ocasión con esta reforma que el sistema va a responderle más rápido?

Porque funciona poner recursos y mejorar el sistema, hacer que los trámites sean automáticos, aligerar la burocracia, que es parte de lo que hace la reforma de la ley. En el último año, antes de poner en marcha la nueva financiación y de aprobar esta reforma, las listas de espera han bajado un 21% y el tiempo de espera medio se ha reducido en 27 días, al mismo tiempo que atendíamos un 10% más de personas en el sistema. Falta mucho, el objetivo no puede ser otro que eliminar las listas de espera y reducir los tiempos de gestión a lo que marca la ley, pero vamos por buen camino.

Usted apuesta por un cambio de modelo para que las personas permanezcan en sus hogares siempre que sea posible. ¿Significa eso que el modelo de grandes residencias está agotado?

Debe ser superado, y creo que esta es una reflexión que hizo el país en su conjunto al salir de la pandemia. Es un sistema que depende de la gestión de grandes instituciones según sus necesidades organizativas y logísticas, con centros que normalmente están ubicados fuera de las ciudades, donde las personas apenas pueden tomar decisiones y donde se las aleja de su comunidad y de su arraigo. Queremos transitar hacia todo lo contrario, hacia un modelo que permita que la gente permanezca en su casa el tiempo que lo desee con los apoyos necesarios.

Eso se hace con la teleasistencia, con la ayuda a domicilio, con los centros de día, implantando tecnología, creando un banco público de productos de apoyo como camas articulables o como andadores. Todo esto son cosas que se incorporan en la ley, y forman parte de una transición larga y que va a tardar tiempo, pero estamos señalando que ese es el horizonte deseable. No van a desaparecer las residencias, porque hay gente que desea ir a una residencia o hay situaciones en las que puede que no haya alternativa, pero queremos que el centro gravitacional del sistema sea un modelo en el que envejezcamos en casa y con autonomía.

El Gobierno ha prometido que este mes aprobará un decreto de vivienda que, entre otras medidas, incluirá la prórroga de los alquileres. ¿Para cuándo podemos esperarlo? Estamos a mitad de julio y no hay noticias.

Espero que lo antes posible. El acuerdo que se anunció desde la mesa del Consejo de Ministros es que antes de final de mes, y con ese marco estamos negociando. La negociación avanza de manera productiva, y en el decreto van a figurar algunas de nuestras banderas esenciales: la prórroga reforzada de los alquileres y la regulación del alquiler fraudulento de habitaciones y de temporada, así como una fiscalidad disuasoria para los pisos turísticos.

El pasado diciembre, Junts se abstuvo en el Parlament cuando se votó una ley para regular el alquiler de temporada y por habitaciones. ¿Por qué iba a apoyar esa medida ahora en el Congreso?

Junts, pero también el PNV y otros grupos, han hecho públicas cuáles son sus reclamaciones y cuáles son los aspectos que quieren ver reflejados en el decreto. Y nuestro esfuerzo de cara a la negociación en la que estamos inmersos, y que todavía tenemos por delante, consiste en poder recoger las aspiraciones de los diferentes grupos políticos y hacer viable su aprobación.

Junts ha pedido nuevas ayudas fiscales para apoyar el decreto, pero también otras medidas como el IVA franquiciado para los autónomos o la recuperación de la deducción por compra de vivienda. ¿Están dispuestos a ceder en todo ello?

Las condiciones que ha hecho públicas Junts incluyen bonificaciones fiscales a inquilinos, además de modificaciones en el tratamiento fiscal a las hipotecas o el IVA franquiciado. Son cuestiones que pueden y deben ser objeto de negociación. Es evidente que Junts no va a defender el mismo modelo de vivienda que defendemos nosotros o que defiende el PSOE, que es diferente también al nuestro. Pero es perfectamente transitable un acuerdo en el que queden reflejadas algunas de las demandas que ha hecho Junts en aras de las medidas como la prórroga de los alquileres, la regulación del alquiler temporal y por habitaciones o la fiscalidad de los pisos turísticos.

Hace usted hincapié en que las exenciones fiscales que plantea Junts son para los inquilinos. ¿En esta ocasión no están pidiendo nuevas ayudas impositivas para los caseros?

Lo que Junts hizo público en el debate parlamentario sobre la prórroga de alquileres de mayo, cuando votaron en contra, y en reiteradas declaraciones e iniciativas parlamentarias posteriormente, es que pide bonificaciones fiscales a inquilinos. Ese planteamiento puede tener cierta consonancia con una prórroga reforzada de los alquileres que mantenga los precios controlados: la prórroga puede proteger a los inquilinos que tengan contratos que van a expirar en los próximos años y, simultáneamente, puede haber un sistema que ayude a reducir el coste de su alquiler a los nuevos inquilinos que no pueden beneficiarse de la prórroga. No es mi modelo, pero es un modelo con el que yo puedo negociar.

Se lo pregunto porque grupos como Podemos han dicho que no van a apoyar ningún decreto que incluya ayudas fiscales a propietarios de vivienda. ¿Cree usted posible encontrar una fórmula que conjugue el apoyo de Junts y de Podemos?

No solo lo creo, sino que esa es la obligación que tenemos. La vivienda ha sido el gran talón de Aquiles de esta legislatura y de la mayoría de investidura y del Gobierno progresista, y ha costado muchísimo poder intervenir de manera real para resolver el que es el primer problema de la clase trabajadora. Lo máximo que conseguimos fue forzar la aprobación en Consejo de Ministros de la prórroga del alquiler, que estuvo en vigor durante un mes y que benefició a decenas de miles de familias que pudieron prorrogar sus contratos, pero que fue tumbada por las tres derechas. Pero hay una demanda unánime entre la gente progresista para intervenir sobre el problema de la vivienda, y vamos a generar las condiciones para hacerlo posible. No va a ser fácil, pero la obligación es conseguirlo, y si lo conseguimos todo el mundo dentro del espectro progresista va a ver que supone un avance absolutamente imprescindible y necesario.

¿Y les está resultando difícil acordar el contenido exacto del decreto con el PSOE?

Hombre, fácil, fácil... [sonríe] La cuestión de la vivienda no ha sido fácil nunca. Tampoco en la legislatura pasada, cuando se tardó tres años en aprobar la ley de vivienda, que incluía los mecanismos de control de precios en zonas de mercado tensionado y también un esquema de bonificaciones fiscales que se activan al ponerse en marcha esos mecanismos en esas zonas tensionadas. Esa ley fue fruto de una negociación durísima, in extremis. Pero es muy positivo que estemos en un momento en el que, a pesar de esas diferencias [entre el PSOE y Sumar], o superándolas, se ha cerrado un acuerdo en el seno de la coalición y se ha puesto fecha límite y nombres y apellidos a los contenidos que debe incluir el decreto.

Se lo pregunto más directamente: ¿el PSOE les está planteando, por ejemplo, incluir en ese decreto ayudas fiscales a caseros, como planteó el presidente Pedro Sánchez hace unos meses?

El PSOE está planteando incluir muchas cosas, igual que nosotros, y no me corresponde a mí revelar lo que se está hablando. Ese decreto que se planteó se centraba en utilizar las bonificaciones fiscales como incentivo de mercado para no incrementar los precios, y nosotros a ese modelo nos opusimos porque no lo compartimos, exactamente igual que Podemos o que otros actores. Creemos que no funciona y que es injusto, porque la renta de los arrendadores cuadruplica la de los inquilinos. La clave es topar los precios y neutralizar la espiral alcista que hace que, en cada renovación de los contratos, aumenten los precios un 30%, un 40% o un 50%. Y debemos asegurarnos de que cualquier recurso público que se introduzca en un mercado de la vivienda que está secuestrado por una lógica rentista especulativa vaya a proteger a quien más lo necesita, no a quien se está lucrando con ello.

Usted alertaba este lunes de que existe una “campaña orquestada para desmoralizar” a la izquierda. ¿Por parte de quién?

En primer lugar, por parte de la propia izquierda. Es algo consustancial a la izquierda esta especie de pesimismo apocalíptico, y yo quise levantar la voz y decir que hemos cometido errores, que hay que hacer las cosas mejor y que ojalá venga gente que nos mejore a todos muchísimo, pero que también debemos mirar hacia el mundo. ¿Cuántos países están alzando la voz contra el genocidio en Gaza y la guerra ilegal en Irán, defendiendo el sistema multilateral, apostando por una transición ecosocial justa y por la soberanía energética y ampliando derechos sociales y la red de protección social? Querríamos ir más lejos y más rápido, pero el salario mínimo, las pensiones, el ingreso mínimo vital, la ampliación de los permisos por nacimiento, la ley ELA, la refundación del sistema de cuidados o la regularización de más de un millón de personas no es poco para la que está cayendo y lo difícil que es esta legislatura.

Eso no sucede porque sí. Eso ha sucedido porque la izquierda social, parlamentaria, política y gubernamental ha empujado permanentemente, en la legislatura pasada y también en esta, para que mejoren las condiciones de vida de las mayorías trabajadoras. Y lo hemos hecho siendo limpios, sin un solo caso de corrupción, y eso hay que decirlo con orgullo.

Pero las perspectivas de las encuestas son poco halagüeñas. ¿No cree que existen motivos para que la izquierda tenga baja la moral?

Sí, y también lo eran antes de las elecciones del 2023. No hubo una sola encuesta que pronosticara el resultado que sacó la izquierda y que pronosticara que se podía reeditar el Gobierno de coalición. No estoy diciendo que las cosas vayan fenomenal o sean de color de rosa: es un momento dificilísimo en España, en Europa, en América Latina y en el mundo entero. Pero cada vez que ha habido unas elecciones en las que se daba por descontada la victoria de la derecha y la alianza con la ultraderecha, el electorado de izquierdas ha salido a votar y ha sacado un resultado bastante importante cada vez que ha tenido una papeleta que le ha parecido bien. Sucedió en Extremadura, sucedió en Aragón y ha sucedido en Andalucía, donde las fuerzas de izquierda [conjuntamente] han superado a la ultraderecha.

Por tanto, no es verdad que haya desaparecido el espacio socioelectoral de la izquierda. Creo que es un espacio exigente, y la premisa para darle respuesta y que en el año 2027 haya una candidatura de izquierdas que esté a la altura es concluir las batallas que se han articulado social y políticamente y que se están dirimiendo ahora, que son bastante importantes. Hay muchos actores que están en clave electoral únicamente emitiendo consignas. Nosotros hoy refundamos el sistema de cuidados, estamos peleando la intervención del mercado de vivienda y la prórroga de los alquileres, vamos a llevar la prestación universal por crianza, estamos peleando la derogación de la ley mordaza. Centrémonos en conseguir eso y sobre esa base construyamos la fórmula del 2027.

Ha dejado ya muy claro que no quiere ser el candidato de la izquierda a las próximas elecciones generales, pese a que se lo han pedido. ¿Por qué no se ve?

Porque considero que para esa posición hacen falta una serie de cualidades que no creo que sean las mías. Yo soy consciente de las capacidades que tengo y también de mis limitaciones, y no creo que sea lo que yo deba hacer. Y puede parecer un postureo, pero no lo es: llevar un ministerio como este y conseguir cosas como las que se han conseguido hoy y las que nos faltan por conseguir es una responsabilidad abrumadora. La mejor contribución que yo puedo hacer es concluir estas batallas y ganarlas y que se conviertan en derechos. Voy a acompañar y a empujar a la izquierda en esa batalla electoral, por supuesto, pero desde esta posición.

La idea que tenían IU, Más Madrid, Comuns y Movimiento Sumar era anunciar la nueva marca y el candidato antes del verano. Ese anuncio se ha retrasado hasta, al menos, septiembre. ¿Por qué les está costando tanto?

Las izquierdas son un ecosistema complejo…

Sí, pero queda un año, en el mejor de los casos, para las elecciones.

Yo veo lo que se está haciendo como una demostración de prudencia colectiva. En los últimos meses hemos tenido la propuesta de Gabriel Rufián, los conversatorios que ha tenido, el proceso de IU, Movimiento Sumar, los Comuns y Más Madrid para reconfigurar las bases de un frente amplio, conversaciones con fuerzas como Compromís o como Més, los procesos electorales en Aragón y en Andalucía… la izquierda es un ecosistema complejo, y hay una cierta prudencia para no dar pasos en falso. Y va a ser más creíble, más fácil y va a tener más fuerza generar esa candidatura sobre la base de una ampliación de la red de protección social como la que se aprueba hoy, la intervención del mercado de la vivienda y una prestación universal por crianza. Entiendo que hay una cierta urgencia, pero al mismo tiempo creo que hay que enviar un mensaje de calma, y cuando lleguen las elecciones la izquierda va a estar a la altura.

¿Cree usted viable que esa candidatura de la izquierda esté encabezada por Gabriel Rufián?

Pues habrá que verlo, lo tendrá que decir él. Yo soy muy cauto en esto, le elogio mucho siempre porque pienso de verdad que es un gran activo político, y creo que ha lanzado la pregunta correcta: cómo hacemos para que se produzca una sacudida. Se han ensayado distintas respuestas a esa pregunta, pero todavía no ha cuajado algo que convenza a todo el mundo. Pero ese empeño es compartido.

¿Pero para usted Rufián sería la opción favorita para ser candidato?

Yo no tengo candidato favorito porque estos no son los cromos [sonríe]. Mi candidato favorito es el que haga viable que saquemos el resultado electoral que permita que España siga siendo una excepción. Y a eso le voy a poner todo mi empeño.

¿Comparte su idea de una gran alianza entre las izquierdas de ámbito autonómico y las de ámbito estatal?

La idea más interesante que ha lanzado Gabriel Rufián, y no quiero rebajarla ni reducirla, es que hay que hacer lo que funcione, lo que haga falta. A lo mejor la izquierda tiene que asumir eso de que “quien pueda hacer, que haga”. Y eso tiene una clave de puro sistema electoral, porque todo el mundo es consciente de que, en unas elecciones como las que vamos a afrontar, no se puede perder un voto. Y es también necesario un cierto pragmatismo, responsabilidad y sentido común para que prime el fin que compartimos todos y no los intereses de parte.