La política española después de la amnistía

Cuando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dicte este jueves su sentencia sobre las cuestiones prejudiciales planteadas en torno a la ley de amnistía, no solo orientará su aplicación en el ordenamiento jurídico español. También abrirá una nueva fase en el último tramo de la legislatura. Los tribunales delimitan el marco jurídico, pero son los partidos quienes deciden su significado político. A partir de ese momento, el debate dejará de girar en torno a su legalidad para centrarse en un asunto distinto: cómo condiciona la estabilidad de la mayoría parlamentaria de Pedro Sánchez y las opciones de Alberto Núñez Feijóo para construir una alternativa de gobierno.

Durante la última década, el procés convirtió el conflicto territorial en el principal eje de la vida política española. Condicionó investiduras, reorganizó el sistema de partidos y polarizó la conversación pública como ningún otro asunto desde la Transición. La ley nació con el objetivo declarado de desjudicializar esa crisis y contribuir a cerrar una década de excepcionalidad política en Cataluña. Casi tres años después, el contexto es distinto. El clivaje identitario ha perdido buena parte de su capacidad para estructurar la competición electoral, y es precisamente ese cambio de panorama el que amplifica el impacto del veredicto europeo.

Para el PSOE, una resolución favorable supondría el respaldo de la Unión Europea a la decisión política más costosa de todo el mandato. Ninguna otra iniciativa erosionó tanto su relación con una parte de su electorado. Según una encuesta de 40dB. publicada en diciembre de 2023, cerca del 30% de los votantes socialistas consideraban injusta la medida. Sánchez asumió ese coste convencido de que era el precio necesario para garantizar la mayoría parlamentaria y reconducir la relación institucional con Cataluña.

A ese desgaste se sumó la reacción inédita de una parte de la judicatura, que adoptó una interpretación restrictiva de su alcance en las causas vinculadas al delito de malversación. Incluso si Luxemburgo avalara la amnistía, esa tensión entre poderes no desaparecería de inmediato, porque sería el propio Tribunal Supremo quien debería decidir si adapta su criterio al del órgano comunitario.

A partir de ahí, el Partido Popular se vería obligado a redefinir su estrategia. Desde la presentación de la norma, el rechazo al articulado ha sido el símbolo sobre el que Núñez Feijóo ha construido buena parte de su oposición a Sánchez. La ofensiva parlamentaria, judicial y social sirvió para cohesionar a su base social, al tiempo que respondía a la creciente competencia de Vox. Ignorar ese marco suponía arriesgarse a perder votantes por la derecha; asumirlo implicaba disputar ese espacio en los términos marcados por Santiago Abascal. Las movilizaciones frente a la sede socialista de la calle Ferraz, entre finales de 2023 y la primavera de 2024, ilustraron esa dinámica y reunieron, junto a simpatizantes del PP y Vox, a grupos de la extrema derecha extraparlamentaria.

Si el TJUE confirmara que la ley se ajusta al Derecho de la Unión, al PP le resultaría mucho más difícil sostener su presunta ilegalidad. No dejaría de combatirla, pero el eje de la confrontación cambiaría: la discusión se desplazaría del plano jurídico al estrictamente político. Un indicio de ese posible viraje pudo verse durante el Congreso del PP en Cataluña, el pasado 27 de junio, cuando Feijóo apeló a «dejar atrás el procés», una afirmación que provocó el rechazo de Aznar y Ayuso. Aunque fuera cierto que el líder popular quisiera imprimir ese giro pragmático para propiciar un acercamiento a Junts, serían los mandarines de su propio partido quienes se lo pondrían más que difícil.

Sin embargo, esta reorientación conllevaría riesgos que jugarían a favor de Vox. La formación de Abascal mantiene inalterado su discurso frente al independentismo y al Estado autonómico, lo que le permite seguir disputando al PP el electorado situado más a la derecha. Los cambios de posición de Feijóo, percibidos por una parte de la ciudadanía como muestras de incoherencia y oportunismo político, podrían pasarle una factura electoral que redujera incluso los 12 escaños que hoy le atribuye el último barómetro catalán.

Ese escenario reordenaría, además, la negociación entre el Ejecutivo y sus socios parlamentarios. El perdón judicial fue la condición fundacional de la coalición; superado ese compromiso, el fallo podría facilitar la relación con Junts, pese a los dos asuntos de calado que aún permanecen pendientes: el traspaso de competencias en materia de inmigración a la Generalitat y el reconocimiento del catalán en las instituciones europeas. Eso no significaría que el factor territorial dejara de ser decisivo para la estabilidad del Gobierno, aunque sí perdería el monopolio que había ejercido la desjudicialización del procés.

En definitiva, si la aprobación de la ley condicionó la primera parte de la legislatura, la decisión del tribunal europeo tendrá consecuencias en su recta final. Desde el jueves, el debate dejaría de centrarse en la legalidad de la amnistía para desplazarse hacia su balance político y los efectos que tendría sobre las expectativas de las fuerzas que aspiran a gobernar. Ese nuevo reparto de costes y beneficios ocuparía el centro del debate público.