Los inquilinos del Plan Vive de Ayuso se rebelan de Tres Cantos a Getafe: “Quiero una vivienda digna, no dos garajes”

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, presume de haber entregado 5.000 viviendas de alquiler asequible con el Plan Vive que gestionan sobre todo Avalon y Sogeviso. Pero no responde al descontento que crece entre centenares de los inquilinos, que ya han creado una plataforma de afectados ante unos gastos de comunidad, garajes, trasteros e IBI que les duplican el precio del alquiler y unas deficiencias que van desde limitación del agua caliente hasta goteras. Desde Colmenar Viejo hasta Pinto, pasando por Alcorcón, Torrejón de Ardoz, Getafe, Tres Cantos, Móstoles o Arganda del Rey y Valdebebas, los vecinos de hasta 9 municipios están indignados.

El enfado ya toma forma en una plataforma con 130 miembros que surge de la ampliación de la Asociación de Valdebebas, que es la que tiene unos precios más altos del alquiler. En todos los casos, a los gastos excesivos que han provocado incluso una denuncia, con garajes por encima de mercado y hasta 150 euros por plaza, se suman a una falta de mantenimiento y unos problemas estructurales que no se resuelven con premura pese a los elevados costes de comunidad. 

Aunque han intentado sin éxito resolver sus quejas con las empresas, especialmente Avalon, esta envió recientemente un comunicado a los inquilinos sugiriendo que no hablaran con la prensa y recordándoles que no tenían derecho a compra en caso de una venta masiva de los pisos, que según publicó Cinco Días es lo que pretende esta socimi controlada por el gran fondo estadounidense Ares Management, uno de los mayores caseros de España. La recién creada asociación propone crear una mesa de seguimiento en que estén representados los inquilinos y se les reconozca colectivamente.

Denuncia contra el pago del IBI

En Móstoles, Alberto, que es abogado, fue el precursor de una de las primeras denuncias que se han presentado contra estas promociones. En su caso lo hizo por el IBI, por el que paga 50 euros y que asegura que la Comunidad no le puede cobrar. Usa como antecedente que le avala una sentencia del Supremo de 2024, también de Madrid, que determinó que las viviendas públicas de gestión privada no pueden cargar el IBI porque no es un servicio. 

En su contra juega el hecho de que Ayuso ya previó en el reglamento del Plan Vive que pudiera cobrarse este impuesto, como también dejó por escrito la obligación de aceptar la plaza de garaje y el trastero o pagar los gastos de comunidad, de forma que el alquiler acaba disparándose hasta, en muchas ocasiones, superar el 35% de esfuerzo económico que también prevé el Plan Vive. 

Además de los 50 de IBI, Antonio paga en su promoción del barrio de Humanes, donde hay 150 pisos, 50 euros por el trastero, 110 euros de comunidad y 80 euros por cada plaza de garaje, que en el mismo barrio están a 50 euros en Idealista. “Además, nos obligan a coger dos plazas y eso que los pisos están en un solar donde hay muchísimo aparcamiento”, se queja Antonio. Sumándolo todo al alquiler, paga 638, un precio algo por debajo del mercado en el barrio pero que duplica los 340 euros a los que se publicitaba el anuncio. 

Los anuncios en el portal de Idealista de viviendas por el barrio muestran un piso en el centro de Humanes de 35 metros cuadrados por 750 euros, precio idéntico a un bajo de 70 metros y algo inferior a un piso de 58 metros cuadrados y dos habitaciones a 850 que sale más barato el metro cuadrado que el del Plan Vive donde reside Antonio. Pero para él “no se trata de compararlo con el mercado libre, sino con que acaba teniendo un precio de dos o tres veces lo que debe ser una vivienda pública”. 

La promoción de Antonio no es de las que presenta más problemas, más allá que el tener conserje solo por la mañana ha generado algunos problemas de seguridad y hay humedades de la piscina que se han filtrado al garaje. También hubo problemas con la jardinería, con crecimiento descontrolado de hierbajos, un clásico en estas promociones pese a que el servicio está incluido en los altos costes de comunidad. 

El mal mantenimiento de una comunidad de más de 100 euros mensuales

Desde Getafe, Diana también denuncia “hierbajos por todos lados” y un conserje que está pocas horas, además de “una piscina que es muy pequeña” para los 111 euros de comunidad que pagan. “En otro piso donde vivía antes, pagaba 50 y estaba todo mucho mejor”, denuncia.

En su caso parte de un alquiler inicial de 500 euros que acaba convirtiéndose en 785 al sumar los 30 euros de trastero, los 88 de un garaje y 70 del segundo, los 112 de comunidad y los 47 de IBI. 

“Te entregan un piso y no te dejan ir a verlo”, denuncia Diana recogiendo un sentir también común entre los vecinos del Plan Vive. “Llegas, tiene placas del baño con humedad, la pintura mal hecha, la aerotermia funciona mal, el ascensor dice que es de ocho personas y con cuatro se sobrecarga y llegan a hacerte cobros duplicados”, denuncia. Además, como denuncian otros vecinos, las revisiones de precio hacen que suba año a año y además lo hace al ritmo del IPC y no del IRAV, el índice de referencia del alquiler, que es inferior, como dictaminó por ley el Gobierno al estallar la guerra de Irán, ya que el Plan Vive se rige por una normativa autonómica. 

Diana buscaba una vivienda donde pagar un precio asumible para él y su pareja, que cobran 1.500 euros cada uno. Pero se encontraron con un precio que, aunque les hizo aceptar la oferta y puede ser mejor que otras opciones de un mercado muy duro, no es precisamente asequible. “Yo lo que quiero es una vivienda digna, no dos plazas de garaje, ni una, o una piscina del tamaño de un jacuzzi”, sentencia. 

El enfado empieza por no poder ver el piso

En Alcorcón, un vecino que prefiere guardar el anonimato empezó ya a molestarse y contactar con otros vecinos cuando vio que no le dejaban ver el piso antes de instalarse y firmar el contrato. “Luego, llegamos a los gastos de comunidad e IBI que no conocíamos antes porque en la publicidad no salía”, denuncia. 

Y así, sumando el garaje y el trastero, el piso de dos habitaciones y unos 50 metros cuadrados se le acaba yendo a 900 euros. “Si no fuera por los más de 100 euros de la comunidad, el IBI de unos 30 euros, el garaje y el trastero, son 650 euros”, dice este vecino que además asegura que ya paga 100 euros más que cuando llegó a este piso, hace dos años, la primera promoción que se entregó, por las subidas del IPC. 

Como se repite una y otra vez en estas promociones y aunque en su caso la gestora es Sogeviso y no Avalon, los vecinos de Alcorcón no han conseguido un informe detallado de los gastos de comunidad. Además, como sucede en la mayoría de promociones, estos alcanzan el máximo permitido, un 18% del alquiler. Desde la plataforma denuncian que las empresas pueden estar financiándose con estos pagos, que superarían por mucho los gastos, independientemente de que en algunos casos hagan algunas devoluciones a los inquilinos. “La verdad, no sé qué servicios de comunidad hay”, lamenta en la línea de otras promociones. 

Goteras y fallas estructurales

Este vecino convive además con una gotera que se filtra por una persiana de la habitación y que nadie ha reparado y denuncia que “la puerta del garaje llegó a estar cinco días abierta de par en par”. “En mi casa tuvieron que hacer una obra porque el suelo estaba inclinado. De hecho, me deben dinero desde hace dos años porque me tenían que cubrir los meses que estaba fuera por la obra”, recuerda. 

Todos estos vecinos y hasta una treintena de seis localidades diferentes compartieron su experiencia y sus propuestas hace unas semanas en la sede de UGT, que les ayuda a organizarse, ya que la propiedad ni siquiera reconoce a la plataforma como interlocutora. Sergio Moreno, de Valdebebas, que creó una primera plataforma con un dosier que recogía las quejas, es su portavoz. 

Pero la indignación va más allá de los vecinos que se han unido a la plataforma e incluso de los municipios que se han incluido. En Arganda del Rey, Arlette se muestra desesperada por todos los problemas que afronta. En un piso de tres habitaciones donde vive con su hija, consiguió frenar que le obligaran a tener dos plazas de garaje para que no le subiera 150 euros más el alquiler. 

Pero aun así cuenta con una y sumando gastos de trastero, 30 euros, los 40 del IBI, los 150 de comunidad, los 80 de la plaza, el alquiler se le dispara de 800 a 1.100 euros. Además, cuando llegó en diciembre los vecinos de abajo protestaban por filtraciones de agua que se habían colado antes incluso de que se instalara. “Queda todavía una mancha en el suelo”, relata.

“El edificio es de muy baja calidad y no sabemos en qué se gastan la comunidad”, relata Arlette, que denuncia problemas con las cerraduras y con el ascensor que no se arreglan con premura pese al elevado coste de la comunidad. En su caso, la gestora es Qube Rent. 

“Aceptas por desesperación”

“Aceptas el piso por desesperación. Me he mudado un montón de veces en pocos años y este piso parecía mejor. Pero cuando te obligan a pagar gastos que no deberían correr de tu cuenta en un piso público y encima la comunidad no responde ante tantos problemas, es frustrante”. 

El sentimiento se repite una y otra vez entre los vecinos. No quieren irse porque han conseguido un piso a un precio a veces levemente por debajo del mercado, otras veces casi a la par, pero nuevo. Y además, se lo han dado, que es en ocasiones lo más difícil en la lucha contra una competición de la demanda desbocada. 

Aceptaron las condiciones movidos por la desesperación de no encontrar nada mejor. Pero eso no les resta la indignación de estar pagando gastos inflados por unos servicios que no se les dan y acabar afrontando alquileres que tienen poco de asequibles.