El limbo de los inquilinos de Sareb en Fuenlabrada en transición a Casa 47: “Solo queremos pagar un alquiler”

Arantxa, higienista dental de 37 años que convive con su pareja, técnico de medio ambiente. Marisa, madre soltera de 43 y profesora que vive con su hija de 11 años. José, ascensorista de 39 años que vive con su pareja que es administrativa. Son 9 las familias de Fuenlabrada que llevan más de tres años intentando sin éxito que Sareb les dé un contrato de alquiler en las viviendas donde ya estaban antes de que el ‘banco malo’ las comprara en 2020 y que desde entonces no les da una solución para mantener sus hogares. De hecho, parecía que las iban a echar.

En pleno traspaso de las viviendas a Casa 47, recién creada empresa pública de vivienda, viven con tensión en un limbo al no saber si podrán seguir viviendo en ellas. La Sareb pide paciencia y asegura que resolverá los casos con alquileres sociales o asequibles que pasarán a la nueva empresa pública. Casa 47 asegura que solo recibirá viviendas que estén vacías o con contratos regularizados.

El conflicto arranca cuando el denominado ‘banco malo’, de titularidad mayoritariamente pública, absorbe en 2020 para compensar deudas hipotecarias las propiedades de la inmobiliaria propietaria de las viviendas, Grandour, que quebró. Durante un par de años, los inquilinos siguieron pagando, después se enteraron de que directamente a Hacienda para cubrir parte de la deuda, hasta que un día se les devolvieron los recibos y se les dejó de cobrar el alquiler.

Descubrieron entonces, porque lo investigaron por su cuenta, que los pisos habían pasado a manos de la Sareb. Después recibieron algunos burofaxes de las diferentes empresas servicers que gestionaban los alquileres para Sareb pidiéndoles documentación, entre ellas la hace poco extinta Tecnotramit, pero incluso cuando les enviaban la documentación necesaria, no volvían a recibir respuesta.

La incertidumbre, sin que nadie les cobrara el alquiler, se estiró hasta abril de 2025, cuando un juzgado de primera instancia de Fuenlabrada dictaminó que 17 de las 24 familias, entre las que se encuentran las 9 hoy en limbo, no tenían derecho a seguir en esas viviendas porque sus contratos habían vencido y ya no eran válidos, mientras que las otras 9 familias sí que tenían derecho a permanecer. A siete de las familias se les ofreció un contrato y el Sindicato de Inquilinos cree que es “para dividir” a los inquilinos.

Pero Sareb tiene otra explicación. Desde la empresa reconocen que los cambios de servicers pueden generar problemas de comunicación y piden paciencia porque “los casos se están estudiando”. Aseguran que los primeros casos que se han solucionado son los de los contratos que estaban vigentes y las familias vulnerables. Y que todas aquellas familias que residan en viviendas de la Sareb y no sean vulnerables podrán optar a un alquiler asequible, a un precio entre un 20 y un 30% por debajo de mercado, si están dispuestas a colaborar.

“Aquí han nacido mis dos hijos”

“Para mí, no es ninguna ventaja lo de no pagar. Prefiero pagar el alquiler y estar tranquila en mi casa”, dice Débora, de 39 años y en el paro desde octubre del año pasado, que vive con sus dos hijos de dos y cinco años y su marido, conductor de autobús.

Llegaron a esta vivienda en 2015, “aquí han nacido mis dos hijos”, y pagaban 515 euros cuando en 2022 la constructora, dueña de todos los pisos, les dejó de pasar el recibo. “En 2023, nos llega un burofax en nombre de Sareb diciendo que querían saber el estado de la vivienda y respondimos con toda la documentación, pero nadie nos dijo nada”, relata. “No respondían y a los seis meses nos volvían a enviar el mismo burofax”, cuenta. “La interlocución ha ido cambiando, primero vino Hipoges, que era la primera gestora, luego Tecnotramit, luego otra gestora, y nunca con una solución”, añade.

Déborah está entre las personas cuyo contrato con el anterior casero se consideró no válido y, por tanto, entre las personas a las que según Sareb se les ofrecerá en breve un alquiler asequible. “Como nos hemos unido, lo llevamos bien”, dice Déborah, en relación a la lucha compartida del Sindicato de Inquilinas que les ha ido ayudando a entender la situación y a no sentirse solos.

José, ascensorista de 39 años que vive con su mujer desde 2015, explica también que “de buenas a primeras” dejaron de cobrarle el alquiler en 2022. “Teníamos un teléfono de los dueños, nadie lo cogía y estuvimos casi un año sin saber qué pasaba. Nos enteramos por el boca a boca, algún vecino se había enterado de que eran de Sareb”, rememora. “Nos genera intranquilidad la situación. Sabemos que van a pasar los pisos a Casa 47, pero no sabemos cuál es nuestro futuro y te quedas con esa incertidumbre”, cuenta José, que pagaba 460 euros y se ve incapaz, con su sueldo y el de su pareja, de verse en el mercado de alquiler o de compra de un piso. “Es inviable”, resume.

Más complicado lo tiene Marisa Arribas, de 46 años y que vive sola con su hija de 11. Lleva desde 2015 en el piso, pagando unos 600 euros, y también lleva desde que le dejaron de cobrar el alquiler agarrada a la incertidumbre. “Queremos regularizar la situación, ya son muchos años en este limbo”.

A Arantxa, de 37 años, la situación se le suma a una ansiedad que le tiene de baja en su trabajo de higienista bucodental. “Hemos mirado algún otro piso, pero con mi sueldo y el de mi pareja, que es técnico de medio ambiente, no nos da”, lamenta. Cuenta el mismo calvario de meses para averiguar de quién era el piso y de años de incertidumbre para intentar recuperar el alquiler de 620 euros que le daba la tranquilidad de estar en casa. En su caso, se le suma el hecho de que su contrato le aparecía a Sareb duplicado con el de una vecina y que un día, por error porque pensaban que no vivía nadie allí, se plantó un trabajador a intentar abrir la cerradura de su casa. “Suerte que mi pareja teletrabaja y lo frenó”, recuerda.

Agustín Gómez, jubilado de 72 años y exfontanero del Ayuntamiento, vive con su hijo de 32 que tiene una minusvalía. “Yo solo quiero pagar un alquiler”, resume, de nuevo, cansado de no tener respuesta y de haber sentido con la resolución judicial que lo querían echar de su casa sin ni siquiera con la resolución judicial de abril de 2025 sin ni siquiera una explicación humana en condiciones.

Los cambios de Sareb, que promete soluciones

La incertidumbre se escampa por bloques de toda España ante la transición de los miles de pisos que deben pasar de Sareb a Casa 47. Antes de 2022, Sareb tenía mayoría privada y no tenía una misión social, sino tan sólo de rentabilidad. Su objetivo era deshacerse de activos tóxicos para limpiar la deuda pública que el estado había absorbido tras el rescate a los bancos.

Pero en 2022, el denominado banco malo nacido en 2012, activó su misión social y un plan de seguimiento de los vecinos y de alquileres protegidos que, no obstante, no ha acabado con los desahucios y los conflictos. En 2025, Casa 47 acordó absorber 40.000 viviendas de la Sareb y 2.400 suelos con capacidad para 55.000 viviendas más. La deuda que no ha conseguido saldar, de unos 26.000 millones, se sumará a la del estado, mientras el ‘banco malo’ intenta vender las viviendas que no sirven para Casa 47.

En medio de todo este proceso, que debe finalizar el próximo año, se encuentran unos 20.000 inquilinos, entre los que se mezclan okupas de mala fe con gente vulnerable que no puede pagar su alquiler, 10.000 que ya han conseguido un contrato social y otros cuantos que, como las 9 familias de Fuenlabrada, viven en un limbo porque querrían pagar su alquiler y tener su futuro garantizado en Casa 47 pero nadie les responde. Para ellos, Sareb pide calma y dice que tiene un plan.