“¿Qué tirará más, la marca o el candidato? ¿Hasta dónde serán capaces de llegar sin concurrir bajo las siglas del PP?”. Son algunas de las preguntas que antes de celebrarse este 26 de mayo se hacían muchos militantes y cargos dentro de las filas populares después de ver cómo varios de sus compañeros abandonaban el partido para emprender nuevas aventuras políticas. El resultado no deja lugar a dudas: los 'purgados' por la nueva dirección que encabeza María José Sáenz de Buruaga han triunfado en sus respectivos municipios y en todos los casos han sacado mejores resultados que los candidatos del PP.

Es el caso de Javier Fernández Soberón, quien puede convertirse en el primer alcalde de Ciudadanos en la historia de Cantabria tras ganar las elecciones en El Astillero, uno de los municipios más poblados de la comunidad autónoma. Soberón abandonó el Partido Popular hace ahora justamente un año cansado del “inmovilismo” que, a su juicio, sufría su formación como consecuencia, principalmente, de la situación procesal del exalcalde Carlos Cortina, investigado por un presunto delito de prevaricación y tráfico de influencias.

A ello, se sumaba el “veto” que habían impuesto a su figura desde Joaquín Costa -cuartel general de los populares- por haber prestado su apoyo a Ignacio Diego en el Congreso Regional que el expresidente de Cantabria acabó perdiendo por tan solo cuatro votos de diferencia y que provocó una división interna sin precedentes.

En su primera participación en las elecciones como número 1 ha obtenido la victoria, logrando cinco concejales, y tiene muchas papeletas para convertirse en el próximo alcalde del municipio, ya que la única alternativa es un tripartito entre PSOE, PRC e IU que a priori parece complicado.

Además de Soberón también se dieron de baja un grupo de afiliados, entre ellos, Alejandro Hoz, quien se sumó igualmente al proyecto de Ciudadanos en El Astillero y que ahora será alcalde pedáneo de Guarnizo tras ser el candidato más votado.

Otra que se marchó del PP para integrarse en el partido de Albert Rivera por causas similares fue la exdiputada regional y exsenadora Esther Merino, que este 26-M ha logrado colocar a Ciudadanos como la segunda fuerza en Cabezón de la Sal, doblando casi en votos a su antigua formación. En el caso de que no se reedite el pacto entre regionalistas y socialistas, Merino podría llegar al gobierno municipal si firmase una alianza con el PRC.

Quienes seguro sí gobernarán, aunque no con las siglas del PP, serán Enrique Bretones y Lorenzo González. Ambos optaron por concurrir bajo una agrupación de electorales después de tener serias desavenencias con el equipo de Buruaga y su apuesta les ha salido redonda al lograr mayoría absoluta. Bretones ha borrado del mapa a los populares, que se han quedado sin representación en el ayuntamiento, y González también mantiene su poderío dentro de la Corporación al contar con nueve de los once ediles.

También ha ganado las elecciones en Limpias el exconcejal del PP Germán Alquegui, aunque en este caso tendrá serias dificultades para gobernar al haberse quedado a un edil de una mayoría que sí suma la coalición entre socialistas y regionalistas. Al igual que ha sucedido en Alfoz de Lloredo, el PP ha pasado de ser la primera fuerza en Limpias a no obtener representación.

Quien no ha ganado pero también ha cosechado un resultado notable en Santillana del Mar es Agustín García Gutiérrez, que después de abandonar las filas populares para enrolarse en una agrupación vecinal independiente como cabeza de lista ha quedado en segunda posición con tres concejales, dos más que el PP. García Gutiérrez podría incluso ser investido alcalde si las negociaciones entre PSOE y PRC no llegan a buen puerto.

En Laredo, Ramón Arenas, que fue quien denunció el pago masivo de cuotas a través de la cuenta de una persona con discapacidad intelectural por parte del equipo de Buruaga en las primarias del PP, ha obtenido un concejal en representación de Unidos por Laredo. Por su parte, la lista popular encabezada por Alejandro Liz -miembro de la Ejecutiva regional del partido- ha tocado suelo con tres ediles.

Enrique Bretones repetirá en las elecciones municipales como candidato por el PP a la Alcaldía de Alfoz de Lloredo después de tres legislaturas consecutivas al frente del Consistorio. Así lo confirma en una entrevista con eldiario.es, en la que se sincera sobre la situación de su municipio, aborda sus problemas con la Justicia y valora lo que podría ocurrir con su partido a nivel autonómico tras la crisis interna que ha sacudido a los populares cántabros.

Con un panorama tan cambiante -cambio de Gobierno tras la moción de censura, nueva incursión de Vox en Andalucía-, llevar siendo alcalde desde 2007 debe ser casi un privilegio...

Sí, la verdad es que es todo un privilegio porque cada vez los vecinos son más exigentes... Y es normal. Además, con todo lo que está pasando y con toda la información que se tiene ahora mismo con las redes sociales se están dando ambientes muy cambiantes, y eso ha producido que, tanto a nivel regional como nacional, haya habido mucha incertidumbre a la hora de elegir candidatos. En Alfoz de Lloredo, al ser un Ayuntamiento pequeño, tenemos la característica de que la gente conoce a cada candidato personalmente, lo que nos favorece porque no lleva a engaño. Los vecinos eligen a quien quieren por las características personales que ven en el día a día. 

¿Repetirá en las elecciones de 2019?

Sí, lo tengo claro. Y es verdad que a veces te lo piensas por la familia o por otras circunstancias, pero tengo mucha ilusión y muchos proyectos que quiero ver acabar. Así que por lo menos por cuatro años más, si los vecinos me eligen, seguiré al frente del Ayuntamiento de Alfoz de Lloredo.

¿Qué piensa del auge de Vox?

Da un poco de rabia que se esté radicalizando tanto la sociedad, tanto por la extrema derecha como por la extrema izquierda. Mi abuela siempre decía que en el término medio está la virtud, y la verdad es que pienso igual. Creo que cuando la gente se va a la izquierda o a la derecha es por el desapego o el cansancio que tienen con las políticas que hacen los partidos tradicionales. Intentar sacar adelante medidas por contentar de forma fácil está produciendo que partidos como Vox o como Podemos hayan tenido auge. 

Como miembro del PP, supongo que tendrá su propia porra de quién liderará la candidatura las próximas elecciones autonómicas.

Yo tengo claro que me quiero presentar en el Ayuntamiento de Alfoz de Lloredo para ganar en el municipio, pero lo que pasará en las autonómicas no lo sé. Ignacio Diego dejó muy claro que no tiene ninguna pretensión de presentarse y ahora le corresponde al partido. Lo que sí que creo es que por el bien del Partido Popular, desde la Dirección Nacional de Madrid deberían buscar la mediación entre los dos sectores que ha habido aquí. Hemos tenido una guerra abierta y hay que intentar remediarlo y buscar siempre el consenso entre las partes.

Una de sus propuestas más reconocidas es la de los 'Limones Solidarios', aunque sigue habiendo personas que apuntan a que esas ayudas a los parados deberían venir de la Administración. ¿Qué opina?

Considero que en la sociedad nos debemos ayudar unos a otros, ya sea por parte de la Administración, por movimientos vecinales o con movimientos asociativos. Aquí lo importante es intentar poner remedio a estos problemas y toda iniciativa que busca ayudar a los demás, venga de donde venga, es importante. En el caso de los 'Limones Solidarios', la causa es buena, los resultados ahí están, la memoria anual también... Se ayuda y creo que eso es lo importante y lo interesante de esto.

Recientemente se ha celebrado el juicio en el que se denunciaba al Ayuntamiento por expulsar a un edil de un pleno municipal por grabar las intervenciones con el móvil. El fallo determinó que se vulneraron los derechos fundamentales de este concejal. ¿Considera que su actuación fue desproporcionada, tal y como indicó el juez?juicio

No, de hecho lo hemos recurrido y todavía no hay sentencia firme. Nosotros garantizamos que los plenos trasciendan a todos los ciudadanos grabándolos y subiéndolos a YouTube, y a él le autorizábamos a hacer esa grabación desde el mismo lugar donde la realizábamos nosotros. De hecho, ahora lo está haciendo así siempre. Lo que pasa es que ese día estaba buscando la provocación y nos puso el teléfono en la cara a la secretaria municipal, a un concejal y a mí.

Mi función como alcalde es velar porque los plenos sean plenos en los que se debatan asuntos municipales, no que sean circos en los cuales busquemos poner en una posición incómoda al contrario. Quiero aclarar que además se lo pedí por favor tres veces antes de expulsarlo, y le propuse que grabase desde donde se estaba grabando ya... Pero prefería incordiar y provocar a informar, porque si no hubiese sido tan fácil como colocar el teléfono al fondo. 

¿Esta condena ha sido el mayor bache de esta legislatura?

No, de hecho lo considero algo anecdótico. Nunca había expulsado a nadie de un pleno, pero en ayuntamientos limítrofes sí que se ha visto en varias ocasiones porque es una medida que tiene el presidente del pleno para velar porque este se celebre con normalidad. Parte de la razón por la que lo hemos recurrido es porque si esa sentencia fuese firme, muchísimos plenos iban a estar en una situación de indefensión para el alcalde, sobre todo cuando tampoco hay Policía Local, como pasa en Alfoz de Lloredo.

Esta no es la primera dificultad judicial a la que tiene que enfrentarse ya que anteriormente fue investigado por prevaricación y malversación, y fue acusado de un delito de injurias graves, aunque ambas fueron archivadas. ¿Pasa factura?investigado

No creo. Desde que soy alcalde me han denunciado más de veinte veces y todo obedece a la misma razón. Hay un grupo de personas que tiene unos intereses urbanísticos en Alfoz de Lloredo que, afortunadamente para nuestro pueblo, no los han podido llevar a cabo. Todas las denuncias que he tenido las he ganado, pero lo cierto es que lo que no pueden conseguir en las urnas lo intentan conseguir denunciando y vulnerando mi imagen. Y sí, tener que ir a declarar es muy duro, pero en mi primera semana como alcalde ya me pusieron dos denuncias... Lo bueno es que los vecinos me conocen porque llevo toda la vida viviendo aquí. Pero sigo esperando a que se aburran de denunciarme. 

¿Qué balance hace de esta legislatura?

Un balance muy positivo, sobre todo porque, pese a tener otro color político en el Gobierno regional, el entendimiento ha sido muy bueno. Hemos conseguido obras muy importantes para nuestro municipio, como la de la Finca de Tinón, la de la carretera de Novales a Golbardo o el saneamiento integral de todos los pueblos. Diría que hemos cumplido el compromiso electoral a más del 90%, así que estamos muy satisfechos por haber sido sensibles a la problemática de los últimos años, sobre todo en el tema del desempleo con iniciativas como la de los 'Limones Solidarios'.

¿Qué le ha quedado pendiente hacer en esta legislatura y espera hacer en la siguiente?

Pues tengo dos proyectos pendientes desde hace años. Uno es el de la playa de Luaña, hacerla más accesible, más cómoda... Crear más plazas de aparcamiento o hacer un paseo marítimo. El otro es con una empresa privada y se trata de una residencia para chicos con dificultades o discapacidades funcionales. Ahora mismo nos encontramos buscando un terreno para que vengan al municipio ya que generaría  más de 60 puestos de trabajo y daría cobertura a 115 personas. Espero poder continuar con este proyecto la legislatura que viene. 

¿Considera que sus vecinos están contentos con su labor?

Creo que sí que están contentos conmigo, así todo lo veremos en mayo porque ellos son nuestros accionistas y los que deciden. Ellos dirán si lo hemos hecho bien y nos apoyan, o si creen que no y tiene que entrar otra persona. Pero pase lo que pase seguiremos trabajando por nuestra sociedad porque al final tenemos hijos aquí y lo que queremos es lo mejor para el municipio. 

El Ayuntamiento de Alfoz de Lloredo, encabezado por Enrique Bretones (PP), ha sido condenado por “vulnerar los derechos fundamentales” de un concejal de la oposición como consecuencia de la decisión del primer edil de expulsar de un pleno al portavoz del PSOE, Fernando Rodríguez García, que fue obligado a abandonar una sesión plenaria por grabar con su teléfono móvil las distintas intervenciones.

Juan Varea Orbea, magistrado del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Santander, ha estimado íntegramente la demanda interpuesta por el afectado, en una sentencia consultada por eldiario.es y con fecha del 3 de octubre, en la que condena al Ayuntamiento de Alfoz de Lloredo a anular esta resolución de la Alcaldía y a pagar las costas al considerar “desproporcionada” la actuación de Bretones.

El demandante, concejal del Ayuntamiento, impugnó la decisión del alcalde adoptada antes de iniciarse la sesión plenaria del 10 de mayo de 2018 de expulsarlo al no aceptar desprenderse del teléfono móvil con el que pretendía grabar las intervenciones.

Desde hace aproximadamente un año, a consecuencia de la jurisprudencia existente y a pesar de la inicial oposición del alcalde, se permitía la grabación de los plenos y el recurrente lo hacía con su teléfono, que colocaba en la mesa situada junto a su asiento. Ese día, sin embargo, tras tres advertencias, el edil tuvo que abandonar la sala y no participó en la sesión, según relata la sentencia como hechos probados.

Tras esta resolución judicial que le da la razón, el portavoz del PSOE ha asegurado en un comunicado de prensa que “la sentencia pone de manifiesto que Bretones es un político autócrata, sin recursos, que ve peligrar sus prebendas y no duda en usar medios antidemocráticos para neutralizar a la oposición política y tratar de evitar el control y la fiscalización de su nefasta gestión”.

En este sentido, Rodríguez García ha señalado que son “constantes” las trabas que el alcalde pone a los concejales de la oposición para acceder a los distintos expedientes que solicitan, “infringiendo una vez más otro derecho fundamental” y “con el objetivo de evitar que salgan a la luz posibles casos o adjudicaciones irregulares”. 

Por todo ello, desde el PSOE de Alfoz de Lloredo han instado al alcalde “a que asuma la responsabilidad política por su abuso de poder y dimita de manera inminente, y que a su vez asuma la responsabilidad patrimonial de las costas judiciales y las costee de su bolsillo y no se las cargue al bolsillo del contribuyente”.

Frente judicial

Esta disputa judicial no es la primera en la que se ve envuelto el alcalde de Alfoz de Lloredo a lo largo de la legislatura. El pasado año, Enrique Bretones se convirtió en el primer cargo público procesado por la contratación supuestamente irregular de José María Real del Campo, un abogado habitual en los ayuntamientos gobernados por el PP en Cantabria.

El Juzgado de Instrucción número 3 de Torrelavega citó al regidor municipal para declarar en calidad de investigado, al considerar que había una “posible infracción penal” en una “contratación a dedo”, tras una denuncia que partió también de la oposición y que aseguraba que el letrado cobró “cientos de miles de euros” de las arcas municipales sin tener contrato.

Sin embargo, la jueza archivó provisionalmente la causa contra el alcalde de Alfoz en contra del criterio de la Fiscalía, a pesar de que el Ministerio Público había solicitado nuevos informes de los servicios municipales y pedía a la magistrada declarar “causa completa” para ampliar la instrucción  por presuntos delitos de prevaricación y malversación. Esta decisión está recurrida y los denunciantes esperan el pronunciamiento de la Audiencia de Cantabria.

La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Torrelavega, Raquel García Hernández, ha acordado el sobreseimiento provisional de la causa abierta contra el alcalde de Alfoz de Lloredo, Enrique Bretones (PP), investigado por presuntos delitos de prevaricación y malversación en la contratación durante nueve años -entre 2007 y 2016- del abogado José María Real del Campo, vinculado a la formación popular.

El auto, dictaminado el pasado 4 de octubre y al que ha tenido acceso eldiario.es, va en contra del criterio manifestado por el Ministerio Público, que en un escrito había reclamado a la jueza declarar el caso como “causa compleja”, lo que conllevaría la prórroga del plazo instrucción. Es decir, tener más tiempo para recabar más documentación y testimonios.

Sin embargo, la jueza estima que “han transcurrido los plazos legales para ampliar la instrucción”, por lo que no puede atenderse la petición de la Fiscalía. Por otro lado, considera que el resultado de las diligencias de investigación “no es concluyente” y no aprecia indicios “relevantes” para creer que se han cometido hechos delictivos, por lo que acuerda el archivo provisional de la causa.

Contra dicho auto cabe recurso de apelación que, según ha confirmado este diario, ya ha sido formalizado por la acusación popular que ejerce el portavoz municipal socialista Fernando Rodríguez. En dicho recurso, el abogado del denunciante afirma que los hechos son “cuanto menos indiciarimente constitutivos de un delito de prevaricación administrativa y otro de malversación de caudales públicos” y denuncia que el alcalde ha “obstaculizado” la investigación no aportando los sucesivos informes y resoluciones desfavorables que habían emitido los técnicos municipales en contra de la contratación de Real del Campo.

Además, señala que esta no puede justificarse, como ha hecho el alcalde, en que es “más barato”, ya que mientras este abogado cobraba del Consistorio 2.020 euros mensuales, su antecesora percibía 3.600 euros al cuatrimestre.

Los hechos

La denuncia contra Bretones fue presentada el año pasado por los partidos de la oposición -PSOE y Partido por la Libertad con las Manos Limpias (PxL); el PRC no se adhirió-, y se sumó a la registrada con anterioridad, de forma independiente, por el exconcejal José Manuel Luguera, quien mantiene un agrio enfrentamiento con el regidor municipal.

Según ha denunciado la oposición, el alcalde viene contratando a Real del Campo desde hace aproximadamente una década “sin haberse celebrado ningún concurso público” y “por unas cantidades muy superiores a las que pueden pagarse por una adjudicación directa”. En este sentido, aseguran que Real del Campo ha percibido del Ayuntamiento “cientos de miles de euros sin que nadie haya controlado los servicios que ha prestado, ni si la Administración debía pagarlos, ni si el precio era el correcto”.

A raíz de este denuncia, el alcalde cambió el procedimiento de contratación -de contrato directo (a dedo) a uno negociado- y fue imputado a comienzos de este año, teniendo que acudir a declarar durante la fase de instrucción. En caso de que el Juzgado número 3 de Torrelavega archive definitivamente la causa, la acusación tiene la posibilidad de recurrir ante la Audiencia de Cantabria.

El informe del fiscal

En su informe, la Fiscalía, además de pedir que se declarara la causa como “compleja”, también había solicitado que el servicio de Intervención del Ayuntamiento certificara el total de las cantidades abonadas a Real del Campo entre el 8 de agosto de 2010 y el 31 de enero de 2016. Igualmente, había pedido identificar al funcionario o cargo municipal que autorizó dichos pagos y en su caso copia de la resolución administrativa.

Del mismo modo, el Ministerio Público había demando que se remitiera un informe del secretario municipal detallando los procedimientos judiciales en los que Real del Campo ha intervenido en defensa del Consistorio, así como los dictámenes jurídicos emitidos durante ese tiempo. Finalmente, instaba a realizar un informe por parte de este mismo servicio sobre la necesidad de acudir a los servicios de un letrado externo.

El alcalde de Alfoz de Lloredo, investigado por un presunto delito de prevaricación, declarará este martes en el Juzgado de Instrucción número 3 de Torrelavega. Enrique Bretones (PP) está imputado por una “posible infracción penal” en la contratación a dedo de José María Real del Campo, un abogado vinculado al PP. 

El pasado mes de febrero, el mencionado juzgado citó a declarar al regidor municipal el 21 de marzo en un auto al que tuvo acceso en exclusiva eldiario.es. La citación judicial se produjo después de que la Fiscalía abriera diligencias tras observar una “posible infracción penal” en la contratación desde el año 2007 de Real del Campo en el Ayuntamiento de Alfoz.

La denuncia fue presentada meses antes por los partidos de la oposición, PSOE y Partido por la Libertad con las Manos Limpias (PxL), Por su parte, el PRC no se adhirió-, y se sumó a la registrada con anterioridad, de forma independiente, por el exconcejal José Manuel Luguera, quien mantiene un agrio enfrentamiento con el alcalde, con quien se ha interpuesto mutuamente varias demandas.

Sin embargo, cuando llegada la fecha fijada para la citación, la declaración del alcalde de Alfoz se aplazó debido al recurso presentado por la defensa del dirigente del PP contra la personación en la causa de los partidos de la oposición.

El dirigente popular contrató para este caso a la abogada Carmen Sánchez Moral, considerada la mejor penalista de Cantabria. El recurso presentado por la defensa recogía que los partidos de la oposición no son parte perjudicada y por lo tanto, no pueden participar en el proceso judicial.

Así pues, el portavoz socialista en Alfoz de Lloredo, Fernando Rodríguez, ha explicado a este medio que ha presentado una querella criminal -que está admitida- que se suma a la denuncia del fiscal. En este caso, acude como particular en el ejercicio de acción popular que cualquiera puede desarrollar. 

Rodríguez subraya que tras haber tenido acceso a la causa, han consultado los documentos que lo condenan, es decir, los reparos de intervención de su anterior secretaria en el momento en que comienza a contratar al abogado. Ella, según el portavoz socialista, “le puso todo tipo de reparos y le dijo que estaba excediendo el tiempo y el importe de contratación”. 

A pesar de aconsejarle que utilizase el procedimiento adecuado consistente en sacar la plaza por expediente abierto, “lo desoyó”, la secretaria se marchó del Ayuntamiento y Real del Campo “estuvo contratado de la misma forma durante ocho años”. Como consecuencia de ello, el fiscal acusa a Bretones de prevaricación administrativa y malversación de fondos. 

Rodríguez subraya además que, después de que el fiscal solicitase los documentos citados anteriormente, el Ayuntamiento “no había mandado ninguno al juzgado”. “Querían quitarnos como parte para que la Fiscalía pasase por encima y se archivase, y ahora hemos solicitado que se aporten”, asegura.

“Cobró sin contrato” 

Según señaló Rodríguez cuando se conoció la imputación, Real de Campo cobró “regularmente” del Ayuntamiento desde el año 2009 a 2016 “sin tener contrato” y, tal y como detalló, a mediados del año pasado se reguló su situación mediante un negociado sin publicidad que, según sospecha, “estaba amañado”.

“Mis dotes adivinatorias son cero, pero teníamos claro que este señor -Real del Campo- iba a ganar el concurso y así fue, por una cantidad mínima de diferencia”, aseguró. 

Por su parte, Bretones mostró “muy tranquilo” y convencido de que saldrá indemne. En declaraciones a eldiario.es, el alcalde de Alfoz recordó que desde que es regidor ha tenido “más de una veintena de denuncias, siempre por la misma gente y siempre he salido absuelto. Y esta va a pasar lo mismo”.

La declaración como investigado por un presunto delito de prevaricación del alcalde de Alfoz de Lloredo, Enrique Bretones, prevista para este martes 21 de marzo en el Juzgado de Instrucción número 3 de Torrelavega, ha sido suspendida de forma cautelar debido al recurso presentado por la defensa del dirigente del PP contra la personación en la causa de los partidos de la oposición PSOE y Partido por la Libertad con las Manos Limpias (PxL).

Bretones, que es alcalde de Alfoz de Lloredo desde el año 2007 y que también forma parte del Comité Ejecutivo del PP de Cantabria como secretario de Política Local, está siendo investigado por la contratación supuestamente irregular del abogado José María Real del Campo, tal y como adelantó el pasado mes de febrero en exclusiva eldiario.es. 

La denuncia fue interpuesta ante la Fiscalía por los concejales socialistas, Fernando Rodríguez y Ana Herrera, y por el portavoz de PxL, Felipe Rodríguez del Castillo, y se ha sumado a la registrada con anterioridad, de forma independiente, por el exconcejal del PP José Manuel Luguera, quien mantiene un agrio enfrentamiento con el alcalde desde hace varios años.

Tras practicar las diligencias oportunas, el Ministerio Fiscal ha apreciado indicios de un posible delito de prevaricación. Además, la acusación particular añade otro por malversación de caudales públicos.

Desde la oposición aseguran que Bretones viene contratando 'a dedo' a Real del Campo desde hace aproximadamente una década, con reparos de intervención, y “por unas cantidades muy superiores a las que pueden pagarse por una adjudicación directa”.

En este sentido, afirman que el abogado -vinculado a otros ayuntamientos también gobernados por el PP- ha ingresado “cientos de miles de euros sin que se hayan controlado los servicios que ha prestado”. 

Además de Bretones, también estaban citados a declarar este martes el propio José María Real del Campo, así como la exsecretaria del Ayuntamiento y la actual persona que desempeña este cargo. En los tres casos, en calidad de testigos.

Personación o acción popular

De este modo, el proceso judicial se ha detenido a la espera de que la magistrada Raquel García Hernández resuelva el recurso planteado por la defensa del dirigente del PP, quien ha contratado para este caso a la abogada Carmen Sánchez Moral, la misma que defendió a Javier López Marcano (PRC) -exconsejero de Cultura, Turismo y Deporte- en los casos de la Casa de los Gorilas de Cabárceno, en El Soplao  y en Racing, donde también prestó servicio al exconsejero de Economía y presidente del PSOE en Cantabria.  

En el recurso, Carmen Sánchez Moral, considerada la mejor penalista de Cantabria, sostiene que los partidos de la oposición no son parte perjudicada y por lo tanto, no pueden participar en el proceso judicial. Según explican fuentes judiciales a este diario, la diferencia más importante a la hora de estar personado o no en la causa se produce cuando llega el momento de las conclusiones finales y la acusación particular puede proponer la condena, independientemente de la que solicite, si es el caso, la Fiscalía.

En el caso de que el recurso sea aceptado, los partidos de la oposición tendrían la posibilidad de ir como como acción popular, lo que supondría el depósito de una fianza y la formulación de una querella.

Por otro lado, Ignacio Diego, candidato a la reelección como presidente del PP de Cantabria, ha anunciado este fin de semana que si resulta vencedor frente a María José Sáenz de Buruaga, actual secretaria general de la formación, nombrará a Bretones vicesecretario de Organización y secretario de Política Social dentro de un equipo que encabezará Santiago Recio como coordinador general.

El concejal de Partido por la Libertad (PxL) en Alfoz de Lloredo, Felipe Rodríguez del Castillo, ha criticado este martes que el PP haya empleado el Salón de Plenos del Ayuntamiento para celebrar la votación para designar al presidente de su partido.

En un comunicado, Rodríguez del Castillo ha denunciado que se trata de un “abuso intolerable y una nueva muestra de la confusión de lo público con lo privado que afecta a los populares de Alfoz de Lloredo”.

Según ha explicado el edil, el PP de Alfoz ha dirigido una carta a sus militantes emplazándoles a votar el próximo Congreso Regional que se ha celebrado este jueves día 8 en horario de 17 a 21 horas en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, “como si se tratase de una acto público e institucional, poniendo el patrimonio público al servicio del partido político en el que ahora milita”.

En este sentido, recuerda que a consecuencia de este tipo de maniobras el alcalde “ya tiene una sentencia contenciosa condenatoria y diligencias penales abiertas en las que declarará como investigado en próximas fechas”.

Desde PxL se emplaza a los dos candidatos populares, María José Sáenz de Buruaga e Ignacio Diego, a que eviten este nuevo “desmán” del regidor de Alfoz “si quieren probar que efectivamente están por la renovación y el cambio de rumbo”. “Bretones y sus concejales se pasaron en bloque del PRC al PP, pero siguen constantes en sus tics antidemocráticos, que es lo verdaderamente inadmisible”, concluyen.    

La imputación de Enrique Bretones (PP) por la supuesta contratación irregular del abogado José María Real del Campo como asesor en el Ayuntamiento de Alfoz de Lloredo ha provocado un pequeño terremoto entre los alcaldes del PP. Y es que la instrucción abierta por el Juzgado número 3 de Torrelavega trasciende el ámbito de este municipio.

Real del Campo es desde hace aproximadamente una década el abogado de cabecera de numerosos ayuntamientos de Cantabria gobernados por los populares. Ha prestado servicios en Santander, Piélagos, Castro Urdiales, Arnuero, Escalante o Santa Cruz de Bezana, entre otros. Tan solo en ese último municipio percibió por “asesorías verbales” unos 1.800 euros entre 2007 y 2015 -cerca de 100.000 euros en total hasta el cambio de gobierno en la administración local-.

En la mayoría de los ayuntamientos, según ha denunciado la oposición, Real del Campo ha sido contratado a dedo durante años, con reparos de Intervención, excediendo las cantidades marcadas por la ley para contrataciones sin concurso y en algunos casos sin que haya constancia de su trabajo. Es decir, lo mismo que ha sucedido en Alfoz de Lloredo y que ha llevado ahora a su alcalde a ser imputado.

Pero la actividad de Real del Campo no solo ha levantado suspicacias por el proceso seguido por los regidores para su contratación, sino también por su estrecha vinculación con el actual senador por Cantabria Javier Fernández. Ambos fueron socios antes de que este último fuera nombrado consejero de Medio Ambiente y Urbanismo en la anterior legislatura, en el Gobierno presidido por Ignacio Diego.

Entre las filas socialistas sostienen que Real del Campo y la mujer de Fernández, la también abogada Emilia Díaz Méndez -del bufete Atrius Asociados y socia de RHGR-, concursan en los ayuntamientos populares “habiendo apalabrado de antemano las ofertas, de modo que se reparten los concursos”.

“Mis dotes adivinatorias son cero, pero teníamos claro que este señor -Real del Campo- iba a ganar el concurso y así fue, por una cantidad mínima de diferencia”, apunta a este respecto el portavoz del PSOE en Alfoz de Lloredo, Fernando Rodríguez.

Debido a los reparos de los servicios de intervención municipal y a las denuncias de la oposición, algunos ayuntamientos dejaron las adjudicaciones directas y optaron por contratar a Real del Campo a través de un concurso negociado, en el que es necesaria una invitación formal para poder participar. Posteriomente, la administración pública se queda con la oferta más ventajosa.

Otra de las críticas vertidas por los rivales políticos es que siempre se haya justificado la contratación de este abogado por una supuesta necesidad “puntual” de los servicios jurídicos municipales, ya que su vinculación laboral en estos ayuntamientos se ha prologando, sin embargo, durante años de forma ininterrumpida.

“De lo mejor de Cantabria”

Este diario se ha puesto en contacto con José María Real del Campo para recoger sus impresiones, pero prefiere guardar silencio. “No se dedica a la política; está para defender a los clientes y punto”, transmite el alcalde de Alfoz de Lloredo, que considera que “no es normal las historias que se le asocian”.

“Yo a este hombre no le he conocido por el partido. Le conocí porque trabaja en el Ayuntamiento de Arnuero desde hace muchísimos años, con un alcalde que no era ni del PP. En derecho administrativo es de lo mejor que hay en Cantabria y está trabajando para ayuntamientos de todos los colores”, subraya Bretones, que el próximo 21 de marzo tendrá que declarar como imputado por este asunto.

No es la primera vez que la contratación de José María Real del Campo llega a los tribunales. Los socialistas de Santa Cruz de Bezana ya denunciaron su contratación ante la Fiscalía que, sin embargo, archivó el caso al no apreciar los “posibles indicios penales” que la justicia sí observa ahora en el caso de Alfoz de Lloredo.

El alcalde de Alfoz de Lloredo, Enrique Bretones (PP), será el primer cargo público procesado por la contratación supuestamente irregular de José María Real del Campo, un abogado habitual en los ayuntamientos gobernados por el PP en Cantabria. El Juzgado de Instrucción número 3 de Torrelavega ha citado al regidor municipal el próximo 21 de marzo para declarar en calidad de investigado -imputado-, según consta en un auto al que ha tenido acceso en exclusiva eldiario.es.

Esta citación judicial se produce después de que la Fiscalía haya abierto diligencias y haya apreciado “posible infracción penal” en la contratación desde el año 2007 de Real del Campo en el Ayuntamiento de Alfoz.

La denuncia fue presentada hace unos meses por los partidos de la oposición -PSOE y Partido por la Libertad con las Manos Limpias (PxL), el PRC no se adhirió-, y se ha sumado a la registrada con anterioridad, de forma independiente, por el exconcejal José Manuel Luguera, quien mantiene un agrio enfrentamiento con el alcalde, con quien se ha interpuesto mutuamente varias demandas.

Desde hace aproximadamente una década, Bretones viene contratando a este abogado “sin haberse celebrado ningún concurso público” y “por unas cantidades muy superiores a las que pueden pagarse por una adjudicación directa”, según denuncian desde las filas de la oposición.

En este sentido, afirman que Real del Campo ha percibido del Ayuntamiento “cientos de miles de euros sin que nadie haya controlado los servicios que ha prestado, ni si la Administración debía pagarlos, ni si el precio era el correcto”.

El próximo 14 de marzo los denunciantes tendrán que ratificar la denuncia y una semana más tarde declarará como investigado el alcalde y como testigos el propio José María Real del Campo, la exsecretaria del Ayuntamiento, que puso varios reparos a la contratación, y su sucesora en el cargo.

“Opacidad absoluta”

El portavoz socialista en Alfoz de Lloredo, Fernando Rodríguez, ha detallado a este diario que Real de Campo ha cobrado “regularmente” del Ayuntamiento desde el año 2009 a 2016 “sin tener contrato” y que a mediados del año pasado se reguló su situación mediante un negociado sin publicidad que, según sospecha, estaba amañado.

“Mis dotes adivinatorias son cero, pero teníamos claro que este señor -Real del Campo- iba a ganar el concurso y así fue, por una cantidad mínima de diferencia”, señala.

Igualmente, Rodríguez ha lamentado la “opacidad absoluta” del alcalde, que “durante años se ha negado a facilitar la documentación con excusas como tener excesiva carga de trabajo o incluso que pedir los pagos hechos a un solo proveedor es un abuso de la condición de concejal”. A este respecto, apunta que solo ha podido ver los expedientes de contratación tras poner un recurso ante el Contencioso-Administrativo.

De esa documentación, expone, se desprende que el primer contrato a Real del Campo se hizo “de palabra” en 2007 y que al año siguiente se hizo uno “directo” pese a los reparos de Intervención. A partir de ahí y hasta 2016, ha cobrado sin tener firmada ninguna relación laboral, añade.

Antes de poner el caso en manos de la Fiscalía, el PSOE propuso a través de una moción crear una comisión de investigación para esclarecer estas presuntas “irregularidades”, pero fue tumbada por la mayoría absoluta del PP en el Consistorio.