Las principales asociaciones de consumidores señalan que la nueva reforma regulatoria europea amenaza con debilitar los derechos de los pasajeros. La Federación de Consumidores y Usuarios (CECU) y la Asociación de Usuarios Financieros (ASUFIN) alertan de que Bruselas estudia reducir las compensaciones por retrasos y cancelaciones. Mientras que, con el foco puesto en Volotea, la Federación de Consumidores en Acción (FACUA) denuncia el sistema de la compañía para subir el precio de los billetes, una vez comprados, en función del coste del combustible.

Las federaciones españolas de consumo sostienen que las nuevas normativas beneficiarían a las compañías aéreas y trasladarían más costes e incertidumbre a los viajeros. Entre las medidas que critican, figuran recargos de hasta 14 euros aplicados después de la compra del billete, menos indemnizaciones por retrasos y más facilidades para que las aerolíneas eviten pagar compensaciones.

El cambio de normativa llega en un momento de presión sobre el sector aéreo por el aumento de costes operativos entre la guerra de Irán y el crecimiento de viajeros tras la recuperación del turismo a nivel europeo. Las asociaciones insisten en que las compañías están aprovechando este contexto para impulsar nuevas tarifas y limitar derechos ya consolidados.

FACUA denuncia el recargo “ilegal” de Volotea

Consumidores en Acción ha acusado al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 de “inacción” ante el nuevo mecanismo de Volotea para modificar el precio de billetes ya comprados según evolucione el precio del combustible. La asociación considera abusiva la cláusula de la compañía llamada “compromiso de viaje justo”. Introducida el pasado marzo, permite aplicar un recargo de hasta 14 euros siete días antes del vuelo si el barril de Brent supera determinados niveles

Según FACUA, esta práctica vulnera la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios porque impide conocer el precio final del billete en el momento de la compra. Además, sostiene que altera unilateralmente las condiciones del contrato.

La organización recuerda también que la Comisión Europea (CE) ya ha advertido a las aerolíneas de que no pueden encarecer billetes ya comprados alegando la crisis energética o la subida del queroseno. Bruselas ha pedido “calma” al sector y asegura que el suministro de combustible está garantizado para los próximos meses.

La federación también cuestiona la supuesta simetría del sistema diseñado por Volotea, que contempla descuentos si baja el precio del petróleo. La asociación cree que la aerolínea podría retirar el mecanismo antes de aplicar esas rebajas y mantenerlo solo cuando el combustible esté caro. “La medida puede convertirse en un sistema para aumentar márgenes de beneficio sin transparencia suficiente”, señalan desde la organización, que pide a Consumo abrir un expediente sancionador y advertir públicamente a los viajeros.

Bruselas estudia reducir las compensaciones por retrasos

Junto a otras 32 organizaciones europeas, CECU y ASUFIN participan en una campaña coordinada por a patronal europea de consumidores (BEUC) contra la reforma del Reglamento 261 sobre derechos de los pasajeros aéreos que negocian las instituciones comunitarias.

Las asociaciones consideran que la propuesta de la Comisión Europea supondría “un recorte masivo” de los derechos actuales. Según denuncian, más del 60% de los pasajeros que hoy tienen derecho a indemnización por retrasos dejarían de cobrar compensaciones. Actualmente, los viajeros pueden reclamar cuando el retraso supera las tres horas. La reforma elevaría ese umbral a cuatro o incluso seis horas, dependiendo de la distancia del vuelo.

Además, las indemnizaciones podrían reducirse de forma significativa. La compensación mínima pasaría de 250 euros a 83 euros, según las organizaciones. Las asociaciones alertan de que estos cambios reducirían el incentivo para que las aerolíneas mantengan la puntualidad. Recuerdan además que el sistema actual ha contribuido a reducir los grandes retrasos y las incidencias prolongadas en vuelos de corta distancia.

Más excepciones para las aerolíneas

Las organizaciones también critican la ampliación de las llamadas “circunstancias extraordinarias”, que permitirían a las compañías evitar el pago de compensaciones en más casos. Entre los cambios que rechazan, figura la posibilidad de cancelar vuelos con solo 48 horas de antelación (frente a los 14 días actuales) sin la obligación de indemnizar al pasajero.

A ello se suman prácticas que las asociaciones consideran “abusivas” y que seguirían permitidas. Como el cobro por el equipaje de mano, los suplementos para sentar juntos a menores o personas dependientes y las cláusulas “no show”, que anulan el resto del billete si el pasajero no utiliza uno de los tramos contratados.

CECU y ASUFIN reclaman que la reforma vaya en sentido contrario y refuerce la protección de los viajeros mediante sistemas automáticos de compensación. También piden una mayor transparencia tarifaria y sanciones más duras contra las prácticas abusivas. “Lo que se está planteando es un recorte directo de derechos ya consolidados”, afirma David Sánchez, director de CECU. En la misma línea se pronuncia Patricia Suárez, presidenta de ASUFIN, que advierte de que el cambio “consolidaría un desequilibrio contractual entre aerolíneas y consumidores”.

Las organizaciones temen que, con el argumento de garantizar la viabilidad del sector aéreo, la Unión Europea termine trasladando más costes e incertidumbre a los pasajeros. Todo ello en un mercado donde las tarifas adicionales y los conflictos por compensaciones se han convertido en una fuente creciente de ingresos y litigios para las compañías.

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha vuelto a ampliar su alerta por presencia de 'Listeria monocytogenes' en queso fresco de vaca procedente de España, ya que ahora “se incluye un nuevo producto afectado y, como medida de precaución, se amplía la retirada a todos los lotes de los productos afectados cuya fecha de caducidad sea 6 de julio o anterior”.

Este organismo ha indicado que ha tenido conocimiento de esta actualización de la situación a través de las autoridades sanitarias de Castilla y León, las cuales han informado al respecto a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI).

De este modo, los productos implicados son 'Queso fresco sabor mediterráneo' de marca 'Cerrato' en envase de plástico de 300 gramos conservado refrigerado; 'Queso costeño' de marca 'Nativo' en envase de plástico de 300 gramos conservado refrigerado; 'Queso costeño' de marca 'Nativo' en barra de queso en envase de plástico conservado refrigerado; y 'Queso estilo llanero' de marca 'Goya' en envase de plástico de 300 gramos conservado refrigerado.

Además, están afectados 'Queso Latino' de marca 'Goya' en barra de queso en envase de plástico conservado refrigerado; 'Queso Latino (Queso fresco de vaca)' de marca 'Goya' en envase de plástico de 300 gramos conservado refrigerado; 'Queso Latino' de marca 'Sabor de casa' en barra de queso conservado refrigerado y 'Queso Latino' de marca 'Sabor de casa' en envase de plástico de 325 gramos conservado refrigerado.

Distribución

“Según la información disponible, la distribución se ha realizado en la mayor parte del territorio nacional”, ha afirmado la AESAN, que ha añadido que “esta información ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del SCIRI, con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización”.

Esta institución, que ha sostenido que la recomendación a las personas que tengan en su domicilio productos afectados por dicha alerta es “que se abstengan de consumirlos”, ha apuntado que “en el caso de haber consumido alguno de los productos de los lotes afectados y presentar sintomatología compatible con la listeriosis, como vómitos, diarrea o fiebre, se recomienda acudir a un centro de salud”.

“En el caso de estar embarazada, se recomienda consultar las recomendaciones de consumo durante el embarazo realizadas por la AESAN relativas a prácticas de higiene alimentaria importantes para las mujeres gestantes, así como una relación de los alimentos que se deben evitar durante el embarazo por estar asociados a determinados peligros biológicos, entre los que destaca Listeria monocytogenes”, ha proseguido.

Por último, este organismo ha recordado “la importancia de extremar las medidas de higiene para evitar la contaminación cruzada con otros productos” y ha informado de que “la empresa elaboradora del producto, atendiendo al principio de precaución, ha determinado la retirada de la venta de nuevas referencias y lotes”.

El verano se aproxima y con él llegan decenas de festivales de música que volverán a llenar escenarios de toda España. Sin embargo, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), ha lanzado una advertencia tras detectar diversas cláusulas abusivas por parte de estos eventos. Esta organización ha revisado detalladamente las condiciones de contratación de algunos de los espectáculos musicales más grandes y multitudinarios del país y, según sus informes, estas prácticas ilegales se encuentran camufladas bajo un ambiente festivo y de excepción que suele confundir al asistente. 

Los abusos detectados afectan potencialmente a casi dos millones de personas, las que ya tienen sus entradas compradas para la inminente temporada de música en vivo. Y es fundamental, según la OCU, que los consumidores conozcan sus derechos antes de enfrentarse a estas irregularidades que vulneran la normativa vigente y no conformarse con medidas que resulten abusivas durante la estancia en el recinto. Por ello, han iniciado una campaña para que nada amargue la experiencia de los inumerables asistentes.

La lista de los eventos observados por la OCU incluye nombres de gran relevancia en el panorama nacional e internacional de la música actual. Entre ellos destacan el Arenal Sound de Burriana, el Bilbao BBK Live y el festival Boombastic que se celebra en Llanera, Asturias. También figuran en este listado el FIB de Benicàssim, el Medusa Festival de Cullera o el Primavera Sound en Barcelona, además del Resurrection Fest de Viveiro, el Rototom Sunsplash, el Sónar de Barcelona o el Viña Rock. Todos estos festivales han sido objeto de un análisis exhaustivo de sus condiciones legales por parte de los expertos de consumo. 

De hecho, la organización ya ha enviado requerimientos formales a los promotores de estos macroeventos para que corrijan algunas de sus políticas, que ajusten su funcionamiento a la legalidad para garantizar la seguridad jurídica de los usuarios. La OCU ha detectado cláusulas que podrían ser directamente contrarias a la normativa de consumo que protege a los ciudadanos.

Una de las prácticas abusivas más destacadas por la OCU es el cambio repentino del cartel o programa sin previo aviso. Muchos festivales se reservan de forma unilateral el derecho de modificar los artistas invitados sin ofrecer ninguna posibilidad de reembolso. Esta situación se considera un incumplimiento contractual grave, ya que el asistente compra la entrada motivado por una oferta artística específica. Si se produce una modificación sustancial en el programa, el organizador tiene la obligación legal de devolver el precio pagado. La organización denuncia que estas cláusulas de exención de responsabilidad son habituales pero carecen de validez legal frente al consumidor. Es un abuso que el usuario deba soportar la pérdida de sus grupos favoritos sin recibir una compensación económica justa.

La OCU recuerda que, además del precio de la entrada, se podrían reclamar otros perjuicios derivados de estos cambios. El asistente no está indefenso ante las decisiones arbitrarias de las promotoras que solo buscan proteger sus propios beneficios. El uso obligatorio de pulseras ‘cashless’ o monedero es otro de los grandes problemas detectados en los recintos de estos festivales. La OCU critica duramente que se impida el uso de dinero en efectivo o tarjeta de crédito dentro del espacio musical. En muchos casos, se amenaza incluso con la expulsión a aquellos asistentes que intenten utilizar medios de pago legales. 

Se trata de una limitación en los medios de pago que es contraria a las normas vigentes y supone un ‘secuestro’ del dinero del usuario, según la OCU. Además, suelen aplicarse comisiones abusivas tanto por la recarga de saldo como por el reembolso del dinero no consumido. La organización exige que se respete la normativa de consumo y se admita el efectivo como un medio de pago válido y no que se imponga una tecnología específica que dificulta el control del gasto personal a los miles de asistentes. La OCU sigue trabajando para que se limiten estas condiciones abusivas en la carga y el reembolso de las aplicaciones.

La prohibición de acceder al recinto con comida y bebida del exterior es una de las quejas más recurrentes cada año. La OCU defiende firmemente que esta práctica es abusiva e ilegal en la gran mayoría de los supuestos analizados. El argumento principal es que la actividad esencial de un festival de música es el espectáculo y no la hostelería. Al impedir la entrada de alimentos propios, se obliga al asistente a consumir exclusivamente los productos vendidos dentro a precios elevados. Aunque algunas normativas autonómicas permiten ciertas restricciones, la organización considera que no se puede negar este derecho básico, tanto como la falta de puntos de agua potable gratuita en muchos de estos eventos multitudinarios de verano. La OCU ha denunciado activamente a los festivales que imponen estas restricciones para, según la entidad, maximizar sus ingresos por servicios secundarios. 

Otro abuso significativo es el cobro de un suplemento adicional por el simple hecho de salir y volver a entrar al festival. Esta práctica, conocida como cobro por reentrada, busca retener al público dentro del recinto para fomentar el consumo interno. La OCU considera que este tipo de cargos son totalmente injustificados y perjudican económicamente a los asistentes del evento: Se limita la libertad de movimiento de los usuarios que han pagado una entrada para disfrutar de un espectáculo prolongado. La organización reclama que se aprueben normas que permitan la salida y entrada temporal sin coste alguno para el consumidor. Muchos festivales utilizan esta medida para asegurar que el gasto en bebidas y alimentos se realice exclusivamente en sus barras, estrategia comercial que vulnera los derechos fundamentales de los consumidores en este tipo de espectáculos de masas. La OCU insiste en que no se debe aceptar este tipo de imposiciones que solo buscan incrementar la rentabilidad empresarial.

Otras irregularidades 'menores'

Existen otras irregularidades que, aunque parezcan menores, afectan profundamente a la calidad del servicio y al bolsillo del usuario. La OCU ha detectado casos de falso ‘greenwashing’ donde se cobra por vasos reutilizables sin permitir recuperar el dinero. Se pueden llegar a pagar hasta dos euros y medio por un vaso sin opción a devolución. Además, los precios de reventa en plataformas no oficiales suelen multiplicar por tres o cuatro el coste oficial inicial. La falta de infraestructuras adecuadas, como un número suficiente de baños, es otra deficiencia común en estos grandes eventos. También se han reportado problemas de aforo excesivo que ponen en riesgo la seguridad y la movilidad. La organización pide un mayor control para asegurar que se respeten los límites de capacidad permitidos por ley. 

Ante cualquiera de estas situaciones, la OCU recuerda a los ciudadanos que no están indefensos y deben actuar de inmediato. La principal herramienta de defensa es solicitar la hoja de reclamaciones oficial en el mismo recinto del festival. Si la organización se niega a facilitarla, se recomienda llamar a la Policía Local para que deje constancia. Es posible también presentar la reclamación desde casa a través de internet con mayor tranquilidad y documentación. Si el evento se cancela o cambia de forma sustancial, se debe exigir el reembolso total de la entrada. Además del precio del ticket, el consumidor tiene derecho a reclamar daños y perjuicios por gastos ya realizados. 

El Pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha debatirá y votará el Proyecto de Ley de Modificación del Estatuto de las Personas Consumidoras, que supone la adaptación del actual texto, vigente desde 2019, a la normativa estatal y europea, especialmente en lo relativo al régimen sancionador y al reconocimiento de la posible indemnización para el consumidor.

El nuevo texto destaca especialmente porque actualiza el régimen sancionador, ajusta mucho más con ejemplos claros que son fracciones leves, graves o muy graves y contempla la indemnización por daños a la persona consumidora, según ha valorado Fernando Mendoza Carpio, presidente de la Confederación de Asociaciones de Vecinos, Consumidores y Usuarios de Castilla-La Mancha (CAVE-CLM)

Así lo señalaba también tras la aprobación del texto por el Consejo de Gobierno el pasado mes de noviembre la consejera Portavoz, Esther Padilla, destacando que la legislación básica estatal ha experimentado cambios importantes, sobre todo en relación con el régimen sancionador, de manera que dejó desajustada la regulación autonómica, lo que hacía necesaria su actualización.

La modificación consolida un marco autonómico más claro y más útil. “Hemos actualizado el manual de instrucciones de los derechos de las personas consumidoras para que sea más concreto, más eficaz y funcione mejor. Queremos una Administración que proteja y que elimine lagunas y contradicciones”, señalaba Padilla.

Tipos de infracciones con ejemplos

El nuevo texto elimina posibles interpretaciones concretando con ejemplos lo que son infracciones leves, graves y muy graves, “han acotado más enumerando las sanciones que hasta ahora no se hacía”.

Así por ejemplo, el texto contempla con leves la incorrección, falta de consideración o respeto a las personas consumidoras, no tener o negar las hojas de reclamaciones.

Son graves, entre otras, “el fraude en el origen o en la presentación de los productos o servicios, en su calidad, en su marca, en su composición, peso o medida, en su duración, o cuando los mismos no se ajustan a lo declarado o contratado por cualquier medio. La obsolescencia prematura también se considera fraude en la duración. También se considerará fraude el uso de etiquetas, rótulos o cualquier otra información que induzca a engaño o confusión o enmascare la verdadera naturaleza del bien o servicio y en particular la comercialización, distribución o venta de productos sin marcado CE o con el marcado CE falsificado o sin documentar”.

En las infracciones muy graves se contempla, por ejemplo, “el corte de suministro de servicios básicos sin constancia efectiva de recepción previa por la persona consumidora de una notificación”, o “en contextos de urgencia, riesgo o necesidad de la persona consumidora, el incremento de precios finales de venta cuando se produzca un incremento de la demanda de los productos afectados por las citadas situaciones de emergencia”.

La modificación mantiene, además, las sanciones accesorias, como el cierre temporal de establecimientos, la suspensión de actividad o la imposibilidad de acceder a ayudas públicas en casos de reincidencia.

Según Fernando Delgado, el nuevo texto “refuerza también la protección de los entornos digitales y se refuerza la protección y la transparencia” y considera que “hay un impulso de consumo responsable en cuanto modifican los hábitos de consumo y se le da cabida en esta modificación”.

En su caso, lo que más ha valorado es la modificación del artículo 149 del nuevo texto que establece que “en el procedimiento sancionador podrá exigirse a la persona infractora la reposición de la situación alterada por la infracción a su estado original y, en su caso, la indemnización de daños y perjuicios causados a la persona consumidora. ”Según el presidente CAVE-CLM, “el problema que teníamos los consumidores a la hora de denunciar un hecho o recurrir a un arbitraje de consumo por vía amistosa es que se producía una alteración y se te reconocía, pero el derecho a la indemnización no se contemplaba; en este nuevo texto se habla ya de reposición de situación alterada o indemnización de daños y perjuicios y ahí sí que ha habido un adelanto sustancial porque hasta ahora se te reconocía el dolo pero la vía indemnizatoria por perjuicio, no”. Esto suponía que para pedir una indemnización tenía que recurrirse a la vía judicial.

En este mismo sentido, en la presentación del texto, la consejera Portavoz señalaba que la reforma incorpora también un bloque de mejoras orientadas a reforzar la seguridad jurídica, mediante la eliminación de ambigüedades y la definición precisa de los conceptos que determinan cuándo existe una infracción. “Es importante destacar que ahora queda claramente definido qué es una infracción y qué sanción corresponde, lo que evita dudas en los tribunales y redunda en la protección de las personas consumidoras”.

Según el Gobierno,  el texto regional va más allá de la regulación estatal concretamente expresiones como “falta de información suficiente” o “atención insuficiente”, conceptos que pueden dar lugar a dudas cuando se produce un conflicto. “¿Qué es información suficiente? ¿Cuándo se considera que una atención ha sido deficiente?”, señalaba la Ester Padilla tras la aprobación, pero con esta reforma se elimina esa subjetividad. Para ello, se detallan casos concretos como no entregar hojas de reclamaciones, no dar un presupuesto por escrito, retrasos injustificados en reparaciones, cancelaciones sin previo aviso o negativas a gestionar garantías. “Son situaciones que todas y todos conocemos, y recogerlas expresamente garantiza mayor protección y permite sancionar con rapidez”, afirmaba.

14 enmiendas aprobadas

El texto de la modificación de la Ley del Estatuto de las Personas Consumidoras en Castilla-La Mancha llegará al Cortes regionales con 14 enmiendas aprobadas, 8 de ellas transadas entre PSOE, PP y Vox, pero deja fuera la regulación de la publicidad sanitaria que reclaman los 'populares'. Tras pasar por la Comisión de Sanidad el pasado marzo rechazaron 13 enmiendas de Vox y cuatro del PP, y se aprobaron las cinco del PSOE, una de ellas transada.

La enmienda del PP, según explicaba su portavoz, Juan Antonio Moreno Moya, exigía garantizar en la región una publicidad sanitaria “veraz”, información sobre los tratamientos y precios de esas prestaciones y que la administración refuerce el control sobre prácticas engañosas.

Entre las mejoras al texto, el PP también proponía que las entidades que operen en Castilla-La Mancha garanticen mecanismos accesibles de información a las personas consumidoras sobre la cesión de sus créditos cuando esta afecte directamente a la gestión ordinaria del contrato o a los canales de interlocución existentes.

De las 14 mejoras enmiendas propuesta por Vox tan solo prosperaba una, que ha sido transada. El resto, se mantiene 'vivas' para su debate en pleno.

Una de las enmiendas rechazadas, Vox pedía evitar que se eliminase la obligación de generalmente una entidad bancaria o un fondo, de informar al consumidor deudor cuando un acreedor, generalmente una entidad bancaria o un fondo, cede el crédito, denunciando que el Gobierno regional, que se apoya en posibles conflictos competenciales y su encaje con la normativa europea, “deja al consumidor desamparado”.

El 26 de marzo de 2025, apenas un mes antes del mayor apagón en la historia reciente de España, la Comisión Europea lanzó una recomendación que pasó relativamente desapercibida hasta que la realidad la puso a prueba: cada ciudadano debería contar con un kit de supervivencia para 72 horas ante posibles emergencias.

No era una obligación ni una orden, sino una sugerencia dentro de su Estrategia de Alerta y Previsión. La idea era simple: estar preparados ante cualquier incidencia que interrumpa servicios básicos como la electricidad, las comunicaciones o el suministro de agua.

El contenido estaba definido en lo esencial: agua potable, alimentos no perecederos, medicamentos, linternas, radios que funcionen sin electricidad, baterías externas, dinero en efectivo y documentación importante protegida.

El Ejecutivo comunitario también insistió en otra idea clave. No basta con comprar el kit, hay que mantenerlo y revisarlo. En España no existe todavía una guía oficial equivalente, a diferencia de lo que ocurre en países como Suecia, Finlandia o Francia.

El apagón que lo cambió todo

Un mes después de esa recomendación de Bruselas, el 28 de abril de 2025 a las 12:30 horas, la península ibérica se quedó sin suministro eléctrico y sufrió el mayor apagón de su historia reciente. Hace un año, millones de personas se quedaron sin luz, sin conexión y, en muchos casos, sin información durante horas.

Ese pico también tuvo su reflejo en internet. Las búsquedas en Google de “kit de supervivencia” y términos relacionados se multiplicaron en los días posteriores al apagón, tal como muestra el gráfico adjunto, marcando un máximo histórico que luego iría descendiendo drásticamente con el paso de los meses.

El gráfico de búsquedas en Google ilustra bien esta evolución: un ascenso abrupto tras el apagón y una caída progresiva posterior. No hasta el punto de volver al inicio, pero sí lo suficiente como para confirmar que el fenómeno fue, en gran medida, coyuntural. Kike Aganzo, portavoz del comparador de precios idealo.es, resume el fenómeno: “Se observa un doble comportamiento: picos muy intensos en momentos concretos, pero también un interés sostenido que indica un consumidor más planificado”.

Un nuevo nicho comercial

En su momento, la reacción fue inmediata. Según datos de Idealo, las búsquedas de productos relacionados con emergencias se dispararon en cuestión de horas: generadores eléctricos (un 639%), hornillos de camping gas (con un repunte del 547%), placas fotovoltaicas (400%), estaciones de energía portátiles (375%) y radios (205%).

A partir de entonces, comenzó a tomar forma un nuevo ecosistema comercial. Tiendas online y físicas empezaron a ofrecer kits de supervivencia ya preparados, empaquetando en una sola compra los productos recomendados por la Comisión Europea.

Al mismo tiempo, muchos consumidores optaron por crear sus propios kits comprando artículos por separado. El propio Idealo detecta que, más allá del pico inicial, el interés se ha mantenido en niveles más altos que antes del apagón: las búsquedas de linternas crecieron un 278,6% entre julio de 2025 y enero de 2026; las de hornillos, un 247,7% y las de radios, más de un 100%.

Ferreterías: entre la curiosidad y el impulso

En el comercio de proximidad, el fenómeno se percibe con matices. Varias ferreterías consultadas coinciden en que ha habido más interés, pero sin llegar a un cambio estructural. “Sí que hemos notado algo más de movimiento en ese tipo de productos, sobre todo linternas, pilas y garrafas de agua. No es una locura, pero sí más que otros años”, explican desde un establecimiento. “También hay más gente preguntando, aunque luego no siempre compran”.

Otros negocios apuntan a una estabilidad general: “No hemos visto un cambio especialmente significativo. Sí hay picos puntuales cuando aparecen noticias sobre apagones, pero la demanda se mantiene bastante estable”. En algunos casos, la percepción es más clara: “En los últimos meses, hemos vendido más radios a pilas, linternas potentes y baterías externas. Mucha gente viene preguntando directamente por ‘cosas por si pasa algo”.

Y hay quien lo resume como un comportamiento cíclico: “Cuando se habla en medios de posibles cortes de luz o crisis, se disparan las ventas durante unos días. Luego vuelve a la normalidad. Es más reactivo que constante”.

El papel del miedo en el consumo

Desde la Federación de Consumidores y Usuarios (CECU) llaman a contextualizar este fenómeno. “En contextos de incertidumbre, es habitual que surjan productos que apelan a la seguridad y al control, pero es importante evitar el alarmismo”, señalan.

La organización subraya que España cuenta con un sistema eléctrico robusto y que no existen recomendaciones oficiales que justifiquen la compra generalizada de estos kits. Por ello, recomiendan informarse a través de fuentes oficiales y evitar decisiones impulsivas. “La mejor protección del consumidor pasa por información veraz, transparencia y responsabilidad por parte de las empresas, no por alimentar narrativas de riesgo desproporcionadas”, añaden.

Un año después, el 'boom' de este tipo de kits muestra signos claros de enfriamiento. Según Idealo, el pico de búsquedas tras el apagón se replicó en otros países europeos donde opera el comparador, lo que apunta a una reacción muy vinculada al impacto concreto del corte eléctrico en la península.

Al mismo tiempo, el mercado ha evolucionado más por la tecnología que por la urgencia. “Lo que sí hemos visto es productos cada vez más preparados para funcionar sin electricidad”, explican desde Idealo, con ejemplos como radios solares con dinamo o estaciones de energía portátiles más asequibles, algunas por debajo de los 250 euros. Es decir, más que kits cerrados, lo que gana terreno son soluciones individuales adaptables a distintos usos, desde emergencias hasta el camping o las caravanas.

Los precios, además, se han mantenido relativamente estables, con variaciones leves: radios (+2,3%), hornillos (+1,9%) o incluso descensos en linternas (-7,3%), según Idealo.

Desde CECU, la organización insiste en que, en España, “no hay recomendaciones oficiales que justifiquen la compra de estos kits de forma generalizada” y ponen el foco en no convertir la prevención en un mercado basado en el miedo.

El resultado es un segmento de negocio que no ha desaparecido, pero sí ha perdido intensidad. El kit de supervivencia ha pasado de ser una compra urgente a una opción más reflexiva, en un punto intermedio entre la prevención razonable y el impulso motivado por el miedo. Queda, eso sí, una huella: más conocimiento, más oferta y una cierta conciencia de vulnerabilidad. Lo suficiente para sostener un negocio, pero no para mantener el boom.

Sufrir un caso de ciberdelincuencia no siempre representa necesariamente el final del calvario para el afectado, sino el inicio de un nuevo riesgo. En muchos casos, este suceso es solo el preámbulo de una estafa secundaria conocida técnicamente como Recovery Room o sala de recuperación. Este método delictivo se ceba con personas que ya han sufrido un quebranto económico previo, buscando explotar su desesperación por recuperar lo perdido, de ahí que la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) haya alertado del incremento de estos casos detectados recientemente en el entorno financiero. Los estafadores operan bajo una lógica perversa al convertir la vulnerabilidad emocional de la víctima en su principal herramienta de manipulación y engaño.

No se trata de un contacto fortuito, sino de un ataque dirigido que suele basarse en bases de datos obtenidas de estafas anteriores. En este escenario, la esperanza de recuperar los ahorros perdidos se transforma rápidamente en una nueva trampa económica de difícil salida. Es vital entender que esta práctica busca asestar un segundo golpe financiero a quienes ya se encuentran en una situación crítica y vulnerable.

El funcionamiento de este fraude se basa íntegramente en la falsa promesa de rescatar fondos que ya se consideraban definitivamente perdidos por el usuario. Los delincuentes aseguran poseer medios tecnológicos o legales muy avanzados para rastrear el dinero estafado en primer lugar. Según detalla el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), los atacantes suelen presentarse falsamente como expertos auditores o incluso como abogados de gran prestigio. El contacto inicial con la potencial víctima se realiza de forma proactiva mediante llamadas telefónicas, correos electrónicos o mensajes privados en redes sociales. La narrativa construida por estos grupos criminales es extremadamente convincente, utilizando un lenguaje técnico que simula una solvencia profesional totalmente inexistente. 

Al dirigirse a víctimas de fraudes previos, los estafadores suelen conocer detalles específicos sobre el engaño original que sufrió el afectado en el pasado. Esta información privilegiada les permite generar una falsa pero potente sensación de confianza y legitimidad desde el primer momento de la charla. Sin embargo, el objetivo final es siempre el mismo: solicitar el pago de cantidades adicionales bajo conceptos que son totalmente inventados.

La OCU subraya con firmeza que ninguna entidad legítima o despacho de abogados serio solicita nunca pagos por adelantado para realizar estas gestiones. Los estafadores justifican estas peticiones de dinero alegando supuestos gastos administrativos, tasas legales de última hora o impuestos de salida pendientes. También es sumamente común que mencionen comisiones bancarias internacionales o costes específicos necesarios para el desbloqueo de los fondos recuperados. Todos estos argumentos carecen de cualquier tipo de base real y forman parte del guion diseñado para extraer el máximo capital posible. 

Una vez que la víctima realiza la transferencia solicitada, los delincuentes suelen desaparecer de forma inmediata rompiendo cualquier vía de contacto. En otras ocasiones, si detectan que el afectado aún posee recursos disponibles, inventan nuevas incidencias burocráticas para seguir pidiendo más fondos. Este ciclo de extorsión económica puede prolongarse mientras la víctima mantenga la esperanza de recuperar su inversión inicial. Es fundamental desconfiar sistemáticamente de cualquier persona que prometa resultados garantizados en la recuperación de estafas digitales complejas.

Para dotar al engaño de una apariencia altamente profesional, los grupos criminales utilizan identidades suplantadas de empresas reales y organismos oficiales. El INCIBE advierte que es habitual el uso fraudulento de logotipos reales, sellos institucionales falsificados y páginas web con un diseño muy sofisticado. Estas plataformas fraudulentas a menudo incluyen testimonios de éxito e historias de recuperación que son completamente ficticias y manipuladas. Los delincuentes también pueden llegar a hacerse pasar por representantes de las fuerzas de seguridad del estado o de agencias gubernamentales. Esta táctica busca intimidar a la víctima o hacerle creer de forma errónea que el proceso cuenta con un respaldo legal oficial. 

La presión psicológica sobre el usuario se intensifica mediante el uso de plazos cortos y una falsa sensación de extrema urgencia. Se advierte al ciudadano que la celeridad demandada es solo un método para forzar decisiones impulsivas y evitar que reflexione. La verificación independiente de la existencia de estas empresas es un paso crítico que nunca debe ser omitido por el consumidor. Existen variantes de esta estafa que van mucho más allá de la simple petición de dinero. En algunos casos, los atacantes solicitan a la víctima que instale software de acceso remoto en sus dispositivos personales bajo pretextos técnicos. El INCIBE señala que esta maniobra permite a los delincuentes observar contraseñas en tiempo real y vaciar las cuentas bancarias directamente. 

También es frecuente que pidan la creación de nuevas billeteras digitales con la excusa de recibir en ellas los supuestos fondos rescatados. En realidad, los estafadores mantienen el control total sobre estas carteras y se apropian de cualquier ingreso que se realice en ellas. Este tipo de intrusión maliciosa compromete no solo las finanzas, sino también toda la seguridad digital y la privacidad del usuario afectado. Los expertos recomiendan encarecidamente no permitir nunca el acceso de terceros desconocidos a ordenadores o teléfonos móviles personales. La protección de las claves privadas y las credenciales bancarias es siempre la última línea de defensa ante estos ataques.

Cortar y bloquear, lo primero

Ante la recepción de una oferta de este tipo, las recomendaciones de los especialistas son claras, directas y eminentemente preventivas para el usuario. En primer lugar, se debe proceder a cortar cualquier tipo de comunicación de forma inmediata con el remitente de la propuesta. No se debe facilitar bajo ningún concepto documentos personales, contraseñas bancarias ni realizar pagos por supuestas tasas o comisiones de gestión. Nunca se debe confiar ciegamente en los datos de contacto o enlaces proporcionados por la misma persona que ha iniciado el contacto. Es prudente bloquear los números de teléfono, los perfiles en redes sociales y marcar los correos electrónicos sospechosos como basura. Además, si se ha llegado a instalar algún programa sugerido por los estafadores, es estrictamente necesario revisar técnicamente el dispositivo. Por último, el cambio inmediato de todas las contraseñas expuestas y la activación de la doble autenticación son ahora pasos de seguridad obligatorios.

La colaboración ciudadana y el reporte activo de estos incidentes son elementos esenciales para combatir la actual impunidad de estas redes. El INCIBE pone a disposición de todos los ciudadanos su Línea de Ayuda en Ciberseguridad gratuita a través del número marcado como 017. Este servicio ofrece una orientación especializada y confidencial para gestionar correctamente situaciones de fraude, robo de datos o extorsión. Es fundamental recopilar todas las pruebas posibles del contacto, como capturas de pantalla de chats, correos recibidos y justificantes de pago. Esta documentación será de vital importancia al presentar la denuncia formal ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Denunciar permite a las autoridades rastrear los patrones delictivos y bloquear los recursos financieros que utilizan habitualmente los estafadores.

Las víctimas de estafas digitales como el 'phishing' podrían contar pronto con una protección jurídica sin precedentes gracias a la Unión Europea. Y es que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) estudia actualmente un caso que podría obligar a los bancos a agilizar las devoluciones de dinero sustraído. Según las conclusiones del Abogado General, las entidades financieras deberían realizar reembolsos automáticos incluso ante sospechas de descuido por parte del usuario afectado. Esta postura busca equilibrar la balanza en un escenario donde los ataques de ciberdelincuentes son cada vez más sofisticados y difíciles de detectar. Si el tribunal confirma este criterio, el proceso de recuperación de fondos dejará de ser una carrera de obstáculos para los ciudadanos estafados por la ciberdelincuencia.

El cambio normativo afectaría directamente a cómo los proveedores de servicios gestionan los fraudes por enlaces falsos o suplantación de identidad. En la actualidad, el principal escollo para los usuarios es que los bancos suelen rechazar sistemáticamente el reembolso alegando una supuesta negligencia grave del cliente. Esta práctica obliga a la parte más débil del contrato a soportar el golpe económico inicial y a iniciar procesos judiciales costosos. Muchas personas terminan renunciando a su dinero debido al desgaste emocional y al tiempo que conlleva litigar contra una gran entidad financiera. Organizaciones de consumidores como la OCU denuncian que las entidades usan este argumento de forma genérica y sin aportar pruebas concretas de la falta de cuidado.

Este vacío legal permite en la actualidad que los bancos desplacen la responsabilidad al consumidor desde el primer momento de la reclamación. La futura sentencia europea pretende acabar con esta indefensión estructural permitiendo que el afectado recupere su liquidez de forma inmediata y sencilla. El Abogado General del TJUE, Athanasios Rantos, ha defendido concretamente y con claridad que el reembolso debe ser la prioridad absoluta tras una estafa. Sus conclusiones, aunque no son vinculantes para el tribunal, suelen marcar la línea que seguirá la sentencia definitiva en los próximos meses. Rantos sostiene que la normativa europea de servicios de pago exige que el banco devuelva el importe el mismo día hábil de la queja. 

Bajo esta premisa, la entidad no podría bloquear el dinero basándose únicamente en su propia sospecha subjetiva sobre el comportamiento del usuario. Se trata de un cambio de paradigma: primero se restablece el saldo de la cuenta y después se discute la culpabilidad. Esta interpretación refuerza los derechos financieros de los consumidores frente a la creciente ola de fraudes en la banca electrónica actual. El origen de esta controversia legal se encuentra en un juzgado de Polonia que elevó una cuestión prejudicial al alto tribunal comunitario. El caso involucra a una mujer que fue víctima de un engaño tras recibir un enlace falso que imitaba a su entidad bancaria. Los estafadores consiguieron sus claves de acceso y realizaron un pago no autorizado que el banco se negó a cubrir inicialmente.

La entidad argumentó que la divulgación de las credenciales, incluso bajo engaño, constituía una infracción grave de las obligaciones de seguridad. La afectada defendió ante los tribunales que solo el fraude propio o la mala fe probada deberían impedir el reintegro inmediato. Esta disputa ha servido para que el TJUE defina si la negligencia es motivo suficiente para retener fondos sustraídos fraudulentamente. La tesis defendida por el Abogado General distingue nítidamente entre la devolución inmediata y la responsabilidad final del incidente económico. El banco debe reintegrar el dinero sin dilaciones, pero esto no significa que el cliente quede exento de toda responsabilidad posterior. 

Es decir, si más adelante se demuestra que el usuario actuó con un descuido inexcusable, el banco podrá reclamar legalmente el importe devuelto. Este mecanismo evita que la simple acusación de negligencia sirva como excusa automática para que el banco no pague desde el inicio. El objetivo es que el usuario no cargue con la pérdida inicial mientras se resuelve la compleja investigación técnica del fraude. Es una estrategia de “reembolsar primero y discutir después” que garantiza la liquidez inmediata de las víctimas de estos delitos.

Futuro precedente obligatorio

Según el Derecho europeo, solo existe una excepción válida para que un banco frene el reembolso automático de una operación no autorizada. La entidad solo podría negarse si tiene motivos razonables para sospechar un fraude cometido por el propio usuario de la cuenta. En tal caso, el banco está obligado a comunicar sus sospechas por escrito al organismo supervisor nacional, como el Banco de España. Fuera de este supuesto, la sospecha de haber pinchado en un enlace malicioso no bastaría para retener el dinero. La carga de la prueba recae sobre la institución financiera, que debe demostrar ante un juez la negligencia específica del cliente. De este modo, se protege a los autónomos y consumidores de la indefensión que supone enfrentarse a algoritmos bancarios opacos.

En España, la situación es crítica debido al aumento exponencial de casos de 'phishing' que terminan en largas disputas sin resolución rápida. La OCU señala que muchas entidades rechazan los reembolsos de forma automática, obligando a los afectados a acudir al Banco de España. Sin embargo, el supervisor nacional reconoce a menudo que determinar la existencia de negligencia grave excede sus competencias administrativas. Esto deja a los ciudadanos en un callejón sin salida legal que solo se resuelve mediante demandas judiciales lentas y costosas. La futura sentencia del TJUE sentará un precedente obligatorio que todos los juzgados de la Unión Europea deberán acatar y aplicar. Los protocolos internos de las cajas y bancos españoles tendrán que ser revisados profundamente para cumplir con el nuevo marco protector.

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha alertado este lunes de la posible presencia de astillas de madera en lotes de queso rallado de las marcas Alteza, Albéniz y Froiz, a raíz de una notificación trasladada por las autoridades sanitarias de Navarra.

Los productos afectados son 'Queso rallado gouda', de la marca Alteza, con número de lote 2426026, fecha de caducidad 05.06.2026 y un peso por unidad de 200 gramos. Además, 'Queso rallado gouda', de la marca Albéniz, con número de lote 2426026, fecha de caducidad 05.06.2026 y peso por unidad de 1 kilogramo.

Junto a estos, está afectado por la alerta 'Queso rallado mozzarella y provolone', de la marca Froiz, con número de lote 2426026, fecha de caducidad 05.06.2026 y un peso por unidad de 200 gramos.

Según la información disponible, la distribución inicial ha sido a las comunidades autónomas de Andalucía, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Galicia y Navarra, aunque no se descarta que puedan existir redistribuciones a otros territorios.

La AESAN, dependiente del Ministerio de Consumo, ha recomendado a las personas que tengan en su domicilio productos afectados por esta alerta que se abstengan de consumirlos.

Esta información ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI) con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.

El Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) ha identificado una nueva y peligrosa campaña de ‘phishing’, que en este caso suplanta a Netflix, para robar datos financieros. La estafa comienza con un correo electrónico que alega un problema de pago que impide al usuario acceder a su cuenta. Según los informes oficiales del INCIBE, el asunto más común utilizado por los atacantes es “NETFLIX – Actualiza tu cuenta para volver a ver”. Esta notificación busca engañar a los suscriptores creando un falso sentido de urgencia. El instituto recalca que estos correos no son legítimos y deben ser manejados con extrema precaución por los usuarios en pro de la ciberseguridad.

La estrategia empleada por los ciberdelincuentes se centra esta vez en la presión psicológica de perder el acceso al servicio. Los usuarios reciben un mensaje indicando que no ha sido posible procesar el pago asociado a su suscripción. Para resolver este supuesto incidente, se les incita a pulsar un botón para actualizar su información personal. Este gancho resulta muy efectivo porque imita a la perfección la estética visual y el diseño de la plataforma. Tanto INCIBE como la OCU advierten que se trata de una trampa diseñada para capturar datos sensibles.

Un detalle curioso de este fraude es la inclusión de una operación matemática sencilla antes de acceder al sitio. Una vez que el usuario hace clic en el enlace, se le pide resolver una suma para continuar. Esta táctica se utiliza para generar una falsa sensación de seguridad y legitimidad en todo el proceso. Simula un sistema de verificación común en páginas oficiales, logrando que la víctima confíe plenamente en el sitio. Sin embargo, no es más que otra capa de engaño para ocultar la naturaleza maliciosa del portal. Tras la falsa verificación, la víctima es redirigida a una página que luce exactamente igual al inicio de sesión de Netflix. En este espacio, los delincuentes solicitan las credenciales de acceso, incluyendo el correo electrónico y la contraseña. Posteriormente, aparece un formulario que solicita detalles personales y la información completa de la tarjeta bancaria. Al facilitar estos datos, el usuario otorga a los atacantes acceso total a sus cuentas y finanzas. 

Para identificar este fraude, la OCU recomienda prestar especial atención a la dirección del remitente del correo. Aunque el diseño y la maquetación parezcan oficiales, el dominio del correo no se corresponde con el de Netflix. Además, se debe pasar el ratón sobre cualquier enlace para visualizar la dirección URL de destino real. Habitualmente, estas direcciones están acortadas o no tienen relación alguna con el sitio oficial del gigante del streaming. Netflix aclara en su ayuda que nunca solicita datos de pago a través de correos.

La prevención es la mejor herramienta contra estos ataques que acechan constantemente a los usuarios en el entorno digital. Es fundamental evitar ir a enlaces incluidos en correos electrónicos o mensajes de texto que resulten sospechosos. Si existe una duda real sobre el estado de un pago, se debe acudir directamente a la web oficial: acceder a través del navegador y consultar el centro de ayuda es la única vía segura de comprobación. Tanto INCIBE como OCU recalcan que nunca se deben facilitar claves personales en mensajes no solicitados.

Si un usuario ya ha facilitado sus datos bancarios, es estrictamente necesario tomar medidas de forma inmediata. El primer paso recomendado por INCIBE es ponerse en contacto con el banco para bloquear la tarjeta. Es vital reportar la situación para que la entidad pueda supervisar o anular cualquier movimiento que resulte sospechoso. Revisar los últimos cargos en la cuenta bancaria es también una prioridad para detectar extracciones no autorizadas. Actuar con rapidez puede evitar pérdidas financieras mayores y ayudar a la entidad a asegurar los fondos.

Recopilar pruebas

La protección legal es otro aspecto fundamental al enfrentarse a estos casos de suplantación de identidad digital. INCIBE sugiere recopilar todas las evidencias posibles, como capturas de pantalla y enlaces maliciosos, para realizar un informe. Esta información es clave a la hora de presentar una denuncia ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Además, es aconsejable practicar el ‘egosurfing’ para comprobar si los datos personales se han filtrado. Esto consiste en buscar el nombre de uno mismo en internet para detectar posibles usos no autorizados de la información.

Finalmente, las víctimas de fraudes cibernéticos no están solas y cuentan con recursos especializados para gestionar estos ciberdelitos de manera efectiva. La OCU ofrece su apoyo a los consumidores afectados, mientras que INCIBE dispone de un buzón de incidentes específico. Enviar el correo fraudulento a este buzón ayuda a prevenir que otras personas caigan en la misma trampa. Cambiar las contraseñas en todas las cuentas que compartan las mismas credenciales es también una medida obligatoria. La concienciación continua y la denuncia son, aseguran los expertos en ciberseguridad, las mejores defensas ante las cambiantes amenazas del ‘phishing’.

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha lanzado una alerta este miércoles por la posible presencia de fragmentos de plástico en carne de hamburguesa picada de vacuno y carne de hamburguesa picada mixta de la marca Cárnicas Gallego.

En concreto, se trata de los productos 'burger meat' picada de vacuno y 'burger meat' picada mixta (vacuno y cerdo) de la marca Cárnicas Gállego, ambos del lote 6061 y con fecha de caducidad 13/02/2026.

La información ha sido facilitada por la propia empresa, que ha comunicado la incidencia a las autoridades competentes, en cumplimiento de la legislación y a fin de no poner a disposición de la población alimentos no seguros.

Según la información disponible, la distribución inicial ha sido a las comunidades autónomas de Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Madrid y Comunidad Valenciana, si bien no es descartable que puedan existir redistribuciones a otras comunidades autónomas.

Esta información ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (Sciri) con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.

La Aesan recomienda a las personas que tengan en su domicilio estos productos afectados por esta alerta que se abstengan de consumirlos.

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha dispuesto la apertura de un periodo de información pública durante 20 días, a partir de este viernes, sobre el proyecto de decreto de las hojas de reclamaciones de las personas consumidoras en la región. Así figura en la resolución de la Secretaría General, publicada este jueves en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM).

Las principales novedades de esta norma son la posibilidad de presentar las reclamaciones mediante medios electrónicos así como el establecimiento de un criterio común de tramitación de las mismas para determinar el órgano territorialmente competente, que será el del domicilio de la persona consumidora reclamante

Este proyecto de decreto estará a disposición de las personas interesadas en el Tablón de Anuncios Electrónico de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, incluido en la dirección de la sede electrónica: https://www.jccm.es/servicios/tablon-deanuncios, para que puedan presentar las alegaciones u observaciones que estimen oportunas.

Las alegaciones se podrán presentar en cualquiera de los registros y oficinas previstos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, así como a través de la dirección de correo electrónico sgsanidad@jccm.es.

Decreto

El decreto consta de cuatro capítulos, una disposición adicional, una disposición derogatoria, dos disposiciones finales y tres anexos. El capítulo I establece las disposiciones generales; el capítulo II regula las hojas de reclamaciones y cartel anunciador; el capítulo III fija el procedimiento a seguir y el capítulo IV dispone el régimen de inspección y sancionador.

La disposición adicional hace referencia a la adaptación del modelo de hoja de reclamaciones a personas consumidoras con discapacitadad. La disposición derogatoria establece la derogación del Decreto 72/1997, de 24 de junio, y la Orden de 28 de julio de 1997, de la Consejería de Sanidad. Las dos disposiciones finales se refieren a la habilitación para el desarrollo y ejecución y la entrada en vigor.

En el texto se han tenido en cuenta el principio de seguridad jurídica, con el objetivo de lograr un texto claro, integrado con el resto de las normas que conforman el ámbito del derecho de consumo, así como el principio de transparencia para posibilitar el acceso de las potenciales personas destinatarias a los documentos propios de su proceso de elaboración, y su participación en dicho proceso.

La marca de supermercados Consum ha abierto un establecimiento de su franquicia Charter en Priego (Cuenca). Charter es una franquicia que da servicio a las pequeñas poblaciones y barrios urbanos que no disponen de población suficiente para la implantación de un gran supermercado, pero necesitan una buena instalación a su medida donde realizar sus compras diarias.

El nuevo establecimiento se encuentra en la calle Gorgonio de la Llana,22 y abre de lunes a sábado en horario de 9 a 21 horas. Cuenca con secciones de fruta y verdura, congelados, refrigerados, perfumería, bodega y droguería.

Esta franquicia es la primera de Consum en 2026 a nivel nacional. En la provincia de Cuenca, Charter ya está presente en Huete, Montalbo, Cañete, Carboneras de Guadazón y Las Valeras, entre otros.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha advertido sobre un sofisticado fraude telefónico que suplanta servicios de atención al cliente. Esta estafa, basada en el uso de números de tarificación adicional que comienzan por el prefijo 807, puede llegar a costar hasta 50 euros por cada llamada realizada por el usuario desprevenido o engañado. Según la organización, se han detectado numerosos anuncios patrocinados en motores de búsqueda diseñados específicamente para engañar a los ciudadanos que buscan ayuda técnica o administrativa oficial. La OCU advierte que esta práctica ilegal está ganando terreno y afecta a miles de personas en todo el territorio nacional de manera preocupante. Se trata de una táctica que aprovecha la vulnerabilidad de quien necesita solucionar un problema urgente con una empresa o una administración pública determinada.

El proceso del engaño comienza cuando un consumidor realiza una búsqueda en internet para encontrar, por ejemplo, el contacto de una empresa de mensajería, un servicio de grúa o una cita en el SEPE. Los estafadores compran espacios publicitarios para que sus enlaces aparezcan en las primeras posiciones de los resultados de Google, superando a menudo a las páginas oficiales de las entidades. Estos anuncios suelen mostrar números de teléfono con prefijos geográficos convencionales, como el 91 o el 93, para generar una falsa sensación de seguridad y confianza en la víctima. Al ver un número que parece local, el usuario asume erróneamente que la llamada estará incluida en su tarifa plana contratada y procede a marcarlo. De este modo, el primer contacto se establece sin que el ciudadano sospeche en absoluto que está ante una estafa.

Una vez que el usuario marca el número geográfico que aparece en el anuncio fraudulento, es atendido por un operador que solicita datos personales básicos para ganarse su confianza. Tras esta breve toma de contacto, el interlocutor redirige la llamada o indica al consumidor que debe marcar una “línea específica” o un departamento correspondiente para resolver su duda. Este nuevo número resulta ser siempre una línea 807 de tarificación especial, aunque se presente como un paso necesario para completar la gestión solicitada por el cliente. En este punto exacto comienza el verdadero perjuicio económico, ya que el usuario entra en un sistema de cobro por minuto extremadamente elevado y ajeno a su tarifa. La transición entre el número aparentemente gratuito y el de pago se realiza de forma tan sutil que el afectado apenas lo nota inicialmente.

La OCU denuncia que, una vez que el consumidor está en la línea 807, los operadores prolongan la comunicación de manera deliberada mediante diversas tácticas engañosas y malintencionadas. Estas incluyen largas esperas innecesarias, la solicitud repetitiva de información ya facilitada o el suministro de datos confusos que obligan a permanecer al teléfono mucho más tiempo. El objetivo final de los estafadores es maximizar la duración de la llamada para que la factura final ascienda lo máximo posible, llegando al límite de los 50 euros. Es un negocio basado exclusivamente en el tiempo que la víctima permanece conectada a este tipo de numeración especial sin ser plenamente consciente del gasto acumulado. Por ello, cada segundo de espera se traduce en un beneficio directo para los organizadores detrás de este lucrativo fraude telefónico.

Es fundamental recordar que la normativa vigente prohíbe taxativamente el uso de numeraciones 807 como líneas de atención al cliente, ya que estas están reservadas para servicios profesionales. Según explica la organización, estos prefijos deberían utilizarse solo para consultas jurídicas, técnicas o médicas muy específicas y nunca para dar apoyo general a usuarios de empresas. Al emplear estas líneas para la atención al ciudadano, las empresas implicadas están vulnerando de forma clara los derechos de los consumidores y las leyes de telecomunicaciones. La OCU insiste en que se trata de un fraude que utiliza vacíos en la supervisión para lucrarse a costa del bolsillo del ciudadano medio. 

Ante los hechos detectados, la OCU ha elevado una denuncia solicitando medidas urgentes y sanciones ejemplares para los infractores que operan bajo estas modalidades. La organización de consumidores pide que se bloqueen estas prácticas y se garantice la protección efectiva de los usuarios frente a este tipo de engaños masivos. Además, reivindican que cualquier servicio de tarificación adicional, incluidos los SMS premium, requiera siempre una autorización expresa y clara del consumidor antes del cobro. Sin esta autorización previa y consciente, el usuario queda totalmente expuesto a cargos automáticos que a menudo no descubre hasta que recibe su factura mensual. Esta medida de consentimiento explícito sería la barrera defensiva más eficaz para terminar con los cobros telefónicos indebidos.

Verificar antes de llamar

Otra de las grandes demandas de la organización es el impulso de una normativa que permita identificar de forma sencilla al titular empresarial de cualquier número telefónico. Esta transparencia es considerada esencial para combatir el spam y las prácticas engañosas que proliferan en la actualidad sin mecanismos de control realmente eficaces. También se solicita que se refuercen los sistemas de supervisión para impedir que las numeraciones especiales se utilicen como falsas líneas de ayuda al cliente. La OCU califica estas acciones como una forma directa de “meter la mano en el bolsillo” del consumidor mediante el engaño absoluto. La impunidad con la que operan estas redes es uno de los puntos que más preocupa a los expertos en derecho del consumo.

Para evitar caer en estas trampas, se recomienda verificar siempre el número oficial en la página web legítima de la empresa o institución antes de realizar cualquier llamada. Es vital desconfiar de los primeros resultados patrocinados que aparecen en los buscadores, incluso si muestran números geográficos aparentemente inofensivos o locales en su texto. Si se detecta que la llamada está siendo redirigida a un número que comienza por el prefijo 807, lo más prudente es colgar de inmediato para evitar cargos. En caso de haber sido ya víctima de este fraude, se aconseja revisar detalladamente la factura y presentar la correspondiente reclamación formal ante el operador. La vigilancia constante y la desconfianza ante resultados de búsqueda dudosos son actualmente las mejores herramientas de protección ciudadana según las asociaciones de consumidores.

Dos alimentos que produce Castilla-La Mancha, los huevos y el aceite de oliva están en cabeza y cola respectivamente en el precio de los alimentos a lo largo del último año. Así los huevos medianos son el alimento que más ha incrementado de precio en el último año tras dispararse de media un 38,2%, mientras que el litro de aceite de oliva es lo que más baja con una caída de media del 27,4%, según el estudio de la evolución de los precios realizado por Facua-Consumidores en Acción.

En concreto, donde más se ha encarecido los huevos entre enero de 2025 y el mismo mes de este año ha sido en Aldi, donde la docena de su marca propia ha pasado de 2,05 a 3,10 euros, lo que supone un 51,2% más.

Las cebollas, por su parte, cuestan actualmente un 15,7% más que hace un año, mientras que el encarecimiento de los limones ha sido del 14% en este mismo periodo.

También ha registrado un aumento de precio significativo el aceite de girasol, que se ha elevado un 11,1%, los champiñones laminados (7,4%), las manzanas golden (7,1%), los ajos (7,1%), las zanahorias (5,4%), las patatas (2,6%), las uvas blancas sin pepitas (1,4%), el brik de leche entera (un 1,3%) y el arroz redondo (1,1%).

De los productos analizados por Facua, el litro de aceite de oliva es el producto que más ha bajado de precio en el último año con una caída de media del 27,4%.

Por su parte, las peras conferencia acumulan una bajada del 7,7%, los macarrones un 4,2%, la malla de naranjas un 3,7%, las lentejas pardina un 3%, las lechugas iceberg un 0,8% y la harina de trigo un 0,1%.

Uvas blancas, lo que más sube en enero

Las uvas blancas, con un alza del 8,5%, los champiñones laminados y las manzanas golden son los alimentos básicos que más se han encarecido en el mes de enero,

En concreto, la bandeja de uvas blancas sin pepitas (500 gramos) ha experimentado de media un incremento de precio del 8,5%. La mayor subida se ha registrado en Carrefour, donde ha pasado de 2,09 euros en diciembre a 2,39 euros en enero, lo que supone un 14,3% más.

Por su parte, los champiñones laminados se encarecen de media un 5% en las últimas semanas, protagonizando la subida más acusada en Alcampo, con un 20,6% de incremento (de 1,65 en diciembre a 1,99 euros en enero).

Mientras que el kilo de manzanas golden es un 4,3% más caro de media que hace unas semanas. La mayor subida se ha dado en Hipercor, donde ha pasado de 2,29 euros en diciembre a 2,79 euros en enero (un 21,8% más).

El informe revela que en este periodo también ha aumentado el precio del aceite de girasol (3% de media), del aceite de oliva (2,3%), la harina de trigo (0,8%), el brik de leche entera (0,5%), la docena de huevos medianos (0,5%), las lechugas iceberg (0,2%) y las peras conferencia (0,2%).

Por otro lado, el arroz redondo y las zanahorias son los únicos alimentos de los analizados en enero que mantienen un precio idéntico al mes anterior.

Entre los alimentos que cuestan de media en enero menos que en diciembre están los limones (-0,2%), los ajos (-0,4%), las lentejas pardina (-0,5%), las cebollas (-1,0%), los macarrones (-2,8%), las mallas de patatas (-8,3%) y las naranjas (-8,4%).

Quedan pocas horas para que, sentados frente al televisor, nos comamos las doce uvas y estrenemos un nuevo año. Pocas horas para que miles de personas acudan a fiestas, celebraciones, cotillones y otras tantas citas organizadas por diferentes empresas y en las que es posible pasar muchas horas celebrando la llegada de 2026 junto a amigos y familiares. Fiestas en las que la música y los bailes irán de la mano de abrazos y brindis. Pero desde asociaciones de consumidores como la OCU advierten que no está de más tomar una serie de precauciones para no entrar con mal pie en el mes de enero y sufrir una mala experiencia a raíz de una mala o deficiente organización de la propia fiesta a la que hayamos decidido acudir. 

De hecho, la llegada de la Nochevieja supone para muchos españoles el punto álgido de las fiestas de Navidad, marcando una jornada de celebración intensa en toda la península. Según los datos obtenidos por la Organización de Consumidores y Usuarios, estas fechas se caracterizan por una proliferación de eventos masivos conocidos como macrofiestas, los cuales atraen a miles de personas que buscan despedir el año. De hecho, se calcula que aproximadamente el 30% de los ciudadanos españoles opta por celebrar el fin de año en establecimientos como pubs, discotecas o salas de fiesta. Ante este escenario de alta demanda, la OCU advierte que no todos los organizadores garantizan la calidad o las medidas de seguridad mínimas necesarias para los asistentes, lo que puede derivar en experiencias negativas.

Uno de los consejos primordiales que destaca la entidad es que, antes de adquirir cualquier entrada, verifiquemos si la empresa cuenta con la autorización municipal obligatoria para realizar el evento. Del mismo modo, resulta esencial confirmar que el evento disponga de un seguro de responsabilidad civil y, preferiblemente, coberturas específicas para el servicio de guardarropa y la presencia de seguridad privada. En cuanto al proceso de compra de las entradas, la OCU recomienda encarecidamente obtenerlas directamente de la empresa organizadora o mediante sus portales web oficiales. Es vital comprobar que la entrada, ya sea física o digital, incluya datos fiscales claros como el CIF, el domicilio social y los detalles de contacto, además de especificar qué consumiciones están incluidas en el precio.

La prevención de estafas es otro pilar fundamental en los consejos de la OCU, ya que para la entidad la mayoría de los engaños ocurren durante la transacción inicial de las entradas. Por ello, se sugiere realizar las compras en establecimientos de confianza o, si existe la posibilidad, adquirir la entrada en el mismo momento de la fiesta, de cara a evitar el riesgo de eventos inexistentes o cancelaciones inesperadas, estafas que ocurren en más de una ocasión en más de una ciudad española tras las campanadas de Año Nuevo. Al navegar por internet para buscar precisamente este tipo de planes, la OCU insta a los consumidores a cerciorarse de que el sitio web sea seguro y a leer detenidamente las condiciones generales del contrato antes de aceptar. 

Lógicamente, desde la OCU se recomienda evitar la reventa de cualquier tipo, ya que suele ser foco de fraudes. Y, para evitar males mayores, es recomendable conservar siempre un comprobante o copia de la transacción realizada tras comprar la entrada a la fiesta deseada. Una vez dentro del recinto, la seguridad personal debe ser la prioridad según las directrices de la OCU, por lo que se deben localizar de inmediato las salidas de emergencia. Es obligatorio que las vías de evacuación sean practicables y no tengan obstáculos, que formen parte del diseño del local que permita que el desalojo total se complete en menos de tres minutos para evitar grandes incidentes.

Reclamar o llamar a la policía

Las desagradables situaciones más habituales recogidas por la OCU incluyen desde la venta de entradas falsas hasta el exceso de aforo descontrolado en los locales de moda. Estos problemas no solo suponen una estafa económica para el usuario, sino que ponen en grave riesgo la integridad física de los asistentes, al no respetarse las normas de seguridad básicas. En el caso de que el organizador modifique aspectos esenciales de la celebración, como el horario, el local o los servicios ofrecidos, la OCU recuerda que se tiene el derecho a reclamar. Estas quejas pueden tramitarse ante la Dirección General de Consumo para solicitar la devolución íntegra del importe pagado si las condiciones originales no se cumplen.

Si el consumidor sospecha de una estafa directa por entradas falsificadas o nota que la densidad del público impide la movilidad segura, la OCU recomienda acudir directamente a la policía. La intervención de las autoridades es fundamental cuando se detecta una falta de licencia administrativa para la actividad o un peligro inminente por hacinamiento. Además de todo lo señalado, la OCU también pone el foco en peligros externos, como el uso de pirotecnia, que causa anualmente unos 1.700 accidentes durante estas celebraciones, recomendando mantener siempre la distancia de seguridad. Asimismo, se advierte sobre las dificultades del transporte público en Nochevieja, donde la baja frecuencia y la alta demanda pueden multiplicar las tarifas habituales de taxis y VTC.

En cualquier caso y para asegurar una resolución favorable en cualquier disputa posterior, la OCU insiste en la importancia de conservar toda la documentación, facturas y tickets del evento. Estar informado y ser un consumidor precavido, aunque sea en medio de una gran macrofiesta llena de personas felices y deseando pasarlo bien durante unas horas, permite precisamente disfrutar de la primera noche del año minimizando los riesgos de fraude, inseguridad o desalojos administrativos.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) en Castilla-La Mancha ha recordado la necesidad de extremar la precaución en el uso de artefactos pirotécnicos durante las celebraciones navideñas y de fin de año, ya que su utilización inadecuada, advierte, puede provocar accidentes, quemaduras, lesiones auditivas e incluso incendios.

La organización subraya la importancia de respetar la normativa vigente en cada municipio de la región, dado que son los ayuntamientos los que regulan el uso de petardos, cohetes, tracas y otros elementos similares en la vía pública.

En muchos casos, estas ordenanzas municipales limitan o prohíben su utilización, permitiéndola únicamente en fechas concretas y dentro de determinadas franjas horarias, con el objetivo de garantizar la seguridad ciudadana, el descanso vecinal y la protección de colectivos especialmente sensibles al ruido.

OCU insiste en que el uso de petardos, cohetes y fuegos artificiales “entraña riesgos importantes, especialmente cuando se manipulan sin las debidas precauciones o se utilizan en espacios inadecuados”.

De hecho, en España se registra un accidente relacionado con estos productos por cada 10.000 habitantes, una cifra que pone de manifiesto que no se trata de sucesos aislados. Muchos de estos accidentes afectan a menores y provocan lesiones que podrían evitarse con un uso responsable, el cumplimiento de las normas de seguridad y la supervisión de adultos.

No todos los artificios pirotécnicos son iguales. La directiva europea establece una serie de clasificaciones y criterios de seguridad que deben respetarse siempre:

Consejos para divertirse sin sustos

La Guardia Civil de Ciudad Real ha inmovilizado en un comercio mayorista de la provincia una partida de 5.496 envases de refresco preparados para ser distribuidos, por incumplir la normativa general en materia de etiquetado de productos alimenticios.

Con motivo de los diferentes operativos encaminados al control fiscal y aduanero en la provincia de Ciudad Real, efectivos de la Guardia Civil del Destacamento de Fiscal y de Fronteras realizaron varias inspecciones administrativas en comercios mayoristas de la provincia, dedicados a la distribución de bebidas, descubriendo en uno de ellos que se estaban comercializando refrescos de una conocida marca internacional, sin estar etiquetados en la lengua oficial, contraviniendo lo estipulado en la Norma General sobre etiquetado y la defensa de los consumidores.

Tras realizar un recuento, fueron inmovilizados 5490 envases de refrescos que provenían de Alemania que han quedado depositadas en las instalaciones del distribuidor a disposición de la Delegación Provincial de la Consejería de Sanidad de Ciudad Real. En principio los refrescos inmovilizados no comportan riesgo o efectos nocivos para la salud, pero dicha medida se tomó por precaución ya que un etiquetaje claro y correcto ofrece las garantías necesarias a los consumidores.

Además, se ha comprobado que la introducción de estos refrescos lleva aparejados unos costes de distribución inferiores a los precios de compraventa a través de distribuidores oficiales del producto intervenido, por lo que se podría también incurrir en alguna otra infracción de carácter tributaria, por posible introducción paralela de productos.

Los agentes han conseguido localizar a una de las empresas que introduce y distribuye estas bebidas a empresas distribuidoras de la provincia, aunque continúan con la investación al objeto de poder localizar a otras de estas empresas introductoras.

La Unión de Consumidores de Cantabria-UCC estudiará las ordenanzas municipales de aplicación en la comunidad sobre el conocido como 'tasazo de basuras', que se implantará en 2026, en la defensa de una aplicación “justa para los usuarios, consumidores, y sobre todo, los vecinos de Cantabria”.

La UCC lo ha anunciado este miércoles en un comunicado, en el que ha expresado “disconformidad” con su aplicación ante la falta de criterios unificados entre los distintos ayuntamientos encargados de implementarla y la consiguiente desigualdad territorial que ello supone.

El 'tasazo' se basa en una normativa, la Ley 7/2022, de residuos y suelos contaminados, en trasposición de una Directiva europea, que postula que el coste total del servicio de recogida, transporte y tratamiento de residuos sea cubierto por los usuarios bajo el principio de “quien contamina paga”.

En opinión de la Unión de Consumidores, la ley “es clara” por lo que “no resulta de recibo que se vincule la tasa (o precio público) al consumo de agua o al número de personas empadronadas en un domicilio”.

En este sentido, ha defendido que “no deja de ser una suposición” que el consumo de agua vaya ligado a una mayor carga contaminante necesariamente. “Y no deja de resultar un absurdo que se penalice a una unidad familiar por el hecho de que un mayor número de empadronados en un domicilio hagan más uso del agua que otro domicilio donde no hay tantos habitantes”.

Tampoco a su juicio parece técnica ni jurídicamente correcto establecer una tasa o un precio público “en función de suposiciones que no se corresponden con el objeto de la normativa que se pretende cumplir. Pues esto no supone nada más que incumplir la norma en sí, vía ordenanza municipal”.

Igualmente no resulta comprensible para la UCC “que no se tenga en cuenta el principio constitucional de progresividad que debe regir la exacción de cualquier tributo en nuestro país”.

En este sentido las medidas de bonificación a colectivos vulnerables “no dejan de ser parches o bufandas para acallar las críticas de los ciudadanos a una medida injusta y poco o nada acorde al sentido de la ley a la que se pretende ajustar. Mera caridad”, ha considerado.

“Pero sobre la mera caridad no puede constituirse un sistema tributario constitucionalmente adecuado que constantemente califica a los usuarios como menesterosos que deben justificar su propia vulnerabilidad para no verse castigados por la aplicación de una normativa injusta. Tal vez si la normativa fuera justa, no haría falta caridad”, ha abundado.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha denunciado ante las autoridades de consumo de distintas comunidades autónomas a ocho festivales de música al aire libre por presuntas malas prácticas, que podrían haber afectado a más de 400.000 personas. Se trata, según informa la OCU este miércoles, de los siguientes: el Degusta Fest (Granada), Icónica Fest (Sevilla), Bella Festival (Marbella), el Boombastic Costa del Sol (Málaga), el FIB (Benicàssim), Movida Sound (Barbate), Dreambeach (Almería) y el Reggaetón Millennial Fest (Alicante).

Entre estas supuestas malas prácticas realizadas por la mayoría de esos festivales estaría el cobrar una comisión de entre dos y tres euros para poder recuperar el saldo que queda a los asistentes en la denominada pulsera o tarjeta 'cashless'. Este sistema 'casheless' es un método de pago que reemplaza al efectivo por medios electrónicos, como tarjetas o pulseras, con tecnología, que se utilizan para cargarlas de dinero y realizar compras dentro del recinto.

Otra supuesta mala práctica sería cobrar un recargo por salir y volver a entrar al festival, algo, según la OCU, bastante común, que no responde a ningún servicio adicional, porque, argumenta, “el control de aforo es inherente a la organización del evento”. Puede tener además un coste de hasta 35 euros, tal y como asegura la OCU, que piensa que esto podría considerarse una retención ilegal.

Exigen la devolución de entrada por cambio de cartel

Además, consideran abusivo que no se contemple la devolución de la entrada por causas climatológicas o por el cambio del cartel, cuando en un festival los artistas que intervienen “son el elemento esencial para que los usuarios decidan comprar la entrada y asistir”. Otra situación, que este año admiten que se realiza con menos frecuencia, es la prohibición de entrar con alimentos y bebidas, que aunque se contempla en la normativa de varias autonomías, la OCU la considera abusiva, porque la actividad principal del festival es artística y musical, no alimentaria.

Todo ello obliga, a su juicio, a que el Ministerio de Consumo desarrolle una normativa homogénea sobre los derechos básicos de los asistentes que establezca además compensaciones automáticas en caso de malas prácticas. Hasta que llegue, la OCU anima a los afectados a que soliciten la hoja de reclamaciones para denunciar estas prácticas y si el establecimiento no dispusiera de ella, llamar a la policía local para que se persone.

Algunas de estas acciones, como la suspensión de un festival o los cambios de última hora en el cartel de grupos podrían implicar, además del reembolso del dinero, una reclamación por daños y perjuicios derivados de los gastos asociados que hubiera supuesto el traslado del consumidor, como por ejemplo el transporte o el alojamiento.

El apagón eléctrico del 28 de abril de 2025 ha dejado una importante huella en millones de hogares y empresas en todo el territorio español. El corte de suministro, que afectó a varios sectores, ha generado inquietud entre los consumidores, que se preguntan sobre sus derechos y qué pasos deben seguir para reclamar por los daños sufridos.

En medio de la confusión, las organizaciones de consumidores como FACUA y OCU han dado algunas pautas sobre cómo proceder ante este tipo de incidentes, recordando que las circunstancias excepcionales dificultan la posibilidad de obtener compensaciones inmediatas. A pesar de ello, los afectados tienen opciones y deben estar informados sobre cómo presentar reclamaciones de manera efectiva.

Uno de los principales perjuicios ha sido la pérdida de alimentos debido a la interrupción de la cadena de frío, pero también se han registrado daños en electrodomésticos y alteraciones en los planes de transporte.

Ante esta situación, el portavoz de la OCU (Unión de Consumidores), Enrique García, destacó en una entrevista en Radio 5 (RNE) que las empresas no estarían obligadas a indemnizar a los usuarios en casos de apagones de este tipo, ya que la interrupción del servicio se considera fuera de su control.

Sin embargo, las organizaciones siguen recomendando a los consumidores que guarden las pruebas que puedan demostrar los perjuicios sufridos, ya que estas pruebas serán fundamentales si se decide presentar una reclamación formal ante las autoridades competentes.

¿Qué pasos seguir para reclamar los daños?

Los consumidores afectados por el apagón deben seguir ciertos pasos fundamentales para presentar una reclamación ante las empresas responsables o, en su caso, ante los tribunales de consumo. Las organizaciones de consumidores insisten en que lo primero que debe hacer cualquier afectado es recopilar todas las pruebas posibles que puedan demostrar los daños sufridos.

“Es esencial que los consumidores guarden los recibos de productos dañados, como alimentos y electrodomésticos, y que documenten las circunstancias en las que ocurrió el apagón”, señala Enrique García, portavoz de la OCU.

El proceso comienza con la recopilación de pruebas documentales, como facturas, informes técnicos de los electrodomésticos dañados, fotografías de los daños y cualquier otro tipo de documentación que pueda demostrar el perjuicio sufrido.

Estas pruebas no solo son cruciales para sustentar una posible reclamación, sino que también son necesarias si el consumidor decide acudir a la vía judicial en caso de que no reciba una compensación por parte de las empresas correspondientes. Las organizaciones como FACUA y OCU han resaltado que la falta de pruebas podría dificultar enormemente la posibilidad de obtener una respuesta favorable.

Si los daños están relacionados con productos o servicios adicionales, como los daños en electrodomésticos o la pérdida de alimentos, los consumidores también pueden presentar reclamaciones ante las aseguradoras si tienen una póliza que cubra este tipo de incidentes. En general, las empresas tienen un plazo para responder a las reclamaciones, por lo que es importante presentar las solicitudes lo antes posible.

¿Es posible obtener compensación por los daños sufridos?

Una de las principales preocupaciones de los afectados por el apagón es si las empresas de servicios están obligadas a indemnizar por los daños sufridos. Según las declaraciones de Enrique García, “la empresa no está obligada a indemnizar por un apagón, ya que este tipo de situaciones se consideran excepcionales”. Esto significa que, en principio, los consumidores no tienen derecho a recibir compensación por los daños causados por un evento que no está dentro del control de las compañías de servicios.

Sin embargo, subrayan que los usuarios no deben desistir de presentar sus reclamaciones, incluso si las probabilidades de obtener una indemnización son reducidas. Las reclamaciones deben basarse en las pruebas recopiladas, y en el caso de que la empresa responsable no responda adecuadamente.

En cuanto a los daños derivados de fluctuaciones de tensión, como los daños en electrodomésticos, las compañías podrían asumir una compensación si se demuestra que estas fluctuaciones fueron causadas por un fallo en el sistema eléctrico.

Las aseguradoras también juegan un papel importante en este tipo de situaciones, ya que muchos seguros de hogar incluyen coberturas por daños derivados de cortes de electricidad. FACUA aconseja a los consumidores que revisen sus pólizas para determinar si están cubiertos por estos daños.

La situación del transporte: ¿se puede reclamar?

El apagón también afectó a los medios de transporte, como los vuelos, trenes y otros servicios de transporte, que se vieron interrumpidos por la falta de electricidad. En este sentido, las organizaciones de consumidores han aclarado que las empresas de transporte no están obligadas a indemnizar a los pasajeros afectados por los retrasos y cancelaciones causadas por el apagón. Según la OCU, “la empresa transportista no está obligada a buscar alojamiento o compensación, aunque podría hacerlo si la situación lo exige”.

Aunque las compañías de transporte no son responsables por los daños causados directamente por el apagón, los consumidores aún pueden presentar reclamaciones por los inconvenientes sufridos si el apagón alteró significativamente sus planes de viaje. Sin embargo, las asociaciones de consumidores aclaran que esto dependerá de las políticas de cada empresa.

Las reclamaciones podrían incluir la solicitud de un reembolso parcial por los billetes no utilizados o el alojamiento adicional necesario debido a la cancelación de viajes, aunque no existen garantías de que estas reclamaciones sean atendidas favorablemente.

Las recomendaciones de FACUA y OCU son las siguientes: los consumidores afectados por alteraciones en el transporte deben guardar todos los documentos relacionados con sus viajes, como billetes, recibos de alojamiento y cualquier otro gasto derivado del apagón, para poder presentar una reclamación formal si lo desean.