Las víctimas de estafas digitales como el 'phishing' podrían contar pronto con una protección jurídica sin precedentes gracias a la Unión Europea. Y es que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) estudia actualmente un caso que podría obligar a los bancos a agilizar las devoluciones de dinero sustraído. Según las conclusiones del Abogado General, las entidades financieras deberían realizar reembolsos automáticos incluso ante sospechas de descuido por parte del usuario afectado. Esta postura busca equilibrar la balanza en un escenario donde los ataques de ciberdelincuentes son cada vez más sofisticados y difíciles de detectar. Si el tribunal confirma este criterio, el proceso de recuperación de fondos dejará de ser una carrera de obstáculos para los ciudadanos estafados por la ciberdelincuencia.

El cambio normativo afectaría directamente a cómo los proveedores de servicios gestionan los fraudes por enlaces falsos o suplantación de identidad. En la actualidad, el principal escollo para los usuarios es que los bancos suelen rechazar sistemáticamente el reembolso alegando una supuesta negligencia grave del cliente. Esta práctica obliga a la parte más débil del contrato a soportar el golpe económico inicial y a iniciar procesos judiciales costosos. Muchas personas terminan renunciando a su dinero debido al desgaste emocional y al tiempo que conlleva litigar contra una gran entidad financiera. Organizaciones de consumidores como la OCU denuncian que las entidades usan este argumento de forma genérica y sin aportar pruebas concretas de la falta de cuidado.

Este vacío legal permite en la actualidad que los bancos desplacen la responsabilidad al consumidor desde el primer momento de la reclamación. La futura sentencia europea pretende acabar con esta indefensión estructural permitiendo que el afectado recupere su liquidez de forma inmediata y sencilla. El Abogado General del TJUE, Athanasios Rantos, ha defendido concretamente y con claridad que el reembolso debe ser la prioridad absoluta tras una estafa. Sus conclusiones, aunque no son vinculantes para el tribunal, suelen marcar la línea que seguirá la sentencia definitiva en los próximos meses. Rantos sostiene que la normativa europea de servicios de pago exige que el banco devuelva el importe el mismo día hábil de la queja. 

Bajo esta premisa, la entidad no podría bloquear el dinero basándose únicamente en su propia sospecha subjetiva sobre el comportamiento del usuario. Se trata de un cambio de paradigma: primero se restablece el saldo de la cuenta y después se discute la culpabilidad. Esta interpretación refuerza los derechos financieros de los consumidores frente a la creciente ola de fraudes en la banca electrónica actual. El origen de esta controversia legal se encuentra en un juzgado de Polonia que elevó una cuestión prejudicial al alto tribunal comunitario. El caso involucra a una mujer que fue víctima de un engaño tras recibir un enlace falso que imitaba a su entidad bancaria. Los estafadores consiguieron sus claves de acceso y realizaron un pago no autorizado que el banco se negó a cubrir inicialmente.

La entidad argumentó que la divulgación de las credenciales, incluso bajo engaño, constituía una infracción grave de las obligaciones de seguridad. La afectada defendió ante los tribunales que solo el fraude propio o la mala fe probada deberían impedir el reintegro inmediato. Esta disputa ha servido para que el TJUE defina si la negligencia es motivo suficiente para retener fondos sustraídos fraudulentamente. La tesis defendida por el Abogado General distingue nítidamente entre la devolución inmediata y la responsabilidad final del incidente económico. El banco debe reintegrar el dinero sin dilaciones, pero esto no significa que el cliente quede exento de toda responsabilidad posterior. 

Es decir, si más adelante se demuestra que el usuario actuó con un descuido inexcusable, el banco podrá reclamar legalmente el importe devuelto. Este mecanismo evita que la simple acusación de negligencia sirva como excusa automática para que el banco no pague desde el inicio. El objetivo es que el usuario no cargue con la pérdida inicial mientras se resuelve la compleja investigación técnica del fraude. Es una estrategia de “reembolsar primero y discutir después” que garantiza la liquidez inmediata de las víctimas de estos delitos.

Futuro precedente obligatorio

Según el Derecho europeo, solo existe una excepción válida para que un banco frene el reembolso automático de una operación no autorizada. La entidad solo podría negarse si tiene motivos razonables para sospechar un fraude cometido por el propio usuario de la cuenta. En tal caso, el banco está obligado a comunicar sus sospechas por escrito al organismo supervisor nacional, como el Banco de España. Fuera de este supuesto, la sospecha de haber pinchado en un enlace malicioso no bastaría para retener el dinero. La carga de la prueba recae sobre la institución financiera, que debe demostrar ante un juez la negligencia específica del cliente. De este modo, se protege a los autónomos y consumidores de la indefensión que supone enfrentarse a algoritmos bancarios opacos.

En España, la situación es crítica debido al aumento exponencial de casos de 'phishing' que terminan en largas disputas sin resolución rápida. La OCU señala que muchas entidades rechazan los reembolsos de forma automática, obligando a los afectados a acudir al Banco de España. Sin embargo, el supervisor nacional reconoce a menudo que determinar la existencia de negligencia grave excede sus competencias administrativas. Esto deja a los ciudadanos en un callejón sin salida legal que solo se resuelve mediante demandas judiciales lentas y costosas. La futura sentencia del TJUE sentará un precedente obligatorio que todos los juzgados de la Unión Europea deberán acatar y aplicar. Los protocolos internos de las cajas y bancos españoles tendrán que ser revisados profundamente para cumplir con el nuevo marco protector.

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha alertado este lunes de la posible presencia de astillas de madera en lotes de queso rallado de las marcas Alteza, Albéniz y Froiz, a raíz de una notificación trasladada por las autoridades sanitarias de Navarra.

Los productos afectados son 'Queso rallado gouda', de la marca Alteza, con número de lote 2426026, fecha de caducidad 05.06.2026 y un peso por unidad de 200 gramos. Además, 'Queso rallado gouda', de la marca Albéniz, con número de lote 2426026, fecha de caducidad 05.06.2026 y peso por unidad de 1 kilogramo.

Junto a estos, está afectado por la alerta 'Queso rallado mozzarella y provolone', de la marca Froiz, con número de lote 2426026, fecha de caducidad 05.06.2026 y un peso por unidad de 200 gramos.

Según la información disponible, la distribución inicial ha sido a las comunidades autónomas de Andalucía, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Galicia y Navarra, aunque no se descarta que puedan existir redistribuciones a otros territorios.

La AESAN, dependiente del Ministerio de Consumo, ha recomendado a las personas que tengan en su domicilio productos afectados por esta alerta que se abstengan de consumirlos.

Esta información ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI) con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.

El Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) ha identificado una nueva y peligrosa campaña de ‘phishing’, que en este caso suplanta a Netflix, para robar datos financieros. La estafa comienza con un correo electrónico que alega un problema de pago que impide al usuario acceder a su cuenta. Según los informes oficiales del INCIBE, el asunto más común utilizado por los atacantes es “NETFLIX – Actualiza tu cuenta para volver a ver”. Esta notificación busca engañar a los suscriptores creando un falso sentido de urgencia. El instituto recalca que estos correos no son legítimos y deben ser manejados con extrema precaución por los usuarios en pro de la ciberseguridad.

La estrategia empleada por los ciberdelincuentes se centra esta vez en la presión psicológica de perder el acceso al servicio. Los usuarios reciben un mensaje indicando que no ha sido posible procesar el pago asociado a su suscripción. Para resolver este supuesto incidente, se les incita a pulsar un botón para actualizar su información personal. Este gancho resulta muy efectivo porque imita a la perfección la estética visual y el diseño de la plataforma. Tanto INCIBE como la OCU advierten que se trata de una trampa diseñada para capturar datos sensibles.

Un detalle curioso de este fraude es la inclusión de una operación matemática sencilla antes de acceder al sitio. Una vez que el usuario hace clic en el enlace, se le pide resolver una suma para continuar. Esta táctica se utiliza para generar una falsa sensación de seguridad y legitimidad en todo el proceso. Simula un sistema de verificación común en páginas oficiales, logrando que la víctima confíe plenamente en el sitio. Sin embargo, no es más que otra capa de engaño para ocultar la naturaleza maliciosa del portal. Tras la falsa verificación, la víctima es redirigida a una página que luce exactamente igual al inicio de sesión de Netflix. En este espacio, los delincuentes solicitan las credenciales de acceso, incluyendo el correo electrónico y la contraseña. Posteriormente, aparece un formulario que solicita detalles personales y la información completa de la tarjeta bancaria. Al facilitar estos datos, el usuario otorga a los atacantes acceso total a sus cuentas y finanzas. 

Para identificar este fraude, la OCU recomienda prestar especial atención a la dirección del remitente del correo. Aunque el diseño y la maquetación parezcan oficiales, el dominio del correo no se corresponde con el de Netflix. Además, se debe pasar el ratón sobre cualquier enlace para visualizar la dirección URL de destino real. Habitualmente, estas direcciones están acortadas o no tienen relación alguna con el sitio oficial del gigante del streaming. Netflix aclara en su ayuda que nunca solicita datos de pago a través de correos.

La prevención es la mejor herramienta contra estos ataques que acechan constantemente a los usuarios en el entorno digital. Es fundamental evitar ir a enlaces incluidos en correos electrónicos o mensajes de texto que resulten sospechosos. Si existe una duda real sobre el estado de un pago, se debe acudir directamente a la web oficial: acceder a través del navegador y consultar el centro de ayuda es la única vía segura de comprobación. Tanto INCIBE como OCU recalcan que nunca se deben facilitar claves personales en mensajes no solicitados.

Si un usuario ya ha facilitado sus datos bancarios, es estrictamente necesario tomar medidas de forma inmediata. El primer paso recomendado por INCIBE es ponerse en contacto con el banco para bloquear la tarjeta. Es vital reportar la situación para que la entidad pueda supervisar o anular cualquier movimiento que resulte sospechoso. Revisar los últimos cargos en la cuenta bancaria es también una prioridad para detectar extracciones no autorizadas. Actuar con rapidez puede evitar pérdidas financieras mayores y ayudar a la entidad a asegurar los fondos.

Recopilar pruebas

La protección legal es otro aspecto fundamental al enfrentarse a estos casos de suplantación de identidad digital. INCIBE sugiere recopilar todas las evidencias posibles, como capturas de pantalla y enlaces maliciosos, para realizar un informe. Esta información es clave a la hora de presentar una denuncia ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Además, es aconsejable practicar el ‘egosurfing’ para comprobar si los datos personales se han filtrado. Esto consiste en buscar el nombre de uno mismo en internet para detectar posibles usos no autorizados de la información.

Finalmente, las víctimas de fraudes cibernéticos no están solas y cuentan con recursos especializados para gestionar estos ciberdelitos de manera efectiva. La OCU ofrece su apoyo a los consumidores afectados, mientras que INCIBE dispone de un buzón de incidentes específico. Enviar el correo fraudulento a este buzón ayuda a prevenir que otras personas caigan en la misma trampa. Cambiar las contraseñas en todas las cuentas que compartan las mismas credenciales es también una medida obligatoria. La concienciación continua y la denuncia son, aseguran los expertos en ciberseguridad, las mejores defensas ante las cambiantes amenazas del ‘phishing’.

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha lanzado una alerta este miércoles por la posible presencia de fragmentos de plástico en carne de hamburguesa picada de vacuno y carne de hamburguesa picada mixta de la marca Cárnicas Gallego.

En concreto, se trata de los productos 'burger meat' picada de vacuno y 'burger meat' picada mixta (vacuno y cerdo) de la marca Cárnicas Gállego, ambos del lote 6061 y con fecha de caducidad 13/02/2026.

La información ha sido facilitada por la propia empresa, que ha comunicado la incidencia a las autoridades competentes, en cumplimiento de la legislación y a fin de no poner a disposición de la población alimentos no seguros.

Según la información disponible, la distribución inicial ha sido a las comunidades autónomas de Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Madrid y Comunidad Valenciana, si bien no es descartable que puedan existir redistribuciones a otras comunidades autónomas.

Esta información ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (Sciri) con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.

La Aesan recomienda a las personas que tengan en su domicilio estos productos afectados por esta alerta que se abstengan de consumirlos.

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha dispuesto la apertura de un periodo de información pública durante 20 días, a partir de este viernes, sobre el proyecto de decreto de las hojas de reclamaciones de las personas consumidoras en la región. Así figura en la resolución de la Secretaría General, publicada este jueves en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM).

Las principales novedades de esta norma son la posibilidad de presentar las reclamaciones mediante medios electrónicos así como el establecimiento de un criterio común de tramitación de las mismas para determinar el órgano territorialmente competente, que será el del domicilio de la persona consumidora reclamante

Este proyecto de decreto estará a disposición de las personas interesadas en el Tablón de Anuncios Electrónico de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, incluido en la dirección de la sede electrónica: https://www.jccm.es/servicios/tablon-deanuncios, para que puedan presentar las alegaciones u observaciones que estimen oportunas.

Las alegaciones se podrán presentar en cualquiera de los registros y oficinas previstos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, así como a través de la dirección de correo electrónico sgsanidad@jccm.es.

Decreto

El decreto consta de cuatro capítulos, una disposición adicional, una disposición derogatoria, dos disposiciones finales y tres anexos. El capítulo I establece las disposiciones generales; el capítulo II regula las hojas de reclamaciones y cartel anunciador; el capítulo III fija el procedimiento a seguir y el capítulo IV dispone el régimen de inspección y sancionador.

La disposición adicional hace referencia a la adaptación del modelo de hoja de reclamaciones a personas consumidoras con discapacitadad. La disposición derogatoria establece la derogación del Decreto 72/1997, de 24 de junio, y la Orden de 28 de julio de 1997, de la Consejería de Sanidad. Las dos disposiciones finales se refieren a la habilitación para el desarrollo y ejecución y la entrada en vigor.

En el texto se han tenido en cuenta el principio de seguridad jurídica, con el objetivo de lograr un texto claro, integrado con el resto de las normas que conforman el ámbito del derecho de consumo, así como el principio de transparencia para posibilitar el acceso de las potenciales personas destinatarias a los documentos propios de su proceso de elaboración, y su participación en dicho proceso.

La marca de supermercados Consum ha abierto un establecimiento de su franquicia Charter en Priego (Cuenca). Charter es una franquicia que da servicio a las pequeñas poblaciones y barrios urbanos que no disponen de población suficiente para la implantación de un gran supermercado, pero necesitan una buena instalación a su medida donde realizar sus compras diarias.

El nuevo establecimiento se encuentra en la calle Gorgonio de la Llana,22 y abre de lunes a sábado en horario de 9 a 21 horas. Cuenca con secciones de fruta y verdura, congelados, refrigerados, perfumería, bodega y droguería.

Esta franquicia es la primera de Consum en 2026 a nivel nacional. En la provincia de Cuenca, Charter ya está presente en Huete, Montalbo, Cañete, Carboneras de Guadazón y Las Valeras, entre otros.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha advertido sobre un sofisticado fraude telefónico que suplanta servicios de atención al cliente. Esta estafa, basada en el uso de números de tarificación adicional que comienzan por el prefijo 807, puede llegar a costar hasta 50 euros por cada llamada realizada por el usuario desprevenido o engañado. Según la organización, se han detectado numerosos anuncios patrocinados en motores de búsqueda diseñados específicamente para engañar a los ciudadanos que buscan ayuda técnica o administrativa oficial. La OCU advierte que esta práctica ilegal está ganando terreno y afecta a miles de personas en todo el territorio nacional de manera preocupante. Se trata de una táctica que aprovecha la vulnerabilidad de quien necesita solucionar un problema urgente con una empresa o una administración pública determinada.

El proceso del engaño comienza cuando un consumidor realiza una búsqueda en internet para encontrar, por ejemplo, el contacto de una empresa de mensajería, un servicio de grúa o una cita en el SEPE. Los estafadores compran espacios publicitarios para que sus enlaces aparezcan en las primeras posiciones de los resultados de Google, superando a menudo a las páginas oficiales de las entidades. Estos anuncios suelen mostrar números de teléfono con prefijos geográficos convencionales, como el 91 o el 93, para generar una falsa sensación de seguridad y confianza en la víctima. Al ver un número que parece local, el usuario asume erróneamente que la llamada estará incluida en su tarifa plana contratada y procede a marcarlo. De este modo, el primer contacto se establece sin que el ciudadano sospeche en absoluto que está ante una estafa.

Una vez que el usuario marca el número geográfico que aparece en el anuncio fraudulento, es atendido por un operador que solicita datos personales básicos para ganarse su confianza. Tras esta breve toma de contacto, el interlocutor redirige la llamada o indica al consumidor que debe marcar una “línea específica” o un departamento correspondiente para resolver su duda. Este nuevo número resulta ser siempre una línea 807 de tarificación especial, aunque se presente como un paso necesario para completar la gestión solicitada por el cliente. En este punto exacto comienza el verdadero perjuicio económico, ya que el usuario entra en un sistema de cobro por minuto extremadamente elevado y ajeno a su tarifa. La transición entre el número aparentemente gratuito y el de pago se realiza de forma tan sutil que el afectado apenas lo nota inicialmente.

La OCU denuncia que, una vez que el consumidor está en la línea 807, los operadores prolongan la comunicación de manera deliberada mediante diversas tácticas engañosas y malintencionadas. Estas incluyen largas esperas innecesarias, la solicitud repetitiva de información ya facilitada o el suministro de datos confusos que obligan a permanecer al teléfono mucho más tiempo. El objetivo final de los estafadores es maximizar la duración de la llamada para que la factura final ascienda lo máximo posible, llegando al límite de los 50 euros. Es un negocio basado exclusivamente en el tiempo que la víctima permanece conectada a este tipo de numeración especial sin ser plenamente consciente del gasto acumulado. Por ello, cada segundo de espera se traduce en un beneficio directo para los organizadores detrás de este lucrativo fraude telefónico.

Es fundamental recordar que la normativa vigente prohíbe taxativamente el uso de numeraciones 807 como líneas de atención al cliente, ya que estas están reservadas para servicios profesionales. Según explica la organización, estos prefijos deberían utilizarse solo para consultas jurídicas, técnicas o médicas muy específicas y nunca para dar apoyo general a usuarios de empresas. Al emplear estas líneas para la atención al ciudadano, las empresas implicadas están vulnerando de forma clara los derechos de los consumidores y las leyes de telecomunicaciones. La OCU insiste en que se trata de un fraude que utiliza vacíos en la supervisión para lucrarse a costa del bolsillo del ciudadano medio. 

Ante los hechos detectados, la OCU ha elevado una denuncia solicitando medidas urgentes y sanciones ejemplares para los infractores que operan bajo estas modalidades. La organización de consumidores pide que se bloqueen estas prácticas y se garantice la protección efectiva de los usuarios frente a este tipo de engaños masivos. Además, reivindican que cualquier servicio de tarificación adicional, incluidos los SMS premium, requiera siempre una autorización expresa y clara del consumidor antes del cobro. Sin esta autorización previa y consciente, el usuario queda totalmente expuesto a cargos automáticos que a menudo no descubre hasta que recibe su factura mensual. Esta medida de consentimiento explícito sería la barrera defensiva más eficaz para terminar con los cobros telefónicos indebidos.

Verificar antes de llamar

Otra de las grandes demandas de la organización es el impulso de una normativa que permita identificar de forma sencilla al titular empresarial de cualquier número telefónico. Esta transparencia es considerada esencial para combatir el spam y las prácticas engañosas que proliferan en la actualidad sin mecanismos de control realmente eficaces. También se solicita que se refuercen los sistemas de supervisión para impedir que las numeraciones especiales se utilicen como falsas líneas de ayuda al cliente. La OCU califica estas acciones como una forma directa de “meter la mano en el bolsillo” del consumidor mediante el engaño absoluto. La impunidad con la que operan estas redes es uno de los puntos que más preocupa a los expertos en derecho del consumo.

Para evitar caer en estas trampas, se recomienda verificar siempre el número oficial en la página web legítima de la empresa o institución antes de realizar cualquier llamada. Es vital desconfiar de los primeros resultados patrocinados que aparecen en los buscadores, incluso si muestran números geográficos aparentemente inofensivos o locales en su texto. Si se detecta que la llamada está siendo redirigida a un número que comienza por el prefijo 807, lo más prudente es colgar de inmediato para evitar cargos. En caso de haber sido ya víctima de este fraude, se aconseja revisar detalladamente la factura y presentar la correspondiente reclamación formal ante el operador. La vigilancia constante y la desconfianza ante resultados de búsqueda dudosos son actualmente las mejores herramientas de protección ciudadana según las asociaciones de consumidores.

Dos alimentos que produce Castilla-La Mancha, los huevos y el aceite de oliva están en cabeza y cola respectivamente en el precio de los alimentos a lo largo del último año. Así los huevos medianos son el alimento que más ha incrementado de precio en el último año tras dispararse de media un 38,2%, mientras que el litro de aceite de oliva es lo que más baja con una caída de media del 27,4%, según el estudio de la evolución de los precios realizado por Facua-Consumidores en Acción.

En concreto, donde más se ha encarecido los huevos entre enero de 2025 y el mismo mes de este año ha sido en Aldi, donde la docena de su marca propia ha pasado de 2,05 a 3,10 euros, lo que supone un 51,2% más.

Las cebollas, por su parte, cuestan actualmente un 15,7% más que hace un año, mientras que el encarecimiento de los limones ha sido del 14% en este mismo periodo.

También ha registrado un aumento de precio significativo el aceite de girasol, que se ha elevado un 11,1%, los champiñones laminados (7,4%), las manzanas golden (7,1%), los ajos (7,1%), las zanahorias (5,4%), las patatas (2,6%), las uvas blancas sin pepitas (1,4%), el brik de leche entera (un 1,3%) y el arroz redondo (1,1%).

De los productos analizados por Facua, el litro de aceite de oliva es el producto que más ha bajado de precio en el último año con una caída de media del 27,4%.

Por su parte, las peras conferencia acumulan una bajada del 7,7%, los macarrones un 4,2%, la malla de naranjas un 3,7%, las lentejas pardina un 3%, las lechugas iceberg un 0,8% y la harina de trigo un 0,1%.

Uvas blancas, lo que más sube en enero

Las uvas blancas, con un alza del 8,5%, los champiñones laminados y las manzanas golden son los alimentos básicos que más se han encarecido en el mes de enero,

En concreto, la bandeja de uvas blancas sin pepitas (500 gramos) ha experimentado de media un incremento de precio del 8,5%. La mayor subida se ha registrado en Carrefour, donde ha pasado de 2,09 euros en diciembre a 2,39 euros en enero, lo que supone un 14,3% más.

Por su parte, los champiñones laminados se encarecen de media un 5% en las últimas semanas, protagonizando la subida más acusada en Alcampo, con un 20,6% de incremento (de 1,65 en diciembre a 1,99 euros en enero).

Mientras que el kilo de manzanas golden es un 4,3% más caro de media que hace unas semanas. La mayor subida se ha dado en Hipercor, donde ha pasado de 2,29 euros en diciembre a 2,79 euros en enero (un 21,8% más).

El informe revela que en este periodo también ha aumentado el precio del aceite de girasol (3% de media), del aceite de oliva (2,3%), la harina de trigo (0,8%), el brik de leche entera (0,5%), la docena de huevos medianos (0,5%), las lechugas iceberg (0,2%) y las peras conferencia (0,2%).

Por otro lado, el arroz redondo y las zanahorias son los únicos alimentos de los analizados en enero que mantienen un precio idéntico al mes anterior.

Entre los alimentos que cuestan de media en enero menos que en diciembre están los limones (-0,2%), los ajos (-0,4%), las lentejas pardina (-0,5%), las cebollas (-1,0%), los macarrones (-2,8%), las mallas de patatas (-8,3%) y las naranjas (-8,4%).

Quedan pocas horas para que, sentados frente al televisor, nos comamos las doce uvas y estrenemos un nuevo año. Pocas horas para que miles de personas acudan a fiestas, celebraciones, cotillones y otras tantas citas organizadas por diferentes empresas y en las que es posible pasar muchas horas celebrando la llegada de 2026 junto a amigos y familiares. Fiestas en las que la música y los bailes irán de la mano de abrazos y brindis. Pero desde asociaciones de consumidores como la OCU advierten que no está de más tomar una serie de precauciones para no entrar con mal pie en el mes de enero y sufrir una mala experiencia a raíz de una mala o deficiente organización de la propia fiesta a la que hayamos decidido acudir. 

De hecho, la llegada de la Nochevieja supone para muchos españoles el punto álgido de las fiestas de Navidad, marcando una jornada de celebración intensa en toda la península. Según los datos obtenidos por la Organización de Consumidores y Usuarios, estas fechas se caracterizan por una proliferación de eventos masivos conocidos como macrofiestas, los cuales atraen a miles de personas que buscan despedir el año. De hecho, se calcula que aproximadamente el 30% de los ciudadanos españoles opta por celebrar el fin de año en establecimientos como pubs, discotecas o salas de fiesta. Ante este escenario de alta demanda, la OCU advierte que no todos los organizadores garantizan la calidad o las medidas de seguridad mínimas necesarias para los asistentes, lo que puede derivar en experiencias negativas.

Uno de los consejos primordiales que destaca la entidad es que, antes de adquirir cualquier entrada, verifiquemos si la empresa cuenta con la autorización municipal obligatoria para realizar el evento. Del mismo modo, resulta esencial confirmar que el evento disponga de un seguro de responsabilidad civil y, preferiblemente, coberturas específicas para el servicio de guardarropa y la presencia de seguridad privada. En cuanto al proceso de compra de las entradas, la OCU recomienda encarecidamente obtenerlas directamente de la empresa organizadora o mediante sus portales web oficiales. Es vital comprobar que la entrada, ya sea física o digital, incluya datos fiscales claros como el CIF, el domicilio social y los detalles de contacto, además de especificar qué consumiciones están incluidas en el precio.

La prevención de estafas es otro pilar fundamental en los consejos de la OCU, ya que para la entidad la mayoría de los engaños ocurren durante la transacción inicial de las entradas. Por ello, se sugiere realizar las compras en establecimientos de confianza o, si existe la posibilidad, adquirir la entrada en el mismo momento de la fiesta, de cara a evitar el riesgo de eventos inexistentes o cancelaciones inesperadas, estafas que ocurren en más de una ocasión en más de una ciudad española tras las campanadas de Año Nuevo. Al navegar por internet para buscar precisamente este tipo de planes, la OCU insta a los consumidores a cerciorarse de que el sitio web sea seguro y a leer detenidamente las condiciones generales del contrato antes de aceptar. 

Lógicamente, desde la OCU se recomienda evitar la reventa de cualquier tipo, ya que suele ser foco de fraudes. Y, para evitar males mayores, es recomendable conservar siempre un comprobante o copia de la transacción realizada tras comprar la entrada a la fiesta deseada. Una vez dentro del recinto, la seguridad personal debe ser la prioridad según las directrices de la OCU, por lo que se deben localizar de inmediato las salidas de emergencia. Es obligatorio que las vías de evacuación sean practicables y no tengan obstáculos, que formen parte del diseño del local que permita que el desalojo total se complete en menos de tres minutos para evitar grandes incidentes.

Reclamar o llamar a la policía

Las desagradables situaciones más habituales recogidas por la OCU incluyen desde la venta de entradas falsas hasta el exceso de aforo descontrolado en los locales de moda. Estos problemas no solo suponen una estafa económica para el usuario, sino que ponen en grave riesgo la integridad física de los asistentes, al no respetarse las normas de seguridad básicas. En el caso de que el organizador modifique aspectos esenciales de la celebración, como el horario, el local o los servicios ofrecidos, la OCU recuerda que se tiene el derecho a reclamar. Estas quejas pueden tramitarse ante la Dirección General de Consumo para solicitar la devolución íntegra del importe pagado si las condiciones originales no se cumplen.

Si el consumidor sospecha de una estafa directa por entradas falsificadas o nota que la densidad del público impide la movilidad segura, la OCU recomienda acudir directamente a la policía. La intervención de las autoridades es fundamental cuando se detecta una falta de licencia administrativa para la actividad o un peligro inminente por hacinamiento. Además de todo lo señalado, la OCU también pone el foco en peligros externos, como el uso de pirotecnia, que causa anualmente unos 1.700 accidentes durante estas celebraciones, recomendando mantener siempre la distancia de seguridad. Asimismo, se advierte sobre las dificultades del transporte público en Nochevieja, donde la baja frecuencia y la alta demanda pueden multiplicar las tarifas habituales de taxis y VTC.

En cualquier caso y para asegurar una resolución favorable en cualquier disputa posterior, la OCU insiste en la importancia de conservar toda la documentación, facturas y tickets del evento. Estar informado y ser un consumidor precavido, aunque sea en medio de una gran macrofiesta llena de personas felices y deseando pasarlo bien durante unas horas, permite precisamente disfrutar de la primera noche del año minimizando los riesgos de fraude, inseguridad o desalojos administrativos.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) en Castilla-La Mancha ha recordado la necesidad de extremar la precaución en el uso de artefactos pirotécnicos durante las celebraciones navideñas y de fin de año, ya que su utilización inadecuada, advierte, puede provocar accidentes, quemaduras, lesiones auditivas e incluso incendios.

La organización subraya la importancia de respetar la normativa vigente en cada municipio de la región, dado que son los ayuntamientos los que regulan el uso de petardos, cohetes, tracas y otros elementos similares en la vía pública.

En muchos casos, estas ordenanzas municipales limitan o prohíben su utilización, permitiéndola únicamente en fechas concretas y dentro de determinadas franjas horarias, con el objetivo de garantizar la seguridad ciudadana, el descanso vecinal y la protección de colectivos especialmente sensibles al ruido.

OCU insiste en que el uso de petardos, cohetes y fuegos artificiales “entraña riesgos importantes, especialmente cuando se manipulan sin las debidas precauciones o se utilizan en espacios inadecuados”.

De hecho, en España se registra un accidente relacionado con estos productos por cada 10.000 habitantes, una cifra que pone de manifiesto que no se trata de sucesos aislados. Muchos de estos accidentes afectan a menores y provocan lesiones que podrían evitarse con un uso responsable, el cumplimiento de las normas de seguridad y la supervisión de adultos.

No todos los artificios pirotécnicos son iguales. La directiva europea establece una serie de clasificaciones y criterios de seguridad que deben respetarse siempre:

Consejos para divertirse sin sustos

La Guardia Civil de Ciudad Real ha inmovilizado en un comercio mayorista de la provincia una partida de 5.496 envases de refresco preparados para ser distribuidos, por incumplir la normativa general en materia de etiquetado de productos alimenticios.

Con motivo de los diferentes operativos encaminados al control fiscal y aduanero en la provincia de Ciudad Real, efectivos de la Guardia Civil del Destacamento de Fiscal y de Fronteras realizaron varias inspecciones administrativas en comercios mayoristas de la provincia, dedicados a la distribución de bebidas, descubriendo en uno de ellos que se estaban comercializando refrescos de una conocida marca internacional, sin estar etiquetados en la lengua oficial, contraviniendo lo estipulado en la Norma General sobre etiquetado y la defensa de los consumidores.

Tras realizar un recuento, fueron inmovilizados 5490 envases de refrescos que provenían de Alemania que han quedado depositadas en las instalaciones del distribuidor a disposición de la Delegación Provincial de la Consejería de Sanidad de Ciudad Real. En principio los refrescos inmovilizados no comportan riesgo o efectos nocivos para la salud, pero dicha medida se tomó por precaución ya que un etiquetaje claro y correcto ofrece las garantías necesarias a los consumidores.

Además, se ha comprobado que la introducción de estos refrescos lleva aparejados unos costes de distribución inferiores a los precios de compraventa a través de distribuidores oficiales del producto intervenido, por lo que se podría también incurrir en alguna otra infracción de carácter tributaria, por posible introducción paralela de productos.

Los agentes han conseguido localizar a una de las empresas que introduce y distribuye estas bebidas a empresas distribuidoras de la provincia, aunque continúan con la investación al objeto de poder localizar a otras de estas empresas introductoras.

La Unión de Consumidores de Cantabria-UCC estudiará las ordenanzas municipales de aplicación en la comunidad sobre el conocido como 'tasazo de basuras', que se implantará en 2026, en la defensa de una aplicación “justa para los usuarios, consumidores, y sobre todo, los vecinos de Cantabria”.

La UCC lo ha anunciado este miércoles en un comunicado, en el que ha expresado “disconformidad” con su aplicación ante la falta de criterios unificados entre los distintos ayuntamientos encargados de implementarla y la consiguiente desigualdad territorial que ello supone.

El 'tasazo' se basa en una normativa, la Ley 7/2022, de residuos y suelos contaminados, en trasposición de una Directiva europea, que postula que el coste total del servicio de recogida, transporte y tratamiento de residuos sea cubierto por los usuarios bajo el principio de “quien contamina paga”.

En opinión de la Unión de Consumidores, la ley “es clara” por lo que “no resulta de recibo que se vincule la tasa (o precio público) al consumo de agua o al número de personas empadronadas en un domicilio”.

En este sentido, ha defendido que “no deja de ser una suposición” que el consumo de agua vaya ligado a una mayor carga contaminante necesariamente. “Y no deja de resultar un absurdo que se penalice a una unidad familiar por el hecho de que un mayor número de empadronados en un domicilio hagan más uso del agua que otro domicilio donde no hay tantos habitantes”.

Tampoco a su juicio parece técnica ni jurídicamente correcto establecer una tasa o un precio público “en función de suposiciones que no se corresponden con el objeto de la normativa que se pretende cumplir. Pues esto no supone nada más que incumplir la norma en sí, vía ordenanza municipal”.

Igualmente no resulta comprensible para la UCC “que no se tenga en cuenta el principio constitucional de progresividad que debe regir la exacción de cualquier tributo en nuestro país”.

En este sentido las medidas de bonificación a colectivos vulnerables “no dejan de ser parches o bufandas para acallar las críticas de los ciudadanos a una medida injusta y poco o nada acorde al sentido de la ley a la que se pretende ajustar. Mera caridad”, ha considerado.

“Pero sobre la mera caridad no puede constituirse un sistema tributario constitucionalmente adecuado que constantemente califica a los usuarios como menesterosos que deben justificar su propia vulnerabilidad para no verse castigados por la aplicación de una normativa injusta. Tal vez si la normativa fuera justa, no haría falta caridad”, ha abundado.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha denunciado ante las autoridades de consumo de distintas comunidades autónomas a ocho festivales de música al aire libre por presuntas malas prácticas, que podrían haber afectado a más de 400.000 personas. Se trata, según informa la OCU este miércoles, de los siguientes: el Degusta Fest (Granada), Icónica Fest (Sevilla), Bella Festival (Marbella), el Boombastic Costa del Sol (Málaga), el FIB (Benicàssim), Movida Sound (Barbate), Dreambeach (Almería) y el Reggaetón Millennial Fest (Alicante).

Entre estas supuestas malas prácticas realizadas por la mayoría de esos festivales estaría el cobrar una comisión de entre dos y tres euros para poder recuperar el saldo que queda a los asistentes en la denominada pulsera o tarjeta 'cashless'. Este sistema 'casheless' es un método de pago que reemplaza al efectivo por medios electrónicos, como tarjetas o pulseras, con tecnología, que se utilizan para cargarlas de dinero y realizar compras dentro del recinto.

Otra supuesta mala práctica sería cobrar un recargo por salir y volver a entrar al festival, algo, según la OCU, bastante común, que no responde a ningún servicio adicional, porque, argumenta, “el control de aforo es inherente a la organización del evento”. Puede tener además un coste de hasta 35 euros, tal y como asegura la OCU, que piensa que esto podría considerarse una retención ilegal.

Exigen la devolución de entrada por cambio de cartel

Además, consideran abusivo que no se contemple la devolución de la entrada por causas climatológicas o por el cambio del cartel, cuando en un festival los artistas que intervienen “son el elemento esencial para que los usuarios decidan comprar la entrada y asistir”. Otra situación, que este año admiten que se realiza con menos frecuencia, es la prohibición de entrar con alimentos y bebidas, que aunque se contempla en la normativa de varias autonomías, la OCU la considera abusiva, porque la actividad principal del festival es artística y musical, no alimentaria.

Todo ello obliga, a su juicio, a que el Ministerio de Consumo desarrolle una normativa homogénea sobre los derechos básicos de los asistentes que establezca además compensaciones automáticas en caso de malas prácticas. Hasta que llegue, la OCU anima a los afectados a que soliciten la hoja de reclamaciones para denunciar estas prácticas y si el establecimiento no dispusiera de ella, llamar a la policía local para que se persone.

Algunas de estas acciones, como la suspensión de un festival o los cambios de última hora en el cartel de grupos podrían implicar, además del reembolso del dinero, una reclamación por daños y perjuicios derivados de los gastos asociados que hubiera supuesto el traslado del consumidor, como por ejemplo el transporte o el alojamiento.

El apagón eléctrico del 28 de abril de 2025 ha dejado una importante huella en millones de hogares y empresas en todo el territorio español. El corte de suministro, que afectó a varios sectores, ha generado inquietud entre los consumidores, que se preguntan sobre sus derechos y qué pasos deben seguir para reclamar por los daños sufridos.

En medio de la confusión, las organizaciones de consumidores como FACUA y OCU han dado algunas pautas sobre cómo proceder ante este tipo de incidentes, recordando que las circunstancias excepcionales dificultan la posibilidad de obtener compensaciones inmediatas. A pesar de ello, los afectados tienen opciones y deben estar informados sobre cómo presentar reclamaciones de manera efectiva.

Uno de los principales perjuicios ha sido la pérdida de alimentos debido a la interrupción de la cadena de frío, pero también se han registrado daños en electrodomésticos y alteraciones en los planes de transporte.

Ante esta situación, el portavoz de la OCU (Unión de Consumidores), Enrique García, destacó en una entrevista en Radio 5 (RNE) que las empresas no estarían obligadas a indemnizar a los usuarios en casos de apagones de este tipo, ya que la interrupción del servicio se considera fuera de su control.

Sin embargo, las organizaciones siguen recomendando a los consumidores que guarden las pruebas que puedan demostrar los perjuicios sufridos, ya que estas pruebas serán fundamentales si se decide presentar una reclamación formal ante las autoridades competentes.

¿Qué pasos seguir para reclamar los daños?

Los consumidores afectados por el apagón deben seguir ciertos pasos fundamentales para presentar una reclamación ante las empresas responsables o, en su caso, ante los tribunales de consumo. Las organizaciones de consumidores insisten en que lo primero que debe hacer cualquier afectado es recopilar todas las pruebas posibles que puedan demostrar los daños sufridos.

“Es esencial que los consumidores guarden los recibos de productos dañados, como alimentos y electrodomésticos, y que documenten las circunstancias en las que ocurrió el apagón”, señala Enrique García, portavoz de la OCU.

El proceso comienza con la recopilación de pruebas documentales, como facturas, informes técnicos de los electrodomésticos dañados, fotografías de los daños y cualquier otro tipo de documentación que pueda demostrar el perjuicio sufrido.

Estas pruebas no solo son cruciales para sustentar una posible reclamación, sino que también son necesarias si el consumidor decide acudir a la vía judicial en caso de que no reciba una compensación por parte de las empresas correspondientes. Las organizaciones como FACUA y OCU han resaltado que la falta de pruebas podría dificultar enormemente la posibilidad de obtener una respuesta favorable.

Si los daños están relacionados con productos o servicios adicionales, como los daños en electrodomésticos o la pérdida de alimentos, los consumidores también pueden presentar reclamaciones ante las aseguradoras si tienen una póliza que cubra este tipo de incidentes. En general, las empresas tienen un plazo para responder a las reclamaciones, por lo que es importante presentar las solicitudes lo antes posible.

¿Es posible obtener compensación por los daños sufridos?

Una de las principales preocupaciones de los afectados por el apagón es si las empresas de servicios están obligadas a indemnizar por los daños sufridos. Según las declaraciones de Enrique García, “la empresa no está obligada a indemnizar por un apagón, ya que este tipo de situaciones se consideran excepcionales”. Esto significa que, en principio, los consumidores no tienen derecho a recibir compensación por los daños causados por un evento que no está dentro del control de las compañías de servicios.

Sin embargo, subrayan que los usuarios no deben desistir de presentar sus reclamaciones, incluso si las probabilidades de obtener una indemnización son reducidas. Las reclamaciones deben basarse en las pruebas recopiladas, y en el caso de que la empresa responsable no responda adecuadamente.

En cuanto a los daños derivados de fluctuaciones de tensión, como los daños en electrodomésticos, las compañías podrían asumir una compensación si se demuestra que estas fluctuaciones fueron causadas por un fallo en el sistema eléctrico.

Las aseguradoras también juegan un papel importante en este tipo de situaciones, ya que muchos seguros de hogar incluyen coberturas por daños derivados de cortes de electricidad. FACUA aconseja a los consumidores que revisen sus pólizas para determinar si están cubiertos por estos daños.

La situación del transporte: ¿se puede reclamar?

El apagón también afectó a los medios de transporte, como los vuelos, trenes y otros servicios de transporte, que se vieron interrumpidos por la falta de electricidad. En este sentido, las organizaciones de consumidores han aclarado que las empresas de transporte no están obligadas a indemnizar a los pasajeros afectados por los retrasos y cancelaciones causadas por el apagón. Según la OCU, “la empresa transportista no está obligada a buscar alojamiento o compensación, aunque podría hacerlo si la situación lo exige”.

Aunque las compañías de transporte no son responsables por los daños causados directamente por el apagón, los consumidores aún pueden presentar reclamaciones por los inconvenientes sufridos si el apagón alteró significativamente sus planes de viaje. Sin embargo, las asociaciones de consumidores aclaran que esto dependerá de las políticas de cada empresa.

Las reclamaciones podrían incluir la solicitud de un reembolso parcial por los billetes no utilizados o el alojamiento adicional necesario debido a la cancelación de viajes, aunque no existen garantías de que estas reclamaciones sean atendidas favorablemente.

Las recomendaciones de FACUA y OCU son las siguientes: los consumidores afectados por alteraciones en el transporte deben guardar todos los documentos relacionados con sus viajes, como billetes, recibos de alojamiento y cualquier otro gasto derivado del apagón, para poder presentar una reclamación formal si lo desean.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este miércoles el real decreto por el que se modifica la norma de calidad relativa a la miel, estableciendo la obligación de indicar en el campo visual principal de la etiqueta el porcentaje que representa cada uno de los países de origen de la miel, en el caso de las mezclas.

En concreto, esta modificación, que entrará en vigor el 14 de junio de 2026, se ha llevado a cabo con el objeto de incorporar a la legislación nacional las modificaciones introducidas en la directiva de la Unión Europea, relativas a la miel, a los zumos de frutas y otros productos similares destinados a la alimentación humana y las confituras, jaleas y 'marmalades' de frutas, así como a la crema de castañas edulcorada, destinadas a la alimentación humana, impulsadas durante la Presidencia española del Consejo en el segundo semestre de 2023 y culminadas en 2024.

Con la incorporación de esta modificación a la legislación nacional, se pretende proteger y aumentar la competitividad de las mieles de origen español y reforzar el mercado nacional, al dotarlo de mayor transparencia e información, y posicionar los productos frente a las mieles importadas.

Con este cambio se elimina la variedad miel filtrada y se establece que, aquella a la que se le haya retirado una parte importante del polen, será considerada miel para uso industrial, y no podrá comercializarse directamente al consumidor final, ya que el polen es un componente clave de la miel y proporciona un vínculo con su origen botánico.

Además, deberá mencionarse en la etiqueta el país de origen en que la miel haya sido recolectada, mientras que si la miel procede de más de un país, deberán mencionarse en la etiqueta los países de origen en que la miel haya sido recolectada, en el campo visual principal, en orden decreciente de proporción en el peso, junto con el porcentaje que representa cada uno de los países de origen.

Mientras que en el caso de los envases que contengan menos de 30 gramos netos de miel, los nombres de los países de origen podrán sustituirse por un código compuesto por dos letras, de conformidad con la última versión de los códigos de dos letras de la norma internacional ISO 3166-1 (alfa-2) en vigor.

Según recoge la norma, los productos comercializados o etiquetados antes del 14 de junio de 2026 de conformidad con la redacción anterior de esta norma podrán seguir comercializándose hasta que se agoten las existencias, siempre antes de transcurrir 18 meses desde esa fecha.

La organización de consumidores OCU Castilla-La Mancha ha instado formalmente al Ayuntamiento de Cuenca a que proceda de manera “inmediata” a la puesta en marcha de un servicio de lanzadera que conecte “de manera efectiva, rápida, económica y sostenible” el centro urbano de la ciudad con la estación de AVE, “a fin de paliar la deficiente comunicación existente y garantizar a los usuarios de este servicio la mejora de las condiciones actuales”.

Recuerda que, en julio del año 2022, los vecinos de la ciudad de Cuenca sufrieron el cierre definitivo de su estación de trenes regionales ADIF, situada en el mismo centro urbano de la ciudad.

Desde entonces, añade, la estación de AVE Fernando Zóbel, situada a más de siete kilómetros del núcleo urbano, es la única estación ferroviaria que da servicio a sus ciudadanos. “Sin embargo, la misma, carece hasta la fecha, de una conexión suficiente con el centro mediante transporte público”.

Una única línea con escasa frecuencia

Según añade, la existencia de una única línea de autobús urbano (línea 1) que conecta el centro con dicha estación, con una frecuencia y duración de trayecto “que en nada suple las necesidades de sus usuarios, genera que estos prefieran elegir el uso del vehículo privado o público (taxi) para trasladarse hasta allí, con los consecuentes gastos e inconvenientes que esto genera”.

Desde el Ayuntamiento de la ciudad, dice la organización, siguen sin habilitar y poner en marcha, “por motivos totalmente ajenos a la ciudadanía, el servicio de autobuses lanzadera que llevan prometiendo desde hace más de un año y que pretende conectar la estación de AVE con el centro urbano cada 17 minutos (tiempo que aseguran que durará el trayecto), lo que supone una falta de atención total y absoluta de las obligaciones correspondientes a sus competencias”.

El Ministerio dotó de subvención la puesta en marcha de lanzaderas

OCU considera que la infraestructura ferroviaria debe, “con urgencia”, optimizar sus recursos y fomentar la conexión con el centro urbano de Cuenca.

Recuerda también la firma de convenio con el Ministerio de Transportes en 2022, a partir de la cual se disponía de una subvención anual para la puesta en marcha del servicio de lanzaderas desde el centro de la ciudad a la actual estación por un periodo de cinco años y que hasta la fecha no se ha iniciado.

“Consideramos que las administraciones deben procurar que los ciudadanos contemplen siempre como primera opción para desplazarse el uso de transporte público, a fin de fomentar hábitos de movilidad sostenible, reducir el impacto ambiental y ahorrar costes a sus usuarios”, señala.

En los últimos días, han circulado en las redes sociales y en algunos portales una serie de informaciones alarmistas que sugieren que la Unión Europea (UE) obligará a los consumidores a comer harina de gusano sin su conocimiento. Este tipo de rumores ha generado desconcierto entre los consumidores. Sin embargo, la realidad es muy diferente y las autoridades competentes han salido al paso para aclarar la situación.

Estas informaciones son completamente erróneas. La UE no ha aprobado ninguna medida que imponga el consumo obligatorio de harina de gusano o insectos en general. En todo caso, se trata de una medida que autoriza el uso de ciertos insectos como ingredientes dentro de una regulación específica, permitiendo su inclusión en productos alimenticios de manera voluntaria y bajo estrictos controles sanitarios.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) también ha desmentido las afirmaciones más alarmistas. Según la OCU, lo que realmente ha sucedido es que la UE ha aprobado el uso de la harina de gusano como un ingrediente alimenticio en productos procesados, tal y como ocurre con otros ingredientes aprobados. Concretamente, el motivo que ha disparado las falsas alarmas es que este mes de enero de 2025 el organismo europeo ha aprobado la solicitud de una empresa francesa, Nutriearth, para comercializar este polvo tratado con radiación ultravioleta a partir de larvas enteras del gusano de la harina, como señalaban desde el verificador Maldita.

Esto no implica, bajo ninguna circunstancia, que los consumidores estén obligados a consumirla ni mucho menos que se oculten en productos sin que se informe adecuadamente sobre su presencia. La transparencia y el etiquetado claro son principios fundamentales en la normativa alimentaria europea, y todo producto que contenga harina de gusano deberá cumplir con los requisitos de información al consumidor.

El origen de los rumores

La polémica comenzó cuando varios medios de comunicación y cuentas en redes sociales empezaron a difundir que la UE había aprobado una normativa que obligaría a los consumidores a consumir harina de gusano en productos alimenticios, sin que pudieran detectarlo. Este tipo de informaciones alarmistas no solo carecen de base factual, sino que también parecen jugar con la percepción negativa que muchas personas tienen respecto a los insectos como alimento.

Para comprender mejor la situación, es importante revisar lo que realmente ha sucedido. La Comisión Europea, dentro de su estrategia de promover alimentos más sostenibles y la diversificación de fuentes proteicas, ha aprobado recientemente la harina de gusano como uno de los ingredientes que pueden ser utilizados en la industria alimentaria. Esta aprobación responde a un proceso largo y riguroso, que incluye evaluaciones de seguridad y estudios científicos para garantizar que su consumo sea seguro para los seres humanos. Sin embargo, esta autorización no implica en modo alguno que los consumidores tengan que consumirla sin su conocimiento.

La harina de gusano, que se obtiene de larvas de insectos como el Tenebrio molitor, se considera una fuente de valor nutricional. Es un ingrediente que podría incorporarse en diversos productos, pero siempre con la información clara en las etiquetas para que los consumidores puedan elegir conscientemente si desean consumirlo o no. No hay ningún mecanismo que obligue a que esta harina se oculte en productos sin el debido etiquetado.

El contexto regulatorio en la UE

La Unión Europea ha adoptado un enfoque muy estricto en cuanto a la regulación de los alimentos provenientes de insectos. A lo largo de los últimos años, la normativa ha evolucionado para permitir la inclusión de ciertos insectos en la alimentación humana, pero siempre con la condición de que se cumplan rigurosos requisitos de seguridad alimentaria. El proceso para autorizar nuevos ingredientes alimentarios, como es el caso de la harina de gusano, incluye una exhaustiva evaluación por parte de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA).

Este proceso es transparente y está diseñado para proteger la salud de los consumidores. Además, la normativa europea exige que cualquier alimento que contenga ingredientes como la harina de gusano sea etiquetado de forma clara y precisa, informando al consumidor sobre su composición. Es decir, que el consumidor tendrá siempre la opción de decidir si quiere o no consumir productos que contengan este tipo de ingredientes.

Los mitos sobre el consumo obligatorio de harina de gusano

Los rumores sobre la obligatoriedad del consumo de harina de gusano han sido desmentidos por varios medios y organizaciones de verificación. Estos desmentidos señalan que la UE no ha impuesto ninguna ley que obligue a los consumidores a ingerir harina de gusano o insectos. Por el contrario, lo que la normativa europea ha hecho es permitir que los productos que contengan harina de gusano, siempre que sean aprobados y cumplan con los estándares de seguridad alimentaria, puedan estar disponibles en el mercado.

Además, las etiquetas de estos productos deberán ser claras y específicas, cumpliendo con los requisitos establecidos por la legislación europea sobre etiquetado y la información al consumidor. En ningún caso se ocultará el contenido de estos ingredientes, y siempre habrá información accesible para aquellos consumidores que deseen saber qué están comiendo.

Es fundamental recalcar que la inclusión de insectos en la alimentación no es una imposición, sino una opción. El objetivo de la UE es fomentar la sostenibilidad y la diversificación de las fuentes de proteínas en la dieta, en un contexto de creciente preocupación por la huella ecológica de la producción de alimentos.

La mayoría de festivales de música al aire libre españoles utilizan un sistema de pagos por los servicios ofrecidos –principalmente comida y bebida, pero también merchandishing– que comprende una pulsera con un chip RFID, lo que vendría a ser una “pulsera monedero”. Este sistema permite por un lado que la persona asistente al festival cargue directamente desde su cuenta bancaria dinero en la pulsera y posteriormente pague con este dinero los productos que adquiera.

La principal ventaja del sistema es la eliminación de los pagos en moneda o billete en el festival, al menos de manera oficial, cosa que impide la acumulación de efectivo en barras y tiendas dentro del recinto, y por lo tanto disminuye el riesgo de atracos al mover la recaudación a lugares seguros o a bancos.

No obstante, con ello se vulnera un derecho todavía contemplado en nuestro país: el de pagar con dinero en efectivo y no tener que disponer de una cuenta bancaria para realizar dicho pago. Pero si bien algunos festivales permiten la carga de la tarjeta con dinero en efectivo, el principal abuso se produce en el momento de recuperar el dinero que no se ha gastado, cuando como condición para dicha recuperación el festival impone una tasa que va de uno a tres euros.

Siete festivales acusados de múltiples irregularidades

Así lo denunció la Organización de Consumidores de España (OCU) hace unas semanas respecto de los festivales Bilbao BBK Live y el Fortaleza Sound (Lorca), a los que ahora ha unido en su denuncia a otros cinco más: FIB (Benicàssim),Monegros Desert Festival (Fraga), Puro Latino (Puerto de Santa María, Sevilla, Arganda, Torremolinos y Almería), Sonórica (Castro Urdiales) y Zevra Festival (Cullera).

Dice en su nota de prensa la OCU que “los siete festivales coinciden en cobrar una comisión de entre 2 y 3 euros para poder recuperar el saldo que quedara en la tarjeta cashless”, e insiste en que se trata de “un medio de pago obligatorio que limita además el derecho de los asistentes a usar el efectivo”.

Y suma a su denuncia el que “a veces se impone un plazo de unos pocos días para reclamar la devolución (5 días en el FIB), superado el cual se pierde el dinero y permite un enriquecimiento injusto del promotor”. A todos ellos los acusa de esta práctica, a la que agrega algunas otras más, que califica de “abusos” a los derechos de los asistentes.

Según la OCU, los festivales denunciados no permiten el retorno de los vasos reutilizables, por cuya adquisición pueden llegar a cobrar hasta 2,5 euros, como es el caso del FIB. Tal como este medio explicó en su día, en muchos casos el vaso reutilizable es un ingreso lucrativo para muchos festivales que vulnera la ley.

El motivo es que los certámenes obligan al público a pagar por este tipo de vaso, que puede utilizarse durante todo el festival, pero no ofrecen ninguna alternativa gratuita, con lo que si se quiere ingerir líquido, se debe adquirir el vaso. La OCU observa al respecto en verano el riesgo de deshidratación por las altas temperaturas.

“Debe haber suficientes puntos de agua potable gratuita; lo contrario puede causar problemas de hidratación y supone un peligroso riesgo de aglomeraciones”, apostilla en su escrito esta organización, que señala especialmente al festival Fortaleza Sound por su sistema de “alquiler de vasos para poder beber agua potable”.

Tasa por salir y volver a entrar al festival 

El pago de una tasa si se quiere volver a entrar en el festival después de haber salido es, según la OCU, “otra mala práctica bastante común que no responde a ningún servicio adicional, pues el control de aforo es inherente a la organización del evento”. A este respecto la organización aventura que “podría considerarse una retención ilegal” y asegura que “se observa en el FIB, el Fortaleza Sound, el Puro Latino, el Zevra Festival y el Monegros Desert Festival”. El coste por volver a ingresar en los citados festivales puede ascender hasta los 25 euros.

Otra práctica que la OCU adjetiva como “frecuente” es la prohibición de entrar con alimentos y bebidas dentro del recinto donde se desarrolla el festival. Si bien la asociación de consumidores reconoce que “se contempla en la normativa de varias autonomías”, considera que “es abusiva, por cuanto la actividad principal del festival es artística y musical, no alimentaria”. La OCU ha detectado dicha prohibición en “el Bilbao BBK Live, el FIB, el Fortaleza Sound y el Monegros Desert Festival”.

Por todas estas incidencias e irregularidades, calificadas de “abusos”, solicita al Ministerio de Consumo una normativa homogénea sobre los derechos básicos de los asistentes a los festivales de música al aire libre y que establezca compensaciones automáticas en caso de malas prácticas.

Pero mientras dicha normativa no exista, la OCU urge a las autoridades de consumo de las comunidades autónomas donde se han detectado estos abusos para que determinen el carácter contrario a la normativa de protección de los consumidores, impongan las sanciones establecidas y obliguen a la empresa a devolver los cargos indebidamente cobrados. La organización cierra su nota animando a los afectados “a solicitar la hoja de reclamaciones”.

“Si el establecimiento no dispusiera de ella, debe llamar a la policía local para que se persone”, indica y recuerda que “la suspensión de un festival o los cambios de última hora en el cartel de grupos podrían implicar, además del reembolso del dinero, una reclamación por daños y perjuicios derivados de los gastos asociados que hubiera supuesto el traslado del aficionado (por ejemplo, por el transporte y el alojamiento)”.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha denunciado a Ticketmaster al Ministerio de Consumo por el cobro “irregular y abusivo” de dos comisiones que graban el precio de la venta de las entradas online que la empresa comercializa a través de su página web.

La compañía cobra una comisión fija de dos euros en concepto de “cuota de servicio” por la transacción que, según ha comunicado la asociación este jueves, “no se visualiza hasta el mismo momento de la compra”. Posteriormente cobra una segunda comisión que alcanza hasta el 13% sobre el precio del boleto en concepto de “gastos de gestión”, semioculta en un link junto a su precio.

OCU considera que la combinación de ambas comisiones supone un gasto “injustificado, abusivo y poco transparente” de un mismo servicio cuando, además, tal y como la propia empresa señala, “es el único canal que tienen los usuarios de adquirir las entradas en Ticketmaster.

La organización indica que es injustificado porque “es el propio usuario, no el vendedor, quien asume el peso de la gestión de la compra”; y que es abusivo dado que “siendo una empresa intermediaria, no presta ningún servicio adicional que justifique el cobro”, como podría ser “un aviso personalizado de cancelación” o el “envío de las entradas a domicilio”. Por último, lo tachan de poco transparente, debido a que el “cobro de estos gastos 'extra' suele estar oculto hasta el mismo momento en el que el usuario va a realizar el pago, incrementando inesperadamente el precio anunciado”.

Por todo ello, OCU solicita al Ministerio de Consumo “sancionar a la empresa y obligarla a cesar este tipo de prácticas, al tiempo que se reconozca el derecho de los afectados a reclamar la devolución de estos gastos indebidamente cobrados”. La organización justifica que las únicas páginas web que pueden aplicar gastos de gestión son las de reventa, “pero deberían incluirse desde un inicio y aplicarse por gestión, no por entrada”.

Al valorar como el “mayor abuso” el procedente del “excesivo recargo online” de los citados gastos, OCU insiste a la administración para que “impulse una normativa que limite su recargo al 20%, tal y como recoge la normativa para la reventa de entradas en la taquilla”.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha publicado un análisis exhaustivo sobre la eficacia de varias cremas solares con protección 50 disponibles en el mercado español. Para el estudio, que la organización publica cada vez que se acerca la época de vacaciones de verano, se han examinado 21 cremas corporales disponibles para la venta en supermercados, perfumerías y farmacias. Los resultados revelan que tres de estas cremas no cumplen con los estándares de protección solar con los que se anuncian y comercializan.

En concreto, se trata de las cremas:

Ninguno de estos productos alcanzan el nivel de protección SPF 50 prometido en sus etiquetas. La OCU ha evaluado diversos factores como la aplicación, la resistencia al agua, y el tiempo de exposición al sol, concluyendo que estas cremas no cumplen con los estándares mínimos requeridos para una protección efectiva. Además, el primer protector solar, de Ecran, tampoco cumple con las condiciones de UVA indicadas.

El principal problema que ha identificado el informe de la organización es que la protección real ofrecida por estas cremas es significativamente inferior a la anunciada. En algunos de los tres casos, de hecho, las cremas proporcionan un SPF mucho menor, lo que expone a los usuarios a un mayor riesgo de daño solar. También se han encontrado deficiencias en la resistencia al agua que prometen.

El análisis se ha realizado en colaboración con otras organizaciones del ICRT (International Consumer Research and Testing) en un laboratorio certificado, experto e independiente mediante el método HDRS (Espectroscopia de Reflectancia Difusa Híbrida), que combina mediciones 'in vivo' e 'in vitro' y que es reconocido por la industria cosmética.

¿Qué es el SPF?

El SPF, o Factor de Protección Solar, es una medida que indica el nivel de protección que ofrece un producto contra los rayos ultravioleta B (UVB), responsables de causar quemaduras solares y contribuir al cáncer de piel. Un SPF 50 debería permitir a una persona permanecer al sol 50 veces más tiempo sin quemarse en comparación con no usar protección.

El análisis que ha publicado la OCU se enmarca dentro de la normativa europea, que exige que los productos solares ofrezcan la protección indicada en sus etiquetas. Las cremas solares deben pasar rigurosos controles para asegurar que, efectivamente, protegen contra los rayos UVB y UVA, aunque en este caso tres de ellas no lo hagan.

La OCU ha instado a las autoridades competentes a retirar estos productos del mercado hasta que se garantice su conformidad con los estándares de protección. Ha denunciado ante la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) los resultados del estudio y ha solicitado que los haga públicos, con el objetivo de que los consumidores puedan realizar una compra “informada” y se les pueda “garantizar que la protección anunciada en el etiquetado se corresponde con la que realmente ofrece el producto”.

Además, recomiendan a los consumidores que eviten el uso de estas cremas y opten por otras marcas que hayan demostrado cumplir con los requisitos de protección.

La organización también ha hecho un llamamiento a los fabricantes para que revisen y mejoren la formulación de sus productos, y ha reclamado a las empresas que ofrezcan con sinceridad la protección indicada y cumplan con la normativa vigente.

Ya en marzo de este año, Sanidad retiró del mercado seis cremas por no cumplir los niveles de protección con los que se comercializaban a raíz de conocer, a través de uno de estos informes de la OCU, que su etiquetado era incorrecto. La Agencia Española de Medicamentos confirmó que no se habían notificado incidentes de quemaduras solares relacionados con ninguno de los productos hasta ese momento, pero detuvo su venta.

El estudio de la organización de consumidores recuerda que la protección solar es fundamental para prevenir daños a largo plazo en la piel, incluyendo el cáncer. Usar cremas solares adecuadas es una de las medidas más efectivas para protegerse de los efectos nocivos de los rayos UV, y anima a los consumidores a que elijan con conciencia los productos que son confiables y a que los apliquen correctamente para maximizar su eficacia.