El sorteo público para la elección de los miembros de las mesas electorales en las próximas elecciones europeas, que se celebrarán el 9 de junio, se realizará en el transcurso de un Pleno extraordinario en el Ayuntamiento de Logroño que tendrá lugar el miércoles, 15 de mayo, a partir de las 9:00 horas.

En el acto, el secretario general de la Corporación Municipal leerá los artículos 26 y 27 de la Ley 5/85 Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) y explicará el proceso para la elección de los miembros de las mesas electorales. Posteriormente, se realizará el sorteo público mediante un programa informático. Se elegirá un presidente y dos vocales para cada mesa, que serán los titulares. Además, se seleccionarán otras cinco personas suplentes para cada uno de ellos, por lo que en total serán 18 personas por cada una de las mesas electorales.

Una vez conocido el listado de personas integrantes de las mesas, la documentación se remitirá a la Junta Electoral de Zona. La consulta del censo electoral, así como las posibles reclamaciones, podrá realizarse desde este lunes 22 hasta el 29 de abril en la Sección de Estadística y el en Servicio de Atención a la Ciudadanía 010 del Ayuntamiento de Logroño.

La Ley Orgánica del Régimen Electoral General indica que la formación de las mesas compete a los Ayuntamientos, bajo la supervisión de las Juntas Electorales de Zona. Tanto el presidente como los vocales deben ser designados por sorteo público entre la totalidad de las personas incluidas en la lista de electores de la mesa correspondiente, que sepan leer y escribir y sean menores de setenta años, si bien a partir de los 65 años pueden manifestar su renuncia en el plazo de siete días. Además, el presidente de cada mesa debe tener el título de Bachiller o el de Formación Profesional de segundo grado, o de forma subsidiaria, el de graduado escolar o equivalente.

La Ley también explica que los cargos de presidente y de vocal en las mesas electorales son obligatorios y no pueden ser desempeñados por personas que se presenten como candidatos en las elecciones. La designación de estos cargos debe ser notificada a los interesados en el plazo de tres días, a los cuales también se les entrega un manual de instrucciones sobre sus funciones.

Las personas designadas como presidente y vocal de las mesas electorales disponen de siete días para alegar ante la Junta Electoral de Zona causa justificada y documentada que les impida aceptar el cargo. En estos casos, la Junta resolverá en el plazo de cinco días y comunicará, en su caso, la sustitución al primer suplente.

Si posteriormente cualquiera de las personas designadas estuviera en imposibilidad de acudir al desempeño de su cargo, deberá comunicarlo a la Junta Electoral de Zona, al menos tres días antes del acto al que debiera concurrir, aportando las justificaciones pertinentes. Si el impedimento sobreviene después de este plazo, el aviso a la Junta deberá hacerse de manera inmediata y, en todo caso, antes de la hora de constitución de la mesa. En estos casos, la Junta comunica la sustitución al correspondiente suplente, si hay tiempo para hacerlo, y si fuera preciso procede a nombrar a otro.

Todo queda igual. El recuento de las 29.300 papeletas procedentes del Censo de Residentes Ausentes (CERA) no moverá ninguno de los 75 escaños adjudicados por las urnas el 18F en Galicia. Tampoco el único matemáticamente posible: el último diputado en juego en Ourense. El PSOE necesitaba remontar apenas 112 votos al PP para conseguirlo, ponerse en cifras dobles y maquillar así el peor resultado de su historia, los nueve representantes con los que contará esta legislatura en el Parlamento. Sin embargo, tras el escrutinio de la emigración, esa ventaja se ha agrandado. Sí redujo su diferencia con el BNG, pero no de forma suficiente.

La provincia interior era la que contaba con mayor porcentaje de voto de la diáspora en su censo total: prácticamente un 30% de sus 355.000 votantes viven fuera de España. Sin embargo, apenas 6.150 decidieron participar en los comicios. De ellos, casi la mitad optaron por los populares, 2547, mientras que el PSOE obtenía sólo 617, cuatro veces menos, y el BNG 463. Un elevado número de papeletas fueron consideradas nulas.

La provincia de A Coruña, la que tiene un mayor número de residentes ausentes -casi 165.000, un 15% del millón largo de votantes censados- fue también la que recibió más votos del exterior: 10.924, prácticamente la distancia que separa al PSOE del último escaño obtenido por el BNG.

En Pontevedra, con más de 8.800 sufragios, el PSOE tendría que remontar 6.500 para quitarle un acta al PP. Mientras, en Lugo, casi todas las 3.300 papeletas recibidas tendrían que tener color socialista para arrebatarle un asiento en O Hórreo al Bloque.

Menor participación de la esperada

Pese al fin del voto rogado, la participación de los emigrantes en estos comicios se quedó en el 6,1% de las 476.514 personas con derecho a ejercerlo. Son seis veces más que los 5.000 de 2020 pero se quedan muy lejos de los más de 100.000 de 2005, cuando Manuel Fraga perdió la mayoría absoluta. El recuento no empezó hasta el mediodía ya que primero fue necesario revisar y validar las papeletas. El elevado número de votos nulos ralentizó el proceso. Muchos no venían firmados por la parte posterior, como es preceptivo.

Por países, el lugar desde el que más votos se emitieron fue Argentina, con 7.900 papeletas, más de la cuarta parte del total. La mayoría -más de 2.700- para la provincia de A Coruña. Le sigue Pontevedra con unos 2.400 mientras Lugo y Ourense se reparten unos 1.300 cada una. Suiza ocupa el segundo puesto, con 4.476 sufragios, prácticamente la mitad para A Coruña. Desde Francia llegaron 2.331 sobres, casi 800 para Pontevedra y 720 con destino a Ourense. Uruguay (2.300) y Venezuela (1.840) completan los cinco estados del mundo con más presencia en estos comicios.

“No he podido votar porque alguien me quitó mi empadronamiento sin yo saberlo. Me he sentido muy frustrada”. “Me ha pasado igual. Vendí mi piso y me dieron de baja sin avisarme, dejándome sin derecho a voto”. “Resulta que si te empadronas en una vivienda, el Ayuntamiento da de baja al inquilino anterior a través de una carta sin certificar”. Es el desahogo que durante la última jornada electoral expresaron en sus redes sociales la presentadora Terelu Campos, la drag Nacha la Macha o la actriz Aixa Villagrán. Testimonios a los que se sumaron los de otros ciudadanos anónimos que también afirmaban que se habían quedado sin votar. Y no por voluntad propia. 

¿El motivo? Habían sido ‘borrados’ de oficio del padrón tras cambiar de domicilio. Y, en consecuencia, sus nombres habían salido del censo electoral sin haber sido conscientes de la situación, según coinciden varios testimonios recabados por elDiario.es. Los afectados afirman que no advirtieron el entuerto hasta que se presentaron el pasado domingo en el colegio electoral al que habían acudido en anteriores comicios y comprobaron que no estaban en ninguna lista, por lo que no pudieron votar. “Tengo 44 años y es la primera vez en mi vida que no voto. Siento que me han arrebatado mi derecho”, lamenta Villagrán. 

La actriz afirma que, por su trabajo, cambia de domicilio muy a menudo, en función de dónde sean los rodajes. Por eso no se dio de baja en la última casa en la que había residido en el centro de Madrid, en la que ahora viven unos amigos. “No tengo un domicilio fijo. He pasado el último año en pisos de alquiler”, afirma. Su sorpresa e indignación fue enorme cuando fue al colegio electoral y le dijeron que no estaba dada de alta en el censo. “Llamé a mis amigos y buscando en mis papeles vieron que había una carta sin certificar de la Oficina del Censo Electoral en la que se me comunicaba que me habían dado de baja”, detalla. 

Según la ley de régimen local, todas las personas que viven en España tienen la obligación de inscribirse en el padrón del municipio en el que residen habitualmente y de “comunicar” las “variaciones” que afecten a ese padrón. La legislación también faculta a los ayuntamientos a iniciar un expediente de baja en el padrón si descubren que una persona figura como inscrita en un inmueble que ha dejado de ser su vivienda habitual. Por ejemplo, si los nuevos inquilinos o propietarios acuden a empadronarse e indican que los anteriores ocupantes ya no residen allí. 

En todo caso, el ‘desempadronamiento’ no es inmediato. En ese supuesto, se abre un procedimiento en el que se debe notificar al afectado el requisito incumplido —no residir habitualmente en el domicilio en cuestión— y darle “audiencia” para que diga si está o no de acuerdo y haga las alegaciones que estime conveniente en el plazo fijado, tal y como establece el Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales. Es un procedimiento reglado aunque, a la luz de los testimonios recabados, tiene severas lagunas. Principalmente, en cuanto a cómo se alerta a los afectados. 

Ese texto legal señala que existe la “posibilidad” de enviar las notificaciones a un dispositivo electrónico y/o una dirección de email identificados por el interesado. De hecho, la ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas establece que las notificaciones deben realizarse “preferentemente” por medios electrónicos. Pero los testimonios recabados evidencian que, en la práctica, no ocurre así. 

La apertura de esos expedientes se comunica a través de cartas enviadas por correo ordinario al último domicilio del que tiene constancia, con la dificultad de que acaben llegando a sus receptores. Cuando esa notificación no se ha podido “practicar”, el reglamento determina que se debe realizar a través de un anuncio publicado en el Boletín Oficial del Estado.

Tras ese último paso, el expediente pasa a la correspondiente Sección Provincial del Consejo de Empadronamiento —un ente colegiado entre la Administración General del Estado y las autonomías—, que tiene la última palabra. Si la decisión es darle de baja, la persona afectada se queda fuera de cualquier padrón. “No es posible inscribirle en otro municipio porque al no contestar se desconoce dónde vive. En efecto, se queda sin inscribir”, confirma un portavoz del INE.

La expulsión del padrón implica causar baja del censo, algo que tampoco se comunica de forma telemática. En este caso, se recibe en el último domicilio en el que se haya estado empadronado un díptico similar al de la tarjeta censal en el que se comunica la baja y en el que se avisa, de nuevo sin acuse de recibo, de que “para ser elector” es necesario haber realizado previamente la inscripción en el censo.

“Es un tipo de notificación anacrónica e ineficaz”

Villagrán y el resto de afectados afirman que no tiene sentido que la Administración no realice estas comunicaciones de forma electrónica, mediante una identificación de seguridad por mensaje SMS o a través de Clave Permanente. “Parece que no interesa que llegue esa notificación”, lamenta Villagrán, que asegura que tras contar su caso en redes sociales recibió hasta 70 mensajes de personas que tampoco pudieron votar el pasado domingo por un motivo similar. elDiario.es preguntó al INE el número de electores que habían sido dados de baja del censo en el último año por inclusión indebida en el padrón, pero un portavoz afirmó que no disponen de esa información. 

“Es un tipo de notificación anacrónica e ineficaz. Mandar un papel a una dirección en la que ya saben que no resides es absurdo”, se queja el guionista Daniel Castro, que tampoco pudo votar el pasado domingo. En su caso, se había mudado junto a su familia hace un meses dentro del barrio de Chamberí, en Madrid. Reconoce que “por descuido” no modificó el padrón, aunque jamás pensó que pudieran darle de baja sin avisarle. “Nos plantamos en el colegio electoral en plena tormenta e hicimos cola en varias mesas hasta ver que no figurábamos en ninguna”, relata. 

Entonces, se acercó junto a su familia a la delegación provincial de la Oficina del Censo Electoral y allí le informaron de que con fecha de febrero se les había dado de baja del padrón y que no aparecían en ningún lugar de Madrid. “Me ha dolido mucho, no me había perdido unas elecciones nunca. Hablamos de perder un derecho fundamental, no es proporcionado con respecto a la infracción cometida, si se puede llamar así. Creo que el procedimiento debería ser más riguroso y garantista. La Administración tiene todos mis datos, uso el certificado digital. ¿Por qué no se me comunicó por esa vía?”, se pregunta. 

Antonio Delgado, residente en Leganés (Madrid), hace un relato similar. Se cambió de domicilio en diciembre del año pasado y retrasó el cambio en el padrón, precisamente, pensando que así evitaría problemas para poder votar en mayo. Dio por hecho que seguía en el censo, pero cuando fue al colegio electoral del distrito de Vallecas en el que había votado en otras ocasiones su nombre no constaba por ningún sitio. También se acercó a la Oficina del Censo Electoral y le dijeron que le habían dado de baja del padrón el 13 de marzo. “Llevaban el recuento y me dijeron que había 400 personas en la misma situación y solo eran las 12 de la mañana. No entendía nada. Debería haber algún mecanismo para poder votar en estos casos, un padrón provisional o algo así”, afirma. 

Delgado asegura que también es la primera vez que se queda sin votar. Ahora, al igual que el resto de afectados con los que ha hablado elDiario.es, intentará reclamar para no verse hurtado también de ejercer su derecho en las generales del 23 de julio. Pero parece muy complicado. El censo electoral vigente para esos comicios es el que se cerró a 1 de marzo con las variaciones comunicadas por los ayuntamientos y consulados con fechas de inscripción en sus registros anteriores al 28 de febrero, según confirma un portavoz del Instituto Nacional de Estadística (INE).

El PSdeG ha presentado una reclamación ante el Instituto Nacional de Estadística (INE) por el “atípico incremento” del censo electoral en Baralla (Lugo) en el año anterior a las elecciones municipales que se van a celebrar en poco más de dos semanas. El portavoz municipal y candidato de los socialistas, Jaime González del Río, asegura que en los últimos 12 meses la población subió en 104 vecinos, a pesar de que “lleva perdiendo habitantes desde que hay estadísticas oficiales” y lo vincula a una maniobra del PP.

Para el aspirante del PSdeG tras esta “sorprendente explosión demográfica” lo que hay es un posible “pucherazo electoral desesperado” para que el PP repita en la Alcaldía. Baralla, dice, pierde población de manera constante desde hace décadas y los habitantes han pasado de 3.488 en 1996 a 2.436 en 2022. En la última década el saldo vegetativo medio es negativo en 49 personas, añade. “Es muy sorprendente que, cuando se estuvieron perdiendo medio centenar de vecinas y vecinos año tras año, justo ahora que toca celebrar elecciones aumente repentinamente la población”, señala.

La formación ha hecho una reclamación en el INE para conocer el censo y estudiar “posibles irregularidades a la hora de inscribir personas en el ayuntamiento para poder votar al PP”, mantener la Alcaldía y que ello “les favorezca para alcanzar el gobierno de la Diputación de Lugo”. Los datos, considera González del Río, “hablan por sí mismos”.

Seis municipios de Extremadura, tres de la provincia de Badajoz -Peraleda de Zaucejo, Castilblanco y Táliga- y tres de la provincia de Cáceres -Acebo, El Gordo y Alía- se encuentran en el punto de mira por el aumento injustificado de su censo electoral, lo que ha motivado que la Diputación pacense haya comunicado esta circunstancia a la Junta Electoral Central, por las tres localidades que le competen.

De hecho vecinos de Peraleda de Zaucejo aseguran que el fin de semana pasado, agentes de la Guardia Civil habrían realizado controles sobre los domicilios de los nuevos empadronados, y “según me comentan -dice una vecina- llevaban muchos papeles encima, así que no debe tratarse de un caso o dos, sino de muchos”.

Fuentes de la Comandancia de la Guardia Civil de Badajoz consultadas por elDiario.es Extremadura no han precisado este aspecto pero sí admiten que se ha podido visitar algún domicilio “por diversas investigaciones en marcha”, sin especificar de qué tipo.

Por su parte fuentes del gabinete de comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) han explicado que hoy en día no les consta ninguna denuncia en este sentido.

El Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz, el pasado 5 de abril, publicaba que la Diputación había puesto en conocimiento de la JEC la relación de municipios o entidades locales menores de la provincia que, en los seis meses anteriores al 4 de abril de 2023, han registrado un incremento de residentes “significativo y no justificado”.

El caso de Acebo

Por otro lado en el municipio cacereño de Acebo ha sido el partido socialista el que ha dado la voz de alarma sobre el aumento “espectacular” del padrón municipal de la localidad, gobernada por el PP, con 70 nuevas personas censadas desde el 1 de enero de 2022 y de las cuales 59 tendrían derecho a voto.

Eso supone un incremento de golpe del padrón de más del 10 por ciento ya que el censo total del municipio es 542 habitantes.

Desde el PSOE, “no entendemos cómo este aumento espectacular de población ha pasado totalmente desapercibido para el gobierno municipal, pese a ser una noticia digna de mérito en la lucha contra la despoblación que sufre nuestro pueblo”.

El partido socialista pone de manifiesto, a lo largo de 2022, han fallecido 30 personas y no ha nacido ningún niño, y que, a pesar de ello, de enero de 2022 a enero de 2023, hay 70 habitantes más en la localidad, según los datos del padrón municipal.

Algo “inaudito” para el PSOE, que destaca que el municipio de Acebo ha venido sufriendo un descenso progresivo en su número de habitantes desde finales de los 90, llegando a contar tan sólo 542 vecinos en enero de 2022, con 515 con derecho a voto, mientras que este año contaría según las nuevas altas con un censo de 582 personas, de las que 544 tienen derecho a votar.

Solamente el 4,01% de los andaluces con derecho a votar el próximo 19 de junio que residen en el extranjero ha solicitado poder ejercer su derecho en las elecciones de Andalucía. El área de Censo Electoral del Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado este martes las cifras provisionales de solicitudes de voto de los electores residentes en el extranjero: 10.588 peticiones del total de 263.430 personas con derecho a voto. Pese a que también se deberán tener en cuenta las solicitudes que hagan los electores en plazo por correo postal, que pueden llegar después del día 31 de mayo, los datos no son definitivos ya que, como ya informó este periódico, no es lo mismo pedir el voto que votar, y el porcentaje a buen seguro que se reducirá como ha ocurrido en otros comicios.

Cabe recordar que las elecciones andaluzas del 19J serán a priori las últimas que se celebren en España con 'voto rogado'. La Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados ratificó el pasado 25 de mayo la ponencia de la proposición de ley que acaba con ese sistema, implantado en 2011, y aprobó el dictamen de la nueva norma que regirá el voto de los españoles residentes en el extranjero a partir de 2023

En el gráfico se pueden observar los electores en el extranjero, según las provincias de origen, y las solicitudes de voto aceptadas. Como se puede observar, las provincias más occidentales se implican más en los comicios andaluces que las orientales. Sevilla casi duplica a Granada, y Córdoba duplica a Almería, a tenor de los datos hechos públicos por el INE en el apartado 'Elecciones al Parlamento de Andalucía'.

Las listas de tablas, en lo que se refiere a solicitudes de voto, ofrece también las peticiones aceptadas según el país de origen donde reside la persona con municipio de inscripción en Andalucía. En este sentido, y según apunta Juan Antonio Domínguez, técnico estadístico del IESA-CSIC, destaca el porcentaje destacado (7,8%) en rogar el voto desde el Reino Unido, que abandonó oficialmente la Unión Europea hace poco más de un año con la entrada del 2021. Serán, por tanto, las primeras elecciones en Andalucía que se celebran bajo esa nueva situación. “El fenómeno Brexit ha traído que casi un 8% de los residentes ausentes que viven en el Reino Unido hayan solicitado el voto, el doble de la media, y muy por encima de los residentes en la Unión Europea”, apunta.

Es el dato “más sorprendente” de esa tabla ya que “por lógica los que viven en la UE tienen mayores 'facilidades'”. De hecho, así se expresó Helena Mateos, que vive desde septiembre en Bruselas (Bélgica) y que, a priori, no observó especiales dificultades para la tramitación. El estadístico también alude a “la dificultad de acceso al voto rogado en países fuera de Europa, que es abrumador”. “Fuera del territorio europeo, nuestras diáspora tienen mayores dificultades para solicitar el voto. Si en la Unión Europea es residual, fuera es simplemente ridícula, cuando además el peso demográfico es alto, como sucede en los países iberoamericanos”, señala el experto.

En las anteriores elecciones de Andalucía, solamente el 3,8% de los andaluces residentes en el extranjero pidió votar el 2 de diciembre de 2018, fecha de los comicios autonómicos precedentes. Pero no todos ejercieron finalmente su derecho, pese a haberlo pedido en primera instancia: 7.020 votos emitidos de los 9.301 votos rogados. La estadística dice que el sistema de 'voto rogado' ha hundido la participación electoral de los españoles en el extranjero. En Andalucía, por ejemplo, entre 1986 y 2008, el promedio de votantes era del 28,5%. Al rogar el voto a partir de 2011, ese porcentaje bajó dramáticamente a 4,1%, atendiendo al promedio de las tres últimas elecciones. Esta vez, ese porcentaje bajará a buen seguro porque no todos los que piden el voto lo ejercerán finalmente.

Claves de la reforma del voto desde el extranjero

La futura nueva ley, cuya principal novedad reside en que los electores podrán descargarse en una página web la papeleta de la votación y todas las candidaturas, que recibirán en bloque, estará lista antes de que termine el periodo de sesiones de las Cortes y que seguirá su tramitación en el Pleno del Congreso y, posteriormente, pasará al Senado a partir de septiembre, debutando previsiblemente en las próximas elecciones que se convoquen en 2023, aunque “no se conoce el detalle de los plazos”, aseguran fuentes del Congreso.

Las embajadas serán lugares habilitados para depositar el voto en las urnas así como los consulados honorarios, que ampliarán sus horarios en mañana y tarde. Incluso se podrá utilizar la valija diplomática para hacer llegar el voto a tiempo. En cuanto a los plazos previstos, el voto en urna será entre el octavo y el tercer día, ambos inclusive, anteriores al día de la elección, mientras que el escrutinio no será a partir del quinto día, sino del octavo día siguiente a la votación y concluirá no más tarde del décimo día posterior al de las elecciones.

Los consulados garantizarán los medios informáticos necesarios para la descarga del resto de la documentación precisa para votar, el proceso de precintado, recuento y elaboración del acta sea público y las funciones de los representantes de las candidaturas concurrentes en los procesos electorales en el exterior se asimilarán a las funciones de interventores y apoderados en los artículos 76 a 79 de la LOREG.

Por otra parte, ante situaciones excepcionales que se puedan dar en algunos países donde votar sea más complicado, el Gobierno previo informe de la Junta Electoral Central (JEC) podrá modular los criterios de votación o incluso el proceso para garantizar que los residentes españoles puedan ejercer su derecho de sufragio.

“¡Alerta!, ¡Alerta! Ha habido una manipulación descarada del censo”, afirma una mujer en un vídeo que se está difundiendo a través de WhatsApp. En este vídeo se dice que “en 9 meses de repente tenemos a 200.000 nuevos españoles que pueden votar” y se asegura que este crecimiento se debe principalmente a los inmigrantes nacionalizados. 

Es un bulo que se lleva difundiendo desde 2019 y que ahora vuelve a compartirse con las elecciones del 4 de mayo de la Comunidad de Madrid. En el último año, entre enero de 2020 y enero de 2021 (fecha en la que se cerró el censo para poder votar en los comicios regionales) en esta comunidad el censo ha disminuido en más de 11.000 personas. Además, es falso que en el último año hayan llegado 106.000 personas inmigrantes, como afirma la mujer del video. Los inmigrantes llegados de forma irregular, además, no consiguen la nacionalidad de manera automática. 

En el último año el censo en la Comunidad de Madrid ha perdido a más de 11.000 personas y a nivel estatal ha aumentado 23.766 personas

En este vídeo de un minuto de duración, la mujer afirma que hay una relación entre la supuesta subida de 200.000 personas en los últimos 9 meses en el censo y las llegadas de inmigrantes del último año. Pero es falso que el censo haya crecido en 200.000 personas tanto en Madrid, donde tendrán lugar elecciones el próximo 4 de mayo, como a nivel nacional. Según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), entre el 1 de enero de 2020 y el 1 de enero de 2021 (fecha en la que se cerró el censo para poder votar en las elecciones del 4 de mayo) en la Comunidad de Madrid el censo descendió en 11.451 personas.

En el caso de España, el número de personas censadas en el último año ha crecido en 23.766 personas, por lo tanto tampoco se cumplen las cifras que da la mujer en el vídeo. Según los datos del INE, el aumento de personas censadas a nivel estatal entre enero de 2020 y enero de 2021 es la tercera más baja de los últimos 10 años, por detrás de las registradas entre 2017 y 2018 (10.606 personas) y entre 2016 y 2017 (17.302 personas). 

En el caso de Madrid, según los datos del INE, en los últimos diez años es la primera vez que se registra un descenso de la población censada.

En el último año no han llegado 106.000 inmigrantes y un inmigrante recién llegado no puede conseguir automáticamente la nacionalidad

Tras asegurar que hay 200.000 nuevos españoles en el censo en los últimos 9 meses, una cifra que como os decimos es falsa, la mujer se pregunta “¿cuántos eran los ilegales que han entrado en el último año?”. Afirma que son 106.000 y que además han sido nacionalizados. Sin embargo, según los datos del Ministerio del Interior, en el último año el número de personas que ha entrado de manera irregular en España es de 41.861, no 106.000 como afirma la mujer del vídeo, por lo que no existe ningún dato en el que pueda sustentar esta cifra. 

Además, como ya os hemos contado en otras ocasiones, ningún extranjero en situación irregular puede acceder automáticamente a la nacionalidad. Para que todos estos inmigrantes en situación irregular puedan obtener la nacionalidad primero deben regularizar su situación en España. Y, además, deben acreditar que no tienen antecedentes penales ni en su país de origen ni en España y superar pruebas de idioma y cultura general, entre otros requisitos. 

También era falso en 2019 cuando se difundió con las elecciones generales del 10 de noviembre

Este vídeo no es nuevo: comenzó a difundirse en las elecciones generales del 10 de noviembre de 2019, pero como os contamos entonces, también era falso que entre enero y julio de 2019 (cuando se cerró el censo electoral) hubiera 200.000 nuevos españoles que pudieran votar. También era falso que hubiera 106.000 inmigrantes nacionalizados en el último año, según el Ministerio de Justicia entre enero y julio de 2019 se concedió la nacionalidad española a 32.279. 

Además, tampoco en el año 2019 llegaron 106.000 personas de manera irregular como afirma el vídeo, sino que según reflejan los datos del Ministerio del Interior de 2019, entre enero y octubre de 2019 (un mes antes de las elecciones) entraron en España 19.604 inmigrantes irregulares. 

*Este artículo forma parte de Maldita Migración, un proyecto de Maldita.es en colaboración con elDiario.es y el apoyo de Oxfam Intermón. 

El estrecho margen con el que el PSOE obtuvo la victoria en las pasadas elecciones autonómicas, 448 votos más que el PP, dejaba todo en manos de lo que decidieran los 1.943 murcianos llamados a las urnas que viven en el extranjero. La Junta Electoral Provincial ha procedido este miércoles 29 de mayo al recuento de esos votos y ha ratificado que los socialistas son los ganadores de los comicios por primera vez después de casi tres décadas en la Región de Murcia.

El PSRM ha sido la fuerza preferida por los emigrantes murcianos con 417 sufragios, seguido de Podemos con 202. El PP ha sido la tercera opción con 183 votos. Tanto Ciudadanos como Vox han quedado en quinto y último lugar, con 142 y 129 apoyos del exterior, respectivamente. Las dificultades que encuentran los españoles residentes en el extranjero con el denominado 'voto rogado' ha provocado que, para el caso murciano, apenas un 5,92% del censo haya podido participar en las elecciones autonómicas del 26M.

El líder de los socialistas y aspirante a la presidencia de la Región de Murcia, Diego Conesa, ha visto aumentada su distancia con su principal competidor y encara las futuras negociaciones con Ciudadanos, partido del que depende la formación del próximo Gobierno de la Comunidad, con la certeza de haber sido el partido más votado con el 100% de las papeletas escrutadas.

Se confirma el descenso de la participación en Castilla-La Mancha. En esta comunidad autónoma, un 53,12% de los votantes llamados a las urnas había depositado su voto hasta las 18.00 horas de este domingo 26 de mayo. La cifra confirma y aumenta el dato de las 14.00 horas y lo sitúa en más de dos puntos por debajo que hace cuatro años. En el año 2015, cuando se celebraron las últimas elecciones autonómicas y municipales en Castilla-La Mancha (entonces no hubo europeas) la participación a las seis de la tarde tarde fue del 55,32%. La participación baja de forma general en las cinco provincias de la región. 

En Albacete en 2015 votó el 54,32% del censo a las 18.00 horas (en 2019 un 50,9%), mientras que en Ciudad Real lo había hecho el 53,72% (hoy un 51,52%). En Cuenca fue el 59,95%, (un 58,21 % este domingo), en Guadalajara el 52,29% (hoy un 51,52%) y en Toledo el 56,8% (hoy 54,9%).

Lo que sí ha experimentado un importante incremento es la participación de los votantes castellano-manchegos en las elecciones europeas respecto a lo que ocurría en 2014, la última fecha en la que se celebraron estos comicios. En Castilla-La Mancha ha votado este domingo un 52,68% del censo electoral, lo que supone casi 18 puntos más que hace cinco años a las 18.00 horas (34,75%).

Los grandes datos del censo electoral para este 26M

En este 26 de mayo están llamados a votar 1.572.274 castellano-manchegos, de los que 310.052 electores ejercerán su derecho al voto en la provincia de Albacete; 396.239, en la provincia de Ciudad Real; 155.153, en la de Cuenca; 186.571 en la de Guadalajara y, finalmente, 524.259, en la provincia de Toledo.

Del total de electores que pueden participar en estas elecciones autonómicas en Castilla-La Mancha, el 97,9%, es decir, 1.539.422 votantes, son residentes en España y el 2,1% restante, 32.852 votantes, son residentes en el extranjero. Otro dato a destacar de estos comicios es que 75.562 electores, el 4,8% del censo total de votantes, podrán ejercer su derecho al voto por primera vez al haber alcanzado la mayoría de edad desde las últimas elecciones autonómicas de mayo de 2015.

Además, y según los datos de la Oficina del Censo Electoral, 56.489 personas han solicitado votar por correo, lo que supone un incremento del 34% respecto a las pasadas elecciones autonómicas, y se han recibido 2.592 solicitudes de españoles inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA).

Este domingo, 26 de mayo, los castellano-manchegos elegirán a sus 33 representantes en el Parlamento autonómico durante la próxima legislatura. Una legislatura que se iniciará el próximo día 19 de junio con la constitución de las Cortes de Castilla-La Mancha. Así lo ha detallado el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, durante la rueda de prensa para presentar el dispositivo previsto para la celebración de las elecciones a las Cortes de Castilla-La Mancha.

En estos comicios están llamados a votar 1.572.274 castellano-manchegos. Por circunscripciones, 310.052 electores ejercerán su derecho al voto en la provincia de Albacete; 396.239, en la provincia de Ciudad Real; 155.153, en la de Cuenca; 186.571 en la de Guadalajara y, finalmente, 524.259, en la provincia de Toledo. Del total de electores que pueden participar en estas elecciones autonómicas en Castilla-La Mancha, el 97,9% (1.539.422 votantes) son residentes en España y el 2,1% restantes (32.852 votantes), residentes en el extranjero.

Según los datos hechos públicos por la Oficina del Censo Electoral, 56.489 personas han solicitado votar por correo, lo que supone un incremento del 34% respecto a las pasadas elecciones autonómicas, y se han recibido 2.592 solicitudes de españoles inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA).

Los electores podrán votar en Castilla-La Mancha en las 3.082 mesas electorales que se constituirán el día 26, repartidas en un total de 1.483 locales electorales. La apertura de las mesas electorales será a las 9.00 horas y dará comienzo el horario de votación, que se prolongará de manera ininterrumpida hasta las 20.00 horas, tal como establece la normativa electoral.

Durante la jornada electoral, 1.867 representantes de la Administración se encargarán de transmitir los datos de las mesas electorales hasta el Centro de Recogida y Procesamiento de Datos. Para este proceso de transmisión de datos se han repartido un total de 1.024 dispositivos móviles entre los representantes de la Administración. El Centro de Difusión de Datos estará ubicado en la Escuela de Administración Regional de Toledo, y allí se ha habilitado el Centro de Prensa, que cuenta con todos los recursos y medios técnicos necesarios para que los periodistas puedan desarrollar su trabajo.

Material electoral

En cuanto al material electoral impreso que se utilizará en estos comicios autonómicos, se han impreso un total de 23.378.712 papeletas de las diferentes candidaturas que se han proclamado en la región y 2.211.058 sobres. También las subdelegaciones del gobierno en la región han repartido un total de 45.861 manuales de instrucciones para los miembros de las mesas electorales.

Toda la información relativa a las elecciones de Castilla-La Mancha se pondrá a disposición de la ciudadanía a medida que se vaya generando durante la jornada electoral del 26 de mayo a través de la web https://resultados2019.castillalamancha.es.

Además de la web y como novedad respecto a anteriores comicios autonómicos, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha puesto a disposición de los ciudadanos la aplicación móvil 'JCCM Elecciones 2019', que se puede descargar de forma gratuita tanto para dispositivos iOS como para Android.

La Oficina del Censo Electoral, organismo que depende del Instituto Nacional de Estadística, publica en cada cita electoral una lista de municipios que ha recibido reclamaciones administrativas en relación a su censo. Ésta se crea tras el control de las altas, según lo establece el artículo 30 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General y se fija especialente en aquellos municipios que “por su tamaño tienen una mayor trascendencia los empadronamientos que pudieran ser sospechosos de ser irregulares”.

Según lo que explican desde la oficina, se analizan “únicamente” los municipios de hasta 2000 electores que estén inscritos en el Censo a partir del 1 de enero del año, dentro del que se incluyen los movimientos del mes de diciembre. Según la Ley, esta Oficina tiene la potestad de controlar de oficio las altas y las bajas que ocurran en los censos de las localidades.

Los municipios que han sido contactados por la Oficina, debido a que se ha observado algún tipo de comportamiento anómalo en la localidad, han tenido un plazo para subsanar la situación. Pero, en el caso de no haber remediado lo detectado, se hace pública la relación de Entidades Locales, de modo que los representantes de las distintas candidaturas o formaciones políticas puedan reclamar lo que consideren correspondiente ante la Junta Electoral Central

En el caso de Castilla-La Mancha, se han detectado los siguientes municipios: Ayna, en Albacete. Campillo de Ranas, Castejón de Henares, Ciruelas, Hueva, Pareja, Tordelrábano y Valdeavellano, en la provincia de Guadalajara. Por último, Hormigos y El Romeral en Toledo. Muchos de ellos, apenas supera el centenar de habitantes, pero ha tenido un incremento que en algunos casos supone el doble de votantes. Desde eldiarioclm.es hemos contactado con todas las oficinas provinciales del Censo Electoral, que han confirmado que tras la publicación de la lista de localidades impugnables nadie ha decidido tomar acciones.

Solo el 8,4% de los españoles con derecho a voto en el extranjero ha superado los trámites necesarios para solicitar el voto para las elecciones generales del 28 de abril. En total, 176.547 ciudadanos de los 2.099.339 inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) lo han rogado, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Son los que han superado la primera parte de la yincana que supone para muchos ejercer este derecho desde fuera del territorio nacional, por lo que fuentes consultadas señalan que serán menos aún los que realmente terminen votando o consigan que su voto llegue a tiempo.

Quienes más votos aportarán al recuento son los que viven en Francia, donde lo han pedido 27.562 españoles, Alemania (21.813), Reino Unido (19.778), Estados Unidos (14.609) y Argentina (13.297). Pero, proporcionalmente (es decir, teniendo en cuenta el porcentaje de electores que votan en cada país respecto al total de los que podrían hacerlo) la cosa cambia y en el ranking Francia pasaría a ocupar el puesto número 83, Alemania el 57, Reino Unido el 48, Estados Unidos el 93 y Argentina el 137 de 147 Así estarían en cabeza Islas Cook (100% con un español), Santa Lucía (50% de 6) y Níger (47,5% de 40).

El bajo índice de solicitud del voto rogado se explica por varios factores. El primero es la reforma de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General aprobada por PP y PSOE en 2011, que incrementaba los trámites para solicitar las papeletas y emitir el voto sin aumentar los plazos, lo que en la práctica dificultaba salvar cualquier contratiempo e impedía hacer efectivo el derecho de sufragio a todos los interesados. En 2008, las elecciones anteriores a las que se incorporara esa medida, habían votado en las generales casi el 32% de los residentes en el extranjero; en las siguientes votó el 5%. Uno de los requisitos que se incluyó en aquella reforma fue la inscripción en el registro consular. “Eso es un problema, pero yo no veo otra manera”, indica la catedrática de Derecho Constitucional y exmiembro de la Junta Electoral Central Paloma Bligino. “Antes, como no existía este requisito, la oficina del censo enviaba las papeletas a casa del elector, pero no sabía si estaba vivo o muerto” lo que provocaba que hubiera “muchísimo fraude”, explica.

La media de solicitud del voto la suben los países europeos, todos por encima del 10%, y la bajan los del continente americano donde, salvo Estados Unidos y algunas pequeñas islas del Caribe y el Pacífico, están por debajo. Respecto al bajo porcentaje global de solicitud del voto, Biglino advierte que “hay personas que tienen doble nacionalidad, que nunca han tenido relación con España y que no votan porque tienen plenos derechos en sus países”. Es el caso de los españoles de origen, hijos de padre o madre española sea cual sea su lugar de nacimiento. Esto explicaría, por ejemplo, el bajo interés de participación en Argentina, el país donde hay más españoles con derecho a voto (420.915), pero en el que solo lo han pedido el 3,2%. O Cuba, donde solo han solicitado el voto 985 de los 136.522 españoles viviendo allí, lo que supone un 0,7%.

“Es cierto que hay muchos hijos de emigrantes que, de facto, no votan. Por eso nos parece normal que los índices anteriores de participación a la reforma fueran del 30%, pero la gente que ha salido del país y tiene esa conexión con España quiere votar”, apunta María Almena, portavoz de Marea Granate (la red trasnacional de emigrantes). Gloria Gamero es malagueña y reside en Buenos Aires, Argentina. Es una de las 13.297 personas que han pedido el voto allí, aunque lo ha hecho desde España. “Este mes de abril estaba en Madrid y pensé que no podría votar, porque ya no estaba a tiempo de cambiar la inscripción y tampoco quería hacerlo por temas laborales. Fui al consulado de España en Buenos Aires y, después de muchas horas de espera, me dijeron que no tenían ni idea de qué hacer con mi caso. Pregunté a Marea Granate y me contaron que los CERAs podemos pedir el voto por correo para cualquier parte del mundo, así que lo hice y me han llegado este jueves”, explica. Lo que no sabe es si, finalmente, su voto sumará. “Nuestros votos se contabilizan en la Junta Electoral Central, el martes o miércoles después de las elecciones, en una especie de registro único y en un acto cerrado”, por lo que “lo remitiré y nunca sabré si llegará o no, si será contado o no”, lamenta.

“La primera barrera, la inscripción consular”

“La primera barrera para votar es la inscripción consular”, apunta Almena. Por eso, “es más difícil votar en los países que tienen menos consulados”, continúa. En Francia, donde solicita el voto el 12,8% del electorado hay 10 consulados; en Marruecos, donde lo piden el 15,2%, siete; en Alemania, donde lo piden el 17,3%, seis. En Estados Unidos existen una decena de consulados donde registrarse, pero se encuentra entre los países que incluyen como requisito contar con un permiso de trabajo. “Allí es mucho más difícil inscribirse que donde esa exigencia no existe”, puntualiza Biglino. Julio Herrera vive en Hangzhou, China, a unas dos horas y media de Shanghai, donde se encuentra el consulado más cercano (en ese país, el tercero con más superficie del mundo, hay cuatro, todos en la costa). “Cambié de trabajo y de ciudad en diciembre y registré la nueva dirección en el consulado el 2 de enero”, explica. Como el censo se cerró el 31 de enero, ese cambio no figuraba, por lo que tuvo que ir directamente al consulado a solicitar que lo modificaran en el censo. “Son unos 50 euros entre gasolina y peajes. Eso es lo de menos, lo de más es perder todo el día, pero lo hice con muchas ganas”, indica. A la semana, le notificaron que el cambio había sido desestimado por un defecto de forma, aunque pudo solucionarlo por teléfono.

Con la modificación realizada, el siguiente paso era rogar el voto. “Como la clave telemática la enviaron a la dirección antigua, tengo que pedirlo por correo, que desde China y con los plazos vencidos es totalmente inviable, o por fax. Habilitan dos líneas de fax para todos los electores en el extranjero. Lo intenté durante tres o cuatro días y la línea siempre salía ocupada. ¿Qué tiene de seguro un fax, que lo puede enviar cualquiera, que no tenga un correo electrónico?”, se pregunta Herrera. Con las mismas, notificó los problemas que se estaba encontrando al INE, con todos sus datos, pero no ha obtenido respuesta, por lo que no sabe si es uno de esos 694 españoles residentes en China (el 17,9% de los que tienen derecho a voto), que el Instituto Nacional de Estadística recoge. “No creo que lo hayan procesado y no confío en recibir los datos, pero aunque lo procesaran, tienen que enviar las papeletas por correo ordinario y en las elecciones anteriores, en 2016, ya me llegaron tres semanas tarde. Pero por mí que no quede, yo lo he intentado todo”.

Entre un tercio y la mitad no podrán votar

Según los datos que manejan desde la Marea Granate, entre un tercio y la mitad de ese 8,4% que ha solicitado el voto se quedará finalmente sin votar, acercándose al 6,2% de participación de 2016. “Son votos que no se tramitan, que las papeletas no llegan o que no llegan de vuelta al consulado o a España”, indica Almena, que denuncia que la situación se complica para estos comicios “porque los plazos de los envíos caen en Semana Santa”. “Toda elección es muy compleja”, dice la catedrática, “pero es más compleja aún cuando no tienes disponibilidad sobre todo el aparato” y España no controla los servicios postales de los 147 países desde los que se han solicitado votos. “Igual hay países muy desarrollados donde no hay problema con el correo, pero en otro, sí. Entonces los sobres no llegan, los votos no llegan... El tema no es fácil”, señala.

Propone soluciones. “Hay una reforma muy sencilla, que se ha hecho en Galicia y País Vasco y que supone aplazar tres días el escrutinio general. Aunque retrasa la constitución de los órganos elegibles, da la impresión de que está dando buen resultado” porque permite subsanar posibles retrasos. “Otra cuestión muy importante es hasta qué punto podríamos utilizar los medios tecnológicos. No el voto por internet, que no es de fiar, pero sí otros medios informáticos para facilitar el intercambio de información”, indica Biglini. Pero la tecnología tampoco es la panacea. Esta misma campaña, la Junta Electoral Central se vio obligada a ampliar el plazo de solicitud del voto en 48 horas, del 30 de marzo al 1 de abril, por “fallos técnicos”.

Desde la Marea Granate reclaman una reforma que incluya la derogación del ruego del voto, la actualización del censo, la aplicación de un modelo mixto de votación, para que el electorado pueda acogerse a la modalidad que se ajuste a sus posibilidades y una modificación de los plazos electorales. También, una mejora de la información electoral, la inclusión de medidas que garanticen la transparencia y la auditoría del proceso y la trazabilidad del voto desde el extranjero hasta el lugar del escrutinio.

Son anecdóticos los casos de las Islas Cook, un pequeño archipiélago en el Pacífico Sur, donde el índice de solicitud del voto es del 100%, aunque solo vota una persona; o de Santa Lucía, donde han solicitado participar el 50% de los 6 electores que viven allí; o Níger, donde lo hacen el 47,5% de los 40 españoles. En Eslovenia, con 105 españoles con derecho a voto, lo han solicitado el 44,8%; en Albania, con 30, y en Bosnia y Herzegovina, con 51, el 43% y en Maldivas, con 5, el 40%. “En los países donde la emigración es minoritaria tal vez no haya un asentamiento en zonas más alejadas o rurales”, indica Almena.

Almena señala otro factor que facilitaría que los españoles pudieran rogar el voto. “Tenemos el caso de países que tienen cónsules honorarios, que tienen potestad para decir que la documentación que le entregan tiene validez, pero de facto no tramitan ruegos de voto”. La legislación española reconoce que estas figuras “podrán ejercer funciones consulares, con carácter limitado y por delegación, en concepto de auxiliares y colaboradores de los funcionarios diplomáticos o consulares de carrera de los que dependan” en los términos establecidos por el Convenio de Viena o por los convenios bilaterales. En Armenia existe un consulado honorario, pero los ocho españoles que viven allí y que están inscritos en el CERA tienen que trasladarse a Moscú para rogar el voto. Es el caso de Adrián Álvarez, que por las trabas que se encontró no pudo finalmente solicitarlo. Solo lo consiguió una persona.

En 34 países donde viven españoles con capacidad para votar en las próximas elecciones nadie ha solicitado el voto. Entre todos, suponen poca población: 301 personas. De este grupo, donde más viven están en Guinea (44 españoles), Benin (32), Sudán (31) y Togo (25). Además, hay 25 estados con menos de 10 habitantes españoles con derecho a voto y cinco con solo uno: Burundi, Swazilandia, Eritrea, Tayikistán y Micronesia.

En las elecciones generales del 28 de abril podrán participar 58.093 personas en las cuatro circunscripciones gallegas que aún no tenían derecho a voto en los anteriores comicios para renovar el Congreso y el Senado, celebrados en junio de 2016, por ser entonces menores de edad. Son caso 60.000 nuevos votos de jóvenes que no impiden, ni de lejos, que el peso electoral de la juventud gallega siga descendiendo hasta otro mínimo histórico en estos comicios.

Coincidiendo con el inicio del período electoral la Oficina del Censo ha hecho públicos los principales datos del 28A. Y, en el caso gallego, vuelven a reflejar otra vez a crisis demográfica: el número total de personas residentes en Galicia con derecho a voto vuelve a descender en consonancia con la pérdida de población y el peso del voto juvenil agudiza su declive.

Así, apenas 388.000 personas de entre 18 y 34 años podrán votar en Galicia en el 28A, un 7% menos que en las últimas elecciones celebradas en Galicia, las gallegas de 2016, y casi un 40% menos que a comienzos de siglo. Muestra evidente de la pérdida de peso del voto juvenil es que, según los datos de la Oficina del Censo Electoral, la población de entre 18 y 34 años dejó de ser el grupo electoral más numeroso en 2005 y pocos años después era ya el de menor relevancia numérica.

Como muestra el gráfico sobre estas líneas, mientras el peso electoral de la juventud descendía pronunciadamente, el de la población mayor de 65 años no dejaba de subir. Ahora serán más de 685.000 personas que ya han superado este umbral las que tengan derecho al voto -sin contar el censo exterior de “residentes ausentes”-, un 3% más que en las generales de 2016. También vuelve a aumentar el electorado de entre 50 y 64 años, mientras que también desciende el de entre 35 y 49 años.

Esta evolución del censo gallego dibuja una pirámide de población cuya base asciende cada vez más. Por grupos quinquenales de edad, la franja más numerosa es ya la de la población de 40 a 44 años y destaca también el peso de las personas mayores de 85, muy especialmente de las mujeres de esta edad. Mientras, la pirámide está ya claramente invertida entre la juventud.

Dada la cada vez mayor preponderancia del electorado de edad más elevada sobre la juventud, cada vez con menos relevancia electoral, las diferentes formaciones políticas tendrán que modular sus mensajes gallegos teniendo en cuenta estas variables. Y ponderando  además que el comportamiento electoral es dispar entre las franjas de edad. O, al menos, eso es lo que dicen las encuestas de recuerdo de voto.

En el caso de Galicia las encuestas públicas más recientes al respecto son las elaboradas por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) después de las elecciones gallegas. En los tres últimos comicios al Parlamento (2009, 2012 y 2016) las respuestas del electorado indican que el PP fue el partido más apoyado en la mayor parte de las franjas de edad. No obstante, mientras que entre el electorado más joven está próximo e incluso en alguna ocasión fue superado por candidaturas de izquierda, entre la población mayor de 55 años su dominio es aplastante.

La coordinadora de Ciudadanos (Cs) Castro Urdiales, Alodia Blanco, ha solicitado al Ayuntamiento que, en uso de sus competencias sobre la gestión, revisión y control del padrón municipal, “realice las actuaciones y operaciones necesarias” para que este registro administrativo “concuerde con la realidad”.

Blanco ha calificado como “muy graves” las informaciones relacionadas con el “intento de empadronamiento de numerosos ciudadanos de nacionalidad rumana”, por lo que ha instado al Consistorio a poner en conocimiento de la Oficina del Censo Electoral “cualquier irregularidad que detecte”.

En este sentido, ha calificado los hechos como “sorprendentes” tanto por su “cercanía al cierre del censo electoral”, como por ir acompañados de un “incremento inusitado” de las solicitudes de voto rogado.

La coordinadora de Cs ha indicado que el Ayuntamiento “debe promover una inspección” en el caso de que se revelen indicios de “posibles actuaciones irregulares”, con el fin de “comprobar la residencia efectiva de los nuevos empadronados”.

“En el caso de que se constaten esas anomalías, hay que proceder a la baja de oficio de las personas que no cumplan los requisitos establecidos por ley”, ha subrayado Alodia Blanco, para quien “es pertinente” que el Consistorio “llegue al fondo de este asunto” para eliminar “cualquier atisbo de turbiedad” en una materia “tan importante” como son “los procesos electorales”.

El 26 de mayo de 2019 se celebrarán en España elecciones municipales y al Parlamento Europeo, cuya organización y gestión corresponde a la Administración General del Estado, y en las que podrán votar los extranjeros procedentes de países de la UE.

En los comicios municipales podrán participar además los ciudadanos de otros países democráticos residentes en España con los que hay acuerdos de reciprocidad, para lo cual han de inscribirse en la Oficina del Censo Electoral hasta el próximo 15 de enero. Estos países son Bolivia, Cabo Verde, Chile, Colombia, Corea del Sur, Ecuador, Islandia, Noruega, Nueva Zelanda, Paraguay, Perú y Trinidad y Tobago.

En cambio, para poder votar en las elecciones autonómicas que se celebran el mismo día –dependientes de cada comunidad en su ámbito territorial- es requisito imprescindible tener la nacionalidad española.

Para la inclusión de los extranjeros de la UE en el censo electoral vigente de las elecciones se requiere la inscripción previa en el padrón municipal de su lugar de residencia en España y haber manifestado su voluntad de ejercer el derecho de sufragio en España. Las declaraciones formales de esta voluntad pueden realizarse por internet, correo postal o personalmente en el Ayuntamiento de su residencia.

Por internet, los interesados han de hacer la gestión a través de la Sede Electrónica del Instituto Nacional de Estadística (INE), acreditando su identidad mediante un certificado electrónico asociado al Número de Identificación de Extranjero (NIE).

Por correo postal, han de cumplimentar la declaración formal contenida en la comunicación que hayan recibido, firmarla y remitirla a la Delegación Provincial de la Oficina del Censo Electoral correspondiente, sin necesidad de franqueo. Finalmente, en los ayuntamientos también disponen del impreso de declaración formal a cumplimentar.

Para que tengan efecto en el censo electoral vigente de las elecciones municipales y al Parlamento Europeo de mayo de 2019, las inscripciones de los ciudadanos europeos residentes en España en los padrones municipales y las declaraciones formales deberán realizarse antes del día 30 de enero de 2019, inclusive. Más corto es el plazo para los ciudadanos procedentes de otros países fuera de la UE, que pueden solicitar la inscripción en el censo electoral hasta el 15 de enero.

Quienes se inscribieron para las elecciones municipales del año 2015 y quieran volver a participar en las próximas del año 2019 han de inscribirse otra vez, ya que el censo para este colectivo se renueva en cada elección.

Para tener derecho a la inscripción, los interesados deben ser mayores de 18 años el día de la votación y no estar privado del derecho de sufragio activo, estar inscritos en el Padrón municipal de habitantes, estar en posesión de la autorización de residencia en España y haber residido legalmente en España el tiempo exigido en el correspondiente Acuerdo (tres años el día de la votación para los nacionales de Noruega y cinco años en el momento de la solicitud para los nacionales del resto de países).

Al igual que con los ciudadanos de la UE, las solicitudes de inscripción de los extranjeros procedentes de otros países con acuerdos de reciprocidad con España se podrán realizar por internet, correo postal o personalmente en el ayuntamiento de su lugar de residencia.

Esta es la historia de casi cuarenta personas que se empadronaron y votaron en un pueblo de menos de 2.000 electores en el que nunca vivieron. Sucedió en unas elecciones, las de 2007, en las que una gran empresa necesitaba que el PP alcanzara una victoria holgada, con la que aprobar los trámites de un megaproyecto turístico. Viene al caso contarlo porque este miércoles, once años después, era el día fijado para el juicio, que finalmente se ha retrasado. 

No obstante, que nadie espere ver en el banquillo al entonces alcalde de Cabanes, ni a los dueños de aquella gran empresa, Marina D'Or. Ni siquiera a algún funcionario del Padrón municipal. El único acusado es un hombre humilde, que en aquel tiempo se dedicaba a alquilar hamacas en la playa en los alrededores del gran complejo turístico de Oropesa y era amigo del yerno de Jesús Ger, su dueño.

Este hombre, P. A., está acusado de gestionar un falso empadronamiento en el Ayuntamiento de Cabanes, con una supuesta firma cuya dueña no reconoció después como auténtica. P. A. es un hombre de limitados recursos económicos. En su declaración ante el juez de 2010, explicó que vivía en la casa de su novia y que su único ingreso era el subsidio de 420 euros. Añadió que tenía problemas con algunos “vicios”. Hoy se enfrenta a una posible pena de cárcel de tres años por falsificación de documento público.

Él es el único fleco al que la acusación popular, ejercida por el partido Iniciativa del Poble Valencià y capitaneada por el hoy senador de Compromís Carles Mulet, ha podido agarrarse. En estos once años, los juzgados han archivado la causa tres veces y Mulet ha recurrido en todas esas ocasiones hasta conseguir llegar a juicio. En el camino, varias sentencias han eximido de culpa a todos los demás imputados y han sobreseído los delitos electorales. 

Los últimos coletazos de la burbuja 

Para entender este caso, hay que hacer un esfuerzo para volver mentalmente a la realidad de Cabanes en 2007. Según explica Mulet, concejal de la localidad en ese momento, en su término municipal estaba previsto construir la continuación de Marina d'Or, el gigante turístico capitaneado por Jesús Ger situado en la vecina Oropesa. Iban a ser dos grandes proyectos: Mundo Ilusión y Torre la Sal.

Su realización dependía, entre otros factores, de que el Ayuntamiento diera los permisos necesarios. Esto podía complicarse si el PP perdía las elecciones municipales de ese año. La razón es que IU se había declarado en numerosas ocasiones en contra de que se llevaran a cabo. La amenaza de que pudiera llegar a impedirlo era real, porque en los comicios de 2003 esta formación política había quedado a solo un concejal de poder formar gobierno junto al PSPV. 

Es en este contexto en el que Carles Mulet, entonces edil de IU, denuncia un posible fraude electoral por alteración del censo. Sospecha que cerca de 40 personas se han empadronado irregularmente en los meses previos a los comicios. Muchos de ellos son de Vall d'Uixó, la localidad de origen de Joaquín Talamantes, a la sazón yerno de Jesús Ger. 

Gran revuelo pero pocas consecuencias 

El caso provocó un gran revuelo en ese momento. Según recogió El País, el INE anunció que investigaría otros pueblos para evitar sucesos semejantes. Según la acusación particular que encabeza Mulet, los nuevos empadronados votaron en Cabanes. Aunque todos reconocieron después que nunca llegaron a vivir en las casas en las que se empadronaron.

Ni siquiera recordaban cómo eran. Algunos de ellos trabajaban en Marina d'Or. Además, los dueños de las viviendas en las que se realizaron estos empadronamientos eran dirigentes del PP o familiares, según Mulet.

Todos estos indicios no fueron suficientes para que la Justicia viera un delito relacionado con el sistema electoral. Ya en 2011, la Audiencia Provincial exoneró al Ayuntamiento y a Joaquín Talamantes. Sobre este último, consideraron que no había ejercido “violencia ni intimidación” sobre el resto de personas implicadas.

Por su parte, la Fiscalía de Castelló archivó el caso desde el principio. Según Mulet, la causa era la cercanía de su entonces responsable con el PP. “Las primeras actuaciones se hicieron con un fiscal, Javier Arias, que era la mano derecha de Carlos Fabra”, explica. Por eso, asegura, se abandonó el caso pese a que “algunas declaraciones de los empadronados eran escandalosas e incongruentes”. 

El juicio, aplazado 

Mulet lamenta que “los verdaderos responsables de este caso, que son el PP y Jesús Ger, no vayan a ser juzgados” y que el único acusado sea “un último eslabón”. Pero espera una condena para que haya “alguna consecuencia” de todo lo que pasó.

Después de once años de espera, el juicio no se celebró este miércoles porque la Justicia no pudo encontrar a uno de los testigos para notificarle la cita. Se trata, precisamente, de Joaquín Talamantes, según informó Compromís en una nota de prensa. 

Más allá de los vericuetos judiciales, la realidad siguió su curso. El PP ganó holgadamente aquellas elecciones de 2007. Las expectativas se las llevó la crisis, que barrió las ilusiones expansionistas de Marina d'Or. Mundo Ilusión no llegó a levantar ni un solo ladrillo y Torre la Sal se quedó en la segunda fase de las seis previstas.

La Guardia Civil ha llamado a declarar en las últimas semanas y este mismo miércoles a funcionarios de la Generalitat por la campaña institucional que el Ejecutivo promovió para incentivar la inscripción en el registro de catalanes en el extranjero y la web del Pacto Nacional del Referéndum, ha avanzado Catalunya Ràdio y ha confirmado este diario.

Se trata de la primera actuación de la Guardia Civil contra técnicos de la Generalitat con motivo del referéndum. La actuación policial está enmarcada en unas diligencias que instruye el juzgado de Instrucción 13 de Barcelona por el llamado 'caso Santi Vidal'.

Las primares citaciones se produjeron hace dos semanas. Entre la media docena de testigos citados figuran un cargo de confianza y funcionarios de la Dirección General de Difusión, adscrita a Presidència, y de la conselleria de Exteriors. También han sido llamados trabajadores de la agencia de publicidad a la que la Generalitat encargó la campaña institucional sobre el registro de catalanes en el extranjero.

A todas estas personas se les toma declaración en el cuartel de la Guardia Civil en la Travessera de Gràcia de Barcelona, donde ha acudido una abogada de la Generalitat. En declaraciones a RAC-1, la consellera de Governació de la Generalitat, Meritxell Borràs, ha lamentado las citaciones de funcionarios. “No me sorprende”, ha añadido, informa Europa Press.

Fuentes cercanas al caso concretan que, como policía judicial, la Guardia Civil tiene autonomía para practicar estas diligencias y luego trasladarlas al juez, aunque el titular del juzgado no ha ordenado ningún interrogatorio concreto. La causa, de hecho, se mantiene secreta.

Un anuncio de “¿Sí o no?”

La campaña investigada es la que la Generalitat lanzó a finales de marzo en los medios de comunicación para promover la inscripción en el registro de catalanes residentes en el exterior, con el lema: “¿Tienes familiares o amigos que viven fuera de Catalunya? ¿Ya se han inscrito en el registro de residentes en el exterior?”, junto a una fotografía de una tableta electrónica en la que aparece el mapa catalán y la pregunta “¿Sí o no?”, en letra negrita.

Tras publicarse los anuncios, la Fiscalía Superior de Catalunya abrió diligencias de investigación por si esta publicidad institucional contravenía las resoluciones del Tribunal Constitucional respecto a que no se pueden ejecutar preparativos sobre el referéndum de autodeterminación.

Finalmente, la Fiscalía se inhibió en favor del juzgado de instrucción 13 de Barcelona, que ha acabado asumiendo en una sola pieza tanto el caso Vidal como la investigación sobre el censo de catalanes en el extranjero. Al estar los dos procedimientos vinculados al desarrollo del proceso soberanista, había pesquisas que se solapaban.

Además, la Guardia Civil también tiene encomendada la investigación que la Audiencia Nacional abrió en marzo del pasado año a entidades y empresas que supuestamente están colaborando con la Generalitat para poner en marcha estructuras de Estado, como los servicios de inteligencia o la Agencia Tributaria Catalana.

El candidato de la candidatura Podemos en plural a la secretaría general de Podemos Canarias, Juan Márquez, ha pedido a la dirección de partido que le facilite el censo electoral, ya que el proceso de primarias comienza este jueves.

“No sabemos la cifra real, ni siquiera disponemos del dato exacto de cuánta gente tiene derecho a voto, y así es muy difícil hacer una campaña electoral”, ha señalado Márquez.

Podemos en plural defiende la unidad de la izquierda para poder plantar cara a los partidos tradicionales en las elecciones de 2019.

Según Márquez, “es imprescindible conocer qué personas están inscritas en el censo, pues tienen derecho a conocer directa y personalmente las propuestas de las distintas planchas”.

“Si no sabemos quiénes son, no podemos hacer la comunicación que nos gustaría, ni con formatos convencionales ni en redes sociales”, agrega el candidato.

El PSdeG-PSOE podría obtener en Ourense su escaño número 15 en el Parlamento gallego, que desharía el actual empate a 14 diputados que mantiene con EnMarea. Todo depende del voto exterior (Censo de Residentes Ausentes, CERA), que en Galicia ya hizo cambiar un representante en las elecciones autonómicas de 1989 y 1997, o en las europeas de 2004, siempre en favor del PP. En este momento, el último puesto en la provincia corresponde a los populares por tan sólo 135 votos, un último escaño que en la fase final del escrutinio estuvo bailando entre las dos formaciones.

Los socialistas necesitan obtener la tercera parte de los sufragios exteriores que los populares tengan en Ourense más esos 135 votos, para mantener la proporción entre el 9º escaño que ahora tiene el PP y el 3º al que aspira el PSdeG-PSOE y revertir la actual diferencia en favor de los conservadores. El escrutinio de todas las papeletas tendrá lugar el 3 de octubre ante las juntas electorales provinciales, en un proceso en el que estarán presentes representantes de las formaciones políticas.

En Ourense las personas censadas en el CERA enviaron un total de 3.955 solicitudes de voto (de un total de 98.932 censadas en el extranjero). Ese será el número máximo de sufragios a contar, y posiblemente sean algunos menos, debido a que algunas personas que rogaron su voto finalmente no hayan ejercido su derecho. De hecho, en junio hubo en Ourense 3.952 solicitudes y menos de 3.000 votos.

A la vista de esos datos y del comportamiento electoral reciente de los censados en el exterior, ¿pueden los socialistas hacerse con su escaño 15? En las generales de junio, en Ourense sólo participaron 2.874 personas; el PP consiguió 1.531 votos, seguido del PSOE, con 550. Mientras, en las generales de diciembre votaron 2.030, obteniendo el PP 944 y el PSOE 428. Finalmente, en las autonómicas de 2012 el número de votantes fue de 2.442, superando los populares el 65% de los sufragios y casi triplicando a los socialistas.

Podemos estimar que se mantendrá el número de sufragios con respeto al 26J (el número de solicitudes ha sido casi idéntico) y trasladar los datos del escrutinio del CERA de las dos últimas generales y de las gallegas de 2012. Si el PP repitiera el porcentaje de voto de junio (53,27%), y obtuviese unos 1.531 sufragios en el CERA, el PSOE debería conseguir un tercio (510) más 136 votos, es decir, 646. Por lo tanto, con el resultado del 26J (550), no lo conseguiría.

Sin embargo, en diciembre el PP tuvo 944 votos (el 46,5%) en el voto CERA. Si los populares repiten este porcentaje, rondarían ahora los 1.336 sufragios del exterior, por lo que los socialistas necesitarían algo menos (581 votos), pero todavía por debajo de las cifras de voto exterior de las dos últimas generales.

En todo caso, parece que el desenlace final estará muy ajustado, y puede que en él entren en juego impugnaciones, sobre todo si el resultado depende de unos pocos sufragios.

¿Cuánto sacó el PP el 20D? Si se acude a la web del Ministerio del Interior de aquella noche electoral, 7.215.752 de votos (28,72%). Si se consulta la web oficial del 26J, 7.236.965 votos y un 28,71%. ¿Por qué hay ese baile de números? Porque los votos de los residentes en el extranjero no se contabilizan en las noches electorales, sino que se hace pasado un tiempo y aparece en las webs de las sucesivas citas electorales pero no en las vigentes. Es decir, los datos del voto extranjero del 20D no aparecen en la web del ministerio del 20D, sino en la del 26J que, a su vez, no tiene recogidos los datos del voto extranjero del 26J. Y así sucesivamente.

Otro ejemplo. ¿Qué porcentaje de participación hubo el 20D? Aquí el baile es aún mayor en el porcentaje: 25.350.447 votantes (73,20%) en la web de la noche electoral, y 25.438.532 votantes y un 69,67% en la web del 26J. Un total de 88.085 votantes y 3,53 puntos porcentuales de diferencia.

Un dato más: el total de votantes el 26J (24.161.083, 69,84% del censo) y de abstencionistas (10.435.955, 30,16%) reflejados en la web del 26J son todo lo provisionales que pueden ser al no reflejar el 1.920.256 de españoles residentes en el extranjero cuya participación no será superior al 8% de las personas que solicitaron el voto rogado. Si se contabiliza ese voto extranjero teniendo en cuenta la escasísima participación, habría que computar en torno al 8% al total de votantes –si todos los solicitantes recibieron la documentación a tiempo y terminaron ejerciendo su derecho al voto– y en torno al 92% al número de abstencionistas.

Y un último detalle: si se comparan los datos del 20D de la web del ministerio del 20D con los que aparecen en el Dossier Elecciones Generales 2016 relativos al 20D, se ve lo siguiente: que los votantes finales fueron 25.438.532 y no 25.350.447; que la abstención real fue de 11.073.316 y no de 9.280.639; que los nulos fueron 227.219 y no 226.997; y los votos en blanco fueron 188.132 y no 187.771.

Voto rogado

El mecanismo del voto rogado sigue provocando estragos en la participación de los emigrados en las elecciones. Una vez cerrado el plazo para solicitarlo, solo un 8% lo había pedido para el 26J. Son unos 155.000 españoles en el extranjero del 1.927.256 de inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA), según la Oficina del Censo Electoral, dependiente del Instituto Nacional de Estadística, que ha publicado los datos provisionales. Es decir, el 92% no ejercerán su derecho.

La cifra de ruego de voto es similar que en los pasados comicios del 20 de diciembre, cuando lo solicitaron desde el exterior 151.000 emigrados del total de inscritos. En esa ocasión, estaban llamados a las urnas 1.875.272 electores. Desde la introducción del voto rogado, tras la reforma de la ley electoral pactada por PSOE, PP, CiU y PNV en 2011, la participación de los emigrados no ha dejado de descender.

No todas las personas que ruegan el voto acaban por ejercer su derecho. Lejos de ser una cuestión de falta de voluntad, Marea Granate asegura en base a los cientos de testimonios que recibe, que muchas de ellas nunca reciben las papeletas o lo hacen tarde. De hecho, un 36,9% de los residentes en el extranjero que no votaron en los anteriores comicios esgrimen este motivo, según el colectivo. Los casos son muchos.