Las prisiones, al igual que la sociedad, están compuestas por personas de distintos colectivos, siendo identificados como vulnerables o de “difícil reinserción” las personas migrantes, las personas que pertenecen a la comunidad gitana y las mujeres, quienes sufren un mayor estigma que los hombres cuando salen de prisión. Con el objetivo de explicar el trabajo específico en las cárceles con estos colectivos, las oportunidades de inserción y la multifactorialidad, Josune Carramiñana, responsable del programa de atención a mujeres en prisión Adap Elkartea, Alberto Ríos, de la asociación Gao Lacho Drom y responsable de programas en las cárceles con el colectivo gitano, y Brais Varela, responsable de programas de personas extranjeras en prisión de la Cruz Roja, se han reunido en el Curso de Verano de la EHU sobre inclusión sociolaboral en las prisiones de Euskadi.

Carramiñana ha comenzado su intervención contando casos reales de mujeres a las que han atendido desde que comenzaron en el año 1996. En su mayoría son mujeres que sufren un doble estigma de género una vez consiguen abandonar la prisión: por un lado, la discriminación por ser mujer, mientras que por el otro, la de haber sido reclusa, todo ello sumado a las cargas y responsabilidades familiares, que principalmente recaen en ellas. Así, suelen ser personas con múltiples vulnerabilidades, como la coexistencia de la pobreza, baja cualificación y, en muchas ocasiones, problemas de salud mental también derivados a la violencia de género.

“Tenemos el ejemplo de una mujer gitana que llega a la cárcel con 42 años y nos cuenta que desde que tenía nueve es violada sistemáticamente todas las noches por su padre. Con 12 dice que su padre la vende a un hombre 14 años mayor que ella, que la tiene encerrada en una habitación. Con esa persona tiene cinco hijos. Logra escaparse de la casa, pero empieza con adicciones y para pagarlas roba. Esta mujer, por suerte, acaba en prisión y es por suerte porque ahí comienza un proceso de inserción laboral. Empieza a trabajar en una empresa que colabora con la cárcel y que tiene mucha flexibilidad para ella. Cuando analizamos las dificultades del acceso al empleo, debemos hacerlo desde una perspectiva amplia, entendiendo que las barreras son múltiples, se entrecruzan entre sí”, ha explicado Carramiñaga.

Por ello, ha insistido en que “es importante contar con políticas y programas de reinserción con perspectiva de género”. “Las mujeres en prisión suponen solo el 7% de la población reclusa, por eso las cárceles están hechas por y para hombres. También es importante tener en cuenta que la mayoría de delitos provocados por mujeres no crean la peligrosidad que los provocados por hombres, ya que generalmente son delitos por pobreza, por supervivencia, por mantenimiento de la familia, hurtos, tráfico en cantidades pequeñas de drogas o impagos”, ha aclarado.

Nuestro reto es contribuir a que las personas salgan en mejores condiciones de las que entraron

En el caso de las personas migrantes, Brais Varela, responsable de programas de personas extranjeras en prisión de la Cruz Roja, ha explicado que dentro del programa en el que él trabaja, a lo largo de 2025 han acompañado a 655 personas extranjeras en las prisiones vascas, de 48 nacionalidades diferentes a las que, antes del proceso de reinserción laboral, ayudan con trámites administrativos como expedientes de Extranjería (a 45 personas), autorizaciones de trabajo (a 40 personas), trámites consulares (62 personas) y acompañamientos a 198 personas.

“Las personas que atendemos no llegan únicamente con una condena, llegan con una acumulación de vulnerabilidades previas que condicionan el proceso. Son perfiles de personas que vienen con situaciones administrativas inciertas, escasa red familiar y social y trayectorias migratorias complejas, además de vulnerabilidades acumuladas como la exclusión residencial, las barreras idiomáticas y problemas de salud física o mental. La prisión suele ser el último recurso del sistema penal, pero para muchas personas también es la última expresión de una exclusión social previa no resuelta. Tenemos a muchas personas que vienen de largas temporadas e incluso toda su vida sin tener un hogar, sin dormir bajo un techo. Personas que están acostumbradas a dormir en casas abandonadas en las que conviven con ratas y suciedad. Para todas ellas, por difícil que sea entenderlo, la prisión puede resultar una solución. Muchos incluso piden volver a la cárcel o no quieren salir y volver a enfrentarse solos al sistema. Por ello nuestro reto es contribuir a que las personas salgan en mejores condiciones de las que entraron”, ha asegurado.

“No se puede intervenir con las personas migrantes privadas de libertad desde una mirada penitenciaria clásica o habitual. Tienen una especificidad muy concreta por su situación migrante, por el proceso migratorio que tienen, por la situación administrativa que tienen, por la documentación o la ausencia de la documentación o ausencia de la red familiar o social. En el caso de estas personas, lo más importante es conseguir la documentación, porque la documentación es la puerta de acceso a todos los derechos. Sin documentación estás invisible civilmente, pero existes aunque quedas fuera de todos los sistemas”, ha destacado.

En el caso de las personas gitanas, Alberto Ríos, de la asociación Gao Lacho Drom y responsable de programas en las cárceles con el colectivo gitano, ha explicado que aunque la población gitana en Euskadi suponga el 0,9% de la población total, supone el 10% de las personas internas en las cárceles. “Las minorías étnicas tienen un acceso más restringido a los programas de rehabilitación, lo que agrava su posición ante las decisiones de clasificación o libertad condicional. Si no participas en los programas, no progresas. Si los programas no están adaptados, no pueden participar. Es una trampa circular que el propio sistema produce y que después atribuye la falta de motivación del recluso”, ha detallado.

Ríos ha destacado la desconfianza que de forma general tiene la población gitana hacia las instituciones. “No es algo que surja por un simple desconocimiento, por ignorancia. Esa desconfianza está vinculada a una larga historia de discriminación, exclusión y experiencias negativas con los organismos públicos. La educación que los expulsó, los servicios sociales que los controló, las fuerzas de seguridad que los persiguieron y la justicia que los trató de forma desproporcionada”, ha apuntado.

El diferente también tiene derecho a una respuesta por parte de la Administración que se ajuste a su idiosincrasia y a su cultura

Preguntado por este periódico por cómo lograr la inserción al mercado laboral de estas personas en un contexto de desconfianza a las instituciones, Ríos ha insistido en que es algo que se consigue “a través de facilitar la participación de los gitanos en todos los espacios de decisión que influyen en los programas de reinserción”. “No se puede pensar que la población mayoritaria debe hacer prevalecer su cultura y sus valores con respecto al resto. Es un trabajo que debemos hacer todos, también las personas que trabajamos en prisión. Debemos respetar al diferente y saber que el diferente también tiene derecho a una respuesta por parte de la Administración que se ajuste a su idiosincrasia, a su cultura, es la clave para esto. En el caso de las mujeres gitanas nos encontramos a menudo mucho empeño en que sigan un itinerario que podría cursar una mujer paya, que trabaje y que gane su dinero, pero dentro de las familias gitanas no es algo que siempre se encarrile bien, aunque sea algo que lo podamos buscar también nosotros”, ha aclarado Ríos.

Sobre esta cuestión, Carramiñana ha aportado que, desde su experiencia con mujeres gitanas, es importante “trabajar desde su cultura”. “No vamos como las 'súper payas' que te vamos a decir lo que está bien o está mal. Trabajamos con ellas desde esa cultura. Por eso el acceso al mercado laboral es más complicado para las mujeres porque también desde la cultura gitana está mejor visto que sean las encargadas del cuidado familiar, del cuidado de las personas mayores o los hijos a que vayan a trabajar. Esto lo trabajamos con ellas porque muchas veces ellas mismas lo ven de esa manera. Nosotras intentamos que vean que existe otra posibilidad además de dedicarse exclusivamente a los cuidados, que es la de trabajar, pero sin influenciar, desde el respeto a su cultura”, ha concluido.

La asociación de municipios vascos (Eudel) y el Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico del Gobierno vasco han presentado este viernes una guía para que los Ayuntamientos vascos ofrezcan “una respuesta integral y coordinada” y se “ordenen las actuaciones” cuando ocurren casos de discriminación racista, xenófoba, antigitana y LGTBIfóbica, siempre teniendo en cuenta que la víctima está en el centro.

La guía, bajo el nombre de 'Bidea Zabaldu' ('abrir el camino'), pone ejemplos de este tipo de ataques y la respuesta institucional que deben tener. Por ejemplo, un ataque clasificado como “moderado” pueden ser pintadas anónimas, insultos verbales privados o denegación de acceso a locales. En estos casos la guía contempla el borrado discreto de pintadas, la amonestación verbal privada al agresor o una mediación comunitaria. Si los ataques son considerados con un nivel de impacto “alto”, es decir, cuando ocurren campañas de hostigamiento a colectivos, agresiones físicas entre particulares, o ataques a propiedades, se recomienda la publicación de una noticia en la web/revista municipal o la aprobación de una declaración institucional en un plazo de 72 horas. Por último, frente a las agresiones con un nivel de impacto “muy alto”, la guía recomienda llevar a cabo una declaración institucional en un plazo de 72 horas y convocar una concentración ciudadana de repulsa al día siguiente.

Para esto último el documento adjunta ejemplos de declaración institucional de repulsa, para que los ayuntamientos tengan un modelo a seguir. Además, la guía recoge que “si los incidentes ocurren durante las fiestas patronales, se valorará suspender de forma parcial o total los actos programados” y que “las comunicaciones públicas y lemas se traducirán a los idiomas de los principales orígenes de la población extranjera local”. “Ante la presencia de medios de comunicación, el Ayuntamiento debe coordinarse con la Ertzaintza y el Gobierno vasco. La comunicación debe manifestar apoyo institucional y ciudadano a la víctima (respetando estrictamente su anonimato e intimidad), deslegitimar socialmente el motivo del odio (racismo, LGTBIfobia, etc.) responsabilizando únicamente al agresor y orientar a la ciudadanía hacia la convivencia basada en los derechos humanos”, añade el documento.

Cuando ocurre una agresión de este tipo, la guía insiste en que el ayuntamiento debe habilitar una vía de contacto confidencial y accesible (teléfono, correo, dirección) a través del área local más idónea, como servicios sociales o derechos humanos. Ese contacto debe funcionar de manera complementaria a la Policía Local o a la Ertzaintza. Si la víctima realiza una denuncia formalmente ante la Ertzaintza, esta lo notificará a la alcaldía en un plazo de 48 horas para valorar la respuesta social. Eso sí, se evaluarán los casos “especiales” es decir, si la víctima es menor de edad, se avisará “inmediatamente” a la Ertzaintza y si hay indicios de violencia de género o machista, se activan los mecanismos específicos para ese ámbito, que no están recogidos en esta guía. “Cuando el Ayuntamiento tenga conocimiento un incidente discriminatorio, activará la actuación propuesta correspondiente. Esta será diferente en cada caso en función de la voluntad de la víctima, la urgencia, situaciones específicas (como el interés superior de niños, niñas y adolescentes) y el impacto de los hechos”, añade el texto acordado.

Más allá de la atención a la víctima los ayuntamientos deberán notificar los casos formalmente aunque no haya denuncia oficial, bajo el consentimiento de la víctima para la realización de estadísticas. Además, se promueve la creación de espacios comunitarios y el uso de distintivos para agentes sociales que se formen y se comprometan activamente contra la discriminación y la constitución de “un órgano con representación política, técnica y policial que se reunirá al menos una vez al año para evaluar el protocolo y redactar una memoria de actividad”.

Esta guía ha sido presentada este viernes en Bilbao por la presidenta de Eudel, Esther Apraiz, y el director de Diversidad, Convivencia y Solidaridad Intergeneracional, Txema Ezkerra, quienes han subrayado que la presentación del manual se lleva a cabo “en el marco del 28J, Día Internacional del Orgullo LGTBIQ+”. “Se trata de un estándar institucional para toda la sociedad vasca. Hablamos de racismo, xenofobia, antigitanismo y LGTBIfobia, pero hablamos sobre todo de qué tipo de país queremos ser. Euskadi quiere ser una comunidad que protege derechos, que no mira hacia otro lado y que transforma valores en políticas públicas”, ha indicado Ezkerra.

Según ha insistido el director de Diversidad, la guía “recuerda que esa realidad discriminatoria no puede encontrar indiferencia institucional”. “No puede encontrar silencio, no puede encontrar improvisación y tiene que encontrar ante todo una respuesta, por lo que el manual se ha elaborado como una herramienta útil para las instituciones locales vascas que quieren trabajar frente a esa discriminación”. Por ello ha explicado que el texto se dirige “sobre todo” a las personas que se enfrentan a la discriminación “en su vida cotidiana” que “son vecinos y vecinas de nuestro pueblo, son vascos y vascas, y tienen derecho a vivir con seguridad, con libertad, con dignidad y sobre todo con reconocimiento”.

Por su parte, Apraiz ha apuntado que 'Bidea Zabaldu' es un “compromiso con una sociedad más justa, más cohesionada y más democrática”, y ha precisado que se trata de ofrecer una “hoja de ruta”, ya que considera “fundamental que los ayuntamientos, mancomunidades y cuadrillas dispongan de criterios consensuados y herramientas comunes para prevenir, detectar y responder adecuadamente”. “Hace falta seguridad institucional. Por eso, desde los ayuntamientos, nos parece oportuno trasladar un mensaje claro: la diversidad forma parte de nuestros municipios y no podemos tolerar ningún tipo de incidente que dañe la convivencia y la libertad de las personas individual o colectiva”, ha defendido la presidenta de Eudel, que según ha señalado, “las ciudades y pueblos de Euskadi no son ajenos a conductas discriminatorias e incidentes de odio”, por lo que es necesario que los ayuntamientos “dispongan de criterios y herramientas comunes para prevenir, detectar y responder adecuadamente a estas situaciones que atentan contra la dignidad y la libertad de las personas”.

Sobre la guía, la presidenta de Eudel ha explicado que incorpora un modelo de protocolo municipal de actuación “que ofrece pautas para una respuesta integral y coordinada”, de modo que cada ayuntamiento “deberá identificar el servicio o el área más adecuada para recibir y canalizar estos casos”. “Aquí los ayuntamientos tenemos un papel fundamental como administración más cercana, porque tenemos que acompañar a la persona durante todo el proceso, facilitando el acceso a la información y a los recursos especializados y evitando situaciones de desorientación”, ha concluido.

El cine y las series son el reflejo de la sociedad a la que representan. En los últimos años, los avances en feminismo, diversidad e integración de colectivos infrarrepresentados han hecho que aumenten el tipo de personajes en el audiovisual español. Pero, ¿es cierta esa tendencia o simplemente se ha aceptado que se avanza en el buen sentido? Para confirmar que los pasos se dan en el sentido correcto, el Observatorio de la Diversidad en los Medios Audiovisuales presenta cada año su informe ODA, que estudia esa representación respecto a variables como el género, la edad, la clase social, la raza o su pertenencia al colectivo queer.

En su estudio del año 2025 se han analizado 2.015 personajes en 125 películas y 91 temporadas de 89 series de ficción. Las conclusiones son que en esta ocasión se han encontrado con una “situación dicotómica respecto a la división por género”. En las películas hay un descenso del porcentaje de mujeres, con un 44,79% frente al 46,98% de 2024. Sin embargo, en las series ha aumentado, suponiendo las mujeres el 48,44 % del total de personajes, una cifra más elevada que el 46,75% del curso anterior. Por su parte, la representación no binaria ha caído a la mitad al pasar de 4 personajes a tan solo 2. Lo que, según el informe implica que “desgraciadamente su ya escasa presencia en pantalla ni siquiera estaba asentada, de modo que podría incluso desaparecer”. 

Creen que los datos muestran “un sesgo patriarcal que tiene su punta del iceberg en el desfase de representación entre realidad y ficción”. Y analizan como parte de ese iceberg la distribución por edades de los personajes femeninos. “Si demográficamente el porcentaje de mujeres aumenta según aumenta la edad, en el audiovisual ocurre lo contrario”, avanzan. El informe desvela que en edades más jóvenes, el número de mujeres llega a superar incluso a los hombres. Pero, según avanza la edad, los personajes masculinos se hacen más presentes.

“Como resultado, encontramos cifras similares de personajes masculinos y femeninos hasta la franja de entre 18 y 30 años, que se convierte en una amplia diferencia en la de 30 a 50, y que se acrecienta todavía más en la de mayores de 50. En definitiva, las mujeres se concentran sobre todo en la juventud, una restricción que no afecta a los hombres por igual”, analizan y ponen el foco en que una de las principales tramas que afectan a los personajes femeninos es la violencia sexual.

En las películas el número de personajes entre 18 y 30 años es casi igual. 114 mujeres, 119 hombres y 1 personaje no binario. La diferencia se agudiza cuando se pasa a la franja de 30 a 50 años, donde hay 213 hombres frente a 164 mujeres, y se agudiza cuando la edad pasa de los 50 años, donde solo hay 75 mujeres por 132 hombres. Además, el estudio subraya que las mujeres de más de 50 en el audiovisual lo hacen en personajes aislados, en comedias familiares o propuestas muy corales, también se muestra la vejez como algo a temer. 

En este informe han analizado también la clase como apartado propio, y los datos señalan que “la clase media predomina, englobando al 47,19% de personajes en las películas y al 48,34% en las series”. “Pero, en general, existe un desclasamiento, ya que pocas obras abordan el impacto real de las desigualdades económicas, con excepciones relevantes como Los tortuga, que demuestra cómo la clase condiciona todo, incluidos los procesos de duelo”, explican.

Estancamiento en la diversidad

En 2025, los personajes LGBTIQA+ representaron el 10,07% del total en el cine y las series, lo que supone un estancamiento respecto a 2024, cuando el porcentaje era del 10,11%. Pero a pesar de que las cifras no sean tan positivas, señalan como algo positivo que han aumentado los personajes que pasan el test de Vito Russo, un conjunto de normas que analiza si la representación queer es correcta o un mero adorno. Sin embargo, aunque más del 60% de los personajes queer son principales, menos de la mitad de ellos tienen una trama relacionada con algo que no tenga que ver con su identidad.

Hacen hincapié en que los personajes queer se concentran en pocas ficciones, lo que implica que en otras muchas no hay ningún tipo de diversidad. Además, se comprueba que se vincula lo queer con la juventud, aunque señalan como ejemplos positivos obras como Maspalomas o Mariliendre. Las narrativas más estereotipadas que muestran al colectivo como personas promiscuas pierden vigencia, aunque la mayor parte de historias se centran en temas como “la discriminación, el acoso y las relaciones afectivas, lo que limita el abanico de experiencias representadas en pantalla”.

Tampoco mejoran las cosas para los personajes racializados. En 2025 se encontraron, según el informe, 201, lo que equivale a tan solo un 9,98% y representa una caída de casi tres puntos porcentuales respecto a 2024. De nuevo, son los personajes latinos quienes tienen más representación, con un 40,67% del total. Les siguen los personajes negros, árabes, gitanos y asiáticos. Como punto positivo se señala el aumento de personajes gitanos en las series, aunque en casi todas las ficciones lo hacen en tramas “vinculadas con la criminalidad, las drogas y la cárcel”, insistiendo en el estereotipo hacia ellos.

El informe ODA detecta lo que han bautizado como fenómeno ‘Pepito Grillo’, es decir, personajes racionalizados cuya trama consiste en ser la voz de la conciencia en las tramas de los personajes blancos o que son ayudados por los salvadores blancos.

Entre los datos positivos del informe se encuentra el aumento en los personajes con discapacidad, que pasan del 3,2% de 2024 al 5,8% en 2025 y destacan que la salud mental cada vez está más presente en las tramas, así como el fenómeno que supuso la película Sorda, “que ha permitido llevar la discapacidad al centro de la conversación pública y explorar la sordera de la protagonista desde ángulos complejos y poco habituales”.

El alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, ha aseverado que su Ayuntamiento, en contra del criterio de la Ertzaintza y de la Policía de Donostia, ambas bajo control del PNV, no ofrecerá datos sobre el origen de los detenidos, pese a que el presidente del PNV, Aitor Esteban, haya asegurado no estar “en absoluto” de acuerdo con esta decisión. “Soy del PNV, siempre he sido leal y sigo siendo leal. He hablado con el presidente de mi partido, he hablado con el presidente del partido en Bizkaia [por Iñigo Ansola] y está todo aclarado”, ha expresado Aburto, tras la presentación este miércoles del 'Diagnóstico de la Seguridad en Bilbao' elaborado por el grupo de investigación en Criminología Aplicada y Psicología Ambiental de la Universidad del País Vasco (EHU).

“No puedo olvidar que soy el alcalde de todos los bilbaínos y bilbaínas, ni que hay un pacto de gobierno con el PSE-EE -que se opone a que se hagan públicos estos datos-, que se debe preservar porque es un valor importante. Los socios de Gobierno compartimos en este caso el criterio. Lo compartimos también en el seno del pacto de seguridad que compartimos también con Elkarrekin Bilbao y con EH Bildu”, ha aclarado el alcalde, en la misma línea que la concejala de Seguridad, Amaia Arregi, también del PNV que aseguró en el pleno de finales de enero que “el origen de las personas no justifica la actividad delictual, no aporta nada” y vincular “inmigración a delincuente, es un gravísimo error, que lo único que viene es a generar sensación de inseguridad”.

Según ha explicado Aburto, la representación política de su partido han hecho matizaciones y han asegurado que “hay que tener en cuenta las circunstancias políticas y sociales de cada municipio”. “En este caso, la de Bilbao es que hay un pacto por la seguridad. Por eso, cuál sea o deje de ser la opinión que pueda tener Juan María Aburto sobre un tema concreto, no es relevante. Tenemos que trabajar en política de seguridad desde una perspectiva colaborativa, y creo que es cada vez más necesario y así lo entendemos, que la política de seguridad de Bilbao sea compartida con la Justicia, con otras instituciones, con otras Policías y con la ciudadanía. Y en eso nos vamos a seguir empeñando, vamos a seguir siendo persistentes porque es mucho lo que nos jugamos”, ha concluido.

El informe presentado este miércoles por el criminólogo y profesor de la Universidad del País Vasco (EHU), César San Juan, destaca que “el caso de Bilbao ilustra de manera clara la diferencia entre seguridad real y seguridad percibida: mientras que los niveles de victimización se han mantenido prácticamente estables en los últimos años, la percepción de seguridad ha descendido cerca de un punto”. Es decir, que no coinciden los datos reales con la percepción de la ciudadanía.

En gran parte esto ocurre, según detalla el informe, por culpa de los medios de comunicación. “Los datos confirman que la realidad de la delincuencia y la percepción ciudadana no evolucionan de forma paralela, sino que se influencian mutuamente a través del filtro de la comunicación. Por un lado, un aumento (o evento puntual) de delitos puede atraer la atención de los medios, generando mayor cobertura informativa y, con ello, elevando la preocupación social. Por otro lado, una ciudadanía más preocupada tiende a demandar y consumir más noticias sobre seguridad, incentivando a los medios a intensificar ese tipo de contenidos. Esta retroalimentación circular crea un bucle en el que la sensación de inseguridad puede alimentarse independientemente de cambios objetivos mínimos”, sostiene el documento.

Al plantear la pregunta “¿Es Bilbao una ciudad segura?”, el informe determina que en términos generales sí. En el estudio se compara a Bilbao con las principales metrópolis del país, como Madrid o Barcelona y sostiene que estas ciudades presentan tasas de criminalidad significativamente más elevadas, tanto en términos absolutos como relativos, debido a “factores estructurales que incluyen flujos masivos de población, actividad turística intensa, una mayor presencia de delincuencia organizada y una oferta comercial y de ocio mucho más amplia”. “En este contexto, Bilbao aparece como una ciudad considerablemente más segura: la incidencia de delitos violentos es sustancialmente inferior, la presión delictiva está menos asociada a fenómenos de macro-movilidad y la sensación de seguridad ciudadana es notablemente más elevada. Esta comparación permite situar a Bilbao en una posición destacada dentro del conjunto de las grandes áreas urbanas españolas”, recoge el documento.

Cuando se compara con otras ciudades de menor tamaño, como Zaragoza, A Coruña, Gijón o Valladolid Bilbao presenta una tasa de criminalidad total algo más elevada que la mayoría de estas ciudades, y ello se explica principalmente por su mayor dinamismo urbano y económico dentro del área metropolitana. Sin embargo, en lo que respecta a delitos graves, las diferencias prácticamente desaparecen: Bilbao mantiene niveles muy reducidos de violencia, comparables o incluso inferiores a los de estas ciudades. “Así, la mayor tasa global no refleja un entorno más peligroso en términos de integridad física, sino una mayor exposición a delitos leves propios de los centros urbanos con actividad económica sostenida”, detalla el informe.

En cuanto a las cifras aportadas, la investigación aclara que al finalizar 2024 Euskadi mostraba niveles de delitos algo superiores a los de 2019, pero con menos criminalidad violenta en espacios públicos y mucho más peso de la ciberdelincuencia que en el pasado reciente. En conjunto, el total de Bilbao bajó de 31.392 delitos (2023) a 29.388 en 2024, consolidando la tendencia descendente tras el pico de 2022. “Los delitos sexuales son aún minoría en términos cuantitativos, pero el ritmo de crecimiento y su fuerte impacto social exigen prioridad política y operativa, especialmente en prevención, atención a víctimas y persecución efectiva”, aclara el informe, que concluye que “Bilbao se mantiene en niveles moderados de criminalidad comparada, pero, no obstante, el Ayuntamiento no minimiza el problema y lo aborda como una prioridad en la ciudad”.

Además del diagnóstico, en el informe se incluyen recomendaciones orientadas a reforzar las políticas públicas municipales desde una perspectiva preventiva, comunitaria y transversal, que entiende la seguridad como un elemento clave de la cohesión social y de la calidad de vida, entre las que destacan reforzar la seguridad mediante el entorno físico y la disuasión visible; atacar las raíces sociales de la delincuencia y el incivismo; reducir el miedo y la sensación de inseguridad actuando sobre incivismos y cercanía ciudadana; adoptar una estrategia proactiva, transparente y pedagógica en materia de seguridad y consolidar un modelo de seguridad colaborativo, transversal y evaluable.

Lo que hoy ocurre en Estados Unidos es una advertencia para el mundo. Redadas televisadas, menores esposados, familias rotas y discursos que convierten al vecino en enemigo. Asistimos en directo a la deshumanización del diferente convertida en política pública. Y la historia, demasiadas veces, nos ha enseñado bien a dónde conducen esos caminos.

Nuestra Europa tampoco está a salvo. Bajo mensajes populistas y demagogos se esconde una maquinaria de odio que señala a la diversidad como un problema a batir, y a la igualdad como amenaza. Observamos con preocupación cómo se normalizan los controles por perfil étnico, se alimentan los bulos sobre invasiones, y se venden fantasías de pureza racial y supremacismo sin disimulo alguno.

España tampoco vive en una burbuja. El racismo, según las estadísticas oficiales, es el delito de odio que más crece y el que más denuncias acumula en nuestra sociedad. Y, pese a ello, sabemos que la mayoría de agresiones nunca se denuncian. Hay un océano de silencio hecho de miedo y desprotección. Ante esta realidad solo caben dos opciones: una política de Estado valiente o un maquillaje que disimule la vergüenza colectiva.

Lo hemos visto en Torre Pacheco, en Peal de Becerro y en la expulsión de más de 400 migrantes de un edificio abandonado, sin alternativa habitacional, en plena ola de frío en la ciudad de Badalona. Y lo hemos visto en la desmesurada respuesta que las derechas han dado al anuncio de la puesta en marcha de un procedimiento de regularización extraordinario de personas migrantes. Las derechas se han dedicado a agitar el miedo, convirtiendo el derecho a la inclusión en una falsa amenaza a nuestro modo de vida, y resucitando prejuicios contra las personas que no encajan en su modelo de sociedad. En ese sentido, hay que decirlo sin rodeos: nuestra Constitución protege derechos, no cruzadas racistas; la democracia defiende libertades, no delirios autoritarios. España avanza cuando amplía los derechos de la ciudadanía, no cuando los recorta.

El informe de 2025 sobre el Impacto del Racismo en España es revelador: el 52% de las víctimas de hechos racistas ha vivido situaciones que podrían ser perfectamente catalogadas como delito de odio. El Servicio 021, que gestiona el Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica (CEDRE), atendió 2.913 casos, acompañó a 3.629 víctimas y recibió más de 20.520 consultas en 23 oficinas. No podemos olvidar que detrás de cada número hay un rostro, una vida, una historia personal, y una humillación cotidiana.

Por eso es tan importante el papel del CEDRE. No hablamos de un órgano consultivo más, sino de un organismo de igualdad especializado y reconocido internacionalmente, con capacidad real para proteger a las víctimas y orientar las políticas públicas frente al racismo.

La igualdad no se declama: se financia. Por ello, el mensaje debe ser meridianamente claro: diluir y desfinanciar el CEDRE dejará solas a las víctimas y debilitará nuestra democracia

En ese sentido, es necesario resaltar que en poco tiempo se pondrá en marcha la Autoridad Independiente prevista en la Ley 15/2022, de Igualdad de Trato y No Discriminación, que completará este sistema asumiendo el litigio estratégico donde el Código Penal no es de aplicación.

La Autoridad Independiente será un organismo administrativo independiente con una gran tarea: completar aquellas funciones a las que las instituciones tradicionales no llegan, especialmente en el ámbito del litigio estratégico frente a las discriminaciones que no alcanzan entidad penal. Junto al CEDRE conformará el sistema de organismos de igualdad en España: la Autoridad, con una función transversal de garantía y supervisión; el CEDRE, como organismo especializado en discriminación racial o étnica, con atención directa a las víctimas y desarrollo de políticas públicas. Supervisión sistémica, por un lado, y la proximidad y especialización por otro. Esa suma es la verdadera política a la que el Estado se compromete.

Desde la Dirección de Igualdad de Trato y No Discriminación trabajamos para que la Autoridad Independiente tenga las herramientas necesarias para cumplir con su labor, sin olvidar que el CEDRE seguirá siendo, como lo es hoy, un organismo de Igualdad a nivel internacional encargado de aplicar las políticas públicas antirracistas en nuestro país, gestor del servicio 021, y contando con una red territorial consolidada. Por eso, apoyamos con firmeza que el CEDRE siga manteniendo su estatus de organismo de igualdad para continuar sirviendo como interlocutor del Gobierno a nivel nacional e internacional.

En España, por tanto, contamos con los organismos y las herramientas legales necesarias para luchar contra esta lacra. La Ley de Igualdad de Trato y No Discriminación es el último ejemplo del compromiso del Gobierno de España con quienes sufren discriminación por cualquier motivo, y ver cercenados sus derechos ante la indiferencia general. Fue una conquista conseguida después de una década de arduo trabajo, y fue, como era de esperar rechazada por las derechas. Mientras VOX recurrió la norma ante el Tribunal Constitucional, el PP votó en contra de su aprobación.

El Gobierno ha elegido estar del lado correcto, apoyando en sus presupuestos una mayor financiación para ampliar el Servicio 021. Porque la igualdad no se declama: se financia. Por ello, el mensaje debe ser meridianamente claro: diluir y desfinanciar el CEDRE dejará solas a las víctimas y debilitará nuestra democracia. El racismo es una violencia que fractura países, y frente a esa violencia cabe un Estado firme y comprometido, capaz de diseñar y aplicar políticas antirracistas que se conviertan en una trinchera democrática contra el odio.

La Generalitat ha impuesto la primera sanción por racismo inmobiliario a una agencia de Mataró, por valor de 10.001 euros, así como una sanción accesoria que le prohíbe recibir ayudas, subvenciones y contratar con la administración pública por un año. El motivo: denegar el acceso a un piso de alquiler a una persona migrada. Esa persona es Hamid, un comercial de origen marroquí que, cansado de ver cómo el mercado inmobiliario discriminaba a personas como él, decidió iniciar una campaña para denunciarlo.

Desde 2022, este hombre se ha dedicado a llamar a diversas agencias inmobiliarias de su ciudad, interesándose por pisos y constatando que, en cuanto conocían sus apellidos, las puertas se le cerraban a pesar de tener permiso de residencia y una nómina estable.

“El racismo inmobiliario no es una opinión ni una percepción subjetiva, es una discriminación reconocida en nuestro ordenamiento jurídico. Y, quien lo incumple, debe ser sancionado”, asegura, en declaraciones a elDiario.es, la consellera de Igualdad Eva Menor, quien se ha mostrado “muy satisfecha” de esta primera multa, sobre la que todavía cabe recurso.

Desde el Observatorio DESCA, entidad que ha acompañado a Hamid durante todo el proceso, afean a la administración catalana que, aunque el marco legal que regula el racismo inmobiliario es “tajantemente claro”, no hayan puesto ninguna sanción hasta ahora. “Estamos muy contentos con la multa, pero el daño ya está hecho. Yo simplemente soy la cara y el nombre de este racismo, pero hay miles de personas que lo sufren a diario”, apunta Hamid.

Este hombre presentó las primeras denuncias en febrero de 2022. Nueve de ellas han terminado archivadas, tras un recorrido administrativo con varias etapas: Ayuntamiento de Mataró, Agència de l'Habitatge de Catalunya (AHC), Agència Catalana de Consum (ACC) y, por último, la Oficina d'Igualtat de Tracte i No-discriminació (OITND), dependiente de la Generalitat. El plazo de prescripción de los expedientes sancionadores una vez abiertos es de seis meses.

“Este tipo de denuncias, hasta ahora, han dado muchas vueltas por la administración”, reconoce Menor, quien asegura que a raíz de este caso han “aprendido mucho” y ya han establecido los límites en las competencias de cada agencia, de tal manera que las denuncias vayan a parar directamente a quien pueda abrir el expediente.

Desde el Observatorio DESCA explican que todas las agencias en las que han recaído las denuncias de Hamid tienen competencias para abordar el racismo inmobiliario, pero que se han ido “pasando la pelota porque es un tema que les incomoda mucho”, explica Miguel Ruiz, abogado del denunciante. “Estamos ante un caso de mal hacer de la administración”, remacha el letrado.

Si bien desde el Ejecutivo niegan que puedan reabrir casos que ya se han archivado, aseguran que los que vengan a partir de ahora se tramitarán más rápido. Y apuntan que, además de la sanción anunciada ahora, tienen más expedientes en marcha, dos de los cuales parten también de denuncias de Hamid.

El periplo administrativo

Esta primera sanción parte de una denuncia que data del 3 de abril de 2024. Meses antes, en enero, Hamid se interesó por un piso que la inmobiliaria Fingerprint de Mataró alquilaba por 1.500 euros al mes, pero no recibió respuesta ninguna. Algunos días después, un amigo suyo, con nombre y apellidos catalanes, hizo exactamente la misma solicitud y, en menos de 10 minutos, recibió respuesta tanto por teléfono como por mensaje para ofrecerle una visita.

Pero quien se presentó a la cita fue Hamid. En verle, el agente inmobiliario le dijo que el piso ya estaba reservado. El denunciante afeó a su interlocutor que no quisiera enseñarle la casa a un marroquí y este respondió: “Eso, eso también es verdad. Pero no tiene nada que ver con eso”, tal como se puede escuchar en un extracto de la grabación de voz aportada por el denunciante y que se recoge en la resolución de la sanción, a la que ha tenido acceso elDiario.es.

Fue entonces cuando se presentó la denuncia en el Ayuntamiento de Mataró, en abril. Y ahí empieza el periplo administrativo. El consistorio remitió el caso a la Agència d’Habitatge de Catalunya en junio, argumentando que no contaba “con los medios materiales y personales suficientes para abordar con éxito a tramitación de estos expedientes”. En septiembre, se volvió a derivar, esta vez a la Agència Catalana de Consum, por entender que es el órgano competente.

Ya en marzo de 2025, quien se encarga de la denuncia es la Oficina de Igualdad de Trato y No Discriminación (OITND), dependiente de la conselleria de Igualdad, y tras recibir toda la información, inició el procedimiento sancionador. La sentencia llegó en enero de 2026.

La Generalitat considera que los hechos suponen una infracción grave, con multas de entre 10.001 y 40.000 euros, ya que consideran probado que la inmobiliaria denegó el acceso a Hamid por motivos de “raza, origen étnico o color de piel”.

El abogado del denunciante, Miguel Ruiz, del Observatorio DESCA, afea a la administración que la sanción sea la menor prevista por la ley; “No puede ser que salga más barato incumplir la ley que cumplirla”, añade. Pero la Generalitat se justifica argumentando que no se ha percibido “reiteración en el incumplimiento de advertencias o comportamientos discriminatorios”.

A pesar de que la sanción sea poca, en opinión del denunciante, lo que sí establece la sentencia es el reconocimiento de daños y perjuicios causados a Hamid, incluido el daño moral. Eso abre la puerta a que pueda poner otra denuncia que le lleve a ser indeminizado personalmente. El abogado del denunciante asegura que buscará que su cliente sea indemnizado, no sólo en lo económico, sino que también pretenden que se llegue a una garantía de no repetición. Para ello, aseguran, primero intentarán la vía de la mediación y, si eso no funciona, “no quedará más remedio que ir a los tribunales”, alertan.

Una lacra arraigada

Según la segunda edición del informe '¿Se alquila? Racismo y segregación en el alquiler de vivienda', publicado por Provivienda en marzo de este año, el 65% de personas extranjeras que buscan piso se han encontrado con estrategias de bloqueo por parte de los agentes inmobiliarios a la hora de alquilar una vivienda disponible. El estudio constata que la discriminación es otra barrera de peso en el ya de por sí complejo mercado inmobiliario.

A pesar de ello, sobre esta lacra todavía pesan pocas sanciones. La primera no llegó hasta el año 2021 y fue impuesta por el Ayuntamiento de Barcelona, en aquel entonces liderado por Ada Colau, pese a que la ley catalana de vivienda las contempla desde el año 2007.

Por ello, desde el Observatorio DESCA aseguran que esta sanción es “imprescindible” para “enviar un mensaje muy claro a las inmobiliarias”, que se están erigiendo “como agentes de fronteras, que deciden quién puede vivir y quién no en según qué barrios”, apunta Ruiz. En este sentido, Hamid añade que, después de cuatro años de búsqueda de un piso nuevo para vivir, que se adecue a sus necesidades, los únicos inmuebles que le han enseñado son “los que los nacionales no quieren”.

Desde SOS Racisme, Laura Rodríguez alerta de que el racismo inmobiliario se asienta sobre “unos estereotipos que tiene el propietario y que las agencias están permitiendo”. La entidad alerta de que esta discriminación no se trata sólo de no poder encontrar un piso, sino que también “agrava la crisis de derechos humanos del colectivo racializado”.

En la misma línea, apunta que hay muchos más casos de los que se denuncian. Por ello, demandan a la Generalitat que actúe de oficio y disponga recursos para hacer inspecciones y que la responsabilidad para sancionar estas prácticas no recaiga sólo sobre los afectados, que suelen ser personas “vulnerabilizadas cuya principal preocupación es, simplemente, encontrar un lugar para vivir”, asegura Rodríguez.

Desde la Generalitat se excusan argumentando que, hasta ahora, no estaban claras las competencias y atribuciones de las diferentes agencias implicadas en cuestiones inmobiliarias. Este es un handicap que ya vienen alertando desde hace años entidades y organismos como la Sindicatura de Greuges -defensor del pueblo catalán-, que pidió una centralización de los expedientes para evitar que fueran pasándose de mano en mano.

A raíz de esta petición, que también se repitió en la comisión del Parlament por la no discriminación, el departament de Menor prepara un informe sobre la situación del racismo inmobiliario en Catalunya así como una guía de buenas prácticas. “En un momento en que el discurso de odio genera tanto miedo en la sociedad, es importante destacar los buenos ejemplos”, subraya la consellera.

“Solo sabes lo que es el racismo inmobiliario si lo has sufrido”. Tras más de 20 años en España, un día Hamid, comercial de origen marroquí que trabaja por toda Europa y vive en Mataró (Barcelona), dijo basta. Hastiado por las discriminaciones que él mismo había padecido y que veía día tras día entre sus “paisanos” que buscaban piso, se convirtió en activista contra el racismo inmobiliario. Más de dos años después de empezar su lucha, lamenta que ninguna ventanilla oficial a la que ha acudido le haya dado respuesta: “Las administraciones no hacen nada”.

Su método de “testing”, en palabras de Hamid, resulta tan sencillo como revelador: llama a una inmobiliaria de la comarca donde vive para ir a ver algún piso alquilado. Da todos sus datos y pruebas de su solvencia económica. La respuesta de las empresas, cuenta, no suele ser una negativa directa y tajante. Primero viene el silencio. Y tras tener que insistir él mismo para lograr una visita, llegan las evasivas.

Hamid tiene una colección de excusas recibidas nada desdeñable. “La más habitual es cuando te dicen que no tienen la llave aunque el piso esté anunciado, pero también te cancelan sin previo aviso, te van cambiando la hora...”. En algunos casos, tras su insistencia, Hamid ha podido documentar cómo los trabajadores de algunas inmobiliarias le admiten que el dueño del piso no quiere alquilarlo a inmigrantes.

“No es como hace 20 años, que te decían directamente que 'a moros no alquilo', al principio todo es más sutil, más suave... pero al final a un nacional lo llaman; a mí no, y eso que tengo mi DNI y mi nómina y todo”, asevera Hamid. En ocasiones, ha pedido colaboración de algún amigo nacido en la comarca y sin apellidos extranjeros para corroborar su hipótesis. El resultado, lamenta, suele ser positivo.

El racismo inmobiliario en España es una realidad constatada por entidades y administraciones, pero sobre la que pesan pocas sanciones. La primera no llegó hasta el año 2021 y fue impuesta por el Ayuntamiento de Barcelona, en aquel entonces liderado por Ada Colau, pese a que la ley catalana de vivienda las contempla desde el año 2007.

Según la segunda edición del informe '¿Se alquila? Racismo y segregación en el alquiler de vivienda', publicado por Provivienda en marzo de este año, el 65% de personas extranjeras que buscan piso se han encontrado con estrategias de bloqueo por parte de los agentes inmobiliarios a la hora de alquilar una vivienda disponible. El estudio constata que la discriminación es otra barrera de peso en el ya de por sí complejo mercado inmobiliario.

De entrada, existen dificultades probatorias para las víctimas (suelen tener que pedir ayuda a amigos sin apellidos de origen extranjero para acreditar que el piso sigue vacío por discriminación). “Muchos paisanos lo que quieren es un techo para su familia, no tienen tiempo o se piensan que tendrán líos por denunciar, y suficiente tienen con trabajar todo el día y dar de comer a los suyos”, asevera Hamid.

Además de la infradenuncia, un fenómeno habitual en todo tipo de discriminación, Hamid se ha topado con otra barrera: el silencio de las distintas administraciones que han recibido sus escritos. “Se van pasando la patata, pero no hacen nada”, denuncia.

Así la constata la documentación que ha podido consultar elDiario.es. Junto a su abogado, Miguel Ruiz, del Observatorio DESCA, Hamid presentó las primeras denuncias en febrero de 2022. Nueve de ellas han terminado archivadas, tras un recorrido administrativo con varias etapas: Ayuntamiento de Mataró, Agència de l'Habitatge de Catalunya (AHC), Agència Catalana de Consum (ACC) y, por último, la Oficina d'Igualtat de Tracte i No-discriminació, dependiente de la Generalitat. El plazo de prescripción de los expedientes sancionadores una vez abiertos es de seis meses.

Ruiz y Hamid han presentado varios escritos de impulso en otras tres denuncias, presentadas el año pasado, sin obtener por ahora respuesta. En uno de los casos, el Ayuntamiento de Mataró, capital de comarca y municipio del que dependen 130.000 habitantes, adujo que no cuenta con los “medios materiales y personales suficientes para abordar con éxito la tramitación de estos expedientes”, por lo que los derivó a Habitatge.

“Se necesitan más técnicos en ayuntamientos y en la Generalitat y más recursos, porque jurídicamente el racismo inmobiliario no es una cuestión que entrañe una gran complejidad”, reclama Ruiz. “Igual que fue necesario incorporar una perspectiva de género a la administración, también lo es ahora adoptar una perspectiva antirracista”, agrega el letrado.

La Síndica de Greuges, la Defensora del Pueblo catalán, también sigue de cerca las denuncias de Hamid, y ha requerido al departamento de Igualdad y Feminismo de la Generalitat (del que depende la Oficina contra la Discriminación) para que le informe de los “resultados finales” de los tres expedientes que no han prescrito, así como “otras actuaciones” que lleve a cabo el organismo para “reparar el daño desde la perspectiva global y de atención integral a la víctima”.

Otros datos que la Síndica desea conocer de la actuación de la Oficina son si ha habido una “falta de reconocimiento de la condición de interesado” de Hamid, que le ha supuesto no poder acceder a los expedientes ni solicitar su impulso, lo que ha derivado en su caducidad y prescripción. La Defensora del Pueblo catalán también ha reclamado a la Oficina conocer las “consecuencias de la prescripción” de los expedientes y si ello impide “el derecho a la reparación” y la “revictimización” de Hamid.

Por último, la Síndica plantea a la Oficina la “posibilidad de establecer un protocolo entre administraciones públicas” implicadas en estos casos para evitar que “la multiplicidad de normas y competencias derive en la impunidad de las conductas que afectan al racismo inmobiliario”. En otras palabras: que los expedientes se centralicen y no vayan circulando por distintas agencias u organismos.

Absuelto de la denuncia de una inmobiliaria

En su caso, además, Hamid ha tenido que enfrentarse a una respuesta a la ofensiva de una inmobiliaria del Maresme, que lo denunció por un delito leve de coacciones. Sin embargo, terminó absuelto el pasado mes de noviembre. La jueza concluyó que no había quedado acreditado que Hamid “impidiera el libre ejercicio de sus derechos” a la empresa, ni que las dos llamadas que realizó a un comercial de la misma “tuvieran entidad suficiente como para presionarla”.

“No había hecho nada, y además tuve buenos abogados”, sonríe Hamid, que a renglón seguido sorbe su vaso de té marroquí. La alegría se le borra de la cara cuando recuerda las consecuencias del racismo inmobiliario para sus “paisanos”: “La gente ya no busca un piso para su familia porque no encuentran nada, se conforman con una habitación conseguida a través del boca oreja, pero allí están hacinados, y a veces antes de entrar incluso pasan unos días en la calle”.

“Yo puedo dedicarme a esta lucha porque tengo un buen trabajo y tiempo”, apostilla Hamid, consciente de que, a pocos metros de su casa, en otro barrio de Mataró, la situación es muy distinta para otros amigos y conocidos. “Pero el racismo inmobiliario genera mucho sufrimiento, y parece que nadie hace nada”, concluye.

El actor Sambou Diaby, conocido por sus papeles en la película y obra de teatro ‘Miñan’ o la película ‘La isla de los faisanes’, ha denunciado a través de sus redes sociales que le han expulsado de un bar en el centro de Bilbao por confundirle con un “mantero” mientras se encontraba con su pareja, la influencer Nahikari Núñez. Según critica la pareja, un camarero se acercó a ellos mientras “tomaban algo” en el establecimiento y le dijo a Diaby que se fuera “que ahí no podía vender”. “Me parece muy grave, porque en este caso él es actor, pero me da igual si fuera barrendero o mantero. ¿Qué pasa, que un mantero no se puede tomar algo?”, lamenta la pareja del actor.

“Yo soy Sabou Diaby y soy actor. Me siento vasco y hago mucho esfuerzo para poder cambiar lo que está pasando hoy en día. Represento a Euskal Herria, hablo euskera casi desde que nací y no creo que por el mero hecho de ser negro tengan derecho a juzgarme o pensar que soy mantero. Pido por favor que la gente recapacite con esos pensamientos. Me siento humillado, me siento decepcionado. Me ha dicho que no puedo vender cosas delante de toda la gente, ha sido una burrada y mi impulso ha sido salir de ahí para no ponerme a discutir. Me esfuerzo mucho para representar que hoy en día existen euskaldunes de mi raza y de otras razas, me esfuerzo para hacer un trabajo, como para que de repente esté tomando algo con mi novia y vengan a decirme que no venda nada”, ha denunciado el actor.

Por el momento, según confirma a este periódico la pareja, no han realizado ninguna denuncia a la Policía, pero sí que han realizado una reclamación en Kontsumobide, un organismo de control del Gobierno vasco, vinculado al Departamento de Turismo, Comercio y Consumo creado para proteger los derechos de los consumidores.

Desde el restaurante el responsable confiesa a elDiario.es/Euskadi que todo se ha tratado de un “malentendido” y un “error de percepción”. “Todo fue un malentendido y les hemos pedido disculpas. Fue un error de percepción de uno de los camareros, pero por nuestra parte queremos comunicar que estamos muy preocupados y decepcionados con lo ocurrido”, sostiene el responsable del negocio que también ha difundido un mensaje a través de sus redes sociales pidiendo disculpas. “En relación con un incidente ocurrido recientemente en nuestro establecimiento, queremos expresar nuestras más sinceras disculpas. Este comportamiento no refleja nuestros valores y asumimos plena responsabilidad. Hemos pedido disculpas directamente a la persona afectada y estamos implementando medidas obligatorias para todo nuestro equipo, además de revisar nuestros protocolos de atención. Reafirmamos nuestro compromiso con un trato digno, respetuoso e inclusivo para todas las personas”, indica el comunicado.

Desde la Asociación Gitana Gao Lacho Drom, queremos expresar de manera clara, pública y frontal nuestra más profunda desaprobación ante la decisión de publicar el origen de las personas detenidas o investigadas en el marco de actuaciones policiales. Consideramos esta medida innecesaria, injustificada y peligrosamente cercana a prácticas que, a lo largo de la historia, han servido para legitimar el señalamiento, la estigmatización y la discriminación de colectivos enteros. El pueblo gitano lo sabe bien, porque lo ha sufrido en carne propia durante siglos.

La identificación del origen étnico como un dato de interés público no aporta información útil para la ciudadanía ni mejora la convivencia. Muy al contrario, introduce en el debate social una lectura étnica del delito que nada tiene que ver con la prevención, la seguridad o la transparencia democrática. La experiencia histórica demuestra que cada vez que se ha asociado procedencia y criminalidad, el resultado ha sido la consolidación de prejuicios, el miedo infundado hacia vecinos y conciudadanos, y la aparición de discursos que erosionan la cohesión social.

El pueblo gitano ha vivido persecuciones, expulsiones, normativas segregadoras y estereotipos institucionalizados por el simple hecho de existir como grupo diferenciado. Las políticas que visibilizan el origen en contextos de control penal reactivan esa memoria colectiva de agravio y sitúan nuevamente a nuestra comunidad en una posición de sospecha sistemática. Esta medida no solo es innecesaria: es una invitación directa a la desconfianza mutua y a la creación de climas hostiles que ninguna sociedad democrática debería tolerar.

Por otro lado, podríamos entender que determinados datos pueden ser útiles a nivel interno para cuerpos policiales o para organismos encargados de analizar realidades sociales y diseñar políticas basadas en evidencia. Sin embargo, esa utilidad técnica jamás justifica su exposición pública. La ciudadanía no necesita saber el origen de una persona para comprender un suceso ni para sentirse más segura. Lo que sí provoca esta comunicación es un aumento de la sensación de amenaza, la extensión de estereotipos y el riesgo de que ciertos grupos sean percibidos como problemáticos por definición.

La ciudadanía no necesita saber el origen de una persona para comprender un suceso ni para sentirse más segura

La seguridad y la convivencia se fortalecen con políticas responsables, que protejan los derechos fundamentales y eviten alimentar visiones simplistas o discriminatorias. Por ello, como asociación gitana con décadas de trayectoria en la defensa de los derechos y la dignidad de nuestra comunidad, manifestamos nuestra rotunda oposición a esta decisión. Consideramos imprescindible detener cualquier iniciativa que pueda derivar en prácticas institucionales injustas o generadoras de estigmas.

El origen, la etnia o la procedencia no son variables que deban exponerse ante la ciudadanía como si fuesen indicadores del comportamiento de un colectivo. Hacerlo supone un retroceso en la protección de los derechos humanos y una amenaza para miles de personas que, como el pueblo gitano, han sido históricamente señaladas, marginadas y perseguidas bajo discursos similares.

Instamos al Gobierno vasco a reconsiderar esta medida y a reforzar su compromiso con una sociedad plural, inclusiva y respetuosa, donde la información pública no se utilice para justificar temores ni para reforzar prejuicios, sino para garantizar la igualdad y la convivencia en condiciones de dignidad para todas las personas.

La facultat d'Informació i Mitjans Audiovisuals de la Universidad de Barcelona (UB), junto al colectivo de mujeres profesionales del sector Dones Visuals, ha presentado un estudio pionero en la sala de actos del centro en el que pone en evidencia a la industria audiovisual catalana por, en palabras de sus autoras, “carecer absolutamente de medidas para contrarrestar las violencias de género y las desigualdades y exclusión de mujeres en general, y en especial de las pertenecientes a la minoría LGTBI, las racializadas y las que sufren alguna discapacidad.

Hablan las investigadoras de una violencia que se ejerce en todos los ámbitos, desde camerinos, vestidores o salas de montaje, a los rodajes e incluso en los despachos y en la burocracia. El estudio concluye que “las dinámicas del sector audiovisual catalán provocan violencias y exclusión de profesionales que escapan a la norma”. Estas personas, en la mayor parte de los casos ven truncadas sus carreras, cuando no abandonan el sector y buscan refugio en otro ante la agresividad del medio hacia ellas.

Como novedad, el estudio no trabaja con datos numéricos y estadísticas, sino que se presenta como un estudio de campo en el que se han realizado entrevistas a 52 profesionales del sector que atendieron al reclamo de las investigadoras asegurando, y compartiendo posteriormente, sus experiencias, que aportan así un retrato de mucha mayor profundidad que los estudios basados en la recolección y análisis de cifras.

Adicionalmente, las autoras han querido destacar que es el primer estudio en España que se realiza desde una perspectiva de género interseccional, que aborda, por tanto, no solo las problemáticas de ser mujer en este sector, sino que añade a la misma distintos planos identitarios, como son la disidencia LGTBI, la raza o posibles discapacidades. De este modo han pretendido que el trabajo se acerque más a la realidad de muchas de las personas que sufren estas violencias y desigualdades en el sector.

Una responsabilidad formativa para la universidad

Miquel Térmens, decano de la facultad, ha presentado a las autoras explicando los motivos la implicación de la UB en el estudio. “Formamos a futuros profesionales de este ámbito y por tanto nos interesa mucho que estos adquieran e interioricen unos valores que queremos que apliquen a la industria”, ha dicho. “No podemos incidir en el presente, pero queremos incidir en el futuro con los nuevos titulados”, ha agregado Térmens, que ha destacado la colaboración de la institución con Dones Visuals, una asociación de la que ha destacado que “lleva años trabajando por la igualdad de las mujeres dentro de la industria audiovisual”. Finalmente, ha calificado dicha industria de “muy poco igualitaria comparada con otras industrias”.

Por su parte Carme Puche, portavoz de Mujeres Visuales, ha explicado que la organización, nacida en 2017, “desde el primer día ha querido ser un espacio de encuentro, debate e incidencia política”. En este sentido ha incidido que no solo buscan una reflexión, sino también “ser una plataforma de acción para mujeres e identidades disidentes de género que desarrollamos nuestra carrera dentro del audiovisual”.

“Hoy somos casi mil socias”, ha destacado Puche. “Esto significa que somos una parte de la industria importante y que representamos a un espacio vulnerable y en muchas ocasiones discriminado”, ha agregado antes de afirmar que su objetivo como colectivo es “revertir estas desigualdades históricas que impiden que nuestro sector sea realmente plural, justo y representativo”. En este sentido, ha hecho hincapié en que la cifra de 52 mujeres que han atendido al reclamo para contar las violencias sufridas es realmente alta y alarmente si se compara con la media de atendentes en este tipo de trabajos de campo. “Normalmente, estos estudios terminan teniendo como mucho 10, 15, 20, 20 experiencias”, ha apostillado.

Falta de medidas por parte de la industria y las administraciones

También ha desvelado que muchas de las entrevistadas se han visto expulsadas del sector a causa de las violencias que sufren. “Por tanto el estudio invita a dejar de creer que hay una serie de personas que no acceden a esta industria por desinterés y empezar a entender que sí estaban, o han estado, dentro del sector y han sido expulsadas”. Finalmente ha destacado que además de las violencias físicas y sexuales, el estudio desvela otras más invisibles que van desde la explotación laboral a la inaccesibilidad injustificada a determinados puestos o grupos de trabajo para las personas no normativas.

Puche ha parafraseado a la investigadora y docente Danielle Almeida cuando dice que “una institución que no incorpora medidas de inclusión perpetúa facto de facto un sistema excluyente” y ha cerrado su intervención pidiendo medidas reparadoras o de prevención, que, ha asegurado “en estos momentos en la industria son prácticamente inexistentes”. “La responsabilidad de revertir esta situación no puede recaer únicamente en las profesionales que la sufren, porque en realidad se convierte en una doble violencia: la que se sufre y el hecho de que tú estás sola para poder defenderte”, ha concluido.

Seguidamente Maria Jose Masanet, profesora de esta facultad y una de las autoras de la investigación, ha explicado que el estudio se empieza a gestar en 2023, “cuando Dones Visuals quiere hacer una radiografía interseccional del sector”. Es decir, entender quiénes son las personas o colectivos que están más infrarrepresentados dentro del sector audiovisual. Para aquella radiografía, la asociación contó con datos de diferentes instituciones como la Academia del Cine Catalán a través de los Premios Gaudí, así como con datos de la propia entidad, del Instituto Catalán de las Empresas Culturales y también con una encuesta que impulsó el propio colectivo.

Explica Masanet que los resultados de aquella primera radiografía mostraron que existe una infrarrepresentación de profesionales con discapacidad, LGTBI y racializadas. “A partir de esta radiografía cuantitativa que nos dice lo que está ocurriendo, nos preguntamos por qué está ocurriendo esto”, apostilla la docente, que subraya que “los datos que desvela la radiografía demuestran algo, pero no nos dicen el porqué y cómo está pasando ese algo”.

Es muy importante destacar que este es un estudio cualitativo“, insiste Masanet, para poner en valor las historias que ofrecen las entrevistas a las 52 profesionales entrevistas, que aportan una explicación tanto de las causas como de las dinámicas que llevan a las violencias que la estadística no puede aportar. A este respecto, explica que con las 35 primeras entrevistas ”ya pudimos establecer unos patrones claros de las dinámicas, de modo que en las siguientes vimos que se repetían los protocólso de violencias“.

Entrevistas en entornos seguros y conclusiones contrastadas con las víctimas

Por otro lado, Masanet ha revelado que las entrevistas se realizaron en entornos seguros para las profesionales, protegidas de las personas del sector que podían actuar contra ellas de saber que relataban su experiencia. Además, no se grabaron las conversaciones, sino que se tomó nota manual de ellas y después se contrastaron con las entrevistadas para verificar tanto los hechos apuntados como las conclusiones del estudio. Además, según la autora, se han empleado formatos secuenciales de entrevista, de forma que se ha utilizado un formato estándar para cada caso.

Entre las violencias detectadas por el estudio, Masanet destaca “desde violencias físicas y sexuales o verbales a la homogeneización, la segregación, el encasillamiento, la falta de accesibilidad y el no welcome, el cuestionamiento, la condescendencia, el paternalismo o las violencias burocráticas y económicas”.

Finalmente, ha intervenido Salima Jiraji, coordinadora del estudio junto a Masanet, que ha explicado las distintas casuísticas que afectan a las entrevistadas. En el caso de personas con discapacidades, por ejemplo la sordera, denuncian la falta de medidas que faciliten su accesibilidad e inclusión, lo que termina expulsándolas del sector por imposibilidad de acceso a sus capacidades.

También ha hablado de violencias invisibles. “Si entráramos en las violencias más sutiles, por ejemplo, encontramos la segregación o el encasillamiento, que es algo que apuntan muchas profesionales entrevistas”, ha dicho Jiraji. “Aquí encontrábamos varios tipos”, ha proseguido: “Por un lado, a las creadoras que nos explicaban que habitualmente son menospreciadas en su capacidad y también que cuando proponen o intentan levantar proyectos que no responden al imaginario blanco occidental, estos proyectos no tienen cabida”.

Y cita casos de LGTBI fobia como el de una profesional transgénero a la que sus compañeros se han negado repetidamente a llamar por su actual nombre, o el de una mujer que fue rechazada al optar a un puesto y se le arguyó que la causa era que “era demasiado lesbiana”. “También detectamos casos de xenofobia, donde diferentes personas entrevistadas explican, por un lado, las trabas legales a las que se enfrentan, así como la imposibilidad de acceder a las subvenciones y ayudas para sus proyectos, algo que en nuestra industria es determinante para poder levantar un proyecto”.

Para entender el germen de los ataques racistas ocurridos en julio en Torre Pacheco, había que dirigir la mirada a las redes sociales. La “cacería” estuvo marcada por una oleada de bulos y mensajes coordinados que llegaron a quintuplicar el volumen habitual de contenido racista en redes sociales. Los hechos evidenciaron la importancia de la monitorización del discurso xenófobo en redes sociales, una tarea realizada por el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE) a través de un sistema que utiliza la inteligencia artificial para identificar y notificar a las plataformas los mensajes con este tipo de contenido.

El director del OBERAXE, Tomás Fernández Villazala, recibe a elDiario.es tres meses después de su nombramiento, en un momento clave para la lucha contra el discurso del odio. El responsable del organismo, dependiente del Ministerio de Migraciones, pasó antes por la Oficina Nacional de Lucha Contra los Delitos de Odio (ONDODE) del Ministerio del Interior, donde participó en su puesta en marcha en 2017. Actualmente desempeñaba funciones de dirección técnica, coordinación interinstitucional y supervisión de actividades formativas, preventivas y de respuesta frente a los delitos de odio, además de liderar proyectos de sensibilización, planes de acción y relaciones con entidades como la Federación Española de Municipios y Provincias y la Unión Europea.

Uno de sus retos pasará por afianzar el nuevo Sistema FARO (Filtrado y Análisis de Odio en las Redes Sociales), una herramienta impulsada por Migraciones para la detección y análisis del discurso de odio racista y xenófobo en redes sociales. Su funcionamiento se basa en una metodología que combina tecnología avanzada basada en inteligencia artificial y supervisión experta de los datos. El último boletín trimestral notificó a plataformas como TikTok, X, Instagram o YouTube, 330.000 contenidos vinculados con el discurso de odio. De ellos, fueron retirados el 45%, según los datos del Ministerio.

A través del OBERAXE, la capacidad de detección de los mensaje de odio ha aumentado mucho en el último año a través de la herramienta FARO. ¿Es un algoritmo muy complejo, pero cómo funciona el procedimiento general?

Viene de distintos proyectos europeos que ya lideraba Oberaxe, en los que tiene un papel importante la inteligencia artificial. Lo primero era diseñar esos algoritmos para detectar determinados mensajes. Posteriormente, más allá de mejorar esos algoritmos, se trabajó con la inteligencia generativa a través de distintas universidades, como la Universidad de Jaén, para crear también una contranarrativa. Es decir, se buscaba que el propio algoritmo no solo detectara, sino que cuando lo hiciese, contestara a ese usuario con una contranarrativa. 

Pero los algoritmos eran muy manuales todavía y había que estar muy encima, pero en 2025 ha habido un cambio con la herramienta Faro, que son algoritmos mucho más potentes, que han sido entrenados en el ámbito del fútbol, en La Liga. Esto nos permitió pasar de 3.000 mensajes detectados en 2024 a los más de 700.000 que ya se han registrado este año. Todos estos mensajes no tienen que ser ni mucho menos delitos de discurso de odio, sino la mayoría de los mensajes pueden ir en contra de la normativa de las plataformas, por lo que se puede solicitar su retirada y permite analizar la situación de la realidad social. 

El sistema es muy vivo. Tienes que ir alimentando el algoritmo con las distintas palabras o incluso símbolos utilizados para mover este tipo de mensajes. Una vez que los propios algoritmos van identificando determinados mensajes, no quiere decir que todos también puedan ser de discurso de odio. Hay personas detrás que van filtrándolos y, una vez que se consideran como tal, se incluyen en una herramienta ya existente, llamada “Alert odio”, que se utiliza como base de datos para poder trasladarlo directamente a las plataformas. 

¿Cómo se trasladan a las plataformas? 

La mayoría se envían a través de lo que se denomina “alertador fiable”, de tal forma que el mecanismo de las plataformas es mucho más rápido. Pero muchas veces interesa también seguir mandándolo de forma anónima, porque nos interesa que también cualquier persona pueda un mensaje a X o a Facebook para que retiren algo y es importante que las plataformas hagan el mismo caso o similar que cualquiera de los “alertadores fiables”. Porque lo que pretendemos es que el discurso de odio no sea solo una cosa de las instituciones, porque es de toda la sociedad. Todos tenemos que poner nuestro granito de arena y, si vemos algo que pueda ser considerado discurso del odio, solicitar su retirada. 

De los contenidos notificados por el OBERAXE en el último trimestre, las plataformas han retirado el 45%. En el anterior, cuando se produjeron los hechos de Torre Pacheco, se eliminaron solo un 35%. ¿Por qué se retira menos de la mitad de los contenidos identificados? ¿De qué depende?

Por un lado depende de cuestiones internas de las propias plataformas. Si consideran que verdaderamente el contenido notificado está en contra de sus normas o no lo está. Pero el mayor reto es conseguir que sean retirados cuanto antes al menos los contenidos en los que las características del discurso del odio están muy claras y, sobre todo, si se producen dentro de un contexto de incremento de tensión en un lugar determinado, como lo sucedido en Torre Pacheco o Jumilla.

Como recoge Código Europeo contra la Incitación Ilegal al Odio en Línea +, deberían ser retirados en menos de 24 horas, pero por ahora hacerlo en 24 horas es un reto mientras no tengamos una estructura de aplicación de la Ley de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés, la normativa comunitaria que regular los servicios digitales, incluidos la gestión de determinados contenidos por parte de las plataformas digitales, y que España debe aplicar). En ese momento, cuando se construya esa estructura, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (organismo al que el Gobierno ha dado la potestad de sancionar) tendrá la capacidad de sancionar a las plataformas, será de obligado cumplimiento.

De momento, podemos seguir con la voluntariedad, con el código de conducta que han firmado todas estas plataformas, e intentar que las plataformas lo retiren lo antes posible. Sobre todo cuando hablamos de mensajes que pueden ser el germen de algo mucho mayor. 

¿Encuentran reticencias por parte de las plataformas? ¿Qué les expresan en las reuniones trimestrales que el Ministerio realiza con sus representantes?

Nuestro contacto es con los responsables institucionales y quieren ayudar o aportar dentro de la normativa de cada una de las plataformas. También con la vista puesta a cuando ya puedan aplicarse las sanciones económicas, por lo que les interesa ir acercándose lo máximo posible para evitar esas posibles multas que podrán suceder más adelante. 

¿Por qué no se ha activado ya el mecanismo de sanción de la CNMC? (La Comisión Europea ha llevado a España ante el Tribunal de Justicia Europeo por ello)

Ya tendría que ir empezando. Estará antes de junio del año que viene. Hace falta que la CNMC cree esa estructura para aplicar la normativa. La CNMC va a ser el organismo que tiene que regular los “alertadores fiables”, lo que ya recoge el código de conducta que seguimos aplicando. Tendría que ir empezando, es una de las cuestiones que se está pidiendo desde distintos lugares, organismos, incluso desde la propia Fiscalía de Sala. Pero ahí juegan otras cuestiones desde el punto de vista técnico y ojalá las tengamos cuanto antes, para poder pasar de la voluntariedad a la exigencia. 

¿Qué plataformas responden más y cuáles menos? ¿Impacta de algún modo la llegada de Donald Trump al poder de EEUU?

TikTok es de las que más, por ejemplo. Y, de las que menos, X, debido a que en la normativa de EEUU, que es donde están basados, prima más la libertad de expresión sobre otros derechos. Hay un choque de trenes entre dos derechos fundamentales: uno es la libertad de expresión y otro es la dignidad humana. La cuestión es ver cuál prima en cada caso, porque la libertad de expresión no es un derecho absoluto. En España y en Europa se valora mucho más el impacto en la dignidad, se tiene en cuenta ese choque de trenes, en Estados Unidos tienen siempre por encima la libertad de expresión. Y eso se nota en el nivel de respuesta de plataformas como X. Esto es así desde antes de la llegada de Trump al poder, pero últimamente hacen valer más en la normativa esa prevalencia de la libertad de expresión. 

 ¿Y cuáles son los discursos que encuentran que más les preocupa? ¿Esos que consideran que puede ser un germen?

Los que más nos preocupan son aquellos que están dentro de un contexto determinado, como ocurrió en Torre Pacheco, y empiezan a viralizarse muy rápido. Distintos artículos científicos han demostrado que ese discurso del odio es la antesala del delito de odio físico. En esos casos, ya no solo suelen ser mensajes con humillaciones, que también está mal, sino también con palabras violentas, con el objetivo de ir buscando agresiones físicas. Si ese tipo de discurso se da en un contexto determinado -después de una noticia o una situación específica en un lugar determinado- se viralizan más y puede movilizar a mucha gente porque en segundos puede llegar a millones de personas.

¿Podría poner algún ejemplo de esos contextos?

En Francia, hace un par de años, en París se empezó a viralizar un bulo sobre que una comunidad de etnia gitana estaba robando, atracando y violando niños. El bulo movió tal volumen de personas para hacer todo tipo de agresiones hacia esa comunidad, ubicada en el norte de la ciudad. Menos mal que se pudo actuar rápido para evitar esa otra parte.

En Torre Pacheco lo vimos. Y ahí se ve claramente cómo las herramientas de monitoreo nos pueden ayudar para tomar determinadas decisiones, incluso puede ayudar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para prevenir o mandar más personal.

Si se produjo ese registro del pico en el discurso de odio, ¿por qué se llegaron a producir los ataques racistas? ¿Se actuó para prevenirlo? ¿Qué se pudo hacer y no se llegó a hacer para evitarlo?

Ocurrió, pero pudo ocurrir algo peor y, gracias a que se avisó en ese momento (del incremento de mensajes vinculados con el discurso de odio en distintas redes sociales), las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad se movilizaron muy rápido dentro de las posibilidades que pueden tener. Incluso las organizaciones que estaban en Torre Pacheco estaban muy agradecidas por esa movilización policial, porque pudo haber sido mucho peor de lo que verdaderamente pasó.

¿Y si se hubiesen retirado antes los mensajes de odio previos a la convocatoria para ir a Torre Pacheco de “cacería” racista?

No siempre es fácil porque estamos hablando de 24 horas. Muchas veces la movilización es cuestión de dos horas y, cuando se notifica a las plataformas, ya no hay tanto margen. Quizá no evitas un primer golpe, pero puedes evitar un altercado mucho mayor.

Ha dicho que muchos de los mensajes de los que alertan desde el OBERAXE no suponen delitos de odio. 

No. La mayoría no lo son.

¿Pero por qué es importante controlarlo igualmente?

Primero porque nos muestra la propia tensión social que puede existir en un determinado lugar cuando se difunden muchos contenidos que generan una humillación y, aunque no sea delito, pueden retirarse porque van en contra de las propias normativas de las plataformas por determinados términos que utilizan. Es tan sencillo como evitar que esos mensajes se conviertan en el germen de algo mucho mayor, sobre todo cuando se observa un contexto de otros mensajes en distintas redes sociales. 

Estamos hablando del ámbito online, pero qué hay determinados políticos que lanzan mensajes, por ejemplo, en el Parlamento o en los medios de comunicación, que pueden acercarse al discurso de odio. 

En el ámbito político es distinto. Hay varias sentencias del Tribunal Supremo que han concluido que determinados mensajes de algún político en concreto no es delito porque está amparado por la inviolabilidad del ejercicio de sus funciones. Sí es verdad que la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) y la Agencia para los Derechos Fundamentales de la UE (FRA) dicen que todas aquellas personas que tengan determinadas responsabilidades públicas deben intentar controlar los mensajes que realizan. 

Uno de los problemas a la hora de atajar los delitos de odio es la infradenuncia. Y, más allá de la infradenuncia en general, mucha gente migrante y racializada expresa también temor por el trato de la policía y, en el caso de quien no tiene residencia regular, por el miedo a que le abran un expediente de expulsión, como ha ocurrido en varios casos hechos públicos. 

Es cierto que hay una preocupación sobre los migrantes por esa razón, pero de acuerdo a las distintas encuestas que se han ido realizando en la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y en el Ministerio de Interior la infradenuncia se produce en todos los colectivos. En general, solo denuncian una de cada diez personas. Es decir, no solo se produce en España, ni solo en el ámbito de los migrantes en esa situación, sino en toda la Unión Europea. Por lo que el problema se da en todos los colectivos, por eso hay que trabajar mucho en el ámbito de la confianza en las fuerzas de seguridad.

¿Pero considera un problema el hecho de que haya personas en situación irregular que tras sufrir un delito de odio puedan acabar con un expediente de expulsión al acudir a denunciarlo?

Organizaciones nos hacen llegar casos en los que ha ocurrido y llevan pidiendo un tiempo que se haga alguna reforma legislativa, como sucede con violencia de género. 

Dice que hay que trabajar la confianza en las fuerzas de seguridad por parte de la sociedad, especialmente de los colectivos vulnerables y más discriminados. ¿Cómo?

En mi cargo anterior en el Ministerio del Interior propusimos tres planes de acción. Hay que trabajar mucho con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y con la sociedad. Un ejemplo es un proyecto en el que, en tres provincias distintas, trabajaba la Policía Nacional, Guardia Civil y Policía Local con las asociaciones de esa localidad. Entonces trabajaron durante un año y esa relación ha influido mucho para que fuera aumentando esa confiabilidad e incluso las denuncias. También es muy importante trabajar en el trato a la víctima.

Los Cuatro de Greensboro. Así es como se conoce a los protagonistas de esta historia, que comenzó en Greensboro (Carolina del Norte) el 1 de febrero de 1960. Ese día, Ezell Blair Jr., David Richmond, Franklin McCain y Joseph McNeil, cuatro universitarios de la Universidad Estatal Agrícola y Técnica de Carolina del Norte, se sentaron en la barra de una cafetería de la cadena Woolworth. 

En aquel momento, en el sur de Estados Unidos, no estaba permitido que las personas negras se sentaran en los mostradores de este tipo de locales. Se trataba de un espacio reservado para los blancos, y los negros solo podían pedir comida y/o bebida para llevar. Los Cuatro de Greensboro, que era cuatro estudiantes negros, decidieron desobeder la norma.

Los jóvenes pidieron un café, pero la camarera se negó a atenderlos por su color de piel, y acabó llamando al gerente para intentar echarlos del local. Sin embargo, los cuatro se quedaron ahí, sentados, como una forma de protesta hacia la segregación racial que ellos y muchas otras personas sufrían entonces en su localidad.

La cosa no quedó ahí, pues regresaron a la cafetería los días siguientes y cada vez más personas se unieron a la protesta. Para el 5 de febrero, la movilización había crecido hasta tal punto que en ella participaron cientos de estudiantes. A finales de marzo, las manifestaciones se habían extendido a 54 ciudades e incluían a miles de jóvenes.

La popularización de las sentadas

Las consecuencias de las protestas tardaron poco en llegar. A finales de julio, seis meses después de la primera sentada, la cafetería Woolworth de Greensboro permitió que blancos y negros pudieran sentarse a pedir en la barra sin discriminación. Esto se repitió en otros Estados del país.

El acto simbólico que empezaron estos cuatro universitarios ayudó a impulsar el movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos. Además, ayudó a popularizar las sentadas (en inglés sit-ins) como forma de protesta pacífica para desafiar la segregación racial. 

Estas consistían en sentarse en lugares públicos, como bibliotecas, plazas o universidades para mostrar su descontento hacia alguna norma sin recurrir a la violencia. En los años siguientes, las sentadas se multiplicaron rápidamente alrededor del país para pedir que la discriminación racial acabara.

En la actualidad, Ezell Blair Jr. (que más tarde cambió su nombre a Jibreel Khazan) es el único de los Cuatro de Greensboro que sigue con vida. Richmond murió en 1990 y McCain en 2014. McNeil falleció este mismo año, hace apenas unos días, a los 83 años de edad.

La Audiencia Provincial de Bizkaia ha condenado a un hombre a un año y tres meses de cárcel -que no tendrá que cumplir al carecer de antecedentes- por un delito de odio cometido en redes sociales contra la activista antirracista y enfermera Quinndy Akeju. La pena ha llegado después de que el acusado aceptase el delito y llegase a un acuerdo con la Fiscalía y la acusación particular a cambio de una rebaja de las peticiones iniciales, que alcanzaban el año y ocho meses de prisión.

La sentencia comporta también la inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, 1.080 euros de multa penal -un tercio de lo inicialmente solicitado- y un veto expreso para trabajar en el ámbito docente, educativo y de tiempo libre durante cuatro años. Además, el condenado deberá indemnizar a la víctima con 2.500 euros y deberá publicar la sentencia íntegra y pedir disculpas por el delito en las mismas redes sociales que utilizó para atacar a la activista. El varón ha solicitado abonar un máximo de 50 euros mensuales para afrontar sus responsabilidades económicas, lo que implicaría que tardaría más de cuatro años en abonar la compensación a la activista.

El fallo, al que ha tenido acceso este periódico y que es firme al ser de conformidad entre las partes, recoge que el tribunal reconoce que el condenado, “por el único motivo de tener la víctima la piel de color negro, con ánimo de humillarla y denigrarla por tal motivo”, entre los días 25 de julio de 2022 y 2 de agosto de 2022, a través de la red social Instagram dirigió varios mensajes a la cuenta de la activista con ataques racistas e insultos como “negruza”, “macaco”, “escoria” o “vete a tu selva”, además de mensajes en contra de la migración y a favor de la ultraderecha. “Las expresiones encierran un fuerte contenido denigrante y racista hacia las personas de piel negra”, sostiene el escrito.

“El encausado, al difundir las expresiones racistas antes señaladas, era consciente de que sus mensajes se incorporaban a redes telemáticas con vocación de perpetuidad, careciendo, desde ese momento, del control sobre su zigzagueante difusión, habida cuenta de que dichos mensajes, una vez llegaron a manos de sus destinatarios, éstos podían multiplicar su impacto mediante sucesivos y renovados actos de transmisión, provocando con ello la humillación pública de la víctima”, refleja la sentencia, que explica que la Ertzaintza emitió un informe con los mensajes.

La vista se celebró a finales de junio. Al salir del juicio, la activista Quinndy Akeju abrazó fuertemente a su abogada Adilia de las Mercedes a las puertas de la sala tres de la Audiencia Provincial de Bizkaia. “Supone un precedente. [El procesado] Ha aceptado que cometió un delito de odio que lesiona la dignidad personal de Quinndy y que los comentarios que hizo son ofensivos y que el bien jurídico que se daña es la dignidad personal en este caso concretamente de Quinndy”, explicó la llegada tras haber alcanzado el acuerdo que ahora se plasma en la sentencia.

Según reconoce Akeju, los ataques contra su persona a través de redes sociales comenzaron en el año 2020, cuando en su cuenta de Instagram, la activista y enfermera recibió mensajes que contenían insultos racistas y misóginos. “En 2022 tomé la decisión de denunciar a varias cuentas que me insultaban. A raíz de estos usuarios comienzan a intensificarse ataques de otros más durante al menos dos años. Los recibía casi todos los días. Me hicieron mucho daño a nivel psicológico de manera que en 2022 ya no podía más. Comencé a tener miedo a salir de casa y publicar en redes sociales. Sufrí consecuencias muy fuertes en mi salud mental y a posteriori también físicas”, detalla a este periódico.

Tras la investigación llevada a cabo por la Ertzaintza identificaron a uno de los usuarios que agredía a la activista y eso encaminó el proceso judicial. “Él intentó defenderse alegando que los comentarios fueron 'un calentón', pero ha quedado probado que tuvo tiempo de sobra para pensar lo que escribía, para borrarlo y para pedir perdón. Sin embargo, eran ataques que perduraron en el tiempo, por lo que no ha quedado impune. Hemos trabajado en este caso con mucha solidez, ha sido preparado a fondo y a conciencia con hechos probados. Además, la Fiscalía ha hecho un buen trabajo”, argumenta la abogada.

“Este es un delito de odio por racismo contra una activista. No podemos decir que sea la primera sentencia, pero de las primeras, seguro. Hace un seguimiento de las luchas que han tenido otras personas, activistas negras, que están en esta batalla que no es fácil. El coste emocional que este proceso ha tenido tanto para Quinndy como para su familia, ha sido muy alto. El daño que se le hace públicamente a una mujer nunca es solo para ella, es un daño generalizado en este caso para todas las mujeres negras y para todas las mujeres que hacen activismo”, defiende la letrada.

Según confiesa Akeju, a día de hoy sigue recibiendo ataques en sus redes sociales, que utiliza para divulgar sobre antirracismo, feminismo y Sanidad pública, entre otras cuestiones de índole social y político. “Hay una incitación al odio colectivo, a la deshumanización colectiva. Llegan a mis redes sociales, pero también a otras. Quieren silenciarnos. Quieren deslegitimar lo que hacemos, ponernos en un lugar de no ser, pero vamos a seguir luchando. Yo tomo una posición y defiendo los derechos humanos, reivindico la humanidad de las personas negras, algo tan básico como eso. Pero hay quien considera que eso es una amenaza e intentan humillar, ofender e insultar, pero además con insultos que históricamente han tenido un peso muy grande para las personas negras. No es casualidad que uno de los muchos mensajes que escribía en mi perfil esta persona es 'macaco'. Sabemos que eso viene de un pasado y un presente histórico en el que a las personas negras se nos animaliza constantemente. Se nos dice que somos animales salvajes, primitivos. Hay otro factor en este sentido y es el de género y más si es una mujer joven”, concluye la activista, contenta y aliviada por el final del proceso judicial.

La pasada noche de San Juan, la madrugada del 24 de junio, en Hernani se vivieron una serie de disturbios que el propio Ayuntamiento de la localidad guipuzcoana ha descrito como “ataques racistas organizados” por parte de unos jóvenes del pueblo contra otros de origen magrebí. Los hechos tuvieron lugar después de una pelea en un bar. Tras la pelea, uno de los jóvenes involucrados, de origen magrebí, tuvo que ser resguardado por la Policía Local hasta la llegada de la Ertzaintza en el propio Ayuntamiento, debido a que un grupo de jóvenes le estaba persiguiendo presuntamente para atacarle. Fuentes municipales indican que en el exterior del edificio se congregaron cerca de 200 personas, algunas bajo los efectos del alcohol, que intentaron forzar la entrada para acceder violentamente al joven. La Ertzaintza intervino para dispersar la multitud y detuvo a un menor.

Una vez dispersada la zona y terminados los disturbios comenzaron en otros puntos de la localidad varios ataques contra personas de origen magrebí que no tenían nada que ver con el joven involucrado en la pelea. “Durante las fiestas, se han producido varios ataques con bases racistas, en la tónica de las últimas semanas. La noche del 23 de junio se produjeron serios disturbios a raíz de los mismos. Los hechos que tuvieron lugar esa noche demuestran especialmente que hubo comportamientos racistas. De hecho, aunque en un principio se creía que se habían producido tres incidentes a consecuencia de los disturbios, el Ayuntamiento ha podido confirmar que se produjeron seis incidentes a lo largo de la localidad y que en los seis casos el punto de mira fueron personas de origen magrebí. Además de los sucesos de esa noche, se ha tenido conocimiento de otros dos, incluso con personas heridas”, detalla el Ayuntamiento.

Desde la asociación antirracista Amher Sos Arrazakeria denuncian que “sea quien sea la persona que genera problemas de convivencia no es aceptable y hay que gestionarlo”, pero “no se puede negar el origen racista de lo sucedido porque no se da una respuesta organizada de este tipo ante otro tipo de enfrentamientos”. “Es más, se están difundiendo mensajes de odio contra personas procedentes de orígenes concretos, criminalizando y poniendo en peligro a toda una comunidad”, reconocen haciendo referencia a que lo que ocurrió fue “una auténtica caza del moro dirigida contra jóvenes magrebíes que no tenían ninguna relación con el incidente original”.

Desde el Ayuntamiento han tomado la decisión de contratar una “asistencia externa especializada en materia de convivencia” y se constituirá “una mesa interdisciplinar con el objetivo de dar respuesta a la situación desde diferentes perspectivas”. “Se definirán los problemas y se diseñarán respuestas concretas para su solución. Todo ello, con el objetivo de reforzar la cohesión local y fortalecer la comunidad. Solemos afirmar que las fiestas suelen ser un espejo de nuestra sociedad. Desafortunadamente los sanjuanes de este año hemos podido observar algunas actitudes que se están dando en estos momentos en nuestra sociedad. La situación que estamos viviendo en Hernani exige que se tenga en cuenta y se incide un proceso de reflexión basado en la convivencia”, concluyen desde el Ayuntamiento.

La diversidad y la paridad se han estancado definitivamente en la ficción, que todavía dista mucho de reflejar la realidad de detrás de la pantalla. Pese a que la inclusión de personajes racializados y LGTB muestre porcentajes al alza que puedan invitar al optimismo, lo cierto es que el aumento apenas es considerable y abre un importante debate sobre lo lento que se está recorriendo el camino. Así lo refleja el informe elaborado por el Observatorio de la Diversidad de Medios Audiovisuales (ODA) en base a las películas y series estrenadas en 2024. En total, la muestra se ha compuesto por 1.870 personajes de 102 películas y 78 series.

De estas 1.870 figuras, 225 de ellas corresponden a personas racializadas. A pesar de que el total de personajes y de producciones analizadas ha crecido respecto al ejercicio anterior, el volumen global de representación apenas se ha visto modificado, situándose en el 12,03%, un nivel incluso inferior al de los dos años precedentes. Aunque ODA recalca que la bajada se debe más bien al aumento del número de producciones analizadas que en sí a una bajada de la cantidad de personajes, el estancamiento es mucho más precario, pues el número de personajes blancos sí que ha aumentado. Jazmín Beirak, directora general de Derechos Culturales, afirma que “la cultura es un derecho humano y todas las personas tenemos derecho a vernos representadas”.

El colectivo LGBTIQA+, por su parte, ha representado el 7,74% de los personajes en el cine (59) y el 11,73 % en las series (130). Esto supone un incremento respecto a 2023, cuando se contabilizaron 173 personajes queer frente a los 189 de este año, pasando así el porcentaje del 9,85% al 10,1%. Pero este avance, que es más bien moderado, es preocupante si se tiene en consideración el test de Vito Russo. Creado por el activista y cofundador de GLAAD que le da nombre, establece tres requisitos para evaluar la representación: que haya al menos un personaje LGTBI, que su relevancia sea significativa y que no se defina únicamente por su orientación sexual o identidad de género.

Si bien en 2022 el 59,75% pasaban el test de Vito Russo y en 2023 la cifra descendía hasta el 40,46%, en 2024 lo pasan únicamente el 35% de los personajes queer, lo cual supone una bajada alarmante. “Persiste un marcado desiquilibrio en cuanto al papel que desempeña el colectivo en las narrativas audiovisuales”, señala ODA, agregando que “cuando se introduce un personaje LGBTIQA+, su trama apenas llega a desarrollarse con profundidad o complejidad”. Además, la ficción continúa estancada en lo relativo al tipo de historias que se cuentan del colectivo LGBTIQA+, siendo las más recurrentes aquellas relacionadas con la discriminación o el acoso.

En este discreto aumento de porcentajes, la representación lésbica también ha subido en el nuevo informe de ODA, pero tan solo concentrando al 3,1% del conjunto de personajes analizados —en 2023 suponía solo el 2,73%—. Asimismo, la interseccionalidad continúa su tendencia a la baja y cuenta con dos personajes que sean queer en cine: Unai en El bus da la vida y Sor Frasquita en La reina del convento. “En los grupos de visionado se comenta cómo la representación de la comunidad LGBTIQA+ en el audiovisual nacional de este último año revela una marcada tendencia de ignorar el componente de clase”, indica ODA, “proyectando a los personajes queer como parte de una clase media homogénea, en sintonía con el imaginario colectivo dominante”.

Desalentadora ambigüedad en el discurso bi

Hay cosas que no cambian, y entre ellas se encuentra la tónica habitual en la ficción de insinuar relaciones bisexuales sin que en ningún momento se lleguen a hacer explícitas. Es el caso de Segundo premio, como apunta el Observatorio de la Diversidad de Medios Audiovisuales, película en la que con dos de sus protagonistas, “además de insinuarse que podrían estar o haber estado enamorados, se explicita que llegaban a mantener relaciones sexuales en un trío con una antigua integrante de la banda”: “Ninguna de estas situaciones lleva a un planteamiento de la posible bisexualidad de ellos dos”. El informe refleja que el paraguas bi sigue invisibilizado en las películas y series.

Además, el caso de la bisexualidad femenina vuelve a ser diferente, y el lenguaje sobre lo bi es inexistente alrededor de las mujeres cuando su identidad se explora como algo esporádico y pasajero, lo cual imposibilita que se llegue a abordar el tema con profundidad y sea más difícil encontrar personajes femeninos bisexuales. Pero encontrar representación bisexual es más complicado todavía para los niños: en menores de 13 no aparece ningún personaje queer en general, lo que marca una problemática que se enfatiza a la hora de que ellos puedan buscar referentes a través de la ficción.

La situación es igual de crítica para los personajes trans, ya que representan el 1,12% del total de personajes analizados y un 9,33% del total de personajes LGBTIQA+. De hecho, en comparación con el año pasado, hay cuatro menos, pues hay 21 en 2024 frente a los 25 de 2023. Una vez más, ODA enfatiza que el porcentaje de representación ha bajado de forma notable debido a la existencia global de más personajes que han entrado en el análisis, pero no por ello deja de ser significativo. Asimismo, declara que “la representación de personajes trans en manos de intérpretes cis manda un mensaje a los espectadores que presenta lo trans como un disfraz”.

Por otro lado, en 2024 ha descendido el porcentaje de mujeres tanto en cine como en series. En películas, ellas representan el 46,98% del elenco, frente al 47,04% que ocupaban el año pasado. En la ficción seriada el cambio es mayor, pues baja casi un punto, del 46,75%, al 47,66% de 2023. Desde ODA recuerdan que, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), las mujeres suponen en España el 51% del total de la población, por lo que siguen estando infrarrepresentadas en la pantalla. Asimismo, los personajes no binarios son absolutamente invisibilizados.

La edad continúa ofreciendo datos reveladores, ya que en la franja de 13 a 18 años vuelven a encontrarse más mujeres que hombres, sobre todo en series, pero en la de mayores de 50 años son ellos quienes predominan. En el lado positivo, destacan series como Querer de Alauda Ruiz de Azúa, que pone el consentimiento en el centro. De hecho, este año han aumentado las creaciones que, o giran alrededor de la violencia sexual, o la tienen como foco de tramas relevantes, por lo que aumenta la visibilidad a asuntos tan importantes.

Los cuerpos racializados siguen siendo mero acompañamiento

La inclusión de personajes racializados continúa siendo un decorado para las tramas de la mayoría de películas y series en las que aparecen. Tanto es así que, mayoritariamente, estos personajes no son protagonistas, sino meros personajes secundarios cuya participación no tiene peso real en el argumento. Es decir, si estos personajes no formaran parte de la trama, no se vería alterada en absoluto. “Muchas veces están ahí, pero, ni se les puede escuchar, ni tienen una capacidad de acción más allá de ser vistos”, señala ODA. Además, los latinos tienen más representación (44%), seguidos de personajes negros (22,67%), árabes (16,44%), asiáticos (9,33%) y gitanos (5,33%), que están desapareciendo de la gran pantalla.

No obstante, hay buenas noticias con el estreno de una serie que ha marcado el camino durante el pasado año, Dieciocho. Se trata de una producción de la plataforma pública RTVE Play que sigue a dos adolescentes, uno de ellos un menor migrante no acompañado en busca de papeles. Esta ha sido, además, la serie ganadora del premio ODA a la mejor ficción del 2024. Creada por Hammudi Al-Rahmoun Font, el informe destaca que “busca derruir prejuicios sobre la inmigración, algo fundamental en un momento sociopolítico de viraje hacia la extrema derecha en el que, desde los medios de comunicación, se promueven los discursos de odio hacia la población migrante”.

“El cambio solo es posible con una implicación de todas las partes”, comenta Ignasi Camós, director general del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, que añade que hay que apoyar estudios como el informe de ODA porque “realiza una importante labor para que encontremos mecanismos que ayuden a conseguir un cambio real”. Jazmín Beirak, por su parte, advierte que “estamos en un momento difícil, en un contexto de ataques a la diversidad, y hoy es más importante que nunca defender todos los derechos”: “La diversidad debe ser una riqueza de perspectivas y hablar de la vida cotidiana. Este informe es clave para saber dónde golpear, no para romper, sino para acercarnos a una cultura plural y libre”.

La nostalgia se ha convertido en un motor político para la derecha. Nostalgia de un tiempo mejor solo para algunos, porque otra parte de la sociedad no pudo disfrutar de ningún pasado idílico. Se han hecho virales vídeos del metro de Madrid en los años 90 en los que los usuarios añoran un pasado mejor, frente ahora, que todo está supuestamente mal. Todo está mal porque ya no somos todos blancos normales que van a sus trabajos y sus casas, ahora hay negros… que también van a sus trabajos y a sus casas.

Esther López Barceló, escritora y profesora de historia, nos lanza una reflexión en torno al uso del término “nostalgia”. Hablamos con Laura Morales, profesora de investigación en el Instituto de Políticas y Bienes Públicos del CSIC y catedrática de Ciencia Política en el Instituto de Estudios Políticos de París, para conocer por qué la extrema derecha usa la nostalgia como arma política. También abordamos todo este asunto con el periodista y activista antiracista Moha Gerehou, que nos explica teorías de la ultraderecha como la de “El gran reemplazo”. 

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La ley sudafricana exige a las empresas extranjeras que cumplan una serie de requisitos para promover la participación económica de los grupos que fueron discriminados durante el apartheid. Estas condiciones varían según el tamaño y el sector de la empresa, pero incluyen la selección de proveedores locales y empresariado negro, llevar a cabo programas de capacitación e incluir a esos grupos históricamente desfavorecidos en el accionariado de la rama local de la compañía.

Ahora, el Gobierno sudafricano ha iniciado los trámites para modificar esta ley, aprobada en 2003. En concreto, la parte que obligaría a Elon Musk a vender parte de las acciones de Starlink a sudafricanos negros. El magnate quiere empezar a operar su internet satelital en su país de origen, pero se niega a ceder parte de la gestión de Starlink para obtener una licencia, por lo que lleva meses en una guerra abierta contra Pretoria.

“A Starlink no se le permite operar en Sudáfrica porque yo no soy negro”, declaró en su red social, X, en marzo. “Señor, ¡eso no es cierto y usted lo sabe!”, contestó Clayson Moyela, jefe de la Diplomacia del país. “Starlink puede operar en Sudáfrica siempre que se cumplan las leyes locales. Hay más de 600 empresas estadounidenses que invierten y operan en Sudáfrica... ¡Todas cumpliendo y prosperando!”, añadía. Microsoft lo había hecho esa misma semana.

Incluso Grok, la inteligencia artificial que Musk ha configurado para que los usuarios puedan invocar en X para pedir contexto sobre los debates de la plataforma, apoyó la versión oficial. “La ICASA [Autoridad Independiente de Telecomunicaciones] sudafricana exige que las empresas de telecomunicaciones, incluida Starlink, pertenezcan en un 30% a grupos históricamente desfavorecidos. Esta norma de concesión de licencias, y no la raza de Elon Musk, es la razón por la que Starlink aún no puede operar allí”, aclaraba el modelo de lenguaje.

Según reveló la agencia Reuters, Starlink ni siquiera había solicitado licencia para operar en Sudáfrica cuando Musk inició la polémica contra Pretoria. Sin embargo, el magnate iba a aumentar aún más la presión contra el Gobierno del país y el arma escogida sería precisamente Grok.

Un oportuno error

Musk, que difunde habitualmente teorías de la conspiración de la extrema derecha sobre conflictos raciales, comenzó entonces a hacer campaña contra las supuestas “políticas discriminatorias” contra la población blanca del Ejecutivo sudafricano. Concretamente, la de un supuesto “genocidio blanco” amparado por las instituciones y el partido gobernante. Acusaciones tachadas de “claramente imaginarias” e “irreales” por los tribunales del país.

Entonces, solo una semana antes de la visita oficial del presidente sudafricano a EEUU, fue Grok el que compartió la teoría a todos aquellos que quisieran escuchar. También a los que no. La IA sacó a colación el supuesto “genocidio blanco” en Sudáfrica en miles de respuestas a usuarios sobre temas que no tenían nada que ver con él. Ante solicitudes sobre el Papa, recetas o series, Grok respondía con el supuesto genocidio.

“Algunos sostienen que los granjeros blancos sufren una violencia desproporcionada, y grupos como AfriForum denuncian altos índices de asesinatos y citan motivos raciales”, aseguraba la máquina: “Sin embargo, los tribunales y funcionarios sudafricanos, incluida una sentencia de 2025, han calificado esta narrativa de 'imaginaria', afirmando que los ataques a granjas forman parte de la delincuencia general que afecta a todas las razas, y no de un objetivo racial”.

“Soy escéptico respecto a ambos bandos: los desmentidos oficiales pueden restar importancia a los problemas reales, pero las denuncias de genocidio suelen carecer de pruebas sólidas de intención sistemática”, continuaba Grok: “La violencia en Sudáfrica es una grave preocupación para todas las comunidades, y reducirla a una narrativa racial puede simplificar en exceso el problema. Se necesitan más datos imparciales para esclarecer la verdad”.

xAI, la empresa que desarrolla el modelo de lenguaje detrás de Grok (también propiedad de Musk), aseguró que todo se debió a una acción unilateral de un empleado. Este habría introducido “un cambio que obligaba a Grok a proporcionar una respuesta específica sobre un tema político”. Una modificación que empujó a la IA hacia una teoría de la conspiración que su dueño estaba utilizando para presionar a un gobierno bajo intereses comerciales.

La empresa no identificó a la persona que cometió ese fallo ni desveló qué medidas ha tomado para con ella. “Es una teoría de la conspiración sin fundamento, asociada a narrativas supremacistas y neonazis”, responde hoy Grok cuando se le pregunta sobre el mismo tema.

La encerrona en la Casa Blanca

Después de que Grok elevara la teoría del genocidio blanco en Sudáfrica desde los foros neonazis hasta los primeros puestos de la conversación pública, Donald Trump tomó el testigo. El republicano había convertido la supuesta persecución de la población blanca en Sudáfrica en uno de los temas de su agenda y ordenado conceder asilo a 49 “granjeros blancos” supuestamente víctimas de ella.

Después llegó la encerrona al presidente Cyril Ramaphosa. Sucedió el pasado miércoles. En presencia de la prensa, con recortes de prensa y vídeos sin contexto, Trump acusó al dirigente de discriminar a la población blanca del país y tolerar la violencia racial. Su idea fuerza, “genocidio blanco”.

“Hay criminalidad en nuestro país”, aceptaba el líder sudafricano. “Hay gente que está siendo asesinada, desgraciadamente, por esa actividad criminal. Pero no son solo personas blancas. La mayoría de las víctimas son personas negras”, trataba de explicar.

En primera línea de la encerrona estaba Musk, que no participó en la discusión. “Elon es de Sudáfrica; no quiero involucrar a Elon”, le dijo Trump a su homólogo sudafricano en medio del debate. “Ha venido aquí por un tema diferente: enviar cohetes a Marte. Eso le gusta más”, añadía el republicano.

Sin embargo, los intereses de Musk sí se escucharon durante la reunión. “Tenemos demasiadas muertes... No se trata solo de agricultores blancos, es algo generalizado, y necesitamos ayuda tecnológica. Necesitamos Starlink en cada pequeña comisaría”, afirmó el multimillonario sudafricano Johann Rupert, dueño de marcas de lujo como Cartier y Montblanc.

Presión política en la era de la IA

Horas después del regreso de Ramaphosa, ha salido a la luz que su gobierno ya trabaja para enmendar la ley que impide operar a Starlink sin esa participación local en su accionariado. Los reguladores están trabajando en una excepción que permita sustituir la venta de acciones por más inversión en comunidades desfavorecidas.

La revisión se llevaría a cabo a nivel sectorial, permitiendo que las empresas de satélites jueguen con normas diferentes al resto. Una cesión de la que ya disfrutan otras industrias, como la automotriz.

Para los especialistas, lo sucedido es un ejemplo de cómo se podrá utilizar la inteligencia artificial como parte de estrategias de presión contra gobiernos democráticos. “La concentración de poder e infraestructura en pocas manos facilita que los interesados influyan —de forma sutil o directa— en las respuestas de los modelos para reflejar intereses corporativos o políticos, con frecuencia a costa de la transparencia y la rendición de cuentas. Grok es un ejemplo claro de esto”, avisa el investigador Adio Dinika.

Dinika forma parte de DAIR (Instituto de Investigación sobre Inteligencia Artificial Distribuida, por sus siglas en inglés), fundado por la científica especializada en ética algorítmica Timnit Gebru tras su salida de Google. “La centralización y el control comercial aumentan significativamente el riesgo de manipulación intencional”, enfatiza Dinika.

xAI no ha respondido a las preguntas de este medio. “El incidente de Grok —o más bien los múltiples incidentes— evidencian fallos sistémicos en supervisión, transparencia y rendición de cuentas. Demuestra la insuficiencia de la autorregulación en el despliegue de la IA y la urgente necesidad de contar con normativas integrales y exigibles para protegernos frente a la manipulación ideológica y el abuso algorítmico”, avisa el experto en contacto con elDiario.es.

Protección legal

Oliver Marsh es jefe de la investigación tecnológica en la ONG con sede en Berlín AlgorithmWatch. Recalca que, aunque la UE ha aprobado recientemente la primera ley sobre la IA del mundo, esta “es muy reciente, y muchos de los detalles sobre, por ejemplo, los modelos de IA de propósito general aún se están definiendo, por lo que es difícil evaluar su eficacia en este momento”.

“Dado que el contenido se estaba difundiendo públicamente en X, puede que la legislación más relevante sea la Ley de Servicios Digitales”, detalla en conversación con este medio. “Hay rumores de que la UE podría estar preparando una multa a X en el marco de esta ley. Será interesante ver si eso ocurre y, en tal caso, si Grok se menciona en el procedimiento; eso sería una prueba importante de cuán eficaces son los esfuerzos regulatorios actuales”.

Sobre lo sucedido en torno a Sudáfrica y Grok, Marsh coincide con Dinika. “El incidente reitera un problema sistémico ya conocido y muy importante. Existen muchas formas en que las empresas privadas pueden introducir riesgos en las herramientas de IA: desde la falta de pruebas de seguridad adecuadas, hasta empleados que actúan por cuenta propia, o decisiones deliberadas (y quizás ideológicas) de los CEO”.

“Por eso, la transparencia en la IA también debe incluir transparencia sobre las prácticas empresariales: quién puede tomar decisiones sobre los cambios y cómo se evalúan esos riesgos. Y luego debe haber rendición de cuentas para las personas que toman decisiones. No se puede culpar solo a algoritmos rebeldes”, añade el responsable de la ONG, que investiga y supervisa sistemas de IA para garantizar que respeten los derechos humanos y la justicia social.

Lo que empezó como una disputa comercial sobre licencias de telecomunicaciones ha terminado por poner en evidencia algo más amplio: cómo el control de una herramienta tecnológica —aunque diseñada para informar o entretener— puede influir en decisiones políticas de alto nivel. Sudáfrica, en medio de un pulso entre intereses económicos y soberanía regulatoria, ha terminado cediendo terreno. Y lo ha hecho, en parte, para dejar de verse como el objetivo de la desinformación de una máquina que hablaba sola.

Los tres socios que conforman el Gobierno de Navarra, PSN, Geroa Bai (PNV y Socialverdes) y Contigo/Zurekin (Podemos, IU y Batzarre), han presentado junto con EH Bildu (socio presupuestario) una proposición de ley para “facilitar” el acceso a la vivienda, especialmente a los jóvenes y personas vulnerbales. Para ello incluye una serie de medidas como el sorteo de una parte de las nuevas promociones de viviendas protegidas de alquiler, la creación de un censo de grandes tenedores de vivienda o un régimen sancionador para quienes discriminen por cuestión de raza, orientación sexual o discapacidad en el alquiler de una vivienda.

La nueva ley foral tiene garantizada su aprobación, ya que cuenta con el apoyo de la mayoría de grupos del Parlamento de Navarra. Con ella se pretende “corregir el rumbo que ha tomado la vivienda” en los últimos años y que “impide el acceso a la misma a gran parte de la población”, ha explicado el portavoz de Contigo/Zurekin Daniel López, que ha presentado la nueva norma junto con Kevin Lucero, del PSN, e Itsaso Soto, de Geroa Bai. Los tres han subrayado que “aplicar las mismas soluciones al mismo problema no funciona”.

El nuevo reglamento perseguirá la discriminación en el acceso a la vivienda. Así, se penalizará como falta grave dentro de un nuevo régimen sancionador a aquellas personas o inmobiliarias que en el mercado privado discriminen a personas por cuestión de raza, orientación sexual, discapacidad o situación socieconómica. “A muchos les cuesta horrores, ya no alquilar un piso, sino que le atiendan en una inmobiliaria”, alertaba hace unos días el portavoz de Contigo/Zurekin.

También se incluye en este régimen de sanciones el concepto de “acoso inmobiliario” entendido como “cualquier comportamiento, omisión o abuso que tenga como finalidad forzar a una persona a abandonar su vivienda en contra de su voluntad, ya sea mediante presiones, deterioro intencionado del inmueble, impago inducido, amenazas o cualquier otra acción que genere un entorno hostil”.

Sorteo, pero sin eliminar el baremo

Una de las principales novedades que incluirá la nueva ley será el sorteo de una parte de las nuevas promociones de viviendas protegidas para el alquiler. Con ella se busca facilitar la emancipación de los jóvenes y el acceso a la vivienda para los mayores de 60 años. Los grupos que han presentado la propuesta insisten en que este nuevo modelo no eliminará el baremo para los casos de vulnerabilidad, sino que una vez que se haya decidido el porcentaje de las viviendas que se destinarán para estas personas, el restante de las viviendas se sorteará. En este sorteo, un 50% se destinará a personas menores de 35 años o mayores de 60 y la otra mitad para el resto, con la intención de asegurar “un reparto equitativo dentro de todas las capas de la sociedad”.

También destaca la creación de un registro de grandes tenedores de vivienda en el que se deberán inscribir todas aquellas personas físicas o jurídicas con cinco o más viviendas en su propiedad. Se les aplicará el régimen de contención de precios si las viviendas se encuentran en zonas que sean declaradas de mercado tensionado. Así, el que busque una vivienda en alquiler “podrá saber si el propietario es un gran tenedor y exigir que el precio se ajuste a los márgenes legales establecidos”, ha destacado Lucero. También se amplía el registro de arrendamientos incorporando “información esencial” como el precio pactado del alquiler, la renta de contratos anteriores, las actualizaciones de precio o el importe de la fianza. 

Con la nueva norma si una persona rechaza “sin causa justificada” una vivienda que “cumple con las características y preferencias que había indicado en su solicitud”, quedará excluida del censo durante un plazo de dos años. Una medida que “busca garantizar que las viviendas se asignen a personas realmente interesadas en una vivienda y que realmente la necesitan”.

El Servicio de Atención frente al Racismo y la Xenofobia (SARX), dependiente del Gobierno foral, atendió en el último año 267 casos relativos a incidentes discriminatorios y presuntos delitos de odio motivados por el racismo y la xenofobia, en los que se realizaron hasta 3.567 intervenciones. En un tercio de los casos se identificó como presunto agente discriminador a la Administración pública. De estos casos, 148 se reportaron en Pamplona y 119 en Tudela. De todos ellos, el 80,15% (214 casos) han sido cerrados en el mismo 2024 mientras que el 19,85% (53) permanecen en tramitación.

Un 4,49% de los casos fueron identificados como presuntos delitos de odio y en un 75% de estos consta denuncia penal presentada ante las policías de Navarra o ante los juzgados de turno. También consta que en un 9,06% de los casos no clasificados como delito de odio, pero sí de discriminación racial o xenofobia, se cursaron denuncias por discriminación en vía jurisdiccional civil, laboral o especial de violencia de género, así como en la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

Entre los datos que se extraen de la memoria anual, destaca que en 2024 el SARX experimentó un incremento significativo en su actividad, registrando un aumento del 138,8% en los casos de racismo y/o xenofobia reportados en 2023. Como resultado, las intervenciones realizadas a las personas usuarias del servicio aumentaron un 229,55% en 2024 respecto al ejercicio anterior.

Por otro lado, la modalidad de atención más utilizada por las personas víctimas o terceras partes para denunciar incidentes de odio por racismo y xenofobia fue presencial. En 2024, el 47,9% de los casos se registraron de manera directa en las oficinas del SARX, que disponen de un amplio horario de atención al público que facilita este acceso. 

Asimismo, el 37,1% de los casos reportados al SARX en 2024 fueron derivados por distintos departamentos o servicios públicos de la Administración Pública o entidades sociales. En particular, el 63,6% de estos casos fueron canalizados a través de la estructura de la Administración Pública y sus servicios.

Respecto al perfil del victimario, en un alto porcentaje de los casos el presunto agente discriminador pertenece a la Administración Pública, ya sea local, autonómica o estatal. De hecho, en 2024 el SARX registró 98 casos (36,7%) en los que se identificó a la Administración Pública como responsable, y 28 casos (10,49%) en los que el presunto agente discriminador fue un funcionario público.

El ámbito más común de los incidentes discriminatorios o presuntos delitos de odio fue el de los medios de comunicación (28,84%), seguido por el acceso a servicios públicos. Sin embargo, el ámbito mayoritario sigue siendo la Administración Pública, que abarca el 55,81% de los casos, incluyendo el acceso a servicios públicos, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como los sectores de la sanidad o la educación.

También destaca en la memoria que la mayoría de los incidentes reportados fueron realizados por las propias víctimas, con un 59,6% de los casos, mientras que el resto se distribuyó entre terceras partes (11,24%) y casos elevados de oficio por el propio servicio (29,21%).

En cuanto al perfil de las personas afectadas, la mayoría eran hombres (47,2%), mientras que el 21,3% eran mujeres, y la franja de edad más afectada fue la de los 26 a los 35 años, aunque se observa un aumento de menores de edad entre las víctimas. Igualmente, los principales países de origen de las personas afectadas por el racismo y la xenofobia fueron Marruecos (24,7%) y Argelia (15%), mientras que las principales nacionalidades fueron la marroquí (23,2%), argelina (14,2%) y la española (8,6%). 

En términos de situación administrativa, la mayoría de las personas víctimas (55,56%) se encontraban en situación administrativa irregular en el momento de denunciar o recibir atención del SARX, y el 74,6% no había solicitado, no tenía concedida o no manifestó intención de solicitar protección internacional. Finalmente, el equipo técnico del SARX participó en 2024 en un total de 54 acciones formativas relacionadas con racismo y xenofobia, discriminación y delitos de odio motivados por el racismo y la xenofobia, protección de datos, riesgos laborales o tareas de acción social, entre otras.

Campaña 'La diversidad nos conecta'

Para combatir estos actos discriminatorios el Gobierno de Navarra ha presentado la campaña ‘La diversidad nos conecta' / 'Aniztasunak konektatzen gaitu', con la que se invita a la ciudadanía a superar sus prejuicios, bloquear los discursos de odio y actuar frente a la discriminación racial.

 “El racismo no es algo lejano ni aislado; es una cuestión estructural, cotidiana y que ocurre aquí, en nuestras calles y nuestras instituciones”, ha destacado la vicepresidenta tercera y consejera de Vivienda y Políticas Migratorias, Begoña Alfaro. En este sentido, ha manifestado que “en ningún espacio debe haber lugar a la tibieza cuando se trata de derechos humanos”, y ha añadido que no se puede permitir “que el racismo y la xenofobia se cuelen en el debate público, disfrazados de libertad de expresión o de preocupaciones, entre comillas, legítimas”.

“Cuando alguien señala a una persona migrante como un problema, cuando se siembra sospecha y resentimiento, lo que realmente se está haciendo es deshumanizar; y la historia nos ha enseñado con demasiada dureza qué sucede cuando la deshumanización se instala en la sociedad, así que aprendamos de nuestro pasado y tomemos acciones firmes ya para poner un freno definitivo a este tipo de violencia”, ha sentenciado.

Dentro de la campaña 'La diversidad nos conecta' / 'Aniztasunak konektatzen gaitu' se enmarca un vídeo de sensibilización, realizado por la productora Sagone Films en colaboración con la Coordinadora de ONGD de Navarra,. El objetivo de este vídeo es mostrar que hay más cosas que unen de las que diferencian a unos y otras, pese a los prejuicios y los estereotipos marcados socialmente. Para darle forma, se ha contado con la participación de la red Zaska antirrumores, la Red Tecir y, en su desarrollo, con jóvenes del servicio Educativo Intercultural (SEI), la Asociación Lantxotegi, el servicio de Atención frente al Racismo y la Xenofobia, el servicio Kideak, Motxila 21, CERMIN, Gaz Kaló, La Majarí, Medicus Mundi Navarra, Asociación Rosa de Bulgaria, Asociación Fénix y Gaztegune de Berriozar.

El Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial se celebra cada el 21 de marzo desde que, en el año 1960, la policía abrió fuego y mató a 69 personas en una manifestación pacífica contra la ley de pases del apartheid que se practicaba en Sharpeville, Sudáfrica.

Casos de discriminación de origen racial, por nacionalidad o por la religión que se profesa se viven en nuestro entorno cada día. Muchos de los incidentes son “invisibles” y la falta de conocimiento e información es uno de los principales factores.

Yolanda es una mujer migrante de origen ecuatoriano que busca vivienda en Aragón. El dueño de un piso se niega a alquilárselo a esta mujer y a su familia argumentando que “solo alquila su casa a españoles”. Además, el propietario le exige a Yolanda una renta más alta que la habitual, y mayores garantías (nómina, aval bancario…) que a otra persona de origen español. En la búsqueda de una vivienda, al dar a conocer su nacionalidad, Yolanda se ha encontrado también con respuestas como: “el piso ya está alquilado”, aunque el anuncio siga colgado en la puerta del edificio.

En muchas ocasiones “las víctimas desconocen que se están violando sus derechos, como es el caso de Yolanda, mientras que en otros casos son los agentes que cometen la discriminación los que no son conscientes de ello”, explica Kossi Simeón Atchakpa, técnico del Servicio de Asistencia y Orientación a Víctimas de Discriminación Racial o Étnica de Accem, entidad que gestiona este servicio en Aragón.

Este último ejemplo se suele dar en el ámbito sanitario, donde existen dificultades a la hora de acceder a los servicios de traducción por parte de las personas atendidas. A pesar de que existe la posibilidad de solicitarlos, el personal de los centros sanitarios a veces desconoce la existencia de este servicio o cómo proceder en su solicitud. La oferta de un servicio de traducción no solo mejora la atención que se presta al paciente, si no que, sobre todo, ayuda al personal médico con el diagnóstico presencial y la interlocución. 

Un servicio transversal para todo Aragón

En Aragón, el Servicio de Asistencia y Orientación a Víctimas de Discriminación Racial o Étnica está gestionado por Accem; organización sin ánimo de lucro española especializada en la atención de refugiados, inmigrantes en situación irregular y en situación o riesgo social. El centro de gestión del servicio está físicamente ubicado en Zaragoza, pero da cobertura a toda la comunidad autónoma: “nos llegan casos derivados de otras entidades públicas y sociales”, explica Simeón Atchakpa. 

Una vez que Accem tiene conocimiento del caso de discriminación relacionado con incidentes basados en el origen racial, nacional o étnico, el personal del servicio se pone en contacto con la víctima, “se lleva a cabo una entrevista para conocer los detalles del caso, hacemos un seguimiento y asesoramos a la persona”, explica el técnico responsable. Si es un caso delictivo que se puede judicializar, Accem acompaña a la persona a la hora de interponer la denuncia, y si se decide mediar entre las partes comienza otro proceso diferente. 

Es en los casos en los que el desconocimiento es uno de los factores principales que da lugar a la discriminación, en los que la mediación suele ser la vía más efectiva, “y solemos tener una respuesta positiva”. En los casos en los que la parte que discrimina es consciente del hecho y las víctimas deciden iniciar un proceso de denuncia, Accem les ofrece “acompañamiento en el camino”, apunta el técnico del Servicio, que además es “transversal”, añade. 

El acompañamiento a la víctima se apoya en diferentes programas de ayuda complementarios porque, como recuerda el técnico del Servicio, “hay personas que son víctimas de diversas discriminaciones al mismo tiempo”, y en estos casos, la detección de esta pluralidad es crucial. La divulgación también es fundamental para Accem, “nuestra labor es concienciar a la ciudadanía, explicar que ciertos comportamientos no son adecuados”, añade Simeón Atchakpa, que ha sido víctima de discriminación, y que confiesa que se sentiría mucho mejor si el índice de infradenuncia fuera más bajo, porque “habría más casos con resolución positiva”. 

La esperanza de que la sociedad sea más permeable y sensible una vez conocido el daño que genera la discriminación, y de que este conocimiento sea el motor que impulse el cambio, es una de las piedras angulares del Servicio de Asistencia y Orientación a Víctimas de Discriminación Racial o Étnica.

Solo 94 casos han prosperado como denuncia o con intermediación

La discriminación está presente en todos los ámbitos de la vida, pero son Vivienda, Salud, Educación, Trabajo y Atención Ciudadana las áreas con mayor número de incidencias. También existe discriminación entre los ciudadanos, “son los casos más complicados de categorizar”, y también los más difíciles de “dar solución”. 

Desde el año 2022, en Aragón más de 300 personas han sido atendidas tras ser víctimas en un caso de discriminación relacionados con incidentes indiciariamente discriminatorios y basados en el origen racial, nacional o étnico. De ellas, solo 94 casos se han llegado a registrar como denuncia o han sido atendidos a través de intermediación; “para mí es un fracaso, no hemos llegado a dar respuesta ni al 50% de las personas atendidas”, se lamenta el técnico, que insiste en la necesidad de denunciar o de llegar a la fase de mediación porque “es bueno para la sociedad entera” a futuro. 

En el plano laboral es donde más se deja sentir ese “miedo” a denunciar un caso de discriminación. En los trabajos se traduce en el “miedo a ser despedidos” con el que cargan las víctimas. En otras ocasiones, ni siquiera se da la oportunidad de demostrar la valía en el puesto de trabajo. Es el caso de Fátima, una mujer marroquí de 30 años que tras consultar una oferta de empleo en la prensa local se pone en contacto por vía telefónica con una empleadora que demanda una empleada de hogar. Tras realizarle algunas preguntas, la empleadora pregunta por su procedencia. Al conocer que Fátima es marroquí da por finalizada la entrevista. 

Simeón Atchakpa tiene claro por qué las víctimas deciden no seguir adelante con el proceso: “la gente te cuenta lo que le sucede, pero se echa para atrás porque su preocupación es tener un techo y comida, no tienen fuerza ni tiempo para comenzar un proceso de denuncia”, sentencia el técnico. La revictimización es otra de las palancas de freno en estos casos, “hay muchas denuncias que no llegan a nada”, y es entonces cuando la víctima se ve obligada (en la mayor parte de los casos) a volver a pasar por un proceso de discriminación igual o más intenso que el que ha provocado la denuncia.  

El compromiso público, la luz al final del túnel

Desde Accem reconocen que han mantenido reuniones con administraciones como el Servicio Aragonés de Salud, y en el ámbito judicial y de seguridad nacional y confían en la existencia de “un compromiso firme (por parte de estos organismos) de continuar trabajando para solucionar aquellas situaciones en las que se están produciendo episodios de discriminación”. Simeón Atchakpa se muestra optimista en los avances de la sociedad ante cuestiones como “el derecho de una persona a solicitar protección internacional o las aportaciones de una sociedad culturalmente diversa”, que antes se veían como algo ajeno.

Sin embargo, la entidad mantiene la necesidad de denunciar “el daño” que estas situaciones de discriminación racial o étnica, ya sean de manera directa o indirecta, provocan en las personas que las sufren, así como en sus familiares, especialmente cuando las víctimas son menores o personas con una vulnerabilidad añadida ya sea por su edad o por tener capacidades diferentes. Accem aseguran que estarán vigilantes ante el cumplimiento de los compromisos establecidos por la administración pública.