Hamid, el vecino de Mataró que se levantó contra el racismo inmobiliario: “Las administraciones no hacen nada”

“Solo sabes lo que es el racismo inmobiliario si lo has sufrido”. Tras más de 20 años en España, un día Hamid, comercial de origen marroquí que trabaja por toda Europa y vive en Mataró (Barcelona), dijo basta. Hastiado por las discriminaciones que él mismo había padecido y que veía día tras día entre sus “paisanos” que buscaban piso, se convirtió en activista contra el racismo inmobiliario. Más de dos años después de empezar su lucha, lamenta que ninguna ventanilla oficial a la que ha acudido le haya dado respuesta: “Las administraciones no hacen nada”.

Su método de “testing”, en palabras de Hamid, resulta tan sencillo como revelador: llama a una inmobiliaria de la comarca donde vive para ir a ver algún piso alquilado. Da todos sus datos y pruebas de su solvencia económica. La respuesta de las empresas, cuenta, no suele ser una negativa directa y tajante. Primero viene el silencio. Y tras tener que insistir él mismo para lograr una visita, llegan las evasivas.

Hamid tiene una colección de excusas recibidas nada desdeñable. “La más habitual es cuando te dicen que no tienen la llave aunque el piso esté anunciado, pero también te cancelan sin previo aviso, te van cambiando la hora...”. En algunos casos, tras su insistencia, Hamid ha podido documentar cómo los trabajadores de algunas inmobiliarias le admiten que el dueño del piso no quiere alquilarlo a inmigrantes.

“No es como hace 20 años, que te decían directamente que 'a moros no alquilo', al principio todo es más sutil, más suave... pero al final a un nacional lo llaman; a mí no, y eso que tengo mi DNI y mi nómina y todo”, asevera Hamid. En ocasiones, ha pedido colaboración de algún amigo nacido en la comarca y sin apellidos extranjeros para corroborar su hipótesis. El resultado, lamenta, suele ser positivo.

El racismo inmobiliario en España es una realidad constatada por entidades y administraciones, pero sobre la que pesan pocas sanciones. La primera no llegó hasta el año 2021 y fue impuesta por el Ayuntamiento de Barcelona, en aquel entonces liderado por Ada Colau, pese a que la ley catalana de vivienda las contempla desde el año 2007.

Según la segunda edición del informe '¿Se alquila? Racismo y segregación en el alquiler de vivienda', publicado por Provivienda en marzo de este año, el 65% de personas extranjeras que buscan piso se han encontrado con estrategias de bloqueo por parte de los agentes inmobiliarios a la hora de alquilar una vivienda disponible. El estudio constata que la discriminación es otra barrera de peso en el ya de por sí complejo mercado inmobiliario.

De entrada, existen dificultades probatorias para las víctimas (suelen tener que pedir ayuda a amigos sin apellidos de origen extranjero para acreditar que el piso sigue vacío por discriminación). “Muchos paisanos lo que quieren es un techo para su familia, no tienen tiempo o se piensan que tendrán líos por denunciar, y suficiente tienen con trabajar todo el día y dar de comer a los suyos”, asevera Hamid.

Además de la infradenuncia, un fenómeno habitual en todo tipo de discriminación, Hamid se ha topado con otra barrera: el silencio de las distintas administraciones que han recibido sus escritos. “Se van pasando la patata, pero no hacen nada”, denuncia.

Así la constata la documentación que ha podido consultar elDiario.es. Junto a su abogado, Miguel Ruiz, del Observatorio DESCA, Hamid presentó las primeras denuncias en febrero de 2022. Nueve de ellas han terminado archivadas, tras un recorrido administrativo con varias etapas: Ayuntamiento de Mataró, Agència de l'Habitatge de Catalunya (AHC), Agència Catalana de Consum (ACC) y, por último, la Oficina d'Igualtat de Tracte i No-discriminació, dependiente de la Generalitat. El plazo de prescripción de los expedientes sancionadores una vez abiertos es de seis meses.

Ruiz y Hamid han presentado varios escritos de impulso en otras tres denuncias, presentadas el año pasado, sin obtener por ahora respuesta. En uno de los casos, el Ayuntamiento de Mataró, capital de comarca y municipio del que dependen 130.000 habitantes, adujo que no cuenta con los “medios materiales y personales suficientes para abordar con éxito la tramitación de estos expedientes”, por lo que los derivó a Habitatge.

“Se necesitan más técnicos en ayuntamientos y en la Generalitat y más recursos, porque jurídicamente el racismo inmobiliario no es una cuestión que entrañe una gran complejidad”, reclama Ruiz. “Igual que fue necesario incorporar una perspectiva de género a la administración, también lo es ahora adoptar una perspectiva antirracista”, agrega el letrado.

La Síndica de Greuges, la Defensora del Pueblo catalán, también sigue de cerca las denuncias de Hamid, y ha requerido al departamento de Igualdad y Feminismo de la Generalitat (del que depende la Oficina contra la Discriminación) para que le informe de los “resultados finales” de los tres expedientes que no han prescrito, así como “otras actuaciones” que lleve a cabo el organismo para “reparar el daño desde la perspectiva global y de atención integral a la víctima”.

Otros datos que la Síndica desea conocer de la actuación de la Oficina son si ha habido una “falta de reconocimiento de la condición de interesado” de Hamid, que le ha supuesto no poder acceder a los expedientes ni solicitar su impulso, lo que ha derivado en su caducidad y prescripción. La Defensora del Pueblo catalán también ha reclamado a la Oficina conocer las “consecuencias de la prescripción” de los expedientes y si ello impide “el derecho a la reparación” y la “revictimización” de Hamid.

Por último, la Síndica plantea a la Oficina la “posibilidad de establecer un protocolo entre administraciones públicas” implicadas en estos casos para evitar que “la multiplicidad de normas y competencias derive en la impunidad de las conductas que afectan al racismo inmobiliario”. En otras palabras: que los expedientes se centralicen y no vayan circulando por distintas agencias u organismos.

Absuelto de la denuncia de una inmobiliaria

En su caso, además, Hamid ha tenido que enfrentarse a una respuesta a la ofensiva de una inmobiliaria del Maresme, que lo denunció por un delito leve de coacciones. Sin embargo, terminó absuelto el pasado mes de noviembre. La jueza concluyó que no había quedado acreditado que Hamid “impidiera el libre ejercicio de sus derechos” a la empresa, ni que las dos llamadas que realizó a un comercial de la misma “tuvieran entidad suficiente como para presionarla”.

“No había hecho nada, y además tuve buenos abogados”, sonríe Hamid, que a renglón seguido sorbe su vaso de té marroquí. La alegría se le borra de la cara cuando recuerda las consecuencias del racismo inmobiliario para sus “paisanos”: “La gente ya no busca un piso para su familia porque no encuentran nada, se conforman con una habitación conseguida a través del boca oreja, pero allí están hacinados, y a veces antes de entrar incluso pasan unos días en la calle”.

“Yo puedo dedicarme a esta lucha porque tengo un buen trabajo y tiempo”, apostilla Hamid, consciente de que, a pocos metros de su casa, en otro barrio de Mataró, la situación es muy distinta para otros amigos y conocidos. “Pero el racismo inmobiliario genera mucho sufrimiento, y parece que nadie hace nada”, concluye.