En medio de una lluvia de críticas de la oposición a una decisión del Ayuntamiento -la de elegir como denominación oficial de la ciudad la palabra en valenciano-, la alcaldesa de Castelló, Amparo Marco, hizo el miércoles unas declaraciones públicas en las que cuestionó esta medida. El cambio había sido propuesto por Compromís, uno de los partidos que forman parte del Ejecutivo que ella misma dirige.

La iniciativa se hizo pública el pasado 5 de febrero, cuando el Consistorio emitió una nota de prensa con el anuncio oficial de que en el próximo Pleno -previsto para el día 22- se producirá “el inicio de los trámites para la normalización del nombre de la ciudad”. La nota aclaraba que era una iniciativa de Compromís y, en concreto, de su portavoz, el concejal de Normalización Lingüística Ignasi García.

Con esta medida, Castelló dejaría de estar entre el 8 % de los municipios valencianoparlantes que todavía no han normalizado su nombre, según publicó Europa Press citando a partir de datos de la Acadèmia Valenciana de la Llengua. Del total de 395 localidades, más del 80 % (320 pueblos y ciudades) tienen normalizado su nombre en valenciano.

Una opinión “personal”

Sin embargo, Marco -alcaldesa por el PSPV- puso en duda este anuncio en su comparecencia pública de este miércoles. Preguntada por si la medida se tomará finalmente aunque no haya acuerdo con todos los partidos, contestó que ella no lo haría: “Yo, personalmente, como vecina de Castelló, creo que las cosas si no hay consenso no deben ir adelante”.

Marco pidió “altura de miras” porque “el Pacto del Grau -firmado por Compromís, PSPV y Castelló en Moviment para poner en marcha el nuevo gobierno local el pasado 2015- es suficiente en cuanto que tiene la aritmética en el Pleno pero yo creo que no es suficiente en el consenso ciudadano. Tenemos que pensar más allá de lo que es el Pacto del Grau y la aritmética de la actual corporación”.

La oposición habla de “procés”

Las declaraciones de Marco llegan después de varios días de duras críticas al cambio de nombre por parte de PP y Ciudadanos. Begoña Carrasco, portavoz del PP, afirmó que es un “debate estéril”, que “no es una prioridad” y que es el principio de un “particular procés” del equipo de gobierno castellonense. Es “otro capítulo más de la política de eliminación del castellano que está imponiendo el bipartito”, afirmó Vicente Vidal, de Ciudadanos.

Las palabras de la alcaldesa provocaron una rápida reacción dentro de su gobierno. El Ayuntamiento emitió una nota en la que Ignasi Garcia contestó a Marco sin citarla: “El rigor de nuestros catedráticos, de nuestros lingüistas, de nuestros filólogos y de nuestros historiadores es una cosa que no se cuestiona. Los políticos no debemos ponernos la capa de historiadores ni de filólogos, tenemos que hacer de políticos”, afirmó, en relación al manifiesto de expertos que avala el cambio de nombre.

La medida sigue adelante

El equipo de Gobierno ha intentado llegar al consenso “en todos los temas importantes de la ciudad (..) pero es evidente que es muy difícil llegar al consenso con quien dice que nuestra lengua es aldeano o dice que hay que quitarle la subvención a entidades tan arraigadas a nuestro castellonerismo como son los Dansants del Corpus”, afirmó Garcia en referencia a Ciudadanos.

“No hemos llegado al Gobierno de esta ciudad para que la derecha nos diga cuál tiene que ser nuestra política” y por ello “nos atendremos al decreto del Consell, que solamente establece la mayoría simple en el pleno del Ayuntamiento para poder iniciar los trámites”.

Desde el equipo de Gobierno, recordaron que fue el propio PP el que propuso y aprobó en 2003 la denominación oficial solo en valenciano de la localidad vecina, Vila-real. En Castelló, el proceso está siendo bastante más conflictivo. Como muestra, una iniciativa de Change.org titulada “Nos encanta llamar a nuestra ciudad Castellón, no queremos imposiciones para cambiarlo”, que ha recogido 3.377 firmas.

L'equip de govern de l'Ajuntament de Castelló cessarà divendres que ve a Juan Ángel Lafuente, el director de l'Oficina de Planificació Econòmica municipal, segons van confirmar fonts municipals. El cessament es produeix abans que el procés de selecció d'un substitut haja acabat, malgrat que l'alcaldessa, Amparo Marco, va afirmar que romandria en el seu lloc fins que l'oficina tinguera un nou cap.

La raó del sobtat acomiadament és que Lafuente va decidir el 17 de maig presentar-se com a candidat a la convocatòria. El moviment va aguditzar el malestar de Compromís i Castelló en Moviment amb el PSPV, responsable del nomenament, i va fer refermar les crítiques de l'oposició.

El serial polític del 'cas Lafuente'

El cessament aspira a tancar una polèmica que va començar al febrer, quan el PSOE va dur a terme el nomenament de forma unilateral, sense comptar amb els seus socis del Pacte del Grau (Compromís i Castelló en Moviment).

L'elecció va ser també criticada perquè Lafuente, que formava part de la llista electoral del PSOE i és company de treball de l'alcaldessa com a professor del Departament de Finances de la UJI, havia renunciat un any abans a ser regidor, un lloc que li hauria reportat aproximadament la meitat de la remuneració respecte al seu actual lloc.

Amparo Marco va justificar el passat 5 de maig, en un Ple extraordinari que el PP va convocar només per a tractar aquest tema, que una de les raons per a no cessar a Lafuente era que l'acomiadament no s'ajusta a la legalitat i que, per tant, podia causar perjudicis a l'Ajuntament. Fonts municipals van explicar que açò només pot succeir si l'acomiadat denúncia al Consistori.

El “caso Lafuente” amenaza con seguir protagonizando la actualidad de Castellón, con la consiguiente erosión para el Pacto del Grau, firmado por PSOE, Compromís y Castelló en Moviment. El último capítulo de este serial político tuvo lugar el miércoles, cuando fuentes municipales confirmaron que Juan Ángel Lafuente optará al proceso de selección del jefe de la Oficina de Planificación Económica del Consistorio. Se trata de la plaza que él mismo ocupa en la actualidad gracias a la decisión personal de la alcaldesa, Amparo Marco.

Esta decisión supone un golpe y una brusca sacudida para el Pacto del Grau. Tanto Compromís como Castelló en Moviment han mostrado en muchas ocasiones su desacuerdo con el nombramiento. La razón es que Lafuente aceptó la plaza en febrero de este año con un sueldo de 68.646 euros brutos, un año después de haber rechazado la oportunidad de ser concejal del PSOE, con una remuneración de 41.464 euros brutos.

Lafuente es, además, compañero de trabajo de la alcaldesa en el departamento de Finanzas y Contabilidad de la UJI, y ocupó un puesto destacado en la lista electoral que Marco encabezó en las pasadas elecciones municipales. Su nombramiento como alto cargo del Ayuntamiento fue una decisión unilateral de los socialistas, que no consultaron a Compromís ni a Castelló en Moviment. Ambas formaciones se enteraron por la prensa de que la Oficina de Planificación tenía un nuevo jefe.

Soledad del PSOE en el Pleno

Esta circunstancia provocó un gran malestar en Compromís. En público, la formación pidió públicamente la dimisión de Lafuente y sus concejales votaron en el Pleno de febrero junto al resto de grupos, y contra el PSOE, para pedir su cese. Al día siguiente de esa traumática votación, ambos socios acordaron una solución de consenso: mantener al aludido en el puesto cuatro meses más, hasta que su sucesor fuera nombrado en un procedimiento de libre concurrencia.

Ahora, cuando se ha conocido que Lafuente optará a ese proceso de selección, la versión oficial de los portavoces de Compromís es que “no hay ningún tipo de malestar. Éramos conscientes desde el primer momento que era una plaza de libre concurrencia y que él se podía presentar”. Sin embargo, es obvio que el asunto es un foco de tensión y alejamiento entre los dos socios de gobierno.

Bastar echar un vistazo a las caras de los concejales de Compromís cuando se aborda la cuestión en los plenos municipales. Las miradas se mantienen bajas y el gesto es de incomodidad. En privado, miembros de la formación han mostrado repetidamente su disgusto ante la actitud de la alcaldesa, que tardó dos meses en pedir disculpas en público por la forma en que se produjo el nombramiento, aunque defendió su legalidad en todo momento.

Las fuentes consultadas de Compromís sostienen, además, que es difícil creer que Lafuente haya dado este paso sin contar con ningún tipo de apoyo de su partido. También han expresado su estupor por el hecho de que Marco no pidiera ya en febrero a Lafuente su dimisión para acabar de una manera rápida con este problema, cuyo alargamiento en el tiempo está causando daño a la imagen del equipo de gobierno y quitando espacio en los medios de comunicación a la información sobre la gestión municipal.

El “caso Lafuente” está siendo utilizado como ariete por los partidos en la oposición. Desde que Lafuente ocupó su plaza en febrero, Ciudadanos y PP acusan reiteradamente al equipo de gobierno de oscurantismo y enchufismo. También utilizan el nombramiento y las consiguientes tensiones entre PSOE y sus socios para calificar su Ejecutivo de débil y de “caos”, una de las expresiones más repetidas por la portavoz popular, Begoña Carrasco.

El Pacto sigue, pero con desconfianzas

Por su parte, Castelló en Moviment sí hizo públicas sus quejas. “Es una tomadura de pelo”, explicó Xavier del Señor, portavoz de la formación. Del Señor se quejó de que “esté pasando todo esto con el apoyo de la alcaldesa”. Y afirmó que esta noticia “desgasta la confianza de Castelló en Moviment y de la ciudadanía que apostó por otra forma de hacer política”. “No vamos a romper el pacto por esto, pero evidentemente hace que nos replanteemos la relación con el gobierno”, concluyó.

Desde el grupo municipal socialista, la posición es de “respeto por el procedimiento”, al que “se pueden presentar libremente los candidatos que lo consideren, y que se valorará por parte de técnicos”. Además de Lafuente, otras cuatro personas optarán a la plaza. Para ello, según explican las bases de la convocatoria, presentarán sus méritos y harán una entrevista personal. Según fuentes municipales, la comisión encargada de la selección estará formada sólo por funcionarios.

“Hay un acuerdo en el Gobierno y, efectivamente, la moción se llevará a cabo. Como tenía que ser”. Verónica Ruiz, portavoz del gobierno local de Castellón, concejal de Cultura y miembro de Compromís, anunció con estas palabras el viernes por la mañana que Juan Ángel Lafuente, director de la Oficina de Planificación y Proyección Económica del Ayuntamiento de Castellón, será cesado.

Ruiz insistió en que la decisión se había tomado por consenso y unanimidad entre todos los concejales, después de “escuchar a los técnicos: juristas y jefes de personal”. La portavoz no quiso detallar cómo se llevará a cabo el cese y remitió a los periodistas a un comunicado que se haría público posteriormente.

Dos horas después, el gabinete de comunicación del Consistorio emitió una nota en la que aclaró que el sucesor de Lafuente será elegido por un “procedimiento abierto”, en concreto “comisión de servicios mediante concurrencia y publicidad”. Fuentes municipales explicaron que el proceso puede durar cuatro o cinco meses. El actual director de la Oficina de Planificación permanecerá ese tiempo en el puesto, debido a que “la gestión del proyecto europeo EDUSI no puede detenerse”.

Lafuente fue elegido por la alcaldesa de Castellón, Amparo Marco, sin acordarlo previamente con su socio de gobierno, Compromís, ni con la formación que sostiene la gobernabilidad desde la oposición, Castelló en Moviment. Ambos partidos, así como PP y Ciudadanos, criticaron duramente el nombramiento.

Soledad del PSPV en el Pleno

En el último Pleno, hace una semana, todos ellos aprobaron una moción pidiendo su cese. Sólo los siete concejales del PSPV votaron en contra de esa decisión. La resistencia inicial de la alcaldesa a ejecutar la moción provocó tensión y malestar en las relaciones con Compromís, que pidió la dimisión de Lafuente como manera de resolver la crisis.

Lafuente es profesor de la UJI y compañero de departamento de la alcaldesa, y también formó parte de su lista electoral en 2015. Todos los partidos, salvo el PSPV, criticaron que aceptara el puesto de director de la Oficina de Planificación, dotado con casi 90.000 euros brutos anuales, apenas un año después de renunciar a ser concejal (con una retribución de aproximadamente la mitad) cuando tuvo la oportunidad debido a la renuncia de una de las concejalas socialistas.

“La dimisión sería la mejor solución para generar estabilidad en el Gobierno”. Son palabras de Ignasi García, concejal de Compromís en el Ayuntamiento de Castellón este viernes. La propuesta de García es el último capítulo de una serie de desencuentros entre su formación y el PSOE, los dos socios que sustentan el Ejecutivo local. La causa es la decisión de la alcaldesa, Amparo Marco, de nombrar de forma unilateral al profesor de la UJI Juan Carlos Lafuente como alto cargo municipal.

Las palabras de García llegaron un día después de un tenso pleno en el que Compromís se unió al resto de grupos para pedir a Marco que cese a Lafuente. Si bien nadie dudó de la legalidad de la contratación, todos criticaron que el profesor -compañero de departamento de la alcaldesa- accediera al cargo un año después de haber rechazado ser concejal. El puesto (director de la Oficina de Planificación Económica del Ayuntamiento) tiene un salario de cerca de 90.000 euros brutos, casi el doble de lo que hubiera percibido como regidor.

La alcaldesa se negó a hacer declaraciones ante la prensa y tampoco habló sobre el asunto durante las tres horas que duró el Pleno. De forma que quedó en el aire si acatará o no la moción votada por los 21 concejales de todos los grupos, salvo los siete socialistas. La incógnita siguió sin resolver el viernes por la mañana, cuando Verónica Ruiz, concejal de Compromís, compareció ante los medios en calidad de portavoz del Gobierno municipal para informar sobre la Junta de Gobierno que se había celebrado inmediatamente antes.

“Blanco y en botella”

Ruiz reconoció que “evidentemente” hay tensiones en el Ejecutivo “después de un Pleno como el de ayer”, pero aseguró que “el Gobierno sigue intacto”. Explicó que “se tomará una decisión conjunta” en cuanto a la permanencia de Lafuente. Preguntada por los plazos, aseguró que sería “cuanto antes”. Respondió “blanco y en botella” ante la pregunta de si la dimisión del nuevo alto cargo municipal sería una solución.

“Estamos en el debate en la Junta de Gobierno de ver cómo lo ejecutaremos y cuándo”, explicó García. El portavoz de Compromís también explicó que habían encargado a Antonio Lorenzo, concejal de Hacienda y responsable de personal, del seguimiento de la moción. Se da la circunstancia de que Lorenzo es el número dos de la alcaldesa y fue el encargado de defender la conveniencia de la contratación durante el pleno del jueves.

La alcaldesa de Castellón, Amparo Marco, ha remitido una carta al presidente del Gobierno central, Mariano Rajoy, en la que reivindica “concreción, financiación o finalización” de proyectos “estratégicos” para la ciudad como la llegada del AVE, el corredor mediterráneo, los Cercanías y su conexión con el Maestrat... Marco ha remitido este escrito apenas unos días después de recibir al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, en un encuentro en un encuentro en el que el gobierno municipal trasladó necesidades de inversión para 2017.

La primera edil defiende los intereses de Castellón ante “todas las administraciones que sea necesario” para “reclamar unos recursos adecuados que garanticen nuestro progreso, inversiones razonables para impulsar la modernización de la ciudad y lograr el mejor bienestar para la ciudadanía”.

“Castellón ha reivindicado en los últimos años proyectos estratégicos de infraestructuras de comunicación, transporte interurbano y equipamientos públicos, entre otros muchos ámbitos, de los que el Gobierno es plenamente conocedor”, ha insistido la alcaldesa, quien ha recordado que “Castellón exige desde hace años un trato justo de las administraciones públicas”.

La llegada del AVE a la ciudad de Castellón, el corredor mediterráneo, la liberación de la autopista AP-7, la modernización de los cercanías ferroviarios y la conexión de la capital con el norte de la provincia, y el Archivo Histórico Provincial son algunos de los proyectos que siguen a la espera de concreción, financiación o finalización.

Cooperación entre instituciones

Marco ha tendido la mano a Mariano Rajoy para estrechar la colaboración. Así, ha subrayado que el ayuntamiento de Castellón estará “encantado de abrir un diálogo constructivo con la Presidencia del Gobierno y con los diferentes departamentos ministeriales para impulsar su desarrollo. Queremos fomentar la cooperación entre las dos instituciones y reforzar el proyecto común que nos une”.

Además, ha mostrado su convicción de que “el Gobierno central ha de ser un gran aliado de Castellón. Durante muchos años, la principal administración española ha vivido de espaldas a nuestra realidad como ciudad, a nuestros anhelos y aspiraciones. Una actitud que hay que corregir en esta nueva etapa política”.

La alcaldesa ha añadido que “somos conscientes de las dificultades de la economía, porque también las padecemos en el Gobierno municipal. Un panorama de dificultades que estamos venciendo con dedicación, esfuerzo y perseverancia. Pero sabemos que es el momento de Castellón y defendemos lo nuestro”.

Por último, ha reiterado que el Gobierno municipal elegido en las urnas en 2015 asume como uno de sus principales compromisos el de reivindicar la atención que Castellón se merece ante todas las instituciones y los organismos públicos. “Los castellonenses tienen una sensación de marginación histórica y de agravio por parte de quienes podrían aportar más a la ciudad y no lo hacen. Por eso, nuestra gran responsabilidad es trabajar para vencer esa inercia y conseguir la financiación necesaria para hacer realidad nuestros ambiciosos proyectos de futuro”, ha defendido la alcaldesa de Castellón, Amparo Marco.

La Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio ha adjudicado en régimen de alquiler social cuatro pisos del parque público de la Generalitat Valenciana a otras tantas familias que se encuentran en riesgo de exclusión social en Castellón. Lo ha hecho después de haber procedido a su reforma, lo que ha supuesto una inversión cercana a los 40.000 euros debido al deficiente estado que mostraban los domicilios. Además, trabaja en la rehabilitación de otras ocho casas para cederlas a la mayor brevedad posible al estar ya adjudicadas. El coste de las obras superará los 69.000 euros.

Así lo ha explicado la directora general de la Entidad de Infraestructuras de la Generalitat (EIGE), Helena Beunza, tras su reunión con la alcaldesa de la ciudad, Amparo Marco, encuentro en el que tambiénhan estado presentes la vicealcaldesa, Ali Brancal, y el concejal de Bienestar Social, José Luis López. La cita ha servido para valorar la situación actual en relación a las viviendas públicas.

En este sentido, desde julio de 2015 el Consell ha invertido 163.000 euros en actuaciones de mejora y reparaciones. A esa cantidad habría que sumar los 750.000 euros en alquileres sociales a cargo del Ayuntamiento de Castellón.

Área de Regeneración Urbana

Otro de los temas tratados en la reunión ha sido el Área de Regeneración y Renovación Urbana (ARRU) prevista en el grupo San Lorenzo, con undesembolso de 681.200 euros. La Conselleria ya tiene en fase de contratación la redacción del proyecto y espera que durante 2017 se ejecuten la mitad de los trabajos programados.

El desarrollo del ARRU integrará diferentes obras que van desde la reparación de viviendas hasta la adecuación de zaguanes y elementos comunes, modernización de ascensores, adecuación a la normativa de instalaciones eléctricas y de agua, mejoras en accesibilidad y alumbrado, y reestructuración y adecuación de los espacios públicos. Todas estas actuaciones se complementarán con un Plan de Intervención Integral Sostenible. El objetivo es mejorar la calidad de vida de los vecinos mediante la normalización de estos grupos de viviendas públicas.

La liberalización de la AP-7 ha unido a la provincia de Castellón. Ni siquiera el Corredor del Mediterráneo ha conseguido un consenso tan rotundo y estable entre las distintas fuerzas políticas. Ayuntamientos e instituciones con gobiernos progresistas y de derechas han aparcado sus diferencias ideológicas para formar un frente común,de talante reivindicativo, ante el Gobierno central. Sólo quedaba conocer si el interés general pesaría más que los colores en la decisión de los partidos con representación en el consistorio de la capital de La Plana. Y así ha ocurrido. El PSPV-PSOE, Compromís, CsenMov, PP y Ciudadanos se han adherido a la causa de solicitar la gratuidad de la autovía de pago mientras duren las obras de mejora de la A-7 a su paso por la Vall d’Uixò.

El clamor es unánime. Desde la Diputación Provincial, pasando por las asociaciones de empresarios, hasta la Autoridad Portuaria. Nadie ha dejado de alzar su voz por el colapso circulatorio. Las retenciones en la antiguamente conocida como CV-10 se repiten diariamente desde hace semanas, sin que la administración en Madrid haya aportado soluciones. Por eso, el acuerdo del Ayuntamiento de Castellón en el pleno ordinario de octubre va en la línea de las mociones impulsadas con anterioridad por otros municipios. Incluso, existe coincidencia a propósito del tramo que se debe liberalizar. Esto es, el que discurre entre los peajes de Sagunto y Castellón sur. Del mismo modo, también “se traslada la resolución al ministerio de Fomento y a la Generalitat Valenciana”, según recoge el texto.

Otros temas del pleno

La avenencia de los cinco grupos en este punto del despacho extraordinario se ha repetido en las otras cuatro declaraciones institucionales. Entre ellas, una en defensa de la cerámica, exigiendo al Gobierno que apoye a un “sector castigado”. Además, Ciudadanos ha encontradoamparo a su moción dirigida a las personas con trastornos del espacio autista. Así, el contenido del documento se centra en “dotar de pictogramas a todos los edificios públicos, zonas de ocio e instalaciones deportivas”.

Por último, el PP ha recibido el voto favorable del equipo de gobierno y C’s respecto a la elaboración de una ordenanza de limpieza, salubridad y ornato de terrenos, solares, edificaciones, acequias, regueros, canales y escorrentías.

La Fiscalía ha archivado la denuncia del Ayuntamiento de Castellón por la desaparición de más de 50 obras del catálogo artístico municipal, al entender que no existen indicios de delito, como en un principio había apuntado el bipartito (PSPV-PSOE y Compromís), insinuando además que esas supuestas sustracciones coincidíanen el tiempo con la etapa del Partido Popular en el equipo de gobierno.

La concejala de Cultura, Verònica Ruiz, tras recordar la obligación legal de la corporación de denunciar los hechos (más cuándo un informe de la Policía Local advertía de la posibilidad de infracciones), ha lamentado que la falta de control que ha habido sobre el patrimonio municipal durante décadas dificulte e impida la investigación. Según recoge el escrito de la Fiscalía, “la desaparición puede tratarse de un extravío o de una falta de rigor en la llevanza de los correspondientes registros o, simplemente obedezca a la falta de registros (…)”.

La también portavoz del Gobierno Local ha hecho hincapié en que la resolución a propósito del archivo constata la desaparición de las obras y el descontrol con que se ha gestionado el patrimonio. Así, ha subrayado que el escrito precisa que “tampoco existe una relación exacta de todos los inmuebles que, desde los años 70 al presente, hayan albergado dependencias o servicios municipales”.

Ruiz ha mostrado la firme decisión del equipo de gobierno de “subsanar esta falta de control, para evitar que se vuelvan a producir este tipo de situaciones, y continuar trabajando para intentar recuperar todas las obras que podamos”. En este sentido, ha recordado que, desde que se formulara la denuncia de la desaparición, se han conseguido recuperar diferentes obras.

El PP, nada más conocerse la noticia, no ha tardado en reaccionar. Su portavoz en el Ayuntamiento de Castellón, Begoña Carrasco, ha manifestado que el bipartito, “con sus mentiras y mala fe, ha rozado la prevaricación. Poco menos que se nos ha acusado de saquear el patrimonio municipal. Ya advertimos que muchas de las obras de arte que aseguraban estaban desaparecidas, se encontraban a la vista de todos”.

Más de dos millones de euros. Ese es el impacto económico que tendrá la 72ª edición de la Vuelta a España a su paso por Castellón, según las estimaciones de la diputación y del ayuntamiento de la capital de La Plana. Los tres días de carrera, entre el final de Peñíscola, la jornada de descanso y la etapa hasta el Mas de la Costa de Llucena, promocionarán la provincia en 190 países con una audiencia media diaria de 1,4 millones de espectadores a través de 37 canales en directo.

Además, hasta el miércoles la caravana compuesta por 4.000 personas se alojará en los diferentes hoteles, lo que supondrá más de 300.000 euros de ingresos sólo en pernoctaciones en lo que se refiere a Castellón. “Es mucho más que una competición”, advierte la alcaldesa, Amparo Marco, consciente del impacto de una carrera que regresó a la ciudad el año pasado después de 25 años de ausencia.

Para el presidente de la diputación, Javier Moliner, “millones de personas podrán ver el auténtico Castellón, con el contraste de mar y montaña, y un clima envidiable”.

Al objeto de ofrecer la mejor imagen posible de la provincia, la diputación se ha volcado especialmente en acondicionar el Mas de la Costa con una inversión de 270.000 euros. El ayuntamiento de la capital de La Plana también desplegará este miércoles un dispositivo de más de 60 personas, entre efectivos de la Policía Local, agentes de movilidad urbana (AMU) y bomberos, que controlarán un total de 58 puntos del término municipal, tal cual precisa el teniente de alcalde de Seguridad Ciudadana, Antonio Lorenzo. La etapa, en su parte inicial, discurrirá por las calles Músico Perfecto Artola, Hermanos Bou, Guitarrista Tárrega, Avenida Casalduch, Orfebre Santalínea, Ronda Mijares, Ronda Magdalena, Plaza Teodoro Izquierdo, San Roque, Sanahuja, Plaza María Agustina, Avenida Lidón, Pintor Carbó, Columbretes, Avenida del Mar, Serrano Lloberas y Ferrandis Salvador. A partir de ahí, pondrá rumbo a Llucena.

La Vuelta a España está considerada como la gran competición mediática, una importante plataforma que muestra al mundo las atractivas virtudes paisajísticas y condiciones orográficas de las distintas zonas del país. El seguimiento de las dos etapas por la provincia de Castellón generará unas seis horas de televisión en directo, además de las distintas conexiones y reportajes que se realizarán tanto en los principales informativos nacionales de televisiones generalistas como en los canales especializados.

Formarse para reinsertarse en el mundo laboral con la posibilidad de completar el aprendizaje de un nuevo oficio y ayudar a las personas con menos recursos a tener una vivienda digna. Este es el doble objetivo que persiguen los talleres de empleo impulsados por el Ayuntamiento de Castellón, a través de la Agencia de Desarrollo Local (ADL), con la financiación del Servicio Valenciano de Empleo y Formación (Servef) y que han logrado completar un total de 30 desempleados mayores de 25 años.

Los seleccionados por la ADL han superado sus prácticas en diversas especialidades, como son fontanería, electricidad y albañilería, rehabilitando pisos en malas condiciones, que se destinarán a familias sin ingresos y con una urgente necesidad de disponer de un hogar. Esta reforma ha sido integral y los trabajos ejecutados han consistido en la renovación de la instalación de luz y de fontanería y el cambio de la carpintería; desde maderas, ventanas y persianas hasta la renovación completa de cocinas y baños. Una labor que no sólo fomenta su desarrollo y aprendizaje personal al dotarles de una formación completa en una nueva profesión, sino que aborda la vertiente más social, ya que el fin de esta posibilita la puesta al día de viviendas que estaban en desuso y que el consistorio podrá entregar a ciudadanos con altas necesidades.

Los alumnos han podido aplicar los conocimientos adquiridos en una primera fase del programa, centrada en unos estudios impartidos por profesionales del sector. Meses de teoría que han culminado con las actuaciones en distintas casas y con pequeñas obras de mejora en el Centro Municipal de Formación de Tetuán XIV.

Los beneficiarios de estos talleres, cuya duración total ha sido de un año, han recibido un salario mensual de 655,20 euros, el mínimo interprofesional, estando además dados de alta en la Seguridad Social. Destacar que todos ellos se encontraban en riesgo de exclusión social por su delicada situación al carecer de ingresos y permanecer más de dos años sin encontrar un trabajo.

La alcaldesa de Castellón, Amparo Marco, pretende crear un nuevo ayuntamiento como proyecto estrella de su legislatura. Para ello, ha solicitado a la Conselleria de Hacienda la cesión en alquiler del edificio de Borrull, antiguo Palacio de Justicia y que lleva en desuso desde 2006, cuando se inauguró la Ciudad de la Justicia en el PAU Gumbau.

La aspiración de Marco no es un tema menor para la ciudad. Pretende cambiar por completo la disposición de la actual casa consistorial en la plaza Mayor. Así, su propósito pasa por trasladar la totalidad de servicios públicos, incluidas las dependencias de los partidos políticos. Además, para lograr un ahorro en concepto de alquileres, centralizaría en Borrull otros departamentos repartidos en estos momentos en diferentes inmuebles municipales de la capital de La Plana. Hasta contemplaría un espacio a modo de guardería dirigido a los funcionarios, de manera que estos pudieran conciliar la vida laboral con la familiar.

Esta importante mudanza implicaría dejar en el actual ayuntamiento tan sólo el área de alcaldía, manteniendo así mismo el uso que se le da al salón de plenos. Esto es, acoger las sesiones ordinarias y extraordinarias, y otras celebraciones sociales como, por ejemplo, recepciones oficiales o bodas.

El conseller de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler, ya ha manifestado personalmente a Marco su predisposición a firmar el convenio de cesión, especialmente porque la edificación de Borrull, a medida que avanza el tiempo, presenta un mayor deterioro. “Hay que sacar el máximo provecho a todo el patrimonio de las instituciones, que es de los valencianos. Los responsables públicos gestionamos ese patrimonio por delegación de los ciudadanos y nuestra obligación es optimizar su utilización. Hay que pensar en los valencianos, no en las administraciones”, ha recalcado Soler.

Por tanto, el objetivo de conselleria y del ayuntamiento es volver a poner en valor el inmueble, ubicado de forma estratégica en el centro de la ciudad, junto a un aparcamiento subterráneo y una vía principal de acceso como es la avenida Hermanos Bou.

Como primer paso, se ha acordado constituir una comisión mixta que estudie la cesión del edificio, con el fin de concentrar en estas instalaciones todas las dependencias municipales existentes, que ahora mismo se hayan distribuidas por la ciudad. La unificación de las mismas conllevaría no sólo el ahorro en alquileres sino la posible redistribución del edificio contiguo al palacete de la plaza Mayor, que dejaría de aglutinar las funciones que actualmente desempeña. Lo que cabría determinar es si este edificio sería conservado o rehabilitado y cuál sería su futuro.

La alcaldesa de Castellón ha destacado que “trasladar las dependencias municipales a Borrull supondría una gran mejora del servicio que ofrecemos a los ciudadanos, ya que centralizaríamos todas las gestiones en un único punto”. Del mismo modo, aunque la rehabilitación y adecuación requiera realizar una inversión, Marco ha destacado que “a largo plazo también comportará el ahorro de numerosos alquileres que ahora mismo se están pagando para poder albergar los diferentes servicios administrativos”.

El PP en la provincia de Castellón está decidido a convertir las próximas semanas, hasta las elecciones Generales del 26 de junio, “en momentos muy calientes”, según ha avisado el portavoz adjunto popularen el Ayuntamiento de la capital de La Plana, Juan José Pérez Macián. El anuncio lo ha realizado tras impedir una rueda de prensa convocada por el equipo de gobierno (PSPV-PSOE y Compromís), en la que la alcaldesa, Amparo Marco, y el vicealcalde, EnricNomdedéu, pretendían anunciar la licitación de las inversiones sostenibles en la ciudad. Sin embargo, la comparecencia se ha suspendido después de recibir 10 minutos antes de su celebración la notificación con la prohibición de la Junta Electoral de Zona, ante la cual el PP había presentado a primera hora de la mañana una denuncia por considerar que el acto tenía un carácter electoral.

No ha sido la primera ni será la última impugnación de la formación popular. Otros municipios gobernados por la izquierda, como Almassora, Vila-real o Borriol, han tenido que eliminar de sus agendas en los últimos días comparecencias de los primeros ediles por reclamaciones de la oposición. El PP se ha propuesto “perseguir todo lo que no se ajuste a las normas jurídicas”, según ha advertido Macián, quien ha ido más allá respecto a las intenciones de su partido en la provincia. “Esto acaba de empezar y de momento la Junta Electoral nos ha dado la razón en el 100% de los recursos. Vamos a estar muy vigilantes. Nos quedan los momentos más calientes”, ha vaticinado.

La estrategia popular de paralizar la vida política en los ayuntamientos donde no gobierna tiene visos de contagiar a Compromís, Podemos y PSPV en aquellos donde ejerce de oposición. Incluso, en la Diputación Provincial se avecina batalla.

El listón de la Junta Electoral, con la prohibición del acto en el Ayuntamiento de Castellón, ha quedado tan alto que ni siquiera Nomdedéusabe si el viernes, como suele hacer cada semana, podrá explicar los acuerdos de la Junta de Gobierno, la misma que ha aprobado en acta la licitación de las inversiones sostenibles. “Alguno se ha pasado de frenada con la interpretación de la norma. Como responsable de transparencia me encuentro muy incómodo de no poder explicar a la gente por qué de la medida. Pensábamos dar a conocer un acuerdodel gobierno municipal en la marcha administrativa habitual y no lo hemos podido hacer. Ahora mismo desconozco si podré comparecer el viernes para explicar, por ejemplo, la concesión de licencias de actividades a bares. Si no le sabe mal al Partido Popular, claro. Quiero recordar que algunas de esas licencias se han dado a bares donde el exalcalde, Alfonso Bataller (PP), tomaba café”, ha ironizado.

Para la alcaldesa de Castellón, la decisión de la Junta Electoral de Zona “es un despropósito. No podemos explicar lo que estamos haciendo y nos corresponde como gobierno, pero sí se permiten ruedas de prensa para decir que no estamos haciendo nada para la ciudad”.

La Generalitat Valenciana cuestiona la llegada del AVE a Castellón para agosto, como anunció la ministra de Fomento en funciones, Ana Pastor, el 17 de marzo en Alicante, y vaticina que las incidencias con el servicio de Cercanías a Valencia (línea C-6) se prolongarán durante un tiempo indefinido al no haber una previsión de finalización de las obras del Corredor Mediterráneo. Según ha asegurado la consellera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, María José Salvador, tras reunirse con la alcaldesa de la capital de La Plana, Amparo Marco, no existen plazos sobre la instalación de las piezas especiales de las 28 intersecciones del tramo entre las dos ciudades y sin las cuales el tercer hilo no será operativo.

Salvador ha acusado a Fomento de “deslealtad institucional” ante la falta de información sobre la ejecución del proyecto, del que únicamente se tiene conocimiento por visitas técnicas a pie de obra. “No se nos informa sobre el plan de actuación del tercer hilo, que además es el que está causando los problemas de Cercanías. Pedimos en su momento a Adif, que es la responsable del proyecto, que se incorporase a la Mesa de Trabajo, pero ni está ni se le espera. Castellón no figura entre las prioridades de Fomento, que muestra un gran desprecio hacia la provincia habiendo elegido una solución de tercera y sin precedentes”.

En este sentido, la consellera ha lamentado que Renfe, que sí forma parte de la comisión de seguimiento junto con la administración valenciana, esté incumplimiento el compromiso adquirido de bonificar el 50% del billete de Cercanías a partir de junio mientras dure la ejecución del tercer hilo.

La titular de Obras Públicas no sólo ha hablado del AVE con Marco. El Tram y su conexión tanto con el área metropolitana de Castellón, que concentra el 33% de la población de la provincia, como con la playa ha sido uno de los ejes centrales de la cita. Respecto al enlace con el distrito marítimo, la conselleria estudiará con carácter de urgencia las dos soluciones planteadas por el ayuntamiento y en unas semanas anunciará la más satisfactoria, de manera que el servicio estará disponible con vistas al verano. No en vano, la alcaldesa ha advertido que “es urgente y prioritario conectar la ciudad con las playas por el valor turístico”.

Estación Intermodal

Estación IntermodalUn tercer tema del encuentro ha sido la estación Intermodal, cuya ubicación dependerá exclusivamente de aspectos técnicos, como así ha recalcado Salvador. Por ello, en breve concluirán los pliegos para licitar la asistencia técnica que permitirá a Castellón y Vila-real presentar sus alegaciones. A partir de ahí, una mesa compuesta entre el ministerio y la conselleria valorará y tomará la decisión definitiva respecto al emplazamiento.

El Partido Popular ordenó la devolución al Ministerio de Defensa de 400.000 euros en concepto del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de los últimos cinco años un día después de perder el Ayuntamiento de Castellón. El concejal en funciones de Hacienda, Pepe Masip, firmó el pagó el 25 de mayo de 2015, tras la celebración de las elecciones municipales el 24, a pesar de que una sentencia judicial había dado la razón al consistorio en su pleito con el ministerio.

Defensa pretendía la exención del IBI de la Residencia Militar que posee en la playa del Pinar y, por ello, mantenía un litigio con el ayuntamiento. Sin embargo, los tribunales dieron la razón al equipo de gobierno presidido entonces por el PP, que había argumentado que el edificio se utilizaba más con fines vacacionales.

La sorpresa de los propios concejales populares se ha producido en la recta final del pleno ordinario al descubrir que un excompañero suyo, desoyendo la resolución judicial, había firmado la orden de devolución. La revelación se ha producido a raíz de un ruego formulado por el portavoz de Castelló en Movimient (CsenMov), Xavier del Señoor, a propósito de la situación de la Residencia Militar con el abono del IBI. La explicación dada por el vicealcalde, Enric Nomdedéu, ha dejado estupefactos a todos. Así, ha relatado cómo el bipartito (PSPV-PSOE y Compromís) se encontró con la inesperada documentación al asumir el Ayuntamiento de Castellón. De hecho, la orden de devolución está derogada desde el pasado 22 de febrero.

El PP ya ha anunciado que solicitará el expediente, toda vez que desconocía la maniobra del exedil. No en vano, las miradas de asombro se cruzaron entre los concejales populares mientras Nomdedéu, narraba lo sucedido.

Transparencia en concursos públicos

Transparencia en concursos públicosPor otro lado, Castellón se ha convertido en la primera ciudad de la Comunidad Valenciana que se declara zona libre de paraísos fiscales. La moción presentada por CsenMov ha sido aprobada por todos los partidos políticos, con la abstención del PP. A partir de ahora, aquellas empresas que opten a concursos públicos deberán detallar su presencia país por país y la cifra de negocios en cada uno de ellos, siempre teniendo en cuenta las leyes de transparencia y protección de datos.

El Ayuntamiento de Castellón destinará hasta 8,7 millones de euros a inversiones sostenibles tras haber cerrado 2015 con el mayor superávit de su historia. El remanente en tesorería de 22,6 millones de euros garantizará que, al finalizar el presente año, el ratio de endeudamiento se situará en el 50% frente al 110% que permite la ley.

Según ha explicado la alcaldesa, Amparo Marco, la “eficiente gestión del consistorio desde julio del pasado año”, como ha recalcado en varias ocasiones, ha mejorado las previsiones iniciales de ingresos en 3,4 millones de euros. Esa cantidad ha correspondido, principalmente, a la recaudación de tasas fiscales como el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), plusvalía, participación en tributos del Estado, Icio y licencias urbanísticas y concesiones administrativas.

Marco, acompañada por el vicealcalde, Enric Nomdedéu, y el teniente de alcalde de gestión municipal, Antonio Lorenzo, ha detallado que de los casi 27 millones de euros de superávit, algo más de 3 millones se destinarán a hacer frente al pago de obligaciones pendientes de aplicar a fecha de 31 de diciembre de 2015 y créditos comprometidos para inversiones financieramente sostenibles de 2014. Del mismo modo, se destinarán 5,3 millones de euros a un colchón financiero para rebajar el periodo medio de pago a proveedores. Además, se amortizará deuda por valor de 5,4 millones de euros.

Todo ello, se traducirá en un menor gasto por intereses bancarios, dejando el débito del Ayuntamiento de Castellón en 70 millones de euros al concluir 2016, logrando ese ratio del 50%.

Este domingo se celebraba la 'Romeria de les Canyes' en Castellón, en la que alrededor de 100.000 personas han peregrinado a la ermita de la Magdalena en el día grande de las fiestas fundacionales de Castellón que comenzaban este sábado. La romería, que ha sido presidida por las reinas de las fiestas, Carolina Tárrega y Lola Marco, ha contado con la presencia del president de la Generalitat, Ximo Puig, que ha estado acompañado por algunos de sus consellers (como María José Salvador o Vicent Marzà), la líder del PP valenciano, Isabel Bonig, así como con la del exjefe del Consell Alberto Fabra, entre otros.

La principal novedad de la edición de este año de la 'Romeria de les Canyes' ha sido que el recorrido no ha pasado, como venía siendo tradición, por la Concatedral de Castellón. De este modo, la alcaldesa, la socialista Amparo Marco, su equipo de gobierno y la reina de las fiestas no han participado en la misa que se ha celebrado previamente.

El president Puig ha resaltado el “día especial” que ha supuesto para él, puesto que Castellón -el jefe del Consell es de la localidad castellonense de Morella- “representa una parte importante de mi vida y de mi familia”, al tiempo que resaltaba que Castellón es “fundamental” para entender la Comunitat Valenciana.

Polémica entre Bonig y el equipo de gobierno municipal

Bonig ha criticado la decisión del Ayuntamiento por cambiar la tradición para evitar los actos religiosos, al tiempo que aseguraba que les han “impedido” entrar en la concatedral de Santa María. En su opinión el Gobierno es “sectario”, y ha insistido en que no pueden cambiar tradiciones como la Romería, que apunta tiene un origen religioso.

Desde el equipo de Gobierno de Marco acusan a Bonig de “mentir” y “generar polémicas artificiales” como “cortina de humo” para tapar la “vergonzosa” situación en la que se encuentra el Partido Popular valenciano. En este sentido, han explicado que el ayuntamiento “hace muchos años que no asiste a la misa de romeros”, y que si algún concejal participaba lo hacía a título personal. “Lo único que ha cambiado este año es que la comitiva no ha entrado hasta el altar para salir con el obispo sino que éste se ha incorporado a la Romería a la salida”, apuntaban.

Amparo Marco governa Castelló des del juny. Després de 24 anys de majoria absoluta del PP, s’ha posat al capdavant d’un executiu de coalició amb Compromís. Són minoria, així que necessiten el suport dels quatre regidors de Castelló en Moviment, que els vigilen atentament des de l’oposició i els exigeixen molta negociació i viratges a l’esquerra per donar suport a cada una de les grans decisions de govern. Marco té 48 anys i està en política de la mà del PSOE des del 2003. Això no l’ha portada a desatendre la seua professió, la de professora en la Universitat Jaume I, que encara hui compatibilitza amb el càrrec d’alcaldessa, encara que amb una càrrega mínima d’hores. Diu que és la seua manera de no perdre el contacte amb la realitat, i de mostrar la seua convicció que la política és un lloc de pas.

Després de 24 anys de govern del PP, arriba vosté al govern de la ciutat. Què hi ha trobat?

Bé, en primer lloc, molt males formes. Qualifiquem-ho de falta d’elegància política. Perquè el traspàs de poders va ser simplement trobar-me el despatx els calaixos buits, un tros de paper on posava el telèfon del secretari i una targeta que no sabies molt bé per a què servia. I després, molta deixadesa. Em van deixar 1,8 milions d’euros segons l’informe de tresoreria en els comptes i tenia 14 milions d’euros, més o menys, de factures per pagar. Emergència social no s’havia pagat des del mes de març i estàvem al juny. En habitatge social, no se sabia qui tenia, qui no tenia, ni hi havia cap catalogació de necessitats. Era com que tant s’hi valia: la inèrcia funcionava i hi havia una situació de deixadesa absoluta.

En aquests moments la Comunitat Valenciana està en el primer pla de l’actualitat nacional pel que sembla una corrupció estructural del PP. Pel que ha vist fins ara, vosté té por o sospita que aquesta corrupció afectava també el grup i el govern popular a Castelló?

Jo crec que la corrupció i el PP era un modus vivendi per a utilitzar les institucions per a finançar el partit. Sí que és veritat que la ciutat de Castelló s’ha vist vinculada a dos o tres casos de corrupció amb l’anterior d’alcalde. Un, el cas Gürtel, amb el fraccionament de contractes, i un altre, el cas Púnica, que també va venir la Guàrdia Civil a demanar documentació. Però jo espere i desitge no trobar res. Sí que hem demanat una auditoria a la Intervenció Municipal.

El pacte de Govern amb Castelló en Moviment preveu una auditoria general durant el primer any, en què es revisaran les dues últimes legislatures i tot el que faça el nou executiu. Es va prometre que s’auditarien el deute, les contractes públiques, les externalitzacions de serveis, els llocs de treball, etc. També que es “publicaran les dades parcials a mesura que es vagen obtenint”. Això va fent-se? S’ha vist cap irregularitat?

En una de les primeres reunions de la Junta de Govern que vam tenir [l’auditoria] es va encarregar a l’interventor. I si no ens convenç, ja anirem fora, però si la interna sí que ens convenç i és clara, doncs, ens estalviarem uns diners que podrem destinar a altres polítiques. Encara no ens ha arribat cap documentació, però a mesura vagen arribant-nos documents tancats aniran penjant-se en la pàgina web, en què aquest Ajuntament i aquest equip de Govern té una predisposició total a la transparència i en què queda clar en què es gasta cada euro dels impostos dels ciutadans i les ciutadanes. Transparència absoluta, ací no es nega la informació a ningú. També tenim oberta una comissió d’investigació sobre els comptes del Patronat de Festes dels anys anteriors. És a dir, que no amagaré res perquè en la transparència és on rau la credibilitat del polític, i la ciutadania té dret a saber.

En aqueixa auditoria estarà el que va prometre: el deute, les contractes públiques, les externalitzacions de serveis, els llocs de treball…?

En aqueixa auditoria ha d’estar tot. I si no està, demanarem que estiga. És un compromís del pacte de govern i la nostra voluntat és complir aqueix pacte de govern al 100%. Que d’ací a quatre anys estiga complit del tot.

Ha dit vosté que ningú que demane informació es quedarà sense rebre-la. Però el PP es queixa que no li deixen l’expedient complet de contractació de l’empresa encarregada del pla de turisme, que va aportar un document plagiat. És veritat que no els deixen veure l’expedient? Per què?

Això és rotundament fals. El PP és un artista de la mentida i també de la corrupció i de la prevaricació, perquè ho hem vist en moltes sentències judicials. L’expedient es va posar a la seua disposició en un període de temps, com es fa sempre. El que no pot ser és que una vegada que s’ha tancat el termini vulguen anar a veure l’expedient mitja hora abans del Patronat de Turisme. L’expedient va estar complet a disposició del Partit Popular, i el que diuen és rotundament fals.

El tema que més maldecaps li dóna és el dels desnonaments i la falta d’habitatge social. Vosté va prometre solucionar aquest problema, però en aquests nou mesos hi ha hagut pocs avanços. Per exemple, dels bancs només ha aconseguit un preacord, que encara no està firmat, perquè Cajamar els cedisca habitatges. Li sembla que el procés d’obtenció d’habitatges avança a la velocitat adequada?, amb quins altres bancs s’està negociant?, com pressiona l’Ajuntament els bancs?

No podem evitar els desnonaments, perquè no és competència municipal. El que sí que puc fer és tancar el cercle dels desnonaments perquè en cada moment d’aqueix procés es tinga a qui acudir. En aquest sentit, hem firmat amb Iberdrola, Facsa i Gas Natural que no hi haja talls energètics. Hem firmat un conveni amb el Col·legi de Procuradors i amb l’Audiència Provincial perquè en el moment de la notificació del desnonament es done un fullet on estan totes les ajudes de l’Ajuntament. Tenim un conveni amb el Col·legi d’Advocats per a renegociar les hipoteques. Estem tancant un conveni amb el Banc de Santander i amb la Universitat Jaume I per a formar en cultura financera, perquè l’origen de totes les estafes i dels problemes financers és que un a vegades firma contractes bancaris que no entén. I finalment, quant a habitatge social, veure quins són els habitatges que tenim en l’Ajuntament i depurar-los per a tenir habitatges disponibles. Perquè hi havia habitatges dels 218 que estem gestionant que no sabíem ni a qui s’havien donat, que s’havien rellogat o que s’utilitzaven com a apartament de vacances.

Hi ha hagut ja habitatges que s’han llevat a les persones que els tenien?

Des dels Serveis Socials estan veient tots els habitatges. En el cas que la família no el necessite, se li demana que l’abandone. Després, a tots els bancs que han passat per ací, Cajamar, Bankia, el Banc de Santander…, jo els he demanat que ens cedisquen habitatge. Hem multiplicat els lloguers socials, perquè en aquests moments, més que tenir habitatge en propietat de l’Ajuntament, el que necessitem és tenir lloguers. Així, quan vinga l’auge econòmic, aqueixos diners els podrem destinar a una altra mena de polítiques. Anem a poc a poc. Vaig estar amb la consellera d’Habitatge i amb la directora general de l’EIGE. D’esforços per a aconseguir habitatges, estem fent-ne tots. I jo a un banc li puc demanar que m’ajude, però no tinc capacitat de pressió més enllà de la bona voluntat que ells tinguen. Perquè jo no tinc capacitat normativa per a legislar sobre la qüestió dels habitatges buits més enllà del que seria l’IBI.

Ada Colau, des del setembre està multant els bancs que tinguen habitatges buits. Per què Castelló no fa una cosa així?

Barcelona no té el mateix règim que Castelló. Per exemple, ells han pogut negociar amb la Sareb i fer un conveni. I jo no hi puc amb la legislació que tinc, la Llei de règim local valencià. No sé quin deu ser el seu marge de maniobra, parlem d’un ajuntament com el de Barcelona. No té res a veure amb l’Ajuntament de Castelló, però és que a més és una comunitat autònoma diferent de la valenciana, amb normatives diferents.

Si l’Ajuntament no pot multar un banc que tinga habitatges buits, gravaran l’IBI?

Ens estem plantejant una reforma fiscal perquè en situació d’època de crisi econòmica els que tenen habitatges buits posen el muscle i ajuden a solucionar el problema de l’habitatge.

Es pujarà llavors l’IBI a les persones físiques i jurídiques que tinguen habitatges buits?

Doncs, ja veurem si ens ho permet el marc normatiu.

Quan se signarà el conveni i quants habitatges seran els que finalment pose Cajamar a disposició de la ciutat i per quant de temps?

Tot just ho diguen els serveis jurídics de l’Ajuntament i els serveis jurídics de Cajamar. I per la meua part, com més prompte millor.

L’edifici ocupat a la Gran Via continua sent un os dur de rosegar per al seu govern. La PAH exigeix a l’Ajuntament que done habitatge de manera immediata a tres famílies amb xiquets que seran desallotjades d’ací dues setmanes de sa casa. Aquestes famílies estan per davant de la llista d’espera de l’Ajuntament?, estan dins d’aquesta llista?, tindran un sostre abans de ser desallotjades?

El primer és que de totes les famílies que han vingut a l’Ajuntament de Castelló i de les quals sabem seua situació, no hi ha hagut ningú que haja passat una nit a la intempèrie. Segon, a Gran Via van pegar un puntelló, van entrar en una finca que deien que era del Banc de Santander, i que després va resultar que era d’un particular, com una mesura de pressió per a saltar-se la llista de Benestar Social. Jo, com a Administració pública i com a alcaldessa de tots i de totes no puc permetre que mesures de pressió facen que famílies que poden tenir moltíssima més necessitat que les que hi ha ací dins, fa més temps que esperen i han seguit les vies legals, no tinguen un habitatge abans.

Al seu moment vaig posar tots els serveis de l’Ajuntament de Castelló a disposició d’aqueixes famílies [de l’edifici ocupat]. Es va negar l’entrada als Serveis Socials perquè pogueren veure la seua situació econòmica i social per donar-los solució. De les cinc, només una havia passat per Serveis Socials de l’Ajuntament i estàvem tractant el seu cas en concret, renegociant el deute amb Cajamar per a veure si passava a un lloguer social sense que haguera d’abandonar el seu habitatge. De les cinc, només una.

Com creu vosté que acabarà aquest afer?

És molt senzill. Que les famílies vagen a Benestar Social, que se’ls avalue, que vegen quines necessitats tenen i des de l’Ajuntament de Castelló se’ls donaran totes les solucions. El que han de fer és abandonar una finca que és propietat particular. La nostra voluntat és solucionar el problema de l’habitatge, però no creiem que la millor manera siga, sense passar pels Serveis Socials, pegar un puntelló en una finca.

Vostés han firmat acords amb empreses de gas, de llum i d’aigua per a evitar talls en el proveïment. Però en aqueixos acords, és l’Ajuntament el que es fa càrrec de pagar les factures. Les empreses només han d’avisar. No creu que això és transvasar diners públics a les empreses?, aquestes companyies de serveis essencials no haurien de tenir els seus propis plans de responsabilitat social respecte als que no poden pagar els seus serveis a preu de mercat?

Sí, però tornem al marc normatiu. Jo tinc un problema, i és que les famílies no poden pagar. I no tinc competències per a canviar això. Què hi puc fer, com a Ajuntament i Administració més pròxima? Donar-hi solució. I quin és el mecanisme? Demanar a l’empresa que no talle i que ho faça a costa seua. I si no vol, ho hauré de fer jo dels pressupostos municipals. Perquè això és política social. La norma vindrà després, però és que la realitat moltes vegades va per davant de la norma i jo no tinc capacitat normativa. Tant de bo en tinguera, perquè ja ho estaria avaluant, evidentment.

I creu que un govern progressista de la nació hauria de canviar aquest assumpte i obligar les empreses de serveis essencials que pagaren?

Jo crec que un nou govern el que ha de fer és canviar moltíssimes coses a escala nacional, aquesta i moltes altres més. Com ara que el que tots els que han robat en aquest país tornen el que han robat a les arques públiques. Que vagen a la presó si els tribunals ho diuen, però és que a més els inhabiliten per a càrrec públic per a tota la vida.

Un altre dels assumptes que ha ocupat portades és el d’Estepark. Quan es va conéixer l’existència d’aquest projecte de gran superfície comercial, vostés van dir que el desconeixien. Però els empresaris impulsors van assegurar que ja s’havien reunit amb vosté mesos abans. En quin punt està el projecte? I en segon lloc, aquest afer li ha fet plantejar-se que l’agenda de l’alcaldessa i dels regidors hauria de ser totalment transparent, almenys quan es reuneixen amb inversors?

La meua agenda és totalment transparent. La veu tothom, no des que sóc alcaldessa, sinó des que sóc portaveu i candidata socialista. I si no, que em pregunten, que no tinc absolutament res a amagar. Sí que és veritat que em vaig reunir amb ells [amb els empresaris impulsors d’Estepark], però no per parlar del projecte, sinó per parlar del camp de golf que hi ha a la zona urbanística. Jo els vaig dir que, per motius de seguretat, per la rotonda, això del camp de golf no ho veia.

Quant al projecte d’Estepark, tots els projectes els va firmar el PP. O siga, que jo quan vaig arribar d’alcaldessa això ja estava autoritzat. Per això, jo no puc desfer una cosa que ja està firmada i està d’acord amb la llei. Perquè si jo signe una cosa que no està d’acord amb la llei, què faig? Prevaricar. He de prevaricar? No, mai.

Però en aqueixa reunió amb els inversors, no li van parlar de la gran superfície comercial?

Em van comentar que hi havia naus d’un volum enorme per a portar un Ikea i superfícies semblants. Jo ho sé, m’informen, em comenten, però no tinc capacitat de maniobra perquè l’autorització correspon a la Generalitat Valenciana, i la competència que jo tinc, que és urbanística, està firmada. El que sí que els vaig dir, i ho he tingut clar tota la vida, és que el petit comerç és la vida de la ciutat. I des d’aquest equip de govern es donarà suport al petit comerç. Sempre les línies d’ajuda seran per a ells.

L’equip de Govern redacta ara un nou PGOU. Castelló en Moviment destaca que la ciutat té un gran estoc d’habitatges buits i, a més, va perdent població. Amb aquest panorama i aquesta exigència dels seus socis de Govern des de l’oposició, l’Ajuntament autoritzarà obra nova?, què faran per a aconseguir el suport de CEM al nou PGOU?

Jo crec que tot el qui sàpia una mica de temes urbanístics entén clarament que hem d’apostar per la rehabilitació i la posada en valor de les zones urbanes consolidades, fer una ciutat atractiva i oblidar-nos de planejaments d’expansió de la ciutat. Jo crec que per aqueixa línia anirà el disseny del nou PGOU de la ciutat de Castelló. Però qui ho ha de dir són els tècnics, amb directrius polítiques, evidentment.

En el pressupost d’enguany, es dedicaran 4,5 milions més d’euros a personal. Al seu moment, va causar polèmica la previsió de contractació d’un tècnic o una tècnica que cobrarà uns 70.000 euros, i la missió del qual serà captar ingressos per al consistori, segons va explicar Antonio Lorenzo. En aquest moment encara de crisi, és raonable que l’Ajuntament oferisca un sou més alt que el del president de la Generalitat?

En aquest Ajuntament hi ha molta gent que cobra més del que cobra el president de la Generalitat i el sou no l’ha establit aquesta alcaldessa.

Però sobre aquesta nova plaça en concret, li sembla raonable un sou?

Però és que no és nova. L’única cosa que hem fet és canviar una plaça que hi havia en Intervenció que sobrava, la de viceinterventor de l’Ajuntament, i l’hem passada a una unitat de captació de fons europeus. Ara, és clar!, com que depén de l’Alcaldia, genera una mica de problemàtica. I depén de l’Alcaldia simplement perquè creiem que tot el que és captació de fons és transversal a tots els departaments. No hi ha dotació econòmica nova, no hi ha augment en la previsió de despeses.

Diu vosté que hi ha moltes persones ací que cobren més que el president de la Generalitat, ha pensat de baixar aqueixos sous?

Ho he pensat. I quan canviem l’RLT ja farem la proposta que hàgem de fer en consens amb els sindicats d’aquesta casa.

Quina és la salut del seu govern de coalició i de la seua relació amb CEM. Augura que arribarà fins al cap de la legislatura?

Jo hi estic comodíssima. Aterrar ha estat molt difícil en aquest Ajuntament i la relació entre els onze regidors de l’equip de Govern és fantàstica, jo em sent molt orgullosa de tots ells, de la faena que fan permanentment. Es deixen la pell per la ciutat de Castelló tots i cada un d’ells.

I amb Castelló en Moviment?

Molt bé. Ells van voler en el seu moment tenir el seu paper. No van voler estar en el govern, van voler donar-hi suport des de fora. Fan el seu paper com ells creuen més oportú. Quan hi ha hagut alguna diferència, com ara amb el tema fiscal, doncs, es parla i se solucionen els problemes. El que volem és fer-ho bé pel bé de tots i de totes.

La bicicleta como transporte predilecto para moverse por la ciudad. Los gobiernos de cambio que han copado las alcaldías del País Valenciano apuestan sin tapujos por un método de transporte que solo estaría por detrás del peatón. Es su apuesta para lograr una movilidad más sostenible.

Pero para sacar adelante ese objetivo precisan de que el servicio de alquiler de bicicletas sea una garantía. Y por ahora, parece que no lo es. Alicante lo eliminó y ahora baraja introducirlo de nuevo, pero no sin dificultades. En Valencia, el sistema fue exitoso, pero en los últimos años pierde usuarios. Como en Castellón.

Castellón: carencias en el trazado

Castellón: carencias en el trazado Bicicas, el servicio público de alquiler de bicicletas de Castellón, fue una buena idea. En eso coinciden el gobierno municipal, la oposición y la plataforma ciclista más importante de la ciudad. Su mejor logro ha sido convertir el uso de la bicicleta en algo “normal”, según Josep Lluís Ruiz, portavoz del colectivo “Castelló en bici”. “Antes a la gente que se movía en bicicleta se la veía rara. Ahora personas de toda edad y de toda clase social la está usando”, resume.

El servicio funciona desde 2008. Los precios van desde los dos euros más IVA que cuesta el abono diario a los 20 que hay que pagar por el anual. También hay tarifa mensual y semanal. En estos momentos, el servicio cuenta con 4.281 altas, de las cuales 3.121 son usuarios activos. Bicicas goza de un “excelente estado de salud”, según el Ayuntamiento, que afirma que en septiembre el número de préstamos aumentó un 70% respecto al mismo mes del año anterior.

El consistorio gasta anualmente en esta concesión poco más de medio millón de euros. Preguntados por la rentabilidad del servicio, los portavoces municipales responden que “el beneficio es, fundamentalmente, social. Más sostenibilidad, más transporte público”. La cifra es razonable según Castelló en Moviment, el partido que desde la oposición apoya el ejecutivo en minoría que forman PSOE y Compromís. José Azpitarte, portavoz de la formación en asuntos de movilidad, considera que “no es desorbitado, pero debe ser sometido a revisión”.

Tanto Castelló en Moviment como Castelló en Bici reconocen el esfuerzo que se ha hecho en los últimos años en Castellón. En menos de diez años, la ciudad ha pasado de un trazado de carril bici casi inexistente a los más de 80 kilómetros que hay ahora. No obstante, quedan muchos problemas por resolver. Uno de ellos es el del precio. El servicio comenzó siendo gratuito, pero en 2013 cambió de préstamo a alquiler. La consecuencia: los usos bajaron de más de 700.000 a menos de 400.000. Desde entonces, la utilización se ha recuperado hasta los 518.000 usos que el consistorio prevé para este año.

Castelló en Moviment defiende la gratuidad del servicio, tal y como acordaron con Compromís y PSOE en el pacto de gobierno firmado en junio. También recuerdan que ese mismo documento establece que el servicio se mejorará con bicicletas eléctricas para personas de movilidad reducida y se ampliarán las paradas para llegar a todos los barrios de la periferia de la ciudad.

No obstante, el mayor reto del Ayuntamiento en materia ciclista no es la gestión de Bicicas, sino la mejora del carril bici y de la concienciación ciudadana. El problema más evidente para los usuarios de la bicicleta pública y la privada son las carencias del trazado. Los ciclistas se encuentran con algunos tramos aislados que terminan de forma abrupta, o con que en muchas ocasiones el espacio para las bicicletas se establece a costa de reducir las aceras. El circuito es aceptable en las afueras de la ciudad y en algunas zonas de nueva construcción, pero tiene muchas dificultades en el centro. Esta circunstancia se ha suplido con la señalización de ciclo calles, pero no son seguras porque no hay sistemas que vigilen que los coches se ciñen a la limitación de velocidad fijada.

Además, la incompatibilidad entre la bicicleta privada y el transporte público es una dificultad añadida. Ni siquiera el Tram, un autobús eléctrico con plataforma propia recién inaugurado, permite la entrada de bicicletas que no se puedan plegar. La limitación es importante porque entre la ciudadanía existe la predisposición a combinar ambas maneras de desplazarse: las estaciones de Bicicas más demandadas son las que tienen conexión con otros medios de transporte.

La solución es crear campañas de concienciación en empresas, colegios y a través de medios de comunicación y publicidad, explica Castelló en Bici. De momento, el gobierno municipal ha reactivado la elaboración del plan director de la bicicleta, que según esta plataforma estaba paralizado desde hace dos años. Rafael Simó, concejal de Movilidad, resume la intención del ejecutivo municipal en todo este proceso: “Queremos apostar por la bicicleta como un transporte urbano más y fomentar su uso”.

Valencia: con el freno y 'sin transparencia'

Valencia: con el freno y 'sin transparencia'Tarde, pero llegó. Aunque los sistemas de bicicleta compartida de carácter municipal ya funcionaban en Barcelona, Zaragoza, Sevilla o Castellón, en Valencia aún no se había planteado. No era una prioridad del anterior equipo de gobierno local de Rita Barberá, ni apenas se contemplaba. Hasta 2010. Ese año el gobierno municipal del PP lo puso en marcha.

Denominado Valenbisi, su método es el tradicional que utilizan estos sistemas de alquiler. Para poder acceder, el usuario se abona y con la tarjeta personal correspondiente coge y deja la bicicleta en las distintas estaciones que hay repartidas por toda la ciudad. Actualmente se cuenta con 276 estaciones y cerca de 3.000 bicicletas, según datos de la propia empresa que lo gestiona. Con el precio actual -29,21 euros al año-, las tarifas son inferiores al resto de de urbes españolas. Solo en Madrid, Castellón y Salamanca cuesta menos la tarjeta anual para disfrutar de este servicio.

La apuesta del equipo municipal de Barberá alcanzó un éxito de usuarios muy rápidamente, a pesar de los pocos carriles bici que habían. En 2012, se llegó a 112.000 personas abonadas. Récord absoluto. Sin embargo, y aunque se han construido más metros de carril bici, los usuarios han experimentado un descenso notable. Según los últimos datos disponibles, había 52.029 abonados, la mitad que hace tres años. Entre las causas de este descenso, se encuentra el poco fomento de este transporte, la competencia de la bicicleta privada y la no conexión de muchos de los tramos de carril bici.

El servicio lo presta el Ayuntamiento de Valencia a través de una empresa privada, JC Decaux. La concesión, según fuentes municipales, fue otorgada para 20 años y no se libró de la polémica. José Luis Ábalos, entonces edil socialista, acusó en 2009 al gobierno local del PP de “dirigir las condiciones del servicio a una empresa ”, denunció que el consistorio vinculara “la contratación de este servicio a la publicidad del mobiliario urbano” y censuró que el pliego de condiciones “era una traje a medida”.

Además, alertó de que supondría “un quebranto económico” para las arcas locales. De hecho, el ayuntamiento, según expuso en su día el ejecutivo local popular, no tenía que desembolsar dinero. ¿La razón? La firma adjudicataria obtendría como compensación la superficie publicitaria de la ciudad, algo que la que fue concesionaria ya gozaba.

Sin embargo, fuentes municipales aseguran que están analizando aún los efectos económicos de la contrata, ya que se desconoce el impacto que tiene sobre las cuentas municipales, ni lo que ingresa la concesionaria por gestionar los espacios publicitarios locales, ni lo que cuesta el propio servicio. Pese a que puedan encontrarse con un resultado negativo, la intención del equipo municipal no es remunicipalizar el servicio. Si acaso mejorarlo. Mientras, el gobierno local ya ha intervenido para que el coste del teléfono de atención al cliente sea gratuito para los abonados.

El servicio se antoja fundamental en el rumbo que quiere darle el tripartito a sus políticas de movilidad. No en vano, Giuseppe Grezzi, el edil del ramo, y el alcalde Joan Ribó se trasladan por la ciudad en bicicleta. Y quieren que este transporte sea el prioritario solo por detrás del ir a pie. Para ello, Ribó plantea un aumento de los kilómetros de carril bici con el propósito de crear un anillo ciclista en el cap i casal. Éste, según fuentes del consistorio, está en proceso de evaluación técnico para determinar si todas las obras son posibles. Las estimaciones del equipo municipal es que en ocho meses esté ya listo para disfrutarse. El relanzamiento del Valenbisi será fundamental para situar a la bicicleta como actor protagonista para moverse.

Alicante: la ciudad que aparcó la bici

Alicante: la ciudad que aparcó la biciAlicante acaba de asumir --lo hizo la semana pasada--, una de las vicepresidencias de Ciudades por la Bicicleta. “Nos ha sorprendido”, ha indicado el portavoz de Alacant en Bici, Pedro Raigal. Y no es para menos. La segunda ciudad del País Valenciano es, si no la única, una de las pocas ciudades españolas que abandonó el servicio de alquiler de bicicletas urbanas. Lo hizo en marzo de 2014, justo cuando caducó el contrato adjudicado en 2010. La ciudad canceló su servicio de bicicletas de alquiler –'Alabici'--, según el anterior equipo de Gobierno del PP, debido a la “bajada en el número de usuarios”, por “los costes del vandalismo” y las pérdidas económicas “insostenibles”.

Ahora, el nuevo equipo de Gobierno triparto ha confirmado que “baraja” recuperar el préstamo, pero atendiendo a la “experiencia de otras ciudades” y observando las “opciones que puede haber”. Así, el concejal de Movilidad, Accesibilidad y Seguridad, Fernando Marcos, ha indicado que la bicicleta privada será “una opción totalmente viable” mediante una combinación con el transporte urbano de la ciudad. Y el acceso a una de las vicepresidencias de Ciudades por la Bicicleta se ve como una oportunidad. Más cuando la ciudad cuenta en buena parte del centro con las denominadas “ciclocalles” en las que, los vehículos a motor tienen limitada la velocidad a 30 km/h, y donde los pedales tienen preferencia.

Desde Alacant en Bici, Pedro Raigal se ha mostrado “sorprendido” porque Alicante asuma una de las vicepresidencias “cuando nunca ha sido puntera” y ha denunciado que Alabici cerró más que nada por falta de inversiones, mantenimiento y falta de bancadas para dar servicio. “Estamos muy cabreados, porque fue una crónica de una muerte anunciada. La excusa fue que había mucho vandalismo, no sé si había más que en Sant Vicent del Raspeig o en Elx, donde funciona perfectamente”, ha matizado.

El portavoz de la entidad ha rechazado la idea negativa sobre la orografía de Alicante, una ciudad con una pendiente que aleja los barrios del centro, “como ocurre en Barcelona”. “Vemos muy bien que la gente coja la bici en las partes altas para ir al centro. Nos parece estupendo, porque es un viaje que ya no hacen en coche. Menos contaminación y más seguridad para los peatones”, ha argumentado. Como ejemplo pone que muchos de los hoteles de la ciudad “ofrecen con el precio de la habitación, un alquiler de bicicleta” e incluso se realizan visitas guiadas por el casco histórico.

Para Alacant en Bici, “lo más primordial” es adecuar el paseo litoral entre el acceso sur de la ciudad y la playa de San Juan, al norte, por la avenida de La Vila Joiosa –conocida popularmente como carretera de la Cantera-- para re introducir el uso de los pedales. “De momento, nos han dicho que no”, ha desvelado Pedro Raigal.

Así, ha detallado que se ha solicitado al consistorio que se reserve uno de los cuatro carriles entre el Palmeral, al sur, y el barrio de l'Albufereta, al norte. “Un espacio en la acera, no. El espacio que debe ganar la bici debe ganarlo al coche y no al peatón, que es el elemento más débil de la movilidad urbana y la bicicleta tiene su sitio en la calzada”, ha zanjado.

En cuanto a las 'ciclocalles', desde Alacant en Bici han reclamado que los carriles derechos de las calzadas sean preferenciales y que determinadas avenidas “clave” del casco urbano también tengan asegurado una preferencia con “circulación limitada a 30 kilómetros por hora”. Que la bicicleta vuelve a rodar por la ciudad alicantina se antoja difícil.

La alcaldesa de Castellón, Amparo Marco (PSPV), ha afirmado que el nuevo equipo de gobierno aprobará un protocolo de actuaciones para que “no se desahucie a nadie en la ciudad” y para que “ningún niño pase hambre” este verano tras el cierre de los comedores escolares.

Marco ha hecho estas declaraciones en una entrevista concedida a Efe, en la que ha hecho un repaso de las medidas “urgentes” que va a tomar el consistorio y de aquellas relativas a la “austeridad y ejemplaridad” que ya se han tomado como la reducción de 5 a 1 coche oficial, la supresión de los escoltas o la renuncia a la tarjeta de autopista.

Al llegar al consistorio el pasado lunes, la alcaldesa encontró “dos ambientes”.

Uno el de los funcionarios que la recibieron con “disposición” para el cambio necesario para “poner el Ayuntamiento a disposición de la ciudadanía”.

El otro, ha añadido, “el frío y solitario de un despacho que me han dejado vacío con los cajones sin nada, con un ordenador formateado sin ninguna base de datos o plantillas, ni tan siquiera las claves para poder cambiar la página web del ayuntamiento dando información sobre el nuevo equipo de gobierno y las medidas que ya hemos adoptado”.

“Son dos situaciones diferentes que vamos a afrontar con valentía con ánimo e ilusión, con una sonrisa, porque lo más importante es que los ciudadanos se sientan seguros porque no les vamos a fallar”, ha agregado.

Amparo Marco fue investida el pasado 13 de marzo, con los votos a favor de PSOE, Compromís -que es su socio de gobierno- y Castelló en Moviment, y se convirtió en la primera mujer en ser alcaldesa de la ciudad de Castellón en sus siete siglos de historia.

Marco ha asegurado estar “muy orgullosa” de ser la primera mujer alcaldesa, pero, ha matizado, “no es la de Amparo Marco, sino la alcaldía de las mujeres”.

Por ello, ha explicado, “recordé a muchas mujeres reconocidas por este ayuntamiento en mi investidura”, pero “también a las mujeres anónimas que cada día se levantan para hacer y construir Castellón de una forma u otra”.

En cuanto a las medidas urgentes e inmediatas Marco se refiere a aquellas cuestiones relativas a la emergencia social, y habla de dos cuestiones: los comedores escolares y las familias desahuciadas.

En cuanto a los comedores escolares, cuyo servicio ha finalizado el día 19 de junio, Marco ha dicho que ha encargado que se tomen las medidas para que “no haya ningún niño en la ciudad de Castellón que pase hambre este verano”.

Para ello, ha aseverado, “se modificarán las partidas presupuestarias que tengamos que modificar y si tiene que ser de mi sueldo, que sea de mi sueldo”.

La alcaldesa ha pedido igualmente que se prepare un protocolo de actuaciones para que “no se desahucie a nadie en la ciudad de Castellón”.

El mismo marcará “qué hay que hacer para que una familia no pierda su hogar” y se analizará cada caso concreto para “ver en qué fase del procedimiento del desahucio se está”.

En un primera etapa se “mediará y negociará con los bancos, y se verá cómo desde el Ayuntamiento apoyaremos a aquellas instituciones que no desahucian, y cuando estén muy avanzados ver de qué forma damos cobertura a las familias bien con alquileres sociales o con viviendas sociales”.

Amparo Marco ha asegurado también que en materia sanitaria o educativa será reivindicativa e “iré donde tenga que ir” para garantizar la asistencia a los ciudadanos de Castellón.