La Televisión de Galicia (TVG) cerró el mes de marzo con una audiencia media del 7,5% de share, el segundo peor dato de su historia, sólo por delante del 7,2% obtenido en junio de 2024. El canal gallego perdió seis decimas de cuota de pantalla y sigue cayendo en el ranking de la FORTA, la federación de televisiones autonómicas, donde ahora ocupa el sexto lugar. La líder del grupo, TV3, la dobla en porcentaje de espectadores (15,3%).

En conjunto, según los datos de Kantar Media elaborados por la consultora Dos30', los canales de la FORTA perdieron medio punto durante el tercer mes del año. En el furgón de cabeza, sólo la televisión canaria mejora los datos de febrero (0,7%). Canal Sur llega a desplomarse casi dos puntos pero, aún así, continúa comodamente por encima de TVG con su 8,7% de share.

Incluso en este escenario negativo, TV3 firmó su mejor marzo desde 2020 y Aragón TV, segunda en el ranking, el de toda su historia con un 12,1%. ETB cierra el top 3 con un 9,6% que no alcanzaba desde 2021 mientras que la subida de TV Canaria hasta el 8.9% le deja su mejor registro en este período en tres lustros.

De San Marcos a San Caetano

La caída de audiencia se ha convertido en la mayor preocupación en los despachos de San Marcos, la sede de la TVG, y ha llegado incluso hasta San Caetano, el edificio de la Xunta. Tras los datos de octubre –un 7,7% y caída hasta el quinto lugar de la FORTA–, el presidente gallego, Alfonso Rueda, envió un recado a la nueva cúpula, elegida en solitario por el PP el pasado verano tras un cambio exprés en la ley: “Es la televisión de todos los gallegos y es bueno que tenga buenos datos de audiencia”. De momento, los cambios en la parrilla siguen sin dar sus frutos y se viven situaciones tan pintorescas como las del pasado domingo, cuando la emisión de la misa fue el espacio con mejor share de la jornada y líder de su franja.

Mientras, el discurso oficial se esfuerza en negar a la mayor. La cadena se agarra una y otra vez a los datos del EGM –donde aparece recurrentemente como el canal más visto en Galicia– y a los “millones” de impactos en redes sociales de sus vídeos, un contenido en el que han venido apostando por el humor grueso y los dobles sentidos con carga sexual.

La oposición, por su parte, siempre que tiene ocasión –la última vez, este martes, en la comisión de control parlamentario–le recuerda a la directora xeral, Concepción Pombo, que primero como responsable de unos informativos más que cuestionados y ahora como máxima autoridad de la corporación, está llevando a la TVG a la “irrelevancia”. Por su parte, el colectivo de trabajadores Defende a Galega –con más de 400 venres negros a sus espaldas– advertía en la red X: “La Televisión de Galicia se está acostumbrando peligrosamente a tocar fondo una y otra vez”.

“No me siento cómoda”. La directora xeral de la CSAG (antigua CRTVG), Concepción Pombo, se refugió en la “discreción” para no valorar las preguntas de la oposición sobre la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que condenó a la corporación por vulnerar los derechos fundamentales de una periodista como represalia a su participación en los venres negros, las movilizaciones que desde hace más de 400 semanas reclaman el fin de la manipulación informativa en los medios públicos gallegos.

La “gravedad” de la sentencia motivó que BNG y PSdeG introdujeran sendas cuestiones para Pombo en la comisión de control parlamentaria. “Como hablamos de la salud de una trabajadora, de derechos fudamentales y de represalias, creo que esta no es una comisión más”, afirmó la socialista Carmen Dacosta, quien pretendía que la directora xeral contestase a sus interrogantes y no se limitase, como suele hacer, a leer los folios que traía escritos. No lo consiguió.

Antes, la nacionalista Mercedes Queixas, había sintetizado el fondo de la resolución judicial: “Deja claro que en los medios públicos gallegos se represalia, se arrincona, se trata de degradar y de humillar a quien osa levantar la voz contra el uso espúreo y manipulador” de una corporación “teledirigida desde el Consello de la Xunta”.

La periodista Mónica Rosas fue enviada a la Radio Galega tras más de veinte años en la TVG en un movimiento que implicó a otros tres trabajadores; dos –Alberto Ordóñez y Nuria López–, también significados en los venres negros mientras que al tercero, David Fernández, le dijeron que era un “daño colateral”. En primera instancia, los tres casos fueron rechazados porque las juezas no consideraron que se hubiese producido una modificación sustancial de sus puestos de trabajo y, por tanto, no entraron al fondo de la cuestión: si se había producido o no la vulneración de derechos.

Tras archivar el de Ordóñez, el TSXG ha dado ahora la razón a Rosas. Queixas recordó que esta es la tercera sentencia en el mismo sentido contra la CSAG, tras la del periodista Carlos Jiménez –a quien se trató de represaliar con un expediente injustificado– y la del productor al que se cambió de turno para impedirle participar en la huelga de otoño de 2024. “¿Qué mensaje se le envía a la sociedad gallega cuando se castiga a los profesionales como si se tratase de una escuela del franquismo?”, preguntó.

“Estamos ante una forma de actuar escandalosa, indignante, vergonzosa e ilegal” ante la que la dirección “tiene que bajar la cabeza”, argumentó en su turno Dacosta, antes de añadir: “No me gustaría estar en su lugar”.

“Solamente 32 sentencias desfavorables”

En esta ocasión, a Pombo tampoco parecía gustarle. En su primera respuesta, dejó claro que no se sentía cómoda con la situación: “Hablamos de trabajadoras concretas, con derechos, con trayectorias profesionales y con procesos judiciales en curso que estoy segura de que les resultan ásperos y de que les fueron difíciles de presentar y de llevar adelante”. Por un momento, parecía que no fuese ella la representante de la parte demandada.

Aún así, como sucedió en el juicio, trató de incluir los cuatro traslados forzosos dentro de una “cuestión organizativa general” que afectó a más de 90 trabajadores –“con y sin participación en causas reivindicativas de distinta naturaleza”– y que considera respaldada “mayoritariamente” por la justicia porque, de las 279 causas juzgadas entre 2023 y marzo de 2026, “solamente” habían recibido 32 sentencias desfavorables.

En su aleccionamiento a la oposición, Pombo trató de “introducir claridad” ante las referencias a los derechos fundamentales “que usaron como sinónimo de constitucionales”. Para ella, bajo este término “lo que realmente se analiza son cuestiones organizativas ordinarias”, como cambios de turno o de horario. Eso sí, en lo que sonó a un alarde de generosidad, afirmó: “Aceptamos el derecho de los trabajadores a pedir la tutela judicial cuando lo consideren oportuno”. 

Como había anticipado la CSAG, la directora xeral ratificó que recurrirán la sentencia ante el Tribunal Supremo, con el objetivo, según dijo, “de obtener una interpretación unificada con las otras sentencias que sí fueron favorables”.

En su réplica, Queixas y Dacosta demostraron que no habían comprado su supuesta discreción. “”Es un fraude que esquive su responsabilidad en esta tema“, asevero la primera tras inquirir: ”Si no está cómoda, ¿será por que se siente responsable?“. ”Menos cómoda se encontraba la trabajadora a la que vulneraron sus derechos fundamentales como represalia“, apostilló la diputada del PSdeG.

La parlamentaria del BNG preguntó a Pombo si pensaba “persistir en esa infamia”. “Lo que le está diciendo la sentencia es que los medios públicos no son su cortijo particular”.

“La vulneración de derechos y el maltrato laboral son características que definen a los autócratas”, añadió Dacosta, quien recordó a Pombo su “obligación” de contestar a las preguntas de la oposición. “Actúa como si nosotros fuésemos trabajadores de la CSAG, pero nosotros estamos protegidas y ellos, no”. “Está dando a entender que van a seguir haciendo lo mismo”, concluyó antes de finalizar, aprovechando las fechas, para recomendarle –no sin un punto de ironía–, a falta de otra cosa, un “acto de contrición”.

Con las audiencias en mínimos históricos, más de 400 semanas de protestas de los trabajadores por la manipulación informativa a favor del Partido Popular e inmersa de decenas de conflictos laborales, la situación de la CRTVG (ahora Corporación de Servizos Audiovisuais de Galicia) llegará a Europa. El eurodiputado del PSdeG Nicolás González Casares llevará el caso al Parlamento y la Comisión europeos. “Queremos que Bruselas analice si la nueva ley de medios públicos [aprobada en solitario por la derecha] garantiza realmente la independencia y el pluralismo informativo”, declaró Casares en rueda de prensa.

Lo acompañó la diputada socialista autonómica Silvia Longueira. “Desde 2009, la corporación de medios públicos acumula 450 procesos laborales perdidos en los tribunales”, aseguró. La última de estas sentencias, conocida el pasado sábado, la condena por vulnerar derechos de los trabajadores y castigar a los que participan en los llamados Venres Negros contra la manipulación. “Esta cifra evidencia años de conflicto entra la dirección y su personal”, resumió Longueira. Además, supone un coste considerable: 60 millones de euros de dinero público.

La parlamentaria ha recordado que la audiencia de la Televisión de Galicia, buque insignia de la CSAG, cayó hasta el 8,4%, el peor dato de la historia del canal. Lo comparó con el 13 o 14% de la etapa del Gobierno bipartito (2005-2009). “No estamos solo ante un conflicto laboral. Estamos ante un problema democrático”, advirtió. “Ante la falta de respuestas en el Parlamento gallego, los socialistas hemos decidido dar un paso más y llevar este debate también al ámbito europeo”, concluyó.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha condenado a la CSAG (antigua CRTVG) por vulnerar los derechos fundamentales de una periodista a la que cambió de puesto como represalia por su participación en los Venres Negros, las movilizaciones semanales que denuncian la manipulación informativa de los medios públicos gallegos. Otros tres trabajadores habían denunciado el miso trato.

La sentencia, ante la que sólo cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo, revoca la emitida por el Juzgado de lo Social número 1 de Santiago en 2023. La jueza consideró entonces que los cambios de los redactores –entre la TVG, la Radio Galega y la página web– no supusieron una modificación sustancial de las condiciones de trabajo. Por eso, consideró que no cabía “entrar a valorar la vulneración de derechos fundamentales”, algo que ahora sí ha hecho el alto tribunal gallego, que ordena a la CSAG reponer a la trabajadora en su puesto e indemnizarla con 7.501 euros por daños y perjuicios morales.

La sala considera que se vulneró la grantía de indemnidad, el derecho que impide que la empresa tome represalias contra un trabajador por participar en actividades sindicales o reivindicativas.

No es la primera vez que la corporación de medios públicos gallegos es condenada por represalias. En 2021, el mismo juzgado compostelano anuló un expediente al periodista Carlos Jiménez porque consideraba que existían “indicios acreditados de modo objetivo” para “inferir” la relación directa “con su actividad judicial y con la manifestación de su discrepancia periodística respecto a la política informativa de la corporación”. Y respondía entonces a la CRTVG: “no puede excluirse de modo indubitado el propósito de represalia en su actuación sancionadora contra el trabajador”.

“Un antes y un después” según el comité

“Supone el reconocimiento explícito de que en la CSAG hay acoso y represalias por intentar tener otros medios públicos”. Para la presidenta del comité intercentros, Raquel Lema, esta sentencia marcará “un antes y un después en la CSAG, en la profesión y en todas las empresas periodísticas”. A la espera de que la ratifique el Tribunal Supremo, entiende que “amplía lo que se conocía como garantía por indemnidad” ya no sólo ante reclamaciones de ámbito laboral, sino también por cuestiones más “abstractas” como protestar contra la manipulación informativa.

El Consejo de Informativos de À Punt denuncia que el director de Informativos, Josep Magraner, no se ha reunido con ellos desde hace dos meses, lo que consideran que es un “incumplimiento flagrante” del reglamento interno, que “obliga a convocar al menos una reunión mensual para tratar posibles quejas o denuncias”: “¿Se esconde?”, se preguntan. Los representantes de los trabajadores recuerdan que la gestión de Magraner fue rechazada en una consulta convocada hace unas semanas, a lo que “reaccionó difundiendo falsedades y tergiversaciones”.

El Consejo de Informativos lamenta que al no reunirse con Magraner, no le han podido trasladar cuestiones como que durante el fin de semana “no se haya dicho absolutamente nada sobre la concejala del PP que insultó el 1 de febrero a Pedro Sánchez en un mitin en Teruel”. “Estos hechos sucedieron a las 13 horas del domingo y no nos enteramos hasta las 18.30 horas, pero este lunes a mediodía hemos sacado un vídeo en el que ha hablado la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, y esta noche emitimos otra pieza en la que interviene la secretaria general del PSPV y ministra Diana Morant”, apunta el responsable de Informativos.

El Consejo de Informativos denuncia que no se haya hecho seguimiento durante el fin de semana del “escándalo” sobre las viviendas protegidas en Alicante, acusación a la que responde Magraner explicando que la noticia se produjo el jueves y se trató ese mismo día y el viernes, incluyendo una apertura con la dimisión de la concejala implicada: “No hacemos seguimiento el fin de semana porque somos una televisión, no un periódico; si hubiera habido convocatorias sobre este tema el fin de semana, se hubieran hecho vídeos”.

Otra de las denuncias se refiere a que no se cubrió, “a pesar de tener un equipo 'in situ' de la protesta (con carbón) de las asociaciones de víctimas de la dana ante las Corts”, a lo que Magraner indica que sí que se dio en el informativo de la noche, “aunque no teníamos un cámara allí”. El responsable de informativos considera que el Consejo de Informativos “debería medir mejor sus denuncias; sí que informamos, pero igual no lo ven bien”.

El Consejo, sostiene, “luchará, con los medios a su alcance, contra cualquier intento de desactivarlo o reducirlo a un simple órgano decorativo”, e insisten: “Respondemos ante una redacción que nos dio su apoyo y confianza ante una ley y un reglamento que, aunque no son perfectos, obligan a todos los estamentos de la empresa a respetar unos principios de honestidad y profesionalidad que siempre defenderemos”.

Petición de amparo

El jefe de Informativos de À Punt solicitó amparo ante el Consejo de Administración de la Corporación Audiovisual de la Comunitat Valenciana (CACVSA) ante lo que consideró dos reuniones “inasumibles” con los representantes del consejo de informativos de la radio televisión pública valenciana.

Magraner explica que desde diciembre está a la espera de respuesta del consejo de administración, “lo que digan, haré”, al tiempo que denuncia la actitud de los representantes de los trabajadores, a quienes acusa de “mentir” e “intimidar”, y la respuesta, según explican desde el consejo de Informativos, fue abrir un período de consultas para la reforma del reglamento y ampliar a seis meses el plazo entre reuniones.

El Consejo de Informativos considera que, a pesar de que la negociación está abierta, estos cambios “no mejorarían en absoluto la operatividad del Consejo”, y creen que, por el contrario, se trata más de un intento de “proteger” al director de Informativos de las reuniones para hablar de las quejas de la redacción o de los “casos de manipulación”.

“La situación es insostenible, y yo he reconocido algunos errores; ellos, no”, concluye el responsable de informativos.

Defende a Galega ha llegado a su venres negro número 401 reivindicando el fin de la manipulación informativa en la corporación de medios públicos gallegos, la CSAG –antigua CRTVG–. En esta ocasión, el mensaje escogido para las redes sociales se centra en pedir “respeto y dignidad” para el personal de la casa, “nuestra tarea pendiente”. Y lo han hecho homenajeando a la periodista Mabel Montes, uno de los rostros visibles del colectivo, fallecida este lunes a los 50 años de edad.

“Un día te cambian de departamento; otro, prescinden de tu trabajo. Te van descartando hasta invisibilizarte profesionalmente. Así le sucede a buena parte de la plantilla”. Esa realidad que Montes vivió en sus propias carnes fue la que tuiteó hace un año, en enero de 2025, compartiendo una noticia sobre la causa por acoso laboral contra el que era director xeral de CRTVG, Alfonso Sánchez Izquierdo, y parte de su cúpula. El caso quedó finalmente archivado.

Ese post de Montes, retuiteado tras su fallecimiento por algunos de sus compañeros, es el que Defende a Galega ha elegido para sus redes sociales en este viernes. Un texto que finalizan con un recuerdo: “No te olvidamos”.

Mabel Montes falleció este martes, víctima de un cáncer de páncreas. Vinculada a TVG desde 1997, hizo carrera en los informativos hasta que fue destinada a los servicios meteorológicos. De allí, fue enviada a la radio donde –tras pasar varios meses casi “de brazos cruzados”– le asignaron el programa Atmosféricos, retirado tras sólo una temporada aduciendo baja audiencia. El espacio recibió, después de su desaparición, uno de los Premios Prisma de los Museos Científicos Coruñeses.

Al informar de su muerte, la CSAG la recordaba como una periodista “comprometida con su profesión, con una clara vocación por la rigurosidad y por la verdad”. Defende a Galega, ya anunciaba entonces que “el compromiso y la independencia” sería, para ellos, el “legado” de Mabel.

Como se esperaba, el PP gallego convirtió la última comisión de control del año a la CSAG –la corporación de medios públicos de Galicia, la antigua CRTVG– en una sesión de ataque al Gobierno central, a RTVE y su máximo responsable, José Pablo López, como “brazo mediático del sanchismo”. La exconselleira Carmen Pomar dibujó un canal estatal “convertido en un NODO monográfico al servicio del Aló presidente” mientras se esforzaba en vender a TVG –donde los trabajadores cumplen hoy su venres negro número 396– como ejemplo de “periodismo y libertad de información”. Todo a cuenta de una audiencia en descenso, algo de lo que los populares culpan a los audímetros, mientras el BNG está convencido de que los espectadores huyen ante la “obscena” manipulación de las noticias, que ejemplificaron con varios casos concretos a los que la directora xeral de la CSAG, Concepción Pombo, evitó contestar y se limitó a leer la respuesta que traía preparada.

La pregunta del PP se interesaba por las “medidas adoptadas por la CSAG para garantizar la fiabilidad y transparencia de la información de audiencia que recibe” y en su argumentación, como adelantó elDiario.es, citaba los argumentos –sin base– de la campaña iniciada por la derecha política y mediática desde que TVE comenzó a crecer en espectadores el pasado octubre: que el sistema de medición de la empresa Kantar Media “en los últimos meses, parece favorecer á Televisión Española”.

Un ataque que provocó entonces la indignación de José Pablo López, que se preguntaba en un post en la red X: “¿De quién es la culpa de que Televisión de Galicia caiga de audiencia y cierre su peor año histórico? Por supuesto de TVE y del 'sanchismo' que ahora controlan los audímetros”. “Jamás, en 20 años de profesión, había visto semejante campaña de descrédito contra el trabajo que hacemos en la televisión pública y de presión sobre Kantar Media”, añadía tras citar los datos de audiencia de Galicia en noviembre, donde La 1 alcanzó un 11,4% de share mientras TVG se quedaba en el 8%.

Sin embargo, en su intervención en la comisión, Pomar evitó esa referencia explícita y trató de hacer ver que el “furibundo” ataque con el que López –defendiendo a su “amado líder”– pretendía “censurar a los diputados gallegos” estaba provocado por su petición de “claridad y transparencia” a Kantar Media y no por su arremetida contra RTVE. Una “transparencia más importante que nunca”, según la diputada, ante el “esperpéntico espectáculo de deterioro de las instituciones colonizadas por amigos” de Sánchez entre los que citó al CIS –“un chiste, un meme”–, el fiscal general, la presidenta del Congreso y la terna Koldo, Ábalos, Cerdán.

Para la que fue breve conselleira de Educación de Feijóo, a esa “colonización” no se escapa RTVE, que cada día dedica “16 horas al servicio del sanchismo” en una parrilla convertida en un “NODO monográfico al servicio del Aló Presidente”, que “censura medios, impide preguntas y veta a los periodistas que considera incómodos”. En este último caso, es posible que Pomar se estuviese refiriendo a Vito Quiles, definido en un Telexornal de TVG como un “activista crítico contra la izquierda”.

#propaganda #partidopopular

El dechado de bondades que es TVG para los populares se quebró en añicos en el turno del BNG. La diputada Olalla Rodil –que preguntaba por la “hoja de ruta” de la CSAG para los próximos años– señaló como culpable de la fuga de espectadores a la “degradación” de una cadena convertida en “terminal de propaganda” del PP. “Cada vez más gente está viendo que no refleja la realidad, por eso la están apagando y cambiando de canal”.

Rodil puso sobre la mesa varios casos concretos de esa deriva “obscena”. El primero, el borrado de las redes y de la web de informativos de TVG, G24, de la noticia en la que se informaba de que el BNG “lograba desbloquear la tramitación de la ley para la transferencia de la AP-9 a Galicia”. La razón, “que no se ajustaba al argumentario”. Después, contrapuso el intenso seguimiento de todos los casos de corrupción que “asfixian” al PSOE y al gobierno en Madrid con que no se dedicase ni una sola información a los 30.000 euros fundidos en chupitos, cervezas y copas por el exalcalde popular de Noia, una noticia que desveló elDiario.es.

La parlamentaria denunció el mismo contraste entre la amplia información sobre las denuncias de acoso contra el socialista José Tomé –hasta el punto de interrumpir la programación para emitir en directo la rueda de prensa en la que anunciaba su dimisión como presidente de la Deputación de Lugo– con el tratamiento de la causa contra el exconselleiro Alfonso Villares, que dejó el cargo tras ser imputado formalmente por agresión sexual.

La comparecencia de Villares no se emitió en directo, la información se limitó al Telexornal de esa noche, que al día siguiente abría ya con la toma de posesión de su sustituta. “No sé, Rick...” ironizaba Rodil que todavía fue más cáustica al denunciar las noticias que empezaban como una información de servicio público para acabar convertidas “en un anuncio del PP”. “Saben que cambió la Ley de Publicidad para que las influencers tengan que poner #publi cuando es contenido patrocinado; yo quiero que al PP se le aplique en la TVG: #partidopopular #propaganda por un respeto a la verdad”. “¿Tienen algún límite o van a seguir arrastrándola por el suelo?”, finalizó apremiada por el presidente de la comisión.

Las “desviaciones” de Kantar Media

Pombo, que poco antes había respondido contrariada a la socialista Carmen Dacosta, quien la acusaba de traer su réplica preparada con independencia de lo que le dijesen en la comisión, tampoco contestó a ninguna de las situaciones que le planteó la nacionalista. Se limitó a contestar “en concreto, a la que está en la orden del día”, y así desglosó sus planes de futuro para la CSAG.

Previamente sí había contado a Pomar cuáles eran las “anomalías, desviaciones o penalizaciones” detectadas en los dos últimos años en las mediciones de Kantar Media. Según la directora xeral, en 2024, el año de peor audiencia histórica de TVG –en el que registró una caída del 11% al 8,6% de share– CRTVG impuso penalizaciones a Kantar por sus “incumplimientos” en once de los doce meses del año. La peor situación se vivió en marzo, con “desviaciones” en 30 de sus 31 días y una caída de audiencia de 1,5 puntos en ese período.

En este 2025 a punto de finalizar –y en el que, pese al repunte registrado en diciembre, la audiencia anual se moverá en registros muy similares a 2024–, las penalizaciones afectaron a sólo dos meses: enero y octubre, cuando se registró la “mayor oscilación”, con anomalías el 25% de los días del mes y una caída del 9% al 7,7% de share. Fue tras ese dato que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, dio un toque de atención a la cúpula que se estrenó en verano. “Es la televisión de todos los gallegos y es bueno que tenga buenos datos de audiencia”.

En su pregunta, Pomar cumplía otra tradición: esgrimir los datos del Estudio General de Medios (EGM), tradicionalmente muy favorables a TVG y que en esta última oleada la volvieron a situar como la autonómica más vista del Estado y líder en la comunidad, con un 19,6% de cuota de pantalla de lunes a viernes, cinco puntos por encima de La 1 y con franjas del 27,8% en la sobremesa o el 15,1% en el prime time. Lo que obvió en su intervención fue que, incluso estas cifras prácticamente hegemónicas, recogen una sensible caída en la audiencia de la TVG, de casi diez puntos, con respecto a la anterior oleada, la de julio, cuando aglutinaba el 27,1% de los espectadores, su máximo histórico. Aún así, para la diputada, estas cifras hacían todavía más necesaria su pregunta sobre los audímetros.

“No me quedó claro si Kantar Media es sanchista también cuando dice que el Galicia Noticias lidera su franja horaria”, observó con retranca Rodil antes de recordar que la empresa “lleva 30 años siendo el medidor de audiencias oficial y el único válido, por ejemplo, para la Xunta de Galicia, cuando hace sus licitaciones de contratos marco e inserciones publicitarias”. Por eso la postura de los populares le transmitía toda una “disonancia cognitiva”.

La mejora continua de la inteligencia artificial ha alcanzado un punto en el que sus imágenes pueden resultar casi indistinguibles de las reales. Esta capacidad genera escenas creíbles que engañan incluso a usuarios experimentados en redes sociales. Las recreaciones de paisajes o eventos inexistentes circulan con facilidad y crean falsas expectativas. El caso del supuesto mercadillo navideño frente al Palacio de Buckingham es uno de los ejemplos más claros de cómo una representación digital bien construida puede inducir a error a miles de personas.

La decepción de los visitantes se convirtió en noticia en los principales medios británicos

La herramienta de detección Hive identificó en este episodio la presencia de contenido generado por IA con una probabilidad del 96,1%. El análisis se aplicó a una publicación de Instagram que mostraba un conjunto de cinco imágenes de un mercadillo frente al edificio real. Todas resultaron falsas y fabricadas digitalmente. Este hallazgo confirmó que el supuesto mercado nunca existió, a pesar del realismo de las escenas y la coherencia de los detalles luminosos y arquitectónicos.

El texto sobreimpreso en las imágenes decía literalmente “Buckingham Palace christmas market. 14 Nov- 5 Jan”. La frase acompañaba a un montaje de puestos navideños y decoraciones invernales que parecían situados justo ante las verjas del palacio. Los vídeos y fotografías se difundieron en Instagram y TikTok durante semanas, presentándose como una novedad festiva en la residencia de la familia real británica.

Los principales periódicos británicos se hicieron eco de la decepción de los visitantes que acudieron y se encontraron con que estaba vacío. The Guardian, The Telegraph, The Independent y The Mirror publicaron artículos sobre los grupos de personas que se acercaron al lugar esperando encontrar luces, árboles y música navideña.

Según estos medios, las aglomeraciones se concentraron frente a las verjas del edificio, donde los turistas desconcertados trataban de localizar el supuesto mercado, aunque sin ningún éxito. El resultado fue una concentración de curiosos ante un espacio que permanecía sin ninguna decoración adicional.

Las verificaciones posteriores confirmaron la inexistencia de cualquier evento de ese tipo. VerificaRTVE explicó que Buckingham Palace no acoge un mercadillo de Navidad y que las publicaciones difundidas, como se intuía, se basaban íntegramente en imágenes generadas digitalmente. El uso de herramientas de análisis permitió distinguir los trazos sintéticos y la uniformidad de los elementos, características propias de la inteligencia artificial.

Una coincidencia de fechas reforzó la confusión entre lo real y lo que no

La confusión se agravó porque, según AFP, el Palacio sí había inaugurado una tienda temporal de regalos navideños gestionada por la Royal Collection Trust. Esa tienda abre sus puertas del 14 de noviembre al 5 de enero, las mismas fechas que aparecían en las imágenes falsas. La coincidencia reforzó la credibilidad de las publicaciones y llevó a que muchos visitantes asumieran que el mercadillo era auténtico.

Entre las imágenes analizadas, al menos dos llevaban marca de agua con la indicación de haber sido generadas mediante IA. Una de ellas incluía además la firma de Sora, lo que confirmaba su origen artificial. Estas señales pasaron desapercibidas para quienes compartieron el contenido, que fue replicado sin control en múltiples cuentas.

AFP publicó un mensaje en X donde afirmaba que decenas de turistas se desplazaron al palacio después de ver los vídeos y fotografías del falso evento. Una mujer declaró a la agencia que había encontrado “una publicación en Instagram sobre que por primera vez en la historia el Palacio de Buckingham iba a tener un mercadillo”. Añadió: “Fuimos allí pensando que sería real, pero no vimos nada”.

Cuando X desplegó una nueva función que revelaba la ubicación de las cuentas más populares, la compañía aseguró que actuaba para fomentar la transparencia y frenar la desinformación. El resultado, sin embargo, ha sido un fusilamiento circular de recriminaciones: usuarios enfurecidos volviéndose unos contra otros al descubrir que docenas de populares cuentas del movimiento “America First” y pro-Trump operan, en realidad, desde el extranjero.

La nueva característica fue activada durante el pasado fin de semana por el jefe de producto de X, Nikita Bier, quien la ha calificado como el primer paso para “asegurar la integridad de la plaza pública global”. Desde entonces, muchas cuentas que se caracterizan por lograr altos niveles de interacción (engagement), y que publican incesantemente sobre política estadounidense, han sido “desenmascaradas” por sus propios compañeros de filas.

El espectáculo ha dejado escenas esperpénticas: una cuenta de fans de Ivanka Trump que publicaba contra la inmigración ilegal en EEUU resultó tener su sede en Nigeria. MAGAStorm, un perfil dedicado a difundir teorías de la conspiración sobre el intento de asesinato de Trump, fue localizado en Europa del Este. AmericanVoice, que publica contenido islamófobo, opera desde la India.

Los usuarios han notado que una alta proporción de estas cuentas potencialmente engañosas —muchas de las cuales afirman publicar desde Estados Unidos— operan desde Asia. Sin embargo, los expertos discrepan sobre si estamos ante campañas de influencia respaldadas por estados o simplemente ante oportunistas intentando hacer dinero rápido.

Monetizar el 'cebo de ira'

En 2024, el Centro para la Resiliencia de la Información (CIR, por sus siglas en inglés) reveló que una red de cuentas en X se hacía pasar por mujeres jóvenes estadounidenses, robando imágenes de influencers europeas para dar credibilidad a sus perfiles. A menudo, estas imágenes eran manipuladas para incluir gorras y ropa con lemas pro-Trump.

La nueva función de ubicación de X ha permitido a Benjamin Strick, quien dirigió la investigación original, confirmar que casi todas estas cuentas que pretendían ser mujeres “independientes partidarias de Trump” están, de hecho, ubicadas en Tailandia.

Strick ha señalado que, aunque prometían “seguir a los patriotas” y “apoyar a Trump”, estas cuentas a menudo publicaban también contenido antiislámico. En su informe de 2024, el CIR descubrió que estas redes explotaban “tensiones sociales preexistentes” para difundir desinformación. “Las cuentas aprovechaban noticias relacionadas con género y derechos LGBTQ+, lo que les permitía socavar las políticas demócratas y promover los puntos de vista republicanos”.

El temor a que actores extranjeros utilicen las redes sociales para influir en los votantes estadounidenses alcanzó su punto álgido en los meses posteriores a la victoria electoral de Trump sobre Hillary Clinton en 2016. Una evaluación de inteligencia detalló al año siguiente los pasos que el estado ruso tomó para reforzar a Trump utilizando granjas de bots.

En los años posteriores, los expertos han advertido de que las campañas de influencia extranjera se han vuelto más sofisticadas, pero a medida que la política estadounidense se ha tornado más partidista y los votantes más aislados en sus burbujas, esas advertencias parecen haber caído en el olvido. Sin embargo, es posible que la gran cantidad de cuentas pro-Trump en todo el mundo tenga tanto que ver con el lucro económico como con la influencia política, apunta Simon Copland, investigador de la Universidad Nacional de Australia.

Las redes sociales se basan en la atención... y en lugares como X o Twitter puedes obtener dinero con eso publicando sobre Donald Trump

Simon Copland — investigador de la Universidad Nacional de Australia

“Las redes sociales se basan realmente en la atención... y en lugares como X o Twitter puedes obtener dinero con eso”, explica, añadiendo que, en este momento, la mejor manera de captar atención “es publicar sobre Donald Trump”.

Los cambios en la forma en que X monetiza su contenido también son un factor clave. En 2024, la plataforma anunció que los creadores cobrarían en función de los niveles de interacción con su contenido. En ese momento, algunos expresaron su preocupación por que esto incentivara a los usuarios a crear contenido cada vez más controvertido.

“Cuando las plataformas comienzan a recompensar la interacción, los creadores empiezan a publicar cualquier cosa que genere discusión, incluidas publicaciones diseñadas para enfurecer a los usuarios, obligándolos a responder o comentar”, explicó entonces TechCrunch, un medio especializado en tecnología.

Cuando las plataformas comienzan a recompensar la interacción, los creadores empiezan a publicar cualquier cosa que genere discusión, incluidas publicaciones diseñadas para enfurecer a los usuarios, obligándolos a responder o comentar

TechCrunch

“Ahí es donde entra en juego el rage bait (cebo de ira)”, dice Copland. “La gente induce deliberadamente la ira para tratar de animar a otros a entrar en las plataformas” e interactuar con el contenido.

Los cálculos utilizados para determinar los pagos a un usuario siguen siendo opacos y no está claro cuánto dinero podrían estar ganando los usuarios extranjeros que se hacen pasar por fieles al movimiento MAGA. Una investigación de la BBC de 2024 sugirió que, para algunos, podrían ser miles de dólares. Expertos en el espacio de desinformación del sudeste asiático señalan que esas cifras podrían ser altamente motivadoras para personas en la región.

Un informe de 2021 sobre la “crisis de desinformación” en el sudeste asiático encontró que muchas cuentas que impulsaban mensajes xenófobos y misóginos para apelar a la derecha estadounidense no estaban particularmente invertidas ideológicamente, sino “impulsadas por motivaciones casi puramente empresariales”.

Los rincones oscuros de Internet

Mientras el núcleo duro de los seguidores de Trump estalla en ira por el origen de algunas cuentas, muchas de las cuales ya han sido suspendidas, otros se cuestionan por qué este asunto importa de verdad. En este sentido, Copland señala el flujo de ideas de extrema derecha y cómo políticas soñadas en los rincones más oscuros de Internet pueden llegar a las cúpulas de la política estadounidense y europea.

La noche en que X comenzó a revelar la ubicación de las cuentas, Donald Trump compartió una publicación de un perfil llamado Trump_Army_. Con casi 600.000 seguidores, la cuenta amplifica regularmente teorías de la conspiración; en un post reciente preguntaba a sus seguidores si “JFK fue asesinado por tratar de exponer a los mismos delincuentes que Trump está exponiendo ahora”. Poco después, otro usuario señaló que Trump_Army_ tenía su sede en la India.

Es uno de los ejemplos más inocuos, pero ilustrativo de cómo opera el ecosistema más amplio de la política de extrema derecha en línea. “Las ideas extremas comienzan en estos rincones oscuros de Internet. Se difunden, se convierten en memes, pasan a plataformas más convencionales y luego ves a los políticos recogerlas”, dice Copland.

En mayo, Trump emboscó al presidente sudafricano Cyril Ramaphosa acusándole de hacer la vista gorda ante un “genocidio blanco” contra los granjeros sudafricanos. Se cree que estas afirmaciones, ampliamente desacreditadas, se originaron en parte en salas de chat de extrema derecha. “Tenemos que tomarnos esto en serio”, advierte Copland, porque estas ideas “de repente se están volviendo mainstream”.

X fue contactada para comentar sobre este asunto, pero no contestó al requerimiento de The Guardian.

El Comité de Empresa de la RadioTelevisión de Castilla-La Mancha recuperará la próxima semana sus 'Viernes a Negro', un acto simbólico de protesta para reivindicar “una radiotelevisión libre de manipulaciones y presiones políticas, con redacciones capaces de trabajar con criterios profesionales y sin injerencias”, ya que según denuncian, “desde la asignación temporal de Carmen Amores como directora general, se han agravado o perpetuado”.

Los trabajadores y trabajadoras del ente público CMM están llamado el próximo 28 de noviembre a participar en el primer 'Viernes a Negro', a las 14.30 horas, después de que el Comité de Empresa se sumase el pasado verano a la llamada Alianza RTVs Públicas en Lucha, un espacio común “en defensa de unos medios públicos independientes, plurales y al servicio de la ciudadanía”.

En un comunicado explican que “la ciudadanía sufre una información y programación condicionada por decisiones políticas y comerciales, sin Estatuto ni Consejo de Informativos que garanticen rigor”, lamentan.

La ciudadanía sufre una información y programación condicionada por decisiones políticas y comerciales, sin Estatuto ni Consejo de Informativos que garanticen rigor

Ponen como ejemplo la “externalización sistemática” de servicios o programas que, aseguran, “provoca sobrecostes y problemas laborales, beneficiando a productoras externas que no son de Castilla-La Mancha”. Ponen como ejemplo el del programa En compañía, realizado por INDALOYMEDIA S.L. con un coste superior a los 2,4 millones de euros.

Además, denuncian la presunta “contratación irregular sin cumplir con el Plan de Igualdad”, además de 19 bolsas de empleo sin crear, seis caducadas, la “desigualdad salarial por complementos discrecionales”, entre otras cuestiones.

Después hablan de “obsolescencia de los equipos” que, según inciden, “facilita la externalización por no invertir en equipos técnicos deteriorados” o la ausencia de estudios psicosociales desde 2017 que protejan los derechos laborales de la plantilla.

Este viernes el Comité de Empresa denuncia 14 años de “recortes”, cuatro bajo la dirección de Ignacio Villa, durante el mandato de Dolores de Cospedal al frente de la Junta de Castilla-La Mancha y 10 con Carmen Amores, la actual directora general que percibe un sueldo de 135.840,78 euros, “muy por encima de los 91.702,66 euros del presidente regional Emiliano García-Page”.

Además, aseguran que “la situación empeora con la nula interlocución directa con Carmen Amores con la representación de la plantilla”.

El PSPV ha presentat una denúncia davant el Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana per l’incompliment de la Llei 2/2024, del 27 de juny, de la Corporació Audiovisual de la Comunitat Valenciana (Cacvsa). Els socialistes sol·liciten al Consell que emeta un informe per a determinar si la contractació de Cacvsa amb l’empresa Unicorn Content per a la producció, la realització i la difusió per À Punt televisió del programa Va de bo va “en detriment de les empreses valencianes”, cosa que suposa, segons els socialistes valencians, “un incompliment de la legalitat i els principis rectors de la Llei”.

També reclamen un escrit sobre la “comprovada parcialitat i falta d’objectivitat” del programa Va de bo, “tant en els continguts polítics com en l’elecció de la major part dels tertulians, periodistes de mitjans nacionals de l’entorn de la dreta i l’extrema dreta i sense cap connexió amb la Comunitat Valenciana i analistes polítics afins a les posicions ideològiques de l’actual Consell del Partit Popular”, tal com denuncia la diputada autonòmica socialista Mercedes Caballero.

Segons el parer de la parlamentària del PSPV, un mitjà de comunicació públic “per llei ha de respectar la pluralitat, ser objectiu en els seus continguts i no difondre com a informació opinions partidistes”. “El programa Va de bo és l’exemple més clar del declivi a què el Consell del Partit Popular ha portat a la ràdio i la televisió de tots els valencians”, sosté Caballero, que afig: “No podem consentir que continuen desprestigiant l’ens”.

El PSPV defensa “el dret de tots els valencians per a mantindre la nostra ràdio i televisió, pública, de qualitat i en valencià i, per descomptat, la professionalitat de tots els seus treballadors i treballadores, que han demostrat amb escreix des de la seua posada en funcionament i que ara es troben amb pressions i amenaces d’acomiadaments”.

Programa “produït per una empresa valenciana”

Des de la radiotelevisió pública valenciana asseguren que el programa Va de bo està produït per la productora Milotxa TV, empresa valenciana amb seu al carrer de Colom de València i insisteixen que aquesta empresa té seus en diversos punts d’Espanya i “no té res a veure amb l’empresa Unicorn Content”.

Milotxa TV, ressenyen des d’À Punt, té altres centres de producció en diferents indrets d’Espanya, com Galícia, les Canàries o el País Basc, “on treballen per a diferents televisions autonòmiques”; en À Punt “també produeixen Valencians al món i a Madrid fan el programa Mañaneros 360 per a TVE”.

En el programa Va de bo, segons defensen des de l’ens públic, “tots els seus professionals són de la Comunitat Valenciana: equip de redacció, reporters, realització, direcció i producció”. “Els seus contertulians pertanyen a tots l’espectre mediàtic de la nostra Comunitat Valenciana, amb aportacions també de periodistes d’altres mitjans de la resta d’Espanya quan el programa aborda temàtica en clau nacional”, subratllen, i conclouen: “Són moltes les veus que passen pel programa, com per exemple, Victor Maceda (El Temps), José Luis Valencia (exdirector de Levante-EMV), Víctor Romero (delegat d’El Confidencial a la Comunitat Valenciana), Sergi Pitarch (director de l’edició valenciana d’elDiario.es) i Salva Enguix (La Vanguardia).

El PSPV ha presentado una denuncia ante el Consell de l'Audiovisual de la Comunitat Valenciana por el incumplimiento de la Ley 2/2024, del 27 de junio, de la Corporación Audiovisual de la Comunitat Valenciana (CACVSA). Los socialistas solicitan al Consell que emita un informe para determinar si la contratación de CACVSA con la empresa Unicorn Content para la producción, realización y difusión por À Punt televisión del programa 'Va de Bo' va “en detrimento de las empresas valencianas”, lo que supone, según los socialistas valencianos, “un incumplimiento de la legalidad y los principios rectores de la Ley”.

También reclaman un escrito sobre la “comprobada parcialidad y falta de objetividad” del programa 'Va de Bo', “tanto en sus contenidos políticos como en la elección de la mayoría de tertulianos, periodistas de medios nacionales del entorno de la derecha y la extrema derecha y sin ninguna conexión con la Comunitat Valenciana y analistas políticos afines a las posiciones ideológicas del actual Consell del Partido Popular”, tal y como denuncia la diputada autonómica socialista Mercedes Caballero.

A juicio de la parlamentaria del PSPV, un medio de comunicación público “debe por ley respetar la pluralidad, ser objetivo en sus contenidos y no difundir como información opiniones partidistas”. “El programa 'Va de Bo' es el más claro ejemplo del declive al que el Consell del Partido Popular ha llevado a la radio y televisión de todos los valencianos”, sostiene Caballero, quien añade: “No podemos consentir que sigan desprestigiando el ente”.

El PSPV defiende “el derecho de todos los valencianos para mantener nuestra radio y televisión, pública, de calidad y en valenciano y por supuesto la profesionalidad de todos sus trabajadores y trabajadoras, que han demostrado con creces desde su puesta en funcionamiento y que ahora se encuentran con presiones y amenazas de despidos”.

Programa “producido por una empresa valenciana”

Desde la radiotelevisión pública valenciana aseguran que el programa 'Va de Bo' está producido por la productora Milotxa TV, empresa valenciana con sede en la Calle Colón de Valencia e insisten que esta empresa tiene sedes en varios puntos de España y “no tiene nada que ver con la empresa Unicorn Content”.

Milotxa TV, reseñan desde À Punt, tiene otros centros de producción en distintas partes de España, como Galicia, Canarias o País Vasco, “donde trabajan para distintas televisiones autonómicas”; en À Punt “también producen 'Valencians al món' y en Madrid hacen el programa 'Mañaneros 360' para TVE”.

En el programa 'Va de Bo', según defienden desde el ente público, “todos sus profesionales son de la Comunitat Valenciana: equipo de redacción, reporteros, realización, dirección y producción”. “Sus contertulios pertenecen a todos el espectro mediático de nuestra Comunitat Valenciana, con aportaciones también de periodistas de otros medios del resto de España cuando el programa aborda temática en clave nacional”, subrayan, y concluyen: “Son muchas las voces que pasan por el programa, como por ejemplo, Victor Maceda (El Temps), José Luis Valencia (exdirector de Levante-EMV), Víctor Romero, (delegado de El Confidencial en la Comunitat Valenciana), Sergi Pitarch (director de la edición valenciana de elDiario.es) y Salva Enguix (La Vanguardia).

El nuevo consejo de informativos de À Punt ha comenzado a funcionar: “Hemos recibido un aluvión de quejas, denuncias y solicitudes de apoyo, fruto de la desesperación que hemos sufrido desde la disolución forzosa del anterior consejo”. De este modo, insisten en que las denuncias y la propia observación de la actual situación les obligan a explicitar su compromiso con los principios de “honestidad, profesionalidad y transparencia que nos imponen nuestro propio reglamento y la misma creación de la Corporación Audiovisual de la Comunitat Valenciana (CACVSA).

Por este motivo, subrayan, su primer comunicado es para denunciar de forma clara “la lamentable situación en la que se encuentra À Punt: el ambiente de la redacción, el producto informativo y, sobre todo, la imagen que ofrecemos a la sociedad a la que servimos”. Así, asumen “plenamente” las denuncias de la asamblea de la plantilla del 3 de octubre, “comenzando por el grave error que cometió la empresa, como medio de comunicación público, con el intento de esconder nuestras imágenes y el audio de la reunión del Cecopi del 29 de octubre de 2024, una decisión por la que todavía nadie ha asumido responsabilidades”.

Igualmente, denuncian la “manipulación y el partidismo” de la información, “el dictado de noticias y la imposición de líneas informativas alejadas de la pluralidad, con pretensiones de imponer un criterio favorable al Gobierno valenciano y contrario al Gobierno español con una finalidad partidista”.

De igual forma, prosiguen, asumen las denuncias de los miembros de la redacción que se refieren a “presiones con amenazas, algunas consumadas, de cambios de sección y horarios”. Denuncias también de “trato denigrante, cuestionamiento de la profesionalidad de la plantilla, llamadas fuera de horario, modificación de textos ya publicados en la web o cambio en los textos de la escaleta a escasos minutos de la emisión”.

El director de informativos de À Punt, Josep Magraner, en declaraciones a elDiario.es, ha negado todas las acusaciones y ha acusado al nuevo consejo de informativos de “inventarse una realidad paralela”. “Es una falta de respeto por su parte publicar este comunicado contra la dirección de informativos antes siquiera de tener la primera reunión conmigo, y eso me parece gravísimo”, ha dicho el responsable de los informativos de la radiotelevisión pública: “Primero reúnete conmigo”. A juicio de Magraner, es una “deslealtad”. Además, ha insistido en que en la televisión están cortos de periodistas y cámaras.

Aplazada la votación de la relación de puestos de trabajo

Los comités de empresa de À Punt han informado de que el Consejo de Administración de la CACVSA ha decidido aplazar la votación sobre la relación de puestos de trabajo (RPT) hasta una próxima reunión: “Nos han pedido que les facilitemos toda la información que hemos puesto a su disposición para estudiarla con detenimiento y tomar una decisión más adelante”.

La nueva RPT contempla la amortización de 29 puestos de trabajo, entre ellos, seis lingüistas, la jefatura del Servicio de Meteorología o varios periodistas del departamento de digital: “La lucha no ha acabado, porque consideramos que la relación de puestos de trabajo es un tiro en el corazón de esta empresa y atenta contra el servicio público de información y promoción de la cultura valenciana que tiene encargada por ley”. “En À Punt no sobramos nadie”, concluyen.

Consultados por elDiario.es, la radiotelevisión pública valenciana no ha querido hacer ninguna valoración al respecto.

Siguen protagonizando la actualidad política algunos sucesos acontecidos durante el bronco Debate sobre el Estado de la región que se vivió en las Cortes de Castilla-La Mancha la semana pasada.

Varios cargos relevantes del PSOE castellanomanchego han salido este lunes a la palestra para exigir al PP regional que “señale y cese” al responsable de haber manipulado un vídeo que recoge una parte de la intervención del presidente regional Emiliano García-Page, durante el Debate del Estado de la Región el pasado jueves.

Los socialistas se refieren al polémico vídeo que publicaron varios miembros del PP en sus perfiles en redes sociales, que había sido “recortado” y “manipulado”, para “para dar un sentido distinto a sus palabras”, según denunció aquel día el PSOE. Horas después, el vídeo fue retirado.

Hoy, en una rueda de prensa ofrecida en la sede regional del PSOE, la diputada en las Cortes de Castilla-La Mancha Paloma Jiménez ha dicho que manipular “es otra forma de corrupción política”. Considera que no se trata de un “error” o de un “malentendido”, ya que afirma que el PP de Castilla-La Mancha les tiene “acostumbrados” a manipular y mentir.

“Consideramos que esto no es mentir. Esto mucho más grave que mentir, es manipular el sentido de lo que otros dicen, es alterar la verdad conscientemente para engañar a los ciudadanos y a la opinión pública, porque consideramos que esta manipulación también es una forma de corrupción política porque traiciona la confianza de los ciudadanos”, ha aseverado.

Y es por ello, ha añadido, que el PP, “tiene menos credibilidad, porque quien manipula, quien lo consiente y también quien lo encubre, forman parte, sin duda alguna, de esta corrupción política”. De hecho, ha insistido, los ‘populares’ han borrado este último video de todas sus redes sociales, lo que hace evidente su conocimiento “del error y la manipulación”.

Los socialistas afirman que no es la primera “manipulación” del PP

Sergio Gutiérrez, secretario de Organización del PSOE regional, también ha exigido responsabilidades a los ‘populares’ y la dimisión de Santiago Serrano (portavoz adjunto en las cortes de Castilla-La Mancha y uno de los primeros ‘populares’ que publicó el vídeo en su cuenta de X, ya borrado) o de la jefa de prensa digital del PP castellanomanchego.

Gutiérrez justifica la exigencia en que no es la primera vez que desde el PP “manipulan”. Y pone dos ejemplos previos.

El primero data de marzo del 2022. Fue entonces cuando varios dirigentes del PP regional difundieron un mensaje interno de los ‘populares’ con el logotipo de Europa Press incrustado, de forma que pareciese una noticia de la citada agencia.

Tras las posteriores críticas de los socialistas, tuvo que publicar un tuit la propia Delegación de Europa Press en Castilla-La Mancha para aclarar que el titular difundido por el PP con su logotipo no se correspondía con uno dado por la agencia de noticias.

El segundo ejemplo se dio en mayo del 2023, en los días previos a las elecciones autonómicas se viralizó un vídeo en el que García-Page hablaba despacio durante un mitin, dando la impresión de que estaba en estado de embriaguez. La realidad fue que la grabación había sido ralentizada en una edición posterior para causar la falsa impresión de embriaguez. No obstante, Gutiérrez afirma que algunos dirigentes del PP regional difundieron el vídeo “masivamente”. Durante esta campaña electoral también fue polémica la furgoneta que Nuevas Generaciones del PP puso a circular por Castilla-La Mancha con el lema “que os vote Txapote” y las caras de Sánchez, Page y Otegi.

Dados esos antecedentes, Sergio Gutiérrez exige señalar al responsable del vídeo manipulado de García-Page durante el Debate sobre el Estado de la Región y cesarle. “¿Nos tenemos que acostumbrar a la impunidad de los que, no interpretan unos datos o retuercen unos argumentos, si no manipulan?”, se ha lamentado. “Lo primero es mala política, pero lo segundo es hasta delictivo”, ha señalado.

Sin reacciones desde el PP, que ha borrado el vídeo

Desde el Partido Popular de Castilla-La Mancha no ha habido ninguna reacción a estas exigencias ni tampoco comentarios acerca del vídeo manipulado sobre García-Page. La diputada del PP por Guadalajara Itziar Asenjo defendió el vídeo el pasado viernes, durante el segundo día del Debate sobre el Estado de la Región. “Si Page no quiere salir en un vídeo diciendo que es sanchista, pues que no lo diga. No conozco a nadie que diga que por apellidarse Sánchez diga que es sanchista. Está claro que lo dijo porque lo es”, afirmó.

Un polémico vídeo difundido este jueves en la red social X (antes Twitter) por miembros del Partido Popular está salpicando hoy la segunda jornada del Debate sobre el Estado de la Región.

En dicho vídeo, publicado entre otros por Santiago Serrano, portavoz adjunto en las cortes de Castilla-La Mancha, aparece el presidente del Gobierno de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, afirmando que “cómo no voy a ser sanchista”, acompañado en la publicación por un texto que afirmaba “Page, el orgulloso sanchista y socialista”.

El vídeo ha sido borrado este mismo viernes de la red social.

La polémica estalló en redes sociales cuando Sergio Gutiérrez, secretario de Organización del PSOE regional, replicó a dicha publicación reprochando: “¿En serio que habéis recortado 10 segundos de su intervención para manipular el sentido de lo que dijo? ¿Pero cómo sois tan cutres?”.

¿Qué dijo realmente García-Page?

La frase literal que pronunció en la sesión de ayer García-Page fue: “¿Cómo no voy a ser sanchista si me llamo Sánchez de apellido, soy García-Page Sánchez? No soy pagista, ni felipista, ni guerrista. Sí, soy socialista, pero si le tengo que llevar la contraria al PSOE lo hago. A mucha honra”.

Dicha polémica se ha trasladado a la sesión de este viernes en el Debate sobre el Estado de la Región.

Silvia Fernández, diputada del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes regionales, criticó que “ante la intervención bochornosa de Paco Núñez sacaron a la desesperada un vídeo sesgado recortado y cutre, muy cutre. No se puede permitir”. “Es lo que nos quedaba por ver del PP. Si tuviesen un mínimo de dignidad, tendrían que pedir perdón y disculpas”, ha añadido Fernández.

La también diputada socialista, María Jesús Merino, se ha pronunciado en términos similares, y ha calificado al presidente del PP regional, Paco Núñez, como “Paco Bulos”, mientras que los 'populares' han tildado al presidente regional de “señor fraude”, durante dos días de debate bronco, en el que tanto PP como Vox están tratando de colar cuestiones nacionales (y a Pedro Sánchez) en el Debate sobre el Estado de la Región. “En vez de poner en valor lo que dice su presidente o sus propuestas, lo que tienen que hace es manipular lo que dice el presidente de Castila-La Mancha”, ha afirmado.

La diputada del PP por Guadalajara Itziar Asenjo ha defendido el vídeo y esta mañana está marcando cada una de las intervenciones de PSOE y PP durante la presentación de las propuestas de resolución que deben debatirse en la jornada de hoy. “Si Page no quiere salir en un vídeo diciendo que es sanchista, pues que no lo diga. No conozco a nadie que diga que por apellidarse Sánchez diga que es sanchista. Está claro que lo dijo porque lo es”, ha afirmado.

Els treballadors d’À Punt, reunits divendres passat en assemblea, denuncien la “manipulació” en els informatius de la radiotelevisió pública valenciana, “amb notícies al dictat”. Aquesta situació, sentencien els empleats de l’ens públic en un comunicat, “es fa extensible a altres programes de contingut informatiu, com Va de bo amb informació esbiaixada i poc seriosa que no ha tingut cap conseqüència interna en la direcció d’aquest programa”.

Tal com expliquen, des de l’arribada del PP a la Generalitat Valenciana, amb el suport parlamentari de Vox, en À Punt s’han esdevingut una sèrie de canvis que afecten la plantilla i amb què no estan d’acord.

Es refereixen, per exemple, primer al canvi en la llei, “que ha convertit la radiotelevisió pública en corretja de transmissió del Consell i que minva l’autonomia d’aquesta empresa, necessària per a donar un servei públic de qualitat”. Això, subratllen, va significar també la supressió del Consell de la Ciutadania i la suspensió temporal del Consell d’Informatius.

El nou reglament per a aquest òrgan “ha eliminat tota la capacitat de decisió de la redacció, i ha esborrat l’exercici necessari de la transparència”. La falta de Consell d’Informatius, insisteixen, “ha impedit tindre una veu per a denunciar tots els canvis que s’han produït aquests mesos”.

Nou llibre d’estil

Un altre punt a què al·ludeixen va ser l’aprovació, “a correcuita”, d’un nou Llibre d’estil “amb modificacions substancials respecte de la línia editorial anterior”. Tal com recorden, el llibre “elimina qualsevol referència a la violència de gènere, fins i tot la nega, i no proporciona les pautes per a tractar informativament aquesta qüestió tan primordial”.

A més, recorden que incorpora la cobertura d’actes taurins, “a què s’oposa part de la plantilla per considerar-los maltractament animal”. Per primera vegada en À Punt, ressenyen, alguns treballadors han hagut de recórrer en la clàusula de consciència per a negar-se a cobrir aquestes notícies.

En aquest sentit, apunten que dues treballadores ja han fet ús d’aquesta clàusula i han abandonat l’empresa pel canvi en la línia editorial que, asseguren, “atempta contra el servei públic d’aquest mitjà; és un molt mal símptoma del que passa”.

El Llibre d’estil, prossegueixen, obri la porta a la incorporació del castellà de manera massiva en la radiotelevisió pública, en què el valencià “ha deixat de ser la llengua vehicular, que és la raó de ser d’aquest mitjà de comunicació”: “No sols arracona la llengua, sinó que imposa un valencià col·loquial lluny de l’estàndard, que hauria de ser el nostre registre, i no el ‘valencià del carrer’ que parla el PP”. El Llibre d’estil, insisteixen, “no té el vistiplau de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua”. En aquest context, la direcció d’informatius “passa per damunt del departament lingüístic, que és el que té la competència en qüestions de llengua, i fins i tot dona directrius sobre paraules normatives que no vol que s’utilitzen”.

D’altra banda, alerten que la incorporació de periodistes “que no tenen el nivell mínim de valencià en determinades finestres el deteriora encara més”: “Ens vam avergonyir de la deterioració que pateix la nostra llengua, objecte de burla merescuda en les xarxes socials”.

La gravació del Cecopi

“Ens avergonyim –manifesten– de tot el que ha passat amb el famós vídeo del Cecopi”. “Sorprenentment, l’empresa ha decidit investigar la filtració d’aquest vídeo a TVE i no les persones que van decidir no facilitar les imatges i l’àudio a la jutgessa”, asseguren els treballadors, que exigeixen explicacions i transparència: “Exigim responsabilitats a l’anterior direcció d’Informatius, que va prendre la decisió de prohibir utilitzar aquest àudio, i a l’actual, que ho ha perpetuat posteriorment”, al mateix temps que qüestionen la cap del Departament Jurídic per la gestió jurídica del cas, sobretot després que el divendres 19 de setembre la jutgessa emetera una resolució “demolidora” contra la postura de la direcció d’À Punt.

“La redacció se la va enganyar dient que sí que s’havia enviat, i ara ja patim la crisi reputacional ocasionada exclusivament per la direcció”, sentencien, i conclouen recordant que la plantilla “no és la direcció i lluitem des de dins per a ajudar a denunciar tot el que es va fer malament i s’ha continuat fent en aquesta trista desgràcia”.

Consultats per elDiario.es, À Punt ha declinat fer cap mena de valoracions respecte d’aquestes acusacions.

Los trabajadores de À Punt, reunidos el pasado viernes en asamblea, denuncian la “manipulación” en los informativos de la radiotelevisión pública valenciana, “con noticias al dictado”. Esta situación, sentencian los empleados del ente público en un comunicado, “se hace extensible a otros programas de contenido informativo, como 'Va de bo' con información sesgada y poco seria que no ha tenido ninguna consecuencia interna en la dirección de este programa”.

Tal y como explican, desde la llegada del PP a la Generalitat Valenciana, con el apoyo parlamentario de Vox, en À Punt se han sucedido una serie de cambios que están afectando a la plantilla y con los que no están de acuerdo.

Se refieren, por ejemplo, El primero al cambio en la ley, “que ha convertido la radiotelevisión pública en correa de transmisión del Consell y que mengua la autonomía de esta empresa, necesaria para dar un servicio público de calidad”. Esto, subrayan, significó también la supresión del Consejo de la Ciudadanía y la suspensión temporal del Consejo de Informativos.

El nuevo reglamento para este órgano “ha eliminado toda la capacidad de decisión de la redacción, y ha borrado el ejercicio necesario de la transparencia”. La falta de Consejo de Informativos, insisten, “ha impedido tener una voz para denunciar todos los cambios que se han producido estos meses”.

Nuevo libro de estilo

Otro punto al que aluden fue la aprobación, “deprisa y corriendo”, de un nuevo Libro de estilo “con modificaciones sustanciales respecto a la línea editorial anterior”. Tal y como recuerdan, el libro “elimina cualquier referencia a la violencia de género, incluso la niega, y no proporciona las pautas para tratar informativamente esta cuestión tan primordial”.

Además, recuerdan que incorpora la cobertura de actos taurinos, “a los que se opone parte de la plantilla por considerarlos maltrato animal”. Por primera vez en À Punt, reseñan, algunos trabajadores han tenido que recurrir en la cláusula de conciencia para negarse a cubrir estas noticias.

En este sentido, apuntan al hecho que dos trabajadoras ya han hecho uso de esta cláusula y han abandonado la empresa por el cambio en la línea editorial que, aseguran, “atenta contra el servicio público de este medio; es un muy mal síntoma del que está pasando”.

El Libro de estilo, prosiguen, abre la puerta a la incorporación del castellano de manera masiva en la radiotelevisión pública, en la que el valenciano “ha dejado de ser la lengua vehicular, que es la razón de ser de este medio de comunicación”: “No solo arrincona la lengua, sino que impone un valenciano coloquial lejos del estándar, que tendría que ser nuestro registro, y no el 'valenciano de la calle' de que habla el PP”. El Libro de estilo, insisten, “no tiene el visto bueno de la Acadèmia Valenciana de la Llengua”. En este contexto, la dirección de informativos “está pasando por encima del departamento lingüístico, que es el que tiene la competencia en cuestiones de lengua, e incluso da directrices sobre palabras normativas que no quiere que se utilicen”.

Por otro lado, alertan del hecho de que la incorporación de periodistas “que no tienen el nivel mínimo de valenciano en determinadas ventanas lo deteriora todavía más”: “Nos avergonzamos del deterioro que está sufriendo nuestra lengua, objeto de burla merecida en las redes sociales”.

La grabación del Cecopi

“Nos avergonzamos -manifiestan- de todo lo que ha pasado con el famoso video del Cecopi”. “Sorprendentemente, la empresa ha decidido investigar la filtración de este video a TVE y no a las personas que decidieron no facilitar las imágenes y el audio a la jueza”, aseguran los trabajadores, quienes exigen explicaciones y transparencia: “Exigimos responsabilidades a la anterior dirección de Informativos, que tomó la decisión de prohibir utilizar ese audio, y a la actual, que lo ha perpetuado posteriormente”, al tiempo que cuestionan a la jefa del Departamento Jurídico por la gestión jurídica del caso, sobre todo después de que el viernes 19 de septiembre la jueza emitiera una resolución “demoledora” contra la postura de la dirección de À Punt.

“A la redacción se la engañó diciendo que sí que se había enviado, y ahora ya estamos sufriendo la crisis reputacional ocasionada exclusivamente por la dirección”, sentencian, para concluir recordando que la plantilla “no es la dirección y luchamos desde dentro para ayudar a denunciar todo el que se hizo mal y se ha continuado haciendo en esta triste desgracia”.

Consultados por elDiario.es, À Punt ha declinado hacer ningún tipo de valoración con respecto a estas acusaciones.

La “ola de bulos” durante la devastadora dana del 29 de octubre agravó la emergencia y socavó la confianza institucional, según concluye un estudio sobre la desinformación en esa tragedia elaborado por investigadores de la Universitat Politècnica de València (UPV) y la Universidad Internacional de València (VIU).

El estudio refleja que tres de cada cuatro bulos fueron contenidos falsos creados intencionadamente para engañar, que el 75 % se difundió por redes como X, Instagram o WhatsApp, y que la mayoría de los contenidos tenía “una fuerte carga emocional, diseñada para generar indignación, miedo o rechazo hacia las instituciones”.

Los investigadores han analizado la crisis informativa marcada por la proliferación de bulos, teorías conspirativas y noticias falsas durante las semanas posteriores a la dana que azotó a la provincia de Valencia, una desinformación que aseguran condicionó la percepción pública de la tragedia y dificultó la respuesta institucional.

La investigación la ha desarrollado el profesor Germán Llorca-Abad, profesor titular del departamento de Comunicación Audiovisual, Documentación e Historia del Arte de la UPV, en colaboración con el profesor Alberto E. López Carrión, de la VIU, y ha sido recientemente publicada en la Revista Mediterránea de Comunicación.

Bulos con gran impacto

Los autores analizaron 185 noticias publicadas entre el 28 de octubre y el 17 de noviembre de 2024 en los diarios nacionales y locales con más audiencia, en las que identificaron 192 bulos que circularon durante el período crítico de la catástrofe, según han informado este jueves fuentes de la UPV.

Entre los más destacados, figura el bulo sobre el aparcamiento del centro comercial Bonaire, en Aldaia, donde se afirmaba falsamente que había cientos de cadáveres, una desinformación impulsada por influenciadores y personajes mediáticos que tuvo un gran eco en plataformas como Instagram o TikTok.

También proliferaron narrativas conspirativas que culpaban al Gobierno de destruir presas “construidas por el franquismo”, o que acusaban a la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) de ocultar información sobre las lluvias.

En algunos casos, estas falsedades procedieron incluso de periodistas o colaboradores en programas de televisión. El análisis revela que el 28% de los bulos se originó o difundió desde entornos periodísticos profesionales, lo que plantea serias dudas sobre los filtros editoriales en contextos de crisis.

Pese a ello, los autores también destacan el papel de algunos medios que sí contribuyeron a desmentir falsedades, así como el trabajo de plataformas de verificación.

La instrumentalización política

Uno de los aportes más innovadores del estudio es la aplicación del concepto 'diagonalismo', una estrategia comunicativa que, según los investigadores, fue especialmente visible en esta crisis y que combina discursos de extrema derecha con mensajes tradicionalmente vinculados a la izquierda, como la crítica al poder institucional o a las élites.

El objetivo de esta corriente es conectar con el malestar ciudadano desde múltiples ángulos ideológicos y aprovechar la incertidumbre para reforzar narrativas de desconfianza. En la dana, se tradujo en ataques al Gobierno, a organismos científicos y a ONG como Cáritas o Cruz Roja.

“En situaciones de catástrofe, el descrédito de las instituciones es aprovechado para sembrar el caos informativo y movilizar políticamente a ciertos sectores”, explican los investigadores.

Además, los algoritmos de las redes sociales —que priorizan los contenidos más virales, no necesariamente los más veraces— amplificaron estos mensajes, favoreciendo su rápida expansión. “Las emociones extremas, como la indignación o el miedo, son las que más interacción generan. Y los bulos apelan precisamente a esas emociones”, concluyen los autores.

Emergencia informativa

El estudio concluye que es urgente reforzar la alfabetización mediática de la ciudadanía, mejorar los mecanismos institucionales de respuesta informativa y exigir mayor transparencia y responsabilidad a las plataformas digitales.

Consideran que, aunque el Gobierno activó perfiles oficiales en redes sociales para combatir la desinformación, estos esfuerzos llegaron tarde y tuvieron un alcance limitado, por lo que recomiendan protocolos ágiles de comunicación en emergencias y alianzas más efectivas entre instituciones públicas, medios de comunicación y organismos de verificación.

“Combatir los bulos no es solo una cuestión de verdad, es también una cuestión de salud pública y cohesión social”, sostienen López-Carrión y Llorca-Abad, que advierten: “Si no se actúa con decisión, la próxima emergencia no solo será climática, sino también informativa”.

Tanto el conflicto en Ucrania como el genocidio en Gaza, pasando por los procesos electorales en Estados Unidos y hasta los movimientos geopolíticos de Pekín incluyen una guerra silenciosa que no se libra con armas tradicionales. Las guerras cognitivas buscan desestabilizar los conflictos internacionales e influir en elecciones a través de trolls en redes sociales, ejércitos digitales, desinformación o propaganda extremista.

El periodista especializado en geopolítica y amenazas híbridas Daniel Iriarte habla con elDiario.es con ocasión de la publicación de su nuevo libro Guerras cognitivas: cómo Estados, empresas, espías y terroristas usan tu mente como campo de batalla. En este, editado y publicado por Arpa Editores, expone como muchos países están utilizando las tácticas no convencionales como principal medio de enfrentamiento. “Muchas de las campañas de adversarios autocráticos están dirigidas a socavar la confianza en los sistemas democráticos”, explica.

En la guerra cognitiva, ¿el ciudadano es víctima, vehículo… o ambos?

Si hablamos de la definición estricta de “guerra cognitiva”, una de sus características fundamentales es que tiene como objetivo convertir a la víctima atacada en soldado de las tropas propias, como si se tratase de una epidemia zombi. En la guerra convencional, las bajas en las filas enemigas suponen que estas queden fuera de juego, pero en este tipo de conflicto el enemigo “vencido” se pone de tu parte, porque normalmente alguien que ha cambiado su forma de pensar se convierte a su vez en emisor de estas ideas. Por eso hay tantos actores invirtiendo recursos y esfuerzos en estas campañas, porque por lo general son más baratas y menos traumáticas que los enfrentamientos bélicos, y si se hacen bien, pueden ser incluso más eficaces.

En su nuevo libro habla del uso de “granjas de trolls” y cibertropas estatales ¿España tiene capacidad de contraataque en este terreno?

Me consta que las autoridades españolas monitorizan las campañas de influencia tanto extranjeras como aquellas locales susceptibles de derivar en actos delictivos, como por ejemplo disturbios. He oído que a veces se ha recurrido a empresas extranjeras dedicadas a la manipulación del sentimiento en redes para contrarrestar campañas negativas que amenazaban con volverse desestabilizadoras. Me extrañaría mucho que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) no tuviese el músculo tecnológico suficiente como para influir en redes en un momento puntual, pero esto es especulación porque no lo sé con certeza. Pero es pura lógica, dados los tiempos que corren, y el hecho de que todos los Estados y servicios de inteligencia medianamente competentes tienen algún tipo de capacidad en ese sentido.

¿Qué casos recientes (más allá del libro) le parecen ejemplos paradigmáticos de guerras cognitivas exitosas?

Hay varias campañas recientes bastante significativas. La que más éxito ha tenido es la lanzada en Siria por partidarios del antiguo régimen de Bashar Al Asad y sus aliados para desestabilizar al nuevo gobierno de Ahmad Al Sharaa explotando los odios étnicos. En el nuevo régimen sirio hay bastantes extremistas suníes, y mediante la combinación de operaciones de desinformación en redes y una serie de acciones de sabotaje y ataques coordinados, estos actores lograron lo que buscaban, que era que estas fuerzas extremistas se desatasen. Ahora son las minorías las que están pagando el pato. De hecho, ahora la gran pregunta es si el gobierno de Sharaa tolera o incluso es cómplice en estas matanzas, y de eso va a depender el que Siria se estabilice o derive hacia una nueva guerra civil.

Otras campañas interesantes son, por ejemplo, la que está llevando a cabo Azerbaiyán para promover en redes sociales los movimientos separatistas en los territorios de ultramar de Francia e incluso en Córcega, como represalia al apoyo prestado por París a Armenia. También me pareció muy llamativa la campaña con la que actores chinos reaccionaron a los aranceles de la nueva Administración Trump, inundando las redes de imágenes generadas mediante IA en las que se ridiculizaban las pretensiones estadounidenses de devolver la manufactura industrial a su territorio, mostrando por ejemplo a un Elon Musk gordísimo cosiendo zapatillas en un taller.

Precisamente en el libro se menciona el uso masivo de memes como arma. ¿Qué hace que un meme sea más eficaz que un editorial o un reportaje?

Un meme permite lanzar una sola idea —casi siempre más emocional que racional— de una forma sencilla y comprensible para todo el mundo. Cuando un meme es humorístico, casi nadie se para a analizar qué mensaje es el que está transmitiendo, sobre todo si no es abiertamente político. Pero casi siempre hay una cosmovisión específica detrás. Los memes, por ejemplo, se usan para fijar eslóganes, ciertas nociones subversivas que pueden ir desplazando el marco de lo que es aceptable en el discurso público. Muchos movimientos extremistas los utilizan para, mediante el “humor”, radicalizar poco a poco a sus audiencias. En cierto sentido, cumplen el mismo papel que las caricaturas políticas de siglos pasados, pero ahora turboamplificadas por los nuevos ecosistemas digitales que facilitan su creación y multiplican su difusión y su impacto de forma exponencial.

¿Qué responsabilidad tienen plataformas como Meta o X en la expansión de guerras cognitivas?

Las plataformas son los campos de batalla más prominentes de estas guerras, y como tales juegan un papel esencial. Cuando estas plataformas han querido poner fin a ciertas prácticas, como puede ser la difusión de contenido yihadista tras la gran expansión del Estado Islámico a partir de 2014, lo han logrado, lo cual abre la pregunta de por qué en otros casos no lo hacen. De hecho, bajo Elon Musk, X ha eliminado casi todas las barreras, y ahora los contenidos yihadistas vuelven a proliferar en esta red social.

A veces es una cuestión de recursos, de no querer dedicarlos a asuntos que no considera prioritarios, como puede ser el uso de Facebook en lenguas minoritarias para difundir contenidos llamando a la violencia étnica, como ha ocurrido por ejemplo en Etiopía, Sri Lanka o Myanmar. Pero la razón más frecuente es que su modelo de negocio se basa en el engagement o interacción con los contenidos que postean los usuarios, y está estudiado que los contenidos negativos generan más reacciones y por tanto, más engagement— que los positivos, de modo que carecen de incentivos para limitarlos. La decisión sobre permitir o no ciertos contenidos es política, como ha ocurrido con la supresión de publicaciones propalestinas en las plataformas de Meta.

¿Qué distingue hoy la manipulación mediática desde un Estado como Rusia o China frente a la de partidos políticos dentro de democracias como España?

Muchas veces las técnicas utilizadas tanto por actores estatales como por los locales no estatales son las mismas. Al menos frente a un intento de interferencia extranjero es posible llegar a un consenso social de mínimos sobre la necesidad de atajarlo. En el contexto local es mucho más complicado, porque la línea entre lo que es desinformación o manipulación cognitiva y lo que es un discurso legítimo amparado por la libertad de expresión es mucho más fina, especialmente cuando tienes a mucha gente interesada en calificar las narrativas que le dañan políticamente de “mentiras” o “desinformación”.

Además, está el hecho de que desinformar no es un delito en prácticamente ninguna democracia. No hay ninguna ley que criminalice el difundir bulos a sabiendas, a no ser que se entre dentro de otro tipo de delitos como el discurso de odio o la difamación de un individuo concreto. Los marcos legales actuales no ofrecen ninguna barrera contra estas prácticas, algo sobre lo que quizá habría que reflexionar en profundidad.

¿Qué estrategias puede seguir un ciudadano informado para resistir la manipulación cognitiva?

No hay una respuesta fácil, porque todos somos víctimas de nuestros sesgos y estamos siendo manipulados de forma más o menos sutil todo el tiempo. Lo más importante es hacerse preguntas constantemente: esto que estoy leyendo, ¿de dónde viene? La persona o el canal que me lo cuenta, ¿tiene algún interés en contarlo de cierta forma? ¿Puede estar manipulado? ¿Hay una parte de la historia que se ha quedado fuera? En resumen, plantearse: ¿pueden existir distorsiones entre lo que ha sucedido y cómo me está llegando a mí, y cuáles?

Esto, por supuesto, es agotador, y todos tomamos atajos mentales, como confiar en ciertos medios de comunicación o bajar la guardia ante informaciones que no son muy controvertidas o no nos importan demasiado. Pero es importante mantenernos alerta ante lo que nos llega por canales que se prestan a la manipulación, como pueden ser las redes sociales, o ante informaciones donde hay muchos intereses entrecruzados y a todas las partes les interesa contar la historia de cierta forma.

Entonces, ¿quién gana esta guerra? ¿Los que gritan más, los que manipulan mejor o los que se callan a tiempo?

Te diría que ninguno de ellos: los que ganan son los que mejor persuaden y eso requiere ser un emisor de confianza. La manipulación cognitiva es un poco como el lado Oscuro de la fuerza en Star Wars: es el camino más rápido, más fácil, más seductor, pero no es el más poderoso. La manipulación sirve para crear gurús y seguidores fanáticos, pero nunca verdaderos ciudadanos.

Aunque se pierdan batallas en las que la desinformación permite una victoria fácil, los seres humanos queremos poder fiarnos de los demás, porque está en nuestra naturaleza. Queremos poder confiar en nuestras instituciones y en nuestros líderes y expertos. De hecho, creo que aquellos políticos que se prestan a los mismos juegos que los tramposos cometen un gran error que les pasa factura más pronto que tarde. Claro, me puedes argumentar que ahí tienes a Donald Trump y a su legión de partidarios que le han llevado a la Casa Blanca dos veces, pero el caso de EEUU es muy específico y obedece a todo tipo de razones internas, y ya estamos viendo que el trumpismo como fórmula electoral no es fácilmente replicable en otras latitudes. Al final, el verdadero poder reside en los números: la gente razonable, por suerte, es la gran mayoría.