“Impresentable” y “surrealista”. Las diputadas Silvia Longueira (PSOE) y Olalla Rodil (BNG) se quedaban sin palabras para definir lo vivido este martes en la comisión de control parlamentaria a la Corporación de Servizos Audiovisuais de Galicia (CSAG, la antigua CRTVG). Las dos preguntaban a la directora xeral, Concepción Pombo, por qué se había ocultado en los medios públicos la sanción de la Inspección de Trabajo a la empresa de la familia del conselleiro de Emprego por utilizar en la vendimia a migrantes sin papeles. Ambas estaban convencidas –Rodil llegó a repasar las escaletas de los informativos durante los cuatro días siguientes a la exclusiva de elDiario.es– de que no se había informado ni una línea del caso, pero Pombo se guardaba una sorpresa: ocho días después, el informativo matinal le dedicó veinte segundos al final de una crónica. Con esto, consideraba el trabajo hecho. “No hubo silencio ni ocultación”.

“...y ya mañana, en la segunda jornada, en el turno de preguntas al presidente, los grupos de la oposición a buen seguro que aprovecharán esa ocasión para conocer más detalles sobre la situación de una empresa, una pequeña empresa, una bodega de vino que fue multada por no tener en contrato legal a tres trabajadores. ¿La singularidad? Que esa empresa es propiedad de la familia del conselleiro de Emprego”. Así finalizaba el martes 22 de septiembre su crónica el corresponsal parlamentario de la TVG, una crónica en la que, antes, había glosado la nueva ley de Educación Digital o de la comparecencia del conselleiro de Presidencia para hablar del transporte por carretera. La conexión se emitió a las 9:15 de la mañana, en el ecuador del informativo matinal Bos Días.

Aquel día, ninguna de las preguntas de los portavoces de la oposición a Alfonso Rueda trataban sobre la empresa del conselleiro, así que lo sucedido en aquella vendimia ni se mencionó durante una sesión de control centrada en la vivienda y el coste de la vida. Sin embargo, la inclusión con calzador de esa alusión a un caso que una semana antes sí había copado portadas y titulares dio a Pombo la coartada que necesitaba: el asunto, efectivamente, para desesperación de una oposición que no daba crédito a la respuesta, sí se había mencionado en antena.

No faltaron las comparaciones con el seguimiento, “con minuto y resultado” de los casos que acosan al PSOE y al entorno del presidente del Gobierno y que, en los medios públicos gallegos aparecen “hasta en la sopa”. “Pueden discutir la extensión, el momento y el enfoque. Y es legítimo que lo hagan. Lo que no es legítimo es afirmar que no se informó lo más mínimo cuando la información se emitió”, insistió la directora xeral en su turno de réplica, con el convencimiento de quien se ha guardado un as para matar el tres. Hay que reconocer que lo tenía fácil, simplemente, por una cuestion de tiempo.

Seis días después de las preguntas parlamentarias

Nacionalistas y socialistas registraron sus preguntas sobre el tratamiento informativo del escándalo el 16 de septiembre, dos días después de que saliese a la luz y cuando el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, todavía guardaba silencio. No así el conselleiro, José González, quien desde el primer momento salió a responder a las preguntas, desentendiéndose de una empresa con la que dijo haber roto en 2018, cuando entró en el gobierno gallego.

Rodil mostró en la comisión titulares de aquellas jornadas procedentes de una decena de medios, incluidos varios de los editados en Madrid y con línea abiertamente conservadora, “esos con los que abren ustedes [sus informativos]”. En aquellos momentos, tanto la TVG como la Radio Galega guardaban un absoluto silencio. No fue hasta el día 22, cuando la crisis empezaba a apagarse, cuando realizó su única mención, tan desapercibida que, en palabras de Longueira, “no está en el conocimiento del mundo ni de la gente”.

“Cualquier sanción por contratación con irregularidades puede llegar a ser un hecho noticiable, pero no todas trascienden a los medios. En este caso, el hecho de que estuviese vinculada con la familia del conselleiro fue lo que la convirtió en noticiable”, argumentó Pombo, siguiendo la misma línea que la crónica televisiva. “Lo fue, sobre todo, en el ámbito político y parlamentario, y por eso fue ahí donde se trató el tema”.

“Es fascinante. Esta comisión es maravillosa y el mérito es todo suyo”, respondió una incrédula Longueira. “Tiene una capacidad inimaginable para tirar el balón fuera. No sé ni qué decirle”. Un minuto después sí lo supo y fue cuando utilizó el término “impresentable” para dirigirse a Pombo, la misma a la que, apenas unos minutos antes, la presidenta de la comisión, la popular Raquel Arias, se había referido como “profesional independiente de trayectoria intachable” para contraponerla al presidente de RTVE, José Pablo López, “amigo de Pedro Sánchez”.

Para la nacionalista Olalla Rodil, la respuesta de la directora xeral fue, sin embargo, la “mejor prueba” de la intención de la TVG: “tapar la realidad para que los espectadores conozcan la corrupción en Madrid pero que no sepan que a la familia del conselleiro de Emprego lo sancionan por tener trabajando a inmigrantes explotados”.

El comité intercentros de la Corporación de Servicios Audiovisuais de Galicia (CSAG, la antigua CRTVG) llama a la ciudadanía a “reaccionar” ante la “peligrosa deriva” de la TVG y la Radio Galega, que aseguran que se ha acentuado con los cambios introducidos en la programación de esta temporada. Los sindicatos denuncian editoriales de opinión que reproducen el argumentario del PP, falta de pluralidad en las tertulias y privatización de los espacios de entretenimiento. Contra esa dinámica, han vuelto a convocar a las más de cuarenta entidades que, en noviembre de 2022, demandaron en las calles de Compostela “una radiotelevisión pública al servicio del pueblo” para preparar una nueva movilización contra el “panorama desolador” de la corporación.

En un comunicado, el comité concluye que el análisis sobre la temporada otoño-invierno en los medios públicos es “desesperanzadora”, ya que “lejos de recular rente a la sostenida demanda interna contra la manipulación”, la dirección de la CSAG introdujo en el informativo televisivo Bos Días un “aparente espacio de arranque editorial, protagonizado por la periodista María Cheda, en el que en realidad se reproduce cada mañana como pura opinión el argumentario político del PP”, casi siempre “contra la oposición, sea estatal o gallega”.

Esa “utilización partidista” de los medios públicos, “prohibida por los códigos deontológicos periodísticos y la propia ley reguladora de la Corporación” se extiende también al matinal de la radio, el Galicia por diante, con la sección As Claves do día de Luis Ojea y en “todas” las tertulias de la parrilla “donde ya no existe pluralidad de voces”. Achacan esa misma situación, “con total descaro”, en el magazine de la mañana de la TVG, O Termómetro, sustituto del clásico A Revista, cuya privatización provocó una huelga que paralizó en varias ocasiones la antena y que, hasta ahora, estaba presentado y codirigido por Rocío Delgado, uno de los rutilantes fichajes del nuevo canal La Séptima.

Aquellos paros, recuerda el comité, buscaban denunciar que “el objetivo de esa externalización era favorecer la manipulación, como el tiempo vino a demostrar”. “La dirección aprovecha este formato de infoentretenimiento para colocar disimuladamente en la agenda” las “estrategias partidistas del PP”, tanto para combatir a la oposición como para “crear un estado de opinión alineado con la ideología conservadora o ultraconservadora” del partido de Feijóo y Rueda.

“Gracias a la creación, lentamente, de una redacción paralela que controla los espacios informativos y al avance sin freno de la privatización del resto de la programación –en manos de productoras que trabajan al dictadod e la dirección– ya casi no quedan minutos de radiotelevisión pública libres de injerencias”, advierten los sindicatos. Esa privatización está abriendo nuevos huecos en la parrilla de la radio donde, además de mantenerse la “contestado externalización” del programa deportivo nocturno A Penaltis, dos nuevos programas encargados a productoras –Galicia viaxeira y En boa onda– han sustituido al histórico Galicia por diante fin de semana mientras el “emblemático” Diario Cultural quedó “relegado” a sábados y domingos “a la intempestiva hora de siete a ocho de la mañana”.

Mientras, subrayan, ni la televisión ni la radio tienen “previsto” retomar el volumen de retransmisiones de eventos en exteriores “para aprovechar la existencia de unidades móviles y recuperar la presencia en directo en las calles del país. En esa ”estrategia“ de substitución del personal propio, la CSAG está reduciendo el número ”efectivo“ de trabajadores cada año, al dejar sin cobertura las plazas que van quedando vacantas por fallecimientos o jubilaciones. ”Ascienden ya a 110 de un total de 831 y se prevé que sigan aumentando“.

Es por eso que, ante un panorama que definen como “desolador”, el comité intercentros “considera necesaria una nueva reaccion del conjunto de la sociedad para exigir el rescate de la CSAG”. Eso fue lo que se hizo el 6 de noviembre de 2022, cuando más de cuarenta colectivos y organizaciones marcharon juntos por las calles de Santiago para demandar “una radiotelevisión pública al servicio del pueblo”. Casi tres años después, en septiembre de 2025, el rodillo del PP en el Parlamento tumbó la iniciativa legislativa popoular tramitada por esas entidades bajo el lema Liberemos A Galega.

“Es tiempos de volver a salir a las calles para poner el foco sobre el secuestro antidemocrático de los medios públicos. Con ese objetivo, el comité acaba de convocar a las organizaciones integrantes de esa plataforma para trabajar juntas en una nueva movilización que pueda parar la peligrosa deriva de la TVG y de la Radio Galega”, concluye el comunicado.

A estas alturas de la película, en el interior de la M-30 madrileña ya han entendido que Alberto Núñez Feijóo siempre tendrá serias dificultades para hablar, por ejemplo, de narcotráfico. No sin cierto esfuerzo y modorra, la opinión publicada de la capital comprendió que las fotos del líder del PP con el narco Marcial Dorado deberían perseguir de por vida al político gallego. La mochila que Feijóo se llevó a Madrid contiene, sin embargo, más piedras. Algunas lo invalidan para hablar sin sonrojarse de otras cuestiones cruciales en la vida política y social de nuestro país. Una de ellas es, sin duda, la gestión de los medios públicos y la influencia o manipulación informativa que la política ejerce sobre ellos. Las opiniones de Feijóo sobre la materia resultan tan poco válidas como sus disquisiciones sobre náutica o sobre nieve.

Juntemos ambos temas, narcotráfico y medios públicos, para recordar las tres preguntas que la Radio Galega le hizo a Feijóo el día que el diario El País reveló sus años de viajes y excursiones con el célebre narco: “¿Por qué se publican ahora estas fotos?”, “¿Quién está detrás de la filtración?” y “¿Va a demandar?”. Cuesta imaginar a un medio público salir en defensa de un presidente electo al que han pillado embadurnado de crema junto a un contrabandista y traficante de cocaína sin dar por hecho que ese canal no es otra cosa que una antena controlada por el político en cuestión y en la que se ejerce cualquier cosa menos el periodismo.

Esta semana que termina el líder del PP ha cargado con dureza contra Televisión Española para concluir que “es milagroso que un ciudadano que se informa a través de TVE vote a la derecha”. Tras la entrevista de Javier Ruiz a Zapatero, volvió a la carga hablando de “entrevista pactada” y “televisión del Gobierno”. Y es que Feijóo sabe que sus manejos en la Televisión de Galicia, que controló con mano férrea durante años, no están en la agenda madrileña. Casi nadie le afeará la conducta por criticar a su oponente político lo que él mismo hizo durante largos años.

Vaya por delante que la actual TVE tiene un sesgo orientado al progresismo y que periodistas como Ruiz, Cintora o Intxaurrondo no suponen diariamente el mayor desvelo para los miembros del Consejo de Ministros. Otra cosa sería decir que TVE oculta información sobre el Caso Ábalos, el Caso Zapatero o cualquier cuestión informativa que pueda incomodar al ejecutivo. En sus mesas de tertulia siempre existe equilibrio en la representación de opinadores de todas las tendencias políticas, algo que jamás ha sucedido en la Televisión de Galicia, ni con Feijóo ni con Rueda al frente del Gobierno autonómico. Si los representantes del Partido Popular no salen más en la tele es, simplemente, porque no quieren responder a las reiteradas invitaciones que los presentadores realizan hasta el aburrimiento por teléfono y, muchas veces, directamente frente a las cámaras. El problema con TVE es otro: la brillante Silvia Intxaurrondo dejó a Feijóo en ridículo con un arma tan sencilla como un dato constrastado sobre las subidas de las pensiones durante los gobiernos de Rajoy. Bastó con eso para que el líder del PP pusiera a TVE en su lista negra al grito de “penalty, manipulación”.

Para no volver a repetir lo que hemos escrito mil veces sobre la escandalosa situación en la que se encuentra la TVG, sirva una pequeña enumeración de cosas probadas que han sucedido en el canal durante los gobiernos del PP: los trabajadores llevan 427 semanas (casi diez años) protestando contra la manipulación política, se han producido condenas judiciales por represaliar a periodistas, el PP ha impuesto en el Parlamento cambios legales para renovar la cúpula de la compañia de medios públicos sin necesidad de contar con la oposición, las entrevistas/espectáculo alabando tanto a Feijóo como a Alfonso Rueda en programas de variedades se han convertido en marca de la casa...

Durante una visita de Feijóo al exitoso programa Land Rober, se preparó un trono de los siete reinos a imagen y semejanza del que conocimos por la afamada serie Juego de Tronos. Lo pusieron ahí para que Feijóo se sentase, con su cabeza coronada por las espadas de los enemigos vencidos. En otro momento de aquella bochornosa entrevista, el presentador tomó un teléfono para llamar a Punta Cana y contactar con Julio Iglesias, que dejó para la memoria la siguiente frase sobre Feijóo: “Tiene madera para ser campeón de España”.

Ni siquiera Manuel Fraga, en sus años de poder indiscutible al frente de la Xunta, tuvo el descaro de Feijóo sobre los medios públicos. Así quedó de manifiesto en la noche electoral de las autonómicas de 1989. El periodista Xosé Manuel Maseda se acercó al exministro franquista y le espetó: “¿Qué, Don Manuel, cómo va nuestra campaña?”. Fraga, que detectaba el riesgo del halago de un subordinado a la legua, respondió: “Oiga, Maseda, que yo sepa la TVG no se presenta a estas elecciones”.

Pese a todo lo anterior, Alberto Núñez Feijóo ha decidido que tiene derecho a opinar sobre el control de los medios públicos. En realidad, y contra la tesis inicial de este artículo, sí lo tiene: es todo un experto.

El comitè d'empresa d'IB3 ha denunciat públicament el que han considerat un exercici de manipulació de la direcció d'informatius amb relació a la cobertura de la cadena humana a es Trenc i la presència de l'alcaldessa de Campos, Francisca Porquer.

En una publicació a xarxes socials recollida per Europa Press, el comitè assenyala que el text que va aportar l'equip desplaçat al lloc va ser modificat directament per la direcció d'informatius. “És un atac molt greu a la professionalitat dels treballadors”, han assenyalat.

Segons han afegit, la nova versió del text va minimitzar el fet que l'alcaldessa de Campos intentés boicotejar la protesta. A més, han apuntat que als canals digitals només es va informar de les pintades als búnquers que, a més, eren de dies enrere.

“Denunciem que no s'ha deixat oferir una notícia rigorosa amb els fets ocorreguts. Exigim que es deixi treballar els professionals d'IB3 per traslladar la informació de forma fidel”, han conclòs.

El PSIB, per la seva banda, ha denunciat públicament el que ha considerat un nou episodi de manipulació informativa.

La diputada socialista Mercedes Garrido ha traslladat “tota la solidaritat” amb els treballadors d'IB3 i ha criticat que als canals digitals de l'ens només es va informar de les pintades vandàliques als búnquers.

“IB3 és la televisió de tots, no l'estudi personal de Prohens ni la productora del PP”, ha criticat Garrido, que ha reclamat la compareixença del director general d'IB3 al Parlament, perquè doni explicacions sobre el que ha succeït.

El comité de empresa de IB3 ha denunciado públicamente lo que han considerado un ejercicio de manipulación de la dirección de informativos en relación a la cobertura de la cadena humana en es Trenc y la presencia de la alcaldesa de Campos, Francisca Porquer.

En una publicación en redes sociales, el comité señala que el texto que aportó el equipo desplazado al lugar fue modificado directamente por la dirección de informativos. “Es un ataque muy grave a la profesionalidad de los trabajadores”, han señalado.

Según han añadido, la nueva versión del texto minimizó el hecho de que la alcaldesa de Campos intentara boicotear la protesta. Además, han apuntado que en los canales digitales sólo se informó de las pintadas en los búnkers que, además, eran de días atrás.

“Denunciamos que no se ha dejado ofrecer una noticia rigurosa con los hechos ocurridos. Exigimos que se deje trabajar a los profesionales de IB3 para trasladar la información de forma fidedigna”, han concluido.

El PSIB-PSOE, por su parte, ha denunciado públicamente lo que ha considerado un nuevo episodio de manipulación informativa.

La diputada socialista Mercedes Garrido ha trasladado “toda la solidaridad” con los trabajadores de IB3 y ha criticado que en los canales digitales del ente sólo se informó de las pintadas vandálicas en los búnkers.

“IB3 es la televisión de todos, no el plató personal de Prohens ni la productora del PP”, ha criticado Garrido, que ha reclamado la comparecencia del director general de IB3 en el Parlament, para que dé explicaciones sobre lo sucedido.

La Unió de Periodistes Valencians elaboró un informe para analizar cómo había cubierto Canal 9 el accidente de metro de València del 3 de julio de 2006, la mayor tragedia ocurrida en Europa en un tren subterráneo, en la que perdieron la vida 43 personas. Con motivo del vigésimo aniversario que se cumple este viernes, elDiario.es recupera el informe que documentó una de las dimensiones más llamativas del accidente: su cobertura mediática. Las conclusiones fueron demoledoras.

El informe de carácter público elaborado en 2016 y entregado a las Corts Valencianes para la segunda comisión de investigación sobre el accidente concluyó que Canal 9 eludió en todo momento una regla básica del periodismo: buscar diferentes fuentes para poder contrastar los datos y evitar, de esta manera, que una voz interesada diera una visión parcial de los hechos. De esta forma, el ente público abandonó los principios de imparcialidad y objetividad que ordena la Ley de creación de la Radiotelevisión valenciana.

El informe realizado por Cristina Valero y Gonzalo Gayo se extiende hasta 150 páginas dedicadas al análisis de la cobertura del canal público, comparada con los cuatro diarios, en su día, con más difusión de la Comunitat Valenciana: Levante-EMV, Las Provincias, El País y El Mundo. A continuación, los episodios más significativos que recoge el informe:

El día del accidente, el 3 de julio de 2006 –a pesar de que las primeras informaciones apuntaban a que se había producido un siniestro muy grave– no abrieron el informativo con la tragedia, sino con la visita del Papa.

Telecinco interrumpió su programación y conectó en directo desde el lugar de los hechos a las 14:30 horas. Canal 9 no inició su especial informativo hasta las 17 horas, cuatro horas después del siniestro. Durante ese tiempo, no se emitieron imágenes reales ni conexiones en directo, pese a que la televisión autonómica contaba con unidades móviles en la ciudad desplegadas para cubrir la inminente visita del Papa.

Desde el primer momento, la cobertura giró en torno a la versión oficial: adjetivos como “fortuito”, “imprevisible” e “inevitable” se repitieron continuamente en los informativos, en ocasiones en boca de los propios presentadores.

Mientras el resto de medios recogían las críticas de los sindicatos, apuntaban hipótesis sobre las causas o cuestionaban la falta de inversiones, Canal 9 centraba su atención en destacar los equipos de emergencia desplegados y las palabras de consuelo del Rey, el Papa o las autoridades autonómicas. Las voces críticas de la oposición –si es que aparecían– iban siempre acompañadas de un corte del PP acusándola de buscar rédito electoral.

En ningún momento se planteó una tarea informativa objetiva para buscar las causas del siniestro, ni se cuestionó la versión que daba el Gobierno autonómico. Canal 9 quedó así reducido a un altavoz exclusivo al servicio de la versión oficial.

El 7 de julio, el accidente deja de estar en portada en las noticias de Canal 9 para dar paso a la “histórica” visita del Papa a Valencia. El siniestro se aborda desde el punto de vista humano –cómo evolucionan las víctimas hospitalizadas, las ayudas económicas– sin embargo, no hay rastro de la cuestión de la responsabilidad.

El día 9 de julio la única referencia al accidente es cuando el Santo Padre reza por las víctimas. El presentador dice textualmente en uno de los informativos de la jornada: “El Papa se va. El mundo entero se hace eco de la visita. Imágenes para la historia. Éxito de la capacidad organizativa de Valencia. Recopilación de lo que ha sido el fin de semana después de 26 horas en las que se ha mostrado cercano a toda la gente, también ha rezado por las víctimas del accidente. Una despedida llena de sentimiento”. Todavía no había transcurrido ni una semana de uno de los siniestros más dramáticos de la historia de España.

El lunes 10 de julio se cumple una semana de la tragedia y el ente público emite un reportaje que insiste en la versión oficial y en las “mejoras y grandes inversiones” del PP. El reportaje, lejos de tener ningún tipo de motivación investigadora, novedosa o crítica, se reduce a un resumen de todo el contenido emitido en Canal 9 sobre el accidente.

El 11 de julio el informativo se centra en el calor que agobia a principios de julio y la vuelta a la normalidad de las calles de la ciudad después de la visita papal. García Antón declara: “Si sintiera algún tipo de responsabilidad en el tema, hoy no estaría yo aquí”. El rótulo que aporta Canal 9 a las declaraciones es: “Dar la cara”.

El 13 de julio, aunque las cuatro principales cabeceras de la Comunitat Valenciana hablan de la primera movilización por las víctimas, Canal 9 guarda silencio. Frente al ambiente crítico con la gestión del Consell que se lee en buena parte de los diarios, Canal 9 da una visión amable, hablando de las buenas intenciones de la Generalitat.

El 14 de julio, tan solo 11 días después del accidente en el que habían muerto 43 personas, el siniestro apenas ocupa dos minutos en los informativos. Se detecta además una estrategia llamativa: una noticia negativa está rápidamente contrapuesta con alguna positiva, que siempre será la última y, por tanto, la que quedará en la mente del telespectador.

Se cierra la información dando una visión positiva y de consenso entre los implicados. Y esta será la última información que recibirá la audiencia de Canal 9 sobre el accidente del metro, hasta el primer día de la comisión de investigación en las Corts.

De esta forma, apenas una semana y media después del accidente, se produce el primer apagón informativo en Canal 9: durante 13 días, mientras el resto de medios analizados siguen dedicando páginas a la tragedia, el ente público –que según la ley nació con vocación de proporcionar la información más completa y fiable a los valencianos– no emite ni una sola pieza sobre el accidente.

“El semen en verano baja de calidad” es una de las noticias destacadas en el sumario de Canal 9 durante ese período. Ni rastro, en cambio, de los datos sobre el accidente que la prensa escrita sí se estaba encargando de contar.

El 11 de agosto, el accidente aparece casi al final del informativo, con una única conclusión, según el dictamen de la Comisión de Investigación aprobada con los votos del PP: el exceso de velocidad como causa inevitable e imprevisible. Camps cierra la pieza dirigiéndose a las víctimas a las que “recuerdo todos los días”. Una de las escasas declaraciones que hace desde el día del accidente –aunque no recibió a las víctimas ni en ese punto ni en los años posteriores– y Canal 9 no le exige ninguna explicación. Las peticiones de dimisión que publican el resto de medios tampoco tienen cabida.

Un mes con una tragedia desaparecida

Del 12 de agosto al 13 de septiembre, el accidente del metro desaparece de todas las parrillas de Canal 9, de nuevo. La única mención emitida en los informativos es la noticia del parto de una mujer que sufrió el accidente embarazada. Después, no habrá más informaciones sobre el accidente hasta marzo de 2007.

El resto de medios de comunicación publicaron sobre las declaraciones de los familiares en torno al archivo de la causa. Canal 9 no dio la posibilidad de expresarse a las víctimas y a sus familiares. La Asociación de Víctimas del Metro no aparece en los informativos de Canal 9 hasta justo un año después, y no lo hace como asociación, sino como familiares de las víctimas.

El único cambio llega en abril de 2013, con una nueva dirección en Canal 9, cuando por primera vez se escucha la voz de las víctimas. Para el informe, su mera emisión demuestra que durante años determinados testimonios fueron silenciados conscientemente.

El informe concluye que Canal 9 manipuló las informaciones sobre el accidente: “Distorsionó y ocultó datos, relegó la tragedia a segundos residuales y excluyó sistemáticamente a las víctimas y las voces críticas. La Ley de Radiotelevisión valenciana obliga al ente público a facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política y social, pero en el caso del metro solo una versión tuvo derecho a ser expuesta. Los hechos, concluyen los autores, son demasiado graves y evidentes para atribuirlos a la ignorancia”.

La Unió de Periodistes Valencians va elaborar un informe per analitzar com havia cobert Canal 9 l'accident de metro de València del 3 de juliol de 2006, la major tragèdia ocorreguda a Europa en un tren subterrani, en què van perdre la vida 43 persones. Amb motiu del vinté aniversari que es compleix aquest divendres, elDiario.es recupera l'informe que va documentar una de les dimensions més cridaneres de l'accident: la seua cobertura mediàtica. Les conclusions van ser demolidores.

L'informe, de caràcter públic, elaborat el 2016 i lliurat a les Corts Valencianes per a la segona comissió d'investigació sobre l'accident, va concloure que Canal 9 va eludir en tot moment una regla bàsica del periodisme: buscar diferents fonts per a poder contrastar les dades i evitar, d'aquesta manera, que una veu interessada donara una visió parcial dels fets. D'aquesta manera, l'ens públic va abandonar els principis d'imparcialitat i objectivitat que estableix la Llei de creació de Radiotelevisió Valenciana.

L'informe elaborat per Cristina Valero i Gonzalo Gayo s'estén fins a 150 pàgines dedicades a l'anàlisi de la cobertura del canal públic, comparada amb els quatre diaris que, en el seu dia, tenien més difusió a la Comunitat Valenciana: Levante-EMV, Las Provincias, El País i El Mundo. A continuació, els episodis més significatius que recull l'informe:

El dia de l'accident, el 3 de juliol de 2006, tot i que les primeres informacions apuntaven que s'havia produït un sinistre molt greu, no van obrir l'informatiu amb la tragèdia, sinó amb la visita del papa.

Telecinco va interrompre la seua programació i va connectar en directe des del lloc dels fets a les 14.30 hores. Canal 9 no va iniciar el seu especial informatiu fins a les 17 hores, quatre hores després del sinistre. Durant aquest temps, no es van emetre imatges reals ni connexions en directe, tot i que la televisió autonòmica comptava amb unitats mòbils desplegades a la ciutat per a cobrir la imminent visita del papa.

Des del primer moment, la cobertura va girar entorn de la versió oficial: adjectius com “fortuït”, “imprevisible” i “inevitable” es van repetir contínuament als informatius, a vegades en boca dels mateixos presentadors.

Mentre la resta de mitjans recollien les crítiques dels sindicats, apuntaven hipòtesis sobre les causes o qüestionaven la falta d'inversions, Canal 9 centrava la seua atenció a destacar els equips d'emergència desplegats i les paraules de consol del rei, el papa o les autoritats autonòmiques. Les veus crítiques de l'oposició, si és que apareixien, anaven sempre acompanyades d'un tall del PP acusant-la de buscar rèdit electoral.

En cap moment es va plantejar una tasca informativa objectiva per a buscar les causes del sinistre, ni es va qüestionar la versió que donava el Govern autonòmic. Canal 9 va quedar així reduït a un altaveu exclusiu al servei de la versió oficial.

El 7 de juliol, l'accident deixa d'estar en portada en les notícies de Canal 9 per donar pas a la “històrica” visita del papa a València. El sinistre s'aborda des del punt de vista humà, com evolucionen les víctimes hospitalitzades i les ajudes econòmiques. Tanmateix, no hi ha rastre de la qüestió de la responsabilitat.

El dia 9 de juliol l'única referència a l'accident és quan el Sant Pare resa per les víctimes. El presentador diu textualment en un dels informatius de la jornada: “El Papa marxa. El món sencer es fa ressò de la visita. Imatges per a la història. Èxit de la capacitat organitzativa de València. Recopilació del que ha estat el cap de setmana després de 26 hores en què s'ha mostrat pròxim a tota la gent, també ha resat per les víctimes de l'accident. Un comiat ple de sentiment”. Encara no havia transcorregut ni una setmana d'un dels sinistres més dramàtics de la història d'Espanya.

El dilluns 10 de juliol fa una setmana de la tragèdia i l'ens públic emet un reportatge que insisteix en la versió oficial i en les “millores i grans inversions” del PP. El reportatge, lluny de tindre cap mena de motivació investigadora, innovadora o crítica, es redueix a un resum de tot el contingut emés a Canal 9 sobre l'accident.

L'11 de juliol l'informatiu se centra en la calor que angoixa a principis de juliol i la tornada a la normalitat dels carrers de la ciutat després de la visita papal. García Antón declara: “Si sentira algun tipus de responsabilitat en aquest tema, hui no hi estaria ací”. El rètol que aporta Canal 9 a les declaracions és: “Donar la cara”.

El 13 de juliol, malgrat que les quatre principals capçaleres de la Comunitat Valenciana parlen de la primera mobilització per les víctimes, Canal 9 guarda silenci. Davant l'ambient crític amb la gestió del Consell que es llig en bona part dels diaris, Canal 9 dona una visió amable, parlant de les bones intencions de la Generalitat.

El 14 de juliol, tan sols 11 dies després de l'accident en què havien mort 43 persones, el sinistre ocupa dos minuts als informatius. Es detecta, a més, una estratègia cridanera: una notícia negativa està ràpidament contraposada amb alguna de positiva, que sempre serà la darrera i, per tant, la que quedarà en la ment del teleespectador.

Es tanca la informació donant una visió positiva i de consens entre els implicats. I aquesta serà l'última informació que rebrà l'audiència de Canal 9 sobre l'accident del metro, fins al primer dia de la comissió d'investigació a les Corts.

D'aquesta manera, a penes una setmana i mitja després de l'accident, es produeix la primera apagada informativa a Canal 9: durant 13 dies, mentre la resta de mitjans analitzats continuen dedicant pàgines a la tragèdia, l'ens públic, que segons la llei va nàixer amb vocació de proporcionar la informació més completa i fiable als valencians, no emet ni una sola peça sobre l'accident.

“El semen a l'estiu baixa de qualitat” és una de les notícies destacades en el sumari de Canal 9 durant aquell període. Ni rastre, en canvi, de les dades sobre l'accident que la premsa escrita sí que s'estava encarregant de contar.

L'11 d'agost, l'accident apareix quasi al final de l'informatiu, amb una única conclusió, segons el dictamen de la comissió d'investigació aprovada amb els vots del PP: l'excés de velocitat com a causa inevitable i imprevisible. Camps tanca la peça dirigint-se a les víctimes, a les quals “recorde cada dia”. Una de les escasses declaracions que fa des del dia de l'accident, encara que no va rebre les víctimes ni aquell dia ni els anys posteriors, i Canal 9 no li exigeix cap explicació. Les peticions de dimissió que publiquen la resta de mitjans tampoc tenen cabuda.

Un mes amb una tragèdia desapareguda

Del 12 d'agost al 13 de setembre, l'accident del metro desapareix de totes les graelles de Canal 9, de nou. L'única menció emesa als informatius és la notícia del part d'una dona que va patir l'accident embarassada. Després, no hi haurà més informacions sobre l'accident fins al març de 2007.

La resta de mitjans de comunicació publiquen les declaracions dels familiars arran de l'arxivament de la causa. Canal 9 no va donar la possibilitat d'expressar-se a les víctimes i als seus familiars. L'Associació de Víctimes del Metro no apareix als informatius de Canal 9 fins just un any després, i no ho fa com a associació, sinó com a familiars de les víctimes.

L'únic canvi arriba l'abril de 2013, amb una nova direcció a Canal 9, quan per primera vegada se sent la veu de les víctimes. Per a l'informe, la mera emissió d'aquests testimonis demostra que durant anys van ser silenciats conscientment.

L'informe conclou que Canal 9 va manipular les informacions sobre l'accident: “Va distorsionar i va ocultar dades, va relegar la tragèdia a segons residuals i va excloure sistemàticament les víctimes i les veus crítiques. La Llei de Radiotelevisió Valenciana obliga l'ens públic a facilitar la participació de tots els ciutadans en la vida política i social, però en el cas del metro només una versió va tindre dret a ser exposada. Els fets conclouen els autors, són massa greus i evidents per atribuir-los a la ignorància”.

La Televisión de Galicia (TVG) cerró el mes de marzo con una audiencia media del 7,5% de share, el segundo peor dato de su historia, sólo por delante del 7,2% obtenido en junio de 2024. El canal gallego perdió seis decimas de cuota de pantalla y sigue cayendo en el ranking de la FORTA, la federación de televisiones autonómicas, donde ahora ocupa el sexto lugar. La líder del grupo, TV3, la dobla en porcentaje de espectadores (15,3%).

En conjunto, según los datos de Kantar Media elaborados por la consultora Dos30', los canales de la FORTA perdieron medio punto durante el tercer mes del año. En el furgón de cabeza, sólo la televisión canaria mejora los datos de febrero (0,7%). Canal Sur llega a desplomarse casi dos puntos pero, aún así, continúa comodamente por encima de TVG con su 8,7% de share.

Incluso en este escenario negativo, TV3 firmó su mejor marzo desde 2020 y Aragón TV, segunda en el ranking, el de toda su historia con un 12,1%. ETB cierra el top 3 con un 9,6% que no alcanzaba desde 2021 mientras que la subida de TV Canaria hasta el 8.9% le deja su mejor registro en este período en tres lustros.

De San Marcos a San Caetano

La caída de audiencia se ha convertido en la mayor preocupación en los despachos de San Marcos, la sede de la TVG, y ha llegado incluso hasta San Caetano, el edificio de la Xunta. Tras los datos de octubre –un 7,7% y caída hasta el quinto lugar de la FORTA–, el presidente gallego, Alfonso Rueda, envió un recado a la nueva cúpula, elegida en solitario por el PP el pasado verano tras un cambio exprés en la ley: “Es la televisión de todos los gallegos y es bueno que tenga buenos datos de audiencia”. De momento, los cambios en la parrilla siguen sin dar sus frutos y se viven situaciones tan pintorescas como las del pasado domingo, cuando la emisión de la misa fue el espacio con mejor share de la jornada y líder de su franja.

Mientras, el discurso oficial se esfuerza en negar a la mayor. La cadena se agarra una y otra vez a los datos del EGM –donde aparece recurrentemente como el canal más visto en Galicia– y a los “millones” de impactos en redes sociales de sus vídeos, un contenido en el que han venido apostando por el humor grueso y los dobles sentidos con carga sexual.

La oposición, por su parte, siempre que tiene ocasión –la última vez, este martes, en la comisión de control parlamentario–le recuerda a la directora xeral, Concepción Pombo, que primero como responsable de unos informativos más que cuestionados y ahora como máxima autoridad de la corporación, está llevando a la TVG a la “irrelevancia”. Por su parte, el colectivo de trabajadores Defende a Galega –con más de 400 venres negros a sus espaldas– advertía en la red X: “La Televisión de Galicia se está acostumbrando peligrosamente a tocar fondo una y otra vez”.

“No me siento cómoda”. La directora xeral de la CSAG (antigua CRTVG), Concepción Pombo, se refugió en la “discreción” para no valorar las preguntas de la oposición sobre la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que condenó a la corporación por vulnerar los derechos fundamentales de una periodista como represalia a su participación en los venres negros, las movilizaciones que desde hace más de 400 semanas reclaman el fin de la manipulación informativa en los medios públicos gallegos.

La “gravedad” de la sentencia motivó que BNG y PSdeG introdujeran sendas cuestiones para Pombo en la comisión de control parlamentaria. “Como hablamos de la salud de una trabajadora, de derechos fudamentales y de represalias, creo que esta no es una comisión más”, afirmó la socialista Carmen Dacosta, quien pretendía que la directora xeral contestase a sus interrogantes y no se limitase, como suele hacer, a leer los folios que traía escritos. No lo consiguió.

Antes, la nacionalista Mercedes Queixas, había sintetizado el fondo de la resolución judicial: “Deja claro que en los medios públicos gallegos se represalia, se arrincona, se trata de degradar y de humillar a quien osa levantar la voz contra el uso espúreo y manipulador” de una corporación “teledirigida desde el Consello de la Xunta”.

La periodista Mónica Rosas fue enviada a la Radio Galega tras más de veinte años en la TVG en un movimiento que implicó a otros tres trabajadores; dos –Alberto Ordóñez y Nuria López–, también significados en los venres negros mientras que al tercero, David Fernández, le dijeron que era un “daño colateral”. En primera instancia, los tres casos fueron rechazados porque las juezas no consideraron que se hubiese producido una modificación sustancial de sus puestos de trabajo y, por tanto, no entraron al fondo de la cuestión: si se había producido o no la vulneración de derechos.

Tras archivar el de Ordóñez, el TSXG ha dado ahora la razón a Rosas. Queixas recordó que esta es la tercera sentencia en el mismo sentido contra la CSAG, tras la del periodista Carlos Jiménez –a quien se trató de represaliar con un expediente injustificado– y la del productor al que se cambió de turno para impedirle participar en la huelga de otoño de 2024. “¿Qué mensaje se le envía a la sociedad gallega cuando se castiga a los profesionales como si se tratase de una escuela del franquismo?”, preguntó.

“Estamos ante una forma de actuar escandalosa, indignante, vergonzosa e ilegal” ante la que la dirección “tiene que bajar la cabeza”, argumentó en su turno Dacosta, antes de añadir: “No me gustaría estar en su lugar”.

“Solamente 32 sentencias desfavorables”

En esta ocasión, a Pombo tampoco parecía gustarle. En su primera respuesta, dejó claro que no se sentía cómoda con la situación: “Hablamos de trabajadoras concretas, con derechos, con trayectorias profesionales y con procesos judiciales en curso que estoy segura de que les resultan ásperos y de que les fueron difíciles de presentar y de llevar adelante”. Por un momento, parecía que no fuese ella la representante de la parte demandada.

Aún así, como sucedió en el juicio, trató de incluir los cuatro traslados forzosos dentro de una “cuestión organizativa general” que afectó a más de 90 trabajadores –“con y sin participación en causas reivindicativas de distinta naturaleza”– y que considera respaldada “mayoritariamente” por la justicia porque, de las 279 causas juzgadas entre 2023 y marzo de 2026, “solamente” habían recibido 32 sentencias desfavorables.

En su aleccionamiento a la oposición, Pombo trató de “introducir claridad” ante las referencias a los derechos fundamentales “que usaron como sinónimo de constitucionales”. Para ella, bajo este término “lo que realmente se analiza son cuestiones organizativas ordinarias”, como cambios de turno o de horario. Eso sí, en lo que sonó a un alarde de generosidad, afirmó: “Aceptamos el derecho de los trabajadores a pedir la tutela judicial cuando lo consideren oportuno”. 

Como había anticipado la CSAG, la directora xeral ratificó que recurrirán la sentencia ante el Tribunal Supremo, con el objetivo, según dijo, “de obtener una interpretación unificada con las otras sentencias que sí fueron favorables”.

En su réplica, Queixas y Dacosta demostraron que no habían comprado su supuesta discreción. “”Es un fraude que esquive su responsabilidad en esta tema“, asevero la primera tras inquirir: ”Si no está cómoda, ¿será por que se siente responsable?“. ”Menos cómoda se encontraba la trabajadora a la que vulneraron sus derechos fundamentales como represalia“, apostilló la diputada del PSdeG.

La parlamentaria del BNG preguntó a Pombo si pensaba “persistir en esa infamia”. “Lo que le está diciendo la sentencia es que los medios públicos no son su cortijo particular”.

“La vulneración de derechos y el maltrato laboral son características que definen a los autócratas”, añadió Dacosta, quien recordó a Pombo su “obligación” de contestar a las preguntas de la oposición. “Actúa como si nosotros fuésemos trabajadores de la CSAG, pero nosotros estamos protegidas y ellos, no”. “Está dando a entender que van a seguir haciendo lo mismo”, concluyó antes de finalizar, aprovechando las fechas, para recomendarle –no sin un punto de ironía–, a falta de otra cosa, un “acto de contrición”.

Con las audiencias en mínimos históricos, más de 400 semanas de protestas de los trabajadores por la manipulación informativa a favor del Partido Popular e inmersa de decenas de conflictos laborales, la situación de la CRTVG (ahora Corporación de Servizos Audiovisuais de Galicia) llegará a Europa. El eurodiputado del PSdeG Nicolás González Casares llevará el caso al Parlamento y la Comisión europeos. “Queremos que Bruselas analice si la nueva ley de medios públicos [aprobada en solitario por la derecha] garantiza realmente la independencia y el pluralismo informativo”, declaró Casares en rueda de prensa.

Lo acompañó la diputada socialista autonómica Silvia Longueira. “Desde 2009, la corporación de medios públicos acumula 450 procesos laborales perdidos en los tribunales”, aseguró. La última de estas sentencias, conocida el pasado sábado, la condena por vulnerar derechos de los trabajadores y castigar a los que participan en los llamados Venres Negros contra la manipulación. “Esta cifra evidencia años de conflicto entra la dirección y su personal”, resumió Longueira. Además, supone un coste considerable: 60 millones de euros de dinero público.

La parlamentaria ha recordado que la audiencia de la Televisión de Galicia, buque insignia de la CSAG, cayó hasta el 8,4%, el peor dato de la historia del canal. Lo comparó con el 13 o 14% de la etapa del Gobierno bipartito (2005-2009). “No estamos solo ante un conflicto laboral. Estamos ante un problema democrático”, advirtió. “Ante la falta de respuestas en el Parlamento gallego, los socialistas hemos decidido dar un paso más y llevar este debate también al ámbito europeo”, concluyó.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha condenado a la CSAG (antigua CRTVG) por vulnerar los derechos fundamentales de una periodista a la que cambió de puesto como represalia por su participación en los Venres Negros, las movilizaciones semanales que denuncian la manipulación informativa de los medios públicos gallegos. Otros tres trabajadores habían denunciado el miso trato.

La sentencia, ante la que sólo cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo, revoca la emitida por el Juzgado de lo Social número 1 de Santiago en 2023. La jueza consideró entonces que los cambios de los redactores –entre la TVG, la Radio Galega y la página web– no supusieron una modificación sustancial de las condiciones de trabajo. Por eso, consideró que no cabía “entrar a valorar la vulneración de derechos fundamentales”, algo que ahora sí ha hecho el alto tribunal gallego, que ordena a la CSAG reponer a la trabajadora en su puesto e indemnizarla con 7.501 euros por daños y perjuicios morales.

La sala considera que se vulneró la grantía de indemnidad, el derecho que impide que la empresa tome represalias contra un trabajador por participar en actividades sindicales o reivindicativas.

No es la primera vez que la corporación de medios públicos gallegos es condenada por represalias. En 2021, el mismo juzgado compostelano anuló un expediente al periodista Carlos Jiménez porque consideraba que existían “indicios acreditados de modo objetivo” para “inferir” la relación directa “con su actividad judicial y con la manifestación de su discrepancia periodística respecto a la política informativa de la corporación”. Y respondía entonces a la CRTVG: “no puede excluirse de modo indubitado el propósito de represalia en su actuación sancionadora contra el trabajador”.

“Un antes y un después” según el comité

“Supone el reconocimiento explícito de que en la CSAG hay acoso y represalias por intentar tener otros medios públicos”. Para la presidenta del comité intercentros, Raquel Lema, esta sentencia marcará “un antes y un después en la CSAG, en la profesión y en todas las empresas periodísticas”. A la espera de que la ratifique el Tribunal Supremo, entiende que “amplía lo que se conocía como garantía por indemnidad” ya no sólo ante reclamaciones de ámbito laboral, sino también por cuestiones más “abstractas” como protestar contra la manipulación informativa.

El Consejo de Informativos de À Punt denuncia que el director de Informativos, Josep Magraner, no se ha reunido con ellos desde hace dos meses, lo que consideran que es un “incumplimiento flagrante” del reglamento interno, que “obliga a convocar al menos una reunión mensual para tratar posibles quejas o denuncias”: “¿Se esconde?”, se preguntan. Los representantes de los trabajadores recuerdan que la gestión de Magraner fue rechazada en una consulta convocada hace unas semanas, a lo que “reaccionó difundiendo falsedades y tergiversaciones”.

El Consejo de Informativos lamenta que al no reunirse con Magraner, no le han podido trasladar cuestiones como que durante el fin de semana “no se haya dicho absolutamente nada sobre la concejala del PP que insultó el 1 de febrero a Pedro Sánchez en un mitin en Teruel”. “Estos hechos sucedieron a las 13 horas del domingo y no nos enteramos hasta las 18.30 horas, pero este lunes a mediodía hemos sacado un vídeo en el que ha hablado la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, y esta noche emitimos otra pieza en la que interviene la secretaria general del PSPV y ministra Diana Morant”, apunta el responsable de Informativos.

El Consejo de Informativos denuncia que no se haya hecho seguimiento durante el fin de semana del “escándalo” sobre las viviendas protegidas en Alicante, acusación a la que responde Magraner explicando que la noticia se produjo el jueves y se trató ese mismo día y el viernes, incluyendo una apertura con la dimisión de la concejala implicada: “No hacemos seguimiento el fin de semana porque somos una televisión, no un periódico; si hubiera habido convocatorias sobre este tema el fin de semana, se hubieran hecho vídeos”.

Otra de las denuncias se refiere a que no se cubrió, “a pesar de tener un equipo 'in situ' de la protesta (con carbón) de las asociaciones de víctimas de la dana ante las Corts”, a lo que Magraner indica que sí que se dio en el informativo de la noche, “aunque no teníamos un cámara allí”. El responsable de informativos considera que el Consejo de Informativos “debería medir mejor sus denuncias; sí que informamos, pero igual no lo ven bien”.

El Consejo, sostiene, “luchará, con los medios a su alcance, contra cualquier intento de desactivarlo o reducirlo a un simple órgano decorativo”, e insisten: “Respondemos ante una redacción que nos dio su apoyo y confianza ante una ley y un reglamento que, aunque no son perfectos, obligan a todos los estamentos de la empresa a respetar unos principios de honestidad y profesionalidad que siempre defenderemos”.

Petición de amparo

El jefe de Informativos de À Punt solicitó amparo ante el Consejo de Administración de la Corporación Audiovisual de la Comunitat Valenciana (CACVSA) ante lo que consideró dos reuniones “inasumibles” con los representantes del consejo de informativos de la radio televisión pública valenciana.

Magraner explica que desde diciembre está a la espera de respuesta del consejo de administración, “lo que digan, haré”, al tiempo que denuncia la actitud de los representantes de los trabajadores, a quienes acusa de “mentir” e “intimidar”, y la respuesta, según explican desde el consejo de Informativos, fue abrir un período de consultas para la reforma del reglamento y ampliar a seis meses el plazo entre reuniones.

El Consejo de Informativos considera que, a pesar de que la negociación está abierta, estos cambios “no mejorarían en absoluto la operatividad del Consejo”, y creen que, por el contrario, se trata más de un intento de “proteger” al director de Informativos de las reuniones para hablar de las quejas de la redacción o de los “casos de manipulación”.

“La situación es insostenible, y yo he reconocido algunos errores; ellos, no”, concluye el responsable de informativos.

Defende a Galega ha llegado a su venres negro número 401 reivindicando el fin de la manipulación informativa en la corporación de medios públicos gallegos, la CSAG –antigua CRTVG–. En esta ocasión, el mensaje escogido para las redes sociales se centra en pedir “respeto y dignidad” para el personal de la casa, “nuestra tarea pendiente”. Y lo han hecho homenajeando a la periodista Mabel Montes, uno de los rostros visibles del colectivo, fallecida este lunes a los 50 años de edad.

“Un día te cambian de departamento; otro, prescinden de tu trabajo. Te van descartando hasta invisibilizarte profesionalmente. Así le sucede a buena parte de la plantilla”. Esa realidad que Montes vivió en sus propias carnes fue la que tuiteó hace un año, en enero de 2025, compartiendo una noticia sobre la causa por acoso laboral contra el que era director xeral de CRTVG, Alfonso Sánchez Izquierdo, y parte de su cúpula. El caso quedó finalmente archivado.

Ese post de Montes, retuiteado tras su fallecimiento por algunos de sus compañeros, es el que Defende a Galega ha elegido para sus redes sociales en este viernes. Un texto que finalizan con un recuerdo: “No te olvidamos”.

Mabel Montes falleció este martes, víctima de un cáncer de páncreas. Vinculada a TVG desde 1997, hizo carrera en los informativos hasta que fue destinada a los servicios meteorológicos. De allí, fue enviada a la radio donde –tras pasar varios meses casi “de brazos cruzados”– le asignaron el programa Atmosféricos, retirado tras sólo una temporada aduciendo baja audiencia. El espacio recibió, después de su desaparición, uno de los Premios Prisma de los Museos Científicos Coruñeses.

Al informar de su muerte, la CSAG la recordaba como una periodista “comprometida con su profesión, con una clara vocación por la rigurosidad y por la verdad”. Defende a Galega, ya anunciaba entonces que “el compromiso y la independencia” sería, para ellos, el “legado” de Mabel.

Como se esperaba, el PP gallego convirtió la última comisión de control del año a la CSAG –la corporación de medios públicos de Galicia, la antigua CRTVG– en una sesión de ataque al Gobierno central, a RTVE y su máximo responsable, José Pablo López, como “brazo mediático del sanchismo”. La exconselleira Carmen Pomar dibujó un canal estatal “convertido en un NODO monográfico al servicio del Aló presidente” mientras se esforzaba en vender a TVG –donde los trabajadores cumplen hoy su venres negro número 396– como ejemplo de “periodismo y libertad de información”. Todo a cuenta de una audiencia en descenso, algo de lo que los populares culpan a los audímetros, mientras el BNG está convencido de que los espectadores huyen ante la “obscena” manipulación de las noticias, que ejemplificaron con varios casos concretos a los que la directora xeral de la CSAG, Concepción Pombo, evitó contestar y se limitó a leer la respuesta que traía preparada.

La pregunta del PP se interesaba por las “medidas adoptadas por la CSAG para garantizar la fiabilidad y transparencia de la información de audiencia que recibe” y en su argumentación, como adelantó elDiario.es, citaba los argumentos –sin base– de la campaña iniciada por la derecha política y mediática desde que TVE comenzó a crecer en espectadores el pasado octubre: que el sistema de medición de la empresa Kantar Media “en los últimos meses, parece favorecer á Televisión Española”.

Un ataque que provocó entonces la indignación de José Pablo López, que se preguntaba en un post en la red X: “¿De quién es la culpa de que Televisión de Galicia caiga de audiencia y cierre su peor año histórico? Por supuesto de TVE y del 'sanchismo' que ahora controlan los audímetros”. “Jamás, en 20 años de profesión, había visto semejante campaña de descrédito contra el trabajo que hacemos en la televisión pública y de presión sobre Kantar Media”, añadía tras citar los datos de audiencia de Galicia en noviembre, donde La 1 alcanzó un 11,4% de share mientras TVG se quedaba en el 8%.

Sin embargo, en su intervención en la comisión, Pomar evitó esa referencia explícita y trató de hacer ver que el “furibundo” ataque con el que López –defendiendo a su “amado líder”– pretendía “censurar a los diputados gallegos” estaba provocado por su petición de “claridad y transparencia” a Kantar Media y no por su arremetida contra RTVE. Una “transparencia más importante que nunca”, según la diputada, ante el “esperpéntico espectáculo de deterioro de las instituciones colonizadas por amigos” de Sánchez entre los que citó al CIS –“un chiste, un meme”–, el fiscal general, la presidenta del Congreso y la terna Koldo, Ábalos, Cerdán.

Para la que fue breve conselleira de Educación de Feijóo, a esa “colonización” no se escapa RTVE, que cada día dedica “16 horas al servicio del sanchismo” en una parrilla convertida en un “NODO monográfico al servicio del Aló Presidente”, que “censura medios, impide preguntas y veta a los periodistas que considera incómodos”. En este último caso, es posible que Pomar se estuviese refiriendo a Vito Quiles, definido en un Telexornal de TVG como un “activista crítico contra la izquierda”.

#propaganda #partidopopular

El dechado de bondades que es TVG para los populares se quebró en añicos en el turno del BNG. La diputada Olalla Rodil –que preguntaba por la “hoja de ruta” de la CSAG para los próximos años– señaló como culpable de la fuga de espectadores a la “degradación” de una cadena convertida en “terminal de propaganda” del PP. “Cada vez más gente está viendo que no refleja la realidad, por eso la están apagando y cambiando de canal”.

Rodil puso sobre la mesa varios casos concretos de esa deriva “obscena”. El primero, el borrado de las redes y de la web de informativos de TVG, G24, de la noticia en la que se informaba de que el BNG “lograba desbloquear la tramitación de la ley para la transferencia de la AP-9 a Galicia”. La razón, “que no se ajustaba al argumentario”. Después, contrapuso el intenso seguimiento de todos los casos de corrupción que “asfixian” al PSOE y al gobierno en Madrid con que no se dedicase ni una sola información a los 30.000 euros fundidos en chupitos, cervezas y copas por el exalcalde popular de Noia, una noticia que desveló elDiario.es.

La parlamentaria denunció el mismo contraste entre la amplia información sobre las denuncias de acoso contra el socialista José Tomé –hasta el punto de interrumpir la programación para emitir en directo la rueda de prensa en la que anunciaba su dimisión como presidente de la Deputación de Lugo– con el tratamiento de la causa contra el exconselleiro Alfonso Villares, que dejó el cargo tras ser imputado formalmente por agresión sexual.

La comparecencia de Villares no se emitió en directo, la información se limitó al Telexornal de esa noche, que al día siguiente abría ya con la toma de posesión de su sustituta. “No sé, Rick...” ironizaba Rodil que todavía fue más cáustica al denunciar las noticias que empezaban como una información de servicio público para acabar convertidas “en un anuncio del PP”. “Saben que cambió la Ley de Publicidad para que las influencers tengan que poner #publi cuando es contenido patrocinado; yo quiero que al PP se le aplique en la TVG: #partidopopular #propaganda por un respeto a la verdad”. “¿Tienen algún límite o van a seguir arrastrándola por el suelo?”, finalizó apremiada por el presidente de la comisión.

Las “desviaciones” de Kantar Media

Pombo, que poco antes había respondido contrariada a la socialista Carmen Dacosta, quien la acusaba de traer su réplica preparada con independencia de lo que le dijesen en la comisión, tampoco contestó a ninguna de las situaciones que le planteó la nacionalista. Se limitó a contestar “en concreto, a la que está en la orden del día”, y así desglosó sus planes de futuro para la CSAG.

Previamente sí había contado a Pomar cuáles eran las “anomalías, desviaciones o penalizaciones” detectadas en los dos últimos años en las mediciones de Kantar Media. Según la directora xeral, en 2024, el año de peor audiencia histórica de TVG –en el que registró una caída del 11% al 8,6% de share– CRTVG impuso penalizaciones a Kantar por sus “incumplimientos” en once de los doce meses del año. La peor situación se vivió en marzo, con “desviaciones” en 30 de sus 31 días y una caída de audiencia de 1,5 puntos en ese período.

En este 2025 a punto de finalizar –y en el que, pese al repunte registrado en diciembre, la audiencia anual se moverá en registros muy similares a 2024–, las penalizaciones afectaron a sólo dos meses: enero y octubre, cuando se registró la “mayor oscilación”, con anomalías el 25% de los días del mes y una caída del 9% al 7,7% de share. Fue tras ese dato que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, dio un toque de atención a la cúpula que se estrenó en verano. “Es la televisión de todos los gallegos y es bueno que tenga buenos datos de audiencia”.

En su pregunta, Pomar cumplía otra tradición: esgrimir los datos del Estudio General de Medios (EGM), tradicionalmente muy favorables a TVG y que en esta última oleada la volvieron a situar como la autonómica más vista del Estado y líder en la comunidad, con un 19,6% de cuota de pantalla de lunes a viernes, cinco puntos por encima de La 1 y con franjas del 27,8% en la sobremesa o el 15,1% en el prime time. Lo que obvió en su intervención fue que, incluso estas cifras prácticamente hegemónicas, recogen una sensible caída en la audiencia de la TVG, de casi diez puntos, con respecto a la anterior oleada, la de julio, cuando aglutinaba el 27,1% de los espectadores, su máximo histórico. Aún así, para la diputada, estas cifras hacían todavía más necesaria su pregunta sobre los audímetros.

“No me quedó claro si Kantar Media es sanchista también cuando dice que el Galicia Noticias lidera su franja horaria”, observó con retranca Rodil antes de recordar que la empresa “lleva 30 años siendo el medidor de audiencias oficial y el único válido, por ejemplo, para la Xunta de Galicia, cuando hace sus licitaciones de contratos marco e inserciones publicitarias”. Por eso la postura de los populares le transmitía toda una “disonancia cognitiva”.

La mejora continua de la inteligencia artificial ha alcanzado un punto en el que sus imágenes pueden resultar casi indistinguibles de las reales. Esta capacidad genera escenas creíbles que engañan incluso a usuarios experimentados en redes sociales. Las recreaciones de paisajes o eventos inexistentes circulan con facilidad y crean falsas expectativas. El caso del supuesto mercadillo navideño frente al Palacio de Buckingham es uno de los ejemplos más claros de cómo una representación digital bien construida puede inducir a error a miles de personas.

La decepción de los visitantes se convirtió en noticia en los principales medios británicos

La herramienta de detección Hive identificó en este episodio la presencia de contenido generado por IA con una probabilidad del 96,1%. El análisis se aplicó a una publicación de Instagram que mostraba un conjunto de cinco imágenes de un mercadillo frente al edificio real. Todas resultaron falsas y fabricadas digitalmente. Este hallazgo confirmó que el supuesto mercado nunca existió, a pesar del realismo de las escenas y la coherencia de los detalles luminosos y arquitectónicos.

El texto sobreimpreso en las imágenes decía literalmente “Buckingham Palace christmas market. 14 Nov- 5 Jan”. La frase acompañaba a un montaje de puestos navideños y decoraciones invernales que parecían situados justo ante las verjas del palacio. Los vídeos y fotografías se difundieron en Instagram y TikTok durante semanas, presentándose como una novedad festiva en la residencia de la familia real británica.

Los principales periódicos británicos se hicieron eco de la decepción de los visitantes que acudieron y se encontraron con que estaba vacío. The Guardian, The Telegraph, The Independent y The Mirror publicaron artículos sobre los grupos de personas que se acercaron al lugar esperando encontrar luces, árboles y música navideña.

Según estos medios, las aglomeraciones se concentraron frente a las verjas del edificio, donde los turistas desconcertados trataban de localizar el supuesto mercado, aunque sin ningún éxito. El resultado fue una concentración de curiosos ante un espacio que permanecía sin ninguna decoración adicional.

Las verificaciones posteriores confirmaron la inexistencia de cualquier evento de ese tipo. VerificaRTVE explicó que Buckingham Palace no acoge un mercadillo de Navidad y que las publicaciones difundidas, como se intuía, se basaban íntegramente en imágenes generadas digitalmente. El uso de herramientas de análisis permitió distinguir los trazos sintéticos y la uniformidad de los elementos, características propias de la inteligencia artificial.

Una coincidencia de fechas reforzó la confusión entre lo real y lo que no

La confusión se agravó porque, según AFP, el Palacio sí había inaugurado una tienda temporal de regalos navideños gestionada por la Royal Collection Trust. Esa tienda abre sus puertas del 14 de noviembre al 5 de enero, las mismas fechas que aparecían en las imágenes falsas. La coincidencia reforzó la credibilidad de las publicaciones y llevó a que muchos visitantes asumieran que el mercadillo era auténtico.

Entre las imágenes analizadas, al menos dos llevaban marca de agua con la indicación de haber sido generadas mediante IA. Una de ellas incluía además la firma de Sora, lo que confirmaba su origen artificial. Estas señales pasaron desapercibidas para quienes compartieron el contenido, que fue replicado sin control en múltiples cuentas.

AFP publicó un mensaje en X donde afirmaba que decenas de turistas se desplazaron al palacio después de ver los vídeos y fotografías del falso evento. Una mujer declaró a la agencia que había encontrado “una publicación en Instagram sobre que por primera vez en la historia el Palacio de Buckingham iba a tener un mercadillo”. Añadió: “Fuimos allí pensando que sería real, pero no vimos nada”.

Cuando X desplegó una nueva función que revelaba la ubicación de las cuentas más populares, la compañía aseguró que actuaba para fomentar la transparencia y frenar la desinformación. El resultado, sin embargo, ha sido un fusilamiento circular de recriminaciones: usuarios enfurecidos volviéndose unos contra otros al descubrir que docenas de populares cuentas del movimiento “America First” y pro-Trump operan, en realidad, desde el extranjero.

La nueva característica fue activada durante el pasado fin de semana por el jefe de producto de X, Nikita Bier, quien la ha calificado como el primer paso para “asegurar la integridad de la plaza pública global”. Desde entonces, muchas cuentas que se caracterizan por lograr altos niveles de interacción (engagement), y que publican incesantemente sobre política estadounidense, han sido “desenmascaradas” por sus propios compañeros de filas.

El espectáculo ha dejado escenas esperpénticas: una cuenta de fans de Ivanka Trump que publicaba contra la inmigración ilegal en EEUU resultó tener su sede en Nigeria. MAGAStorm, un perfil dedicado a difundir teorías de la conspiración sobre el intento de asesinato de Trump, fue localizado en Europa del Este. AmericanVoice, que publica contenido islamófobo, opera desde la India.

Los usuarios han notado que una alta proporción de estas cuentas potencialmente engañosas —muchas de las cuales afirman publicar desde Estados Unidos— operan desde Asia. Sin embargo, los expertos discrepan sobre si estamos ante campañas de influencia respaldadas por estados o simplemente ante oportunistas intentando hacer dinero rápido.

Monetizar el 'cebo de ira'

En 2024, el Centro para la Resiliencia de la Información (CIR, por sus siglas en inglés) reveló que una red de cuentas en X se hacía pasar por mujeres jóvenes estadounidenses, robando imágenes de influencers europeas para dar credibilidad a sus perfiles. A menudo, estas imágenes eran manipuladas para incluir gorras y ropa con lemas pro-Trump.

La nueva función de ubicación de X ha permitido a Benjamin Strick, quien dirigió la investigación original, confirmar que casi todas estas cuentas que pretendían ser mujeres “independientes partidarias de Trump” están, de hecho, ubicadas en Tailandia.

Strick ha señalado que, aunque prometían “seguir a los patriotas” y “apoyar a Trump”, estas cuentas a menudo publicaban también contenido antiislámico. En su informe de 2024, el CIR descubrió que estas redes explotaban “tensiones sociales preexistentes” para difundir desinformación. “Las cuentas aprovechaban noticias relacionadas con género y derechos LGBTQ+, lo que les permitía socavar las políticas demócratas y promover los puntos de vista republicanos”.

El temor a que actores extranjeros utilicen las redes sociales para influir en los votantes estadounidenses alcanzó su punto álgido en los meses posteriores a la victoria electoral de Trump sobre Hillary Clinton en 2016. Una evaluación de inteligencia detalló al año siguiente los pasos que el estado ruso tomó para reforzar a Trump utilizando granjas de bots.

En los años posteriores, los expertos han advertido de que las campañas de influencia extranjera se han vuelto más sofisticadas, pero a medida que la política estadounidense se ha tornado más partidista y los votantes más aislados en sus burbujas, esas advertencias parecen haber caído en el olvido. Sin embargo, es posible que la gran cantidad de cuentas pro-Trump en todo el mundo tenga tanto que ver con el lucro económico como con la influencia política, apunta Simon Copland, investigador de la Universidad Nacional de Australia.

Las redes sociales se basan en la atención... y en lugares como X o Twitter puedes obtener dinero con eso publicando sobre Donald Trump

Simon Copland — investigador de la Universidad Nacional de Australia

“Las redes sociales se basan realmente en la atención... y en lugares como X o Twitter puedes obtener dinero con eso”, explica, añadiendo que, en este momento, la mejor manera de captar atención “es publicar sobre Donald Trump”.

Los cambios en la forma en que X monetiza su contenido también son un factor clave. En 2024, la plataforma anunció que los creadores cobrarían en función de los niveles de interacción con su contenido. En ese momento, algunos expresaron su preocupación por que esto incentivara a los usuarios a crear contenido cada vez más controvertido.

“Cuando las plataformas comienzan a recompensar la interacción, los creadores empiezan a publicar cualquier cosa que genere discusión, incluidas publicaciones diseñadas para enfurecer a los usuarios, obligándolos a responder o comentar”, explicó entonces TechCrunch, un medio especializado en tecnología.

Cuando las plataformas comienzan a recompensar la interacción, los creadores empiezan a publicar cualquier cosa que genere discusión, incluidas publicaciones diseñadas para enfurecer a los usuarios, obligándolos a responder o comentar

TechCrunch

“Ahí es donde entra en juego el rage bait (cebo de ira)”, dice Copland. “La gente induce deliberadamente la ira para tratar de animar a otros a entrar en las plataformas” e interactuar con el contenido.

Los cálculos utilizados para determinar los pagos a un usuario siguen siendo opacos y no está claro cuánto dinero podrían estar ganando los usuarios extranjeros que se hacen pasar por fieles al movimiento MAGA. Una investigación de la BBC de 2024 sugirió que, para algunos, podrían ser miles de dólares. Expertos en el espacio de desinformación del sudeste asiático señalan que esas cifras podrían ser altamente motivadoras para personas en la región.

Un informe de 2021 sobre la “crisis de desinformación” en el sudeste asiático encontró que muchas cuentas que impulsaban mensajes xenófobos y misóginos para apelar a la derecha estadounidense no estaban particularmente invertidas ideológicamente, sino “impulsadas por motivaciones casi puramente empresariales”.

Los rincones oscuros de Internet

Mientras el núcleo duro de los seguidores de Trump estalla en ira por el origen de algunas cuentas, muchas de las cuales ya han sido suspendidas, otros se cuestionan por qué este asunto importa de verdad. En este sentido, Copland señala el flujo de ideas de extrema derecha y cómo políticas soñadas en los rincones más oscuros de Internet pueden llegar a las cúpulas de la política estadounidense y europea.

La noche en que X comenzó a revelar la ubicación de las cuentas, Donald Trump compartió una publicación de un perfil llamado Trump_Army_. Con casi 600.000 seguidores, la cuenta amplifica regularmente teorías de la conspiración; en un post reciente preguntaba a sus seguidores si “JFK fue asesinado por tratar de exponer a los mismos delincuentes que Trump está exponiendo ahora”. Poco después, otro usuario señaló que Trump_Army_ tenía su sede en la India.

Es uno de los ejemplos más inocuos, pero ilustrativo de cómo opera el ecosistema más amplio de la política de extrema derecha en línea. “Las ideas extremas comienzan en estos rincones oscuros de Internet. Se difunden, se convierten en memes, pasan a plataformas más convencionales y luego ves a los políticos recogerlas”, dice Copland.

En mayo, Trump emboscó al presidente sudafricano Cyril Ramaphosa acusándole de hacer la vista gorda ante un “genocidio blanco” contra los granjeros sudafricanos. Se cree que estas afirmaciones, ampliamente desacreditadas, se originaron en parte en salas de chat de extrema derecha. “Tenemos que tomarnos esto en serio”, advierte Copland, porque estas ideas “de repente se están volviendo mainstream”.

X fue contactada para comentar sobre este asunto, pero no contestó al requerimiento de The Guardian.

El Comité de Empresa de la RadioTelevisión de Castilla-La Mancha recuperará la próxima semana sus 'Viernes a Negro', un acto simbólico de protesta para reivindicar “una radiotelevisión libre de manipulaciones y presiones políticas, con redacciones capaces de trabajar con criterios profesionales y sin injerencias”, ya que según denuncian, “desde la asignación temporal de Carmen Amores como directora general, se han agravado o perpetuado”.

Los trabajadores y trabajadoras del ente público CMM están llamado el próximo 28 de noviembre a participar en el primer 'Viernes a Negro', a las 14.30 horas, después de que el Comité de Empresa se sumase el pasado verano a la llamada Alianza RTVs Públicas en Lucha, un espacio común “en defensa de unos medios públicos independientes, plurales y al servicio de la ciudadanía”.

En un comunicado explican que “la ciudadanía sufre una información y programación condicionada por decisiones políticas y comerciales, sin Estatuto ni Consejo de Informativos que garanticen rigor”, lamentan.

La ciudadanía sufre una información y programación condicionada por decisiones políticas y comerciales, sin Estatuto ni Consejo de Informativos que garanticen rigor

Ponen como ejemplo la “externalización sistemática” de servicios o programas que, aseguran, “provoca sobrecostes y problemas laborales, beneficiando a productoras externas que no son de Castilla-La Mancha”. Ponen como ejemplo el del programa En compañía, realizado por INDALOYMEDIA S.L. con un coste superior a los 2,4 millones de euros.

Además, denuncian la presunta “contratación irregular sin cumplir con el Plan de Igualdad”, además de 19 bolsas de empleo sin crear, seis caducadas, la “desigualdad salarial por complementos discrecionales”, entre otras cuestiones.

Después hablan de “obsolescencia de los equipos” que, según inciden, “facilita la externalización por no invertir en equipos técnicos deteriorados” o la ausencia de estudios psicosociales desde 2017 que protejan los derechos laborales de la plantilla.

Este viernes el Comité de Empresa denuncia 14 años de “recortes”, cuatro bajo la dirección de Ignacio Villa, durante el mandato de Dolores de Cospedal al frente de la Junta de Castilla-La Mancha y 10 con Carmen Amores, la actual directora general que percibe un sueldo de 135.840,78 euros, “muy por encima de los 91.702,66 euros del presidente regional Emiliano García-Page”.

Además, aseguran que “la situación empeora con la nula interlocución directa con Carmen Amores con la representación de la plantilla”.

El PSPV ha presentat una denúncia davant el Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana per l’incompliment de la Llei 2/2024, del 27 de juny, de la Corporació Audiovisual de la Comunitat Valenciana (Cacvsa). Els socialistes sol·liciten al Consell que emeta un informe per a determinar si la contractació de Cacvsa amb l’empresa Unicorn Content per a la producció, la realització i la difusió per À Punt televisió del programa Va de bo va “en detriment de les empreses valencianes”, cosa que suposa, segons els socialistes valencians, “un incompliment de la legalitat i els principis rectors de la Llei”.

També reclamen un escrit sobre la “comprovada parcialitat i falta d’objectivitat” del programa Va de bo, “tant en els continguts polítics com en l’elecció de la major part dels tertulians, periodistes de mitjans nacionals de l’entorn de la dreta i l’extrema dreta i sense cap connexió amb la Comunitat Valenciana i analistes polítics afins a les posicions ideològiques de l’actual Consell del Partit Popular”, tal com denuncia la diputada autonòmica socialista Mercedes Caballero.

Segons el parer de la parlamentària del PSPV, un mitjà de comunicació públic “per llei ha de respectar la pluralitat, ser objectiu en els seus continguts i no difondre com a informació opinions partidistes”. “El programa Va de bo és l’exemple més clar del declivi a què el Consell del Partit Popular ha portat a la ràdio i la televisió de tots els valencians”, sosté Caballero, que afig: “No podem consentir que continuen desprestigiant l’ens”.

El PSPV defensa “el dret de tots els valencians per a mantindre la nostra ràdio i televisió, pública, de qualitat i en valencià i, per descomptat, la professionalitat de tots els seus treballadors i treballadores, que han demostrat amb escreix des de la seua posada en funcionament i que ara es troben amb pressions i amenaces d’acomiadaments”.

Programa “produït per una empresa valenciana”

Des de la radiotelevisió pública valenciana asseguren que el programa Va de bo està produït per la productora Milotxa TV, empresa valenciana amb seu al carrer de Colom de València i insisteixen que aquesta empresa té seus en diversos punts d’Espanya i “no té res a veure amb l’empresa Unicorn Content”.

Milotxa TV, ressenyen des d’À Punt, té altres centres de producció en diferents indrets d’Espanya, com Galícia, les Canàries o el País Basc, “on treballen per a diferents televisions autonòmiques”; en À Punt “també produeixen Valencians al món i a Madrid fan el programa Mañaneros 360 per a TVE”.

En el programa Va de bo, segons defensen des de l’ens públic, “tots els seus professionals són de la Comunitat Valenciana: equip de redacció, reporters, realització, direcció i producció”. “Els seus contertulians pertanyen a tots l’espectre mediàtic de la nostra Comunitat Valenciana, amb aportacions també de periodistes d’altres mitjans de la resta d’Espanya quan el programa aborda temàtica en clau nacional”, subratllen, i conclouen: “Són moltes les veus que passen pel programa, com per exemple, Victor Maceda (El Temps), José Luis Valencia (exdirector de Levante-EMV), Víctor Romero (delegat d’El Confidencial a la Comunitat Valenciana), Sergi Pitarch (director de l’edició valenciana d’elDiario.es) i Salva Enguix (La Vanguardia).

El PSPV ha presentado una denuncia ante el Consell de l'Audiovisual de la Comunitat Valenciana por el incumplimiento de la Ley 2/2024, del 27 de junio, de la Corporación Audiovisual de la Comunitat Valenciana (CACVSA). Los socialistas solicitan al Consell que emita un informe para determinar si la contratación de CACVSA con la empresa Unicorn Content para la producción, realización y difusión por À Punt televisión del programa 'Va de Bo' va “en detrimento de las empresas valencianas”, lo que supone, según los socialistas valencianos, “un incumplimiento de la legalidad y los principios rectores de la Ley”.

También reclaman un escrito sobre la “comprobada parcialidad y falta de objetividad” del programa 'Va de Bo', “tanto en sus contenidos políticos como en la elección de la mayoría de tertulianos, periodistas de medios nacionales del entorno de la derecha y la extrema derecha y sin ninguna conexión con la Comunitat Valenciana y analistas políticos afines a las posiciones ideológicas del actual Consell del Partido Popular”, tal y como denuncia la diputada autonómica socialista Mercedes Caballero.

A juicio de la parlamentaria del PSPV, un medio de comunicación público “debe por ley respetar la pluralidad, ser objetivo en sus contenidos y no difundir como información opiniones partidistas”. “El programa 'Va de Bo' es el más claro ejemplo del declive al que el Consell del Partido Popular ha llevado a la radio y televisión de todos los valencianos”, sostiene Caballero, quien añade: “No podemos consentir que sigan desprestigiando el ente”.

El PSPV defiende “el derecho de todos los valencianos para mantener nuestra radio y televisión, pública, de calidad y en valenciano y por supuesto la profesionalidad de todos sus trabajadores y trabajadoras, que han demostrado con creces desde su puesta en funcionamiento y que ahora se encuentran con presiones y amenazas de despidos”.

Programa “producido por una empresa valenciana”

Desde la radiotelevisión pública valenciana aseguran que el programa 'Va de Bo' está producido por la productora Milotxa TV, empresa valenciana con sede en la Calle Colón de Valencia e insisten que esta empresa tiene sedes en varios puntos de España y “no tiene nada que ver con la empresa Unicorn Content”.

Milotxa TV, reseñan desde À Punt, tiene otros centros de producción en distintas partes de España, como Galicia, Canarias o País Vasco, “donde trabajan para distintas televisiones autonómicas”; en À Punt “también producen 'Valencians al món' y en Madrid hacen el programa 'Mañaneros 360' para TVE”.

En el programa 'Va de Bo', según defienden desde el ente público, “todos sus profesionales son de la Comunitat Valenciana: equipo de redacción, reporteros, realización, dirección y producción”. “Sus contertulios pertenecen a todos el espectro mediático de nuestra Comunitat Valenciana, con aportaciones también de periodistas de otros medios del resto de España cuando el programa aborda temática en clave nacional”, subrayan, y concluyen: “Son muchas las voces que pasan por el programa, como por ejemplo, Victor Maceda (El Temps), José Luis Valencia (exdirector de Levante-EMV), Víctor Romero, (delegado de El Confidencial en la Comunitat Valenciana), Sergi Pitarch (director de la edición valenciana de elDiario.es) y Salva Enguix (La Vanguardia).