El Departamento de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno vasco no cree que sea necesario un “refuerzo” de los controles de la sociedad pública de alquiler tras el expediente abierto a uno de los técnicos por un posible conflicto de intereses en el ejercicio de sus funciones y que se ha dado traslado a la Fiscalía. El consejero Denis Itxaso considera que “los mecanismos actuales de prevención, detección y cumplimiento interno han funcionado debidamente, por lo que no se ha considerado la necesidad de abordar medidas excepcionales de refuerzo” y tampoco ha considerado necesario llevar a cabo ningún tipo de revisión, auditoría o evaluación interna en la sociedad a raíz de estos hechos.

Según consta en el expediente disciplinario interno abierto contra este trabajador, y que el departamento hizo público el pasado mes de junio, la persona implicada participó directamente en la gestión de una vivienda vinculada al programa de intermediación pública de alquiler, “a pesar de tener un interés personal en el inmueble”, ha afirmado el Gobierno. Esta intervención se llevó a cabo sin proceder a su inhibición, “omitiendo además fases preceptivas del protocolo de actuación”. La gestión derivó en una devolución anticipada del inmueble sin la supervisión técnica ordinaria, aunque sin irregularidades en los costes ni en la indemnización por daños causados al inmueble. El procedimiento disciplinario iniciado el 27 de enero de 2025 concluyó con la imposición de un apercibimiento por una falta leve, conforme al régimen disciplinario previsto en la Ley 11/2022 de Empleo Público Vasco. La resolución valoró que no existió dolo, lucro personal ni perjuicio económico para Alokabide, aunque sí se apreció una actuación negligente y una vulneración de principios éticos por la falta de inhibición. El trabajador reconoció los hechos, aportando causas personales de urgencia familiar que fueron tenidas en cuenta como atenuantes. El Servicio Interno de Vigilancia e inspección (BIS), tras analizar el expediente trasladó el caso a la Fiscalía del País Vasco para su evaluación.

En una respuesta por escrito a la parlamentaria del PP, Ana Morales, el consejero señala que no se han considerado medidas de refuerzo adicionales tras este caso porque “la detección de este supuesto y su corrección mediante la implementación del correspondiente expediente disciplinario” muestras que los actuales mecanismos han funcionado debidamente, aunque señala que dentro de los procesos de “mejora continua” se realizarán “sesiones formativas y acciones de sensibilización para el personal de la organización”.

Aunque la parlamentaria popular pide al consejero la “copia íntegra del expediente disciplinario instruido a la persona trabajadora de Alokabide”, Itxaso rechaza tal petición argumentando que “su exposición vulneraría el derecho a la protección de datos de la persona, así como los derechos laborales de la misma y en un hipotético caso de llegar a ser procesada, el derecho a la legítima defensa de la persona ante un eventual proceso penal, causando un daño irreparable y absolutamente innecesario”.

Puntualiza en su respuesta el consejero que hasta el momento “ni Alokabide ni el Departamento de Vivienda han remitido ningún documento” a la Fiscalía, ya que la remisión de expediente sancionador partió del canal interno de denuncias del Gobierno vasco. También señala que “ni Alokabide ni del Departamento de Vivienda han recibido en el momento de redactar esta respuesta, ningún requerimiento de información de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia, de lo que se deduce que en el momento actual no existe instrucción del caso, ni constancia de que lo informado a la Fiscalía por parte de dicho sistema vaya a implicar necesariamente la apertura de un proceso penal”.

Por otra parte, el consejero señala que “en los últimos cinco años no han existido infracciones del Código Ético y de Conducta de los que se hayan deducido expedientes similares. Desde el año 2020, únicamente se han producido tres infracciones relacionadas con el cumplimiento de horarios y una relativa a un trato verbal inapropiado”, indica.

La adjudicación del servicio especial de 'call center' montado en la pandemia para tramitar ayudas urgentes por la sociedad pública de alquiler social del Gobierno vasco, Alokabide, recayó en una mercantil llamada Servicios Integrales de Atención al Clientes Xupera XXI tras un procedimiento “negociado sin publicidad” en el que la Administración invitó a otras dos empresas para que aparentemente compitieran entre sí. Una de ellas llamada Veryqual comparte sede en Barakaldo y administrador (Sergio García de Iturrospe) con la ganadora del concurso. La otra en liza, según 'El Mundo', también estaba interrelacionada.

Se da la circunstancia de que ninguna de las competidoras de Xupera XXI presentó finalmente oferta, por lo que el camino para la adjudicación de este servicio quedó expedito para esta firma, que ya gestiona el 'call center' ordinario de Alokabide, que depende del Departamento de Vivienda del Gobierno vasco dirigido por el socialista Iñaki Arriola. El expediente de contratación resuelto a finales de la pasada semana en muy pocos días explica que ni Veryqual ni Sharing Brands acreditaban capacidad “debido a la situación del estado de alarma y las medidas de seguridad necesarias”. La adjudicación se cerró en 193.268,28 euros (IVA incluido), muy cerca del precio máximo del contrato (198.092 euros). Xupera XXI cobrará 14,81 euros/hora sin IVA y se prevé una prórroga de seis meses en caso de necesidad.

Acompaña a la adjudicación un informe jurídico que asegura que, por el importe, no es posible una adjudicación directa o 'a dedo' en forma de contrato menor. Se apunta a un procedimiento extraordinario de emergencia fruto del estado de alarma -así se han adquirido respiradores o mascarillas, por ejemplo- pero se explica que esa fórmula está más pensada para compras de material sanitario aunque la regulación estatal abre la puerta a actuaciones “directa o indirectamente” relacionadas con la pandemia de COVID-19. Por ello, se optó por una fórmula de invitaciones a tres que en otras ocasiones también ha generado situaciones anómalas.

Fuentes del Departamento de Vivienda indican que Alokabide necesitaba poner en marcha este servicio con urgencia y que no estaba para “labores detectivescas” durante la tramitación del expediente. Destacan que el expediente se tramitó “por la vía ordinaria”, que las dos empresas invitadas se retiraron y que la adjudicataria trabaja ya habitualmente para el Gobierno “a satisfacción”.

La sociedad autonómica vasca que gestiona viviendas en alquiler social, Alokabide, suscribió el pasado 16 de abril un convenio de colaboración con el Obispado de Bilbao -con una duración inicial de un año- para que los pisos desocupados de la Iglesia en esa diócesis pasen a formar parte del programa Bizigune y puedan ser incorporados a la oferta de vivienda pública del Gobierno vasco. Según explica el consejero de Vivienda, Iñaki Arriola (PSE-EE), “el escenario factible en Euskadi es ampliar este ámbito de colaboración a los obispados de Donostia y Vitoria-Gasteiz”.

No hay cifras estimativas del alcance de este acuerdo medido en pisos movilizados -que serán tanto propiedades de la Iglesia como herencias y donaciones-, pero sí se interpreta como un paso adelante para garantizar un alquiler asequible a quienes, según la única ley en España que garantiza el derecho a la vivienda, tienen derecho a ser atendidos por la Administración. “Mejor que tengan este destino y no otro”, enfatizan desde Vivienda. Y es que hace dos años se conoció que el Arzobispado de Toledo, que era titular de dos viviendas en el centro de San Sebastián, se lucraba con ellos como apartamentos turísticos ilegales.

Las condiciones de la movilización de los pisos vacíos del Obispado de Bilbao -que serán las mismas si cristalizan los convenios con las otras dos diócesis vascas- “son, como no podría ser de otra manera, exactamente las mismas que acordamos con los propietarios privados y con otras entidades que incorporan sus viviendas a Bizigune”. Vivienda, por ejemplo, ya suscribió un memorando similar con la Sareb, el 'banco malo'.

Este programa consiste en cubrir la escasa oferta de pisos protegidos en alquiler en relación con la demanda con viviendas privadas a cuyos dueños se les garantiza un fijo y la conservación del inmueble en contraste con las fluctuaciones del mercado libre. El pago medio de Alokabide a los propietarios oscila por término medio entre los 400 y 500 euros mensuales -varía en función de las características de cada casa-, mientras que la renta bonificada media que abonan los usuarios es de unos 200 euros.

“Es interés del Obispado de Bilbao colaborar con el Gobierno vasco en la medida de lo posible para facilitar el acceso a una vivienda en condiciones de arrendamiento protegido de aquellas personas y unidades convivenciales que se encuentran en riesgo de exclusión social dentro de su ámbito de actuación”, se puede leer en el acuerdo firmado con el Gobierno, donde se indica que el convenio “es compatible con otros programas de la Iglesia diocesana, tales como Eguzkilore (Cáritas), así como posibles colaboraciones con otras instituciones públicas o privadas”.

Desde el Gobierno indican que es prematuro ofrecer una cifra de pisos eclesiásticos disponibles porque hay que elaborar informes técnicos previos de habitabilidad. Después, se negociará “de forma individual” la situación de cada uno de ellos. El convenio tiene una duración de un año susceptible de prórroga, pero si cada uno de los alquileres formalizados supera ese plazo y están “al corriente de pago”, los usuarios mantendrán las condiciones.

Los medios llevan días hablando de las 'patrullas vecinales' que impiden a una familia gitana acceder a su nueva vivienda en Asteguieta, un pueblo de 270 personas a un kilómetro de Vitoria y perteneciente a su término municipal. Se trata de la familia Manzanares Cortés, conocidos como los 'Pichis', que ha recibido desde entonces el apoyo de activistas y políticos que defienden su derecho a “vivir en paz”. Asociaciones gitanas denuncian “actos racistas ilegales”. Mientras, los y las vecinas de Asteguieta no lo cuentan así.

El tema entra en ebullición en el momento en que Alokabide, la Sociedad Pública de Alquiler del Gobierno vasco, adjudica a los Manzanares Cortés una vivienda protegida en Asteguieta. El piso en cuestión fue destrozado el pasado diciembre, algo que incluso los vecinos del pueblo condenan porque están “en contra de cualquier actuación fuera de la legalidad”. De la autoría de los hechos no se conoce nada y el ataque permanece bajo investigación.

Lo que sí se conocen son las razones del vecindario para no querer convivir con los Manzanares Cortés, y estas no derivan en su etnia, según explican. De hecho, hay dos familias gitanas viviendo en el pueblo, además de otras de Pakistán, Marruecos, Colombia, Paraguay, Brasil y Senegal, y todos se llevan “de maravilla”. El pueblo no tiene un problema de racismo. Lo que tienen, aseguran, es miedo. “Los Pichis son una familia conflictiva. Aquí ya han destrozado un piso en Abetxuko -otro pueblo-barrio de la periferia vitoriana- y han agredido y amenazado a varias personas”, afirma un portavoz de los vecinos de Asteguieta. “Si preguntas, nadie quiere vivir con ellos. Ni siquiera quienes los defienden”, apunta.

Cuando se llega allí se puede ver a un grupo de personas reunidas a la entrada del pueblo bajo un mosaico de pancartas que cuajan las fachadas. En el portal donde Alokabide adjudicó la vivienda a la familia un cartel nos recuerda alguno de los objetivos de las movilizaciones: “Tenemos paz y convivencia, no queremos delincuencia”. El relato del pueblo está muy lejos de las acusaciones de asociaciones y activistas, y ellos no dudan en contarlo y en movilizarse por ello.

En una carta dirigida al Ayuntamiento, los vecinos subrayan algunos titulares publicados en varios medios alaveses a lo largo del año pasado: una amenaza con “una reyerta a tiros” a vecinos de Abetxuko, un “buscaremos cómo callarte la boca” a la abogada de los vecinos de ese mismo pueblo tras los incidentes en el lugar, una agresión en el albergue de Vitoria en que el residen desde mayo… Entre ellos destaca una recogida de firmas: las de los barrios vitorianos de Sansomendi, Ali-Gobeo, Zabalgana, Salburua y Lakua en marzo y mayo de 2017, barrios periféricos en los que había viviendas ofertadas por Alokabide. Con un 'No a los Pichis', precedieron a Asteguieta en el rechazo a la familia por sus supuestas actuaciones delictivas ante los rumores de que podrían adjudicarle un piso allí. Sin embargo, se le asignó finalmente la vivienda en Asteguieta, el pueblo alejado al oeste de Vitoria al que solo llega un autobús cada media hora.

La Asociación gitana de Álava, Gao Lacho Drom, defiende a la familia frente al “acoso” que está sufriendo y afirma que Pedro María Manzanares -el padre de la familia- siempre se ha mostrado “afable y cordial, dispuesto a sentarse en la mesa a hablar”. Uno de los debates que surgen ante un denominado 'bullying mediático y social' -el cual ha promovido 'tractoradas' de los vecinos para rechazarlo- o la acusación a Asteguieta o Abetxuko de su intolerancia hacia minorías, es si se antepone su raza a los conflictos que supuestamente han generado. Ante esas denuncias, procesos o acusaciones la asociación defiende que hay “muchos bulos, muchas noticias alejadas de la realidad”, que es que los procesos judiciales, por la ausencia de gravedad, “no han prosperado”. “No hay sentencias porque no ha habido nada del otro mundo”. El grupo de activistas que ha firmado un manifiesto en apoyo a la familia coincide con la asociación en este mismo aspecto, afirmando que se han analizado en un dossier todas esas publicaciones y que, entre otras “irresponsabilidades”, se hace un uso excesivo del condicional, que demuestra que los datos no han sido contrastados.

Gao Lacho Drom -del romaní, 'pueblo en el buen camino'- fue acusada por el mismo Pedro María Manzanares de no haber hecho nada por él. De hecho, arremetió contra la asociación y dijo que si por él fuera, estarían “todos fuera de aquí”. Aun así, tanto Gao Lacho Drom como la Fundación Secretariado Gitano denuncian las 'patrullas vecinales' -término que los vecinos rechazan-, creadas a través de “un estereotipo que identifica con la delincuencia a todos los miembros de esta familia, que incluye a menores”. Gao Lacho Drom defiende el derecho de la familia de acceder a esa vivienda “como el de cualquier otro ciudadano, porque le ha sido adjudicada legalmente”, remarca.

“Miedo irracional”

La familia cuenta también con el apoyo del mencionado grupo de activistas y políticos entre los que se encuentran el exalcalde de Vitoria-Gasteiz José Ángel Cuerda o el escritor Juan Ibarrondo. Este último resalta que lo que quieren denunciar es el “acoso que se está haciendo, ahora de forma preventiva”. Afirma que el miedo es libre, pero que en este caso es “irracional, basado en rumores”. En este aspecto le gustaría tranquilizar a los vecinos: “No es una familia conflictiva”. Asimismo, rechaza que estos vigilen el pueblo y quieran impedir la llegada de la familia: “Si estamos contra la delincuencia, estamos contra de todas las delincuencias”, sostiene.

Las instituciones han tomado el papel de mediadoras. El Servicio para la Convivencia y la Diversidad del Ayuntamiento de la capital alavesa hace un llamamiento a todas las partes para el diálogo, y les invita a “informarse bien, a poner sobre la mesa las informaciones y rumores que hayan podido llegar a unos y a otros”. Sin embargo, el vecindario no se siente escuchado y asegura que en esas reuniones se ven “en el ruedo, mirados por los políticos desde la barrera de Alokabide”. Afirman que es una “convivencia impuesta”: “Nos están pidiendo algo que ellos no aceptarían”, replican.

Lo que para unos son rumores para otros son hechos objetivos. En el Centro municipal de acogida social (CMAS), donde viven actualmente, un menor de la familia supuestamente dio una paliza a un residente. Ibarrondo afirma que, según el Centro, “la actitud de la familia está siendo positiva” allí. Según algunos medios, el Ayuntamiento se planteó expulsar a dicho menor en septiembre y la Fiscalía pidió una orden de alejamiento en octubre.

Quien ha evitado pasar por políticamente correcto ha sido precisamente Alfonso Alonso, presidente del PP vasco, que junto con su formación en Vitoria no ha dudado en defender a los vecinos de Asteguieta: “Hay que garantizar que la gente pueda vivir con tranquilidad. Hay gente que intenta incluso criminalizar a los vecinos de Asteguieta, y eso hay que rechazarlo”. El alcalde, el peneuvista Gorka Urtaran, ha contestado a estas declaraciones, afirmando que “lo que no se puede hacer es adoptar la postura de unos contra otros” y le ha acusado al líder de los populares vascos de usar su discurso para obtener una “rentabilidad política” desde su defensa del diálogo y la búsqueda de un acuerdo de mínimos.

Ya en 2011 hubo conflictos cerca de Asteguieta, en el pueblo de Durana y en otras zonas, como Abetxuko, donde los 'Pichis' 'okuparon' un piso y una orden judicial ordenó su expulsión. Ahora, esta familia ha conseguido una vivienda pública protegida y tienen el derecho legal de vivir en ella, y asegura que quiere convivir en paz. Los vecinos no están dispuestos, mientras el Ayuntamiento promueve el diálogo para conseguir la convivencia pacífica de ambas partes. La llegada de los Manzanares Cortés a su casa de Asteguieta está prevista próximamente, cuando el piso adjudicado sea reformado tras los destrozos. Por el momento, la guerra entre los 'rumores' y el miedo de Asteguieta, entre la aceptación y el rechazo de la 'delincuencia', sigue incendiando la mesa de debate.

El secretario de Organización de Podemos Euskadi, Lander Martínez, ha comunicado este viernes que la senadora alavesa del partido Elvira García, conocida como ‘Viruka’, no sólo acumulaba una deuda de 5.000 euros con el Gobierno vasco por las mensualidades de un piso de alquiler social en Vitoria al que ni siquiera tenía derecho por su nivel de renta, sino que acumulaba una importante deuda con el partido. “No entregaba el excedente del salario público al partido”, ha manifestado Martínez, que ha recordado que la formación morada limita a tres veces el SMI el máximo que pueden percibir los cargos institucionales y que el resto sirve para financiar al 50% los gastos de Podemos y la Fundación Impulsa.

Podemos Euskadi, casi un mes después de que se conociera que la sociedad pública de Vivienda de Euskadi Alokabide pretendía desahuciar a la senadora por los impagos reiterados (de casi dos años) y por no cumplir los requisitos para acceder a un alquiler social, ha confirmado ahora que las explicaciones ofrecidas por la parlamentaria, que incluía un supuesto caso de violencia de género que el Gobierno vasco nunca confirmó, eran “inconsistentes”. Martínez ha exigido tanto pública como internamente a García que abandone la Cámara alta.

Ella, sin embargo, ha explicado en la Cadena Ser que sólo dejará el partido, ya que tiene intención de continuar como senadora en el Grupo Mixto, donde además percibirá el sueldo íntegro sin necesidad de entregar nada al partido. Es la misma decisión que adoptó en su momento la fallecida Rita Barberá en el PP tras su implicación en casos de corrupción en Valencia.

Las circunstancias que rodean a García se conocieron a principios de febrero, aunque internamente algunos sectores críticos en Álava ya habían denunciado irregularidades, según han explicado a este periódico. La senadora, elegida en diciembre de 2015 y de nuevo en junio de 2016 –fue la más votada en la provincia y logró los mejores resultados en toda España-, ocupaba un piso protegido de Alokabide. Llevaba más de 20 mensualidades sin pagar los 200 euros de arrendamiento (además de otras derramas de la comunidad de vecinos) y, además, no había comunicado en ningún momento sus nuevas condiciones económicas, que superaban con creces el límite de 25.000 euros anuales de renta máxima fijado en Euskadi para acceder a los alquileres sociales. Miembros de Podemos vinculados a Stop Desahucios denunciaron públicamente la actitud de la política.

Sólo esta semana García ha alcanzado un acuerdo con Alokabide por el cual ha saldado su deuda (en un solo pago) y ha evitado el desahucio a cambio de devolver la vivienda a la que no tiene derecho, como adelantó eldiarionorte.es. Mientras, el partido en Euskadi ha entregado a la dirección de Pablo Iglesias un informe en el que constata las graves infracciones de García al código ético y en el que plantea su expulsión del partido y del Senado.

Martínez ha explicado que el expediente no sólo recoge la polémica en torno a la vivienda de García, sino que apunta a que la senadora no entregó al partido la parte del sueldo público recogida en la normativa interna. La electa alavesa tenía derecho a tres SMI, como el común de los cargos de Podemos, a un complemento por ser madre de dos niños y a otra prima de 850 euros que la formación contempla para los senadores de fuera de Madrid, ayuda diseñada para costear el alojamiento y la manutención en la capital. Sin embargo, también se había quedado con el resto de sus ingresos hasta sumar 5.800 euros mensuales, que incluían un plus por ser presidenta de una comisión parlamentaria.

Martínez no ha precisado cantidades ni durante cuánto tiempo García fue morosa y, en privado, el partido reconoce un cierto descontrol contable en este sentido. Sin embargo, sí ha explicado que explorarán fórmulas para recuperar ese dinero y que “trabajarán” para “que esto no se vuelva a repetir”.

La senadora alavesa de Unidos Podemos Elvira García, conocida como Viruka, ha abonado esta semana una deuda próxima a 5.000 euros correspondiente a 22 mensualidades de alquiler de un piso protegido en Vitoria. No sólo no había pagado el arrendamiento durante casi dos años sino que no tenía ya derecho a disfrutar la casa al tener unos ingresos muy superiores a los máximos para acceder al parque público de viviendas. Tras este acuerdo económico, que incluye la entrega definitiva de las llaves de la vivienda, el Departamento de Vivienda del Gobierno vasco, a través de la sociedad pública Alokabide, procederá a retirar en los tribunales la orden de desahucio por impago, que se iba a ejecutar el próximo 6 de marzo.

El caso, conocido a principios de febrero, se ha cerrado sin que ni la aforada, la más votada en Álava en las últimas elecciones generales con 45.000 votos, ni su partido, Podemos, hayan ofrecido explicación pública alguna sobre estos hechos. Aunque se anunciaron medidas hace ya varios días, ni a nivel autonómico, ni en el Senado ni en la dirección central comandada por Pablo Iglesias se ha comunicado si García continuará o no como miembro de las Cortes Generales a pesar de que varias fuentes consultadas coinciden en lo poco ético de su comportamiento.

García, que era perceptora de ayudas sociales antes de entrar en política, accedió a una vivienda de alquiler del parque público del Gobierno vasco hace varios años. Sin embargo, desde hace casi dos no abonaba la cuota mensual, de apenas 200 euros. También tenía pendiente el pago de otras derramas de la comunidad de vecinos. Asimismo, cuando fue electa para el Senado primero en diciembre de 2015 y de nuevo en junio de 2016, no renunció al piso aunque su situación económica era ya ostensiblemente mejor y no reunía los requisitos para acceder a una VPO.

De hecho, Alokabide no tenía conocimiento de su condición de senadora hasta que ella misma lo hizo constar cuando se le pidieron por primera vez explicaciones por los impagos reiterados, hace ya varios meses. Con su nuevo sueldo superaba con holgura el máximo de 25.000 euros fijado para acceder a un alquiler de Alokabide. Es cierto que Podemos limita después las nóminas institucionales hasta que se queden en tres veces el Salario Mínimo Interprofesional, aunque también lo es que García cobra un plus por ser electa de fuera de la capital que cubre precisamente desplazamientos y alojamiento en Madrid. 

García replicó a los técnicos de Vivienda que le demandaron explicaciones que la deuda no era responsabilidad exclusiva suya, ya que era una casa compartida con su expareja. Alegó, además, haber sido víctima de violencia de género. El Ejecutivo vasco, según ha explicado de manera reiterada, no ordena desahucios en viviendas protegidas excepto en situaciones muy extremas de impagos deliberados e injustificados. No consta tampoco denuncia alguna por maltrato, situación que activa automáticamente un protocolo que incluye alojamiento gratuito para la víctima en caso de necesidad. La propia plataforma Stop Desahucios, vinculada a Podemos, criticó a García por estos hechos y denunció que no era comprensible que con su salario no saldase la deuda.

Fuentes del propio partido en Euskadi han lamentado las explicaciones “confusas” que ha aportado internamente García durante estas semanas, en las que apenas ha acudido a un par de plenos y comisiones en el Senado y en las que ha desaparecido de las redes sociales. La formación en Euskadi ha entregado ya a la dirección estatal un documento en el que se constata que la aforada ha cometido una infracción disciplinaria, aunque la resolución del caso está en manos de la Ejecutiva de Pablo Iglesias y, en concreto, de la también senadora vasca Pilar Garrido.

Se había anunciado que en la primera reunión de este órgano después de Vistalegre II se analizará este asunto, pero no fue así. Podemos ha demorado las explicaciones públicas hasta hoy y no se conoce aún si propondrá formalmente que García abandone el Senado. De ser así, accedería a la Cámara Alta por Álava su suplente, María Gema Zubiaurre. Otra posibilidad es que la senadora se niegue a entregar el acta y pase al Grupo Mixto como independiente, con lo que vería incrementada su asignación económica al no tener que entregar nada al partido morado como marca su normativa interna.

La distancia que separa al Gobierno vasco de sus inquilinos de viviendas de alquiler social es cada vez mayor. Y así ha quedado reflejado en el Parlamento, en sendas intervenciones del consejero de Empleo y Políticas Sociales, Juan María Aburto, y los portavoces de los inquilinos de Alokabide (la sociedad pública que gestiona el parque de alquiler del Ejecutivo). El Parlamento aprobó en abril, entre otras medidas, una resolución para que las rentas que pagan los inquilinos de Alokabide no superen el 30% de sus ingresos, incluidas las tasas y los gastos fijos de comunidad. Una reivindicación vital para los arrendatarios. Ocho meses después todo sigue igual. Esa inacción del Ejecutivo les ha llevado a protestar de nuevo ante la Cámara.

Arturo Val del Olmo, portavoz de los inquilinos, tachó la política de alquiler social del Gobierno de “palabrería hueca”. “En cualquier alquiler promovido por una institución se incluyen los gastos de comunidad, pero en Euskadi no. Y esos gastos pueden ascender en el caso de Alokabide hasta los 100 euros. Lo que sumado a los 240 de media que supone el alquiler hace que muchos inquilinos se encuentren al límite de sus posibilidades”.

Val del Olmo desmontó una por una las explicaciones ofrecidas por Aburto, quien reconoció que el mandato del Parlamento “no se ha cumplido al 100%”. “Es verdad que entre el 30% de máximo que deben pagar los inquilinos no se incluyen las tasas y los gastos de comunidad. Estamos haciendo un estudio para comprobar su impacto, pero a ningún inquilino se le pasa una renta superior al 30% de sus ingresos”, ha insistido el consejero.

El portavoz de los inquilinos le replicó que “se tienen en cuenta los ingresos de todos los miembros de la unidad de convivencia. Aburto habla desde el desconocimiento”. “Además, desde que alguien comunica que ha tenido una caída en sus ingresos hasta que le aplican un nuevo alquiler pueden pasar entre cuatro y cinco meses, con lo que se genera una deuda que muchas veces resulta inasumible”, ha añadido Val del Olmo.

Junto con el límite del 30%, la Cámara aprobó en abril la adecuación del precio por metro cuadrado de las viviendas de alquiler a la “bajada sufrida en el precio de mercado” y que los inquilinos de Alokabide puedan acceder a la prestación complementaria de vivienda y el establecimiento de los mecanismos que permitan su participación directa en la gestión de los gastos de comunidad, con el fin de reducir gastos.

Ocho meses después de que el Parlamento vasco aprobara una serie de medidas para favorecer el alquiler social de los pisos públicos todo sigue igual. Ninguna de esas medidas ha entrado en vigor, demostrando una vez más que la última palabra, en muchas ocasiones, la tiene el Gobierno. El caso es que el pasado mes de abril, el Parlamento aprobó una resolución garantizando que las rentas que pagan los inquilinos de Alokabide (sociedad dependiente del Gobierno vasco encargada de los alquileres sociales) no superen el 30% de sus ingresos, incluidas las tasas y los gastos fijos de comunidad. Una reivindicación “vital” para los inquilinos, muy castigados por la crudeza de la crisis.

Una delegación de inquilinos de Alokabide expondrá la próxima semana en el Parlamento su situación y la ausencia de medidas. “Es una situación insostenible y una tomadura de pelo”, se queja Arturo Val del Olmo, miembro de la plataforma Stop Desahucios Araba y uno de los portavoces de los inquilinos de Alokabide. Junto con el límite de la renta, la Cámara de Vitoria aprobó en abril la adecuación del precio por metro cuadrado de las viviendas de alquiler a la “bajada sufrida en el precio de mercado” y que la renta sea revisada anualmente de acuerdo a los ingresos de la unidad convivencial.

Es decir, que cuando se produzca un cambio notable de los ingresos, la adaptación de la renta de alquiler se haga en el plazo más breve posible y que se aplique desde el momento de ese cambio. Además, el Parlamento también solicitó al Gobierno vasco que los inquilinos de Alokabide puedan acceder a la prestación complementaria de vivienda y el establecimiento de los mecanismos que permitan a los inquilinos su participación directa en la gestión de los gastos de comunidad, con el fin de reducir gastos.

“Sin duda”, apunta Val del Olmo, “lo más importante es que la renta no supere el 30% de los ingresos de los inquilinos, incluidos los gastos fijos de comunidad. ¿Cómo es posible que el Parlamento apruebe estas medidas y resulte imposible aplicarlas porque el Gobierno no quiere? ¿Para qué sirven entonces los pronunciamientos del Parlamento?”. Una pregunta que ronda por la mente de muchos ciudadanos.

El ingeniero energético y miembro de la plataforma ciudadana vasca por un nuevo modelo energético, Gure Energia, Aitor Urresti, no salía de su asombro al escuchar las quejas de los inquilinos de los pisos de alquiler social del Gobierno vasco sobre los problemas que sufren estas viviendas. Urresti ha participado en una conferencia organizada por la plataforma Stop Desahucios para los inquilinos de Alokabide (la sociedad pública del Gobierno vasco que gestiona el parque de alquiler) en la que les ha informado de cómo pueden paliar los problemas de pobreza energética que sufren y que, en parte, son debidos a “la dejación del Gobierno vasco en el mantenimiento”.

Según Urresti esta dejación resulta “brutal” en cuestiones como el mantenimiento de los paneles solares instalados en los bloques de pisos. Las placas solares para abastecer parte del consumo energético a siete edificios de Alokabide “jamás han funcionado”, según ha reconocido el propio Gobierno. “Se han detectado aspectos técnicos que hacen que la puesta a punto de algunas instalaciones no resulte aconsejable”, ha llegado a reconocer en una respuesta parlamentaria a requerimiento de EH Bildu. “Es que algunas se han hecho de manera ilegal”, apunta Urresti. “A eso hay que unir que se les imputa a los inquilinos los costes de mantenimiento. Si yo fuera el consejero me daría vergüenza”.

Con relación al resto de la edificación, el profesor de la UPV advierte de que “deja mucho que desear el control que se lleva sobre los propios proyectos y la ejecución final de la obra. Viviendas que son relativamente nuevas tienen nivel de infiltración de aire en ventanas, los peores acabados que se pueden emplear para una ciudad como Vitoria en los suelos…. No son las medidas que hay que adoptar para el ahorro energético. Hay una serie de soluciones que se están tomando que quedan muy lejos de ser una respuesta responsable por parte de las instituciones. Los pisos deberían estar más controlados para asegurar su perfecta habitabilidad”.

Urresti denuncia que el plan de eficiencia energética y de rehabilitación energética de edificios elaborado por el Gobierno vasco resulta “claramente insuficiente en cuanto a dotación presupuestaria. Por lo tanto, debería replanteárselo para el nuevo año. Lo que tendría que hacer el Gobierno vasco es rehabilitar su propio parque en primer lugar o al menos pasar por una auditoría de costes energéticos. Una vez que están claros cuáles son esos costes, los pisos públicos de alquiler tendrían que ser los primeros sobre los que hay que incidir antes de destinar recursos a la vivienda privada. Dejar la vivienda pública social de lado parece que no es tener claras las prioridades”.

La lucha que enfrenta a la plataforma Kaleratzeak Stop Araba con Alokabide, la sociedad pública de alquiler del Gobierno vasco, se ha trasladado a los juzgados. Los servicios jurídicos del organismo público han interpuesto una denuncia por supuestas coacciones contra tres integrantes del colectivo antidesahucios.

Un informe de incidencias recoge que un miembro de la plataforma amenazó al responsable de la sede de la sociedad pública diciendo “esta vez ha sido suave, la próxima ya veremos”. Estas palabras motivaron la denuncia presentada por los Alokabide. Según recoge el documento firmado por el vigilante de seguridad de la sede el incidente se produjo el pasado 12 de junio cuando una veintena de miembros de Kaleratzeak Stop se personaron en la sede vitoriana de Alokabide para entregar más de 500 firmas. Exigían el cumplimiento de los acuerdos alcanzados en abril en el Parlamento Vasco en torno a la gestión del alquiler social. La responsable de la oficina permitió finalmente entrar a tres miembros de la plataforma para entregar las firmas. Al parecer después se produjo un intercambio de palabras que motivó la denuncia posterior. La persona que iba al frente del grupo le comentó a la responsable: Esta vez ha sido suave, la próxima ya veremos“. El vigilante interpretó es frase como una amenaza y lo resgitró así en su informe.

Desde Kaleratzeak Stop Araba entienden que el juicio responde únicamente a un doble objetivo: acallar al colectivo y criminalizar a los movimientos sociales. “No nos van a amedrentar con estas acusaciones que son falsas y absurdas. Hablan de coacciones. ¿Es es una coacción, es una amenaza? No, es es una tontería. Entre la libertad de expresión y la falta del delito de amenzas hay un abismo. Y este jucio es un despilfarro de recursos públicos. Es vergonzoso que lleven a la justicia a tratar jucios de faltas cuando no tratan ni la corrupción, ni el faude fiscal ,ni todo lo que conlleva. Esto es fruto de la ley mordaza en Euskadi, es el reflejo de la soberbia del poder. Al PNV y al PP no les gusta que critiquemos sus políticas antisociales y quieren reprimir a los movimientos sociales”, lamenta Arturto Valls, uno de los integrantes del colectivo denunciado por Alokabide.

La plataforma Kaleratzeak Stop Desahucios denunció por su parte a la viceconsejera de Vivienda del Gobierno vasco Covagonda Solaguren por prevaricación y abuso de autoridad. Aseguran que las resoluciones de rechazo de revisión de rentas que envían a los inquilinos desde esta entidad pública no están firmadas por el órgano competente y los escritos no incorporan las motivaciones de la decisión. Dicen además que es una práctica habitual. De momento desconocen si las denuncia ha sido admitida a trámite.

Denuncian la actitud del Gobierno vasco y Alokabide por acusar a tres de sus miembros de "coacciones".

La protesta tendrá lugar el 1 de septiembre frente a los juzgados de Vitoria.

Las plataformas de afectados por las hipotecas - Stop Desahucios de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa llevarán a cabo el próximo lunes, 1 de septiembre, a partir de las 11.00 horas, una concentración frente a los juzgados de Vitoria para denunciar la actitud del Gobierno vasco y Alokabide que han “interpuesto una denuncia acusando a tres miembros de la plataforma de coacciones”.

Según han señalado los organizadores, se está ante un nuevo intento de “intimidarnos y criminalizarnos, intentando presentarse como víctimas quienes amenazan a los inquilinos con no renovarles los contratos si protestan, desahucian a familias que no tienen recursos para hacer frente a los gastos de vivienda y fomentan el negocio de gestoras de comunidades de vecinos a costa de familias necesitadas”. “El PNV y el PP son cómplices de una política que intenta amordazar y reprimir la protesta social, sustituyendo el diálogo y la negociación por el palo”, han añadido.

Por todo ello, han reclamado al Gobierno vasco que “deje de inventarse coacciones que nunca han existido, generando una tensión innecesaria debido a su incapacidad de gestionar mediante el dialogo y la negociación un problema que afecta a miles de familias que viven en la precariedad y a las que se condena a la exclusión”.

Sentencia histórica. Por primera vez, la Audiencia Provincial de Álava ha dejado sin efectos un desahucio ejecutado por el Gobierno vasco a través de su sociedad pública Alokabide. La Audiencia califica de “improcedente” el desalojo porque Alokabide no actualizó la renta a los menores ingresos del inquilino, algo que se está produciendo habitualmente con estos arrendatarios debido a la crisis. Alokabide, dedicada a gestionar viviendas sociales en alquiler, es decir, que van dirigidas, a las personas con menos recursos, ejecutó en 2013 un total de 75 desahucios. Esta sociedad pública se encuentra en el ojo del huracán desde hace más de un año por las críticas de sus inquilinos y partidos, que le reprochan las condiciones que impone para los arrendamientos, a pesar de su carácter social.

Según la sentencia, el cliente había firmado en 2007 un primer contrato de alquiler en el que constaba que la renta se actualizaría anualmente en función de los ingresos el año anterior. Cuando expiró ese contrato se firmó uno nuevo (febrero de 2012) en el que se calculó el alquiler en 353 euros. Para ello se tomó como referencia la declaración de la renta de 2010, que reflejaba unos ingresos de 17.000 euros.

Sin embargo, en este nuevo contrato no se preveía revisar el precio del alquiler en los siguientes cinco años, periodo en el que los ingresos del inquilino fueron disminuyendo de manera notable año a año. Así, en 2011 ganó 10.300 euros y en 2012 se limitaron a 2.900 euros, ya que sólo tenía “trabajos esporádicos” y cobraba la Renta de Garantía de Ingresos (RGI).

Negociación fallida

En 2012, el inquilino intentó que Alokabide actualizara su renta. Pero la sociedad pública no accedió a esta pretensión porque el alquiler se había calculado “en función de la tarifa a aplicar de acuerdo a la legislación vigente”. Al final, el inquilino dejó de pagar y Alokabide presentó una demanda de desahucio por impago de los meses de febrero a octubre de 2013.

El Juzgado de Primera Instancia número 1 de Vitoria dio la razón a Alokabide en un primer momento, pero el inquilino recurrió ante la Audiencia de Álava que ahora ha revocado la orden de desahucio. La Audiencia considera que la arrendadora “no justifica cuáles han sido los mecanismos de cálculo de la renta, ni señala las bases o variables personales del arrendatario tenidas en cuenta para su determinación”. Sobre las peticiones del inquilino de que la renta se adecuara a sus nuevos ingresos, la sentencia concluye que “no consta” que Alokabide diera “un respuesta suficientemente fundada y razonada”. “Existe una duda razonable sobre la forma de calcular el alquiler”, resume la sentencia.

El colectivo de afectados de Alokabide confía en que esta sentencia haga ver a la sociedad pública que “no puede puede seguir funcionando como una empresa privada”.

La sociedad pública Alokabide ejecutó a lo largo de 2013 un total de 75 desahucios en el parque de viviendas de alquiler que gestiona, la mayoría por impagos de las rentas. Alokabide lleva varios meses en el centro de la polémica por las condiciones que impone a sus inquilinos. Una cuestión que incluso ha sido debatida en el Parlamento, que le ha instado a que el alquiler sera inferior al 30% de los ingresos de la familia arrendataria.

Alokabide, que depende del Gobierno vasco, gestiona varios tipos de viviendas sociales: las de su propiedad destinadas al alquiler; los pisos sociales propiedad del Ejecutivo y cuya gestión le encomienda; viviendas privadas incluidas en el programa Bizigune, mediante el cual un propietario particular cede su piso libre para destinarla a un alquiler social a cambio de unas garantías establecidas, y viviendas en arrendamiento propiedad de ayuntamientos.

Según datos facilitados por el consejero de Empleo y Asuntos Sociales, Juan María Aburto, en una respuesta parlamentaria a una pregunta del PSE, el pasado año se ejecutaron dos desahucios en viviendas sociales del parque del Gobierno vasco que gestiona Alokabide por impago de alquiler, aunque en uno de ellos también hubo “graves problemas de convivencia” que se trataron de reconducir en coordinación con agentes sociales. En total, el parque de viviendas del Gobierno Vasco gestionado por Alokabide ascendía en 2013 a 2.818.

En cuanto al parque propio de Alokabide, 3.280 viviendas en 2013, se efectuaron 35 desahucios, 31 de ellos en Vitoria, tres en Bizkaia y uno en Gipuzkoa, y la mayoría de los motivos se debió a impagos de las rentas. El consejero recalca que se trata de alcanzar un acuerdo de pago previo a la vía judicial. Así, el pasado año se suscribieron 565 pactos de este tipo. “Estos acuerdos son negociados según las posibilidades económicas de los arrendatarios, teniendo en cuenta su situación familiar, económica y social”, apunta el consejero.

En cuanto al programa Bizigune (un total de 5.193 viviendas), se produjeron 38 desahucios y se llegó a acuerdos de pago en 314 casos.

El Parlamento vasco insta al Gobierno de Urkullu a aplicar esta petición histórica de la Plataforma Stop Desahucios Euskadi que ha salido adelante con el apoyo de EH Bildu, PSE y UPyD y con el rechazo de PNV y PP.

“Ahora lo que hace falta es que el Ejecutivo aplique las medidas aprobadas por la Cámara vasca” exigen los integrantes de Stop Desahucios Euskadi.

El Parlamento vasco insta al Gobierno de Inigo Urkullu a que garantice que los precios de los alquileres de los inquilinos de viviendas públicas de Alokabide no sean superiores al 30% de los ingresos mensuales de las familias. Así mismo esa renta social debe incluir las tasas y los gastos fijos de comunidad, que según denunciaban los arrendatarios en ocasiones eran superiores a los 100 euros mensuales.

La medida aprobada es una de las reivindicaciones históricas de los usuarios del parque de viviendas sociales y ha salido adelante junto a otras seis gracias a los votos favorables de UPyD, PSE y EH Bildu. PP y PNV han votado en contra de su aplicación.

También solicitan que el precio por metro cuadrado de las viviendas de alquiler se adecue a la bajada sufrida en el precio de mercado y sea revisada anualmente al alza o la baja, en función de los ingresos de la unidad convivencial obtenidos en el ejercicio anterior a la fecha de revisión. Ha de preverse que cuando se produzca un cambio notable de ingresos, la adaptación de la renta de alquiler se haga en el plazo lo más breve posible y que se aplique desde el momento del cambio de situación. La misma proposición insta al Ejecutivo a que permita el acceso a la prestación complementaria de vivienda que concede el Gobierno. Otro de los cambios sugeridos y muy valorados por los inquilinos es que sean los propietarios de las viviendas quienes asuman los pagos del IBI y no ellos y que se permita a los vecinos su participación directa en la gestión de los gastos de comunidad, con el fin de reducir consumos que puedan ser innecesarios.

Arturo Vall, portavoz de la Plataforma Stop Desahucios de Euskadi ha hecho una valoración positiva de lo aprobado por los parlamentarios pero matiza que lo importante ahora es que el Gobierno “lo asuma y lo aplique cuanto antes”.

La sociedad pública de alquiler social Alokabide (dependiente del Gobierno vasco) sigue en plena tormenta. La presión que vienen ejerciendo sus inquilinos desde hace meses ha llegado hasta el Parlamento vasco. A principios de abril está previsto el debate de una proposición de ley que, entre otras cuestiones, reclama que el alquiler no supere el 30% de los ingresos del inquilino. Este es el principal caballo de batalla, ya que a los 250-280 euros de media del alquier hay que sumar los gastos fijos de comunidad (entre 70 y b80 euros) y los gastos de calefacción (puede rondar los 100 euros) y el agua caliente. Al final, “el alquiler no tiene nada de social. Al final te presentan con casi 500 euros cuando muchas familias solo cobran el subsidio de desempleo [426 euros]”, se queja Arturo Val, miembro de la Plataforma Stop Desahucios.

Según Val, “Alokabide sí puede cambiar su forma de actuar, pero no quiere hacerlo”. “Alokabide se comporta como una empresa privada y no duda en desahuciar por impago de rentas a deudores de buena fe. En Barakaldo hemos parado un desahucio, en Vitoria también, pero las cartas que mandan son en estos términos: 'o pagas [por deudas de dos plazos] o te echamos a la calle'. Y no se puede alegar nada”. En muchos casos, algunos inquilinos no están conformes con los recibos que les llegan de calefacción o agua caliente y los rechazan. “Lo que pasa después es que Alokabide se los vuelve a cargar junto con el alquiler del mes y así sucesivamente”.

“Se trata de una situación sangrante porque las familias no pueden llegar a final de mes. Y lo peor está por llegar ya que 2014 va a ser un año muy malo. Sin empleo y con 426 euros de subsidio ya me dirás cómo se aguanta la situación. Es fundamental actuar de manera preventiva y que se cambie la orden que regula los alquileres”.

Sin revisión anual

Ester Sancho es una inquilina de Alokabide. En su caso, le hicieron el contrato tomando como referencia la declaración de la renta de 2009 y para un periodo de cinco años. “Mi situación laboral ha empeorado. He solicitado que me revisen la renta porque ha habido momentos en los que solo he cobrado el subsidio de 426 euros, pero no lo han hecho. Hasta hemos llegado a tener jardinero en la urbanización y por mucho que le hemos insistido a Alokabide para que lo quiete y hacernos cargo los vecinos no ha habido forma hasta hace un año y medio”.

“Nadie cobra lo mismo que en 2009. El Gobierno vasco se cuelga medallas con lo de que se trata de pisos sociales, pero no tienen nada de social”, protesta Regina Cillero, otra inquilina de Alokabide que se ha visto obligada a pasar meses con apenas 60 euros. “Lo que me quedaba después de pagar el alquiler y todos los gastos fijos de comunidad y lo que cobraba. Tiras del colchón que has podido ahorrar, pero eso se acaba”.

Mientras, la viceconsejera de Vivienda del Gobierno vasco, Covadonga Solaguren, mantiene que Alokabide no desahucia a nadie por carecer de recursos económicos exclusivamente. Los casos que se han podido dar han tenido otras circunstancias añadidas que tienen más que ver con problemas “de tipo convivencial, de integración social e incluso con ilícitos penales”. La responsable del Gobierno vasco afirmó el mes pasado que Alokabide estudia “uno por uno” cada expediente para ver las razones del impago de la renta. “Nos ponemos en contacto con la persona afectada para llegar a un acuerdo de pago, dando facilidades a los inquilinos”, asegura.

Cerca de 200 personas vinculadas a las plataformas Kaleratzeak Stop Desahucios de Euskadi se han manifestado esta mañana frente a la sede de la sociedad pública de alquiler, Alokabide, para exigir al Gobierno vasco la retirada de los procesos de desahucio interpuestos a los inquilinos deudores. Cuatro de estas demandas son de inminente ejecución y afectan, entre ellas, a una madre soltera con una hija de cuatro años, a un joven de Vitoria desempleado desde hace más de dos años y a un vecino de Gipuzkoa con una madre enferma de 80 años a su cargo.

Las deudas contraídas por estos inquilinos están originadas, según han explicado los afectados, por la normativa aplicada por el Ejecutivo autonómico que no contempla la revisión de las cuotas en aquellos casos en los que los ingresos familiares han disminuido. Esto provoca que muchas familias paguen alquileres muy superiores a sus rentas. Esta situación, prolongada en el tiempo, les convierte sin quererlo en morosos porque no pueden afrontar los pagos. Los afectados denuncian las escasas posibilidades de negociación que les ofrece los técnicos de Alokabide cuando la deuda les ahoga. “La dureza y falta de humanidad con que nos tratan estos trabajadores es impresionante. Son inflexibles. Con el banco puedo negociar mi desahucio, con el Gobierno vasco no”, declara Antonio Camps, con fecha señalada de desahucio para junio.

Viviendas sociales y no negocios

A su lado asienten Jon Ander y Verónica, ésta última una madre soltera con un hijo de cuatro años con una amenaza de desahucio en ciernes. “Estoy dispuesta a pagar mi deuda. Ya se lo he comunicado pero me ha llegado el requerimiento judicial igualmente. Yo puedo ir pagando poco a poco, deben adaptarse a mis posibilidades actuales y no echarme a la calle. ¿Dónde voy yo con una hija de cuatro años?, ¿debajo de un puente?”, exclama la joven entre sollozos.

Los portavoces de las plataformas se reunirán el próximo lunes con la directora de Alokabide para trasladarle estas demandas e intentar llegar a una solución para los afectados. “Le haremos entrega de un escrito con estas críticas y diferencias normativas. En el texto les proponemos soluciones para que las viviendas de protección oficial sean realmente viviendas sociales y no negocios para las distintas sociedades públicas del Gobierno vasco”, relatan los representantes del movimiento reivindicativo.

Los inquilinos de viviendas sociales de Alokabide denuncian desfases entre las mensualidades que han de pagar los ocupantes y sus ingresos, menguados en muchos casos, desde la última actualización de precios de sus alquileres.

Los afectados solicitan a la sociedad pública que revise con mayor periodicidad las rentas de los pisos, fijadas cada cinco años, para adaptarse a las nuevas situaciones económicas de los ocupantes.

La plataforma Stop Kaleratzeak Araba reclama a la sociedad pública de alquileres sociales Alokabide que sometan a revisión con mayor periodicidad los precios de sus arrendamientos para adaptarse a las nuevas situaciones económicas de los ocupantes de estas viviendas. Esta práctica se realiza, según relatan los portavoces del colectivo, cada cinco años, un intervalo de tiempo desmasiado largo a juicio de los afectados, “en el que las circunstancias laborables y por consiguiente, las rentas familiares pueden sufrir variaciones”.

Esta regularidad empleada al establecer las rentas provoca desfases entre las mensualidades que han de pagar los ocupantes y sus ingresos, que en muchos casos han menguado desde la última actualización. Los portavoces de la plataforma consideran que la función social de estas viviendas queda desvirtuada debido a estas diferencias. “Cuando muchos vecinos deben pagar rentas más altas que sus ingresos el fin social desaparece. Esta situación hace insoportable a muchos inquilinos continuar viviendo en esos pisos y los deshaucios se multiplicarán”, denuncia Jon Ander García, portavoz del colectivo. “Hay una falta de sintonía. Una renta de 600 euros se aleja del fin social que persigue este recurso y se acerca al precio de los alquileres libres”, añadía otro integrante de la plataforma en la rueda de prensa convocada para denunciar la situación. “Desde Alokabide nos dicen que la normativa no se puede cambiar de la noche a la mañana. Pero cuando quieren, cuando las modificaciones son en beneficio de los banqueros, se dan prisa para alterar lo que sea necesario. Aquí los cambios urgen y deben tenerlo en cuenta” insisten desde Stop Kaleratzeak Araba.

En desempleo y con 100 euros de gasto de comunidad

La plataforma exige una reacción ágil de la entidad pública que permita resolver los problemas cuando se detectan y no prolongar así la agonía de los afectados. “Se conocen estos casos desde hace año y medio y en ese tiempo no han movido un dedo”, insistían.

Sólo en Álava hay media docena de casos en proceso deshaucio por este motivo, según los representantes de la plataforma Stop Kaleratzeak Araba.

Las dificultades de los ocupantes para afrontar las mensualidades se recrudecen por los gastos comunitarios de estos pisos sociales. Los proveedores de los servicios de estas comunidades de viviendas sociales vienen impuestas desde el Gobierno vasco y sus precios, según denuncia los inquilinos, son muy altos. “Es del todo incoherente que estemos en paro y tengamos que pagar a una empresa para que nos haga la limpieza comunitaria. Nosotros proponemos hacerla entre los vecinos para poder ahorrar pero la gestión de la comunidad es hermética y unilateral y no nos permiten ni opinar ni decidir”, lamenta Jon Ander Garcia que calcula en más de cien euros mensuales los gastos comunitarios de algunos bloques sin incluir consumos.

22 de octubre. Esa es la fecha que tiene marcada en su agenda Hicham A. para el juicio de desahucio de su piso social de alquiler en Vitoria. Hicham A., quien vive con su mujer y sus cuatro hijos menores, trata de renegociar la deuda que mantiene con la sociedad pública de alquiler Alokabide, dependiente del Gobierno vasco. Hace ya ocho meses que dejó de pagar el alquiler y el resto de gastos de la comunidad, con lo que la deuda supera los 3.000 euros. “Reconozco la deuda y no me niego a pagar. Pero, ¿qué hago: doy de comer a mis hijos o pago el alquiler?. Ahora tanto mi mujer como yo estamos en paro y apenas entran ingresos en casa”.

Alokabide ya se ha puesto en contacto con él y le ha dado cita para los primeros días de octubre en un intento de que la renegociación de la deuda tenga un buen final. Según fuentes de la sociedad pública, “hay tiempo suficiente para resolver el problema antes de llegar al juicio”.

Hicham A. quiere “ir pagando poco a poco. Si me echan de este casa no tengo ninguna alternativa”. El afectado ha recurrido a SOS Racismo Araba en un intento de meter presión a Alokabide. El portavoz de la organización alavesa, Fede García, pidió a la administración que “mida bien sus pasos porque si gestiona la vivienda como si fuera la banca, al final eso termina en un desahucio”.“Los problemas sociales involuntarios derivados de responsabilidades ajenas”, añade, “si no se resuelven se pudren y con ellos la sensibilidad social y política debida”.