La asociación de vecinos Toscal Tribulaciones, radicada en ese barrio de la capital tinerfeña, presentó este miércoles en rueda de prensa celebrada en el Ayuntamiento (gobernado por CC-PP y con el nacionalista José Manuel Bermúdez de alcalde) una petición de ampliación de la franja de edad de las personas beneficiarias de la casa de la juventud existente en esa zona urbana, un espacio recientemente inaugurado y conocido como casa Siliuto. También se reclamó a la Corporación capitalina que especificara su normativa de funcionamiento y programación.

A esa propuesta, presentada por José Antonio Ramos, también miembro de la Comisión de Defensa del Barrio del Toscal, se sumaron los apoyos de Sí Se Puede, con presencia de la concejala Asunción Frías; Izquierda Unida, con Ramón Trujillo, y PSOE, con José Ángel Martín.

La apertura de la casa Siliuto el pasado mes de febrero pretendía proporcionar a la ciudadanía del barrio un espacio de reunión y encuentro cultural para jóvenes de entre 14 y 30 años. Así era en el inicio de la puesta en marcha del plan especial para dotar al Toscal de mayor habitabilidad y bienestar que los disfrutados hasta ahora.

Sin embargo, los vecinos ahora alegan la falta de infraestructura sociocultural alternativa para personas mayores de 30 años. Por ello, realizaron un escrito al Ayuntamiento el 15 de marzo pidiendo “el acceso transitorio para personas mayores de 30 años residentes en el distrito Centro-Ifara hasta el momento en que se dote a los colectivos excluidos de una infraestructura con el uso de iguales características”, según explicó José Antonio Ramos. Hasta ahora, esa petición no ha obtenido respuesta alguna.

Ramos comentó que, a raíz de eso, la asociación de vecinos Toscal Tribulaciones se percató de que la inauguración de la casa Siliuto se hizo sin un plan bien definido detrás. “Nosotros presentamos ante el Ayuntamiento un trabajo de fin de grado realizado por un grupo de alumnos de Geografía e Historia sobre cómo gestionar una casa de la juventud, pero aun así se abrieron las puertas de ese espacio sin una agenda bien definida”.

Además, las actividades programadas para los próximos meses están gestionadas por la empresa Ralons, SL, pero no se sabe cuál ha sido el criterio o la metodología seguida para seleccionar a dicha sociedad. “Pedimos a la jefa del Servicio de Promoción Económica y Calidad de Vida que informe sobre por qué y cómo se llegó a esa conclusión”.

El grupo de la oposición, sin la presencia de Ciudadanos, ha manifestado su completo apoyo a esa iniciativa, que se defenderá este viernes en el pleno del Ayuntamiento. Además, Asunción Frías hizo hincapié en la necesidad de que se habiliten más espacios de ese tipo en la capital, para que toda la ciudadanía tenga lugares donde reunirse y desarrollar actividades culturales de todo tipo.

En la misma línea, Ramón Trujillo (IU) dio una especial importancia a la dimensión participativa de los vecinos del Toscal en la elaboración de la programación y a que sean ellos los que digan cómo se quiere utilizar la llamada casa Siliuto.

José Ángel Martín (PSOE) también ratificó esa petición: “Es perfectamente razonable. Después de cuatro años, en los que no se han abordado esas dotaciones alternativas para el barrio, tampoco se ha aprobado el plan especial, que se dejó hecho por los vecinos y por los técnicos municipales que participaron en su elaboración”.

En esta misma línea, Martín reivindicó la necesidad de que el proyecto del teatro San Martín convierta este recinto en el centro cultural público polivalente del que se pueda beneficiar toda la ciudadanía del barrio.

Se trata del primer equipamiento de este tipo en el municipio, al que se unirá en el futuro otros en distintos distritos. Nuestra intención es que haya, por lo menos, una Casa de la Juventud por cada uno de ellos.

La apertura de Siliuto, por tanto, fue un acto mucho más que simbólico. Básicamente, porque se trata de la constatación práctica de un triple compromiso del Ayuntamiento y del grupo municipal de gobierno: con la rehabilitación del patrimonio histórico, con el impulso de un barrio y con la juventud.

Es decir, la concreción de un compromiso con el pasado, con el presente y con el futuro de nuestra ciudad.

Esta obra es, en todo caso, una más de las que estamos promoviendo para la rehabilitación de nuestro rico catálogo de bienes patrimoniales y para su disfrute por parte de todos.

El Ayuntamiento está invirtiendo 25 millones de euros en diversos proyectos de restauración patrimonial, que se encuentran en diversas fases administrativas. Muchos de ellos están en el período de redacción de proyectos, otros en la fase de licitación de obra y otros ya se han concluido.

Entre los terminados está, además de esta casa, la plaza de Los Patos. En fase de inicio inminente de las obras están la Casa Mascareño, en La Salud, donde irá otra Casa de la Juventud; o la primera fase del Palacio de Carta. En redacción de proyecto tenemos la rehabilitación del Templo Masónico o las antiguas escuelas de Artes Aplicadas, en Ireneo González, o de Comercio, por citar solo algunas actuaciones.

En este caso concreto, la Casa contribuirá a revitalizar uno de los barrios más característicos de la ciudad, donde probablemente late con mayor fuerza el corazón chicharrero. Y cuando entre en vigor el Plan Especial del Conjunto Histórico de El Toscal, que esperamos sea en las próximas semanas, estoy convencido de que se producirá un despegue definitivo del barrio. Habrá seguridad jurídica para que los propietarios puedan invertir con garantías en la rehabilitación de los inmuebles privados y las empresas, en la generación de nuevas actividades económicas y en la creación de empleo.

Esta Casa de la Juventud se unirá a otras que queremos abrir en el resto de Distritos municipales, atendiendo las necesidades detectadas por nuestros técnicos y las demandas planteadas por los propios jóvenes.

A este respecto, me gustaría recalcar el cauce de diálogo que siempre hemos tenido abierto con la población juvenil, reforzado ahora con la puesta en marcha del Consejo Municipal de la Juventud. Un diálogo que sustenta asimismo el diseño de la programación de Distrito Joven, con más de 4.000 inscritos, y la organización de actividades extraescolares en nuestros colegios, de carácter gratuito, tanto educativas como deportivas.

Los jóvenes tienen sitio en Santa Cruz y el Ayuntamiento seguirá trabajando para dar cobertura a sus necesidades e inquietudes, tanto en la cesión de inmuebles para su uso como en los planes y programas que ejecutemos, siempre desde la cooperación y el consenso.

La Casa de la Juventud de El Toscal, como las que vendrán en el futuro, se levanta para y por los jóvenes. Para y por Santa Cruz.

*Alcalde de Santa Cruz de Tenerife

Santa Cruz de Tenerife ha visto cumplido su objetivo de culminar las obras de rehabilitación de la Casa Lázaro -también conocida como Casa Siliuto- en el curso del presente año, para su próximo uso como nueva Casa de la Juventud. La buena marcha de los trabajos reiniciados el pasado mes de junio, con una inversión próxima al millón de euros, facilitará la puesta en marcha del programa municipal con este tipo de dotaciones.

El alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, recorrió este jueves las nuevas instalaciones, acompañado por los concejales de Urbanismo, Carlos Tarife, y de Juventud y Educación, Verónica Meseguer, además del arquitecto Rafael Escobedo.

Bermúdez adelantó que “Santa Cruz inicia hoy un camino dirigido a la puesta en marcha de Casas de la Juventud en los cinco distritos. A esta primera, localizada en el barrio de El Toscal, le seguirá la Casa Mascareño, en La Salud, cuyo proyecto técnico ya ha sido aprobado y saldrá a concurso próximamente”.

“La idea es que nuestros jóvenes tengan en estas Casa de la Juventud una referencia y un punto de reunión en el que desarrollar actividades de ocio, tiempo libre y también de formación2, agregó.

Tarife se unió a las felicitaciones hacia la empresa encargada de la reforma y el equipo que la ha realizado “por culminar un excelente trabajo que, afortunadamente, llega en forma de buena noticia en plena época navideña”. Además, valoró la labor de los técnicos de la Gerencia de Urbanismo a la hora de hacer un seguimiento semanal de este expediente. “Sin duda, esta es la primera de las buenas noticias que deben empezar a llegar a El Toscal, con más inversión pública y la aprobación de su Plan Especial”.

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha anunciado este miércoles que cumplirá su objetivo de culminar las obras de rehabilitación y adaptación de la Casa Siliuto como nueva Casa de la Juventud en el curso del presente año, merced a la buena marcha de la actuación que se inició el pasado mes de junio, con una inversión municipal de 694.441 euros.

El alcalde José Manuel Bermúdez, acompañado por el concejal de Urbanismo, Carlos Tarife, y la concejala de Juventud, Verónica Meseguer, supervisó este miércoles personalmente el avance de las obras que permitirán a Santa Cruz dotarse de un espacio singular, en el popular barrio capitalino de El Toscal.

“En Santa Cruz rehabilitamos para recuperar nuestro patrimonio, pero sobre todo rehabilitamos para poner en uso, al servicio de la sociedad y de la ciudad”, explicó el alcalde.

Bermúdez comentó que “es el caso de la Casa Siliuto, pero también del Palacio de Carta y otros inmuebles emblemáticos de Santa Cruz que se seguirán incorporando en esta estrategia de rehabilitar para usar y disfrutar”.

En este sentido, confirmó que, junto a la recuperación de la Casa Siliuto como Casa de la Juventud, se sumará la rehabilitación con el mismo fin social de la Casa Mascareño, en el barrio de Salud Bajo.

Carlos Tarife, como responsable de la Gerencia de Urbanismo, destacó por su parte “la culminación del proyecto de recuperación de la Casa Siliuto, que ha atravesado dificultades en el pasado, pero que hoy se encuentra a meses de ver la luz y de hacerse realidad”.

“Sin duda, esta rehabilitación es un ejemplo más, no el único, pero sin duda importante, de la labor responsable de Santa Cruz en la preservación de nuestro rico patrimonio histórico”, señaló.

Una vez se culminen las labores de recuperación, el área de Juventud asumirá la gestión del recurso, dotando al inmueble de todo el equipamiento preciso para su entrada en funcionamiento en las primeras semanas de 2019.

El concejal de Urbanismo en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Carlos Tarife, y la representación legal de la sociedad limitada Construcciones Felipe Méndez, firmaron este martes el acta de replanteo de la rehabilitación de la Casa Siliuto, condición previa al comienzo efectivo de las obras para recuperar este inmueble con vistas a su transformación en Casa de la Juventud.

Carlos Tarife informó tras la firma de que el importe de las obras, que incluye el proyecto de ejecución para la terminación de las obras de rehabilitación y el proyecto de instalaciones de baja tensión y contra incendios, asciende a 739.000 euros, mientras que el plazo de ejecución está estimado en seis meses.

El concejal recordó que la reforma de la Casa Siliuto, ubicada en el número 12 de la calle San Antonio, en el barrio de El Toscal, se vio interrumpida en su día ante los incumplimientos de la adjudicataria inicial, lo que obligó a la corporación a la resolución del contrato.

“Con esta nueva contratación de obras, que abarca todos los trabajos precisos para su finalización, Santa Cruz avanza en la rehabilitación integral del inmueble, con el objetivo de que los trabajos se completen en un semestre”, aseguró el concejal.

El exconcejal de Coalición Canaria (CC) en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife Norberto Plasencia, actualmente cumpliendo una pena de cárcel por el caso Mamotreto, ha vuelto a ser condenado por la Audiencia Provincial tinerfeña, que acaba de emitir una sentencia que le impone una pena de cuatro años de prisión por la comisión de un delito de prevaricación en concurso de malversación de fondos.

Este nuevo fallo, contrario a los intereses de Norberto Plasencia, se debe a su responsabilidad en el conocido como caso Siliuto, que tiene que ver con la compra de una propiedad privada por parte del Ayuntamiento capitalino en el barrio de El Toscal y por un valor superior (200.000 euros más) al tasado por los funcionarios municipales.

Los hechos, como ha avanzado Cadena SER-Radio Club Tenerife, se remontan a 2011, cuando Izquierda Unida Canaria presentó una denuncia contra la cúpula del área de Urbanismo en un mandato con Miguel Zerolo (CC) como alcalde.

Los exconcejales Norberto Plasencia y Manuel Parejo (ambos de Coalición Canaria y actualmente los dos en prisión cumpliendo penas por el caso Mamotreto) y el exgerente de Urbanismo Víctor Reyes, condenado por el caso Las Teresitas (como también ocurre con Parejo), fueron encausados por esa compra irregular de la casa Siliuto.

La sentencia de este último proceso judicial, que ya ha sido notificada a las partes, absuelve a Manuel Parejo y a Víctor Reyes. Además, considera al Ayuntamiento de Santa Cruz, entonces con Zerolo como alcalde (político también condenado por el caso Las Teresitas), responsable civil subsidiario hasta una cifra total de 280.281 euros.

Norberto Plasencia era uno de los concejales de la máxima confianza del exalcalde de Santa Cruz de Tenerife Miguel Zerolo, que acumula dos condenas, una por el caso García Cabrera y otra de siete años por el de Las Teresitas.

Las defensas de los tres acusados por la compra de la casa Siliuto por parte del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife en 2002 han tratado de sembrar dudas sobre la tasación municipal que fijaba el precio en la mitad de lo que se pagó, al considerar que no reflejaba adecuadamente el valor de mercado, además de que incluso contiene errores aritméticos.

Tras la conclusión de la fase pericial del juicio oral, todas las partes han elevado a definitivas sus conclusiones provisionales, que expondrán en sus informes finales el miércoles de la semana próxima.

Los acusados son los exconcejales Manuel Parejo y Norberto Plasencia, que cumplen condena por el caso mamotreto y están pendientes de su recurso al Tribunal Supremo por el caso de Las Teresitas, y el funcionario Víctor Reyes, exsecretario delegado de la Gerencia de Urbanismo, también condenado en primera instancia por el caso de Las Teresitas.

El fiscal pide para Norberto Plasencia diez años de prisión y dieciséis de inhabilitación por prevaricación y malversación de fondos públicos, y a Víctor Reyes siete años de cárcel y doce de inhabilitación, mientras que exculpa a Manuel Parejo.

La acusación popular, que ejerce Izquierda Unida, pide para Norberto Plasencia y Víctor Reyes dieciséis años de prisión y cuarenta años de inhabilitación a cada uno, y para Manuel Parejo, ocho de prisión y veinte de inhabilitación.

Ladislao Díaz, letrado defensor de Víctor Díaz, fue el más incisivo contra Berta Álvarez, la arquitecta técnica municipal que valoró la casa en 332.000 euros.

Su informe de tasación, según el abogado, contiene errores aritméticos que de corregirse supondría prácticamente igualar el valor de la vivienda a los 612.000 que pagó el Ayuntamiento a los compradores, los hermanos Alonso Siliuto.

Las defensas consideran que el informe municipal de 2002, que no fue tenido en cuenta por el consejo de administración de la Gerencia de Urbanismo que aprobó la compra, no refleja el valor de mercado de la vivienda, como a su juicio sí hizo el tasador designado por la propiedad, Juan Carlos Armas, quien en 1999 estableció el precio en 612.000 euros.

Berta Álvarez, cuyo informe era en realidad una revisión de una tasación privada realizada por Tinsa a petición del Ayuntamiento, utilizó la ley del suelo para realizar su valoración, mientras que Juan Carlos Armas aplicó la orden ministerial que rige para las tasaciones hipotecarias.

Este último sistema fue el utilizado por el perito designado por el fiscal en 2011, Juan Jesús Oliva Cabrera, si bien según él el valor del inmueble era de unos 470.000 euros a precios de 2005.

A preguntas del tribunal, los peritos corroboraron que cualquiera de esos métodos de valoración es correcto, aunque los resultados son diferentes por tratarse en un caso de fijar un precio de compra o expropiación por parte del Ayuntamiento y en el otro de su valor hipotecario o de mercado.

En la vista compareció también otro tasador, Miguel Ángel Clemente Mederos, de la empresa Tinsa, a la que el Ayuntamiento encargó una valoración externa que resultó en 705.000 euros.

Para llegar a ese precio, Clemente Mederos aplicó a la casa los aprovechamientos urbanísticos medios de la zona y una superficie construida superior a la escriturada, de acuerdo con sus propias mediciones.

Otro de los testigos de la sesión fue el entonces jefe de Planeamiento de la Gerencia de Urbanismo, Epifanio Gómez, quien en teoría, según reconoció, debería haber supervisado y firmado el informe de Berta Álvarez, pero no lo suscribió.

“No tuve conocimiento o estaba ausente, no me pasaron nada a la firma, no hablé con ella, no sé quién encargó el informe, no recuerdo la reunión”, fueron sus explicaciones al tribunal.

Los concejales del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife que en 2002 aprobaron unánimemente en el consejo de administración de la Gerencia de Urbanismo comprar la casa Siliuto, en Santa Cruz, por el doble de lo tasado por los servicios municipales, en general, han testificado que no lo recuerdan y alguno incluso ha dicho que se enteró después por la prensa.

En la tercera sesión de la vista oral del juicio por el caso Siliuto, en el que están acusados por malversación y prevaricación los exconcejales Norberto Plasencia y Manuel Parejo, junto al funcionario Víctor Reyes, comparecieron como testigos la mayoría de los concejales que aprobaron la compra de ese inmueble por 612.000.

Ese fue el precio fijado por los propietarios, los hermanos Alonso Siliuto, si bien en el expediente figuraba una tasación municipal que reducía el valor a 332.000 y otra tasación externa encargada por el Ayuntamiento a Tinsa que llegaba a 705.000.

El expediente de compra se aprobó por unanimidad de los concejales de CC, PP y PSOE, en una reunión del consejo de administración de la Gerencia de Urbanismo celebrada el 3 de diciembre de 2002, sin que nadie preguntara por la disparidad de valoraciones y, en algunos casos, sin leerse la resolución o sin ser conscientes de lo que votaban, hasta el punto de que se enteraron después por la prensa, según sus propios testimonios.

A lo largo de la instrucción, los concejales, prácticamente todos con estudios superiores y muchos licenciados en Derecho, según quiso poner de manifiesto la Fiscalía, habían declarado como imputados pero en el juicio han comparecido como testigos.

Además de los dos ediles encausados, en la sesión de este martes el concejal Dámaso Arteaga ya había declarado como testigo que “la sintonía fue total” en la reunión del consejo de administración a favor de la adquisición del inmueble, dados los informes favorables del interventor y del secretario de la Gerencia, Víctor Reyes.

En la vista de este miércoles, el exconcejal Basilio Franco, de CC, admitió que no se leyó la propuesta de resolución que apoyó y que como político solo se fijó en que el expediente contaba con los informes de legalidad pertinentes.

Juan Antonio Rodríguez Lorenzo, del mismo partido, declaró que no recuerda nada, que ni sabe ni ha visto nada de la casa Siliuto y que no se acuerda de haber participado en la reunión del consejo de administración. Sugirió que la presencia de su nombre en el acta puede ser porque se hiciera “un corta y pega” de alguna otra sesión.

María José Gutiérrez Pajarón, del PP, aseguró ante el tribunal que, por más “esfuerzos de memoria” que ha intentado, no recuerda absolutamente nada de ese asunto.

Algo parecido le ha pasado a José Luis Martín (PSOE), que ni conocía el caso, probablemente porque era “un asunto menor”, y ni siquiera lo había oído nombrar nunca, aunque ahora ya sabe “lo que ha publicado la prensa” al respecto.

Jaime Sáez Cortés, concejal que empezó el mandato con el PP en la oposición, pero que al año se pasó al grupo mixto y al equipo de gobierno tampoco recuerda.

Votó a favor, como todo lo que proponía el Gobierno municipal, y la propuesta de resolución que apoyó la leyó “con posterioridad”.

El consejo de administración decidió en aquella sesión la compra de la casa y acordó que la plusvalía la pagara el vendedor, como establece la ley. Pero, cuando se fue a firmar la escritura ante el notario Fernando González Vallejo, se cambió una cláusula para que ese impuesto lo asumiera el comprador, la Gerencia de Urbanismo, algo que, según han coincidido todos los testigos, es un caso único en el Ayuntamiento.

La empleada municipal que tramitó el expediente como administrativa cualificada, Erminda de Vera, dijo que ignora quién o por qué se cambió esa cláusula durante el proceso de intercambio de borradores de la escritura con la notaría. Testificó que la anotación manuscrita en uno de los borradores en el que se incluye la nueva cláusula no es su letra.

Como lo que establece la ley es que la plusvalía la pague el vendedor, el propio servicio de Hacienda del Ayuntamiento, ajeno al pacto de la Gerencia de Urbanismo, abrió en 2004 un expediente de inspección a los hermanos Alonso Siliuto para que liquidaran los 12.000 euros del impuesto, que ya incluía un recargo.

Pero esa liquidación fue anulada por el entonces concejal de Hacienda, Guillermo Núñez, según declaró el que era jefe de Negociado de Hacienda Municipal, Ignacio González Valenzuela.

Sin embargo, Guillermo Núñez (CC), que ahora ejerce como profesor de Derecho Financiero en la ULL, testificó que no recuerda “absolutamente nada” respecto a haber anulado la liquidación de la plusvalía a un particular, y que de eso sabe “por la prensa”.

Lo que sí corroboró es que el pago de la plusvalía es “indisponible” entre las partes y que no recuerda ningún caso en que el Ayuntamiento asumiera el pago de ese impuesto cuando ha adquirido propiedades. 

Aparentemente, ni los acusados ni los testigos que han comparecido este martes en la vista oral del caso Siliuto saben quién decidió la compra de esa casa por parte del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, quién negoció un precio de casi el doble que el tasado por los técnicos municipales o quién pactó que fuera el Consistorio local el que pagara la plusvalía.

En la primera sesión del juicio, ha comparecido como testigo Francisco Alonso Siliuto, quien, junto a su hermana, en 2002 vendió al Ayuntamiento la casa familiar, situada en el barrio del Toscal, por 612.000 euros, según la tasación realizada por ellos mismos, a lo que se suman los 11.000 euros de la plusvalía.

Los técnicos municipales tasaron la vivienda en 332.000 euros, si bien el Ayuntamiento encargó una tasación externa a Tinsa, que elevó el valor hasta 706.000 euros. Como acusados están los exconcejales Manuel Parejo y Norberto Plasencia y el exsecretario delegado de la Gerencia de Urbanismo Víctor Reyes.

La Fiscalía, que no acusa a Manuel Parejo, pide para Norberto Plasencia diez años de cárcel por prevaricación y malversación de caudales públicos, y siete para Víctor Reyes por malversación.

La acusación particular que representa a Izquierda Unida Canaria (IUC) pide 16 años de prisión para Norberto Plasencia, los mismos que para Víctor Reyes, y ocho años para Manuel Parejo, en los tres casos por malversación de caudales públicos.

La venta se aprobó en una reunión del consejo de administración de la Gerencia Municipal de Urbanismo en la que a nadie llamó la atención que el inmueble, que se iba a destinar a casa de la juventud, se adquiriera por casi el doble del valor tasado por el Ayuntamiento.

“La sintonía fue total, no hubo ninguna discrepancia ni reproches, el apoyo fue unánime”, explicó el concejal Dámaso Aretaga, que compareció como testigo porque fue uno de los miembros del consejo de administración que aprobó la compra a ese precio.

Arteaga no recuerda si se leyó la propuesta que aprobó, pero sí que el expediente establecía que el precio era razonable y que contaba con informe favorable de la Intervención municipal y del secretario de la Gerencia.

En el acuerdo del consejo de administración se establecía, como dice la ley, que la plusvalía corresponde a la parte vendedora, pero en la escritura notarial de compraventa, justo antes de la firma, se cambió para que la asumiera el Ayuntamiento. Ninguno de los acusados aclaró quién fue el responsable u órgano político que decidió esa compra ni quién estableció el precio.

Norberto Plasencia, que entonces era el concejal al frente de la Gerencia de Urbanismo, dijo que él llevaba solo unos meses como responsable y que se limitó a tramitar un expediente que tenía informe favorable de la Intervención y de legalidad, sin saber quién tomó la decisión de comprar.

Tampoco comprobó que en la misma notaría a la que acudió a firmar la compraventa se acababa de modificar la escritura a petición del vendedor para que el Ayuntamiento se hiciera cargo del impuesto de plusvalía, en contra de lo aprobado por el consejo de administración.

Víctor Reyes, el secretario delegado de la Gerencia, indicó que el precio de compra que él incluyó en la propuesta que se sometió a la aprobación del consejo de administración le vino dado y que debió fijarse en “algún tipo de negociación” con los propietarios.

Esas decisiones solo podían tomarlas los responsables de la Gerencia de Urbanismo, es decir, o el gerente (José Tomás Martín, que compareció como testigo), o el consejero director (Norberto Plasencia), pero a Reyes no le consta ninguna reunión.

Reyes dijo que en el consejo de administración los concejales eran conscientes de lo que se aprobaba y no pueden alegar que no tuvieran conocimiento. Aseguró que el vendedor es quien tendría que haber pagado la plusvalía, así que no sabe por qué se cambió la escritura notarial.

También defendió que el precio acordado entre el Ayuntamiento y la propiedad era adecuado, dentro de parámetros normales, y descalificó el informe de la arquitecta municipal Berta Álvarez, que tasaba el inmueble en la mitad, porque era “inconexo” y se hizo sin siquiera visitar la casa ni incluir fotos ni planos.

Manuel Parejo declaró que en ese tiempo no era responsable de la Gerencia de Urbanismo, así que se limitó a votar a favor de la compra en el consejo de administración porque no había reparos ni de legalidad ni de Intervención.

Pero sí reconoció que fue él quien en 2005 firmó la resolución de pago de la plusvalía, porque también constaba un informe favorable de Intervención de manera que no podía negarse, puesto que así figuraba en la escritura de compraventa.

El vendedor, Francisco Alonso Siliuto, testificó que él había puesto como condición que la plusvalía la pagara el Ayuntamiento, pero como no figuraba así en la escritura el día que fue a firmar pidió que se cambiara “y lo aceptaron”, sin que el notario advirtiera de que la ley establece que el pago corresponde al vendedor.

Alonso Siliuto insistió desde el principio en que él no negoció ni se reunió con nadie, que toda su relación con el Ayuntamiento en la operación fue por escrito, mediante instancias.

En una de esas instancias, él mismo escribe que se había reunido con el teniente de alcalde, entre otros, pero en su comparecencia judicial insistió en que no recuerda haberse reunido con nadie.

También declaró que en 1999 el Ayuntamiento había rechazado comprar el inmueble, pero de repente, en 2002, hubo un cambio de criterio, le pidieron que remitiera su tasación y luego supo por el periódico que se había aprobado la adquisición.

Entre los testigos compareció José Tomás Martín, que fue gerente de Urbanismo, quien no recuerda mucho de este caso particular, salvo que el expediente contaba con informes favorables y que no hubo reparos en el consejo de administración que lo aprobó.

Lo que sí dejó claro es que la plusvalía corresponde abonarla al vendedor, y señaló que nunca ha visto un caso en que sea el Ayuntamiento el que la pague.

Otro testigo, José Luis Roca, quien fuera interventor delegado de Urbanismo, no participó en los informes que dieron lugar a la adquisición de la vivienda, pero sí informó favorablemente en 2005 a que el Ayuntamiento pagara la plusvalía porque no se había percatado de que había una discrepancia entre el acuerdo del consejo de administración y la escritura notarial. Tras darse cuenta, elaboró otro informe avisando de esa discrepancia.

El juicio por la compraventa de un edificio en el corazón de Santa Cruz de Tenerife por un precio casi el doble de lo tasado por los técnicos del Ayuntamiento ha sentado de nuevo en el banquillo este lunes a los exconcejales de Urbanismo Manuel Parejo y Norberto Plasencia (entonces de CC y ahora en prisión por la sentencia firme del caso mamotreto), acusados de los delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos. También, una vez más, se ha sentado en el banquillo el exsecretario general de la Gerencia de Urbanismo Víctor Reyes, para quien la Fiscalía pide siete años de prisión y la acusación popular, diez, por prevaricación.

Sin embargo, la vista oral ha sido aplazada una semana, hasta el 11 de julio, para dar tiempo a la acusación popular, que ejerce Izquierda Unida y representada por el abogado José Pérez Ventura, a depositar una fianza de 2.000 euros para poder ejercer la acción popular que en la fase de instrucción no le fue reclamada.

La compra de la casa Siliuto, o antigua casa Lázaro, situada en el popular barrio de El Toscal y que iba a ser destinada a Casa de la Juventud, recuerda en su esencia a la compra del frente de la playa de Las Teresitas. Y ocurrió igualmente a comienzos de siglo: los propietarios del inmueble, que se iba a ver afectado por el Plan Especial de El Toscal, propusieron en 1998 al Ayuntamiento que lo comprara por 612.777,78 euros, según una tasación particular, frente a los 332.469,99 euros en que fue tasado por los técnicos de Urbanismo.

Norberto Plasencia, que en 2002 era el consejero delegado de Urbanismo, solicitó una nueva tasación a Tinsa, que elevó el precio a casi 706.000 euros. Atendiendo al escrito de la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, esta nueva tasación solo tenía como objetivo “lograr la apariencia de legalidad”.

Finalmente, en febrero de 2003, se elevó a escritura pública la compraventa por 280.281 euros por encima de lo tasado por la propia Gerencia de Urbanismo. En otra reunión del consejo de administración de la Gerencia, en la que participó Manuel Parejo, se acordó que el Ayuntamiento abonaría el impuesto municipal conocido como plusvalía, que por ley corresponde pagar a los vendedores y que supuso, según las acusaciones, otro detrimento de las arcas públicas de 10.946 euros.

Según las conclusiones provisionales de la Fiscalía, Norberto Plasencia contó con la ayuda esencial del exsecretario general de Gerencia Víctor Reyes para llevar a cabo la operación, que habría favorecido intereses particulares frente al interés general, máxime cuando la casa Siliuto incluso podría pasado al patrimonio municipal sin tener que abonar un euro.

Los delitos no han prescrito

Los delitos no han prescritoPara Norberto Plasencia, la Fiscalía ha solicitado siete años de prisión y 12 de inhabilitación por el delito de prevaricación administrativa, además de otros tres años de prisión y seis de inhabilitación absoluta por el de malversación de caudales públicos.

Para Víctor Reyes pide siete años de prisión y 12 de inhabilitación por el delito de prevaricación.

Sin embargo, dejó fuera y pidió el sobreseimiento provisional para Manuel Parejo, que solo está acusado por IU del delito de prevaricación y para quien se reclaman ocho años de prisión y 10 de inhabilitación absoluta.

Tampoco han sido acusados ni por la Fiscalía ni por la acusación popular los demás integrantes del consejo de administración de la Gerencia de Urbanismo, que declararán en calidad de testigos, entre ellos, el actual concejal de Obras Públicas en el Ayuntamiento de la capital tinerfeña, Dámaso Arteaga.

Al inicio de la vista oral, los abogados que defienden a Manuel Parejo y Víctor Reyes alegaron que los delitos habrían prescrito, además de la falta de legitimación de Izquierda Unida para ejercer la acción popular por tratarse de un partido político “con intereses particulares”.

Tras dos horas de deliberación, los magistrados que componen la Sección Sexta de la Audiencia Provincial, presididos por Esmeralda Casado, resolvieron que los delitos no habían prescrito, ya que así se declara en un auto de la Sección Quinta de la misma Audiencia Provincial, y que Izquierda Unida sí está legitimada para llevar a cabo la acusación popular, sobre todo por la naturaleza de los delitos que se enjuician, prevaricación y malversación, “de claro interés público”.

Manuel Parejo y Norberto Plasencia se encuentran en prisión, en cumplimiento de su condena de tres años y dos años y tres meses, respectivamente, por la construcción ilegal del edificio de aparcamientos a la entrada de la playa santacrucera de Las Teresitas, conocido como mamotreto.

A su vez, Manuel Parejo y Norberto Plasencia están a la espera de la sentencia del llamado caso La Ninfa, cuyo juicio se celebró en junio pasado y en el que la acusación particular solicito cuatro años de prisión para ambos por las supuestas irregularidades acometidas en la reforma de un inmueble, con invasión de terrenos destinados a un aparcamiento público.

Manuel Parejo y Víctor Reyes, a su vez, han sido condenados a siete y cuatro años de prisión, respectivamente, en el juicio por el caso Las Teresitas.

En un principio, la Fiscalía solicitaba una responsabilidad civil subsidiaria a la Gerencia de Urbanismo de 280.281 euros, sin que estuviese muy claro si esa Gerencia era perjudicada o beneficiada por la compraventa de la casa Siliuto. Este lunes, la Sección Sexta de la Audiencia Provincial ha retirado esa obligación. El pago de lo abonado de más a los hermanos Siliuto deberá ser satisfecho solidariamente por los acusados en caso de ser condenados. También deberán reingresar a las arcas públicas los más de 10.000 euros en concepto de plusvalía. A todas las cantidades habrá que añadir el interés legal del dinero.