Con el suicidio del expresidente Alan García cuando iba a ser detenido, Perú se ha convertido en un país cuyos últimos cinco expresidentes –que han gobernado entre 1990 y 2018– están encarcelados, investigados por corrupción o se encuentran prófugos de la justicia. García ocupó la presidencia en dos periodos: del 85 al 90 y de 2006 a 2011.

Alberto Fujimori: condenado a 25 años

Albereto Fujimori lideró Perú durante 10 años. Se convirtió en presidente en 1990 y dos años después desencadenó el llamado autogolpe de 1992 en el que se disolvió el Congreso y el poder Judicial.

A finales del año 2000, rodeado por varios escándalos de corrupción y derechos humanos, viajó a Japón, país del que también posee la nacionalidad, y desde allí anunció su dimisión. Fujimori logró huir de la justicia hasta 2005 gracias a su autoexilio en Japón. Tras un viaje a Chile en 2005 fue detenido, pasó seis meses en la cárcel y posteriormente fue extraditado a Perú, donde estaba acusado de 12 cargos diferentes por corrupción y graves violaciones de derechos humanos.

La primera condena contra el presidente se produjo en 2007 por ordenar a un militar suplantar a un fiscal para allanar ilegalmente la casa de la esposa de su exasesor. Fue condenado a seis años de prisión. Dos años más tarde, Fujimori fue condenado a 25 años por su papel en la matanza de Barrios Altos (1991), en la que 15 personas fueron asesinadas, y la Cantuta (1992) en la que murieron nueve estudiantes y un profesor. También fue condenado por el secuestro de un periodista y un empresario. Ese mismo año, el presidente también reconoció haber malversado 15 millones de dólares. En 2015, otras dos condenas: una de seis años por comprar a congresistas tránsfugas, pagar a medios de comunicación y por espionaje telefónico y otra de ocho años por desviar fondos de las fuerzas armadas y el servicio de inteligencia para financiar a medios que apoyaron su segunda reelección. Además, Fujimori ha sido acusado de haber ordenado la esterilización forzosa de unas 331.600 mujeres indígenas.

Fujimori gozó de un pequeño periodo de libertad tras ser indultado en diciembre de 2017 por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski. Sin embargo, la justicia peruana revocó el indulto en octubre de 2018.

Alejandro Toledo Manrique: prófugo de la justicia

Alejandro Toledo, que gobernó Perú entre 2001 y 2006, es un prófugo de la justicia desde 2017. Toledo vive actualmente en Estados Unidos. En 2017, la Fiscalía peruana le acusó de haber recibido dinero de la empresa brasileña Odebrecht para supuestamente favorecerla en la licitación de una obra. Según la orden de detención emitida por la Fiscalía, Toledo le hizo prometer al exrepresentante de Odebrecht en su país el pago de 36 millones de dólares a cambio de la concesión de un proyecto. Su testaferro ha reconocido que recibió de la constructora más de 17 millones de dólares destinados al expresidente.

El mes pasado, Toledo fue detenido en California en estado ebrio, pero fue puesto en libertad unas horas después. El caso de extradición se encuentra actualmente en manos del Departamento de Justicia, según informó la Fiscalía peruana.

Alan García: intento de suicidio tras orden de detención

El expresidente Alan García, que gobernó Perú ente 1985 y 1990 y posteriormente entre 2006 y 2011, se ha suicidado este miércoles disparándose en la cabeza poco después de que se hiciera oficial la orden de detención por el caso de corrupción Odebrecht y justo cuando la Policía se dirigía a su domicilio para detenerle. García había sido vinculado a una trama de sobornos. La justicia le había prohibido salir del país en noviembre de 2018.

Ollanta Humala: 300 días en prisión e investigado

El sucesor de Alan García, Ollanta Humala (2011-2016) está siendo actualmente investigado junto a su esposa por blanqueo de capitales y vinculación con la inmensa trama de corrupción de la constructora Odebrecht. La Fiscalía acusa al matrimonio de haber recibido tres millones de dólares de Odebrecht para la campaña de 2011 que le hizo ganar las elecciones y hacerse con la presidencia. Humala y su esposa pasaron más de 300 días en prisión preventiva entre julio de 2017 y abril de 2018, cuando el Tribunal Constitucional ordenó su liberación (sin retirar los cargos).

Pedro Pablo Kuczynski: detenido e investigado

Kuczynski, el presidente que concedió el indulto a Fujimori y que gobernó el país entre 2016 y 2018, fue detenido el miércoles pasado a petición del equipo Lava Jato que le investiga por delitos de corrupción supuestamente cometidos durante su etapa como ministro de Administración del expresidente Toledo. La Fiscalía ha pedido 36 meses de prisión preventiva. Kuczynski dimitió en marzo de 2018 por el escándalo que generó la divulgación de los pagos por haber ejercido como consultor de Odebrecht mientras era ministro. El expresidente fue ingresado en el hospital este martes por un cuadro de presión arterial alta.

Kuczynski fue muy criticado por conceder el indulto a Fujimori por razones humanitarias. Muchos calificaron la decisión como un canje político porque la decisión se dio poco después de que los diputados fujimoristas evitasen en el último momento que el Congreso destituyese al presidente tras salir a la luz sus vínculos con la constructora brasileña.

El expresidente peruano Alberto Fujimori ha asegurado este miércoles que no teme una posible revocación del indulto humanitario que recibió en diciembre porque considera que “está sustentado médicamente”.

Tras acudir a un control médico en una clínica de Lima, al ser consultado sobre la revisión en el Poder Judicial peruano del indulto otorgado por el exmandatario Pedro Pablo Kuczynski, como lo planteó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), Fujimori ha dicho que confía en que la Justicia reconozca que tiene una enfermedad.

“Está sustentado médicamente que tengo fibrilación auricular paroxística y es una enfermedad riesgosa. Van a reconocer que tengo efectivamente la enfermedad”, ha declarado el exmandatario, de 80 años, en declaraciones a la emisora RPP Noticias a su ingreso a una clínica local.

Fujimori recibió el indulto el 24 de diciembre pasado en medio de fuertes críticas a Kuczynski porque se produjo tres días después de que una facción del partido Fuerza Popular, liderada por su hijo y congresista Kenji Fujimori, se abstuvo de votar a favor de la destitución del entonces mandatario por sus vínculos con la constructora brasileña Odebrecht.

Desde su excarcelación, Fujimori ha dado detalles sobre su estado de salud a la prensa y en abril pasado indicó que tenía un pequeño tumor en el pulmón, que tiene que controlar cada cuatro meses.

Fujimori ha asegurado este miércoles que en tanto se “mantenga en control”, estará “estable”, “procurando que no se produzca la fibrilación auricular paroxística”, una dolencia cardiológica también conocida como arritmia paroxística.

La Corte dio de plazo hasta el 29 de octubre próximo para que Perú presente avances sobre el análisis de la legalidad del indulto y aclaró que tiene la potestad de pronunciarse “posteriormente”, en caso de que lo considere necesario.

Los jueces interamericanos aseguraron que corresponde a las autoridades nacionales “analizar si el ordenamiento jurídico peruano prevé otras medidas que, sin implicar un perdón de la pena por el Ejecutivo, permitan proteger la vida e integridad de Alberto Fujimori”, en caso de que “realmente su situación de salud y condiciones de detención pongan en peligro su vida”.

Fujimori fue condenado en 2009 por la Justicia peruana a 25 años de cárcel por la autoría mediata de las matanzas de La Cantuta y Barrios Altos, en las que murieron 25 personas, y el secuestro de un periodista y un empresario en 1992.

Esto es graciosísimo, o sea, en realidad no tiene ni puñetera gracia, pero dicho así, como estoy a punto de decirlo, lo que le pasa al Perú con sus presidentes es de traca. Y, por qué no, vale como una especie de laboratorio muy gráfico de los truculentos senderos del poder aplicable casi a cualquier contexto. Por eso os cuento: hay un expresidente que está ahora mismo en la cárcel y también su primera dama. Sobre otro expresidente pesa ahora mismo una orden de extradición y debe entrar en prisión preventiva en cualquier momento. Un tercer expresidente está siendo investigado por los mismos asuntos que los dos anteriores pero, a diferencia de los dos primeros, se las ha arreglado entre tanto para ser vecino de Madrid y tan ancho. Además, hasta hace poco el Perú podía presumir de haber metido a un exdictador en la cárcel por crímenes de Estado y violación de derechos humanos, hasta que el presidente, también investigado, indultó a ese dictador como una especie de canje político, para evitar que lo echaran a él del Gobierno a causa de sus negocios sucios y lo libró así de una pena de 25 años de la que solo había cumplido diez. Al indultador, sin embargo, le salió el tiro por la culata y el Congreso intentó destituirlo otra vez por incapacidad moral y porque francamente era un presidente que no servía para nada. En un giro sin precedentes, se hizo público un video en el que se evidenciaba un intento de compra de votos para evitar su inminente vacancia. Y ese presidente dejó de ser presidente.

Si mi país tiene un sello propio, que ya es parte de su folclore político, es que los mandatarios caigan por videos. Así como lo oyen. Las grabaciones de cámara escondida tienen la larga tradición de tumbarse régimenes en el Perú. Por eso se acuñó la frase local “videito manda”. Hace 18 años un video que revelaba la compra de congresistas tránsfugas y todo un aparato de inteligencia estatal corruptor para sobornar y chantajear autoridades corruptas –un plan organizado y puntillosamente documentado por el Servicio de Inteligencia Nacional, a cargo del asesor presidencial, Valdimiro Montesinos en sus (vladi) videos de cámara escondida– obligó a Alberto Fujimori a fugarse y renunciar por fax. Hoy se repite la historia. Los hijos de Fujimori, estratégicamente enfrentados pero ambos herederos directos del fujimontesinismo, con los mismos métodos que hicieron caer a su padre en el 2000, se tumbaban esta vez a Pedro Pablo Kuczynski, quien tuvo que renunciar en un mensaje a la nación. Durante unas horas nos quedamos sin presidente. Hoy lunes, el recién nombrado presidente, Martín Vizcarra, presentará a su flamante gabinete.

Como en muchos lugares, en el Perú la justicia es una línea torcida que se intercepta en varios tramos con la absoluta impunidad. En ese rosario de componendas, y en tres décadas de gobiernos consecutivos, al menos algunos presidentes han pisado el talego y otros podrían hacerlo en poco tiempo. Si se llegara a probar la tira de denuncias de cohecho, colusión, sobornos y corrupción de diverso calado de estos señores –y el gobierno del Perú acatara la próxima sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que todo indica rechazará el indulto humanitario a Fujimori–, podríamos llegar a batir como país un récord sin lugar a dudas mundial con cinco jefes de Estado metidos simultáneamente en prisión: Humala, Toledo, García, Fujimori y Kuczynski. Algo que me produce un morbo inconcebible.

La pregunta de por qué cada vez que un presidente deja el poder en el Perú acaba en la cárcel se la ha hecho hasta el Papa. No es un misterio bíblico, claro. Recuerdo mucho unas esculturas de varios presidentes peruanos entre rejas que encontré un día en el jardín de un restaurante de mi barrio en Lima. La idea de que esa ficción pueda hacerse realidad un día no muy lejano hace que se nos pinte en la cara de desengaño un rictus de estúpida esperanza institucional. Que en un país del sur andino, amazónico, excolonia, haya algunos presidentes en la cárcel, puede verse por un lado como un fracaso del sistema político, un relativo triunfo del sistema de justicia, a veces como un auténtico ejemplo de una ciudadanía vigilante, consciente de sus derechos, al menos en parte (como en el caso del fin de la dictadura de Fujimori) y otras como producto de una encarnizada batalla por el poder entre mafias (el caso de los Fujimori y Kuczynski).

Pero si ocurre que hay presidentes que han cometido crímenes, los han apañado y siguen viviendo en la completa impunidad solo puede tratarse de un fracaso orquestado, y ese fracaso salpica y responsabiliza a todos los poderes, también al ciudadano. El otro día se me ocurrió pensar qué hubiera pasado si todas las más clamorosas acusaciones contra los presidentes de España hubieran tenido un videito en el que apoyarse. Se lo dije a una amiga, incluso, bromeando, “a ustedes lo que les falta son sus videitos...”. Entonces, quizá, con un videito que mande, Felipe González tendría que haber explicado más acerca de los asesinatos de los GAL. Aznar no hubiera salido tan ileso de los primeros pasitos de la trama Gürtel que ya se dieron con él en el poder. Tal vez se le hubiera hecho caso a la Fiscalía cuando aseguró en un dictamen que el Partido Popular era “una organización para delinquir”. Y Rajoy habría tenido una oportunidad de renunciar a la presidencia por cada videito que hubiera aparecido de los casos de Bárcenas, Gürtel, Púnica, Lezo, y siguen nombres, sobre todo por sus sobres llenos de dinero de la caja B. Y lo más importante, a lo mejor todos los presidentes y el monarca que pactaron la Ley de Amnistía del 77 y los que no se atrevieron a derogarla –y mira que hasta la ONU lo exigió– tendrían que ir al banquillo a dar explicaciones sobre unos cuantos miles de crímenes de lesa humanidad.

Pero qué diablos, yo creo que ni siquiera un video mandaría en España o nada nos asegura que la prueba del delito flagrante sirva ya para hacer justicia. Sin ir muy lejos, hace ya tiempo que desfila ante nuestras narices la trama del PP al desnudo. Los jueces a dedo que vetan investigaciones, los jueces dignos que son apartados de los principales casos, los aliados de los malhechores enquistados en el Tribunal Constitucional y en la Fiscalía General, las enmiendas oportunistas a la Constitución y la reforma del código penal que cierra el círculo reprimiendo, la oposición tibia que tiene también algo que esconder, los pactos bajo la mesa para protegerse entre ellos, garantizan la inmunidad de un presidente que no sirve para nada y su renuncia que nunca llega y que ya huele. Y entonces, recuerdo, que claro que aquí tenemos videitos que mandan, que desenmascaran. Son los videos de la brutalidad policial, la prueba de que quien hoy ostenta el monopolio de la violencia tiene todo atado y bien atado para perpetuarse en el poder. Pero no olvidar que lo que intenta anular la potencia revulsiva de la gente, lo que hoy amordaza, mañana subleva.

El presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski ha decidido presentar su dimisión en una reunión del Consejo de Ministros y tiene previsto comunicarla al Congreso. La publicación por la oposición de unos mensajes de audio que revelan el intento de compra de votos de diputados ha desencadenado la renuncia un día antes de la comparecencia de Kuczinski en el Parlamento.

En las conversaciones grabadas se escucha a partidarios del presidente ofrecer al diputado de Fuerza Popular Moisés Mamani la realización de obras públicas en su circunscripción electoral a cambio de que votara en contra de la destitución de Kuczyinski.

En esos diálogos aparecen el ministro de Transportes, Bruno Giuffra, el abogado de Kuczynski, Alberto Borea, y un funcionario llamado Fredy Aragón. Todos parecen hablar en nombre del presidente y dan a entender que el diputado podría beneficiarse económicamente. También se escucha a Kenji Fujimori –hermano de Keiko Fujimori, hija del anterior dictador–, que abandonó el partido Fuerza Popular y se alió con Kuczyinski.

Cuando el diputado comunica al ministro Giuffra que le están presionando en su partido, este le responde: “¿Para qué le vas a contestar? Tú dile yo tengo mi conciencia y en mi pueblo quieren otra cosa. Dile 'mi pueblo no quiere vacancia' (la destitución del presidente). Ni abras la boca conmigo. Se cae todo”.

El ministro le asegura de que recibirá lo prometido: “Tranquilo, compadre. Tú ya sabes cómo es la nuez. Ya qué más seguro. ¿Con quién acabas de estar? Tú asegura lo otro más bien”.

En otra conversación, el ministro cita al diputado en el domicilio personal de Kuczyinski para una reunión.

“Frente a esta difícil situación que se ha generado, y que me hace injustamente aparecer como culpable de actos en los que no he participado”, dijo Kuczyinski en el comunicado con el que anunció su dimisión, “pienso que lo mejor para el país es que yo renuncie a la Presidencia de la República”.

El proceso de destitución del presidente se inició por el presunto pago de sobornos por la empresa brasileña Odebrecht, a través de Westfield Capital, empresa que administra por un socio del presidente.

En su primer mensaje a la nación tras tomar posesión, Kuczyinski dijo: “No permitiré, especialmente, a mis funcionarios, caer en la indignidad de la corrupción. Quien falle terminará ante la justicia”.

El último sismo político en Perú tuvo su origen en la otra orilla de Sudamérica, Brasil, el epicentro del Caso Lava Jato, el episodio de corrupción más impactante de los últimos tiempos en la región. Desde allí ha llegado una onda expansiva de revelaciones de tal magnitud que ha causado el envío a prisión preventiva al expresidente Ollanta Humala y su esposa, una orden de captura internacional contra el también expresidente Alejandro Toledo, una investigación al exmandatario Alan García y en las últimas semanas estuvo a punto de causar la destitución del actual presidente, Pedro Pablo Kuczynski (PPK), en lo que puede ser la crisis más grave de la era democrática iniciada a comienzos de este siglo.

El país que hasta hace poco era considerado una estrella de la economía latinoamericana se encuentra envuelto ahora en una compleja trama de intrigas políticas que, paradójicamente, ha terminado por beneficiar a quien un estudio de Transparencia Internacional del 2004 asignó el séptimo lugar en una lista de diez gobernantes corruptos del mundo: la víspera de Navidad, el exdictador Alberto Fujimori recibió un sorpresivo indulto humanitario que diversos observadores han señalado como fruto de un pacto político entre PPK y una facción de la poderosa bancada fujimorista que apenas tres días antes estuvo a punto de removerlo del poder.

El indulto ha causado un acomodo del tablero político, pero está lejos de ser el punto final de la crisis: por estos días, nuevas revelaciones del Caso Lava Jato siguen agitando a toda la clase política del país: el testimonio del magnate Marcelo Odebrecht, el principal inculpado del caso, ha reforzado indicios de la presunta entrega de dinero ilegal a las campañas políticas de candidatos presidenciales y congresistas; y el pago de sobornos a altos funcionarios públicos.

Destitución express

expressEl estallido de la crisis se produjo a mediados de diciembre pasado, cuando la presidenta de la comisión parlamentaria que investiga el Caso Lava Jato, la fujimorista Rosa Bartra, hizo pública una carta en que la constructora Odebrecht revelaba pagos por US$782 mil a una consultora de PPK. Según ese documento, entre 2004 y 2007 la constructora brasileña le había hecho transferencias por presuntas asesorías financieras vinculadas a los proyectos Trasvase Olmos y la carretera Interoceánica, dos gigantescas obras adjudicadas a Odebrecht. Ambos proyectos habían sido impulsados desde la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión), que dependía del despacho de Kuczynski mientras fue ministro de Economía y Finanzas.

El documento reveló que una segunda consultora vinculada a Kuczynski -y a su socio, el banquero de inversión chileno Gerardo Sepúlveda-, también hizo varias asesorías a empresas de Odebrecht por algo más de 4 millones de dólares, durante 7 años.

La difusión de esos papeles -una respuesta de la mayoría opositora del Parlamento al allanamiento del local partidario de Keiko Fujimori por la Fiscalía, en el marco de la investigación Lava Jato- tuvo como efecto el instantáneo reclamo de la renuncia de Kuczynski por diversas bancadas, de izquierda a derecha, bajo la amenaza de declarar la destitución presidencial por “incapacidad moral permanente”. Algunos ministros también aconsejaron al presidente que renunciara. Sin embargo, a través de un mensaje en video, el mandatario informó que no dimitiría.

Kuczynski envió una carta a la comisión Lava Jato en la que ofrecía recibirla para dar sus descargos el viernes 22 de diciembre en Palacio de Gobierno. La oposición se le adelantó: aprobó iniciar el proceso de destitución en la sesión plenaria del jueves 21.

Ese día se movieron todas las fichas del tablero. En el Perú de estos días, eso incluía las fricciones al interior de la familia más disfuncional de la política peruana: los propios Fujimori. Al historial de conflictos internos -que incluye el ya lejano divorcio de los padres entre acusaciones mutuas de torturas y corrupción-, se sumaba ahora la aparente división de los dos hijos de Alberto Fujimori que participan en política: Keiko, la hija mayor y lideresa del partido Fuerza Popular, promotora de un implacable boicot al Gobierno gracias a su mayoría parlamentaria; y Kenji, el hijo menor y congresista de la República, quien llevaba meses en un abierto acercamiento al presidente Kuczynski y en posturas moderadas que con frecuencia lo habían enfrentado a las decisiones de su partido.

Lo que pasó entonces ha quedado registrado como una de la maniobras políticas más descarnadas de los últimos tiempos: mientras conseguía la adhesión de distintas personalidades ante lo que se consideraba un golpe de Estado incitado por el fujimorismo más recalcitrante, Kuczynski aceleró negociaciones secretas con Kenji Fujimori para obtener votos que lo salvaran de la destitución a cambio de acelerar el proceso de indulto que venía evaluando desde meses atrás. En un dramático mensaje a la Nación, el presidente llegó a decir que “la Constitución y la democracia están bajo amenaza” y, tras pedir disculpas por llevar en desorden sus cuentas -una excusa insólita en un antiguo banquero de Wall Street-, convocó a las fuerzas democráticas para evitar su remoción del poder.

El día del debate, el jueves 21 de diciembre, hubo ácidas intervenciones que reclamaban la cabeza del presidente por haber mentido reiteradamente sobre sus relaciones con la nave nodriza de la corrupción corporativa latinoamericana. En las redes sociales, el cálculo voto a voto se mantuvo por horas con una incertidumbre de infarto. Hacia media jornada, la intriga se agudizó con la aparición de un presunto certificado médico que recomendaba el indulto a Alberto Fujimori. Algunos pensaron que se trataba de un psicosocial salido desde el propio fujimorismo para acrecentar la indignación de la izquierda contra el presidente y así sumar sus votos a la moción de destitución. El Ministerio de Justicia y la propia premier Mercedes Aráoz respondieron de inmediato que la información no era cierta. En realidad era la primera señal de lo que pasaba entre bastidores.

En ese clima, cerca de la medianoche, la votación dio un giro sorprendente: la moción de destitución quedó diez votos debajo del mínimo requerido, precisamente los votos en abstención de diez congresistas fujimoristas encabezados por Kenji Fujimori. Por la televisión se vio un contraste decisivo en la mayoría fujimorista: mientras los partidarios de Keiko despotricaban de quien se les pusiera al frente, Kenji lucía conmovido y hasta derramó unas lágrimas. Era la segunda señal.

Indulto de Navidad

Horas antes de la última Nochebuena, PPK cumplió su parte del pacto y firmó el indulto a Alberto Fujimori “por razones humanitarias”. El proceso ha sido cuestionado por varias razones: desde la participación de un médico personal de Fujimori en la junta médica que recomendó su liberación hasta los presuntos síntomas que ponían en riesgo su vida. “Las arritmias cardiacas y los cuadros de depresión, evidentemente, se pueden presentar en ciertos internos, adultos mayores, como consecuencia del encierro. Pero, en ningún caso, estas características han justificado un indulto humanitario”, ha dicho Roger Rodríguez, quien renunció al cargo de director general de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos al conocerse la noticia.

“El ex reo tenía las mejores condiciones carcelarias que podía tener un interno en el país”, dijo el funcionario en relación a otro de los argumentos de los promotores del indulto.

Las críticas arreciaron cuando Fujimori dio un mensaje desde la clínica donde había sido internado justamente en las horas previas a recibir el indulto. Se suponía que estaba en una unidad de cuidados intensivos, pero en medio de numerosas visitas tuvo ocasión de leer un texto ante alguien que registraba todo desde un celular al pie de su cama. “Antes de que grabe este video alguien debió avisarle a Fujimori que uno de los informes médicos por los que fue liberado dice que ‘su dolencia le limita la fluidez de una pronunciación correcta’”, ironizó José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch. Los comentarios paródicos han venido de todas partes.

También hay quien lo considera su primer anuncio de retorno a la política.

La paradoja de esta trama es que deja a Kuczynski más debilitado que al presunto autócrata en estado terminal. El estigma de haber traicionado a sus allegados más cercanos lo deja expuesto al endeble soporte de quienes estuvieron a punto de derrocarlo. “Yo nunca hubiera imaginado que tras la figura bonachona de ese tecnócrata benigno que parecía Kuczynski, se ocultara un pequeño Maquiavelo ducho en intrigas, duplicidades y mentiras”, escribió el Premio Nobel Mario Vargas Llosa, quien le advirtió en varias ocasiones sobre las consecuencias de que otorgara el indulto al responsable de 25 ejecuciones extrajudiciales y cabeza del gobierno más corrupto de la historia del Perú. El Nobel habla del presidente en un tono tan demoledor que era impensable una semana antes. Esa opinión está lejos de ser un encono personal: las críticas a esta decisión han venido hasta de las Naciones Unidas.

Kuczynski arranca el 2018 en un estado que empieza a parecer al de los últimos días de cualquier gobierno, con multitudes en las calles que piden su renuncia y una imagen internacional resquebrajada al nivel de los regímenes más polémicos de la región. Si algo no precipita las cosas en estos días agitados para la política peruana, la próxima escena clave ocurrirá el próximo 2 de febrero, cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) evalúe la validez del indulto en una audiencia a solicitud los familiares de las víctimas del régimen de Fujimori. Es una carambola de resultados impredecibles.

El presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, ha indultado al exmandatario Alberto Fujimori tres días después de evitar su destitución en el Congreso, en una decisión que ha generado manifestaciones de protesta por un lado y celebraciones por otro.

“El Presidente de la República, en uso de las atribuciones que le confiere la Constitución Política del Perú para tales fines, ha decidido conceder el indulto humanitario al señor Alberto Fujimori Fujimori y a otras siete personas que se encuentran en similar condición”, anunció la Presidencia de la República.

Fujimori, de 79 años, presentó la solicitud de indulto y derecho de gracia el pasado 11 de diciembre, y una junta médica lo evaluó y determinó que padece de una “enfermedad progresiva, degenerativa e incurable”, según la información oficial. Agregó, asimismo, que las condiciones carcelarias implicaban un grave riesgo a su vida, salud e integridad.

El exmandatario fue internado el viernes en una clínica de Lima por problemas de presión arterial y ahora, tras el anuncio de su indulto, sus simpatizantes se acercaron a los exteriores del centro médico con carteles para celebrar el indulto.

El congresista Kenji Fujimori, el hijo menor del exgobernante que fue decisivo para que se archivara en el Congreso la destitución de Kuczynski, informó de que su progenitor va a continuar “en la unidad de cuidados intensivos hasta su total recuperación”. Asimismo, añadió que su padre “disfrutará en unos días de la libertad que se merece. Y les hace llegar sus mejores deseos en esta navidad”. Kenji agradeció a Kuczynski “por el noble y magnánimo gesto de brindarle el indulto humanitario” a su padre y dijo que estarán “eternamente agradecidos” con él.

Su hermana Keiko Fujimori, líder del partido Fuerza Popular, también llegó junto a sus hermanos Hiro y Sachi a visitar a su padre y expresó su satisfacción por el indulto. “Es una noche de gran alegría para nuestra familia, para el fujimorismo, han sido más de diez años de espera en los que mi padre estuvo privado de su libertad, finalmente se hace justicia”, declaró.

Sin embargo, la decisión de Kuczynski ha generado el rechazo de diversos sectores, incluido el oficialismo, donde anunciaron su renuncia los congresistas Vicente Zeballos y Alberto de Belaunde, lo que deja al grupo oficialista con solo 16 parlamentarios.

Existe, además, la posibilidad de que se produzcan más dimisiones, ya que el también congresista oficialista Juan Sheput declaró que la decisión del indulto fue tomada sin la participación de su bancada, por lo que esta se reunirá en las próximas horas para tomar una postura conjunta.

A su turno, el congresista del partido centrista Acción Popular Víctor Andrés García Belaúnde aseguró que hubo un “pacto infame” para otorgar el indultado a cambio de que el fujimorismo no destituyera al gobernante el pasado jueves en el parlamento.

La líder del izquierdista Nuevo Perú, Verónica Mendoza, afirmó, a su turno, que Kuczynski “acaba de hacer una vil traición a la Patria”.

Por su parte, cientos de manifestantes, entre ellos familiares de las víctimas de las matanzas por las que fue condenado Fujimori, se concentraron en la céntrica plaza San Martín para denunciar que el indulto es un acto de impunidad.

Los parientes de los asesinados y desaparecidos anunciaron que recurrirán a instancias internacionales para anular el indulto y que Fujimori cumpla la totalidad de la condena a la que fue sentenciado. En la movilización se exhibieron pancartas que calificaron el indulto como un “insulto” y a Kuczynski como un “traidor” y “cómplice del criminal”.

Gisela Ortiz, hermana de uno de los estudiantes desaparecidos en la universidad La Cantuta en 1991, uno de los casos por los que Fujimori fue sentenciado, escribió un dolido mensaje al mandatario en su cuenta en Twitter.

“Señor Presidente, acaba usted de robarnos nuestra tranquilidad y derecho a la justicia al regalarle inmerecido indulto a Fujimori. Hace 25 años no tenemos navidades y hay ausencias dolorosas. Cargue con eso hoy”, expresó.

Fujimori fue condenado en 2009 a 25 años de cárcel por la autoría mediata (con dominio del hecho) de dos matanzas perpetradas en 1991 y 1992 por el grupo militar encubierto Colina, con un total de 25 muertos, y el secuestro agravado de un periodista y un empresario en 1992.

Tras una enfurecida campaña electoral marcada por los insultos, las burlas y las acusaciones de corrupción, una poco probable alianza de socialistas y conservadores defensores del libre mercado parece haber acercado a un exbanquero de Wall Street de 77 años a la victoria en las elecciones presidenciales de Perú.

Las autoridades advierten de que pueden pasar días hasta que se declare un ganador oficial. Pero con la mayoría de los votos ya contados, Pedro Pablo Kuczynski tiene una estrecha ventaja sobre su rival, Keiko Fujimori, de 41 años, la favorita durante largo tiempo en la campaña para las elecciones de Perú.

A última hora de este lunes, la ventaja de Kuczynski se redujo a menos de 60.000 votos. Con el recuento de más del 95% de las mesas electorales procesado, Kuczynski tenía el 50,2% de los votos, en comparación con el 49,8% de Fujimori. Aún falta contar las papeletas de 885.000 peruanos con derecho a voto en el extranjero, la mayoría de los cuales viven en Estados Unidos.

Una victoria de Kuczynski, conocido popularmente como PPK, no sería tanto un apoyo a sus políticas como un voto de desaprobación a su rival, la hija del expresidente Alberto Fujimori, que fue condenado a 25 años de cárcel por dirigir escuadrones de la muerte, por malversación y por soborno durante su gobierno entre 1990 y 2000.

“Kuczynski no habría triunfado en estas elecciones si no fuera por el voto anti-Keiko, eso está claro”, señala Jo-Marie Burt, de la Oficina de Washington para América Latina. “Un sector significativo de la población tiene un alto nivel de concienciación sobre las violaciones masivas de derechos humanos y las prácticas corruptas que caracterizaron al régimen del padre de Keiko, y está dispuesto a movilizarse para evitar el regreso del fujimorismo”.

La campaña de Kuczynski recibió un impulso significativo con el apoyo de Veronika Mendoza, la excandidata presidencial de la coalición izquierdista Frente Amplio. Ella instó a los peruanos a votar a PPK para bloquear el retorno al poder de la dinastía Fujimori. “No podemos permitir que el fujimorismo vuelva al poder. No solo representa prácticas corruptas, sino una terrible dictadura”, aseguró Mendoza a the Guardian poco antes de la votación.

Pero el respaldo de último minuto a PPK por parte de Mendoza pareció ser a regañadientes. Antes de la primera vuelta en abril, Kuczynski llamó a esta parlamentaria, hablante de quechua, “media roja que nunca ha hecho nada en su perra vida”.

Aun así, gracias al apoyo reticente de Mendoza, Kuczynski ganó en la región de origen de la excandidata, Cusco, y en otras zonas muy pobres del sur de Perú hablantes de quechua, como Apurimac, Puno, Huancavelica y Moquegua.

Unidad contra Fujimori

Antes de la primer y segunda vuelta, decenas de miles de personas marcharon en el centro de Lima en mítines electorales contra Keiko Fujimori. Varios artistas, intelectuales y actores se unieron a las protestas y pidieron a los peruanos que no echaran sus papeletas a perder y que optaran por el candidato “menos malo”.

“Hubo presión ciudadana, de las fuerzas políticas. Esto no ha ocurrido antes, nos unimos por nuestro país”, valora Mónica Sánchez, activista y actriz de la telenovela más popular de la televisión peruana: Al fondo hay sitio.

Pero aunque esa alianza inestable sea suficiente para llevar a Kuczynski a la victoria electoral, no parece probable que vaya a durar mucho. “Se derrumbará inmediatamente en cuanto tome posesión”, vaticina Steven Levitsky, politólogo de la Universidad de Harvard.

Keiko Fujimori sigue teniendo un apoyo masivo entre los ciudadanos pobres de Perú y los incondicionales que defienden a su padre por derrotar a los guerrilleros de Sendero Luminoso en los años 90 y por construir escuelas y hospitales en rincones olvidados del país. Con 73 de los 130 parlamentarios, el partido de Fujimori, Fuerza Popular, tiene mayoría absoluta en el Congreso de Perú. Para aprobar leyes, los 18 miembros del partido de Kuczynski, Peruanos por el Kambio, tendrán que buscar probablemente alianzas más amplias.

Pero la parlamentaria del Frente Amplio Marisa Glave advierte de que su partido, que será el segundo mayor en el Congreso unicameral, ya tiene “profundas discrepancias” con PPK. “Esperamos, al igual que muchos peruanos, que entienda que este triunfo no es un voto a favor de su programa y de su campaña, sino que es un voto de resistencia contra el fujimorismo”, manifiesta a the Guardian.

Glave precisa que su partido no formará parte de un futuro gobierno liderado por Kuczynski pero estará dispuesto a facilitar el diálogo con grupos activistas para que salga adelante su agenda de reformas en primera infancia, educación, regulaciones territoriales –que incluyen títulos de propiedad para las comunidades indígenas– y descentralización.

Será una curva de aprendizaje complicada para un tecnócrata que confiesa no ser “político” a pesar de liderar un partido político. “Debe su victoria al voto anti-Fujimori, pero tendrá que llegar a un acuerdo con el partido de Fujimori para gobernar”, avisa Steven Levitsky.

Traducción de Jaime Sevilla Lorenzo

El exministro y economista peruano Pedro Pablo Kuczynski (Peruanos Por el Kambio) lidera el escrutinio con el 50,32% de los votos válidos frente al 49,68% de su rival, Keiko Fujimori (Fuerza Popular), cuando se han computado el 92,55% de las actas electorales de la segunda vuelta de los comicios presidenciales de Perú. Uno de los resultados más ajustados en segunda vuelta del país.

El jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Mariano Cucho, ha recalcado la necesidad de esperar el resultado final con calma y prudencia, a falta incorporar las actas de votos emitidos en el extranjero y de las provincias más alejadas. Previamente, Cucho declaró a la cadena local Frecuencia Latina, que los resultados al 100% “estarán probablemente el viernes, o sábado o domingo de la próxima semana”.

“Por eso le pido prudencia, calma a la población”, indicó el funcionario antes de negar cualquier posibilidad de que pueda presentarse un intento de fraude a favor de Keiko, tal como insinuó hoy el excandidato presidencial Fernando Olivera, quien pidió vigilar el cómputo de los votos.

“No se puede hacer ninguna aseveración sobre nuestro trabajo, es totalmente técnico y transparente. No podemos aceptar que tengamos ninguna inclinación hacia algún partido político”, enfatizó.

Los candidatos guardan silencio

Ambos candidatos han mantenido la cautela en las primeras horas de hoy. Y en declaraciones a los simpatizantes, que se concentraban en sus locales de campaña, prefirieron ser prudentes debido a la estrecha diferencia de votos.

Kuczynski señaló que no habían ganado todavía y que había que esperar los resultados oficiales. Fujimori manifestó que las cifras iniciales mostraban “un empate técnico” y por ese motivo anunció que van a esperar con prudencia, “porque en toda la noche llegarán los votos de las regiones, del extranjero y el voto rural del Perú profundo”.

Los colegios electorales para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Perú cerraron a las 16.00 hora local (21.00 GMT), tras una jornada sin mayores incidentes, salvo la demora en instalar algunas mesas de votación y la presencia de propaganda electoral alrededor de algunos locales.

Cerca de 23 millones de peruanos estuvieron convocados hoy a votar en 77.307 mesas electorales dispuestas en 5.337 locales de votación para escoger al sucesor del actual presidente, Ollanta Humala, para el período 2016-2021. Pese a que el voto es obligatorio en Perú, la abstención se sitúa en torno al 17,8%.

Fujimori recabó un 40% de los votos en primera vuelta

Fujimori, de 41 años e hija del encarcelado expresidente Alberto Fujimori, ganó la primera vuelta de las elecciones presidenciales, celebradas el domingo 10 de abril, al obtener el 39,85% de los votos, frente al 21,01% de Kuczynski, que fue el segundo candidato más votado.

En declaraciones a Efe, algunos mandatarios coincidieron en que la caída de Fujimori en las votaciones, tras partir como favorita durante la campaña, respondió en parte a las denuncias del presunto lavado de activos contra el exsecretario general del partido y uno de sus principales financieros Joaquín Ramírez.

En el caso también se ha visto implicado el candidato a vicepresidente de Fujimori y exministro de Agricultura de Alberto Fujimori, José Chlimper, después de que éste reconociera que entregó una grabación a un programa televisivo que difundió un audio manipulado para desacreditar la denuncia contra Ramírez.

Rosa Rojas Borda solloza cuando recuerda la noche en la que, hace casi 25 años, una barbacoa en la zona pobre de Barrio Altos, Lima, se convirtió en masacre. Los vecinos se habían reunido para recaudar fondos para unas tuberías de desagüe, pero poco antes de la medianoche, unos hombres enmascarados irrumpieron en el edificio, obligaron a los invitados a tirarse al suelo y abrieron fuego. Murieron 15 personas, incluido el marido de Rosa, Manuel, y su hijo Javier, de ocho años, a quien encontró desplomado en una esquina.

“Pensé que se había desmayado, lo cogí y lo sostuve contra mi pecho”, rememora. “Después, su cabeza cayó hacia atrás y vi un agujero en su frente y sangre saliendo de su boca”.

Los investigadores concluyeron que el ataque fue perpetrado por paramilitares del Gobierno que estaban cazando a guerrilleros de Sendero Luminoso. Un tribunal sentenció después que estos actuaron bajo las órdenes directas del entonces presidente Alberto Fujimori, y en 2009 lo sentenciaron a 25 años de cárcel por el ataque de Barrio Altos y otra masacre ejecutada por el mismo grupo. También fue condenado por malversación y sobornos.

Muchos peruanos siguen dando crédito a Fujimori por derrotar a los rebeldes y controlar la hiperinflación que paralizó la economía del país en los años 80. Mantuvo su popularidad incluso cuando disolvió el Parlamento en abril de 1992 y a pesar de la represión violenta de su gobierno.

Pero los peruanos acabaron cansándose de la corrupción desenfrenada de su régimen y, tras unas elecciones amañadas en 2000, Fujimori huyó a Japón. En 2005 visitó Chile, desde donde fue extraditado para someterse a juicio. Según el historiador Alfonso Quiroz, ya fallecido, el régimen de Fujimori fue probablemente el más corrupto de la historia de Perú: el país perdió entre 1.500 y 4.000 millones de dólares por la corrupción.

Los crímenes de Fujimori pueden ser parte del pasado, pero su legado está en el corazón de una ardua batalla por el futuro del país.

Mientras Perú se dirige a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales este domingo, su hija Keiko encabeza las encuestas con una leve ventaja frente al exministro de Economía de 77 años Pedro Pablo Kuczynski, conocido popularmente como PPK. Pero la perspectiva de que una Fujimori regrese al poder ha consternado a quienes sufrieron bajo su represión violenta de la disidencia.

“Creímos que fueron terroristas quienes mataron a mi familia, pero no, fue el Estado, quienes nos gobernaban. El presidente Fujimori es tan culpable como quienes dispararon”, afirma Rojas Borda, de 51 años, mientras abre el kiosco en el que vende dulces y bebidas. Hay una foto descolorida de su difunto hijo pegada en el cristal.

“Keiko aún tiene a su padre, su hogar está completo, su familia está unida. Pero en la sed de poder que tienen, nunca han pedido perdón”, lamenta.

Unidad contra el regreso de la dinastía Fujimori

Esta semana, decenas de miles de personas se manifestaron en el centro de Lima, en una tercera protesta contra Keiko Fujimori. Esta vez, entre los manifestantes estaba Veronika Mendoza, la excandidata presidencial de la coalición de izquierdas Frente Amplio, que pidió a los votantes unirse en torno a Kuczynski, antiguo banquero de Wall Street, y bloquear el regreso al poder de la dinastía Fujimori.

Sea cual sea el resultado de las elecciones, el partido de Fujimori, Fuerza Popular, ya tiene una mayoría rotunda en el Parlamento peruano, con 73 de los 130 escaños. Una nueva generación de fujimoristas ha adoptado el programa del expresidente: una economía de libre mercado y una postura dura contra el crimen.

Pero las víctimas de Fujimori también se están movilizando. Indira Huilca, de 27 años, que está entre los nuevos miembros del Parlamento más jóvenes, es la hija de Pedro Huilca, un líder sindical que murió en la puerta de su casa a manos del mismo escuadrón de la muerte que acabó con el marido y el hijo de Rojas Borda.

La tradición establece que los nuevos parlamentarios prometan sus cargos ante el diputado que tenga el mayor número de votos. Este año será Kenji Fujimori, el hijo menor del expresidente, quien oficie la ceremonia. “No es nada personal”, dice Huilca, impávida ante esa perspectiva. “No tengo ningún rencor hacia los hijos de Fujimori, pero sí tengo un problema enorme con el hecho de que, a pesar de saber lo que hizo, siguen reivindicándolo, siguen siendo parte de su red de corrupción”.

Una oleada de escándalos de corrupción en las últimas semanas no parece haber afectado mucho a la ventaja de Fujimori. En mayo, el canal de televisión Univisión informó de que el secretario general de su partido, Joaquín Ramírez, está siendo investigado por la DEA por presunto blanqueo de dinero procedente de la droga.

Ramírez, antiguo revisor de autobuses, niega cualquier irregularidad pero ha dimitido de la campaña. También se enfrenta a una investigación aparte de la Fiscalía peruana por un imperio empresarial. En un acto de campaña reciente, Fujimori aseguró a los periodistas que las acusaciones que vinculan a miembros de Fuerza Popular con el narcotráfico son “absolutamente falsas”.

Pero según el antiguo zar de las drogas Ricardo Soberon, la candidata ha cortejado a “sectores sociales peligrosos”: ha llegado a acuerdos con líderes de regiones cuyas economías locales dependen de actividades ilícitas, incluida la minería salvaje, la explotación forestal ilegal y el tráfico de drogas. “Un futuro gobierno de Fujimori podría abrir enormes agujeros para la actividad ilegal de las élites”, advierte Soberon.

En una entrevista con the Guardian, Kuczynski señala que hay “gran cantidad de pruebas” de actividades ilícitas de Fuerza Popular y califica la candidatura de Fujimori como una “amenaza mortal para la democracia”. “Por supuesto, ella no es su padre, pero está rodeada de gente que no representa una buena mentalidad para Perú”, advierte.

Kuczynski nació en la ciudad amazónica de Iquitos, hijo de inmigrantes de Suiza y Polonia. Su padre dirigía el centro de leprosos que Ernesto 'Che' Guevara visitó y del que escribió en la obra autobiográfica llamado después Diarios de motocicleta.

Ha ocupado cargos en el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional y ha sido ministro en varios gobiernos de Perú, pero ha tenido dificultades para superar la percepción de que es un tecnócrata anodino, más cercano al mundo de las finanzas internacionales que a la realidad de la vida en Perú. “PPK es un candidato terrible”, dice Steven Levitsky, politólogo de la Universidad de Harvard.

Por el contrario, Keiko Fujimori, de 41 años, es una oradora con mucho rodaje: 20 años de experiencia política desde que se convirtió en la primera dama de su padre en 1994, cuando ella tenía 19 y sus padres se separaron. Conecta con la gente humilde, que sigue recordando el clientelismo populista de su padre.

Aunque ambos candidatos prometen mejorar los servicios básicos, crear empleo y mejorar la educación, Fujimori “ha hecho campaña incesante y ha viajado por el país más que cualquier otra persona en los últimos cinco años”, apunta Levitsky. Eso, junto con “cultivar una imagen de alguien que no forma parte de la élite de Lima”, señala, le ha granjeado suficiente apoyo para ponerla en primera línea.

Para los seguidores de Fujimori, las acusaciones de corrupción no son más que “mentiras”. Su campaña con promesas de servicios básicos a ritmo de cumbia llega a los oídos de las personas de escasos recursos, acostumbradas a que los políticos les decepcionen. “Tiene el valor para luchar contra el crimen, al igual que su padre luchó contra el terrorismo”, valora Teófila Huaroc, vendedora ambulante de 42 años. “Ningún gobierno ni presidente ha hecho nunca lo que ellos han prometido”.

Traducción de Jaime Sevilla Lorenzo