El mundo cofrade lleva meses revolucionado en Málaga y Sevilla después de conocerse que El Vaticano invitaba a la hermandad malagueña de la Esperanza y a la sevillana del Cachorro a participar en una procesión en Roma por el Jubileo de las Cofradías, una especie de Champions cofrade que se celebrará en Roma en mayo. Las corporaciones dieron un 'sí' por aclamación, pero entonces se abrió una cuestión no menor como es el enorme coste de esta aventura, una cuestión en la que han entrado al quite las administraciones públicas andaluzas para poner sobre la mesa más de millón y medio de euros.

La que más va a poner va a ser la Junta de Andalucía, que incluyó 700.000 euros para ello en el presupuesto de la Consejería de Cultura, aunque la que finalmente se va a hacer cargo va a ser la de Turismo, que remite a un próximo acto para concretar su aportación. A esto hay que sumar los 300.000 euros que ponen cada uno los ayuntamientos de Málaga y Sevilla, así como 250.000 euros que añade la Diputación malagueña. Todas estas administraciones, por cierto, están gobernadas por el PP. Los otros dos grandes patrocinadores son la Fundación Unicaja y la Fundación Cajasol.

¿Y cómo se justifican estas partidas? Pues el carácter histórico del evento, que se antoja como una ocasión única para promocionar las diferentes marcas (Andalucía, Málaga, Sevilla...), además de incidir en su valor cultural y de abono para atraer al turismo cofrade... justo en un momento en el que hasta el Consejo de Cofradías de Sevilla alerta del exceso de turistas. De hecho, esta inversión de más de millón y medio es al margen de los dos millones de euros que el Gobierno andaluz va a pagar para promocionar la “poderosa” Semana Santa de Andalucía estos días en Roma, siempre con el valor del patrimonio cultural-religioso como telón de fondo.

Dos audiencias con el Papa

El Jubileo de las Cofradías se celebra cada 25 años, y la procesión que se celebrará el 17 de mayo estará presidida por las dos imágenes andaluzas, que desfilarán en su trono y en su paso. Previamente habrá una 'preprocesión' en la que podrán verse manifestaciones cofrades de Génova, Sicilia, Francia, Portugal y la propia Ciudad del Vaticano.

La también conocida como Procesión Magna de Roma ya propició que en enero dos consejeras del Gobierno andaluz (la de Hacienda, Carolina España, y la de Cultura, Patricia del Pozo) viajaran para una audiencia con el papa Francisco y expresar así su apoyo a la presencia de las dos hermandades. Entre otros, en este acto también estuvieron presentes el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y el presidente de la Diputación malagueña, Francisco Salado.

El Jubileo de las Cofradías estuvo asimismo muy presente poco después, en febrero, en la que fue la segunda visita en menos de un año del presidente andaluz al Papa para hacer balance del macroevento cofrade que Sevilla acogió en diciembre. Un evento, por cierto, para el que la Junta puso 600.000 euros “sobrantes” del presupuesto de Cultura, para indignación del sector de las artes escénicas. Juan Manuel Moreno subrayó que acudía para “estrechar lazos con El Vaticano” y reforzar el papel del turismo religioso, con Andalucía como “epicentro y capital de la pasión popular en el mundo”.

Reproches a la Diputación de Sevilla

El último en confirmar su aportación ha sido el Ayuntamiento de Sevilla, que lo ha hecho este pasado jueves –a poco más de un mes para el evento– con un pleno extraordinario en el que se ha aprobado una modificación presupuestaria con la que reunir estos 300.000 euros. Las partidas para ello se han sacado del capítulo de personal (plazas presupuestadas, pero que no están ocupadas), así como quitándole 27.000 euros a los fondos del bonobús para jóvenes de Tussam, la empresa municipal de transportes. Fuentes municipales han señalado que este capítulo se había sobredotado y al final sobra dinero.

El delegado de Hacienda, Juan Bueno (PP), justificaba esta aportación de 300.000 euros en que “la presencia del Cachorro en el corazón de la cristiandad es un hito” que “exige” la colaboración municipal porque el Cristo de la Expiración va a hacer las veces de “embajador de Sevilla”. Esto “redundará en el prestigio y la visibilidad” de la capital hispalense, poniendo de manifiesto su “identidad cultural, religiosa y turística”.

PSOE y Vox apoyaron la propuesta del gobierno local, con lo que la única formación que se opuso fue Podemos-IU. Su portavoz, Ismael Sánchez (IU), incidía en que su grupo “no está en contra de las hermandades y no vamos a quitar la Semana Santa el día que gobernemos”, pero afeaba al PP que “esta subvención a dedo no forma parte de las prioridades de una ciudad con muchos problemas” y con recortes en los servicios públicos.

Por cierto, que el responsable de Hacienda subrayaba que las administraciones “han estado a la altura” menos la Diputación de Sevilla, “que no ha colaborado” como sí ha hecho la de Málaga. “Habría que estar más pendiente de eso, por qué una administración pública no quiere colaborar en algo superimportante”, le reprochaba. La institución provincial, gobernada por el PSOE, sí puso 50.000 euros para la procesión Magna de Sevilla en diciembre, en la que participaron tres devociones de la provincia: Setefilla de Lora del Río, Consolación de Utrera y Valme de Dos Hermanas. 

El traslado y la procesión

La aportación municipal se materializa en una subvención que se entrega a la Archidiócesis, para colaborar en que el traslado de la imagen se haga “con la dignidad, seguridad y solemnidad que merece”. ¿Y cómo será este traslado? Pues las dos tallas viajarán en un mismo convoy por carretera, mientras que el paso, el trono y las insignias lo harán en ferry desde Valencia. Llegarán a Roma el 13 de mayo, recibiendo culto durante tres días en la basílica de San Pedro.

El cortejo lo formarán 2.000 personas entre los 600 cirios que acompañarán a las imágenes, las cuadrillas y portadores (con dos relevos completos, 90 costaleros para el Cachorro y 270 portadores para la Esperanza) y las bandas de música. Durante el recorrido el Cristo de la Expiración irá acompañado por las bandas de música de La Puebla del Río y la Oliva de Salteras, que se unen de forma especial para esta ocasión, y la dolorosa malagueña lo hará por la Banda de Música de la propia Archicofradía del Paso y la Esperanza.

La procesión comenzará a las 17 y terminará sobre las 23 horas. Tras la ampliación del itinerario aprobado por el Dicasterio para la Evangelización y el Ayuntamiento de Roma, el recorrido será: Piazza Celimontana, donde estará la estructura efímera desde la que saldrán las imágenes; via Claudia, Piazza del Colosseo, via Celio Vibenna, via di San Gregorio, Piazza di Porta Capena, viale Aventino, via del Circo Massimo, via dell'Ara Massimo di Ercole, via dei Cerchi, via di San Gregorio, via Celio Vibenna, Piazza del Colosseo, via Claudia y piazza Celimontana.

Un aventurero local convenció a la Diputación de Málaga para que le financiase con 80.000 euros una expedición al Ártico que, entre otras actuaciones, tenía como objetivo llevar un iceberg de 15.000 kilos desde las aguas de Groenlandia hasta la calle Larios, en el centro de la capital de la Costa del Sol, en pleno mes de agosto. La idea era concienciar del cambio climático a las personas que pasaran por delante del trozo de hielo mientras se derretía. Tras varias semanas de expectación, los promotores del proyecto comunicaron que ese iceberg nunca iba a llegar. 

Hablamos con Néstor Cenizo, periodista de elDiario.es en Andalucía, para recrear el accidentado viaje de este trozo de hielo y de cómo algunas administraciones públicas invierten en proyectos efectistas con poco contenido en lugar de dedicar fondos a propuestas serias.

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Hace ahora un año y un mes, decenas de efectivos del grupo de intervención de la Guardia Civil y de la Policía Local de Rincón de la Victoria (48.768 habitantes, Málaga) se desplegaron en la pedanía de La Cala del Moral para una operación: se trataba de garantizar que los operarios arrancaran de cuajo al menos 85 moreras, ficus y brachichitos que llevaban cuarenta años dando sombra a la calle principal, para sustituirlos por cocos plumosos, un tipo de palmera sin apenas hojas ni raíces en este pueblo. Gran parte de los vecinos se opusieron y la Policía llegó a retirar a alguno de la vera de los árboles arrastrándolo por el suelo.

Cuando se consumó el arboricidio, los vecinos advirtieron de que llevarían el asunto a los tribunales. Fruto de una querella, el juzgado de instrucción 3 de Málaga abrió diligencias previas para investigar si en la tala de La Cala del Moral se cometieron delitos de prevaricación y contra la fauna y flora. Este martes el alcalde Francisco Salado (PP, también presidente de la Diputación Provincial) tendrá que declarar como investigado.

Salado intentó evitar la comparecencia. Esgrime que antes que él debían haber declarado los técnicos, que había otras diligencias que practicar antes que llamar a declarar al alcalde y que en la investigación ya constan elementos que deberían motivar el archivo del caso. Por ejemplo, que el Defensor del Pueblo Andaluz concluyó que no había mala praxis. Lo cierto es que no entró nunca a valorar si la tala fue o no apropiada. Cuando quiso intervenir el proceso ya estaba muy avanzado, y el consistorio lo culminó incluso después de que el Defensor se dirigiera a él.

Desde la institución aclaran que no encontraron irregularidad administrativa en la decisión posterior de plantar palmeras. La plataforma que se opuso a la tala lamenta que el Defensor se escudara, según ellos, en unas negociaciones que no desembocaron en nada y, posteriormente, en la apertura de un proceso penal para no reprender formalmente al ayuntamiento. “La plataforma está politizada y busca el escarnio público”, advierten por su parte fuentes de alcaldía.

Pero este proceso ni siquiera es el único que pone en cuestión aquella actuación municipal. Durante las protestas, el concejal José María Gómez Pepín llegó a agredir a una vecina. Ya ha sido condenado por un delito leve de malos tratos. La sentencia, confirmada por la Audiencia Provincial, considera probado que la empujó “tras ponerle la mano a la altura del cuello”. Gómez, edil de Medio Ambiente y Playas, también estaba citado a declarar este martes, pero ha presentado un parte de baja.

Se trata de un político con amplio bagaje de escándalos desde hace tres décadas: fue alcalde con el PP, que lo echó, fundó un partido y luego se incorporó al Partido Andalucista, y ahora gobierna con Salado (PP), el mismo que lo expulsó. Condenado en dos instancias por agredir a una ciudadana que protestaba, sigue siendo concejal.

Una tala “sin venir a cuento”

La eliminación de más de 80 árboles unió a decenas de vecinos, antes ajenos a protestas y movimientos de este tipo, que se vieron sorprendidos por una actuación que nadie esperaba. “Sin venir a cuento, de pronto vimos cómo talaban todas las moreras de la entrada del pueblo”, recuerda hoy Ana Rodrigo, portavoz de la asociación Moral y Acción Verde, constituida a raíz de aquel episodio. Fuentes de alcaldía insisten en que la tala no fue para tanto, sino que la mayoría de los árboles fueron trasladados a otros lugares.

El Ayuntamiento había anunciado su intención de mejorar la calzada, advirtiendo de que había 30 árboles cuyo estado había que revisar, una decena de los cuales eran irrecuperables y debían ser talados. “De ahí pasaron a talarlos todos”, lamenta la portavoz. Una vez que arrancó la podadora, alguien dio la orden de seguir. El Consistorio alegó entonces que levantaban las aceras y molestaban a los vecinos, pero bastaba recorrer la calle para comprobar que las aceras solo estaban levantadas en puntos concretos y que vecinos y comerciantes se oponían muy mayoritariamente a la tala.

Otro de los argumentos del Consistorio para plantar coco plumoso fue la reducción de costes de mantenimiento y poda, ya que los árboles estaban entre la carretera y las fachadas de los edificios. El Ayuntamiento buscaba árboles que crecieran “en vertical”, para evitar problemas de visibilidad con semáforos y farolas. El Ayuntamiento nunca contó con un informe técnico que exigiera este cambio. De hecho, un técnico municipal llegó a calificar de “error” la poda de las moreras y calificó la poda de “política”, según contó Arrinconados.

La tala coincidió con la privatización del servicio de mantenimiento de parques y jardines. El contrato había sido adjudicado apenas un mes antes a una UTE (formada por Ingeniería y Diseños Técnicos S.A.U y e ITUVAL) a cambio de 1,1 millones anuales durante cinco años. Casi siete millones por un servicio que antes prestaba una empresa pública. La Diputación de Málaga, presidida por el propio alcalde rinconero, había otorgado una subvención de 300.000 euros para las obras de acerado que justificaron la poda, según explicó a este medio el concejal Sergio Díaz.

Encadenados a los árboles

La tala generó un movimiento vecinal muy potente y diverso, que hizo todo lo posible por parar el arboricidio: protestaron en la calle, pidieron hablar con el alcalde y se encadenaron a los árboles. Nada surtió efecto. Cuando consiguieron hablar en Pleno haciendo uso del “escaño 22” (un turno de palabra vecinal), los árboles de la avenida ya habían sido eliminados. “Como vieron que oponíamos resistencia pusieron más trabajadores. En 15 días arrancaron y talaron todos”, lamenta Rodrigo. El balance final no está claro: entre 85 y 87 árboles fueron eliminados de esa avenida.

Tampoco tuvieron éxito en sus intentos por revertir los efectos. Consumada la tala, llegaron a reunirse con el alcalde en cuatro ocasiones para presentarle su propio proyecto de reforestación. El ayuntamiento dijo que lo estudiaría, pero finalmente se mantuvo en su idea inicial: una sola fila de cocos plumosos, una palmera que apenas da sombra, a lo largo de la avenida. Tan solo varió su plan inicial trasladando algunos de los ejemplares a otros puntos de la localidad, en lugar de al vertedero. Pero según la asociación, nunca hubo un interés real en conservarlos. Ellos mismos compraron enraizantes y llegaron a regarlos con garrafas para evitar que murieran. “Fueron hincados en tierra troncos sin raíces que solo cuidaron los vecinos”, dicen.

Por último, los vecinos activaron la vía judicial. “Nos sentimos indignados por lo que nos habían hecho y el desprecio con el que nos trataron, echándonos encima las fuerzas del orden”. La entidad, integrada por medio centenar de vecinos y constituida a raíz de la tala masiva, interpuso una querella a principios de año contra Salado y Pepín Gómez. Antes, fueron archivadas las denuncias a título individual.

“Este daño nos ha hecho activistas”

Un año después, la sombra ha desaparecido de la calle principal de La Cala del Moral, que es también la carretera Nacional 340. “Tampoco tuvieron en cuenta que es una arteria principal con muchísimo tráfico, y los árboles de copa densa ejercían de filtro”, dice Rodrigo. A menos de un kilómetro está la cementera de La Araña. “Hay noches que tengo que cerrar por el olor de lo que queman. Eso antes no me ocurría”. Han comprado medidores de aire para constatar su calidad.

La avenida ha pasado de la sombra fresca de los árboles talados a recibir directamente los rayos del sol, que en verano rebota sobre el asfalto. A Rodrigo la calle ahora le recuerda a un polígono industrial, que por la noche se convierte en una pista de aterrizaje por efecto de las luces que han colocado sobre cada palmera.

Además, aseguran que el pueblo ha perdido parte de su identidad. Muchos piensan que si se llama La Cala del Moral es por la histórica relación que han tenido con las moreras. En este tiempo, la asociación se ha consolidado y ha convocado el certamen literario internacional “Gloria Fuertes y el mundo de los árboles”, porque están convencidos de que la poeta hubiera apoyado su causa. Han recibido unos 150 textos de todo el mundo, desde Canadá a Australia, pasando por Italia o Colombia.

“Este daño nos ha hecho activistas”, remata Rodrigo. El precio fue alto: el pueblo perdió sus árboles. “Que en estos momentos de cambio climático se talen 85 árboles sanos (excepto diez) es de pensar muy poco en los vecinos. Los políticos deben ser conscientes de que no pueden tomar una decisión como esta porque sí, porque les parezcan más bonitas las palmeritas o a tal empresa le venga bien”.

La coalición de IU y Podemos en la Diputación de Málaga llevará al pleno del martes próximo el “dolor y desconcierto” por el homenaje del Ayuntamiento de Madrid al Crucero Baleares, un buque de guerra “que bombardeó a los civiles que huían de Málaga a Almería por la nacional 340” en febrero de 1937.

En la moción, señalan que el alcalde madrileño, José Luis Martínez Almeida (PP), ha eliminado el nombre de la calle Barco Sinaia, “el primer buque en el que llegó un numeroso grupo de exiliados españoles a México tras el triunfo de los sublevados fascistas en la Guerra Civil Española, para devolverle su anterior nombre, calle Crucero de Baleares”.

“Como malagueños y demócratas nos sentimos ofendidas, sentimos que nuestra memoria vuelve a sufrir una agresión, cuando se vuelve a realizar un homenaje a un buque de guerra que masacró a los familiares de nuestros compatriotas. Sentimos indignación al comprobar cómo con estos gestos se pretende una vez más pisotear la dignidad, la memoria y la lucha por la libertad y la democracia”, sostienen desde la confluencia de izquierdas.

Por ello, llevan a la Diputación una moción, consultada por Europa Press, para que el Pleno traslade a Martínez Almeida “su desconcierto, su angustia y dolor por el reciente homenaje efectuado al Crucero Baleares”.

Solicitud para reconsiderar esta actuación

También se insta al presidente de la Diputación, Francisco Salado, a que que dirija formalmente al alcalde del Ayuntamiento de Madrid un escrito solicitándole que reconsidere esta actuación “y retire el homenaje que en forma de nombre de calle está realizando al Crucero Baleares”.

Así, sostienen que la Diputación de Málaga, conocedora “de nuestra historia y que apuesta por la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición, que ha promovido el conocimiento de nuestra historia dando a conocer hechos dramáticos como el éxodo de la carretera Málaga-Almería, que ha apoyado la creación de lugares de la memoria como el Parque de la Memoria de Torre del Mar o el Faro, no puede quedar impasible ante este hecho que revive aquella masacre”.

Una “ofensa” a la provincia de Málaga

“Es una ofensa a nuestra provincia y como tal debe ser abordada por parte de esta institución provincial”, insisten desde IU y Podemos, al tiempo que recuerdan el éxodo por la carretera Málaga-Almería, la Desbandá, “un hecho histórico que se viene recordando año tras año gracias al trabajo incansable de las asociaciones de Memoria Histórica de la provincia, como la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, la Asociación Contra el Silencio y el Olvido, así como por la Asociación Senderista la Desbandá”.

A pesar de que existe una prohibición expresa de la Agencia de Seguridad Aérea (AESA), un decreto del fiscal jefe de Málaga que confirma la prohibición, y de que ha habido un incidente en el que un piloto de un avión de pasajeros tuvo que esquivar a un parapentista, la Diputación de Málaga ha vuelto a mostrar su apoyo a la práctica del vuelo libre en Valle de Abdalajís.

La administración provincial ha aprobado una moción institucional (votada por todos los grupos) en la que reconoce lo que todo el mundo sabe, que allí se vuela, y se felicita por el beneficio económico que supone. Simultáneamente, ha aprobado otra moción en la que insta a AESA a que redefina los criterios que rigen en la zona de seguridad de acercamiento al aeropuerto de Málaga y regule la actividad, admitiendo que el vuelo en parapente está por ahora prohibido y entraña riesgos para la seguridad aérea.

Esta zona de vuelo tan apreciada por los aficionados entra de lleno en el CTR del aeropuerto de Málaga, un espacio donde los aviones empiezan a realizar las maniobras de descenso, y en el que está prohibido cualquier vuelo de aeronaves no controladas para garantizar la seguridad de las operaciones. AESA confirmó a eldiario.es Andalucía que “no se puede realizar parapente en esa zona”.

Esquivar a un parapentista

El incumplimiento de esta prohibición es patente y pudo generar un grave accidente el 12 de marzo de 2016. En esa fecha, un piloto de Norwegian Airlines esquivó a un parapentista a 6.800 pies de altura. “No puedo pensar en las consecuencias si hubiéramos tenido todavía conectado el piloto automático o no hubiéramos mirado fuera. Con seguridad no habríamos podido hacer la maniobra de evasión”, consignó el piloto en un parte recogido en el informe de la comisión que investigó el incidente. Después de ese episodio, el fiscal jefe de Málaga confirmó en un decreto de 5 de septiembre de 2017 que la actividad está prohibida.

Sin embargo, en Valle de Abdalajís se vuela, nadie hace nada para evitarlo y las empresas que se dedican a ello se anuncian con carteles en el municipio. Durante un tiempo, la Diputación promocionó activamente esta actividad, pero dejó de hacerlo a raíz del incidente aéreo. Ahora, acaba de aprobar dos mociones de manera simultánea. La primera, por unanimidad, reconoce el valor del parapente para este pequeño municipio de unos 2.000 habitantes y da cifras de una actividad que se desarrolla de manera irregular. Según el ente provincial, el parapente en Valle de Abdalajís atrae a más de 12.000 usuarios anuales y tiene un impacto económico anual “superior a 800.000 euros”.

No obstante, la Diputación reconoce que “la actividad de vuelo libre en la zona no se encuentra regulada”. No sólo eso: además está expresamente prohibida por la máxima autoridad para la seguridad aérea. La propia moción señala que quedan “limitadas las operaciones de vuelo si no cuenta con la autorización de las respectivas autoridades aeronáuticas”, y admite el riesgo que entrañan: “Este hecho impide que la actividad de vuelo libre se continúe desarrollando con seguridad”.

“Suspensión de las limitaciones al vuelo libre”

La segunda moción, presentada por el PP y también aprobada, acuerda presentar a AESA una propuesta para redefinir el “volumen susceptible de ser utilizado de forma segura” para el parapente, “concretar los procedimientos de coordinación” con la torre de control del aeropuerto y obtener de AESA una “suspensión de las limitaciones operacionales impuestas al vuelo libre, para los usuarios del volumen que se publique y en las condiciones que se establezcan”. Es decir, la Diputación de Málaga acuerda pedir al encargado de velar por la seguridad aérea que haga excepciones a los criterios de seguridad.

La Diputación ha preparado una “solicitud-propuesta” a AESA, con un “análisis preliminar” que concluye que la actividad “no provocaría ninguna afección o limitación al tráfico aéreo del aeropuerto malagueño ni tampoco a las autovías que discurren sobre la zona de vuelo”. Además, contiene unas propuestas tomadas de otros lugares donde se practica parapente dentro de los CTR y que incluyen “una serie de procedimientos de vuelo”, “formación específica” y “mejora de las instalaciones”.   

La moción señala que es “evidente que la habilitación de la zona de vuelo adecuadamente coordinada con otros usuarios del espacio aéreo resulta imprescindible en aras de la seguridad”.

Carmelo Garrido, de la Federación Andaluza de Deportes Aéreos, admitió en su día que históricamente ha habido una coordinación y “convivencia tácita” entre la torre de control del aeropuerto y Valle de Abdalajís. De mantenerse ahora, este acuerdo tácito estaría incumpliendo una prohibición expresa de AESA, con riesgo para la seguridad aérea.  

En Valle de Abadaljís se practica parapente desde que a finales de los años 70 empezaron a llegar los primeros turistas que vieron entre esas montañas el lugar idóneo para lanzarse en vuelo libre. La práctica se ha consolidado como un negocio para las empresas que se dedican a ofrecer estos viajes aéreos.

Aunque el CTR de Málaga se redujo en 2016, Valle de Abdalajís siguió dentro de la zona prohibida. “Es una prohibición que un poco se la salta todo el mundo, respetando unas normas mínimas”, explicaba en su día Mario Moreno, de Eolox. Los parapentistas mantienen que la prohibición es absurda, reducen la importancia del incidente con el vuelo de Norwegian Airlines como un caso aislado, y piden que se reconsidere la prohibición de volar allí.

Cinco años después del incendio que devastó más de 8.000 hectáreas del paraje Barranco Blanco, en la malagueña Sierra de Mijas, la naturaleza sigue su camino con lentitud. Sus tiempos no son los de las administraciones, que en su día intentaron levantar la moral prometiendo inversiones para regenerar el monte. Un lustro después, queda claro que el principal recurso no llegó: apenas hubo mano de obra para plantar los 500.000 ejemplares con los que se iba a repoblar la zona, y no está claro cuántos de esos ejemplares se utilizaron realmente.

En su día proliferaron titulares como este: “El vivero forestal de la Diputación cultivará 500.000 árboles para repoblar la zona afectada por el incendio de Barranco Blanco en el verano de 2012”. Las cifras finales son mucho más modestas. Según su alcalde, en Ojén se plantaron unos 4.000 ejemplares de pino, encina, alcornoque y chaparro, mientras que fuentes oficiales del Ayuntamiento de Mijas cifran en 6.095 los ejemplares de alcornoques, lentiscos, álamos blancos, aladiernos, algarrobos y acebuches que se plantaron en este municipio. Ambos pueblos sumaron el 75% de las 8.225 hectáreas calcinadas, de las que unas 7.000 eran bosque: 3.800 en Ojén, 2.375 en Mijas.

Sin embargo, la Diputación Provincial eleva las cifras hasta un total de 178.511 ejemplares de árboles y arbustos, de los cuales 31.183 se habrían distribuido en Ojén, 55.561 en Mijas, 61.974 en Alhaurín el Grande y el resto entre Coín y Monda. Entidades ecologistas retiraron, según las cuentas de la Diputación, otros 8.000 plantones. La entidad provincial conservaría aún unos 91.000 ejemplares de los 375.000 que plantó en el vivero, de los que arraigaron unos 278.000.

Llama la atención el caso de Alhaurín el Grande: una portavoz municipal asegura que como la superficie quemada fue mínima (150 hectáreas) no hubo que repoblar. Sin embargo, la Diputación cifra las plantas entregadas en casi 62.000, más que en ningún otro municipio, incluyendo 34.000 alcornoques.

Las cifras de la Diputación Provincial son sorprendentemente altas. Partiendo de que una persona plante entre 20 y 30 árboles por jornada (como indican las organizaciones ecologistas y los ayuntamientos), para plantar 178.000 árboles se habrían generado un mínimo de 6.000 jornales. Algo imposible, según el resto de fuentes consultadas.

José Antonio Gómez, alcalde de Ojén, explica que no hay recursos económicos para contratar cuadrillas. El Ayuntamiento vendió 150.000 kilos de madera quemada en subasta pública por unos 16.000 euros, poco para reinvertir en reforestación. Y aunque asegura que ha impulsado reforestaciones populares y contratado cuadrillas de dos o tres personas algún verano, en cada campaña reforestan unas 15 hectáreas de las 3.800 que se quemaron. “El problema es que no es suficiente. Por eso siempre hemos pedido ayuda para contratar”. Sin embargo, Gómez relativiza la escasa respuesta de las administraciones porque cree que el bosque “se está regenerando solo”.

La Junta de Andalucía también ofreció ejemplares, pero pidió a las organizaciones que los recogieran en Sevilla, según recuerda Antonio Calvo, presidente de Pinsapo, una entidad cuyos voluntarios colaboraron con la reforestación durante los años posteriores al incendio. “Lo lógico es que ante la magnitud del incendio hubiese creado un vivero aquí, con un trabajo permanente y continuo”, opina. Según recuerda, la administración autonómica ofreció desde la primera semana un plan para organizar a los voluntarios, pero saturó de gastos y trabajo a las organizaciones, que no recibieron herramientas, seguros o apoyo económico para comprar un bocadillo a los voluntarios.

“Ofrecían plantones y la Diputación duplica ese recurso. Pero gente para plantar, eso nadie lo ofrece”, lamenta Calvo, que recuerda que los hoyos que abrió la máquina de la Junta se quedaron sin rellenar porque las prioridades, en tiempo de recortes, fueron otras. La mayor parte del terreno quemado era monte público de la administración autonómica, que recibió un cuestionario de este medio hace una semana y aún no ha remitido respuesta.

“No hay seguimiento y evaluación”

Tampoco está claro que se optara por el mejor modelo de reforestación. Según Antonio Calvo, en estos casos es aconsejable una reforestación de bosque mixto, porque el pino, predominante, “arde como una cerilla”. Es un árbol pirófilo, y sus piñas, “como cajas fuerte”, le permiten colonizar el terreno quemado: “Eso es un círculo vicioso: a más pino, más fuego”. Por eso Pinsapo siempre recomendó plantar alcornoque, madroños o enebros que restauraran la diversidad vegetal. Los datos de la Diputación indican que prevalecieron el alcornoque y las encinas, que sumarían más de la mitad de los ejemplares plantados, así como romeros y labiérnago. Sin embargo, los ecologistas aseguran que se optó por pinos, algarrobos y acebuches, más baratos y rápidos de producir.

Además, después de la siembra hay que regar, cuidar el plantón y eso, de nuevo, cuesta dinero. Especialistas, ecologistas y administraciones celebraron jornadas técnicas en los años inmediatamente posteriores al incendio, pero esos encuentros se acabaron el año pasado. “Vinieron los mejores especialistas de las universidades de Málaga y Córdoba, pero se apagaron a medida que los políticos veían que no tenían repercusión en la prensa”, lamenta Calvo.

“Aquí hubo respuesta puntual pero muy simbólica. Las medidas de reforestación se quedaron en cifras”, critica el ecologista: “Justifican una respuesta rápida pero no hay seguimiento y evaluación”. Cinco años después del mayor incendio que se recuerda en la Costa del Sol, ni la justicia ha completado la investigación, ni las administraciones han cumplido con lo que anunciaban en titulares de prensa. Por eso, Calvo es pesimista con lo que ocurra en Doñana a partir de ahora: “Se va a llenar de voluntarios, pero el gesto se apaga cuando las administraciones se hacen cargo y desaparecen los titulares del periódico”.

El bosque avanza a su ritmo lento, el de la naturaleza, se fueron apagando los lamentos y desaparecieron los titulares espectaculares. “Sólo nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena y sólo vemos el fuego cuando hay humo. Se apaga en nuestra memoria y la conciencia con los rescoldos, y luego nos olvidamos: sobre todo quienes tienen responsabilidad”, lamenta el ecologista.

Elías Bendodo (1974) compatibiliza su papel de presidente de la Diputación de Málaga con la presidencia del PP en la provincia y como uno de los baluartes del líder andaluz Juan Manuel Moreno. Desde el edificio de la antigua Diputación, donde tiene lugar la entrevista, defiende la “renovación permanente” en su partido y pone la carta de “más participación” interna sobre la mesa del PP, al tiempo que repite las consignas del partido de un tiempo a esta parte como “el que gana tiene que gobernar”.

Como presidente de la Diputación Provincial de Málaga y del PP de la provincia, ¿qué opinión tiene en el debate sobre la posible supresión de las diputaciones?

Es un debate muy recurrente en una época donde todo está en cuestión, incluso las administraciones públicas. El que habla de la desaparición de las diputaciones, o no sabe a lo que se dedican o no vive en un pueblo pequeño. Si las diputaciones desaparecieran de nuestro país, desaparecería la España rural, la riqueza interior de nuestro país, los pueblos pequeños, lo que suponen y atesoran, que subsisten gracias a las diputaciones provinciales y su carácter vertebrador del territorio. Hablo de Málaga, pero me consta que en toda España es así: todas las obras que se hacen en los pequeños pueblos, apagar los incendios, la recogida de residuos y tratamiento posterior, suministro de agua potable, aplicación de la ley de dependencia y servicios sociales, la promoción turística de la Costa del Sol, en definitiva el día a día de los municipios, lo hacen gracias a la Diputación Provincial, y si desaparecieran las diputaciones habría que inventar otro organismo que cumpliera la misma función.

Usted gobierna gracias a la abstención de un grupo que se ha mostrado abiertamente por la supresión. ¿Qué implicaciones tiene esto?

Yo tengo como objetivo que Ciudadanos y los demás grupos que plantean la supresión de las diputaciones, con su implicación directa en el día a día, acaben valorando la necesidad y la importancia de su existencia.

Se ha manifestado partidario de que el presidente de las Diputaciones sea elegido por sufragio directo…

Sin duda. Yo creo que el gran problema de las diputaciones es que es una institución desconocida y lejana para los ciudadanos, porque no tienen la capacidad de elegir a sus representantes. Yo creo que las municipales habría que votar con dos urnas, una para tu alcalde y otra para tu gobierno provincial, que incluye el presidente y los diputados de gobierno. Creo que sería un paso importante, y avanzaríamos en democracia y transparencia y las diputaciones tendrían un papel mucho más importante.

¿Alguna responsabilidad de las diputaciones en no haber sabido trasladar esa idea?

Sí, tenemos una responsabilidad todos. Pero la elección directa del presidente y del equipo de gobierno avanzaría mucho en hacer ver a la ciudadanía la importancia de esta institución. Pero es cierto que ahí las diputaciones han hecho mucho trabajo estos cuatro años, pero hemos fallado en saber explicar el motivo de nuestra existencia.

Entrando en su faceta de dirigente del PP, le he escuchado muchas veces que hace falta una nueva estrategia en Andalucía y el partido necesita renovarse. ¿Qué errores ha cometido el PP para que se le resista, en general, el votante andaluz después del pico con Arenas? ¿En qué debe consistir la estrategia andaluza para reconducir al PP en la región?

Yo creo que el PSOE ha tejido una tela de araña en Andalucía, en la que la palabra clave es intervencionismo y que hace que el PSOE esté en todo: asociaciones deportivas, colectivos vecinales, peñas… Y eso es una política intervencionista que recuerda a países sudamericanos. Y eso ha dificultado mucho el avance del PP porque es una red tejida perfectamente amparada en la corrupción, porque los ERES y los cursos de formación alimentaba esta red, y eso ha dificultado la alternancia en Andalucía. Somos la única comunidad autónoma que no ha tenido alternancia política. Y eso se debe a esa red alimentada por la corrupción de los fondos de formación y los ERES.

Pero eso no es suficiente para decir que el PP no ha gobernado por esto. Tenemos que reconocer nuestros errores. Tendríamos que tener un mensaje más cercano a los ciudadanos y convertirnos en el partido de los andaluces. El PP tiene mucho que decir todavía, que los andaluces se identifiquen con el PP como el mejor partido para solucionar sus problemas. ¿Renovación? El PP tiene que ser un partido en renovación permanente, sobre todo en los tiempos actuales: de personas y de ideas.

¿Cree que en Andalucía se ha hecho bien esa renovación?

Sí, sí. Yo creo que Juanma Moreno ha consolidado su liderazgo en estos dos años, hace una buena labor, es el mejor candidato que hemos podido tener en nuestra historia, en el peor momento también. Estoy convencido de que el tiempo va a convertir al PP en el líder de la alternancia y que Juanma va a ser el primer presidente del PP en Andalucía.

Usted que conoce bien la realidad de los municipios, ¿cómo puede penetrar el PP en el mundo rural? Si se analizan los resultados electorales, el PP tiene mucha fuerza en los grandes núcleos urbanos y el mundo rural se le resiste.

A diferencia del PSOE, que es más exitoso en los pequeños núcleos y menos en los grandes. Triunfará el que sepa adaptar su mensaje. Nuestro objetivo tiene que ser adaptar nuestro mensaje exitoso en los grandes municipios a la Andalucía rural. Y el PSOE tendrá el objetivo contrario.

¿Ciudadanos es una oportunidad para el PP, una competencia…?

Ahora mismo es más un apéndice del PSOE en Andalucía. Si nosotros hubiéramos obtenido los resultados en las elecciones autonómicas que obtuvimos con Javier Arenas estaríamos gobernando. Los nuevos tiempos determinan que quien gane gobierna.

Usted también ha hablado de primarias en el partido, listas abiertas…

Primarias no he dicho yo.

Está en la hemeroteca.

No, porque las primarias se ha demostrado que son un fiasco. En las primarias del PSOE ganó Borrell y duró diez minutos. ¿Primarias a la búlgara? No tiene ningún sentido. Yo sí abogo por la elección directa de los presidentes del partido, de los candidatos, por una militancia más activa en la toma de decisiones…

¿Se siente extraño dentro de su partido o hay más gente en su partido que piensa como usted?

No, no. Yo creo que hay mucha gente que va entendiendo que dentro de unos meses el PP será un partido distinto al actual, pero como todos los partidos que van a hacer sus congresos, porque tendrán que adaptar sus estatutos y sus normas internas a los nuevos tiempos. Todos los partidos, o nos adaptamos o los militantes nos obligarán a adaptarnos a los nuevos tiempos.

¿Y Mariano Rajoy está preparado para adaptarse a esos nuevos tiempos?

Yo creo que sí. Creo que Mariano Rajoy es una persona abierta, perfectamente consciente de la realidad, y que sabe que la renovación del partido tiene que ser permanente. No en vano la inclusión de los 13 vicesecretarios es un claro ejemplo de renovación.

Hablando de renovaciones, me gustaría preguntarle por la sucesión del alcalde de Málaga durante cinco legislaturas consecutivas, Francisco de la Torre. ¿Cómo suceder a una persona que ya ha dicho que probablemente esta sea la última? ¿Cómo se hace eso?

Pues cuando lleguemos al final de la legislatura. Cuando lleguemos al puente cruzaremos el río. Tres años y medio en política es mucho tiempo. Y el partido tiene sus mecanismos perfectamente articulados en estatutos para la elección de candidatos.

Usted dice no compartir el planteamiento de otros partidos con las primarias, pero sí la elección directa…

Bueno, un mecanismo de elección de los candidatos por los militantes. O mejor dicho: que entre todos sepamos articular, sin ponernos un corsé, un mecanismo para abrir el partido a la participación más activa de los militantes.

¿Está usted hablando de candidatos a cualquier elección?

No me gustaría bajar a esa profundidad, porque tendríamos que abrir un debate muy amplio. La idea es que los militantes tengan una voz más activa en la toma de decisiones del partido.

Usted tiene mucha relación con el PP nacional. ¿Cree que se piensa en el mundo rural cuando se negocia, como ahora?

De lo que yo deduzco del primer acuerdo que he visto, el de PSOE y Ciudadanos, en el que uno de los puntos era la eliminación de las diputaciones… O de un acuerdo entre un parte de Ciudadanos y una parte del PSOE, ojo. Si la pregunta es si se está pensando en la España rural y los pequeños municipios, si nos ceñimos a ese acuerdo, evidentemente no.

¿Y en su partido?

Yo creo que España está perfectamente articulada y lo marca la Constitución, pero hay un segundo paso que dar: del centralismo estatal hemos pasado al centralismo autonómico. La Constitución obliga a una segunda descentralización: era primero del Estado a las comunidades autónomas y de las comunidades autónomas a los ayuntamientos y diputaciones, porque al final es donde está el poder del ciudadano, en la administración cercana. El Estado ha cumplido transfiriendo competencias en Sanidad, Educación a las comunidades autónomas, y a su vez las comunidades tienen que empezar a transferir esas competencias a los ayuntamientos y eso no se ha producido.

Al PP se le ha criticado la reforma local que quería aplicar porque eliminaba competencias de los ayuntamientos y las traspasaba a la Diputación.

No, lo que planteaba la reforma de la administración local era mejorar la prestación de servicios y ser más eficientes. Hablaba de mancomunar servicios y que la Diputación pudiera liderar esto para ser más eficientes y baratos.

¿Se puede hacer esta descentralización sin reformar la financiación de las entidades locales?

No, imposible. Tiene que llevar necesariamente una reforma de la financiación autonómica, no local. Porque al final la administración local está asumiendo algunas competencias de la administración autonómica. Por ejemplo, las políticas sociales que aplican todos los ayuntamientos y diputaciones, según la nueva ley, son competencias autonómicas, que sólo podrán prestar las corporaciones locales si hay transferencia de competencias y financiación de la comunidad autónoma. Nosotros nos gastamos en política social 29 millones de euros; la nueva ley dice que no lo podemos hacer, que es competencia autonómica. Y que sólo podremos hacerlo si cerramos un convenio con la administración autonómica y nos dan los 29 millones de euros. Por eso hace falta una reforma de la financiación autonómica. ¿Cómo nos hacen la transferencia?

Hemos escuchado a muchos dirigentes del PP indignados con el tema de la corrupción. Le entiendo alineado con esta postura: ¿cómo se puede combatir? ¿Se está haciendo bien? ¿Se podría hacer mejor?

A mí me avergüenza la corrupción en nuestro país. Pero no sólo en el PP, sino PSOE, Podemos… No sólo en la política, en la empresa, en los sindicatos, en el fútbol, en las federaciones deportivas… Lo más importante es la forma en que se reacciona contra ella. El PP, en el Gobierno, a lo mejor lo hemos explicado de forma insuficiente y mal, pero este partido no tapa la corrupción, se combate caiga quien caiga, y lamentablemente hemos descubierto que llega a todas las capas de la sociedad, y este partido ha tomado medidas como no se habían tomado. Pero hay que ir más lejos.

¿Es más exigente con las sospechas de corrupción de otros que con la suya propia?

No. Yo creo que ningún partido está libre de corrupción y eso es triste. En Andalucía tenemos los mayores casos de corrupción, que son los ERE y los cursos de formación.

Valencia y Madrid no se quedan cortos…

Vamos a hacer cuentas. Por millones de euros, los cursos de formación son 4.000 millones de euros. Una barbaridad. Pero no puede justificarse con un “y tú más”. Lo más importante es la forma en que se combate. Por eso es tan importante esta legislatura que haya un Gobierno PP-PSOE-Ciudadanos. Yo prefiero eso que una mayoría absoluta del PP.

¿Más que PP-PSOE?

Sí, la madurez democrática que tenemos ya requiere modificaciones de calado, en la Constitución incluída, y eso requiere acuerdos de los grandes partidos.

Así que usted propone lo mismo que Albert Rivera (incorporar al PP al acuerdo PSOE-Ciudadanos), pero gobernando Rajoy.

Lógicamente, quien gana las elecciones tiene que gobernar. Pero insisto: si hubiera nuevas elecciones, aunque el PP tuviera mayoría absoluta, seguiría pensando que lo mejor sería un gobierno de los tres.

¿Existiría la posibilidad de hacer un frente común o un pacto de Estado anticorrupción que tuviera efectividad?

Ojalá. Yo creo que situaciones como la corrupción, la política antiterrorista, la educación (que no puede ser que cada ocho años cambiemos la estrategia, que es vergonzoso, y ahí está que somos el país con la mayor tasa de fracaso escolar de Europa, motivado por los vaivenes que tenemos en política educativa). Nuestro país requiere reformas electorales, muchas constitucionales… Que no las puede hacer un partido solo, aunque saque mayoría absoluta. Por eso es tan importante, no forzados por las necesidades de los nuevos tiempos que obligan a acuerdos, que gobiernen los tres.

¿Cree que habrá elecciones?

Yo creo que el señor Sánchez lo que ha planteado es “o César o nada”. O es presidente del Gobierno o desde Andalucía le están cada cinco minutos moviendo el sillón. Ha lanzado unos acuerdos imposibles.

Eso le viene bien al PP, ¿no?

No. Al PP lo que le viene bien es una estabilidad en España para que siga consolidándose el empleo y la creación de riqueza. Y creo que estamos en una situación complicada y que evidentemente un proceso electoral es una de las opciones, y posiblemente estemos abocados a ella.

¿Por qué prefiere un pacto a tres, que a dos, cuando la convivencia con uno se supone más fácil?

Depende de para qué... Depende de para qué [sonríe]

Eso es lo que quiero que me explique.

Yo creo que llegan los tiempos de rememorar la segunda transición y de los grandes acuerdos. Y cuantos más seamos en torno a la mesa, mucho mejor. En estos próximos meses se va a reformar la Constitución, el papel de la Corona, la ley electoral, la política de educación, el déficit público… Unas cuestiones que van a durar muchísimos años que habría que blindar, y cuanto más consenso haya mucho mejor.Por eso creo que lo que necesita España es un gran acuerdo vinculado a las reformas necesarias que tienen que hacerse de calado. Y una ley, como en todos los países: en Alemania gobiernan derecha e izquierda, Finlandia, Eslovenia…

¿Pero con pactos con más partidos de los suficientes para sumar?

Ahí gobiernan los que ganan las elecciones. Una ley electoral con un único artículo: el que gana al Gobierno y los otros, a la oposición.

Pero esto es un sistema parlamentario.

Estamos torciendo la voluntad ciudadana.

También el PP hace pactos…

Yo hago una reflexión general: el que gana tiene que gobernar. La reforma electoral debe ir por ahí. En Europa van en esa línea: en Grecia, el que gana gobierna, se le dan automáticamente cincuenta diputados.

Con respecto a la corrupción, se ha hablado de la limitación de mandatos, por ejemplo… ¿propone usted alguna medida concreta?

Aparte de la limitación de mandatos, que no tiene por qué estar vinculado a la corrupción, yo creo que la suspensión de militancia y de cargo, suspensión, cuando se abra juicio oral sería razonable.

Una de nuestras columnistas proponía que sean los propios partidos los que lleven al juzgado a sus manzanas podridas…

Es que eso lo dice la ley. Si tú ves que estoy cometiendo un delito tienes que denunciarme.

Eso no se ha dado. El partido siempre dice ser el último en enterarse…

El partido y cualquier español. Si tú ves a tu vecino cometer un delito no lo denuncias, pero la ley dice eso. Sería aplicar estrictamente la ley: si ves que el vecino de enfrente ha alquilado la casa y no lo declara a Hacienda tienes que denunciarlo. Pero no lo haces, no te vas a pelear con tu vecino. Esa es la verdad, esa es nuestra cultura.

Se nos acusa a los medios de que nos echamos encima de la persona investigada en un caso de corrupción. ¿No son un poco culpables los partidos por bajar el listón a medida que aparecen nuevas imputaciones?

Yo creo que hay que marcar una estrategia de corrupción común todos los partidos. No me parece justo: una imputación es una investigación, una garantía procesal para que puedas acudir al juzgado a explicarte y por eso no puedes estar condenado.

¿Veremos el caso de un partido que denuncie a un cargo o militante porque tenga pruebas de su corrupción?

No lo sé; yo sólo espero que todo este tema mejore.

“En la Diputación los portavoces de los partidos no ponemos líneas rojas”

Le iba a preguntar por la cuestión de La Térmica, que es de la Diputación pero realiza su labor en Málaga ciudad...

Y en la provincia. Sí, sí, en provincia también. La Térmica está en la capital porque la sede física es un edificio propiedad de Diputación, pero las actividades culturales que proyecta se hacen en el edificio y salen a la provincia. Hay un programa de La Térmica en la provincia con infinidad de actividades en los pueblos.

¿Es comparable el nivel de actividades que se realizan en la provincia con el de la capital?

Sí, yo creo que va en ese camino. Estamos avanzando mucho en exportar el modelo de La Térmica a la provincia. Tenga en cuenta que La Térmica como tal, el edificio, está en la ciudad. No podemos hacer otra cosa.

Usted poco después de las elecciones municipales de 2015 dijo que no descartaba acuerdos con nadie. Pero la tónica general han sido acuerdos en los municipios con otros partidos que no han incluido al PP. ¿Por qué?

Cada municipio es una realidad distinta (pausa). Pero nosotros cuando dijimos que no descartábamos acuerdos con nadie, y que el PP tiene que tener capacidad con todos, significa que tiene que tener capacidad de sentarse a hablar con todos, ser un partido con el que te sientas agusto a negociar. En la Diputación de Málaga nuestro principal socio, aunque no votó a favor de la investidura, es Ciudadanos, pero hemos acordado muchas cuestiones con otros partidos: hemos acordado políticas de vivienda con la marca de Podemos, políticas sociales con IU, y muchos temas con el PSOE.

En Diputación están las cinco fuerzas políticas, ¿cree que podría dar algún ejemplo a los políticos nacionales?

Creo que al final la ventaja que tenemos en la Diputación de Málaga es que ninguno de los portavoces con los que negociamos pone líneas rojas. Hemos sabido todos adaptarnos a los nuevos tiempos. En España no ha pasado así. Hay un señor, el señor Sánchez, que, pese a su juventud, sigue en la trinchera de la izquierda y la derecha, y eso hace muchos años que se superó con la Transición. Tiene cierta nostalgia pero es un error brutal para España.

¿Por qué en Diputación sí ha conseguido este diálogo con otros grupos, pero en una mayoría de los grandes municipios…?

Póngame usted un ejemplo concreto.

Benalmádena.

Bueno, en Benalmádena ha habido un acuerdo donde la clave ha sido Ciudadanos... Al final en los municipios más pequeños o medianos influye mucho más la relación personal entre los concejales que la ideología política. Y en el caso de Benalmádena, el portavoz de Ciudadanos era un exmilitante del PP que no tenía afinidad con la candidata del PP. Y eso hizo que fuera imposible un acuerdo. Un tema personal. Como en Nerja. O como en Marbella. Exactamente igual. No es un tema político. No sucede en la Diputación o en ayuntamientos como Málaga. Pero en municipios más pequeños sí.

Entiendo que cada caso es único, pero parece que hay una tónica general…

No. Cada caso fue lo mismo… Distanciamiento personal entre distintos concejales.

Le quería preguntar por algunos asuntos polémicos concretos en Diputación. Recientemente se ha presentado la segunda fase del Caminito del Rey, que no se va a poder visitar hasta el 22 de abril. ¿Por qué hay este lapso de tiempo?

Es absolutamente necesario y lógico. Después de un año, hacen falta tareas de mantenimiento que no se han podido hacer, después de 304.000 personas que han pasado por allí, al tiempo que adaptamos la plataforma de reservas de Diputación a la empresa concesionaria. El nuevo funcionamiento de gestión del Caminito que se hace de forma indirecta requiere esas tres semanas de ajuste. Algo lógico y razonable. Se ha elegido un modelo de gestión, que ya existe en la Alhambra de Granada, que es parecido porque son monumentos con cupos, tienes que hacer reservas previas. Este año hemos superado incluso al Camino de Santiago, que tenía 274.000 visitantes. Ese es el motivo. Nada que no sea un tema de ajuste.

¿No era posible haber realizado el ajuste con más previsión?

Es que para hacer tareas de mantenimiento hay que cerrar. No pueden estar los visitantes recorriendo el Caminito y los obreros reparando madera, o alguna verja, o alguna red. Eso no es compatible.

Creía que las tareas de mantenimiento se realizaban en paralelo.

No. Yo creo que legalmente no se puede hacer obras de reforma teniendo una actuación abierta.

¿Por qué se volvió a convocar y se modificaron los pliegos?

Fue un simple error de fechas, creo. Un error administrativo. No por otra cosa. No fue nada más. O el año, algo de eso. Un simple error administrativo, no hubo ningún tema de fondo [luego el equipo de prensa aclara por teléfono los motivos de la corrección: “Fue un error de transcripción en el documento que se envió para su publicación en el BOP. Un fallo referido al criterio del canon, sobre la puntuación”.]

En el caso del museo taurino, ¿se cometió algún error en la concesión?

El único problema que hubo allí es que durante las negociaciones y construcción de los documentos y el contrato, el titular del edificio pasó de ser el Patronato de Turismo a una empresa pública. Y hubo problemas administrativos a la hora de ajustar un contrato firmado con el patronato para adaptarlo a una empresa pública. ¿El único problema? Pues que al concesionario se le conminó a que los servicios anexos que se hacían al museo, como la restauración o el merchandasing, tienen que ser prestados por él y no subcontratados, y eso se recondujo.

¿El canon es adecuado? Se publicó que existía un informe del servicio de contratación del que podía desprenderse que podía ser superior…

El canon es el que nos han marcado los servicios de diputación. Por tanto nos hemos adaptado a la norma al cien por cien.

¿Qué novedades hay en la convocatoria para la Escuela de Arte Taurino, que se acaba de convocar?

Yo a esa profundidad no entro, porque no lo sé. Pero cada cierto tiempo se convoca un concurso para gestionar la escuela taurina y siempre la gestiona una empresa. Ahora me consta que se ha convocado y que se han presentado dos empresas.

Antes hablábamos del papel de la Diputación, y usted ha hecho declaraciones sobre esa necesidad. Pero a veces se dice que se ha desviado la función de la Diputación, que es dar servicios a los pueblos. ¿Mantener una escuela taurina y darle un presupuesto entra en esas competencias necesarias?

Yo se lo explico: nosotros no hemos elegido gestionar la Plaza de Toros. Tenemos una plaza de toros que lleva anexa una escuela taurina, pero desde hace ciento y pico años. No seré yo el que cambie esa tradición ni el que venda el edificio. Si tenemos una plaza de toros tenemos que hacerlo lo mejor posible y si existe la escuela taurina que lo haga de la forma más digna posible. La Plaza de la Malagueta es propiedad de Diputación, de ahí el motivo…Esa es la realidad. Igual que tenemos un edificio que es el Centro Cívico, ahora La Térmica, que se puede dejar vacío o convertirlo en un contenedor cultural. Pues yo prefiero convertirlo en un contenedor cultural. ¿Hay que criticar porque está en la ciudad? Critíquese pues. Pero yo prefiero un contenedor cultural con capacidad para exportar los programas a la provincia que tenerlo cerrado. Las competencias muchas veces vienen dadas.

Yo lo que le preguntaba antes es si se hace un esfuerzo paralelo…

Pues mire, es que la Diputación no es propietaria de ningún edificio como tal en ningún municipio de la provincia. La central está aquí, igual que este edificio y la sede de la Diputación. Esa es la historia que no la podemos cambiar. Nos toca irradiar el mayor número de políticas y estrategias a la provincia.

Con la adjudicación de los puestos gastronómicos, le vuelvo a hacer la misma pregunta…

Pues es la misma respuesta.

¿Hubo algún error?

El error fue del empresario. Se le conminó a que se adaptara a la norma. Igual que en el Museo Taurino: lo que le permite la norma es prestar un servicio de restauración vinculado a la oferta cultural de la Plaza de Toros, pero tiene que prestarlo él, no lo puede subarrendar.

Hay un informe de enero de 2015 en el que se exponían ciertos motivos que luego fueron utilizados por la Diputación. ¿Por qué se tardó tanto?

Porque hubo informes contradictorios entre miembros de la casa. Hubo informes que dijeron que sí se podía subarrendar y otros que dijeron que no. Al final optamos por la Secretaría general, que nos dijo que no. Y lo que hicimos automáticamente, porque es el máximo órgano jurídico, es instar que se adaptara a la norma que nos marcó la Secretaría general. En estos temas la oposición ha buscado conflicto, y yo no lo veo.

Ya, pero durante un tiempo se hizo caso a un informe y luego se cambió de criterio. ¿Por qué?

Porque los dos informes eran contradictorios. Y le he dicho que el informe superior es el que me valía. Hemos hecho muchas cosas buenas también, ¿eh?

Seguro que sí, pero yo voy a insistirle con estos temas.

Y yo encantado de responder.

¿Qué se está haciendo por parte de la Diputación para reducir los cargos de confianza?

Los cargos directivos son necesarios en cualquier administración y que sean de confianza es absolutamente lógico. En cualquier caso, nosotros dentro de nuestro acuerdo de investidura hemos reducido una barbaridad, pero los cargos actualmente son catorce, creo. Uno por área. Algo razonable. En una provincia con dos millones de personas. La ley nos permite veintitantos. Se ha reducido mucho.

¿Cómo encaja esto con la prórroga de una comisión de servicios de una persona que es conductor, un caso que la oposición acaba de denunciar?

Los funcionarios tienen derecho a las comisiones de servicio y a la movilidad funcional y geográfica. Lo marca la ley. Yo no soy nadie para limitar a un funcionario su capacidad y sus derechos. Igual que un funcionario puede ser adscrito al Ayuntamiento, a la Diputación… También hay comisiones de servicio de otras administraciones. Es un derecho de todos los funcionarios y no somos nadie para quitar derechos a los funcionarios.

El Caminito del Rey, en Málaga, se abrirá al público en la semana que comienza el 30 de marzo, coincidente con la Semana Santa. Visitar el Caminito del Rey será gratis durante los primeros meses, previa inscripción en una plataforma informática que aún no está preparada. Han pasado 14 años desde que se cerró al público por motivos de seguridad, y varios accidentes mortales acrecentaron una especie de leyenda negra desde entonces. El nuevo Caminito del Rey sigue siendo un espectacular sendero que corre pegado a una pared de roca y cruza un estrecho paso, el Desfiladero de los Gaitanes, bajo el que solo hay cien metros de vacío y el río. Como lo fue siempre, pero a partir de la próxima Semana Santa, con garantías de que el lugar dispone de una infraestructura segura. Abrirá de martes a domingo y será necesario usar el casco.

El Caminito del Rey es ahora una franja de apenas un metro de ancho, formada por listones de madera que discurre pegada a una pared de roca de la que solo se separa para cruzar un puente metálico. A un lado, pared de caliza filosa, casi cortante; al otro, una valla metálica de protección. Apenas metro y medio por debajo de este sendero se conservan tramos del antiguo camino, agujereado, parcialmente destruido y sin barandillas de sujeción. El estado de la antigua vía motivó un cierre público que algunos desoían. Cuatro personas murieron al caer al vacío y ahora se las recuerda con placas sobre la roca.  El dudoso título honorífico de ser “el camino más peligroso del mundo” acrecentó la curiosidad malsana. Hay vídeos en YouTube que superan los 11 millones de visitas y otro titulado “Puede que sea la última”. Sin barandilla y escombrado, había que pegarse a la pared, saltar cuando la senda desaparecía y, en general, jugarse el pellejo para recorrerlo. Aquello terminó.

“¿Qué? ¿Qué os parece? ¿Está bien, no?”, preguntaba a los periodistas Elías Bendodo, presidente de la Diputación de Málaga. La Diputación presentó el convenio de gestión del nuevo Caminito del Rey en la central eléctrica del Tajo de la Encantada, en lo alto de un cerro desde el que se divisa el pantano y ese tajo que parte la roca en dos formando el Desfiladero de los Gaitanes. Luego invitó a un paseo. Mostró una parte del camino, que en total se alarga seis kilómetros entre Ardales y Álora, unas tres horas de recorrido, y que podrá visitarse de martes a domingo. Son 1.600 metros de pasarelas en voladizo. Será necesario el uso del casco por los posibles desprendimientos, aunque una malla debería evitar que las piedras llegaran al camino. A mitad de camino la pasarela se aleja de la pared y cruza el tremendo tajo por un puente que sí, se balancea un poco, porque tiene que hacerlo. El que menos resopló, y el que más se agarró fuerte a la barandilla, pero extendiendo el brazo para caminar lo más alejado del filo que fuera posible.

Helicópteros que cargan material para depositarlo junto a la pared de un estrecho desfiladero, trabajadores anclados a la roca… Las obras para reconstruir el Caminito del Rey llegaron 25 años después de que empezase a deteriorarse y han sido un reto técnico y logístico. Iniciadas en 2014, están concluidas al 98%, y han costado más de cinco millones de euros, 2.240.000 invertidos en la pasarela. Ante la Junta de Andalucía aguarda además un plan especial con obras previstas por valor de 11 millones de euros. “Voluntad y euros”, resumió Bendodo, para explicar cómo se ha llevado a cabo la obra, proyectada inicialmente por la anterior corporación, liderada por el PSOE, y culminada ahora bajo mandato del PP. La celebración de las elecciones autonómicas el 22 de marzo y municipales el 24 de mayo deja al PP pocas fechas para inaugurar: entre el 23 y el 30 de marzo. Coincidiendo con la Semana Santa, abrirá de nuevo el Caminito del Rey, que quizá ya no sea el más peligroso del mundo pero seguirá siendo igual de fascinante.

“Artimaña y treta legal”. Así ha calificado este martes la portavoz de IU en la Diputación de Málaga, Antonia Morillas, la actuación del equipo de gobierno del PP, presidido por Elías Bendodo, para poder mantener contratado en el ente supramunicipal a un histórico de dicho partido. Se trata de Juan Ramón Casero, que tendría que dejar en diciembre su puesto como asesor al cumplir 70 años. Sin embargo, será trasladado del área de Arquitectura y Planeamiento al Consorcio de Aguas, como nuevo gerente, sin que la edad sea un obstáculo para ello.

Casero está obligado abandonar la plaza que aún ostenta al llegar al “máximo de edad permitido”, sostiene Morillas en un comunicado en el que reprueba la actuación de los gobernantes. De hecho, el cargo del citado asesor, con un sueldo anual de 57.000 euros, se rige “por la normativa de funcionarios”. Así, según la legislación invocada por IU, la “fecha tope” de jubilación son los 70 años.

El cambio de destino dentro de la misma administración permitirá al también exconcejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga “seguir cobrando a partir de enero, y sin fecha límite para su jubilación, un sueldo de casi 60.000 euros anuales”, al tratarse de un puesto de alta dirección laboral.

La designación de Juan Ramón Casero para un puesto que ha estado vacante “desde que comenzó la legislatura” -acota Morillas- fue anunciada la semana pasada por los gobernantes del PP.

La diputada provincial ha mostrado su “indignación” por lo que considera “doble juego” del PP. Así, critica el hecho de que mientras se actúa de tal forma con “otro cargo de confianza rescatado”, se notifica a la vez el despido de 14 de los 17 trabajadores de la Empresa Provincial de la Vivienda de Málaga (Emprovima). El ERE aplicado dejará “sin servicio” la promoción de vivienda pública en la provincia, recalca Morillas.

Desde la federación de izquierdas tienen claro que, tras haber estado vacante el puesto que ocupará Casero, se le designa a él para ocuparlo “porque hace falta buscarle un hueco” al exedil.

La portavoz opositora en la Diputación asegura no entender cómo se ha anunciado el nombramiento del citado alto cargo en el Consorcio de Aguas, cuando-acota- “los puestos de personal directivo deben cubrirse mediante concurso”.

El PP defiende el traslado como un “perfil necesario”

Fuentes oficiales del ente presidido por Bendodo, consultadas por eldiario.es/andalucia, han defendido la legitimidad del traslado de Juan Ramón Casero al Consorcio de Aguas. Como ingeniero industrial de profesión representa “el perfil necesario” buscado.

“Con independencia de cuándo cumple años, o cuándo se jubile, ha surgido la necesidad de cubrir la vacante de gerente del Consorcio de Aguas”. Para el equipo de gobierno, “su edad no debe ser freno para seguir desarrollando un trabajo para el que es perfectamente válido”, replican a IU.

La versión oficial recabada por este medio apunta a que “se necesitaba a alguien con un perfil idéntico al suyo”, con experiencia técnica y conocimientos de aspectos administrativos y urbanísticos.

Sostienen que dicha plaza no estaba ocupada “porque tampoco tenía una carga de trabajo excesiva”, en alusión al área donde desarrollará su labor Casero desde enero. “Sin embargo -precisan- de unos meses para acá se ha reactivado y tiene bastante más volumen de trabajo”.

“Al coincidir la entrada de Andrés Gutiérrez, más o menos en la posición que ocupaba Casero, él se irá al Consorcio de Aguas”. Concluyen las fuentes citadas que el nuevo destino del también exparlamentario andaluz “asume bastante más carga de trabajo”, a raíz de la gestión de 17 nuevas depuradoras que están en construcción. Todo ello al tiempo que se produce una “reorganización de trabajo y técnica” del área de Urbanismo y Obras.