El 29 de marzo se ha reunido en Bruselas –como siempre en secreto– el Comité de Política Comercial, el órgano comunitario más decisivo y opaco en la materia. Los Estados miembro de la UE se están acercando a la aprobación de los mandatos para las negociaciones comerciales con los Estados Unidos.

Mucho depende de Francia, que ha expresado reservas sobre la adopción de las directrices de negociación que la Comisión Europea presentó en enero. Los agregados comerciales de los gobiernos europeos en Bruselas tratan de zanjar el tema en los próximos días.

El movimiento europeo contra los tratados de comercio e inversión se opone a la aprobación de las directrices que permitirían negociar un tratado de comercio transatlántico con la administración Trump porque agravaría la emergencia climática, las desigualdades y la precariedad laboral.

En las últimas semanas se rumoreaba que Francia era el único país de la UE que planteaba reticencias en aprobar los mandatos antes de las elecciones europeas del 26 de mayo por temor a despertar la memoria sobre la movilización de millones de personas que congeló la negociación del Tratado Transatlántico de Comercio e Inversión (TTIP) en 2016. El Financial Times, cabecera referente del poder económico y financiero, destacó que Francia quiere demorar la aprobación de los mandatos hasta después de las elecciones del Parlamento Europeo, en mayo. El Elíseo “advirtió que la UE no debería apresurarse a entablar negociaciones comerciales con el presidente Donald Trump, ya que París busca garantías de que los sectores económicos sensibles estuvieran protegidos” aunque apoya en principio los planes de la UE para reducir los aranceles con los Estados Unidos.

Emmanuel Macron, presidente francés, presume de haber dicho que no quiere nuevos acuerdos comerciales con países que no han ratificado e implementado el Acuerdo Climático de París, del cual Trump se quiere retirar. Nathalie Loiseau, cabeza de lista de Macron para las elecciones europeas, dijo recién que “no habrá acuerdo con Estados Unidos si no se unen al Acuerdo de París”. Además, y según actas confidenciales del Consejo de la UE, el Gobierno francés también ha exigido que se revoque el antiguo mandato para el TTIP.

Pero las conclusiones de la cumbre europea, del pasado 21 y 22 de marzo, resolvieron: “El Consejo Europeo insta a dar los pasos necesarios para una rápida implementación de lo recogido en la Declaración conjunta de la UE y EEUU de 25 de julio de 2018”. Eso quiere decir que los jefes de Estado y de gobierno de la UE –incluyendo Macron y Pedro Sánchez– respaldan abrir negociaciones comerciales con Trump, a pesar de no contar con el mandato del Parlamento Europeo que aprobó el pasado 14 de marzo una enmienda que pidió al Consejo de la UE que “no respalde las directrices para la negociación en su forma actual”.

Las decisiones se tomaron en el nivel político más alto. ¿Qué ofertas se intercambiaron Alemania y Francia para solventar el tema?

Para que el guiño a Trump entrara en las conclusiones del Consejo Europeo, Macron habrá planteado a la canciller alemana Angela Merkel que si Alemania no levanta su moratoria sobre la exportación de armas a Arabia Saudí, Francia no apoyará la posición alemana en las negociaciones comerciales con Washington.

Alemania congeló la venta de armas a Arabia Saudí

El Gobierno alemán anunció que prolonga seis meses más el congelamiento de la venta de armas a Arabia Saudita adoptado en octubre tras el asesinato del periodista Jamal Khashoggi en el consulado saudí de Estambul y por la guerra contra Yemen donde la monarquía salafista sigue bombardeando a la población civil.

La guerra en Yemen, que entra en su quinto año, ha provocado más de 10.000 civiles muertos, miles de heridos y 3,3 millones de personas desplazadas, según la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, a lo que se suma la hambruna y las enfermedades. Cada día mueren niños o resultan heridos en las zonas de conflicto.

Las exportaciones de armas son un tema muy sensible entre la opinión pública alemana y es por esta razón, y no por convicción, que el Gobierno germano decidió el embargo. Sin embargo, hace meses hay una disputa sobre la cuestión en la coalición gubernamental. Mientras los partidos CDU-CSU quieren levantar las restricciones por “consideración a la economía”, el SPD insiste en cumplir el acuerdo de coalición. Allí pone que no debería haber exportaciones a los Estados involucrados en la guerra de Yemen. A pesar de ello, en su primer año el Gobierno alemán aprobó envíos de armamento por un valor de alrededor de 400 millones de euros.

Alemania es uno de los mayores exportadores de armas a nivel mundial junto con Estados Unidos, Rusia, China, Francia y Gran Bretaña. La industria alemana amenaza con reclamaciones por daños y perjuicios si Merkel no relaja la prohibición de exportación a Arabia Saudita.

Por ejemplo, el fabricante de tornillos Würth desafió con una demanda contra Ejército alemán porque un cliente, fabricante francés al quien suministra componentes electrónicos, no puede entregar los vehículos policiales a Riad a causa del embargo.

Para cumplir con las demandas de la industria militar, los conservadores están a favor de reanudar las exportaciones y los socialdemócratas están divididos. Las reuniones secretas del Consejo de Seguridad Federal del 28 de marzo terminaron con una prorroga del embargo hasta el 30 de septiembre.

'Queremos exportar armas'

El bloqueo se ha convertido en un tema irritante para la relación franco-alemana. El Gobierno francés se queja de la medida porque bloquea varias exportaciones de armas.

Debido a que en la industria de la guerra está cada vez más europeizada, los equipos y armas se construyen frecuentemente con piezas diseñadas y fabricadas en diferentes países. Pero si Alemania prohíbe su venta a terceros países, los otros Estados deben acatar la decisión aunque afecte sus intereses económicos.

El ministro de economía francés, Bruno Le Maire, declaró en febrero: “Si queremos ser competitivos y eficientes, también debemos poder exportar a países fuera de Europa”. Los derechos humanos brillan por su ausencia.

Los gobiernos de Francia y Reino Unido: lobbistas de la industria militar

El cambio de criterio de Merkel y su conflicto con el SPD se debe, entre otras, a las fuertes presiones de Francia, el Reino Unido pero también de España, al alegar que la medida tenía un impacto directo en proyectos de guerra conjuntos, como los aviones caza Eurofighter y Tornado o los cohetes 'Meteor'.

El Gobierno francés exclamó: “Queremos poder exportar nuestras armas”. Y propuso un “acuerdo secreto” con Berlín en la cumbre de Aquisgrán entre Merkel y Macron, del 22 de enero, con el objetivo de fijar condiciones bajo las cuales Alemania podría desbloquear las exportaciones francesas, y viceversa.

Según Anne-Marie Descôtes, embajadora de Francia en Berlín, el embargo alemán hace “impredecibles” la cooperación en la producción de armamento y afecta asimismo las exportaciones a Senegal, India, Indonesia o Níger.

El Gobierno británico acusa a Alemania de dañar la preparación operativa de su propia fuerza aérea a través del embargo. Alega que “su” industria no puede cerrar negocios de armas con los saudíes, ya que los aviones de combate o los misiles contienen tecnología alemana cuyo envío está bloqueado. El ministro de Relaciones Exteriores, Jeremy Hunt, incluso culpó a Berlín de debilitar a la OTAN, ya que la Royal Air Force tiene que esperar por las partes del Eurofighter.

La multinacional AIRBUS trata de vender 48 aviones de guerra Eurofighter Typhoon por 13.000 millones de dólares al régimen saudí.

El Eurofighter está construido por Airbus junto con los británicos BAE Systems y el grupo italiano de aviación Leonardo. El consorcio, con sede en Hallbergmoos, cerca de Múnich, tiene un tercio de Alemania y el Reino Unido cada uno. España tiene el 13% e Italia, el 21%. La parte de la producción se distribuye de acuerdo con una clave estricta, Alemania construye la pieza del casco medio (30% de participación). El montaje final se lleva a cabo alternativamente en uno de los cuatro países. Los aviones para Arabia Saudita se ensamblan en la ciudad inglesa de Warton.

El veto alemán y la venta de armamento español

También la industria de armas española hace lobby contra el embargo. Los aviones Airbus A330 MRTT de abastecimiento en vuelo vendidos a Arabia Saudí se fabrican en Francia, se adaptan en España e incorporan componentes alemanes. Los aviones de transporte A400M se montan en la planta de Sevilla. La industria militar española estaría encantada que Airbus decida fabricar equipos sin componentes alemanes para aumentar su negocio. Pero es improbable que ocurra.

Luego están los negocios que no se ven afectados por el embargo alemán, como la venta de corbetas de Navantia. No solo es inaceptable que el Gobierno español siga vendiendo armas a Arabia Saudí sino es ilegal según el artículo 8 de la Ley sobre el control del comercio exterior de material de defensa y doble uso así como por el Tratado sobre el Comercio de Armas. La flota saudí es un pilar fundamental en mantener el bloqueo a la población civil yemení a la que priva de medicinas y artículos de primera necesidad.

Pese que el ministro de Exteriores, Josep Borrell, calificó las bombas como armamento de “precisión extraordinaria” que “no produce efectos colaterales”, no existen las armas 'inteligentes' y la gran mayoría de las víctimas de los conflictos bélicos son civiles.

Promesas secretas en la cumbre europea

La opción que más resultados ha dado a Francia es la presión sobre el Gobierno alemán al condicionar su apoyo a la disputa comercial germano-estadounidense sobre los automóviles.

Trump amenaza con aumentar los aranceles a los automóviles europeos importados, una medida que afectaría particularmente a las grandes marcas alemanas como Mercedes-Benz, BMW, Porsche y Volkswagen. Para salvarles, Merkel está decidida a seguir acercándose a Trump e involucrarle en negociaciones lo más rápido posible.

Si bien Merkel ha decidido prolongar otros seis meses el embargo militar contra la monarquía saudí, Alemania puede, en un cierto número de casos, suministrar productos a Francia que estén incorporados en armamentos.

El hecho de que el Gobierno alemán renueve los permisos para programas comunitarios conjuntos que entregan piezas de armamento a socios europeos como Francia y el Reino Unido, hace pensar que se debilita de facto el embargo de armas y puede que se termine a medio plazo. Para gran satisfacción de la industria militar francesa que podrá reanudar sus exportaciones de armas a Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos.

Esta parece ser una de las claves de la prórroga del embargo alemán y la promesa que le hizo Merkel a Macron en el Consejo Europeo del pasado mes de marzo para propiciar la aprobación francesa a los mandatos de negociación con Estados Unidos.

Alemania también se copió el discurso del PSOE, pidiendo a Francia y Gran Bretaña que garanticen que los sistemas de armas entregados a Arabia Saudita o los Emiratos Árabes Unidos no se desplegarán en Yemen. Cinismo puro.

Aunque casi nadie en Bruselas se cree que es posible llegar a un acuerdo comercial con Trump a pesar de la cortina de humo creada por la Comisión Europea, todos estos pactos secretos revelan un terrible desprecio por la vida humana. A la Unión Europea sólo le importan los negocios aunque sea masacrando a una población civil en Yemen.

Si le queda algo de ética, Pedro Sánchez debería desaprobar tanto la negociación comercial con Trump así como la transferencia de armas a cualquier país susceptible de usarlas contra civiles.

Parecería, y así lo hemos creído durante meses, que la fuerte movilización ciudadana en Europa, así como la elección de Trump, habían enterrado definitivamente el proyecto del TTIP. Sin embargo, nos empiezan a llegar tímidas pero cada vez más notorias señales de que alguna cosa en este ámbito se está moviendo a un lado y otro del Atlántico.

Sin querer ser alarmistas, deberíamos prestar más atención a lo que está ocurriendo en los grupos de trabajo ejecutivos creados por Juncker y Trump a raíz de su reunión del pasado 25 de julio para resolver cuestiones comerciales transatlánticas. La declaración conjunta de esa cumbre indicaba dentro de su vaguedad que todavía no se había decidido nada y que el “Grupo de Trabajo Ejecutivo” no era más que un espacio donde no se iban a tomar decisiones relevantes, sino simplemente ir explorando posibles campos de colaboración futuras.

Sin embargo, hace unos días se celebró una reunión entre la negociadora jefa de la UE, Malmström, y el negociador jefe de Estados Unidos, Lighthizer, a raíz de la cual podemos ver cómo está surgiendo un enfoque común entre la UE y EEUU: la UE podría ofrecer cierta flexibilidad en materia de regulación a cambio de que Estados Unidos retire los aranceles sobre el acero y ponga fin a la progresividad arancelaria.

Por la experiencia que tenemos de la lucha contra el TTIP sabemos qué es lo que pretende Estados Unidos bajo el eufemismo de “eliminar barreras técnicas al comercio” y lo que quiere que la UE cambie en sus regímenes reguladores: la mayoría de las cuestiones señaladas son sumamente importantes, por ejemplo, para nuestra protección ambiental -regulación en el uso de químicos por ejemplo- a lo que ahora se añaden nuevos elementos de los últimos dos años, como la protección de datos. Fue precisamente nuestra profunda preocupación por estas cuestiones, entre otras muchas, lo que alimentó nuestro rechazo a las negociaciones sobre el TTIP.

No cabe duda de que la comisaria de Comercio de la Comisión Europea, Malmström, nos trasladará la idea de que no tenemos que preocuparnos de nada, que lo que eventualmente se negociará será solamente un pequeño acuerdo necesario, quedando pendientes las verdaderas grandes negociaciones sobre un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. Estamos seguros de que insistirá de nuevo en que la Comisión Europea respetará todos los límites, y que de llegarse a un acuerdo sería simplemente sobre aranceles industriales, que no toca cuestiones sensibles.

En cambio, la realidad es que debemos estar especialmente atentos a estas posibles pequeñas concesiones reglamentarias por parte de la Comisión. Si un pequeño acuerdo de este tipo nos llega antes del final de año (Lighthizer ha declarado que se ha avanzado mucho y que podría estar listo en noviembre), no debemos dudar en llamarlo TTIP-light, porque la música suena a tratar de hacer realidad de inmediato algunas de las disposiciones que incorporaba el propio TTIP.

Atentos porque quizá en las próximas semanas tocará reactivar la batalla contra el TTIP, aunque ahora sea un acuerdo más restringido. Por nuestra parte, en el Parlamento Europeo, haremos todo lo que esté en nuestras manos para detectar cualquier negociación regulatoria en este sentido.

En los tratados con Estados Unidos (TTIP) o Canadá (CETA) se argüía desde los negociadores europeos que las consecuencias ambientales de los mismos, denunciadas por organizaciones ecologistas y otros colectivos sociales, no eran tales y que obedecían a intenciones aviesas de estos grupos, ya que estábamos hablando de países con estándares de protección ambiental muy similares. Más allá de la falsedad de estos datos, parece que, ahora, con las negociaciones en curso o acabadas con otros países de estándares ambientales claramente inferiores en bastantes casos, la Comisión Europea ya ni siquiera tratar de justificar con argumentos cogidos con alfileres la indudable tropelía ambiental que se va a acometer con su aprobación. Trata de pasar de puntillas, sin vergüenza alguna, por este espinoso tema simplemente no informando o no dando pie a que se puedan producir debates donde la falta de argumentos quede manifiesta.

La mayor parte de los países con los que se están negociando o ya se han negociado estos acuerdos tienen importantes déficits ambientales derivados de su apuesta por estrategias productivistas del sector primario de carácter intensivo, poco preocupadas por la sostenibilidad de los ecosistemas y de los paisajes, alineadas con el gran capital y que están en el origen del aumento de las causas que propician la pérdida de biodiversidad y el cambio climático en la esfera global. Deforestaciones masivas, monocultivos, destrucción de hábitats, empleo sistemático de pesticidas y abonos químicos, uso incontrolado de agua, empleo de combustibles fósiles, extractivismo sin control son parte de las prácticas usuales existentes en estos países sobre los que la UE evita pronunciarse. Analizamos aquí brevemente algunos aspectos ambientales de cinco tratados en vía de firmarse o ratificarse.

México es uno de los países con los que se ha de renovar el actual tratado comercial en vigor. En cuanto a seguridad alimentaria, se usan productos comercializados por Bayer que contienen el insecticida thiodicarb, utilizado en el cultivo de maíz, sorgo, algodón y soja prohibidos en la UE desde 2007, contemplado como probable cancerígeno y extremadamente peligroso para las abejas. México, además, espoleado por el éxito culinario de su famoso guacamole, no duda en deforestar grandes extensiones de bosque, notoriamente en Michoacán, principal región productora de aguacate del mundo, para satisfacer una demanda de moda, sobre todo en Estados Unidos.

Las Denominaciones de Origen Protegidas (DOP) y las Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP) en Europa son un reconocimiento a productos de una zona geográfica determinada, con una especialización reconocida y comprobada que dan renombre e imagen a un tipo de agricultura y ganadería centrada en el territorio y la calidad. En México estas especificidades territoriales no existen, sí en cambio las marcas registradas que hace que, por ejemplo, se utilice el nombre “Queso Manchego” (DOP española) como marca registrada mexicana, con el consiguiente conflicto de intereses. Este problema ya se vio en el CETA donde finalmente de las aproximadamente 1500 DOP e IGP europeas, solo quedaron reconocidas en Canadá, que también solo tiene derecho de marca, 145. En la actualización del tratado con México parece que la cifra alcanza las 340.

La entrada de pollo y espárragos sin aranceles seguirá la tónica instaurada desde hace años en Europa de consumir alimentos kilométricos en detrimento del comercio local y de la soberanía alimentaria.

Mercosur presenta importantes problemas ambientales derivados del cultivo de soja, de la caña de azúcar para etanol y de la explotación de la cabaña ganadera.

Si bien hay acuerdos arancelarios para la soja desde 1960, los acuerdos llegan en un momento donde la expansión de este cultivo –y el del maíz- ha transformado el paisaje en amplios territorios de los países que integran esta alianza comercial (Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil) llegando a afectar actualmente a la protección de la salud y ambiental por la presencia de importantes empresas transnacionales de los transgénicos y agrotóxicos como Monsanto.

Además, las importaciones de maíz -y de otro cultivo como el trigo- pueden favorecer la bajada de precio de la isoglucosa (jarabe) con consecuencias serias sobre la salud en un momento de gran presión de los lobbies del azúcar en contra de los estudios que ponen en duda la bondad de los alimentos ricos en esta sustancia y de la aplicación de impuestos sobre bebidas o alimentos con azúcares añadidos que ya han empezado a formularse en algunos países.

La producción intensiva de carne, fundamentalmente de ganado vacuno, orientada en gran medida a la exportación, tiene gran incidencia en estos países. Sobre todo en Brasil, que cuenta con dos de las mayores empresas mundiales de producción de carne. Pero su irregular y poco controlado sistema de producción tiene importantes repercusiones sobre la salud (estándares sanitarios), el medio ambiente (deforestación, biodiversidad), cambio climático (metano), derechos laborales (condiciones precarias) y el bienestar animal (parques de engorde, mataderos…).

Brasil es el principal productor de Mercosur de etanol, siendo uno de los mayores escollos en estas negociaciones, conjuntamente con el de la carne de vacuno, la cantidad total de etanol que admitiría la UE para uso como biocombustible. La caña de azúcar requiere de amplias superficies para su cultivo y el continuo aumento de las mismas agrava los problemas ambientales asociados a los monocultivos.

Vietnam abre su economía a la UE con importantes carencias ambientales en el ámbito pesquero, concretamente referidas a la pesca ilegal y a la acuicultura intensiva. Parece que aumentarán sus exportaciones pesqueras para la industria conservera y los mariscos, dado el fuerte aumento de su consumo, todo ello con el consiguiente impacto sobre el territorio y la biodiversidad (destrucción de manglares), y el cambio climático.

En acuicultura, el control de las aguas de entrada y salida a las piscinas de cría es prácticamente inexistente, con serias dudas sobre su estado de contaminación. Lo que parece claro es que estas piscinas están tratadas ampliamente con antibióticos, antiparasitarios y desinfectantes para evitar enfermedades a las superpoblaciones que albergan. Vietnam ha sido amonestado 11 veces por exportar a la UE gambas con un residuo excesivo (LMR. Límite Máximo de Residuos) de oxitetraciclina, un antibiótico de amplio espectro autorizado pero del que no deben superarse determinadas dosis.

Tienen menor presencia en el tratado con Japón los aspectos agrarios. No obstante es conveniente indicar nuevamente que no todas las DOP e IGP serán reconocidas, tan solo 200 de ellas, entre el UE y el país asiático. Asimismo, la presencia de los OGM no es tan cuestionada como lo es en la UE, lo que hace que su presencia sea importante en la alimentación japonesa, siéndolo mayoritaria en la de los animales, favorecido además por un etiquetado sometido a normas notoriamente más laxas que en la UE. Tampoco el uso de pesticidas y fertilizantes está expuesto a unas regulaciones demasiado estrictas.

En relación con la pesca, a pesar de alguna mejora en el último año, debido a la presión internacional con respecto al atún rojo, no existen grandes controles en un país con una dieta en la que los recursos del mar están muy presentes, por lo que la pesca ilegal sigue siendo una realidad. Mención aparte por su gravedad es la continuación de la pesca de cetáceos (333 en la campaña de este año), camuflada bajo el paraguas de la investigación científica, saltándose a la torera las prohibiciones de la Comisión Ballenera Internacional.

Por otra parte, Japón ha sido denunciado en varias ocasiones por organizaciones ambientalistas por utilizar en su país madera proveniente de bosques tropicales, sin ningún control de gestión sostenible. Es particularmente grave que las próximas olimpiadas de Tokio se presenten como sostenibles en todo el proceso de construcción de infraestructuras y equipamientos, cuando crecen las dudas sobre la certificación de la madera tropical que se está usando.

El telón de fondo con el tratado con Indonesia es el aceite de palma. El cultivo de esta planta, cuyo aceite está presente en infinidad de productos alimentarios, cosméticos, farmacéuticos, de limpieza y también usado como biocombustible, está siendo una de las principales causas de deforestación del planeta, y por tanto de pérdida de biodiversidad y de impulsor del cambio climático.

Hasta 2014 no se impuso en UE la obligatoriedad en el etiquetado de especificar qué grasa se escondía detrás del genérico “aceite vegetal”. A partir de ese momento, se puso en duda lo idóneo de su ingesta continuada por su alto contenido en grasas saturadas, pero fundamentalmente por su utilización como biocombustible, denunciada por sus consecuencias ambientales y sociales por multitud de organizaciones (destrucción de la selva y desplazamiento de población). En enero de este año el Parlamento europeo vetó el aceite de palma como biocombustible, lo que ha supuesto un grave problema diplomático con Indonesia al ser su principal producto de exportación agrícola hacia la UE.

Con estos países o alianzas comerciales regionales, la UE quiere terminar en este año las negociaciones para firmar y ratificar cuanto antes los tratados correspondientes de comercio e inversión. Todo ello a pesar de las notables carencias ambientales descritas anteriormente, a las que habría que añadir otras de carácter general como que el principio de precaución sea raramente mencionado en estos acuerdos o que el reconocimiento mutuo de las medidas sanitarias y fitosanitarias (SPS) eliminan posibles controles suplementarios.  Estas carencias tienen especial incidencia en la pérdida de biodiversidad y el cambio climático globales, los dos problemas ambientales más acuciantes en la actualidad. El hecho de que la UE haya firmado la COP21 sobre el Clima de París y el Convenio para Biodiversidad (CDB) y que también lo hayan hecho estos otros países (aunque no todos ellos han firmado o ratificado los protocolos derivados de Cartagena, Nagoya y Kuala Lumpur) muestran una vez más que los acuerdos ambientales, incluso con obligaciones jurídicamente vinculantes, muestran una debilidad de aplicación pasmosa.

La pregunta que hemos de formularnos es evidente: ¿cómo es posible que la UE, que se considera una abanderada en la protección de la biodiversidad y en la lucha contra el calentamiento global, firme acuerdos de comercio e inversión, supuestamente con garantías ambientales, con países que infringen los acuerdos ambientales que han firmado? La respuesta nos la puede dar la reciente decisión del gobierno de Canadá, que firmó el CETA con la UE, de rescatar -con dinero público- un oleoducto de petróleo de arenas bituminosas, mucho más contaminante que el petróleo convencional, desde Alberta al Pacífico para llevarlo en barcos al resto del mundo. Un país supuestamente modélico para la UE desde el punto de vista ambiental pero que apuesta decididamente por los combustibles fósiles y por las transnacionales que los mantienen. También es cierto que, hablando de incumplimientos, dentro de las propias fronteras de la Unión, un país, España, tuvo un incremento en 2017 de CO2 del 4,5% con respecto a 2016, que no contribuye precisamente a la reducción o limitación de los GEI por estos lares. ¿Para qué sirven entonces esos acuerdos ambientales, considerados por algunos moderados, si ni siquiera se cumplen y si quien tiene la posibilidad de actuar mira para otro lado?

Esto, indudablemente, no es una cuestión de países. No es cuestión de demonizar a algunos países ni a sus poblaciones. Ellos son las primeras víctimas de una agenda neoliberal que impone de forma asimétrica –desregulando derechos y regulando inversiones- estos tratados a través de grandes conglomerados industriales y financieros en connivencia con las oligarquías locales. Situación ésta de carácter global en la que la UE –y el capital transnacional europeo- trata de aprovechar el actual desenganche de EEUU de la OMC y de tratados como el TPP para alcanzar una situación de mayor poder en el concierto económico global. Quien destruye los bosques tropicales, contamina ríos, mar, suelo y aire, envenena lo que comemos y maltrata los animales de las cabañas ganaderas no son los pueblos de estos países, sino estas transnacionales que van logrando, poco a poco, sus claros objetivos de desregulación global.

Solo la unión de los pueblos puede parar la extinción masiva de especies y un calentamiento global de alarmantes y ni siquiera bien conocidas consecuencias. Existen ya ejemplos en África, América Latina o Asia –también en Europa a través de las campañas contrarias a los TCI- donde los movimientos sociales se yerguen contra la imposición de los mercados. Rebelémonos con ellos contra los tratados de comercio e inversión.

En los últimos años han proliferado los tratados comerciales y de inversión entre distintos países del mundo para establecer un modelo de relaciones en los intercambios comerciales que llevan a cabo entre ellos. TTIP o CETA son las siglas que simplifican algunos de estos acuerdos que han protagonizado largas negociaciones entre diversos continentes -como América y Europa en el caso de estos dos- y, también, el surgimiento de protestas y movilizaciones por el impacto que pudieran generar en las sociedades que, sin quererlo o no, lo aplicaran.

Frente a las autoridades que gestionan llevar a cabo este tipo de tratados comerciales han surgido otros movimientos y colectivos para estudiar las consecuencias de dichos acuerdos en el ámbito económico, cultural, humano, laboral o medioambiental, así como para proponer alternativas a estos modelos y exponer mecanismos de control a los mismos.

Precisamente, en Toledo, con la colaboración de la Concejalía de Cooperación del Ayuntamiento de Toledo y la organización por parte de la Universidad de Castilla-La Mancha, surgió un proyecto para trabajar en este campo: 'Los municipios ante la nueva generación de tratados comerciales. Una mirada desde la perspectiva de los derechos humanos y el desarrollo sostenible al TTIP'.

En este equipo de trabajo han participado entidades como la Asociación Paz con Dignidad, el  Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL), Ecologistas en Acción Toledo, SODePaz-CLM o ATTAC Castilla-La Mancha. Preocupadas por “los abusos del poder corporativo” en cuanto al cumplimiento de los derechos de la sociedad, participaron en un seminario -'Repensar el modelo económico: alternativas al poder de las transnacionales y los tratados comerciales'- que, junto el trabajo posterior que han realizado sus representantes, ha derivado en un documento que propone una serie de alternativas a los tratados comerciales desde las instituciones y la sociedad civil.

Antes de elaborar estas recomendaciones, este grupo de trabajo profundizó en la nueva ola de tratados comerciales en los que está envuelta la Unión Europa y en cómo afectan estos al conjunto de la sociedad, así como también en el impacto de las transnacionales en los ámbitos global y local, en diversas charlas en las que también abordaron los posibles impactos del proyecto del parque temático de Puy du Fou en la capital regional.

Entre las conclusiones que extrajeron enumera que las empresas transnacionales protegen sus derechos mediante un ordenamiento jurídico internacional basado en las reglas sobre comercio e inversiones, un nuevo Derecho Corporativo Global compuesto por miles de normas. Un derecho fuerte que contrasta con la fragilidad de los derechos humanos, laborales y la protección ambiental, explica Erika González, representante de OMAL, que subraya que estos tratados “apuntalan a las empresas y hacen crecer su poder, pero también representan amenazas a la democracia y ponen en riesgo incluso el propio sistema judicial a través de los nuevos tribunales de inversión”.

Además, lamenta los impactos negativos que, a su juicio, proliferan en la ecología, el sistema alimentario, la salud o en la mercantilización de los servicios públicos. Estos proyectos, indican en las conclusiones que han elaborado, suponen el marco legal para que las grandes empresas desarrollen y hagan crecer sus finanzas a pesar de “la precariedad, la pobreza o la exclusión social” que, afirman, generan en los países afectados.

Alternativas y cumplimiento de derechos

“Cuando dicen que no hay alternativas a los tratados de comercio e inversión es mentira, hay muchas alternativas”, asevera Erika González y corroboran también Fernando del Amo -representante de la Asociación Attac-Castilla-La Mancha-, José Miguel Aparicio -Ecologistas en Acción Toledo- o Ricardo Gayol -Asociación Paz con Dignidad-, que han entregado al concejal de Juventud y Cooperación, Diego Mejías, las recomendaciones que hacen al Ayuntamiento de Toledo para, en el marco de aplicación de estos acuerdos, poder cumplir con los derechos mencionados.

“Los ayuntamientos son el elemento institucional que, por su situación de proximidad directa con la población, mejor puede articular propuestas de la sociedad civil en defensa de sus derechos”, resaltan en las conclusiones del documento que han elaborado, en el que, no obstante, también indican las “importantes limitaciones” de carácter jurídico, económico y político que existe, en un contexto “dominado por una regulación europea y estatal que blinda la ley mercatoria”.

Así, como primera propuesta destacan como esencial que el Ayuntamiento abra un debate público sobre qué modelo de ciudad se busca en el actual proceso de planificación urbana y gestión de espacios naturales, residenciales e industriales. En el contexto del cumplimiento de derechos, atañen también a la importancia de establecer cláusulas sociales, medioambientales y de igualdad a las empresas y proyectos de creación nueva, así como revisar el cumplimiento de las existentes.

También consideran esencial retomar el compromiso de remunicipalización de los servicios públicos locales fundamentales externalizados en años anteriores, o proteger los espacios naturales y naturalizar más espacios del municipio, anteponiendo estas medidas a “cualquier propósito de inversión, de lucro o de especulación”. Además, apuestan por poner en marcha políticas efectivas para frenar la crisis ecológica, especialmente reflejada en el cambio climático.

Otras de las medidas que exponen como camino contrario para ofrecer alternativas al mero lucro de las grandes empresas es desmercantilizar el ámbito d los cuidados, desde la defensa de lo común, y plantear estrategias integrales desde una mirada amplía. “Promover y apoyar de forma directa iniciativas de economía alternativa, social, cooperativa y solidaria en el municipio” es otro de sus planteamientos.

En definitiva, una seria de recomendaciones que permitan también fijar criterios éticos de contratación y compra pública de productos o servicios y recuperar espacios de ejercicio de la soberanía popular “apropiados por el poder corporativo”.

El primer ministro japonés Shinzo Abe y los líderes de la Unión Europea han anunciado esta semana en Bruselas el compromiso alcanzado para cerrar pronto un nuevo tratado comercial (otro acrónimo a la lista, el JEFTA). Este acto ha supuesto la penúltima etapa de una escenificación calculada por la Unión Europea para mostrar a Trump que Europa le está comiendo la tostada en lo de dar manga ancha al mercado desregulado y a los derechos de los inversores. Mensaje para Trump: la UE lidera la liga para configurar una gobernanza mundial que pone el Dios Mercado por encima de los límites planetarios y el cumplimiento de otros acuerdos multilaterales. Permanezcan atentos a sus pantallas ya que, dada la velocidad que han cogido en Bruselas, no sería de extrañar el inminente anuncio de un acuerdo comercial de la UE con Mercosur (Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay) o con México.

Y como en anteriores acuerdos (TTIP, CETA), el acuerdo comercial UE-Japón es otro vivo ejemplo de que la política comercial de Europa defiende, pero solo de boquilla, la protección social y medioambiental. Vaya un primer ejemplo: mientras que la Unión ha firmado los ocho convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo, Japón no ha firmado todavía el 105, sobre abolición del trabajo forzoso, y el 111 sobre discriminación, ¿para qué?

Todavía resuena en el salón de plenos del Congreso de los Diputados esas declaraciones pomposas en las que los partidarios del acuerdo comercial entre la UE y Canadá, aprobado la semana pasada, afirmaban que ambas partes compartían los mismos valores. “Si no podemos firmar un acuerdo con Canadá, no lo podremos firmar con nadie”, clamaba algún portavoz. Se equivocaban, también se puede firmar un acuerdo con Japón, que tiene la misma cultura y valores que nosotros, ¿o ustedes no comen carne de ballena y utilizan grandes cantidades de madera ilegal en sus viviendas?

Según los defensores de la nueva arquitectura del comercio desregulado, los que nos oponemos a estos tratados amenazamos la democracia liberal y defendemos el proteccionismo. Pero los críticos con este modelo de gobernanza mundial no estamos pidiendo a la Unión Europea o a otros países o bloques que se aíslen del mundo. De hecho, defendemos la democracia, el estado de derecho, la transparencia y un sistema comercial donde las empresas no disfruten de derechos especiales ni de acceso exclusivo a juzgados especiales.

Nosotros queremos precisamente que a través de este tipo de acuerdos multilaterales se contemplen medidas vinculantes contra las amenazas más urgentes a las que nos enfrentamos: el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, el agotamiento de recursos, la desigualdad, la pobreza y los conflictos armados.

Desafortunadamente, el acuerdo comercial entre la UE y Japón que filtró recientemente Greenpeace Holanda demuestra que el enfoque participativo o el interés por el bien común de la sociedad no es algo que le salga de manera natural a los miembros de la Comisión Europea. En vez de sacar partido de la fuerte posición económica de la UE, la Comisión una vez más ha buscado un acuerdo comercial que beneficia a las multinacionales a expensas de las personas y el planeta.

La postura tan débil que ha adoptado la UE con respecto a la tala ilegal, y la complicidad de Japón con este problema, es uno de los muchos asuntos que resultan preocupantes. Japón es el cuarto importador mundial de productos de madera y la madera ilegal puede entrar fácilmente en el país dada su falta de controles y de legislación adecuada. Las disposiciones sobre la tala ilegal que se incluyen en el acuerdo son todavía más débiles que las que acordó Japón en el ya desaparecido Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP). A pesar de que la Comisión prometió respetar y defender estándares de alto nivel en los acuerdos comerciales de la UE como este, el CETA o el TTIP, no lo está haciendo.

Aunque vayan de farol, en Bruselas saben ya que en cada acuerdo comercial que anuncian se enfrentan a mayores resistencias, no sólo de la sociedad civil, sino de formaciones políticas e incluso de gobiernos. La absoluta falta de transparencia, con mandatos y conversaciones secretas –incluso para los representantes elegidos en el Parlamento Europeo– y la ausencia de debate y consultas con las organizaciones sociales (sindicatos, consumidores, ecologistas, etc.) han generado una grieta que se agranda más y más.

Las organizaciones no gubernamentales y los sindicatos europeos siguen analizando los textos filtrados y siguen promoviendo el debate sobre el significado de este proceso constituyente que, bajo la apariencia de tratados comerciales, configura un complejo aparataje que refuerza el desigual reparto del poder a nivel global. Hace un año se reunían más de tres millones de firmas de ciudadanos y ciudadanas de la UE que se oponían al TTIP o al CETA, con Estados Unidos y Canadá (el TTIP y el CETA) y más de 2.300 ciudades y autoridades locales de Europa se han declarado ‘zonas libres de TTIP’.

Pero las dudas sobre el proceso y su contenido han desbordado ya las fronteras de los movimientos sociales: el PSOE ha pedido una comisión de estudio en el Congreso sobre los acuerdos comerciales y el Gobierno de Macrón en Francia ha creado un comité de nueve expertos para evaluar el impacto del CETA sobre el medio ambiente y la salud. Algo que, por cierto, ya hizo la Comisión Europea pero no de manera muy rigurosa por lo que parece.

En un momento en que la Unión Europea se encuentra inmersa en un profundo examen de conciencia y que hay elecciones europeas en menos de dos años, quizás es el momento para que los líderes europeos den al botón de reinicio de la política comercial. El futuro de Europa puede ser sombrío si se amplía la brecha entre la clase política de Bruselas y las capitales europeas y las preocupaciones y deseos de la ciudadanía.

Necesitamos un debate amplio sobre el modelo comercial que queremos. Un debate que amplíe la visión reduccionista utilizada hasta ahora. El comercio debe ayudar a unir comunidades y a que el mundo fuese un lugar más pacífico, más abierto y más igualitario. El comercio no puede ser un fin en sí mismo sino un medio para conseguir justicia social y medioambiental. Hasta entonces y hasta que la política comercial sea totalmente transparente, Greenpeace y otras organizaciones continuarán arrojando luz sobre los acuerdos comerciales que no ayudan a las personas y ponen en peligro el planeta.

El comercio internacional puede volverse libre, pero no está claro que sea eficiente. Sin embargo, en las negociaciones del TTIP y el CETA, libertad y eficiencia se consideran idénticas o vistas como semejantes la una con la otra

La mayoría de la gente entiende que los Tratados de Libre Comercio significan una pérdida de capacidad reguladora de nuestras democracias. Por otra parte, la mayoría de economistas los defienden para promover la innovación y el crecimiento económico. Argumentan que cada país debería especializarse en producir lo que hace mejor y el mundo se beneficiaría porque todo el mundo sería más productivo.

El libre comercio es sagrado para los economistas liberales. Si uno critica el libre comercio se lo caracteriza como “bárbaro proteccionista”, como dice Krugman. Sin embargo, la defensa del libre comercio se basa en la obra que tiene más de 200 años del economista inglés David Ricardo. En aquella época, los economistas entendían que los países se enfrentaban a situaciones en las que otros países eran más productivos en la elaboración de todos o casi todos los productos comerciables internacionalmente. Para compensar estas ventajas absolutas de las otras economías, el país menos productivo debía convertirse en proteccionista, para que sus productores pudieran sobrevivir.

Ricardo no estaba de acuerdo. Él estableció el famoso principio que decía que lo que importa no es la ventaja en productividad absoluta, sino la ventaja comparativa. Según Ricardo, si un país es particularmente bueno produciendo zapatos y otro es bueno produciendo ropa, será beneficioso para los dos especializarse cada uno en el producto que hace de forma más productiva y comerciar entre ellos estos dos productos. Ambos deben especializarse para optimizar el resultado final global.

Este ejemplo ya muestra lo poco realista que era la idea de Ricardo. Presupone que el productor de zapatos está produciendo al máximo de su capacidad y tiene que elegir entre producir zapatos de forma muy productiva o producir ropa de forma menos productiva. Pero no existen economías que funcionen al máximo de su capacidad.

Cualquier economía que tenga una ventaja absoluta en la producción de diferentes productos los producirá –o los debería producir– hasta agotar su capacidad. La teoría neoclásica supone, por tanto, que las fuerzas productivas están siempre óptimamente distribuidas y que la posibilidad de expandir la capacidad productiva no existe.

Obviamente, esto es absurdo. Las economías se encuentran sistemáticamente infrautilizadas, y no hace falta mencionar que el desarrollo y el crecimiento económico hacen aumentar la capacidad productiva. Parece difícil que ninguna persona razonable pueda denegar estos dos hechos.

La teoría de Ricardo también afirma que en todos los países –en situación de pleno empleo– la remuneración de los trabajadores refleja las situaciones de escasez de los factores capital y trabajo en ese país. Esta también es una suposición heroica. Para el comercio internacional los salarios nominales son cruciales ya que, junto a los tipos de cambio, establecen los precios de los productos comerciables internacionalmente.

¿Pero qué pasa si las tasas de inflación divergen entre los diferentes países? En este caso debe haber algún mecanismo que sirva para requilibrar estas divergencias en precios y salarios (calculados en divisa internacional). El tipo de cambio entre diferentes divisas puede actuar como tal mecanismo. Pero la realidad es que no funciona. En el mundo actual en realidad las divisas son un campo de especulación.

Con el paso del tiempo las divisas han cogido direcciones contrarias a las que deberían para compensar estos desequilibrios a medida que los especuladores se han dedicado a explotar los diferenciales de tipo de cambio y de tipo de interés. Por lo tanto, no es verdad que los niveles salariales hoy día puedan darnos una indicación de la disponibilidad de capital y trabajo, por lo que podríamos decir que tampoco hay base científica que justifique el libre comercio como mecanismo regulador de los precios de estos dos factores.

Pero eso no es todo. Los economistas neoclásicos argumentan que la inversión directa de los productores pertenecientes a países de alta productividad en países con baja productividad viene determinada por la ratio entre costes laborales y costes del capital. Esto significa en la práctica que cuando un productor de teléfonos móviles que produce en su propio país con una tecnología que necesita de una alta intensidad del factor capital desplaza su producción por ejemplo en China, donde los salarios son más bajos, este productor cambiará de tecnología y aplicará otra mucho más intensiva en trabajo, reduciendo la intensidad del uso del capital, con el objetivo de maximizar el beneficio.

Esto no puede ser tomado en serio. De hecho es ridículo. Esto significa que dejarán de utilizar su tecnología más avanzada (de la que disponen libremente) para utilizar otra menos eficiente. La teoría neoclásica del equilibrio afirma que las empresas, por lo tanto, no harán ningún beneficio extraordinario de su poder de mercado cuando lleven la producción a China.

Esto querría decir que esta empresa rechazaría usar esta mejor tecnología de la que dispone y que le podría generar beneficios extraordinarios y produciría los teléfonos móviles en China con una peor tecnología que haga posible la producción con los mismos costes, y por tanto el mismo precio y mismos beneficios que anteriormente. Según esta teoría los emprendedores renuncian a los beneficios que podrían hacer si combinaran la alta productividad occidental con los costes salariales bajos de China.

Si lo hicieran, podrían reducir los costes laborales e incrementar sus beneficios de forma tremenda. Pero los emprendedores no aprovecharán esta oportunidad de hacer dinero porque la teoría les dice que no pueden considerarse los beneficios extras provenientes de las rentas de monopolio. De hecho, hoy en día la inversión extranjera directa tiene efectos potentísimos sobre el comercio internacional. Por ejemplo, el comercio con China no puede compararse con el comercio internacional entre países occidentales.

El comercio internacional chino consiste en grandes empresas occidentales situadas en China, exportando los mismos países de origen. Se ha calculado que alrededor del 60-70% del total de las exportaciones chinas no son exportadas por empresas chinas sino exportadas por empresas occidentales subcontratadas. Esto prueba que la justificación teórica anterior, que supone que la tecnología se adapta a la combinación capital-trabajo de tal país, no aguanta de pie; de hecho, no tiene ni pies ni cabeza.

Como conclusión la totalidad de la ideología del libre comercio está basada en una teoría que no es sólo poco realista, sino que es errónea. Consecuentemente, el comercio internacional puede volverse libre, pero no está claro que sea eficiente. Sin embargo, en las negociaciones de libre comercio (y también con el TTIP y el CETA), libertad y eficiencia se consideran idénticas o vistas como semejantes la una con la otra.

No sabemos si la liberalización del comercio es eficiente. Pero sí sabemos bien que la idea de que toda interferencia en el comercio internacional es perjudicial e ineficiente es claramente errónea. Por ejemplo, un país que se protege a sí mismo contra las importaciones masivas de otro país en el que compañías monopolistas hacen grandes beneficios y combinan alta productividad con bajos salarios no debe ser condenado. Medidas proteccionistas contra estas prácticas pueden de hecho mejorar el estado del bienestar de todo el mundo para que eviten que las empresas monopolistas dañen o destruyan otras empresas sanas.

Peor que todo eso que ya se ha dicho hasta ahora es que algunos países, de forma puramente mercantilista, se esfuerzan para exportar más de lo que importan. Este fenómeno se llama “desequilibrio global” en el campo de la macroeconomía, y se sitúa en agudo contraste a la doctrina del libre comercio. Alemania es la mayor culpable en este tema en todo el mundo. En el momento actual, para determinar el éxito o el fracaso que el comercio internacional aporta a los países que participan, los superávits y los déficits se han vuelto más importantes que los efectos en la productividad de la liberalización del comercio.

Pero en realidad, una vez que un país genera superávits de forma creciente y estable, no quedan incentivos para los posibles socios comerciales de este país para concluir un acuerdo comercial con este país que defiende estos superávits comerciales.

Ni las fluctuaciones bruscas en los tipos de cambio, ni la inversión internacional directa, ni el dumping salarial o las consecuencias sociales del comercio son el objeto de la ideología del libre comercio. Los políticos procomercio internacional hacen sus juicios sobre la base de una doctrina que no tiene nada que ver con el mundo real.

Hoy en día, intentar conducir las políticas comerciales y los flujos de comercio es como intentar reparar un coche con herramientas de reparar relojes. Lo que la economía global necesita más que un debate doctrinario sobre el comercio internacional es un sistema monetario que evite que los países individuales acumulen ventajas injustificadas prolongadamente en el tiempo a través del dumping salarial o de medidas similares.

“Europa respira aliviada”. Este fue uno de los titulares más recurrentes tras la victoria de Enmanuel Macron el pasado domingo en Francia. La posible victoria de Marine Le Pen en Francia o el auge del extremismo en Ámsterdam traían de cabeza a los eurócratas desde el varapalo del Brexit y el triunfo de Donald Trump. Pero una vez exorcizadas estas dos pesadillas, la Comisión Europea ha decidido poner manos a la obra y reconocer que una de sus principales banderas, la de la globalización comercial y la apertura de la UE al exterior, tiene su cara oscura.

La Comisión ha lanzado como parte del Libro Blanco con el que quiere repensar esta Europa en crisis (social, económica y política), que titula “Embridando la globalización”. Un informe para la “reflexión” con la que asume, casi por primera vez, que los beneficios del proceso globalizador han tenido su reverso tenebroso y que han sido un acicate para todos estos movimientos que piden acabar con el sueño de la integración de la UE.

El informe es muy abierto porque solo es una iniciativa para arrancar un pensamiento colectivo sobre cómo poner límites a la apertura comercial, pero es muy significativo tras la cerrazón de la Administración Europa a comprender o integrar el descontento social que han suscitado acuerdos como el TTIP, que ya con casi toda seguridad no verá la luz, o el recién aprobado CETA, el acuerdo de libre comercio con Canadá. Precisamente el texto reconoce que Europa se tiene que esforzar más en ser “transparente e inclusiva” en el proceso de toma de decisiones al negociar acuerdos internacionales para asegurarse no solo de que se cierran sino de que se aprueban e implementan.

Los políticos europeos reconocen que en este proceso de apertura ha podido haber perdedores y aunque mantienen que de forma general son mayores los beneficios (abaratar precios para el conjunto de los consumidores, por ejemplo), hay colectivos que se han quedado atrás y que sienten que la liberalización es una amenaza. “Los temores son reales y bien fundados en muchos casos”, concluye el informe. “La globalización y el cambio tecnológico cambiará nuestras vidas a una velocidad sin precedentes. Este proceso no será suave pero no se puede ni parar ni revertir”.

Las fallas del sistema

“El hecho de que otros países no comparten los estándares europeos en salarios, medioambiente o fiscalidad, ha llevado a que algunas compañías saquen provecho”, reza el texto que reconoce que ha llevado a la deslocalización de industrias, el cierre de plantas y a que los trabajadores con menos capacidad de adaptación sufran la presión de esta competencia malsana. “Algunas empresas extranjeras y gobiernos tienen prácticas injustas”, insiste citando específicamente el sector del acero, que se queja del dumping social a la que le someten las industrias subsidiadas en países asiáticos. También lamenta la ingeniería fiscal de las multinacionales que logran escapar del fisco comunitario pese a sacar provecho de los ciudadanos europeos o de la entrada de fondos de inversión estatales (como los de los Emiratos o los asiáticos) que gracias al apoyo de sus países de origen entran a derribo en sectores débiles en la UE.

Casi por primera vez, la Comisión pone negro sobre blanco en el anatema que en los pasillos de la tecnocracia no se ha querido abordar. Salvo que se tomen medidas para frenar este proceso, el efecto compuesto del avance tecnológico con estos problemas “ampliará las desigualdades y la división social”. Para sustentar esta teoría, el texto reconoce que los ingresos de la clase media en Europa se han estancado pese al crecimiento económico. Y asume, aunque la desigualdad sigue baja en comparación con otros países, “un 27% acapara el total de la riqueza de la UE”.

Dos fases de actuación

El documento delimita dos fases para la actuación. Una primera en la que completar agujeros regulatarios, como la denominada “economía colaborativa” a la que la institución reconoce que aún no le ha metido mano. Y también la necesidad de aplicar las normas que ya existen para crear un “campo de juego” que aborde estos comportamientos dañinos de algunos actores, como evitar la evasión fiscal, la corrupción, la extracción de rentas o el dumping social que en ocasiones se da incluso dentro de países de la Unión Europea.

Para cerrar estos agujeros del sistema, el texto propone endurecer la aplicación de las leyes actuales cerrando resquicios por donde se cuelan los que se aprovechan, asegurando que las compañías que infringen las normas sean sancionadas. También pide aumentar la inversión en las aduanas, para garantizar la calidad y la legalidad del comercio internacional que atraviesa las fronteras comunitarias.

La Comisión dice que ya no quiere que haya árbitros privados internacionales que diriman las disputas y trata de poner en valor su propuesta de que haya una Corte de Inversión Multilateral, de carácter institucional, que aclare las disputas en la aplicación de tratados y reglas internacionales. Este mecanismo es uno de los que más preocupa a los detractores de los acuerdos comerciales.

En general, el texto insiste en que se tiene que exigir reciprocidad a terceros países con los que existen tratados, dejando caer que esa debe ser una base mínima para alcanzar acuerdos futuros en materia comercial.

Reciprocidad

En una segunda fase, Europa sigue empeñada en continuar avanzando en los acuerdos con terceros países. Pero para lograr que esta aproximación sea eficiente y justa reconoce que se tiene que dar una reforma en los organismos multilaturales que se dedican a marcar las reglas de la gobernanza global. El documento no los cita, pero básicamente son el FMI, el Banco Mundial, o la Organización Mundial del Comercio entre otros y apuesta a hacerlos más “justos” para que sean parte de la solución.

Pero Bruselas entiende que tiene que estar preparada para un “orden mundial” cada vez más disputado y desliza la idea de comenzar a crear alianzas más pequeñas con otros países, dejando la puerta abierta a que entren más “cuando estén preparados”. En ese sentido, invita a las organizaciones no gubernamentales a tener un papel en estas alianzas.

Acto seguido de lanzar este mensaje apuesta por reforzar los programas de cooperación al desarrollo, un tema absolutamente olvidado en los últimos años de crisis en el debate público, y dice que los esfuerzos que haga la UE en este sentido tienen que ir más allá de simplemente dar ayuda. Apuesta por tomar partido por los derechos humanos y la participación de la mujer creando un ambiente en estos países desarrollo en el que se pueda trabajar, para aliviar así “la presión migratoria” sobre la Unión Europea “creando oportunidades de inversión para las empresas europeas”.

En clave interna, y ante la preocupación por la pérdida de empleos ante la tecnificación de la economía, la Comisión pide mejorar la educación  y se apoya en el modelo alemán, escandinavo y estonio como ejemplos de lo que se puede hacer bien en el Estado del Bienestar. También insiste en la solidaridad entre países, en las políticas de redistribución y en que la Unión Europea es una unión de estados del bienestar.

En pocas horas el CETA, o Acuerdo Económico y de Comercio Global entre Canadá y la Unión Europea, será sometido a votación en el Parlamento Europeo. Todo apunta a una victoria de las fuerzas políticas defensoras del acuerdo: conservadores, liberales y la mayor parte de los socialdemócratas. Estos grupos esgrimen que es un acuerdo progresista y acusan a quien se opone a él de seguirle el juego a Donald Trump, el antihéroe de la democracia y máximo exponente contra la globalización económica. Se trata de una comparación maniquea, ya que son precisamente acuerdos como el CETA los que han contribuido a catapultar al poder a personas como el actual presidente de EEUU.

Firmado oficialmente el pasado 30 de octubre después de siete años de negociaciones opacas, el CETA, como otros acuerdos de comercio e inversiones como el TTIP y TiSA, es un acuerdo de nueva generación y, quizás, el que mejor representa la política comercial y de inversiones de la Unión Europea.

A pesar del carácter mixto del acuerdo, es decir, de su obligatoria ratificación por parte de los parlamentos nacionales y regionales de los 28 estados de la Unión Europea, buena parte de las previsiones contenidas en el CETA entrarán en vigor el mes de abril. Esto se debe a la aplicación provisional del mismo, cuya duración y alcance sigue siendo una cuestión ambigua y compleja. Así que poco podrán hacer los Estados para evitar sus repercusiones más inmediatas.

Nos encontramos ante un acuerdo que fomenta las privatizaciones e instaura la cooperación reguladora, un conjunto de procesos e instituciones cuya finalidad es aproximar las reglamentaciones de ambas partes. Las leyes europeas serán sometidas a un proceso para converger o hacerse equivalentes a las de Canadá. Con la excusa de facilitar las exportaciones y evitar “trabas al comercio”, el gobierno canadiense y las grandes empresas podrían revisar toda legislación existente y futura de la UE para evaluar el impacto al comercio y exigir cambios. ¿No limita esta medida la capacidad de los Estados de implementar políticas de interés público?

Un acuerdo que ofrece una herramienta supra-judicial a los inversores extranjeros a la hora de poder demandar en tribunales privados y con conflictos de intereses a un gobierno ante medidas que le perjudican. Este mecanismo no es parte de una paranoia colectiva o de un escenario distópico; los mecanismos ISDS (Tribunales de Solución de Controversia entre Inversores y Estados) ya se aplican bajo el paraguas de otros tratados comerciales y de inversión, donde empresas multinacionales han demandado a ciertos gobiernos por sus medidas de prevención contra el tabaquismo, moratoria al fracking o subida del salario mínimo, entre otras.

Si bien el texto del acuerdo regula de manera detallada los aspectos económicos y regulatorios, respondiendo a una lógica de aumento del lucro empresarial y de imposición de la lex mercatoria, no existen disposiciones que sean de obligatorio cumplimiento en temas ambientales y sociales. Y sus repercusiones no son pocas.

En su proyecto de opinión sobre el CETA, la propia Comisión de Empleo del Parlamento Europeo, que en su votación del pasado mes de diciembre recomendó al Parlamento el rechazo del acuerdo, determinó que el acuerdo pondría en peligro unos 90 millones de puestos de trabajo provenientes de pequeñas y medianas empresas europeas. Esto es solo un ejemplo.

En el plano ambiental, este acuerdo ya ha mostrado su peor cara: la directiva de calidad de los combustibles. Esta directiva pretendía discriminar los combustibles fósiles más contaminantes (como las arenas bituminosas de Canadá) de cara a su comercialización. Pero el gobierno norteamericano utilizó las negociaciones del CETA para frenar la intención de la directiva, al alegar que suponía una traba al libre comercio. Y lo consiguió.

A pesar de estas premisas, mientras el partido socialista francés ha declarado que votará contra el acuerdo, es difícil esperar lo mismo del bloque socialista español, que, más allá de una débil postura crítica en su formación, ve en el CETA un tratado acorde con los principios progresistas para una nueva era de acuerdos comerciales.

Sin embargo, el CETA no es un tratado comercial progresista ni puede dar respuesta a la urgencia ecológica y social a la que se enfrenta nuestra sociedad. Este acuerdo representa una nueva forma de generar negocios en detrimento de los derechos sociales, ambientales y laborales. Es el reflejo de una lógica de la maximización del lucro privado que cristaliza las desigualdades sociales y dificulta la construcción tan necesaria y urgente de alternativas que favorezcan procesos sociales basados en la igualdad y la interdependencia.

Lejos de debilitar el ‘fenómeno Trump’, acuerdos como el CETA fomentarán aún más el modelo que éste representa así como su variante europea de extrema derecha. Nos podemos imaginar al nuevo presidente de Estados Unidos expectante de ver los resultados de la aprobación del CETA y los beneficios que este tratado conllevaría para las más de 40.000 multinacionales estadounidenses que tienen filiales en Canadá y que podrán acceder al sistema de resolución de controversias para demandar a los gobiernos europeos. Pese a su supuesto discurso antiglobalización, Trump es un firme defensor del poder corporativo y de la eliminación de los derechos sociales y ambientales.

Hoy se vota en el Parlamento Europeo nuestro futuro. La importancia de este momento queda plasmada en la fuerza del movimiento europeo contra los llamados tratados de libre comercio e inversiones. Estamos ganando fuerza: 3,5 millones de personas de toda Europa han firmado una petición en contra del CETA y del TTIP; más de 2.100 gobiernos regionales y locales se han declarado zonas libres de dichos tratados. Un movimiento plural compuesto por organizaciones sociales, ambientales, sindicales, asociaciones de jueces, pymes, agricultores y sanidad pública.

Si hoy se llega a aprobar el acuerdo, se abrirá un nuevo frente de resistencia de cara al proceso de ratificación del CETA, llevando el debate a los parlamentos nacionales de los países miembros de la UE. Por el momento, miles de personas de varios países europeos, incluida una delegación española de la campaña No al TTIP, están marchando hacia el Parlamento Europeo. La ocasión lo merece.

A los líderes europeos no les está quedando otra que abandonar la prudencia inicial con que recibieron la victoria de Donald Trump y hablan ya abiertamente de los peligros que entraña su presidencia, cuando tan sólo lleva una semana en el cargo. No sólo en materia de seguridad, donde el nuevo dirigente amenaza con no garantizar la defensa de Europa, sino también en el ámbito económico. El presidente del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, ya reconoció ante sus colegas la semana pasada que las primeras decisiones del republicano al frente de la Casa Blanca conllevan un “riesgo” para la economía de “Europa y la zona del euro”.

Trump ha empezado a aplicar su política proteccionista, con la que aspira hacer realidad su lema: “América primero”. Ya ha firmado la orden para construir el muro con México -causando su primera crisis internacional-, ha anunciado su intención de renegociar el acuerdo comercial con México y Canadá (el NAFTA, por su siglas en inglés) y ha cancelado la participación de Estados Unidos del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (el TTP).

Su política comercial hacia Europa también es clara: dar prioridad a un acuerdo con el Reino Unido, que aspira a firmar una vez Londres abandone la UE. La primera ministra británica, Theresa May, se ha reunido esta semana en Washington con Trump con ese objetivo. Desde 2009, es la Comisión Europa quien tiene la competencia para negociar tratados comerciales en nombre de los veintiocho, por lo que el Gobierno británico no podrá cerrar nada hasta que no abandone el club, pero sí puede entablar contactos de manera informal.

Trump ha mostrado en más de una ocasión su rechazo a la UE. En la entrevista que concedió al diario The Times y el Bild cuatro días antes de jurar el cargo, vaticinó que “el Brexit acabaría siendo algo muy bueno”, porque “más países se irían”. Y el hombre que suena con más fuerza para se el próximo embajador de Estados Unidos ante la UE, Ted Malloch, ha predicho que el fin del euro llegará en 18 meses.

Ante este escenario, Bruselas y el resto de capitales europeas empiezan a mirar hacia otros posibles socios en América Latina y Asia. Teniendo en cuenta, además, que el acuerdo comercial que la UE negociaba con Estados Unidos –el TTIP– recibió la puntilla el 8 de noviembre del año pasado, cuando Trump ganó las elecciones.

“Estamos progresando en las conversaciones con Japón”, dijo esta semana la comisaria de Comercio, Cecilia Malmström, así como “con el Mercosur o en el acuerdo de inversión con China, ahora que las empresas chinas se están convirtiendo en grandes inversores en la UE”, dijo.

El presidente chino, Xi Jinping, sorprendió a todo el mundo en el Foro Económico de Davos, al erigirse en el nuevo defensor del libre comercio. “Acusar a la globalización económica de los problemas del mundo no se ajusta a la realidad”, dijo. Bruselas no está dispuesta a seguir la política proteccionista de Trump. “Construir un muro no es la respuesta”, apuntilló Malmström y por eso Guntram Wolfe, analista del think tank Bruegel, cree que esa voluntad por seguir buscando acuerdos comerciales “puede sustentarse en una relación más fuerte entre la UE y China”.

Wolfe también aconseja que la Comisión Europa “acuda al tribunal de arbitraje de la Organización Mundial del Comercio” para denunciar la tasa del 20% que Trump quiere imponer a las importaciones desde México, “pues dañará a muchas empresas europeas”. Aunque no está completamente convencido de que la UE pueda preparar una buena defensa ante un hipotético litigo con Estados Unidos. “La UE ha sufrido recientemente a la hora de negociar e implementar acuerdos comerciales, por lo que ¿quién podría negociar en nombre de la UE?”, se pregunta.

A la espera de saber qué pasaría en ese caso, de momento Bruselas se está despertando a marchas forzadas de su desconcierto y buscando otros socios comerciales quiere “enviar una señal a Estados Unidos”, en palabras de Dijsselbloem.

¿Podrían dejar de afirmar que Donald Trump ha fulminado el tratado comercial con el Pacífico (TPP)? No lo ha hecho. Este acuerdo ya llevaba un buen rato muerto. Gracias a la presión de estadounidenses corrientes (sí, presionar es efectivo) el TPP ya yacía inerte en el suelo del Congreso. No hay ninguna necesidad de felicitar al régimen fanático de Trump. Tampoco es necesario simular que su equipo no responde a los intereses empresariales. Los republicanos no cooperaron con Barack Obama y los demócratas se equivocarán si “normalizan” la presidencia de Trump, un demagogo impopular que representa una amenaza para una democracia que sin lugar a dudas ya está en una situación de peligro.

Afirmar que Trump ha tenido algún tipo de influencia sobre el TPP es una mentira. El populismo de derechas del nuevo presidente mezcla la xenofobia y el proteccionismo con medidas que enriquecen todavía más a la clase a la que él pertenece. Sí, los trabajadores estadounidenses han sufrido durante años la caída de los salarios y la destrucción de la industria, y han sido testigos del efecto devastador que todo esto ha tenido en sus comunidades. De esta situación son responsables tanto el Partido Republicano como el Partido Demócrata. Nunca contemplaron la posibilidad de que estaban alimentando la ira y el resentimiento y que algún día un vulgar demagogo sabría aprovecharse de este estado de ánimo.

Si los demócratas hubieran escuchado a Bernie Sanders y a otros progresistas que se opusieron a este tipo de alianzas comerciales que benefician a las élites empresariales en detrimento de la clase trabajadora, Estados Unidos no estaría inmerso en estos momentos en una de las peores crisis de su historia. El TPP explica por qué los ciudadanos desconfiaron de Hillary Clinton, a pesar de que su rival es un mentiroso compulsivo. Como Secretaria de Estado apoyó este tratado, luego no hizo nada y más tarde se opuso, dando la sensación de que no tiene convicciones sólidas y que está dispuesta a cambiar de opinión si esto la beneficia políticamente.

La anunciada “victoria electoral” de Hillary Clinton se apoyaba en el voto del cinturón industrial de Estados Unidos; una zona que ha perdido las industrias que tuvo en el pasado. Si la oposición de la candidata demócrata al TPP hubiera sido real, tal vez la situación de Estados Unidos y el mundo no sería tan espeluznante.

El hombre del pantano

Los progresistas se oponen a tratados como el TPP porque comportan la pérdida de puestos de trabajo, desvían el poder y la riqueza hacia las grandes empresas, empeoran las condiciones laborales de los trabajadores y representan una amenaza para la democracia.

El TPP y la Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión, que también ha sido herida de muerte y con un poco de suerte no sobrevivirá, permiten que las multinacionales puedan demandar a los gobiernos elegidos por el pueblo ante tribunales opacos si estos gobiernos impulsan medidas que las perjudican. Aquí tienen un ejemplo de un choque del capitalismo con la democracia y la soberanía de un país.

Trump no pondrá fin a estas amenazas; todo lo contrario. Si bien en todos sus mítines prometió “drenar el pantano” y acabar con la corrupción, lo cierto es que el equipo que ha formado es el pantano y está lleno de exempleados de Goldman Sachs y personas poderosas como el ex director general de ExxonMobil, Rex Tillerson. El presidente tiene el compromiso de reducir los impuestos a las grandes empresas y terminar con las “regulaciones” que protegen a los trabajadores y a los consumidores. Trump puede criticar tratados como el TPP pero lo cierto es que mezcla xenofobia con un plan para que los salarios sean bajos y no haya seguridad económica.

Un programa que invirtiera en infraestructura en Estados Unidos podría incentivar la economía a corto plazo, pero si se combina con recortes fiscales para los más ricos y para las grandes empresas, entonces el trumpismo representa una grave amenaza para la economía del país. Como suele ocurrir con todos los populistas de derechas, Trump acusará de traición a todos aquellos que pidan un mayor escrutinio (ya no digamos a todos aquellos que lo critiquen). Razón de más para que los progresistas se mantengan firmes.

Ninguna de las acciones de Trump obedece a los intereses del estadounidense normal y corriente. Un plutócrata megalómano como Trump convierte a los inmigrantes en cabezas de turco y, al mismo tiempo, impulsa medidas que directamente enriquecen a sus socios. No se dejen engañar por nada de lo que haga. Resistan, no normalicen sus acciones, aíslenlo, saquen provecho de las divisiones dentro del Partido Republicano. No promuevan ninguna otra percepción de Donald Trump que no sea la de que es un charlatán que anima a los trabajadores de Estados Unidos a echar la culpa a todo el mundo menos a hombres como él, que son los responsables de los grandes males de una sociedad rica pero injusta.

Traducción de Emma Reverter

Presidenta de honor de ATTAC, la filósofa y doctora en ciencias políticas, Susan George sigue luchando contra las grandes multinacionales, denunciando la injusticia social, el cambio climático y en plena batalla contra el CETA y el TTIP. Esta semana visita Madrid y antes, charlamos con ella en la carnicería.

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La Comisión Europea ha dado este viernes un paso más en su ofensiva diplomática para intentar implantar un tribunal multilateral de arbitraje permanente que resuelva las disputas entre Estados e inversores en los acuerdos comerciales. Una iniciativa que ha ideado junto al Gobierno de Canadá y que la Comisaria europea de Comercio, Cecilia Malmström, se ha encargado de presentar en el Foro Económico de Davos.

El sistema está inspirado en el tribunal que Bruselas y Ottawa han acordado para el CETA y que se ha instaurado también en el acuerdo comercial que los veintiocho firmaron el pasado verano con Vietnam. La intención no es copiarlo “palabra por palabra”, explican fuentes europeas, pero sí recoge las ideas principales: crear una corte con ese carácter permanente, al margen de la justicia ordinaria; con posibilidad de apelación y formada por jueces dedicados exclusivamente al tribunal, para evitar conflictos de intereses.

La gran diferencia radica en su multilateralidad. Si el proyecto sale adelante, ya no habría que negociar un sistema de arbitraje en cada uno de los tratados comerciales que la UE firme en el futuro con terceros países. El objetivo, además, es que este tribunal substituya a los mecanismos de resolución de conflictos que Bruselas ha pactado en los más de 3.000 acuerdos de libre comercio. 

Ganar adeptos

La idea de crear un sistema con estas características ya surgió en 2014, cuando la UE y Canadá negociaban el CETA. Alemania, Francia, Holanda y España son los máximos partidarios y Bruselas ha empezado ahora a presentar la propuesta en foros y reuniones internacionales para ganar adeptos.

En diciembre, la expuso en Ginebra por primera vez ante representantes de 60 países y la idea se acogió con interés, aunque aún existen muchas dudas al respecto. Aquella fue una reunión de carácter meramente técnico, mientras que en Davos se invitado a veintiocho ministros de Comercio de países extracomunitarios. 

Entre los mayores detractores en la UE está el Reino Unido, apuntan las fuentes consultadas. El ex primer ministro David Cameron lo criticó, sobre todo, por el coste de los juicios. El Ejecutivo comunitario calcula que el tribunal podría tener unos costes anuales de entre 7 y 10 millones de euros, similar al de otras cortes internacionales similares, como la de la Organización Mundial del Comercio (OMC). 

Este es uno de los temas que habría que negociar si la idea sale adelante. Un proceso largo que podría durar, como mínimo, cinco años, entre la negociación y la ratificación y no exento de dificultades. Entre otras, saber cómo la recibirá el nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

También habrá que decidir si el tribunal formará parte de instituciones ya existentes (como la OMC) o es mejor dotarlo de una estructura propia. Esta última es, a priori, la idea por la que se decantan Bruselas y Canadá.

La creación del mecanismo de resolución de conflictos entre inversores y Estados ha sido una de las mayores críticas que se han hecho contra el CETA y el TTIP, el acuerdo comercial que la UE negociaba Estados Unidos, hoy paralizado, primero por el poco interés de Alemania y Francia y luego, por la irrupción de Trump. Este tipo de tribunal fue el principal caballo de batalla de la región belga de Valonia, que a punto estuvo de impedir la firma del tratado con Canadá. La propuesta actual sigue sin convencer a los detractores. 

Tom Kucharz, de Ecologistas en Acción, cree que “la Comisión Europea pretende volver a legitimar un sistema contrario al Estado de Derecho y peligroso para la democracia”, que “da privilegios a inversores extranjeros, frente a pymes y ciudadanos”. Aunque reconoce que “puede mejorar” los tribunales de arbitraje implantados hasta ahora, sigue teniendo “severas dudas sobre la independencia” del procedimiento de arbitraje y los litigios que tengan que dirimir los jueces, porque en el proceso “no se puede escuchar a terceras partes implicadas, como sindicatos o comunidades afectadas”. 

Estos tribunales también han sido criticados por el experto de la ONU en derechos humanos Alfred Zayas, para quien “ha llegado el momento de abolirlos”. “La ideología del libre mercado tiene que dar paso al sentido común y al compromiso de respetar los derechos humanos, alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible y atajar los retos urgentes del cambio climático”. 

Los próximos 1 y de 2 de febrero se votará en el Parlamento europeo la ratificación del CETA (Comprehensive Economic and Trade Agreement), acuerdo comercial bilateral firmado por Canadá y la Unión Europea el pasado 30 de octubre. Esta firma dio por concluido el largo proceso negociador iniciado siete años antes por ambas partes aunque su plasmación final estuvo sometida a la duda hasta el último momento por la oposición de la región belga de Valonia. Y fue precisamente por las reticencias de este pequeño territorio que este tratado empezó a tomar cierto protagonismo mediático y a ser conocido más allá de sus defensores y opositores, ya que hasta la fecha había permanecido bastante oculto dado el interés de los primeros en mantenerlo lo más alejado posible de la transparencia informativa.

El CETA podría entrar provisionalmente en vigor si el Parlamento europeo lo ratifica. La Comisión Europea aceptó declarar este acuerdo como mixto o de competencias compartidas - que exige la ratificación en los parlamentos estatales- a cambio de que el acuerdo entre en vigor de forma inmediata, sin esperar a esta ratificación de los estados, tras su paso por la eurocámara. Esta aplicación provisional, de buena parte de su articulado, provoca una situación claramente antidemocrática al ser de obligado cumplimiento para los 28 sin ni siquiera haber sido ratificada su aprobación en sus respectivos parlamentos, en un proceso que puede durar varios años.

No obstante, desde la firma del tratado, además de los retrasos en el calendario de ratificación en el Parlamento europeo prevista inicialmente para mediados de diciembre, se han producido dos hechos importantes que cuestionan tanto la adecuación normativa como el fondo de este acuerdo. Por un lado las conclusiones de Eleanor Sharpstson, la Abogada General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, institución a la que la Comisión Europea ha pedido opinión sobre el acuerdo comercial con Singapur, de considerar a éste como acuerdo mixto al invadir las competencias de los estados miembros y que puede extrapolarse tanto a CETA como a TTIP al ser sus objetivos, criterios de aplicación y contenidos muy similares. Por otro las recomendaciones de la Comisión de Empleo y Asuntos sociales (EMPL) del Parlamento europeo pidiendo a la Comisión de Comercio Internacional (INTA) -que debe informar al Parlamento sobre el acuerdo- su posicionamiento contrario a la ratificación. El EMPL basa su recomendación en que estudios recientes pronostican la pérdida de 204.000 puestos de trabajo para el conjunto de la UE, la clara disparidad entre el nivel de protección previsto para los inversores y los derechos de los trabajadores o la inexistencia de medidas específicas de apoyo a las pymes.

Otra Comisión, la de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (ENVI) ha de pronunciarse el próximo 12 de enero sobre aspectos de su competencia en referencia al CETA. Finalmente la propia Comisión de Comercio Internacional (INTA) se reunirá el 24 de ese mismo mes para preparar la recomendación de voto que hará al Parlamento europeo.

Por otra parte, El Parlamento Europeo votó el 23 de noviembre una Resolución presentada por alrededor de noventa diputados pidiendo que el Tribunal de Justicia de la UE dictaminase si el CETA se ajusta en su totalidad al marco jurídico europeo. En igual sentido, en España, se presentó el 29 de noviembre una PNL por parte del Grupo Confederal de Unidos Podemos y apoyada por ERC y Bildu, pidiendo que el tratado fuese examinado por el Tribunal Constitucional y que fuese sometido a referéndum. En ambos casos estas propuestas fueron rechazadas con los votos de conservadores, liberales y socialdemócratas y que aquí corresponden a PP, C’s y PSOE.

Se ha hecho por tanto un trabajo importante en términos institucionales contra el CETA y el TTIP tanto en el Parlamento Europeo como en el estatal, sin olvidar el realizado en los parlamentos autonómicos, donde ocho de ellos se han declarado contrarios a estos acuerdos.

Pero no hemos de olvidar otro actor importante en esta ya larga lucha contra los mal llamados tratados de libre comercio y que ha ido cobrando con el tiempo un mayor protagonismo. Nos referimos a las distintas campañas y plataformas que tanto en Europa como en el conjunto del estado han sido las responsables de movilizar a las clases populares contra estos acuerdos comerciales que solo favorecen los intereses de las transnacionales y grandes empresas.

En España, la campaña estatal #NoalTTIP agrupa numerosos nodos territoriales formados a su vez por cerca de 350 organizaciones políticas, sindicales y movimientos sociales. Ha sido esta campaña y sus nodos territoriales las que han apoyado a cientos de municipios a presentar mociones declarándose municipios libres de TTIP y CETA (en la actualidad 280 lo son) y que han informado a la ciudadanía en cientos de charlas, jornadas, mesas redondas en el conjunto del estado de todo lo que se ha ido conociendo de estos tratados a través de varias filtraciones, ocultado durante mucho tiempo por quien los negociaba, pero ya a la luz en el caso del CETA.

Una información ahora disponible en las 1600 páginas de ese acuerdo que confirma los peores temores que se tenían. Un tratado que en su articulado contiene -y no dudamos que el TTIP tendrá similitudes con el mismo- una apuesta por un modelo agroindustrial que perjudica la biodiversidad y pone en riesgo la salud humana y que la propia FAO no considera la más adecuada, una apuesta por los combustibles fósiles que pone en peligro los objetivos de la COP21 de mitigar los efectos del cambio climático, un ataque a los derechos sociales que se desprende del apoyo a las desregulaciones en materia laboral, educativa, sanitaria, un ataque a los servicios públicos al apoyar la mayor privatización posible, un ataque a la independencia judicial al pretender crear tribunales de arbitraje al margen de los estatales para dirimir conflictos entre inversores y estados, un apoyo incondicional a los grandes inversores y un olvido de las 21 millones de pymes europeas que dan trabajo a 90 millones de personas, un ataque a la soberanía de los estados que pueden ver mermadas sus iniciativas legislativas al poder ser éstas supervisadas por un organismo creado al efecto de manera poco democrática.

Por eso ahora, a la vista de esta situación tan lesiva para los intereses de las mayorías sociales es importante trabajar también más allá de las instituciones. Es el momento de las movilizaciones. El CETA, pero también el TTIP, el TiSA, el TPP y otros acuerdos bilaterales firmados o a punto de serlo tanto por EEUU, Canadá o la UE no son tratados inocentes que quieran mejorar el comercio de bienes y servicios entre partes. Representan la estrategia neoliberal actual de maximización de beneficios a costa de la desregulación normativa, el blindaje de las inversiones y el control político por parte del poder financiero a costa de los derechos sociales, laborales, ambientales y culturales de las clases populares.

Estos tratados no se paran desde el Parlamento Europeo o desde el Congreso de los Diputados, se paran desde la organización y la movilización. Por ello es importante desbordar la realidad institucional y bajar a la calle. Y es en este sentido que cobra importancia la existencia de estas campañas contrarias a los tratados, ya que representan a miles de activistas y a cientos de organizaciones unidas con un mismo objetivo. Organizaciones políticas y sindicales pero también y en gran medida movimientos sociales, organizaciones ecologistas, asociaciones de consumidores, asociaciones de agricultores y ganaderos, asociaciones de pymes y un largo etcétera que trabajan para que no se aprueben estos tratados y conseguir fórmulas alternativas de comercio que contemplen a las personas y al planeta –como dice el lema de la campaña- antes que los intereses de las multinacionales.

El próximo 21 de enero habrá movilizaciones en toda Europa contra el CETA. La campaña estatal #NoalTTIP hace un llamamiento, al igual que se hizo el pasado 15 de Octubre, a toda la ciudadanía para que acuda a esta convocatoria y a todas las organizaciones adheridas a que movilicen a sus militantes, simpatizantes y votantes. Salgamos a la calle contra los tratados de las multinacionales y por nuestros derechos.

Marina Albiol. Eurodiputada de IU. Portavoz de Izquierda Plural en el Parlamento Europeo  //  Pablo Jiménez. Miembro del Área Federal de Medio Ambiente de IU y de la campaña estatal #NoalTTIP. Cocoordinador del libro “Las amenazas del TTIP y el CETA”

Las siete décadas que transcurrieron desde el fin de la Segunda Guerra Mundial fueron una era de acuerdos comerciales. Las principales economías del mundo estuvieron en un estado perpetuo de negociaciones sobre comercio y concluyeron dos acuerdos multilaterales importantes a nivel global: el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT, por su sigla en inglés) y el tratado que estableció la Organización Mundial de Comercio. Por otra parte, se firmaron más de 500 acuerdos comerciales bilaterales y regionales –la gran mayoría de ellos desde que la OMC reemplazó al GATT en 1995–.

Las revueltas populistas de 2016 casi con certeza pondrán fin a esta actividad frenética de firma de acuerdos. Si bien los países en desarrollo pueden aspirar a implementar acuerdos comerciales más pequeños, los dos principales acuerdos sobre la mesa, el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP, por su sigla en inglés) y la Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión (ATCI), están prácticamente muertos tras la elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos.

No deberíamos lamentar su muerte.

¿Qué propósito tienen realmente los acuerdos comerciales? La respuesta parecería obvia: los países negocian acuerdos comerciales para alcanzar un comercio más libre. Pero la realidad es considerablemente más compleja. No es sólo que los acuerdos comerciales de hoy se extienden a muchas otras áreas de políticas, como la salud y las regulaciones sobre seguridad, las patentes y los derechos de propiedad intelectual, las regulaciones para cuentas de capital y los derechos de los inversores. Tampoco resulta claro si realmente tienen mucho que ver con el libre comercio.

La argumentación económica estándar para el comercio es doméstica. Habrá ganadores y perdedores, pero la liberalización comercial agranda el tamaño de la torta económica en casa. El comercio es bueno para nosotros y deberíamos eliminar cualquier impedimento por nuestro propio bien –no para ayudar a otros países–. De modo que el comercio abierto no requiere ningún cosmopolitanismo; sólo precisa los ajustes domésticos necesarios para asegurar que todos los grupos (o por lo menos los políticamente poderosos) puedan participar en los beneficios generales.

Para las economías que son pequeñas en los mercados mundiales, la historia termina aquí. No tienen ninguna necesidad de acuerdos comerciales, porque el libre comercio, para empezar, los favorece (y no tienen poder de negociación frente a los países más grandes).

Los economistas ven una justificación para los acuerdos comerciales en los países grandes porque esos estados pueden manipular sus términos de comercio –los precios mundiales de los bienes que exportan e importan–. Por ejemplo, al imponer un arancel a las importaciones, digamos, de acero, Estados Unidos puede reducir los precios a los que los productores chinos pueden vender sus productos. O, al gravar las exportaciones de aviones, Estados Unidos puede aumentar los precios que los extranjeros tienen que pagar. Un acuerdo comercial que prohíba estas políticas proteccionistas puede ser útil para todos los países porque, de no existir, todos podrían terminar colectivamente perjudicados.

Pero es difícil cuadrar este razonamiento con lo que sucede con los acuerdos comerciales reales. Aunque Estados Unidos imponga aranceles a las importaciones de acero chino (y muchos otros productos), el motivo no parece ser reducir el precio mundial del acero. Librado a sus propios medios, Estados Unidos preferiría subsidiar las exportaciones de Boeing –como lo ha hecho a menudo– que gravarlas. Por cierto, las reglas de la OMC prohíben los subsidios a las exportaciones –que, en términos económicos, son políticas que benefician a todos– sin aplicar restricciones directas a los impuestos a las exportaciones.

De manera que la economía no nos ayuda mucho a entender los acuerdos comerciales. La política parece un camino más alentador: las políticas comerciales de Estados Unidos en materia de acero y aviones probablemente encuentren una mejor explicación en el deseo de los responsables de las políticas de ayudar a esas industrias específicas –que tienen una fuerte presencia lobista en Washington– que en sus consecuencias económicas generales.

Los acuerdos comerciales, suelen decir quienes los proponen, pueden ayudar a controlar este tipo de políticas ineficientes haciendo que a los gobiernos les resulte más difícil dispensar favores especiales a industrias con conexiones políticas. Pero este argumento tiene un punto ciego. Si las políticas comerciales están esencialmente diseñadas por el lobby político, ¿acaso las negociaciones de comercio internacional no estarían también a merced de estos mismos lobbies? ¿Y pueden las reglas comerciales redactadas por una combinación de lobbies domésticos y extranjeros, en lugar de sólo lobbies domésticos, garantizar un mejor resultado?

Sin duda, los lobbies domésticos tal vez no obtengan todo lo que quieren cuando tienen que lidiar con lobbies extranjeros. Una vez más, los intereses comunes entre los grupos industriales de diferentes países pueden derivar en políticas que consagran la captación de renta a nivel global.

Cuando los acuerdos comerciales giraban en gran medida alrededor de los aranceles a las importaciones, el intercambio negociado de acceso a los mercados en general producía menores barreras a las importaciones –un ejemplo de los beneficios de los lobbies que actúan como contrapesos mutuos–. Pero también existen muchos ejemplos de connivencia internacional entre intereses especiales. La prohibición de la OMC a los subsidios a las exportaciones no tiene una explicación económica real, como ya dije anteriormente. Las reglas sobre anti-dumping también son explícitamente proteccionistas en su intención.

Estos casos perversos han proliferado más recientemente. Los acuerdos comerciales más nuevos incorporan reglas sobre “propiedad intelectual”, flujos de capital y protecciones a la inversión que están esencialmente destinadas a generar y preservar las ganancias de las instituciones financieras y las empresas multinacionales a expensas de otros objetivos políticos legítimos. Estas reglas ofrecen protecciones especiales a los inversores extranjeros que suelen entrar en conflicto con regulaciones sobre salud pública o medio ambiente. Hacen que a los países en desarrollo les resulte más difícil acceder a la tecnología, gestionar los flujos de capital volátiles y diversificar sus economías a través de políticas industriales.

Las políticas comerciales impulsadas por un lobby político e intereses especiales domésticos son políticas proteccionistas. Pueden tener consecuencias proteccionistas, pero ese no es su motivo. Reflejan asimetrías de poder y fallas políticas al interior de las sociedades. Los acuerdos comerciales internacionales pueden contribuir sólo de manera limitada a remediar estas fallas políticas domésticas, y a veces las agravan. Para abordar las políticas proteccionistas hace falta mejorar la gobernnacia doméstica, no establecer reglas internacionales.

Tengamos esto en mente cuando lamentamos la muerte de la era de los acuerdos comerciales. Si administramos bien nuestras propias economías, los nuevos acuerdos comerciales serán esencialmente redundantes.

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Dani Rodrik, profesor de Economía Política en la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard, es el autor de Economics Rules: The Rights and Wrongs of the Dismal Science.Dani RodrikEconomics Rules: The Rights and Wrongs of the Dismal Science

Copyright: Project Syndicate, 2016.

Cómo fruncen el ceño. Cómo fulminan a base de críticas. Cómo amenazan. Durante décadas, los presidentes y los primeros ministros, los legisladores y expertos han dicho a los votantes que solo hay una dirección de viaje: el libre comercio. Ahora llegan el Brexit y Donald Trump, y la horrible sospecha de que la sociedad ya no se lo traga. Así es cómo se desbarata un proyecto de la élite. Y la élite no sabe qué hacer, aparte de forzar a que la sociedad siga escuchando.

El mes pasado en Washington, apenas podías mover un dedo sin que los directores del FMI, del Banco Central y de la Organización Mundial del Comercio alertasen de que el libre comercio estaba en peligro mortal. La semana pasada en Otawa, mientras cientos de miles de europeos se manifestaban en contra del tratado con Canadá, el primer ministro canadiense Justin Trudeau se preguntó: “Si Europa no es capaz de firmar un acuerdo comercial progresista con un país como Canadá, entonces, ¿con quién piensa Europa que podrá hacer negocios en los próximos años?”.

[El viernes Canadá anunció la ruptura y el fracaso de las negociaciones por el CETA]

Sus seguidores en la prensa han abandonado la pretendida corrección política liberal por una vergonzante hipocresía. ¡Las hordas malvadas vienen a por nuestro internacionalismo! Como si el internacionalismo fuese poco más que vuelos de primera clase y la libertad de colocar productos financieros en las diferentes franjas horarias. The Economist golpea en su portada a los manifestantes antiglobalización con el titular: “¿Por qué están equivocados?”. Nótese el uso del “ellos”, con sombra de puente levadizo siendo levantado precipitadamente . Quizá lo próximo sea: “¿Por qué no nos podemos hacer con el 99% que nos merecemos?”. 

Estoy totalmente de acuerdo en que Nigel Farage y Trump son grotescos. Pero los que defienden los acuerdos de libre comercio venden sus propias falsedades. Han insistido en que lo negro es blanco, incluso cuando los votantes imploran discrepar. En sus salas de seminarios, en sus estudios de televisión, en sus oficinas de Ginebra, han perpetrado la artimaña ideológica que iguala el internacionalismo con el libre comercio y la globalización con el descontrolado poder corporativo.

El resultado ha sido miseria para los trabajadores desde Bolton a Baltimore pasando también por Bangladesh. Pero también ha dejado a los tecnócratas con sueldos de seis cifras que supervisan nuestro sistema económico impulsando una idea zombie. Porque eso es en lo que el libre comercio se ha convertido: una idea que pierde vida y significado pero que tropieza con la falta de sustitución. Tenemos una globalización para banqueros pero no para los niños que huyen de las bombas de Siria. Tenemos seguridad para los inversores pero no para los trabajadores.

Para ver lo devastada que está la noción de libre comercio, mira el acuerdo entre Canadá y la Unión Europea que está siendo votado por los parlamentarios europeos. Se llama Acuerdo Integral de Economía y Comercio (CETA) y el hecho de que apenas sea visible se diluye, en parte, gracias a la filtración de documentos, lo cual obligó a la Comisión Europea a abrirse. Esto después de que se llevasen a cabo las negociaciones en secreto durante cinco años, incluso escondiendo las directivas a millones de ciudadanos afectados.

El CETA se ha considerado como “la puerta de atrás del TTIP”, la Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión, el cual colapsó este verano en medio de la oposición social tanto en Europa como EEUU. Como el TTIP, el CETA incluye el sistema de solución de controversias entre inversores y Estado, mecanismo que da a las grandes empresas el poder para demandar a los gobiernos, incluyendo demandas por beneficios que todavía no han obtenido. Una multinacional estadounidense con una oficina en Canadá (casi todas) podría demandar a los británicos por incorporar leyes que les hagan perder dinero. Fue el mecanismo que el gigante tabaquero Philip Morris utilizó para demandar al gobierno de Australia por eliminar el diseño de las cajetillas. En esta ocasión, la empresa tabaquera no tuvo suerte, pero costó cuatro años de cara batalla legal.

Se solía ver el libre comercio como una manera de atajar el proteccionismo. Ahora trata de proteger a las grandes empresas y va en contra de la sociedad. Si los populistas cogen una situación compleja, ofrecen una respuesta simple y alertan a cualquier inconformista de espantosas consecuencias, entonces los defensores del libre comercio son también culpables de populismo. Con el CETA o el TTIP, esto funciona así: si el acuerdo sigue adelante, entonces las economías crecerán, habrá más puestos de trabajo y una creciente marea impulsará a todos los barcos, desde los súper yates hasta a las balsas de goma. Esto es prácticamente lo que los políticos tradicionales europeos –tanto los de izquierdas como los de derechas– y sus autoridades están diciendo sobre el acuerdo con Canadá.

En la historia económica, no importa que los grandes ganadores –Estados Unidos a principios del siglo XX o China ahora– sean aquellos que rompen las reglas del libre comercio. No importa que las previsiones reales del CETA mostraran que las ganancias serían relativamente escasas. No importa que los estudios citados no se molesten en buscar quién gana y quién pierde, ni tampoco en qué medida.

Sobre todo, ignoran su suposición compartida de que después de cualquier acuerdo las economías afectadas se someten a un choque fuerte y corto antes de recuperarse. Cualquier persona ha oído esto antes o después en los últimos ocho años. Tras la crisis financiera, el Banco de Inglaterra y el Tesoro mantuvieron previsiones sobre la vuelta a la normalidad, y continúan equivocándose. Ocho años después, esta recuperación no se ha materializado. A los trabajadores británicos todavía no se les paga, después de descontar la inflación, como cuando Lehman Brothers se derrumbó.

“Pequeño sucio secreto”

Dos economistas independientes, Pierre Kohler y Servaas Storm, llamaron a esta suposición sin fundamento un “pequeño sucio secreto” en un reciente análisis de los probables efectos del CETA. Como ellos dicen, se presupone que los trabajadores despedidos “pronto encontrarán nuevos puestos de trabajo”, en cualquier industria, por muy lejano que esté el empleador. Un ingeniero de coches puede dejarlo todo y convertirse en un ingeniero de software. Y si no hay trabajos reales, pueden repartir comida a domicilio.

Estas suposiciones son tan ridículamente descabelladas y, respecto al coste que se espera que soporten los ciudadanos, asqueroso. No es de extrañar que la Unión Europea prefiriese el menor debate público posible.

Utilizando el modelo de empleo de Naciones Unidas, Kohler y Storm hallaron que los beneficios del CETA serían microscópicos en comparación con los costes. Al menos, durante los primeros siete años después de que el acuerdo se pusiera en marcha, el desempleo aumentaría, los salarios caerían y las economías verían descender sus tasas de crecimiento. Los gobiernos perderían ingresos y, por tanto, aumentaría la austeridad.

La peor parte caería sobre los más pobres, los menos cualificados, la gente mayor y las personas con diversidad funcional. El catedrático de la Universidad Tecnológica de Delft, Servaas Storm, me resumió las consecuencias: “Cuanto más débil es tu posición en una economía, más fuerte sentirás la caída”. Estas no son personas y regiones que se han quedado atrás, son personas y regiones que sus propios gobiernos han apeado del tren. Estos son los acuerdos del libre comercio que tanto la izquierda como la derecha intentan imponer a sus votantes.

¿Sorprende que los votantes sigan prefiriendo alternativas sin importar lo criticables o desastrosas que sean?

Traducido por Cristina Armunia Berges

Las negociaciones con el Gobierno valón en Bélgica para que levantara su veto al acuerdo de libre comercio con Canadá han fracasado. Así lo anunció este viernes la ministra de Comercio canadiense, Chrystia Freeland, que esta semana ha viajado a Bélgica para discutir directamente con el primer ministro de la región, Paul Magnette, sus exigencias y tratar de encontrar una solución.

A las cuatro de la tarde del viernes se levantaba de la mesa, por lo que la cumbre entre la UE y Canadá que se tenía que celebrar el 27 de octubre para aprobar el CETA ha quedado retrasada sine die, a la espera de que se vuelvan a retomar los contactos.

El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, ya advirtió el jueves de este riesgo. “El CETA puede ser nuestro último acuerdo de libre comercio si no somos capaces de convencer a la opinión pública de que protege sus intereses”, dijo. Salvar el pacto con Canadá se convirtió en una prioridad en la cumbre que los líderes europeos terminaron este viernes en Bruselas, porque en juego está la supervivencia de la política comercial de la UE, uno de sus pilares.

La Comisión Europea había intensificado en las últimas horas los contactos con el Gobierno valón, pero la última oferta tampoco convenció a los belgas. El principal escollo continuaba siendo el sistema de arbitraje para la resolución de conflictos entre empresas y Estados, según dijo Magnette ante su Parlamento. El ministro presidente exige garantías adicionales de que no tendrá que indemnizar a las compañías si promulga una nueva ley en materia laboral, social o medioambiental que vaya en contra de sus intereses.

Los detractores de los nuevos acuerdos comerciales que está impulsando la UE temen que estos tribunales –ajenos a la justicia ordinaria– permitan a las grandes multinacionales rebajar los estándares europeos. Bruselas cree que este hartazgo de una parte de la población le impedirá firmar nuevos pactos en el futuro.

El Ejecutivo valón insiste en que este no ha sido un veto de última hora, ya que viene advirtiendo de sus reticencias desde 2014, año en que la UE y Canadá terminaron de negociar el acuerdo. Su negativa se debe a una compleja conjunción de factores económicos, políticos y de organización interna del Estado belga.

Desde mediados del siglo pasado, Valonia ha sufrido un severo proceso de desindustrialización tras el cierre de las minas de carbón. La actual crisis económica ha empeorado su situación. Hay que tener en cuenta que el partido socialista que gobierna en la región no forma parte del Ejecutivo federal y ha aprovechado sus competencias en política exterior para defender sus intereses económicos y políticos.

Bruselas está molesta con la organización territorial de Bélgica. No entiende cómo una región de 3,5 millones de habitantes puede poner en peligro un acuerdo que afecta a 500 millones de personas y que respaldan los 28 Estados miembros.

Se da la paradoja de que fue la región de Flandes (mucho más desarrollada, gracias al puerto de Amberes), quien exigió tener competencias en política exterior en la reforma constitucional de 2010 y ahora ve cómo es Valonia quien frustra sus intereses.

Rechazo de la opinión pública

El rechazo a los acuerdos comerciales no se circunscribe únicamente a Valonia. La UE tiene que convencer a una opinión pública más amplia. El Tribunal Constitucional alemán acaba de rechazar las alegaciones de los ciudadanos contrarios al CETA, pero ha puesto condiciones al Gobierno de Angela Merkel.

En el caso, cada vez más difícil, de que se termine aprobando el acuerdo con Canadá, le obliga a retirarse del mismo si los jueces detectan en un futuro elementos de inconstitucionalidad. Los jueces no haría esa advertencia, según interpreta el Süddeutsche Zeitung, si no tuvieran dudas sobre determinadas cláusulas del tratado.

También el tratado de libre comercio con Estados Unidos (TTIP, por sus siglas en inglés) está en punto muerto. Berlín y París han frenado las negociaciones a un año de que se celebren las elecciones alemanas y francesas. Conscientes de la desafección que generan en parte de su electorado, han sentenciado su muerte política.

Dos mil regiones y ciudades de la UE se han declarado “libres de TTIP y CETA”. “Creemos que estos tratados de libre comercio se han debatido de espaldas a la autonomía, amenazan derechos básicos y ponen en riesgo el valor de la pequeña y mediana empresa; y si se aprobaran, el margen que tendríamos los ayuntamientos para defender la economía local sería mucho más restringido”, dijo el jueves el teniente de alcalde de Barcelona, Gerardo Pisarello, en un acto celebrado en Bruselas para denunciar ambos acuerdos.

La Comisión Europea insiste en que éstos son favorables a los intereses europeos. “Por cada 1.000 millones de euros más de comercio exterior, se generan en Europa 14.000 de puestos de trabajo”, aseguró esta semana el vicepresidente de la comisión, Jyrki Katainen.

En esta última cumbre, los líderes europeos pretendían recuperar la confianza de la opinión pública ante el libre comercio, garantizando que será compatible con el modelo social europeo.

A la espera de que la Organización Mundial del Comercio reconozca a China el estatus de economía de mercado, Bruselas ha intentado protegerse ante el dumping social que promueve el gigante asiático y que afecta sobre todo a la industria europea del acero. Mientras Estados Unidos fija unos aranceles a los productos chinos del 200%, la UE los reduce al 21%. Pero la falta de consenso entre los países europeos en este asunto ha impedido que la UE se sume un tanto ante la población.

Hoy es un día clave en la defensa de la democracia tal y como la hemos entendido hasta ahora. La Cumbre Ciudadana del 20 de octubre en Bruselas reúne a representantes de partidos políticos -como los Verdes Europeos, del que formo parte, la Izquierda Europea, algunos socialistas, regionalistas, entre otros- y organizaciones sociales, ecologistas y sindicales, así como a movimientos ciudadanos que se oponen a los tratados de libre comercio que se negocian en secreto como el CETA (con Canadá), el TTIP o el TISA. Tras la firma de una Declaración contra el CETA, se celebran unas jornadas de trabajo conjuntas sobre el impacto en la democracia local y los servicios municipales, amenazados de desaparecer, en un espíritu de cooperación que abre una puerta a la esperanza.

Estos tratados tratan de eliminar las barreras arancelarias entre EEUU, Canadá y la UE, asimilando el modelo europeo al norteamericano y ponen por encima los derechos de las multinacionales sobre los derechos sociales, la protección medioambiental o la pequeña y mediana empresa local.

Esta Declaración que insta a los gobiernos canadiense y de la UE así como a los parlamentarios de los estados europeos a votar no al Tratado CETA y a otros similares, negociados con un secretismo inusitado porque regulan asuntos tan claves como la salud, la alimentación, el clima y el medioambiente, el desarrollo local y la educación o los servicios públicos, perdiendo los pueblos y los parlamentos su soberanía en los temas y derechos básicos para la ciudadanía a favor de cláusulas como la ISDS (Investor State Dispute Settlement), entre otras regulaciones y tribunales de arbitraje que favorecen siempre a las multinacionales en caso de disputa e incluso llega a asegurar indemnizaciones por regulaciones sociales o ambientales propuestas por parlamentos o ayuntamientos. Esto supone un atentado directo contra la democracia y la soberanía popular como pocas en la historia reciente.

A continuación, se desarrolla una sesión de trabajo sobre el impacto de los tratados de libre comercio en marcha (TTIP, CETA y TISA) y su impacto sobre las administraciones locales y la privatización de servicios que provocan. Participan en estos actos representantes de diferentes partidos europeos (Verdes, Izquierda Europea, partidos regionalistas y algunos socialistas, entre otros) en administraciones locales, autonómicas, y estatales de diferentes países europeos junto a representantes de la sociedad civil y organizaciones sociales que han elevado sus voces contra estos tratados a ambas orillas del Atlántico. Trabajar, colaborar para evitar las consecuencias desastrosas de un tratado en la política y la economía local y de pequeña escala y crear una red para que nuestras comunidades resistan este envite.

El pasado 15 de octubre se celebró en Europa y Norteamérica una jornada de protesta contra esta pérdida de soberanía y democracia encubierta y ya se han puesto en marcha plataformas de organizaciones sociales y políticas en contra de los mismos, una auténtica ola que se ha levantado en defensa de las personas, el planeta y la economía a escala humana como las pequeñas empresas, así como de la misma democracia, la cual quedaría rebajada ante una nueva prioridad: el beneficio de las grandes corporaciones multinacionales, que podrán recurrir y ganar batallas judiciales y compensaciones económicas.

Como en el caso de la reforma express del artículo 135 y las leyes que la siguieron, en la que la prioridad dejó de ser los derechos y servicios a las personas frente a la deuda y las entidades financieras, ahora se trata de un paso más. El ciclo de esta vuelta de tuerca se cerraría de esta forma.

Pero como demuestran tantas y tantas victorias, como la de la Marea Blanca madrileña o los ciudadanos de Valonia (cuyo parlamento ya se ha opuesto) frente al CETA, se puede parar y revertir esta ofensiva en marcha. Este 20 de octubre es un paso más en el declive de un ciclo de la globalización salvaje que está terminando. Reiniciamos la devolución de la soberanía a los pueblos, a las personas y al respeto al planeta donde vivimos.

Ni CETA ni TTIP, recuperemos la soberanía y la capacidad de decisión y respetemos los límites del planeta. Y lo vamos a hacer, porque no hay otra opción posible y porque cuando nos ponemos a cooperar, siempre se puede.

El pasado sábado miles de personas marcharon en más de veinte ciudades del Estado español contra los nuevos acuerdos de libre comercio que está promoviendo la Unión Europea. Tanto el TTIP –que se está negociando con Estados Unidos– como el CETA –del que ya existe un texto cerrado con Canadá y está pendiente de ratificación– son unos acuerdos de última generación que crearán una nueva regulación que afectará a cuestiones sociales y laborales. Y por tanto, a la vida.

“La erradicación de las causas de la pobreza y de la desigualdad son decisiones políticas y los tratados comerciales que se están negociando solo servirán para el enriquecimiento de unos pocos y el aumento de las desigualdades”, apuntan la organizaciones convocantes de la manifestación y de las protestas llamadas ‘Otoño en resistencia’. Y la desigualdad de género, lejos de erradicarse, será profundizada.

En un panorama económico en el que apenas quedan aranceles, son los derechos sociales, laborales y las protecciones ambientales y sanitarias las únicas que ponen freno a las grandes compañías, empeñadas en el lucro desmedido y ajeno a cualquier tipo de principios.

La nueva estrategia del capital son estos acuerdos de nueva generación, complejos, opacos y depredadores que buscan destripar regulaciones y amoldarlas a sus intereses. Como ha explicado en diferentes ocasiones la profesora de Derecho del Trabajo en la Universitat de València Adoración Guamán, el corazón del TTIP y del CETA es la cooperación reguladora, que establecerá una nueva normativa al margen de las reglas democráticas actuales: “Tienen poco de libre comercio, tienen más de inversión y tienen sobre todo de regulación. Forma parte de una estrategia para reducir al mínimo la capacidad de decisión de la ciudadanía”.

Esa homogeneización en la regulación supondrá por ejemplo que se igualen las normas laborales porque, claro, frenan los beneficios empresariales. Un único dato para temblar: Estados Unidos sólo ha ratificado doce convenios de la Organización Internacional del Trabajo, ninguno sobre libertad sindical o negociación colectiva. Si la desregulación laboral continúa en aumento afectará, como sucede habitualmente, de manera más directa a las mujeres. Por sólo apuntar una tema: ¿qué pasará con los intentos tan mediáticos de conciliación laboral y familiar?, ¿o las bajas por maternidad o paternidad?, o, como dice Coral Herrera, el tiempo para el amor.

No hay que ser erudita en políticas económicas para ver que si estos tratados buscan limitar las barreras a los beneficios económicos, los cuidados, una de las claves de la economía feminista, serán aún más invisibilizados; y la vida y espalda de las mujeres estrujada sin pudor. Porque si queremos vivir, como seres dependientes que somos, necesitamos a alguien que nos cuide. Y, ¡cosas del querer!, suele ser la madre, la hermana, la abuela, la hija, la novia, la esposa o la nieta. ¡Hasta la prima!

También están en juego los servicios públicos, aunque cada vez lo sean menos y de peor calidad. La economista Yolanda Jubeto ha explicado que éstos “son fundamentales para las mujeres porque emplean a muchas y también porque dan servicios asignados tradicionalmente a éstas. Todo esto hace que la carga de trabajo de las mujeres se multiplique en una época de crisis donde se está poniendo todo el acento en la familia, que es uno de los pilares sobre los que están recayendo la mayor parte de los recortes”.

Cuando desaparecen o debilitan los servicios sociales son las mujeres quienes hacen estas tareas de cuidados, invisibilizadas, no remuneradas y denostadas. La economista Lina Gálvez recuerda por su parte que las mujeres hacen el 70 por ciento del trabajo no remunerado. Sin olvidar que también son las principales empleadas del sector público.

Las amenazas, por tanto, son múltiples. No se puede olvidar la democrática. Y es que, de momento, la población de Europa está al margen del proceso de negociación del TTIP, que lidera la Comisión Europea dejando al margen al Parlamento de la Unión. La falta de transparencia y la información son las primeras consecuencias que dejan estos tratados, aun antes de ratificarse o entrar en vigor. Suponen sin duda un paso atrás en la democracia y en la participación ciudadana, una de las reclamaciones más vehementes de los movimientos sociales europeos en los últimos años.

El análisis no puede obviar que los avances en materia de igualdad de género llegaron de la mano de los avances democráticos. ¿Qué pasará si hay una regresión? Y lo que es más sangrante de todo: Estados Unidos no ha ratificado el Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés). ¿De verdad es este país el mejor socio para Europa?

De aprobarse el CETA y el TTIP, la sostenibilidad de la vida quedará a merced de manos amigas que aúpen, mimen y cuiden esos cuerpos y esas almas que la economía financiera no es capaz ni de traducir a números. En todo caso, los cuenta como ceros a la izquierda. Como sostiene la ecofeminista Yayo Herrero, “el sistema económico capitalista se ha construido ignorando e invisibilizando usurpaciones determinantes: la de lo ecológico y el acaparamiento del trabajo y el tiempo de las personas que cuidan la vida humana y los cuerpos vulnerables, en su mayoría mujeres”.

Es ahora más que nunca el momento en que la economía feminista retome la voz de la protesta europea, de la oposición a estos tratados de libre comercio que se levantarán sobre las espaldas de millones de mujeres. Es la hora de gritar que la producción no se puede imponer a la reproducción.

La región belga de Valonia ha conseguido retrasar la firma del acuerdo entre la UE y Canadá. El veto que su parlamento impuso la semana pasada al CETA ha impedido que los ministros de Exteriores comunitarios pudieran dar luz verde este martes al pacto y obliga a la Comisión Europea a seguir negociando a contrarreloj para encontrar una solución antes del 27 de octubre.

El primer ministro de canadiense, Justin Trudeau, tiene previsto viajar a Bruselas ese día para aprobar el acuerdo con los Veintiocho.

La economía valona ha ido perdiendo peso desde mediados del siglo pasado, cuando empezaron a cerrarse las minas de carbón. Sufrió con la crisis de los 80 y ahora se ha visto golpeada por la Gran Recesión. En septiembre, la empresa estadounidense Caterpillar anunció el cierre de su única fábrica en Bélgica, dejando a 2.000 personas sin empleo.

En mitad de este contexto, la región teme que el CETA suponga un deterioro de los derechos sociales y laborales de los ciudadanos y la semana pasada aprovechó sus competencias en política exterior para prohibir al gobierno belga estampar su firma en el texto, junto al resto de socios europeos. 

El miedo se debe, sobre todo, al mecanismo que prevé el acuerdo para solucionar los conflictos de intereses entre las empresas y los Estados. En unas cortes de arbitraje ajenas a los tribunales ordinarios de cada país, las compañías podrán denunciar leyes que vayan en contra de sus intereses. El Parlamento valón exige garantías a Bruselas para que las multinacionales no puedan frenar la mejora de los estándares laborales.

La Comisión Europea intensificó este fin de semana los contactos con el Gobierno belga para llegar a un acuerdo y está dispuesta a incluir en un anexo al texto una declaración interpretativa con carácter jurídico que tenga en cuenta las demandas valonas.

Pero a falta de nueve días para que se celebre la cumbre entre la UE y Canadá para firmar el pacto, el ministro presidente valón, Paul Magnette, pide tiempo para estudiar la propuesta de Bruselas y denuncia haber recibido estos días “amenazas sin disimulo” para que dé su brazo a torcer. El primer ministro de Canadá y el presidente francés, François Hollande, han sido dos de los mandatarios que le han presionado en las últimas horas. 

Desde que en 2014 terminaron las negociaciones sobre el CETA, iniciadas en 2009, Bruselas ha sido capaz de salvar las reticencias que han ido planteando países como Alemania o Austria, pero se ha encallado con Bélgica. No obstante, la comisaria de Comercio, Cecilia Malmström, es “optimista” y cree que “la semana que viene podremos firmar el acuerdo con el gobierno de Canadá”.

El CETA será sin duda uno de los principales puntos en la cumbre que los líderes europeos celebrarán en Bruselas el jueves y el viernes. “Aun queda trabajo por hacer, pero espero que podamos avanzar”, ha dicho el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk.

Con el TTIP (el Tratado de Libre Comercio entre la UE y Estados Unidos) en punto muerto tras las reticencias que han planteado Alemania y Francia (ambos países celebran elecciones el año que viene), Bruselas quiere salvar a toda costa el CETA. Si fracasa, las nuevas competencias que la Comisión Europea ha adquirido para negociar tratados de libre comercio en nombre de los Veintiocho quedarán en entredicho. 

“Sería una situación muy difícil para la UE”, ha dicho Malmström, “porque si no somos capaces de firmar un muy buen acuerdo con un país como Canadá, uno de nuestros mejores aliados, uno de los países más democráticos del mundo, con un Gobierno progresista y proeuropeo, el resto del mundo se preguntará si Europa es un socio fiable”. 

Estos temores permanecerán aunque el 27 de octubre Bruselas y Ottawa logren firmar el acuerdo. El Parlamento Europeo debe dar su visto bueno (algo que se da por hecho) y posteriormente debe ser ratificado por diversos parlamentos nacionales. A la espera de este trámite, el CETA se aplicará sólo de forma parcial.