Michel Temer sonreía en su residencia mientras el resultado de las votaciones en el Senado Federal hacían realidad el impeachment contra Dilma Rousseff, con la cual se presentó dos veces a las elecciones como vicepresidente. La traicionó. Él mismo articuló el plan, codo con codo con el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, de su mismo partido, el Movimiento Democrático Brasileño (MDB). Hoy ambos están detenidos.

Mientras, Rousseff sigue alegando que aquellos maquillajes contables que aprovecharon para apartarla del cargo no eran el delito de responsabilidad que pedía un proceso como el que sufrió en 2016. Solo eran una excusa.

La prisión preventiva de Michel Temer está relacionada con sobornos en la gestión de la central nuclear Angra 3, en la localidad de Angra dos Reis (Río de Janeiro). En total han sido detenidas una decena de personas por esta causa, entre otros el exministro de Minas y Energía, Moreira Franco.

Temer es licenciado en derecho, un hombre tranquilo y frío. Diputado federal durante dos décadas y presidente histórico de su partido. También es poeta. Su frase más famosa, en cambio, no está incluida en ninguno de sus libros, sino que forma parte de en una conversación telefónica con Joesley Batista, uno de los dueños de la empresa JBS. Debatían sobre la compra del silencio del preso Eduardo Cunha, su antiguo compañero de batallas. El por aquel entonces presidente consideraba fundamental que no delatara a nadie. Había que seguir ingresándole una determinada cantidad mensual: “Hay que mantener eso”, se le escuchaba decir en la grabación.

El regreso del Ejército a la toma de decisiones

El caldo de cultivo de la imponente presencia del Ejército brasileño en el Gobierno Federal liderado por Jair Bolsonaro fueron los dos años y cuatro meses de Michel Temer al frente del Ejecutivo. Él fue el que dejó el ministerio de Defensa en manos del general Joaquim Costa e Luna, el que sacó a los uniformados a las carreteras para anular una huelga de camioneros y el que decidió que la violencia urbana en Río se solucionaría con los carros blindados coordinados por el general Braga Netto.

La intervención militar en la seguridad pública del estado de Río de Janeiro ordenada por Michel Temer durante diez meses de 2018, además, no obtuvo los resultados esperados. La militarización de diversas problemáticas derivadas de la desigualdad, la falta de oportunidades, de urbanización y de salud pública no ha tenido los resultados esperados. Por el camino quedó la secretaría de Seguridad Pública de Río de Janeiro. El nuevo gobernador, Wilson Witzel, ha aprovechado el momento, como Bolsonaro a nivel nacional, y ha convertido lo que fue esa cartera en las nuevas secretarías de Policía Militar y Policía Civil.

El Ejército brasileño parecía adormecido desde la vuelta de la democracia, en 1985, pero lo cierto es que simplemente había dado un pequeño paso hacia un lado. Hoy su presencia vuelve a ser definitiva, celebrada incluso por una gran masa social. Durante estos días, el Congreso Nacional comienza a discutir la propuesta de reforma de la seguridad social presentada por el Gobierno de Bolsonaro. Nada podrá ser aprobado sin la aceptación de las condiciones que los militares exigen para su propio sistema de pensiones.

Un trofeo para la ciudadanía

Los procuradores de Curitiba, sede central del grupo de trabajo que dirige la mayor operación anticorrupción de la historia de Brasil, llevan días protestando por la decisión del Tribunal Supremo que redirigirá todos los casos de caja B al Tribunal de Justicia Electoral. Según ellos, la Justicia Electoral no tiene la estructura suficiente para seguir el ritmo de la inmensa investigación Lava Jato.

Varias concentraciones populares han intentado también movilizar a la población en este sentido. La respuesta de los procuradores de la operación Lava Jato a esta derrota en los despachos no se ha hecho esperar y han ofrecido a la ciudadanía lo que buena parte de ella reclama: mano dura contra la clase política.

El mayor trofeo que podían ofrecer a la población era, aprovechando el fin de su inmunidad como presidente, el de Michel Temer. A estas alturas, su detención satisface a todas las partes. Y ayuda a explicar mejor, al mismo tiempo, la articulación de fuerzas que consiguió forzar la destitución de la expresidenta Dilma Rousseff. El Partido de los Trabajadores siempre lo denominó “golpe”. Temer y los suyos prefirieron calificarlo de “impeachment”.

El ejercicio de división ideológica, llevado a las calles, ha sido una de las claves de la llegada de la extrema derecha de Jair Bolsonaro al poder. El actual presidente apoyó con toda sus fuerzas el plan para apartar a Rousseff y se aprovechó del barrizal político para escalar posiciones hasta la cima.

Las favelas de Vila do Pinheiro y Vila do João, pertenecientes al Complejo de la Maré, en la zona norte de la ciudad de Río de Janeiro, fueron el miércoles el objetivo de una de las operaciones más violentas desde que el presidente Michel Temer puso en marcha la Intervención Federal en el Estado de Río, con el Ejército al frente de la Secretaría de Seguridad Pública.

Desde el 16 de febrero de este año, todos los estamentos policiales del Estado de Río de Janeiro –además de los Cuerpos de Bomberos y las Penitenciarías– están bajo el control del general Walter Souza Braga Netto. Van más de cuatro meses ya de Intervención Federal en Río, con el Ejército ocupándose de esta delicada cartera.

Una de estas Policías dirigidas por el general Braga Netto, la Policía Civil, había diseñado la operación ejecutada en la Maré con el objetivo de cumplir con 23 mandatos de ingreso en prisión. La acción ha contado con el apoyo in situ del Ejército.

Otro de los fines era intentar detener a los sospechosos del asesinato la semana pasada de Ellery de Ramos Lemos, inspector jefe de la Delegación de Combate a las Drogas (DCOD). Con el vocabulario de la Policía Civil en su comunicado público, estas detenciones se definen como “verificar informaciones obtenidas a través del sector de inteligencia”. Los vecinos, que ya conocen cómo se cierra el círculo, suelen emplear la palabra venganza.

Los moradores del Complejo de la Maré estuvieron presenciando tiroteos desde primera hora de la mañana. Un helicóptero sobrevolaba las favelas y disparaba desde lo alto. Las organizaciones vecinales, los medios de comunicación del barrio y los movimientos sociales iban alertando a la población minuto a minuto para que se mantuviera a salvo y evitara salir a la calle.

Según la Policía Civil, “durante el cumplimiento de los mandatos de ingreso en prisión en dos residencias, los policías han sido recibidos con intensos disparos de armas de fuego. En la confrontación, seis criminales han sido heridos y socorridos, pero han terminado falleciendo”.

Nada dice el comunicado sobre Marcos Vinícius da Silva. El niño, de 14 años, fue alcanzado por una bala perdida mientras se dirigía a la escuela poco antes de las nueve de la mañana. El proyectil le impactó de lleno en el estómago. La camiseta escolar ensangrentada, en manos de su madre, queda como un trágico recuerdo de una jornada tristemente inolvidable para el barrio y la ciudad.

Marcos Vinícius murió en el Hospital Getúlio Vargas, en el barrio de Penha. No pudo soportar la intervención quirúrgica de urgencia en la cual le habían extirpado el bazo. Poco antes de la medianoche, con la noticia propagada por toda la ciudad y ya soliviantando a toda la Maré, una manifestación improvisada tomó la Linha Amarela, una de las carreteras limítrofes del barrio.

Minutos después, el Centro de Operaciones de Ayuntamiento de Río de Janeiro anunciaba los cierres al tráfico tanto de la Línea Amarela como de la Línea Vermeha –otra vía fronteriza–. La razón: acción policial. Y volvieron los tiroteos con los que había amanecido el día.

“Cuatro fusiles calibre 5.56mm, ocho cargadores, dos pistolas –una calibre 40 y otra 9mm–, cuatro granadas y gran cantidad de munición para fusil y pistola” fue el materia incautado a los criminales por la Policía Civil, según su comunicado. Además de “gran cantidad de drogas –1.832 dosis de cocaína, 75 bolsas de marihuana y otros 2 kilos de cocaína–, además de herramientas utilizadas para forzar cajeros electrónicos”.

Ni el general Braga Netto ni su Policía Civil han confirmado si se han hecho efectivos o no los mandatos de ingreso en prisión que eran el principal objetivo de la operación. Sobre la mesa, siete muertos más, uno de ellos menor de edad, en una ciudad cuya violencia cada vez alcanza cotas más insoportables.

“Allá donde llega Brasil, llegan las Fuerzas Armadas”, dijo el ministro de Defensa brasileño, el general Joaquim Silva e Luna, durante una de las ruedas de prensa que el Gobierno brasileño tuvo que organizar al enquistarse la huelga de camioneros que paralizó Brasil más de una semana. Parece un eslogan o una frase de efecto, pero buena parte de la población empieza a ponerse nerviosa.

Esta huelga no solo ha dejado al descubierto una vez más la fragilidad del Gobierno de Michel Temer; y no solo ha generado el desabastecimiento general o la dimisión del presidente de la empresa nacional de petróleo Petrobras –la paralización de los transportistas comenzó como rechazo al precio del diésel–. El conflicto ha dado pie a una nueva muestra de la omnipresencia del Ejército y de los altos cargos militares. En un país que es una bomba de relojería por la inestabilidad política y los altos niveles de criminalidad, y a cuatro meses de las elecciones, esta crisis ha hecho saltar las alarmas.

En los últimos tiempos ya no sorprende ver al Ejército brasileño patrullar por las calles de Río de Janeiro o aparecer para desactivar una protesta de trabajadores. Tampoco es noticia que altos cargos de las Fuerzas Armadas intervengan en la vida política. Horas antes del veredicto sobre el recurso de Lula da Silva, el general Villas Bôas, jefe del Ejército, lanzaba un mensaje directo: las Fuerzas Armadas “comparten el deseo de todos los ciudadanos de bien de repudio a la impunidad y de respeto a la Constitución, a La Paz social y a la democracia”.

Las universidades brasileñas ya comienzan a alertar del peligro que corre Brasil. “La amenaza del general Villas Bôas es un resumen de lo que tenemos por delante”, escribía en la revista Forum la profesora Kalynka Cruz, de la Universidad Federal de Pará.

Desde la Pontifícia Universidade Católica (PUC) de São Paulo, el profesor de Ciencias Políticas Pedro Fassoni Arruda, reconocía en el mismo artículo estar angustiado por ver a “sectores de las Fuerzas Armadas haciendo pronunciamientos en la víspera de un juicio importante, como el habeas corpus del expresidente Lula, y los rumores de que el Congreso podría aprobar una enmienda constitucional prorrogando el plazo del presidente Temer” (con la suspensión de las elecciones programadas para octubre).

Para Temer, la firma del decreto que autoriza el empleo de las Fuerzas Armadas para “Garantizar la Ley y el Orden” (conocido como GLO) es una apuesta segura. Casi todos los que se sitúan a su derecha reciben la noticia con los brazos abiertos. Incluso existe un porcentaje de la población que quiere más. Según los resultados de una encuesta del diario Valor Econômico, el 53% de los ciudadanos apoyaría un golpe militar en caso de alto nivel de criminalidad. El 47% lo defendería en caso de alto nivel de corrupción.

Por eso a Temer no le tembló el pulso cuando ordenó la intervención militar en el Estado de Río de Janeiro, y el secretario de Seguridad Pública fue apartado de su cargo para ser sustituido por el general Braga Netto, que desde el 16 de febrero controla la policía civil, la policía militar, los bomberos y el sistema penitenciario. La intervención militar se mantendrá, en principio, hasta el 31 de diciembre de este año.

Human Rights Watch consiguió reunirse hace unos días con el general Braga Netto. César Muñoz e Iain Levine –el número 2 de la organización– estaban presentes en el encuentro. “Sorprende que en Río de Janeiro tengamos este plan extraordinario y que no hayan hecho público cuáles son los objetivos. No hay comunicación”, comenta Muñoz a este diario. Plan tienen, pero no lo quieren contar. El investigador recuerda cómo el general les mostró de lejos un cuadernillo: “Ahí estaba el plan, pero no nos dejó verlo.”

En opinión de César Muñoz, “Brasil está dando pasos para atrás”, y además de manera no eficaz, como se puede ver en Río de Janeiro con esta intervención. Human Rights Watch destaca también otro de los puntos más preocupantes: la ampliación de la jurisdicción de los tribunales militares.

“En este momento, si un militar mata a un civil durante una de esas operaciones, el caso será investigado por las propias Fuerzas Armadas y si llega a juicio, sería juzgado por un tribunal compuesto por cuatro oficiales de las Fuerzas Armadas y por un juez civil. Eso no es una justicia independiente”.

El hecho de que la reciente huelga de transportistas, que ha dejado temblando a gasolineras, puertos, distribuidoras, supermercados, aeropuertos, transporte urbano y hospitales, haya provocado otro ejemplo de la solución militar en Brasil, ha puesto en movimiento a todas las organizaciones sociales. “El papel de las Fuerzas Armadas no es actuar en protestas, manifestaciones y huelgas. La libertad de expresión y manifestación son un derecho humano”, declaró Jurema Werneck, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Brasil, a través de un comunicado.

Werneck teme un efecto contagio, y ve, como muchos otros analistas, la cercanía de un punto de no retorno: “Enviar a las Fuerzas Armadas es un grave error y puede llevar a una escalada de violencia. Además, el precedente de convocatoria y autorización para que las Fuerzas Armadas actúen a nivel nacional es un nuevo paso inadmisible en el camino de la militarización de la gestión de las políticas públicas”.

Tras la dictadura militar (1964-1985), las Fuerzas Armadas nunca abandonaron la vida pública en Brasil. Está tan extendida la versión oficial de que son una buena salida que se llegan a pasar por alto las últimas informaciones aparecidas en documentos desclasificados de la CIA, referidos a cientos de ejecuciones autorizadas por el régimen liderado por Médici, Geisel y Figueiredo.

En cualquier momento –llegando al aeropuerto de Galeão, bajando a por el pan en cualquier favela, o paseando por la playa de Copacabana– puede aparecer una camioneta con siete u ocho soldados del Ejército listos para la acción. Es quizá más alarmante que la mitad de la población les reclame entrar en juego.

Si el reciente declive de Brasil se representara en un gráfico con la caída en popularidad de todos sus presidentes, Michel Temer aparecería en el punto más bajo.

En 2010, Luiz Inácio Lula da Silva terminó su segundo mandato con un índice de aprobación del 80%. En marzo de 2016, cuatro meses antes de ser destituida, el índice de su protegida y sucesora Dilma Rousseff era 10%.

El mes pasado, el gobierno de Temer, vicepresidente durante la administración de Rousseff, cayó al 3% en una encuesta. Entre los jóvenes menores de 24 años, el índice de aprobación de Temer ya es cero.

Temer ha sido acusado de corrupción, asociación ilícita y obstrucción a la justicia. Pero en las calles no ha habido aún manifestaciones masivas anticorrupción como las que ayudaron a impulsar el juicio político de Rousseff por violar las normas fiscales.

A diferencia de Rousseff, Temer ha mantenido el apoyo de los mercados financieros, que ven con buenos ojos las medidas de austeridad impuestas por el presidente, como la privatización de los servicios públicos, el congelamiento por 20 años del gasto público y la reforma del régimen de pensiones.

Un país marcado por la desigualdad

Hay señales de recuperación económica, pero el gasto público se ha reducido tanto que, en este momento, algunas funciones básicas del Estado están en peligro.

Sus críticos dicen que la campaña de austeridad de Temer daña más a los pobres que a los ricos. Según una encuesta de Oxfam Brasil, los brasileños ricos pagan menos impuestos que los pobres y la clase media, y el 5% más rico gana lo mismo que el resto de la población. Sin embargo la tasa más alta de impuesto sobre la renta es de solo 27,5%.

A los mercados no les importa demasiado la desigualdad, pero las dañinas acusaciones de corrupción contra el presidente y sus aliados amenazan con infligir aún más daño a las instituciones del país.

Es muy probable que Temer sobreviva a esta última crisis: se espera que gane una segunda votación en la Cámara baja del Congreso sobre si lo suspenden o no para someterlo a juicio. Pero la confianza en los líderes políticos de Brasil ha quedado dramáticamente debilitada.

Esa falta de confianza alimenta el apoyo para una solución autoritaria a la crisis, lo que podría traer graves consecuencias con vistas a las elecciones presidenciales del próximo año.

En su primer voto, la Cámara baja del Congreso decidió no suspender al presidente para que no fuera a juicio acusado de corrupción. Lo hizo poco después de que el gobierno central acordara gastar 1.330 millones de dólares en proyectos en los Estados de los legisladores que debían votar, según informó el organismo de control independiente Open Accounts.

Muchos de esos legisladores están apoyados por poderosos grupos de presión, como los agronegocios y los evangélicos cristianos, y enfrentan sus propias investigaciones por corrupción. Según los ambientalistas, si la Administración Temer está reduciendo la protección del Amazonas es a cambio del apoyo de estos legisladores.

“Nuestro país es prisionero de una banda de políticos sin escrúpulos”, dijo el exjuez de la Corte Suprema Joaquim Barbosa, después de aquel voto.

Una crisis difícil de superar

Desde entonces, Temer ha sido acusado de obstrucción a la justicia; y junto a otros seis dirigentes de su partido, el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), fue acusado de asociación ilícita.

El exfiscal general Rodrigo Janot también ha presentado cargos contra Lula, Rousseff y otros importantes miembros del Partido de los Trabajadores (antiguos aliados del PMDB de Temer). Para el exfiscal, los dos partidos fueron parte de una trama criminal que durante 15 años aceptó sobornos a cambio de favores en puertos, aeropuertos, caladeros, plataformas petroleras, exenciones fiscales y centrales hidroeléctricas en el Amazonas.

Janot, que reveló las acusaciones contra los tres, dijo que el partido de Temer había abandonado a la coalición gobernante de Rousseff porque esta había fracasado en su intento de detener la investigación por corrupción, lo que a su vez desembocó en que la Cámara baja del Congreso aprobara el inicio de la moción de censura.

“Todos los miembros de esta organización criminal, sin importar el núcleo al que pertenecían, tenían un interés común que los unía”, escribió Janot. Ese interés era “la máxima e indebida ventaja económica para ellos y otras personas, independientemente de si ese tipo de negocios estaba o no en el interés público”.

Todos los acusados negaron los cargos. Temer dijo que era víctima de una conspiración.

Como dijo hace poco ante unos periodistas extranjeros el juez de la Corte Suprema Luís Barroso, en Río de Janeiro, los intereses muy importantes se protegen entre sí: “Esta gente es muy poderosa y tiene aliados, socios y cómplices en todos lados, en las más altas esferas, en los poderes de la república, en la prensa y donde uno menos se lo imaginaría”.

Posibles sucesores

Pero el 78% del pueblo brasileño apoya la investigación por corrupción. Y la desilusión sobre la manera en la que se está desarrollando la investigación en los más altos niveles abre un espacio muy peligroso para populistas y extremistas en las elecciones presidenciales del próximo año.

Lula busca regresar a la presidencia en 2018 y por el momento encabeza las encuestas, pero le han impuesto una condena de casi diez años de prisión por corrupción y lavado de dinero y tal vez eso lo descarte como candidato.

Un probable candidato de la derecha es João Doria, el ostentoso multimillonario alcalde de San Pablo. Como Donald Trump, Doria fue el presentador de la versión brasileña del programa de televisión El Aprendiz. Asumió su cargo en enero y no tiene experiencia política previa.

En varias encuestas Jair Bolsonaro se coloca en segundo lugar. Ex capitán del ejército, su mensaje autoritario y de extrema derecha suena bien entre los indignados por la corrupción, así como también entre los votantes aterrorizados por los exorbitantes niveles de crímenes violentos de Brasil.

De acuerdo con una encuesta hecha en septiembre por Internet, Bolsonaro goza del apoyo de un número cada vez mayor de personas que sostienen que las fuerzas armadas de Brasil deberían intervenir (como en 1964, cuando instauraron un despiadado régimen dictatorial que duró 21 años). Esta opción cuenta con el apoyo del 43% de los encuestados.

En septiembre, el general de alto rango del ejército Antonio Mourão asustó a muchos cuando dijo que, en su opinión, si las instituciones brasileñas no podían echar de la vida pública a las personas involucradas en actos ilícitos, habría “que imponerlo”.

Bolsonaro defendió a Mourão. “La democracia no se logra comprando votos o aceptando corrupción por gobernabilidad”, tuiteó para sus 602.000 seguidores. “Todo ciudadano o SOLDADO tiene la obligación de reaccionar ante esto”.

Traducido por Francisco de Zarate

La Fiscalía ha denunciado este lunes al presidente brasileño, Michel Temer, por corrupción pasiva tras recibir supuestamente “ventajas ilícitas” del grupo JBS, además de haber torpedeado la investigación del caso. Este cargo solo será aceptado tras un análisis del Supremo y con el aval de la Cámara Baja, informaron fuentes oficiales.

El primer análisis de la denuncia será hecho por el juez Edson Fachin, instructor del caso en la Corte Suprema, quien decidirá luego si la remite a la Cámara Baja, que tendrá la última palabra sobre el asunto por normas constitucionales, según las cuales Temer será suspendido de sus funciones por 180 días si fuera aceptada.

Es la primera vez que un mandatario brasileño en pleno ejercicio del poder es acusado formalmente de haber cometido delitos de tipo penal, como es el caso.

En medios políticos y jurídicos esta denuncia se daba como un hecho, sobre todo porque el fiscal general, Rodrigo Janot, adelantó la semana pasada su convicción de que Temer “recibió ventajas ilícitas” del grupo JBS, que supuestamente negociaba su antiguo asesor Rodrigo Rocha Loures, ahora en prisión por ese mismo asunto.

El mismo convencimiento ha mostrado la Policía Federal, a cargo de las investigaciones y que en un informe preliminar entregado la semana pasada al Supremo sostuvo que existen “serios indicios” de que el mandatario incurrió “con vigor” en prácticas corruptas.

En otro informe entregado hoy, la Policía Federal concluyó que Temer también intentó “obstaculizar investigaciones” y “dejó de comunicar a las autoridades” sobre maniobras corruptas de las que tuvo conocimiento, lo que pudiera generar otras denuncias.

Acusan a Temer de recibir sobornos desde 2010

Las sospechas se desprenden de confesiones hechas por directivos del grupo JBS, quienes han declarado que sobornan al mandatario desde 2010 y además han entregado a la justicia unas grabaciones que comprometen al gobernante.

En esos audios, Temer escucha en silencio y hasta consiente unas maniobras irregulares que el dueño de JBS, Joesley Batista, dice que realiza en favor de su grupo tanto con autoridades del Gobierno como con representantes del poder judicial.

Esas grabaciones fueron hechas por Batista durante una visita que hizo a Temer en marzo pasado, por lo que la sospecha que se teje en torno al mandatario se refiere a hechos ocurridos en el ejercicio de su mandato, algo que la Constitución impone como requisito para que un gobernante pueda ser objeto de un proceso penal.

El primer presidente acusado de delitos penales

En caso de que el juez Fachin considere procedente la denuncia, la decisión final será tomada por la Cámara de Diputados, que la analizará primero en la Comisión de Constitución y Justicia y luego en el pleno del órgano legislativo.

En caso de que los diputados avalen la denuncia con una mayoría de dos tercios del pleno, Temer sería suspendido de sus funciones durante un plazo de 180 días y su vacante sería cubierta en forma interina por el presidente de la Cámara Baja, Rodrigo Maia.

Si fuera finalmente condenado, en un plazo de treinta días Maia debería convocar a las dos cámaras legislativas para elegir en forma indirecta a quien completaría el período presidencial, que en este caso concluye el 1 de enero de 2019.

Sin embargo, todo eso quedaría en nada si los diputados rechazan la denuncia, pues eso obligaría al Supremo a archivar el caso y el presidente continuaría en el poder.

El actual mandato presidencial lo inició el 1 de enero de 2015 Dilma Rousseff, quien fue destituida por irregularidades fiscales el año pasado y sustituida por Temer, quien entonces ocupaba el cargo de vicepresidente.

En caso de que la Fiscalía finalmente denuncie a Temer, será la primera vez que un mandatario brasileño en pleno ejercicio del poder sea acusado formalmente de haber cometido delitos de tipo penal.

El diputado brasileño Rodrigo Roucha Loures, hombre de confianza del presidente Michel Temer, entró en un aparcamiento el pasado 28 de abril, cogió una maleta y subió corriendo en el taxi que le esperaba a las puertas de una pizzería en Sao Paulo.

La escena, grabada por la policía, no saldría de la normalidad si no fuera por el hecho de que la maleta estaba cargada con 500.000 reales (unos 152.000 dólares) “sucios”, los cuales fueron entregados por un directivo de la empresa cárnica JBS.

Los dueños de la multinacional airearon ante la justicia las entrañas de un gigantesco escándalo de corrupción que salpica directamente a Temer, aferrado al poder en medio de las presiones de la oposición para que renuncie.

Según dijo ante las autoridades Joesley Batista, uno de los propietarios de JBS, Rodrigo Roucha Loures fue indicado por el presidente Michel Temer para tratar los asuntos de la compañía, que ha reconocido el pago de sobornos a centenares de políticos.

Cuando el escándalo de corrupción saltó por los aires la pasada semana, el diputado, ahora suspendido de sus funciones, se encontraba fuera de Brasil y a su vuelta afirmó a la policía que no sabía que la maleta estaba repleta de dinero.

Tampoco reveló el destino de la valija, que pasó una semana en paradero desconocido hasta este martes, cuando la defensa de Roucha Loures la entregó en la sede de la Policía Federal en Sao Paulo.

El diputado, del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) y que fue asesor de Temer, dijo a algunos de sus aliados que se aproximó a los dueños de JBS por un interés comercial -ya que es empresario del sector de alimentos- y exculpó al presidente brasileño de su participación.

No obstante, en una grabación realizada por Joesley Batista, Temer le da el aval para buscar a Roucha Loures y resolver un asunto que el Gobierno tenía con el controlador de JBS, J&F.

“¿Puedo hablar de todo con él?”, cuestiona Batista en el diálogo. A lo que Temer responde: “todo”.

La grabación, realizada en la residencia oficial del mandatario el pasado marzo -un mes antes de la entrega del dinero-, ha sido cuestionada por el propio Temer, quien ha afirmado que es “fraudulenta” y fue “manipulada”.

Acorralado por las acusaciones de JBS, el entorno del jefe de Estado teme ahora una posible delación de Roucha Loures, cuya mujer se encuentra embarazada de 8 meses, aunque el diputado suspendido ha descartado por el momento dicha posibilidad.

El presidente de Brasil, Michel Temer, ha anunciado que pedirá al Tribunal Supremo la suspensión de la investigación abierta en su contra por los supuestos delitos de corrupción y obstrucción a la justicia.

El presidente, en un mensaje a la nación, insistió en que seguirá al frente del Gobierno y cuestionó la validez de las grabaciones realizadas por uno de los dueños de la empresa JBS y en la que, según la Fiscalía, Temer avala la compra del silencio de un poderoso diputado preso por corrupción.

Peritos contratados por medios locales afirmaron hoy que la grabación realizada por Joesley Batista, uno de los dueños de JBS, y que implica a Temer fue editada antes de ser entregada a la Fiscalía, lo que fue citado por el presidente como una prueba de su invalidez.

“Esa grabación clandestina fue manipulada y adulterada con objetivos nítidamente subterráneos”, subrayó el mandatario, en su segundo pronunciamiento desde que estalló el escándalo el miércoles por la noche.

Temer insistió en que no cometió ningún delito, que “nunca compró el silencio de nadie” y que no obstruyó a la Justicia, como ha apuntado el fiscal general, Rodrigo Janot, en la petición de investigación que ha autorizado el Supremo.

“Estamos entrando con una petición en el Supremo para suspender la investigación hasta que sea verificada la autenticidad de la grabación clandestina”, recalcó el jefe de Estado.

Temer también arremetió contra Batista, autor de la grabación de la conversación entre ambos, y le acusó de haber cometido el “crimen perfecto” para lucrarse y escapar de las garras de la justicia.

El mandatario conservador, en el poder de manera efectiva desde el pasado 31 de agosto, dijo que Batista especuló con la moneda brasileña gracias a esa grabación ya que, según rumores del mercado, compró una gran cantidad de dólares la víspera del escándalo consciente de la fuerte depreciación que sufriría el real.

Batista “está libre y suelto, paseando por Nueva York, y Brasil, que ya había salido de las más grave crisis económica de su historia, vive ahora días de incertidumbre”, dijo.

Desde que saltó el escándalo, el pasado miércoles, Temer ha insistido en defender su inocencia y se ha aferrado al cargo, en medio de la presión de la oposición y de algunos sectores de su base aliada para que renuncie.

Temer insistió en que el hecho de escuchar los actos ilícitos relatados por Batista en el encuentro que ambos mantuvieron en su residencia oficial no suponen un “delito” y recalcó que su único objetivo era “librarse del interlocutor”.

“Yo continuaré al frente del Gobierno”, concluyó el mensaje de Temer, que compareció brevemente en Planalto, sede del Ejecutivo en Brasilia, y no admitió preguntas.

El presidente de Brasil, Michel Temer, y el excandidato presidencial Aecio Neves actuaron conjuntamente para impedir el avance de investigaciones de corrupción, según ha señalado el Fiscal General de la República, Rodrigo Janot, en un documento hecho público este viernes.

Según Janot, Neves, “en articulación, entre otros, con el presidente Temer”, intentó obstaculizar la operación 'Lava Jato'“, sobre la trama corrupta en la estatal Petrobras, a través de ”medidas legislativas“ y ”el control del nombramiento de comisarios de policía“ que conducían las investigaciones.

“De esta forma, se ve también la posible práctica del delito de obstrucción a la Justicia”, ha subrayado el fiscal Janot, citado en un documento en el que el magistrado del Supremo, Edson Fachin, autorizó el jueves la apertura de una investigación contra Temer.

El presidente, de 76 años, se vio salpicado directamente por la confesión efectuada ante la justicia por uno de los dueños del gigante cárnico JBS, que colocó al presidente brasileño en el centro de un escándalo de corrupción.

El empresario confesó que JBS le paga sobornos a Temer desde 2010, según documentos difundidos este viernes por la Corte Suprema, y grabó una conversación hecha pública esta semana y que compromete directamente al jefe de Estado. La confesión del empresario ha llevado al Tribunal Supremo de Brasil a autorizar una investigación contra el presidente.

De acuerdo con la Fiscalía, la grabación demuestra que Temer dio “aval” al empresario Joesley Batista para comprar el silencio de Eduardo Cunha, expresidente de la Cámara de los Diputados y en prisión por corrupción.

El mandatario, en el poder de manera efectiva desde la destitución de Dilma Rousseff el pasado agosto, ha negado cualquier tipo de acto ilícito y el jueves se dirigió a la nación para afirmar enérgicamente que no renunciará a su cargo, a pesar de las presiones de la oposición y de algunos sectores de su base.

No obstante, Temer pudiera ser desalojado del poder si se instaura un proceso penal en su contra, lo cual debería avalado por el Parlamento.

El presidente brasileño, Michel Temer, negó hoy que vaya a renunciar a su cargo, como exige toda la oposición y sectores de su propia base política por sospechas que le implican en corrupción e intentos de obstruir a la justicia.

“No renunciaré. Repito. No renunciaré y exijo una esclarecimiento pleno de todo”“, declaró Temer en un mensaje a la nación transmitido desde el Palacio Presidencial de Planalto.

Este mismo jueves, el Tribunal Supremo de Brasil autorizó la investigación contra el presidente tras la denuncia por intentar comprar el silencio de un diputado preso. El magistrado Edson Fachin, instructor del caso Petrobras en el Supremo, dio luz verde al pedido realizado por la Procuraduría General de la República, por lo que Temer pasa a ser formalmente investigado en el marco de la operación Lava Jato.

La autorización para investigar a Temer se produce después de que el diario “O Globo” revelase la existencia de una grabación en la que Temer supuestamente avaló la compra del silencio de Eduardo Cunha, impulsor del juicio político que destituyó a la presidenta Dilma Rousseff.

De acuerdo con la Constitución brasileña, un presidente sólo puede ser investigado por los actos cometidos durante el ejercicio de su mandato, y la supuesta obstrucción a la Justicia, según “O Globo”, fue realizada por Temer el pasado marzo.

Temer está en el poder desde mayo de 2016 y de forma efectiva desde el 31 de agosto, cuando Rousseff fue destituida por el Congreso en el marco de un juicio político por el maquillaje de las cuentas públicas.

El presidente, del Partido del Movimiento Democrático Brasileño, reconoció la víspera que se reunió en marzo con el empresario de la compañía JBS, pero negó que comprara silencio de Cunha, expresidente de la Cámara de Diputados.

El Tribunal Supremo de Brasil autorizó hoy la investigación contra el presidente Michel Temer, objeto de una denuncia por intentar comprar el silencio de un influyente diputado que se encuentra preso.

El magistrado Edson Fachin, instructor del caso Petrobras en el Supremo, dio luz verde al pedido realizado por la Procuraduría General de la República, por lo que Temer pasa a ser formalmente investigado en el marco de la operación Lava Jato.

La autorización para investigar a Temer se produce después de que el diario “O Globo” revelase la existencia de una grabación en la que Temer supuestamente avaló la compra del silencio de Eduardo Cunha, impulsor del juicio político que destituyó a la presidenta Dilma Rousseff.

De acuerdo con la Constitución brasileña, un presidente sólo puede ser investigado por los actos cometidos durante el ejercicio de su mandato, y la supuesta obstrucción a la Justicia, según “O Globo”, fue realizada por Temer el pasado marzo.

Temer está en el poder desde mayo de 2016 y de forma efectiva desde el 31 de agosto, cuando Rousseff fue destituida por el Congreso en el marco de un juicio político por el maquillaje de las cuentas públicas.

El presidente, del Partido del Movimiento Democrático Brasileño, reconoció la víspera que se reunió en marzo con el empresario de la compañía JBS, pero negó que comprara silencio de Cunha, expresidente de la Cámara de Diputados.

“El encuentro con el empresario Joesley Batista ocurrió a comienzos de marzo, en el Palacio de Jaburu, pero no hubo en el diálogo nada que comprometiese la conducta del presidente de la República”, añadió en su nota.

Temer señaló que “defiende la amplia y profunda investigación para apurar todas las denuncias publicadas por la prensa” que responsabilice a los “eventuales implicados en cualquier ilícito que sea comprobado”.

Tras su semana horribilis, en la que supo que tendrá que sentarse como testigo en el juicio de Gürtel, conoció detalles de los manejos de su excompañero de Gobierno Rodrigo Rato para favorecer a sus empresas desde el despachos oficial y se precipitó otra redada contra el anterior presidente del Gobierno de Madrid, Ignacio González, Mariano Rajoy viaja este fin de semana a Brasil para celebrar una cumbre bilateral con otro dirigente asediado por la corrupción. El presidente Michel Temer vive inmerso en un gigantesco escándalo: tiene a ocho ministros imputados por el Tribunal Supremo y la Fiscalía de aquel país lo define como “el cerebro de una trama de sobornos”.

Ningún otro mandatario, salvo el argentino Mauricio Macri, con el que se reunió para celebrar el giro a la derecha de dos países vecinos tras el impeachment a Dilma Roussef, ha realizado una visita institucional a Brasil en los nueve meses de mandato de Temer.

El último en disculpar su ausencia la pasada semana fue el Papa Francisco, quien renunció a acudir, tal y como había prometido en 2013, al 300º aniversario de la Virgen de Nosa Señora da Desaparecida, la patrona del país. En lugar de viajar, Francisco envió una carta que adelantó el diario O Globo, en la que pedía al presidente brasileño que atienda a los pobres.

Ese es el contexto de la visita de Rajoy al presidente Temer, un dirigente ninguneado por el resto de mandatarios europeos y latinoamericanos y que cada día protagoniza las páginas de tribunales. Durante dos días, Rajoy y Temer mantendrán una intensa agenda institucional que incluye encuentros con directivos de empresas españoles como Indra o Telefónica.

El lunes en Sao Paulo, ambos presidentes participarán en una cena donde una fundación rendirá homenaje al expresidente brasileño Henrique Cardoso. Sobre Cardoso pesa también una petición de la Fiscalía para que sea investigado, después de que un empresario arrepentido haya contado que financió sus campañas electorales sin haber declarado sus donaciones, algo ilegal en Brasil.

El martes en Brasilia, Rajoy acompañará a su anfitrión en una declaración institucional conjunta en la que la prensa no podrá hacer preguntas. El país se encuentra sumido en una sucesión de escándalos de corrupción a raíz del caso Oderbrecht, una constructora acusada de pagar sobornos a políticos de varios partidos y a distintos presidentes, desde Lula da Silva, al propio Temer cuando era vicepresidente de Dilma Roussef.

El caso se ha bautizado allí como la delación del fin del mundo por la magnitud que han tomado los acontecimientos. De momento, 67 exdirectivos de Oderbretch ya han contado cómo sobornaron a políticos de todos los colores a cambio de garantizarse leyes favorables y contratos públicos.

Que Temer no sea investigado ahora -las leyes de Brasil impiden jugar a un presidente por hechos que no correspondan al ejercicio de su cargo- no anticipa que no vaya a serlo en el futuro. Un informe de la fiscalía atribuye mordidas a su partido de más de cuatro millones de euros.

La Corte Suprema brasileña anunció el miércoles que acepta la petición de la Fiscalía para abrir 76 investigaciones contra políticos, entre los que hay ocho ministros del Gobierno de Michel Temer, por su presunta implicación en la red de corrupción descubierta alrededor de la petrolera Petrobras.

En un comunicado, el Supremo Tribunal Federal (STF) divulgó que el juez Edson Fachin, instructor del caso Petrobras, aceptó el requerimiento del fiscal general, Rodrigo Janot, para abrir investigaciones contra ocho ministros, 29 senadores y 42 diputados federales, todos ellos con fuero privilegiado, además de tres gobernadores.

Otras 201 peticiones de investigación de la Fiscalía fueron enviadas a otras instancias al ser de personas que no están aforadas.

La Fiscalía había pedido a la Corte Suprema la autorización para abrir las investigaciones contra todos ellos a partir de los testimonios de 77 exdirectivos del grupo Odebrecht, una de las compañías implicadas en la trama corrupta, en el marco de un acuerdo de colaboración con la Justicia.

Los ocho ministros que serán objeto de la investigación son: Eliseu Padilha, de la Presidencia; Wellington Moreira Franco, de la Secretaria General; Gilberto Kassab, de Ciencia y Tecnología; Helder Barbalho, de Integración Nacional; Aloysio Nunes, de Relaciones Exteriores; Blairo Maggi, de Agricultura; Bruno Araújo, de Ciudades; y Marcos Pereira, de Industria.

Sobre el ministro de Cultura, Roberto Freire, Fachin pidió a la Fiscalía que se pronuncie sobre una posible extinción de su culpabilidad, porque tiene más de 70 años.

Entre los congresistas contra quienes fueron autorizadas la apertura de investigación destacan el actual presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, que pertenece al partido Demócratas (DEM), que integra la coalición de Gobierno, así como el presidente del Senado, Eunício Oliveira, del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), la formación liderada por Temer.

Los tres gobernadores regionales que serán investigados por la Fiscalía por tener sus nombres vinculados a personas con fuero privilegiado son Robinson Faria, de Río Grande do Norte; Tião Viana, de Acre; y José Renan Vasconcelos Calheiros Filho, de Alagoas.

Fachin determinó el envío de las citaciones contra otros nueve gobernadores al Supremo Tribunal de Justicia (STJ), encargado de juzgarlos.

Entre los políticos con fuero privilegiado, los senadores Aécio Neves, presidente del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) y quien perdió las elecciones presidenciales de 2014 contra Dilma Rousseff, y Romero Jucá, presidente del PMDB, son los que tienen un mayor número de investigaciones que serán abiertas, con cinco cada uno. Les siguen, con cuatro, el expresidente del Senado Renan Calheiros, también de la formación a la que pertenece el presidente brasileño.

Entre los senadores, también serán investigados el expresidente Fernando Collor de Mello (1990-1992), y los exministros Edison Lobao, Eduardo Braga, Fernando Bezerra, Humberto Costa, José Serra y Kátia Abreu.

Los delitos más frecuentes citados por los delatores de Odebrecht son los de “corrupción pasiva, corrupción activa, lavado de dinero y falsedad ideológica”, y también se describe la supuesta “formación de un cartel” y “fraude en licitaciones”.

Temer también es citado en las peticiones de apertura de dos investigaciones, según el diario O Estado de Sao Paulo, pero la Fiscalía no lo incluyó entre los investigados debido a la “inmunidad temporal” que posee como jefe de Estado, que sólo puede ser investigado por delitos ocurridos en el ejercicio de su mandato.

En la lista también hay otros cuatro expresidentes de Brasil, además de Collor de Mello: José Sarney (1985-1990), Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010) y Dilma Rousseff (2011-mayo de 2016), cuyas investigaciones serán mandadas a otras instancias porque no tienen fuero privilegiado.

Según la nota, fueron archivados siete casos que involucraban a autoridades, entre ellos el exfutbolista y actual senador Romario, por falta de indicios de ocurrencia de crímenes, a petición de la Fiscalía.

“¿Quién está en la lista?”. La pregunta ha tenido obsesionada a toda la clase política brasileña desde hace meses. Mientras, el país espera que se revelen los nombres involucrados en el caso de corrupción más grande del país: la Operación Lava Jato.

La respuesta parece haberse filtrado esta semana desde la oficina del fiscal general, Rodrigo Janot: en el listado figuran casi todos los políticos que estuvieron en el poder en los últimos 10 o 20 años, con la llamativa excepción del presidente Michel Temer.

Pero con prácticamente toda la clase política en el banquillo, la investigación puede debilitarse al adquirir tamaña envergadura.

Según medios locales, entre los 83 políticos acusados este martes ante la Corte Suprema figuran cinco miembros del Gabinete, dos expresidentes —Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff—, los actuales y anteriores presidentes de ambas cámaras del Congreso y al menos dos antiguos líderes opositores —Aécio Neves y José Serra—.

Ellos, junto con decenas de abogados, han sido denunciados por la llamada “confesión del fin del mundo” de los exejecutivos de Odebrecht, la empresa de construcción más grande de América Latina, acusada de sobornar funcionarios de todo el continente.

Se dice que los testimonios, que supuestamente todavía están bajo secreto de sumario, revelan cómo los contratos públicos para la construcción de represas, puentes, carreteras y plantas energéticas fueron inflados escandalosamente para pagar sobornos a funcionarios de alto rango, tanto de los gobiernos locales como del nacional.

Janot envió 83 casos a la Corte Suprema y 211 a tribunales menores. El número de acusaciones es mayor al que se presentó durante los comienzos de la investigación del caso de corrupción de la petrolera Petrobras, que llevó tres años. Algunos gobernadores y senadores, como Romero Jucá y Renan Calheiros, han sido acusados en ambas investigaciones.

Las acusaciones son otro golpe para el gobierno de Temer, que ya ha perdido ocho ministros —la mayoría a causa de escándalos de corrupción— desde que planificó la destitución de la presidenta Rousseff el año pasado.

Aunque el presidente no ha sido acusado, está implicado en muchos de los testimonios y además supuestamente figuran en el listado todos los otros líderes del partido Movimiento Democrático Brasileño (MDB), junto con cinco miembros de su gabinete. Temer ha dicho que solo les pedirá la dimisión si son acusados formalmente.

Sin embargo, existen temores de que muchos de los acusados por la Operación Lava Jato hayan estado socavando la investigación desde que Rousseff fue destituida. El juez de la Corte Suprema que más apoyaba la investigación, Teori Zavascki, murió en un misterioso accidente aéreo en enero. Fue reemplazado por un aliado de Temer, el exministro de Justicia Alexandre de Moraes.

Los políticos están debilitando la investigación de otras formas. Calheiros, expresidente del Senado, salió indemne tras rechazar una orden de un juez de la Corte Suprema para que dimita de su cargo mientras está siendo investigado. Además, los diputados están intentando prohibir las confesiones de los acusados con el objetivo de reducir sus penas y están intentando aprobar una ley de amnistía que permitiría que muchos de ellos evadan un castigo judicial.

Fernando Limongi, profesor de Ciencias Sociales en la Universidad de San Pablo, dice que el listado de Janot prueba que la corrupción es endémica y que involucra a todos los partidos políticos. Pero advierte de que ampliar la investigación podría beneficiar a aquellos que buscan socavarla.

“Como están involucrados casi todos los líderes políticos, esto podría acabar aliviando la presión sobre el gobierno de Temer. Ahora todos los políticos están en el mismo barco”, afirma. “¿Qué pasaría si toda la clase política se uniera para buscar una salida?”.

Sylvio Costa, editor de la organización de Congreso en Foco, asegura que el lento proceso judicial podría atascarse si se presentan solicitudes de investigación de forma masiva y al final se acabaría castigando a muy pocos políticos.

“Es un juego brutal: por un lado los principales partidos políticos —tanto el gobierno como la oposición— están intentando llegar a un acuerdo que preserve a los líderes como Lula y Aécio. Y por otro lado está la sociedad frustrada, que quiere que continúe la investigación aunque no tenga mucha fuerza”.

Costa advierte que la reacción pública determinará el futuro del proceso. “Algunos políticos serán castigados. Tendremos algún tipo de cambio, pero no será ni tan grande ni tan profundo como quisieran los que querían la destitución de Dilma y los que quieren una política honesta y ética”.

Traducido por Lucía Balducci

Solo ha pasado una semana desde que Michel Temer se convirtió en presidente interino de Brasil, pero su nuevo gobierno de centroderecha ya ha empezado a dar marcha atrás a muchas de las políticas sociales puestas en marcha por el Partido de los Trabajadores (PT) en los últimos 13 años.

Hay iniciativas en proceso para suavizar la definición de esclavitud, reducir la demarcación de las tierras indígenas, recortar los programas de construcción de viviendas y vender activos del Estado en aeropuertos, servicios públicos y el servicio de correos. Los ministros recién nombrados también están hablando de recortar el gasto en sanidad y disminuir el coste del programa contra la pobreza Bolsa Familia. Se han eliminado 4.000 empleos públicos. El ministro de Cultura se ha integrado en el de Educación.

Para el gobierno provisional y sus seguidores, estas medidas de austeridad representan una gestión fiscal sensata, ya que tratan de controlar el déficit presupuestario del Estado y recuperar la confianza de los mercados en Brasil, cuya deuda pública ha sido degradada en el último año a la valoración de bono basura. Para sus críticos, sin embargo, suponen un giro hacia una política económica neoliberal por parte de las viejas élites que echaron a la presidenta Dilma Rousseff, suspendida a la espera de su juicio político en el Senado.

Renato Boschi, profesor de Estudios Políticos y Sociales en la Universidad Estatal de Río de Janeiro, considera que el nuevo gobierno –que no tiene mujeres ni ministros negros– no es representativo y que sus objetivos de reducción de gastos son inverosímiles. “Es un gobierno totalmente de derechas. Incluso Macri en Argentina es menos derechista que el gobierno de Temer”, valora.

El cambio de gobierno y el giro ideológico ya han provocado protestas en las calles de las grandes ciudades e incluso en el festival de cine de Cannes, donde algunos actores y directores brasileños dijeron que su país ha sufrido un golpe de Estado.

Temer ha dicho que está preparado para tomar decisiones impopulares porque no pretende presentarse a la reelección en 2018. Tiene prohibido presentarse por incumplimientos previos de la normativa electoral, y gusta tan poco que no tendría oportunidad de ganar incluso si pudiera presentarse.

“No necesito hacer gestos o acciones que lleven a una posible reelección. Incluso puedo ser, digamos, impopular, siempre que sea en beneficio del país. Para mí, eso sería suficiente”, dijo el nuevo presidente a un informativo local. Pero en el congreso es menos beligerante. Esto se hizo evidente en su aceptación aparentemente reacia de André Moura –acusado de intento de asesinato, conspiración criminal y malversación– como líder de la coalición en la cámara baja.

Temer quería ser una figura menos polémica, pero tuvo que aceptar la recomendación de un poderoso lobby de derechas controlado por el expresidente suspendido del Parlamento, Eduardo Cunha, que orquestó el juicio político a Rousseff. Como muestra del nivel al que llega el cáncer en la clase política brasileña, el propio Cunha fue destituido de su cargo por el Tribunal Supremo por obstrucción de la justicia. El jueves, se defendió ante una comisión ética del Parlamento, donde le acusan de corrupción y perjurio.

Peores condiciones para los trabajadores vulnerables

Está claro que hacen falta cambios para sacar a Brasil de su mayor recesión en décadas. Pero cómo hacerlo es algo bajo profundo debate. El nuevo ministro de Economía, Henrique Meirelles, ha dicho que puede ser necesario aumentar temporalmente los impuestos –que ya están entre los más altos del mundo– para reducir el déficit público. Otras de las prioridades que ha anunciado son la reforma del sistema de pensiones y la de la legislación laboral.

Más allá de los beneficiarios, pocos cuestionan la necesidad de cambiar las pensiones de los empleados públicos, cuyas jubilaciones están entre las más generosas del mundo. Pero los ajustes en la regulación laboral suponen el riesgo de empeorar las condiciones de los trabajadores vulnerables, en especial en la agricultura y en el procesado de alimentos. El nuevo ministro de Agricultura, Blairo Maggi –un magnate de la soja que está entre los hombres más ricos de Brasil– ha propuesto una modificación legal para sacar las “condiciones degradantes” y los “turnos agotadores” de la definición de esclavitud.

El lobby de la industria agrícola que representa Maggi también lleva tiempo trabajando para cambiar las políticas de demarcación de la tierra para que haya más territorio disponible para cultivos y ganado. Algunas de las últimas cosas que hizo Rousseff –que más allá de eso no ha destacado como defensora del medio ambiente– fue crear 56 millones de hectáreas de terreno protegido, aceptar reivindicaciones de los indígenas en otras áreas y reconocer varios quilombolos: territorios habitados por descendientes de esclavos huidos.

El equipo de Temer ha indicado que están revisando esos decretos y podrían revocarlos, junto a otras medidas implantadas poco antes de la suspensión de Rousseff, como una política de open data que habría llevado más transparencia a los datos almacenados por el Gobierno y una medida de reconocimiento oficial de los cambios de identidad de las personas transgénero.

Pocos ecologistas estaban satisfechos con Rousseff, pero algunos temen que el nuevo gobierno podría ser peor. Su mayor preocupación está en la posibilidad de que el gobierno, favorable a las empresas, acelere algunas iniciativas que ya están en trámite en el Senado para suavizar o eliminar las evaluaciones de impacto ambiental de los grandes proyectos de infraestructuras.

Fin de las alianzas con Venezuela, Bolivia o Ecuador

La radiografía no es blanca y negra. El nuevo ministro de Medio Ambiente, José Sarney Filho, lleva tiempo comprometido con las políticas verdes. También el de Exteriores, José Serra, aprovechó su primer gran discurso para resaltar la importancia de las políticas climáticas y de la protección del Amazonas, algo que pocos de sus predecesores han priorizado.

Pero aunque Brasil pueda tener una política exterior algo más verde, también es probable que sea mucho menos roja. Serra, que ha representado dos veces a la derecha en campañas presidenciales perdedoras, dejó ver que las alianzas de Brasil con países latinoamericanos de izquierdas, como Venezuela, Bolivia y Ecuador, pronto serán cosa de pasado, cuando dijo que la diplomacia reflejará los intereses de la economía brasileña y no “las preferencias ideológicas de un partido político y sus aliados extranjeros”.

Más polémicas serán probablemente las reducciones del gasto social. El ministro de Sanidad, Ricardo Barros, desencadenó una tormenta al insinuar que el Gobierno no puede permitirse la sanidad pública en sus niveles actuales y animar a la gente a contratar seguros privados. “No podremos mantener el nivel de derechos que exige la Constitución”, dijo a los periodistas locales. La pésima calidad de los hospitales lleva tiempo contradiciendo la garantía constitucional de sanidad pública, pero las declaraciones de Barros –que ya había planteado recortes en las ayudas sociales– se han interpretado como una señal de que es probable que se impongan recortes más profundos.

En su discurso inaugural, Temer prometió mantener los programas sociales y después ha asegurado que los recortes no afectarán a las personas pobres, pero sus ministros insinúan que puede no ser el caso. El ministro de Desarrollo Social, Osmar Terra, ha anunciado que se podría “racionalizar” el sistema de ayudas contra la pobreza Bolsa Familia para reducir su coste un 10%. El ministro de Ciudades, Bruno Araujo, ya ha abandonado un plan para construir 11.250 nuevas viviendas bajo el programa de viviendas asequibles Minha Casa Minha Vida, implantado por el gobierno del Partido de los Trabajadores.

Los conservadores no las han tenido todas consigo. Tras las protestas por el nombramiento de un gobierno de solo hombres blancos, Temer ha intentado apaciguar las críticas designando a varias mujeres para cargos menores del Gobierno y ha prometido nombrar a algunas ministras “un poco más adelante”. En la derecha, muchos están especialmente descontentos por el nombramiento de Flávia Piovesan como secretaria de Derechos Humanos porque creen que defiende el aborto.

Pero en general los que defienden el liberalismo económico están encantados con esta primera semana. “El gobierno de Temer está mostrando buenas iniciativas en el área económica, con la reducción del aparato público y una racionalización de los problemas fiscales y monetarios”, valora el director del Instituto Liberal, Bernardo Santoro. “Lo mejor que ha hecho este gobierno es recortar 4.000 empleos convocados y nombrar a Meirelles ministro de Economía. Es una elección excelente y alguien comprometido con los ajustes”.

En la izquierda y en los movimientos sociales, hay consternación. “Lo que vemos que está ocurriendo en muchos sentidos es un paso atrás generalizado, en derechos que se han ganado últimamente”, señala la conocida activista feminista Maynara Fanucci. “Por desgracia, notaremos los efectos de este gobierno a largo plazo, y quienes más lo sentirán son quienes ya tienen pocos derechos y las condiciones más pobres”.

Con información adicional de Shanna Hanbury

Traducción de Jaime Sevilla Lorenzo

Tal vez la historia trate mejor a Dilma Rousseff que a muchos otros políticos de su generación, la mayoría de los cuales no ha dudado en dejar caer a la primera presidenta de Brasil en mitad de su segundo mandato. Traicionada por el vicepresidente, condenada por un congreso corrupto y ridiculizada por los abusos que sufrió durante la dictadura, la decisión del Senado de aprobar el proceso de destitución o impeachment ha supuesto un duro golpe para la líder del Partido de los Trabajadores.

Dilma ha sido suspendida temporalmente de su cargo. Los senadores tienen 180 días para decidir si la presidenta debe ser destituida. A la presidenta se la acusa de haber alterado las cuentas públicas antes de las pasadas elecciones con transferencias bancarias procedentes de grandes bancos públicos. 

Durante estos seis meses, ocupará el cargo el vicepresidente del país, Michel Temer, que cuando fue elegido en 2014 era una persona de confianza de la presidenta, pero que desde entonces ha estado conspirando para hundirla. 

La presidenta, una exguerrillera marxista que fue encarcelada y torturada en la década de los setenta, ha asegurado ser la víctima de una conspiración de traidores y misóginos, y ha prometido que luchará con uñas y dientes hasta el final. Sin embargo, la batalla que libra recuerda a la de un animal herido rodeado por depredadores que lo observan para matarlo. 

Alguien que observe este proceso desde la distancia podría simpatizar con “Rousseff, la víctima”, más noble y menos corrupta que sus rivales y cuya prioridad mientras estuvo en el gobierno siempre fue mejorar las vidas de sus paisanos, especialmente aquellos que integran las comunidades más pobres.

Sin embargo, todos aquellos que han trabajado con ella, han sufrido en carne propia sus errores o han visto cómo sus colegas eran investigados por corrupción, o que simplemente se preguntan si Brasil podrá salir de esta cadena de crisis, han sentido un cierto alivio al ver que todos estos meses de estancamiento político han llegado a su fin. 

“Con el tiempo, este proceso de destitución se percibirá como un error”, ha indicado a The Guardian el expresidente Fernando Henrique Cardoso. “Intenté posponerlo en mi partido (el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), en la oposición) pero el gobierno no puede seguir paralizado como hasta ahora”. 

Rousseff no es la única responsable de este estancamiento. Debido a las profundas divisiones en el Congreso, así como su giro hacia la derecha, formar una coalición hubiera sido difícil para cualquier líder. Sin embargo, es cierto que Rousseff ha carecido de la capacidad de seducción, la suerte y la astucia necesarias para lograr apoyos. 

Su predecesor en el partido, Luiz Inácio Lula da Silva, sí tuvo a su favor estos tres elementos e incluso así necesitó diseñar un sistema de sobornos para comprar el voto de los partidos pequeños; que salió a la luz con el escándalo Mensalão (pagos mensuales). Durante los años que Lula estuvo en el poder, los sobornos de la petrolera Petrobras alcanzaron unas proporciones épicas. Este dinero sirvió para financiar las campañas electorales y en algunas ocasiones el elevado estilo de vida de algunos políticos de los distintos partidos. 

Lula, como se lo conoce mundialmente, y decenas de legisladores están siendo investigados por los fiscales y los jueces que instruyen el caso Lava Jato (lavado de dinero). No se han presentado cargos contra Rousseff, si bien ella se benefició indirectamente de esta operación y en el mejor de los casos es culpable de no haber hecho nada por impedir que se produjera. 

“Ella no organizó este esquema corrupto pero no tuvo la capacidad política necesaria para pararlo y ahora está atrapada”, ha indicado Cardoso: “Lula ha quedado manchado por este escándalo. Dilma mostró más reticencias. Tiene más valores, pero no tuvo la fortaleza necesaria para evitarlo. De alguna forma, es responsable y víctima a la vez”.

La elegida

Según Cardoso, los problemas de Rousseff empezaron mucho antes de que estallara este escándalo por corrupción, en gran parte porque se ha comportado más como una tecnócrata que como una política. Se presentó como candidata presidencial en 2010 y eran las primeras elecciones de su vida. No está acostumbrada a tener que imponerse o a tener que pactar con sus adversarios. 

“Todo fue mal desde el inicio”, ha señalado: “Lula es el responsable, ya que la escogió sin consultarlo previamente con nadie”. Las encuestas de opinión parecen indicar que su declive empezó un poco más tarde. Hasta mediados de 2013, Rousseff fue una de las líderes más populares del mundo. Sin embargo, la recesión económica y las protestas masivas de ese año hicieron que su popularidad cayera en picado.

Su equipo indica que uno de los principales defectos de su jefa es su tendencia a ser obstinada y poco transparente, tal vez como consecuencia de su etapa estudiantil en Belo Horizonte, donde se unió a la resistencia clandestina contra la dictadura militar. “Es una pésima comunicadora”, explica Apolo Lisboa, uno de sus compañeros en el grupo marxista Política Operária: “Pero tiene mucha fuerza de voluntad”.

Durante su etapa como guerrillera pudo demostrar su valentía y su lealtad. Rousseff fue detenida en 1970, con una pistola en su bolso, y terminó en la cárcel de Tiradentes, donde la torturaron con descargas eléctricas, abusos sexuales y palizas. Sus compañeros en la cárcel destacan su fortaleza; nunca delató a nadie. 

Tras ser liberada, se casó con un compañero revolucionario y se mudaron al estado de Rio Grande do Sul, situado en el sur del país, y empezó su carrera como economista, administradora y más tarde ministra y jefa de gabinete del Partido de los Trabajadores. En 2010 se convirtió en la candidata del partido.

La persona inadecuada en el momento inadecuado

Lisboa cree que en el futuro será recordada con respeto, como una víctima de torturas que se convirtió en la primera presidenta de Brasil. También indica que las acusaciones de corrupción se desvanecerán con el paso del tiempo, ya que a diferencia de muchos otros políticos, ella nunca se ha beneficiado personalmente. 

Sin embargo, reconoce que el carácter obstinado de Rousseff, que en su día le permitió ser una valiente luchadora y una fiel aliada, ahora no le ha permitido imponer su liderazgo. Cuando tuvo que negociar siempre se mostró inflexible y difícil.  “Dilma ha construido su sistema de creencias sobre la base del pensamiento de Newton y de los clásicos marxistas. No comprende el mundo que ha surgido a partir de la globalización y del desarrollo tecnológico”, señala Lisboa. 

Este rasgo de Dilma se hace evidente al analizar sus políticas, que han tendido a priorizar los programas ya existentes de bienestar; los más conocidos, la Bolsa Familia, que da dinero en metálico a las familias pobres, y Minha Casa, Minha vida (mi casa, mi vida), centrado en la construcción de viviendas. En cambio, ha relegado otras iniciativas que quieren que Brasil sea más competitivo, sea medioambientalmente sostenible y sea un país líder en proyectos tecnológicos. 

Pese a algunos decretos aprobados en el último momento para proteger territorios de las comunidades indígenas, serán pocos los ecologistas que lamentarán su destitución. Bajo el mandato de Dilma se aprobó una ley que rebajó la protección de la Amazonia brasileña y se forjaron acuerdos con el sector de los agronegocios. Durante su última semana en el cargo inauguró la polémica presa hidroeléctrica de Belo Monte. 

No obstante, sus compañeros de partido aseguran que Rousseff tuvo que centrarse en la economía porque, a diferencia de su predecesor, no se encontró con una situación económica que le permitiera hacer cuadrar las cuentas. Como resultado de la caída del precio del petróleo, la caída de la demanda de China, el impacto negativo de la investigación Lava Jato en el sector de la construcción y el estancamiento político, Brasil ha caído en una profunda recesión y ha visto como su calificación crediticia desciende al rango de “basura”. Para salir de este atolladero se necesita visión, capacidad de persuasión y alianzas fuertes. Rousseff se ha convertido en la persona inadecuada en el momento inadecuado. 

Humberto Costa, el líder del Partido de los Trabajadores en el Senado, ha señalado que la integridad de la presidenta y su inexperiencia política le impidieron negociar con los otros grupos políticos:  “No estaba dispuesta a aceptar ciertos malos hábitos de los políticos brasileños. Y ni siquiera me refiero a la corrupción, me refiero a los juegos de poder y a los intereses privados y de partido”.

El hecho de que sea una mujer en un mundo de hombres todavía lo hace todo más difícil: menos del 10% de los congresistas y del 14% de los senadores son mujeres. “No me cabe ninguna duda de que su condición de mujer empeora la situación”, explica Costa: “La cultura política brasileña es muy patriarcal y no respeta a las mujeres. Esto todavía se hace más evidente en el caso de una presidenta”.

Reconoce que a Rousseff le ha fallado la comunicación; no solo para convencer a los ciudadanos y conseguir aliados en el congreso, sino también para compartir sus ideas con sus compañeros de partido. “Ha habido momentos en los que los ministros no se han sentido cómodos expresando sus opiniones”, señala.

Métodos poco democráticos

Dilma no tenido la agilidad necesaria para convencer a tiempo a todos aquellos que no estaban en su círculo de confianza. Hasta 2014 no empezó a utilizar las redes sociales. En los últimos seis años la prensa extranjera no le ha prestado mucha atención. Es muy probable que en el último mes haya dado más entrevistas a los periodistas de otros países que en los últimos seis años.

Costa indica que, a pesar de todas las limitaciones que pueda tener Dilma, no se merece los ataques que ha sufrido. Considera que una élite política que quiere un gobierno más pequeño y un gasto social menor la ha hundido con métodos poco democráticos.

“Dilma será recordada como una política muy responsable y honesta, y con una gran sensibilidad social, pero incapaz de lidiar con los pormenores del juego político del país”, ha avanzado.  

Guerrera hasta el final, Rousseff asegura que luchará con uñas y dientes porque de lo contrario estaría traicionando a los 54 millones de personas que la votaron. Ha descrito al vicepresidente como “un usurpador” y afirma que, con independencia de la decisión del Senado, será juzgada por la conciencia del pueblo brasileño. 

“La historia pondrá a todos los protagonistas de este proceso en su lugar”, ha dicho, y ha vuelto a repetir que no tiene ninguna intención de dimitir: “primero, porque me votaron; segundo, porque no he cometido ningún delito; tercero, porque si dimito, doy vía libre a un golpe que no tiene ninguna base legal y que pondrá fin a los logros obtenido en los últimos 13 años. Tengo la voluntad de resistir. Resistiré hasta el final”. 

Traducción de Emma Reverter

La presidenta brasileña, Dilma Rousseff, se ha quedado a un paso de enfrentar un juicio político con miras a su destitución, después de que la Cámara de Diputados haya aprobado por 367 votos frente a 137 que el proceso deberá seguir en el Senado.

La oposición dio una prueba de fuerza tras superar con holgura los dos tercios preceptivos (342) que precisaba, mientras que el oficialismo se ha quedado lejos de los 172 votos que hubieran mandado el proceso a los archivos del Parlamento.

El resultado que pone a Rousseff al borde del abismo fue conocido tras una votación que se prolongó durante unas siete horas y siguió a un maratón de debates que había comenzado el pasado viernes y que continuó en forma ininterrumpida hasta la mañana del domingo.

La acusación se fundamenta en unas maniobras contables ilegales para maquillar los resultados del Gobierno en 2014 y 2015, modificar presupuestos mediante decretos y acumular deudas y contratar créditos con la banca pública.

La propia Rousseff ha negado esas acusaciones, al tiempo que su defensa las ha calificado de meras “faltas” administrativas que no bastarían para una destitución, por lo que han repetido hasta el hartazgo que Brasil está frente a “un golpe de Estado”.

“Luchará para evitar otro golpe de Estado”

Tras la votación, ese mismo discurso fue repetido por el abogado general del Estado, José Eduardo Cardozo, quien insistió en que “no hay un argumento que ponga en tela de juicio la honestidad de la presidenta”.

Cardozo dijo que Rousseff recibió el resultado con “indignación y tristeza”, pero garantizó que el varapalo “no abatirá” a la mandataria y dio a entender que el Gobierno aún podría intentar una anulación del proceso ante la Corte Suprema, pese a que el tribunal avaló esta misma semana su legalidad.

Rousseff no tiene “apego a cargos” y “dedicó su vida a luchar por la democracia”, por lo que “si alguien cree que se curvará frente a lo que pasó hoy, se equivoca, pues ella luchará así como luchó contra la dictadura para evitar que haya otro golpe de Estado”, garantizó el abogado general.

Esa constante advertencia sobre esa posible “ruptura democrática” cayó, sin embargo, en el saco roto de la Cámara de Diputados, en la que una mayoría calificada coincidió en que esas maniobras contables suponen un “crimen de responsabilidad”, que es como la Constitución define las causas para la destitución de un mandatario.

81 senadores decidirán

Una vez superado el trámite en la Cámara de Diputados, el Senado deberá instalar dentro de unas 48 horas una comisión especial, que analizará las acusaciones y emitirá un parecer que será remitido al pleno de sus 81 miembros.

Ese procedimiento se puede demorar unos quince o veinte días, por lo que el pleno de la Cámara Alta deberá ser convocado alrededor del 10 de mayo para decidir sobre la apertura del juicio político, que será iniciado si lo respalda una mayoría simple de 41 senadores.

Si así fuera, en el mismo momento en que se apruebe el proceso, la mandataria deberá separarse del cargo durante los 180 días que tendrá el Senado para el trámite.

Su puesto, entonces, sería ocupado durante ese período por el vicepresidente Michel Temer, líder del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), que hace dos semanas rompió con el Gobierno y se posicionó a favor del impeachment.

En los últimos días, Temer terminó de distanciarse de Rousseff, sobre todo cuando por un supuesto “error” difundió un audio en el que daba como un hecho que la caída de la mandataria y delineaba las líneas de su eventual Gobierno.

Rousseff lo acusó de ser “uno de los jefes de la conspiración” y rompió todos los puentes con el PMDB, la mayor fuerza parlamentaria, que fue clave en la votación de este domingo en la Cámara Baja, en la que tiene la primera minoría que también ostenta en el Senado.

Pero si el proceso acaba con la destitución, Temer deberá completar el mandato que vence el 1 de enero de 2019, aunque también está bajo amenaza de un juicio político por acusaciones similares a las que pesan contra Rousseff.

En casi todo el país, la votación llevó a decenas de miles de personas a las calles, en las que pese a que se temía que pudiera haber brotes de violencia, casi no hubo incidentes y los pocos que hubo no llegaron a mayores.

El Congreso de Brasil está cada vez más cerca de destituir a la presidenta Dilma Rousseff. En las calles se respira indignación, mientras que en el sector financiero se espera que el hombre en la sombra pueda tomar el trono.

Para todos los que desean un cambio desesperadamente, el vicepresidente Michel Temer encarna la salvación. En cambio, los que están preocupados por la fragilidad de la democracia del país consideran que es un golpista. Sin embargo, nadie pone en duda que los acontecimientos más recientes lo sitúan en una posición de ventaja.

El vicepresidente ha sido desde 2011 el eje de una alianza entre un gobierno liderado por el Partido de los Trabajadores y un Congreso controlado por el centrista Partido de Movimiento Democrático Brasileño (PMDB).

En comparación con los agitadores extravagantes que se hacen oír en el panorama político brasileño, este abogado constitucionalista de 75 años es un personaje discreto y de algún modo gótico, con un pelo canoso peinado hacia atrás, casado con una joven reina de la belleza que lleva tatuado su nombre en el cuello. A menudo pudo parecer que Marcela Temer, que es 40 años más joven que su marido y bastante más alta, eclipsaba a su marido. Sin embargo, la semana pasada el vicepresidente se convirtió en el centro de atención cuando su partido decidió salir de la coalición que ha estado apoyando durante 13 años.

La salida del partido ha situado a Rousseff al borde del abismo. Lejos de correr a rescatarla, el vicepresidente parece dispuesto a darle el último empujón y ocupar su sitio en el Palácio do Planalto.

Esta es, sin lugar a dudas, la esperanza de su partido. Cuando esta semana anunció la salida de la coalición, los militantes corearon “Fuera Dilma” y “Temer presidente”. El vicepresidente no fue tan directo: “Aunque todos quieren que lo haga, no voy a hacer declaraciones sobre esta cuestión. No voy a hablar sobre lo que puede o no puede pasar”, afirmó el jueves desde su cuenta de Twitter. A nadie le sorprendería que dejara tirada a la presidenta; Temer es la cabeza visible de un partido que no destaca precisamente por su fidelidad. 

De familia libanesa 

Temer es el más pequeño de ocho hermanos. Sus ancestros eran libaneses cristianos que emigraron a São Paulo en los años veinte del siglo pasado. Temer estudió Derecho y logró entrar en el Congreso en 1987. Sus dotes de organizador y moderador metódico y tranquilo le valieron un rápido ascenso en un partido donde la capacidad de negociación es más importante que la ideología. 

En la década de los noventa, el PMDB apoyó al gobierno conservador de Fernando Henrique Cardoso. Una década más tarde apoyó el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva y más tarde a Rousseff, ambos del Partido de los Trabajadores. Ahora abandona la izquierda y podría volver a escorarse a la derecha.

En el último año, la lealtad de Temer ha quedado en entredicho debido a varias declaraciones ambiguas y a correos privados que han sido filtrados. En agosto, coincidiendo con la intensificación de la crisis económica y política de Brasil, Temer les dijo a los periodistas: “Es necesario que alguien tenga la capacidad de reunificarnos a todos”, en una clara critica a la incapacidad de la presidenta de unir al país. En diciembre, coincidiendo con el inicio del proceso de destitución de Rousseff, se filtró a los medios de comunicación una carta de Temer criticando a la presidenta. En la carta, el vicepresidente se quejaba de que solo le habían asignado un papel “decorativo” porque la presidenta no confiaba en él. El mes pasado, coincidiendo con el debate en el seno de su partido sobre si permanecer o salir de la coalición, redactó un nuevo manifiesto, el “Plan Temer”, con una visión completamente diferente a la de Rousseff sobre cómo recuperar la estabilidad en el país.

A pesar de su inconstancia ideológica, los miembros del PMDB dicen ser fieles a una gestión económica sólida y aseguran que este es el motivo por el cual han dejado de apoyar el Partido de los Trabajadores. 

Las propuestas de Temer relativas a una mayor privatización y austeridad fiscal han complacido al sector empresarial y a la derecha. Otros, quieren estabilidad. Carlos Pereira, un politólogo de la Escuela Brasileña de Administración Pública, cree que un gobierno de transición liderado por el vicepresidente lograría un amplio apoyo: “Un gobierno liderado por Temer sería algo así como un gobierno para salvar el país en el sentido de que prácticamente todas las fuerzas políticas lo apoyarían”.

Los políticos de la oposición ven a Temer como una persona prudente que se ve obligada a actuar de una manera diferente de la habitual debido a la gravedad de la crisis en Brasil. 

“No es un líder popular o un líder con una dimensión nacional. La gente lo respeta, es un abogado, una persona serena y con experiencia, y un buen orador. Pero necesita tener una mentalidad más moderna y ser audaz. No puede seguir haciendo lo mismo de siempre, detrás de esta crisis hay un motivo concreto”, indica Marcos Pestana, del PMDB: “El gobierno de Temer tendrá que recuperar la confianza de los ciudadanos. No tiene la legitimidad de las urnas y deberá conseguir esta legitimidad con su gestión”.

Otros alertan sobre los efectos adversos que podría tener una destitución de la presidenta fundamentada en criterios legales cuestionables antes de que termine su mandato. El jueves, cientos de miles de personas de varias ciudades del país participaron en una manifestación en contra del proceso de destitución. Llevaban pancartas en las que afirmaban que se trataba de un golpe de Estado. 

Durante la mayor parte del año pasado, la persona que más ha conspirado en contra de Rousseff ha sido el presidente de la Cámara, Eduardo Cunha, que ha encabezado el proceso de destitución a pesar de ser un miembro del PMDB. Sin embargo, entre bambalinas, muchos observadores creen que ha sido Temer el que ha orquestado la caída de su pareja en el poder. El exministro de Integración Nacional Ciro Gomes ha indicado que el vicepresidente es “el capitán del golpe” una etiqueta que los congresistas del Partido de los Trabajadores han hecho propia.

“Temer está dejando ver lo que hasta ahora había intentado ocultar, que él es el auténtico arquitecto del golpe. Es un golpe que lo beneficia y es un golpe desde dentro”, indica Paulo Pimento, un miembro de la Cámara de los Diputados: “En este momento histórico, vio una oportunidad para ocupar un cargo que en otro contexto sería inalcanzable porque no tiene la capacidad de liderazgo ni el carisma necesario”. 

Pimento tuvo ocasión de pasar ocho años junto a Temer en el congreso, e indica que el vicepresidente es más admirado por su inteligencia y sus conocimientos que por su pasión y sus ideales. “Nadie sabe qué opiniones tiene. Es como un huevo Kinder. A la gente les sorprenderá descubrir lo que esconde en su interior”. 

Si Temer se hace con el poder, Pimento cree que negociará para que Cunha no sea investigado por un comité ético.

Investigado por sobornos

Aunque su historial está bastante impoluto en comparación con otros políticos de Brasil, Temer no puede presumir de estar limpio del todo. Durante dos décadas se ha situado en lo más alto de un sistema que destaca por la corrupción institucional. 

Lo han investigado por sobornos y mordidas al menos en dos ocasiones y recientemente lo han acusado de “apadrinar” figuras clave del escándalo Petrobras. Ha negado haber cometido ninguna irregularidad o haber recibido pagos, pero como vicepresidente del país desde 2011 y exlíder del principal partido en el Congreso, lo cierto es que tenía la responsabilidad de supervisar la situación; la misma que Rousseff y Lula. Aunque no se ha beneficiado personalmente de la corrupción, sí que ha obtenido ganancias políticas. Y, como ellos, no logró proteger a las arcas del Estado del saqueo llevado a cabo por las grandes corporaciones y por los responsables de las campañas políticas. 

Una de las claves para contar con el apoyo ciudadano será que un posible gobierno liderado por Temer permita que la investigación de Lava Jato relativa a la corrupción de Petrobras siga su curso. Sin embargo, primero tiene que convertirse en presidente y esto no está garantizado. 

Tal vez el Partido de los Trabajadores logre los votos suficientes para impedir la destitución de Rousseff. Las protestas de los ciudadanos podrían obligar al Congreso a retroceder. El partido de Temer también podría fragmentarse; tres de sus ministros no quieren dejar sus carteras.

De hecho, el vicepresidente también se enfrenta a la posibilidad de un proceso de destitución después de que el viernes pasado se presentara una moción en este sentido ante el Tribunal Supremo del país. Paralelamente, un Tribunal Electoral está sopesando la posibilidad de anular las últimas elecciones presidenciales debido a denuncias de irregularidades en el financiamiento. Si considera que estas alegaciones son fundadas tanto Temer como Rousseff deberían dejar sus cargos y se volverían a convocar elecciones. 

En resumen, queda mucho camino por recorrer antes de que Brasil tenga un nuevo presidente. Sin ninguna duda Temer es el que está mejor situado de todos.

Traducción de Emma Reverter