El magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha dictado un auto que lleva a juicio a Pedro Gómez de la Serna y Gustavo de Arístegui, ambos exdiputados del PP, por participar en una trama que facilitó contratos de obras en Argelia por 480 millones de euros en total a cambio de comisiones. Según ha publicado este lunes El Confidencial, ambos se enfrentan a cargos de corrupción en transacciones internacionales, cohecho pasivo, falsedad documental y organización criminal. La decisión responde a un escrito del fiscal anticorrupción Conrado Alberto Sáiz, firmado el pasado 11 de septiembre, en el que reclama 21 años de prisión para cada uno.

El procedimiento incluye a 23 personas –entre ellas el hijo de Arístegui– y cinco empresas, como Electrificaciones del Norte SA (Elecnor), considerada clave en la causa. A otros imputados, aunque no a los populares, se les añade el delito de blanqueo. Las investigaciones abarcan el periodo 2009-2016. Por entonces, según el informe de la Fiscalía, De la Serna era funcionario del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado y Arístegui diplomático de carrera, además de portavoz del PP en la Comisión de Asuntos Exteriores.

En el año 2009, los exdiputados pactaron ofrecer asesoría y consultoría a compañías con interés de expandir su actividad en el plano internacional. El esquema contemplaba cobrar una cuota fija mensual de 15.000 euros –la llamada “iguala”– y comisiones adicionales si la empresa conseguía contratos públicos o con gobiernos extranjeros gracias a sus gestiones. Según el Ministerio Público, “para llevar a cabo la actividad de consultoría internacional se prevalieron de su condición de funcionarios públicos y de los cargos que ostentaron hasta 2016”.

El escrito añade que su condición de funcionarios “era el elemento distintivo y motivador para que las empresas aceptasen ser clientes y pagar los honorarios”, ya que las “igualas” se abonaban incluso sin contraprestación mientras no se lograse un contrato. Durante ese periodo en el que los imputados compaginaban sus responsabilidades públicas con el cobro de comisiones, Arístegui también fue embajador en la India, Maldivas, Nepal, Sri Lanka y Bután bajo el Gobierno de Mariano Rajoy.

Para atraer clientes, firmaban contratos con intermediarios que se dedicaban a conseguirlos. Uno de ellos les abrió la puerta de Elecnor y de otra empresa en la que partcipaba esta, Internacional de Desarrollo Energético SA. Según la Fiscalía, el entramado era “conocido por los directivos del Grupo Elecnor, Germán Junquera, Ramón López, Santiago De la Rica, Enrique Sánchez, Alfonso Castellanos y Fernando Asencio”.

Y todo ello, añade el fiscal, “para que las empresas españolas consiguiesen contratos en el extranjero, De la Serna y Arístegui se valieron de personas que tenían capacidad para acceder a autoridades y funcionarios públicos”. En Argelia contaron con Cristóbal Tomé –fallecido en 2016– y su hermano José Luis, “quienes tenían influencia con las autoridades y funcionarios civiles y militares argelinos” y que cobraban honorarios con los que pagaban las comisiones a las autoridades del país.

El Ministerio Público concluye que los acusados “se concertaron para la consecución, mantenimiento, y modificación de contratos públicos en Argelia, mediante el pago de comisiones”, aprovechándose de la ausencia de mecanismos de prevención de delitos en las empresas implicadas. La investigación apunta a al menos a dos adjudicaciones: la construcción de una planta desaladora en Souk Tleta por 250 millones de euros (2009) y el tranvía de Ouargla por 230 millones (2013), este último adjudicado a una UTE formada por Elecnor, Assignia y Rover Alcisa.

La factura que ha pagado el Canal de Isabel II por colocar a Camino Arroyo Prada, cargo confianza de Esperanza Aguirre e Ignacio González y expareja del embajador Gustavo de Arístegui, ha salido cara a la Comunidad de Madrid. Seis días después de cesar como personal de confianza en el Gobierno regional, la empresa pública de aguas que dependía de la misma Administración autonómica creó un puesto para ella, una jefatura de protocolo que no existía, y la incorporó a su plantilla con un sueldo de alto cargo de 84.000 euros anuales. Cuatro años después, y tras hacerse la prensa eco del enchufe, fue despedida. Entonces demandó a la empresa pública, que ha sido condenada a indemnizarla con 30.631,23 euros por “despido improcedente”. 

La sentencia, a la que ha tenido acceso eldiario.es, no fue recurrida y el Canal de Isabel II pagó lo estipulado por el juez a la exjefa de área de protocolo. Al frente de la empresa pública estaba entonces el actual presidente del Gobierno madrileño, Ángel Garrido. Este comportamiento es una excepción en la estrategia judicial de la empresa pública, que lleva años pleiteando contra los trabajadores que les denuncian ante los tribunales por fraude de ley en los contratos, con demandas similares a la que presentó Camino Arroyo. 

Desde enero, la cascada de denuncias es tal que la empresa ha decidido contratar a un bufete de abogados externo por 600.000 euros para que les asesore. De momento la máxima del Canal de Isabel II es presentar recursos hasta llegar al Supremo si es necesario, lo que multiplicará los costes de los procesos, a cargo de dinero público. El Canal ya ha desembolsado más de un millón de euros por condenas derivadas de su política laboral. 

El cese de Camino Arroyo como Directora General de Relaciones Internacionales en el Gobierno de la Comunidad, un puesto de confianza asignado a dedo, se publicó el 19 de septiembre de 2013. Menos de una semana después, el día 26, se formalizó su nuevo contrato. El cargo se creó exprofeso para ella y nadie lo ha ocupado desde que fue despedida en octubre de 2017, confirman fuentes del Canal a eldiario.es. “La plaza no está cubierta y la empresa estudiará su continuidad en el organigrama de la empresa”. 

La resolución judicial, fechada en 16 de febrero de 2018, revela, además, que la empresa no tenía un área de protocolo cuando Arroyo fue contratada como jefa de ese área. La sentencia incluye que la directiva fue adscrita a dicha sección en abril de 2014, cinco meses después de entrar. Según fuentes cercanas a los sindicatos, el departamento no tenía plantilla, ni siquiera una persona que hiciera labores de secretaría. 

La magistrada que firma la sentencia, encargada del juzgado de lo Social número 18 de Madrid, concluye que el contrato se considera indefinido y por eso su “extinción constituye un despido”. La demandante justificó que su puesto era estructural y desarrollaba una “actividad permanente”, características que son incompatibles con un contrato temporal por obra y servicio. 

Según el contrato que firmó, entre las funciones de Arroyo estaba “la gestión de funciones de protocolo, asesoría y organización de acontecimientos institucionales”. La jueza afirma, primero, que “no está acreditada la finalización de los servicios objetos del contrato”, pese a que el Canal aludió a ello para despedirla. La sentencia subraya también que el contrato temporal no es válido y, al considerarse de facto indefinido, “no se acredita una causa real para la extinción”. Por lo tanto es improcedente. eldiario.es se ha puesto en contacto con la extrabajadora, que ha preferido no hacer declaraciones sobre el asunto. 

Altos cargos imputados y despidos

El Canal de Isabel II está atrapado desde hace años en un caos de contratos que tendrá costes aún imprevisibles para las arcas públicas. De momento hay al menos una treintena de casos en los tribunales, aunque los sindicatos calculan que unas 70 personas pueden haber iniciado procedimientos para denunciar fraude de ley en sus contrataciones. 

Este no es, sin embargo, el único ni mayor problema de la empresa pública. La gestión de los gobiernos de Aguirre y González dejaron un legado envenenando en forma de dos investigaciones judiciales (Púnica y Emissao), la última impulsada por el equipo de la expresidenta Cristina Cifuentes. El nepotismo devoró la empresa pública, que enchufaba a familiares y cercanos y premiaba a la prensa amiga. 

Con la llegada de Cifuentes a la Puerta del Sol, salieron del organigrama varios altos cargos salpicados por la corrupción. El presidente ejecutivo de la filial colombiana Inassa y hombre de confianza de González, Edmundo Fernández Sobrino), imputado por graves delitos y considerado uno de los cabecillas de la trama corrupta; el exdirector del Canal, Adrián Martín, que fue sancionado por intentar destruir documentación, o la directora de negocios María Fernanda Richmond, que estuvo en prisión señalada como una las responsables por su puesto de la ruinosa compra de Emissao en Brasil. Estos dos últimos estuvieron meses suspendidos de empleo pero no de sueldo. Es decir, siguieron cobrando sin ir a trabajar, informó la Cadena Ser. 

No todos los investigados, sin embargo, han terminado en la calle. Mantienen su relación contractual con la empresa el imputado Fernando de Cevallos –que fue suspendido de empleo y sueldo durante tres meses–, Gerardo Díaz y Jesús Hernández (investigados por la Operación Tosca, que incumbe la gestión de Hispanagua en Melilla), además de Manuel Beltrán (Caso Mercamadrid).

Pedro Gómez de la Serna ha vuelto a un despacho oficial. El exdiputado del PP, imputado en la causa que sigue la Audiencia Nacional por el supuesto cobro de comisiones ilegales, trabaja desde hace unas semanas en la subdirección general que se encarga de elaborar informes jurídicos para el departamento que dirige el ministro Juan Ignacio Zoido.

El Ministerio de Interior aclara que la reincorporación de De la Serna era imperativa: “Este señor pertenece al cuerpo de administradores civiles del Estado. El Ministerio se ha visto en la obligación de readmitirle porque es funcionario”.  

Según fuentes cercanas a Interior, el departamento de Juan Ignacio Zoido se resistió a la readmisión del exdiputado del PP. Para ello se realizó una consulta oficial a la Secretaría de Estado de Función Pública, y el resultado fue rotundo: el departamento ministerial debía hacerle un hueco. 

Según los portavoces del Ministerio, “nadie reclamó los servicios de Gómez de la Serna en otro departamento del Gobierno y si nadie le reclama la ley dice que tiene que volver al último Ministerio en donde prestó servicios como funcionario: Interior”.

El nuevo despacho del exdiputado está en la tercera planta de la sede que Interior tiene en la calle de Amador de los Ríos, en Madrid.

Interior aclara que De la Serna “se dedica a una labor técnica jurídica: redactar recursos”. Su trabajo está bajo la supervisión del secretario general técnico del Ministerio y en dependencias alejadas de las que usa el ministro. “No despachará con el ministro ni le verá”, aseguran en el Ministerio.

De la Serna ha vuelto a los mismos despachos en los que trabó amistad con Gustavo de Arístegui. Ambos fueron jefes de gabinete del ministro de Interior durante el mandato de Jaime Mayor Oreja (2001-2002).

Con el tiempo, De la Serna y Arístegui han pasado de compartir ministro a compartir juez de la Audiencia Nacional: el magistrado José de la Mata intentó tomarles declaración a ambos en la primavera pasada. Los dos actuaron del mismo modo y se negaron a responder a las preguntas del juez.

eldiario.es se ha puesto en contacto con el exdiputado, que se ha negado a comentar los detalles de su vuelta al Ministerio de Interior y como única respuesta ha ofrecido la siguiente: “Yo estoy fuera de la política. Soy una persona no pública y no tengo ningún interés en salir en los medios de comunicación. Si quieren, llamen al Ministerio de Interior”. 

El exdiputado Vicente Martínez-Pujalte, investigado por presuntos delitos de falsedad documental y cohecho por su actividad en su consultora Sirga Siglo XXI y que presuntamente facturó a empresarios del PP por trabajos inexistentes, recibió abonos por valor de 3,5 millones de euros en sus cuentas en el año 2015, según un informe que ha remitido la Agencia Tributaria a petición del juzgado de Instrucción número 49 de Madrid que instruye la causa. Durante ese año, Martínez-Pujalte era diputado.

En la información que ha remitido Hacienda, aparece el apunte “suma de abonos en las cuentas”, que se hace constar en casos en los que existe la sospecha de blanqueo de capitales, y cuando el total supera los tres millones anuales. Esos 3,5 millones de euros registrados hace un año no aparecen en las cuentas actuales de Martínez-Pujalte. El exdiputado solo llegó a ahorrar unos 200.000 euros anuales, según figura en el informe elaborado por Hacienda.

“Son abonos porque tenía un depósito a dos meses que iba renovando, y que la agencia tributaria suma hasta los 3,5 millones”, afirma Pujalte.

Su época de bonanza económica no empieza con la consultora, constituida en 2008 y disuelta en agosto de 2015, sino a partir de 2011. Según la declaración de bienes que realizó como diputado ese año al disolverse las cortes antes de las elecciones que ganó el PP, en septiembre de 2011, Pujalte tenía 175.000 euros en sus cuentas y un plan de empleo con 179.000. La información de la Agencia Tributaria da datos algo menores al cierre de ese año: 279.000 euros.

2011 fue el año en que Sirga XXI realizó supuestos trabajos para Scardovi y Karistia, las sociedades de los entonces también diputados Pedro Gómez de la Serna y Gustavo de Arístegui, que le pagaron cada uno 23.010 euros. La causa de estos dos últimos, que actuaban como comisionistas en operaciones públicas internacionales, se encuentra en la Audiencia Nacional.

El 2012 tampoco fue malo para Martínez-Pujalte. Terminó el año con un saldo de 289.000 euros, pero es en 2013 cuando sus ahorros se duplican y alcanzan los 540.000 euros. La racha siguió en 2014, que cerró con 701.000 euros acumulados. En 2015 la mitad del ahorro desaparece. Cierra el año con un saldo de 364.000 euros, a pesar de que Hacienda ha detectado 3,5 millones de euros que entran en sus cuentas y cuyo destino por ahora está sin explicar.

Estos enormes ingresos distan mucho de justificarse con lo que cobraba como diputado. Su sueldo anual en el Congreso era de 76.000 euros brutos: 39.394 euros de salario base, 14.650 por su puesto de portavoz del Grupo Popular en la Comisión de Economía y 21.886,32 euros por dietas de manutención y alojamiento.

Tampoco puede apoyarse en las cuentas de Sirga XXI, la consultora, ya que siempre contó con un socio al 50%: la entonces senadora Ana Torme hasta el año 2011 y el exasesor de Aznar Jaime Marín Cozar después de esta fecha y a través de una sociedad. Los ingresos de Sirga XXI oscilaban entre los 100.000 y los 150.000 euros anuales, también lejos de las cifras millonarias que Hacienda ha registrado en 2015 e incluso del aumento registrado entre 2013 y 2014.

El pasado martes, Vicente Martínez-Pujalte y Ana Torme declararon ante la juez que instruye la causa. El primero no desvinculó a su exsocia de su sospechosa actividad en ningún momento. A preguntas de la fiscal y de la juez sí precisó que había creado la consultora para asesorar a Collosa (con la que firmó un contrato antes de que existiese Sirga), que había desarrollado una actividad de carácter mercantil y que nada había estado relacionado con ninguna Administración pública.

Ana Torme mantuvo que cuando entró a formar parte de Sirga lo hizo para encargarse de un proyecto de “unos músicos” amigos de Martínez-Pujalte. Antes, a través de un escrito, había desvelado a la Fiscalía de Valladolid, la primera que investigó el caso, que fue engañada por Martínez-Pujalte, De la Serna, Arístegui y el exdiputado Alejandro Ballestero. La exsenadora se vio en medio de una investigación por falsedad y cohecho de la que decía desconocer todo.

El caso arrancó en Valladolid escindido de la Trama Eólica, que ahonda en presuntas comisiones de 110 millones pagadas por las eléctricas a altos cargos de la Junta de Castilla y León y empresas afines por la concesión de parques para molinos de viento. Una de las empresas beneficiadas, la constructora vallisoletana Collosa, aparecía también como pagadora en la consultora de Federico Trillo, Estudio Labor S.L ( 354.560 euros en casi tres años) y en la de Martínez-Pujalte (75.000), todo ello por “asesorías verbales”.

La Fiscalía, que solicitó copia de los trabajos supuestamente desarrollados por Sirga XXI, no recibió todos. De los remitidos, dos eran exactos excepto por el título y otros se habían copiado de internet. Según la fiscal jefe de Valladolid, las facturas eran simuladas en la mayoría de los casos.

Una vez que el escándalo saltó, Torme, siempre según su versión, supo que algunos clientes de Sirga “eran miembros del Partido Popular” a los que ella conocía “desde hacía años”, como es el caso de Arístegui y De la Serna. “La evidencia de que mi socio me había ocultado que teníamos clientes que además eran amigos míos supuso algo más que una desagradable noticia: fue la constatación de una verdadera ocultación de datos”, aseguraba.

Pero además, subrayaba que “lo verdaderamente trascendente” es que “disimulado dentro del nombre de una sociedad limitada” tres personas de su partido (el PP), y dos “muy próximas” a ella, facturaban a su empresa sin que ella tuviese conocimiento, y apuntaba directamente a los dos ya mencionados (Arístegui y De la Serna) y Ballestero.

Torme sostenía también que la coincidencia de remuneraciones y de conceptos en las tres empresas “se convierte en algo con apariencia irregular”. También detallaba que la mayoría de las empresas para las que Sirga trabajó tenían como administradores o consejeros a personas del PP y que algunos de ellos estaban vinculados a escándalos de corrupción.

La Agencia Tributaria también ha remitido al juzgado el estado de cuentas de Ana Torme, cuyos saldos no han registrado cambios relevantes.

Corrección: una primera versión del artículo indicaba que Pujalte había recibido 3,5 millones de euros en ingresos en su cuenta corriente, según un informe de la Agencia Tributaria. La forma correcta de describir esos movimientos es abonos. Vicente Martínez-Pujalte no quiso hacer declaraciones en su momento, pero posteriormente sí dio su versión indicando que se trataba de un depósito a dos meses que iba renovando. La suma de esos abonos alcanza los 3,5 millones cifrados por la Agencia Tributaria.

El exdiputado del PP Vicente Martínez Pujalte ha querido desvincular la investigación contra él de la actividad política que desarrolló durante más de dos décadas. “No se ha hablado de mi gestión pública”, ha dicho tras declarar ante la jueza que investiga si cobró a través de su empresa por trabajos que no se realizaron nunca.

No ha querido atender a los medios tras su declaración, y se ha limitado a decir que ésta no ha versado sobre su actividad política, y que las preguntas se han centrado en aclarar “una relación mercantil privada”. Martínez Pujalte siempre ha defendido que sus negocios con la empresa que dirigía, Sirga XXI, eran legales y compatibles con su labor como parlamentarios.

El exdiputado del PP ha entrado a la sala poco antes de las 11 de la mañana acompañado de cinco abogados , y ha estado declarando durante algo más de dos horas en el juzgado de instrucción número 49 de Plaza Castilla.

La jueza le investiga por los supuestos cobros de su empresa por trabajos no realizados. Entre las empresas a las que facturó están las consultoras de los también ex diputados del PP Pedro Gómez de la Serna y Gustavo de Arístegui, exdiputados del PP investigados en la Audiencia Nacional.

Según la la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), Martínez Pujalte cobró al menos 60.000 euros de la trama comisionista dirigida por Gustavo de Arístegui y Pedro Gómez de la Serna. Se embolsó ese dinero por asesorarles en el exterior con trabajos calcados de Internet.

La causa procede de los juzgados de Valladolid, donde la Fiscalía denunció a Martínez Pujalte y a su exsocia, la exsenadora del PP Ana Torme, por falsedad y cohecho. Días después, Torme denunció ante la Fiscalía un entramado empresarial presuntamente dirigido por Pujalte y el Ministerio Público presentara denuncia en su contra por delitos de falsedad y cohecho.

Torme ha entrado a la sala tras Martínez Pujalte y ha estado declarando durante cerca de hora y media. A la salida ni ella ni su defensa han querido comentar nada sobre el interrogatorio.

El juzgado de Instrucción número 49 de Madrid ha citado a declarar en calidad de investigados a una buena parte de la cartera de clientes del ex diputado Vicente Martínez Pujalte, imputado por falsedad y cohecho, según ha confirmado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. La mayoría de sus clientes, vinculados al Partido Popular, realizaron pagos a la consultora de Martínez Pujalte, Sirga XXI S.L, sin que se haya podido acreditar, hasta el momento, que los informes que pagaron fueron realizados.

Martínez Pujalte y su socia, la exsenadora del PP Ana Torme Pardo, declararán el próximo 23 de noviembre a las 10.30 de la mañana. Torme, que en la actualidad ocupa su plaza de funcionaria en la Consejería de Sanidad de Castilla y León, aseguró en un escrito ante la Fiscalía de Valladolid, la primera en investigar el caso, que fue engañada por su socio y que además era Pujalte quien cobraba directamente los trabajos facturados a los clientes, relacionados con el Partido Popular.

Las declaraciones seguirán el 14 de diciembre, donde también a las 10.30 están citados tres imputados. María del Mar Benito Vega, administradora única de Transport World Wide System, tendrá que explicar por qué su empresa pagó entre los años 2012 y 2014, 82.395 euros por trabajos que no han podido acreditarse. En esta sociedad estaba también como administrador José Gonzalo Gil de Acosta, relacionado con el 'Caso Unión' que investiga el pago de comisiones en Arrecife (Las Palmas) por modificaciones de planes urbanísticos.

El 14 de diciembre declarará también Alejandro Ballesteros de Diego, diputado del PP por Toledo en el momento de los hechos y administrador de Mind Talent Selection. Esta firma tampoco ha podido aportar informes o asesorías que avalen el pago de 6.380 euros a Sirga XXI S.L. Según ha podido saber eldiario.es de fuentes conocedoras del caso, Ballesteros está intentando evitar declarar en el juzgado y para ello ha pedido que se descarte su cita por prescripción del delito, pero el juez lo ha desestimado. Ballesteros ha recurrido la decisión.

En el juzgado también tendrá que dar explicaciones el dirigente del PP Miguel Jaime Marín Cózar,  director de Economía y Políticas Públicas de FAES, cercano al expresidente del Gobierno José María Aznar,. Jaime Marín Cózar fue asesor en el departamento de Economía de Presidencia del Gobierno entre 2001 y 2004 y asistente jurídico del PP en el Congreso entre 2005 y 2008, cuando Pujalte formaba parte del grupo parlamentario popular. La relación de ambos trascendió al hemiciclo, tal y como evidencia el sumario. 

El 23 de julio de 2013 Martínez-Pujalte vendió el 50% de sus acciones a la mercantil Análisis Económico Integral SLNE por 1.503 euros. Esta sociedad está participada en un 99 % por Marín Cozar. Además, desde 2009 a 2010 este fue trabajador “por cuenta propia” de Sirga XXI.

El 11 de enero también está citado en calidad de investigado, la nueva figura legal que sustituye a la del imputado, el propietario de la constructora Collosa, Alejandro Llorente Muñoz, tendrá que explicar qué clase de asesoría recibió de Martínez Pujalte. Antes de que se hubiese constituido la consultora, firmó con Sirga el  (1 de octubre de 2008) un contrato de arrendamientos de servicios profesionales que incluían “la prospección y selección de mercados, asesoramiento e implementación de estrategias de acceso, consultoría y asesoría en planificación estratégica global”. Los honorarios acordados fueron de 15.000 euros que se pagaron de forma trimestral, y todo ello por un “asesoramiento verbal”. Lo extraño es que Corporación Llorente ya tenía contratados los servicios de otras asesorías, una para el Consejo y varias sobre informes comerciales.

Mientras Corporación Llorente (Collosa) pagaba a Pujalte por escuchar sus consejos, realizó numerosos trabajos para la Junta de Castilla y León con sus sociedades. Sólo para consejerías y organismos dependientes del Gobierno regioal, entre 2006 y 2013, Grupo Collosa facturó 438,5 millones. Su participación en distintas UTES (unión temporal de empresas) le permitió facturar 134,4 millones de euros al Ejecutivo regional.

Los socios de Collosa fueron supuestamente beneficiados por la 'Trama Eólica', según se desprende de la investigación que lleva a cabo la Fiscalía Anticorrupción. El caso engloba a políticos y empresarios de Castilla y León que recibieron comisiones de 110 millones de las eléctricas a cambio de que se les autorizasen parques con molinos de viento en la región.

Además de las declaraciones, el juez ordenó hace unas semanas que se investiguen las empresas de Javier Algarra. Con una de ellas, Lagun Media S.L. pagó a Sirga XXI más de 44.000 euros entre 2012 y 2014. Poco después de la orden judicial, Algarra, presentador de 'El gato al agua' en Intereconomía, fue relevado.

La primera puerta a la que llamó el denunciante de la trama que urdieron los dirigentes del PP Gustavo de Arístegui y Pedro Gómez de la Serna para cobrar comisiones a cambio de obras en varios países de África y Latinoamérica fue la de La Moncloa.

El 10 de junio de 2015, dos meses antes de acudir a la Fiscalía Anticorrupción, José Faya López –un agente de seguros asturiano al que los dos cargos populares recurrieron para que le presentase a potenciales clientes interesados en hacer negocios con gobiernos de distintos países en los que Arístegui tenía influencias– remitió una carta de tres folios a Jorge Moragas, director de gabinete del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Según el relato de Faya, la entregó él mismo al Departamento de Seguridad de Moncloa el 10 de junio de 2015 y consta en los archivos informáticos de la residencia oficial. Una copia de la misma se halló el 12 de enero de 2016 en el registro judicial que se hizo de la vivienda del denunciante. Tal y como figura en el sumario, la carta fue incautada y figura en el inventario como el objeto número 60 que se intervino en el domicilio familiar de José Faya, también imputado en el caso.

En dicha misiva, que iba acompañada de contratos y facturas, José Faya relataba los trabajos que entre 2009 y 2015 realizó para distintas firmas administradas por el que fue embajador en India y Venezuela, Gustavo de Arístegui, y para el entonces diputado Pedro Gómez de la Serna y cifró en 500 millones el volumen de negocio que como intermediarios ambos cargos populares generaron en el extranjero para empresas amigas. Pese a que la documentación remitida a Moragas daba detalles de los negocios de ambos cargos populares en Panamá y Argelia, seis meses después De la Serna fue refrendado por el partido como candidato al Congreso por Segovia y acabó ocupando un escaño de diputado, a pesar de haber pedido la baja en el PP a raíz de este escándalo en enero de 2016.

Arístegui y De la Serna están, según los investigadores, en el epicentro de un sumario que investiga desde la Audiencia Nacional delitos de corrupción en las transacciones económicas internacionales, cohecho, blanqueo de capitales, pertenencia a organización o grupo criminal y cobro de comisiones ilegales. En la causa abundan los indicios sobre la participación de De la Serna (que permaneció en el Grupo Mixto hasta el final de la pasada legislatura) y Arístegui. Hay conversaciones grabadas por el propio Faya, contratos, facturas y promesas de pagos para evitar que el escándalo vea la luz.

La carta remitida al jefe de gabinete de Rajoy el 10 de junio de 2015 y a cuyo contenido ha tenido acceso eldiario.es, arranca así: “El motivo de estas líneas es poner en conocimiento del partido los acontecimientos acaecidos desde el año 2009, que fue cuando inicio el desarrollo profesional de un bonito proyecto que me presentan Gustavo Manuel de Arístegui y San Román y Pedro Gómez de la Serna y Villacieros, consistente en la apertura de mercados internacionales a las empresas españolas. Mi función ha sido hasta hace tres meses, que abandoné el despacho, la búsqueda y contratación con empresas españolas interesadas en la salida al exterior con la ayuda de Pedro y Gustavo (adjunto fotocopia de parte de los contratos), para lo cual firmé con Pedro y Gustavo contrato de agencia que adjunto. Una vez contratadas con las sociedades de Pedro y Gustavo independientemente, les procuran a las compañías españolas contratos de obra con las administraciones de los distintos países en los que ellos tienen contactos (Argelia, Panamá, Marruecos etc...). Desde el principio de nuestra relación contractual, Pedro y Gustavo han gestionado varios contratos de obra para sendas empresas españolas, por lo que estas les reconocen contractualmente el cobro de las consiguientes comisiones por estos hitos”.

A continuación, el agente que trabajaba para la red de Arístegui y De La Serna y que también está imputado por el juez De la Mata lamenta que ambos hayan vulnerado los contratos firmados –“idearon un sistema para no pagar a través de sociedades interpuestas extranjeras”– y cifra en más de tres millones de euros las comisiones que se le adeudan. El denunciante, que dos meses después llevó la documentación a la Fiscalía Anticorupción, asegura que guarda documentación de “las irregularidades” que propone “solucionar con la mayor rapidez, discreción y sigilo” y pide a Moragas “intermediar en tan desgraciado caso”.

Adjudicaciones bajo sospecha en Argelia y Panamá

Los papeles remitidos a Moragas detallan también el modus operandi de la red y ofrece minuciosos detalles de los negocios de De la Serna y Arístegui en el extranjero. Aluden por ejemplo a una adjudicación del Ministerio de Sanidad panameño para ampliar allí un hospital público por 113 millones de dólares a una UTE integrada por Acciona y Elecnor (Internacional de Desarrollos energéticos). Ese contrato, asegura el denunciante implicaba el devengo de unas comisiones que Arístegui y De la Serna evitaron repartir gracias a un entramado societario en el que participó un empresario español residente en Panamá, que es socio de los dos políticos españoles.

En Argelia el exagente de la red de Arístegui y De la Serna alude entre otras obras a una canalización de aguas en Souk Tleta (por 250 millones de euros) y al tranvía de Ourgla presupuestado en 230 millones de euros. En medio de las dos ajudicaciones estaban las sociedades de Arístegui y De La Serna. El denunciante alega que, aunque ambos dirigentes han señalado que la comisión en estos contratos era del 1%, lo que se había firmado con él en el contrato era el 2,5% del importe total de cada obra. Una vez que la Audiencia Nacional empezó a investigar el caso, la Unidad de Delincuencia Económica de la Policía Nacional detectó pagos de las firmas de Arístegui y De la Serna al jefe de campaña del presidente de Argelia para influir en sus contratos públicos.

La documentación entregada en Moncloa reserva un folio a desentrañar la madeja de sociedades y clientes de la red De la Serna y Arístegui. Detallaba cómo el entonces embajador en la India administró la firma Karistia, una de las empresas que cobraba las comisiones, y también vinculaba a De la Serna con la sociedad Scardovi, otra de las perceptoras de porcentajes de las obras en Latinoamérica y África. El hijo de Arístegui, Borja de Arístegui Arroyo, figura a su vez como administrador de Arroyo de Lagasca, una firma que tiene como objeto social la venta de artículos de prensa y librería, y que según el denunciante heredó las igualas que cobraban las empresas de Gustavo de Arístegui cuando estas sufrieron un embargo.

eldiario.es ha preguntado al director de gabinete de Mariano Rajoy, Jorge Moragas, por su actuación al recibir la carta, si puso en conocimiento del presidente del Gobierno el contenido de la misiva y si comunicó a la dirección del PP su contenido antes de que De la Serna fuese proclamado candidato al Congreso. Un portavoz autorizado de Moragas ha respondido que no va a hacer comentarios sobre esta información.

La Ley de Transparencia tiene limitaciones que se conocen desde que fue redactada y que van dejándola en evidencia según van sucediéndose los acontecimientos. Uno de los límites impuestos por el Gobierno de Mariano Rajoy a la legislación que pretende ser la ventana de información de las administraciones públicas impide saber si embajadores como Gustavo de Arístegui –investigado por el cobro de comisiones cuando estaba destinado en India– o Francisco Elías de Tejada –que ocultó al fisco una fortuna que acumuló en Suiza y EEUU– se enriquecieron durante sus mandatos.

Los miembros del Gobierno y altos cargos de la administración pública están obligados a publicar la información relativa a sus bienes y patrimonio. Hasta 2013, solo los ministros y secretarios de Estado tenían que hacer pública esa información, mientras que el resto de altos cargos solo estaban obligados a presentar esos datos para el conocimiento de la Oficina de Conflicto de Intereses. 

La entrada en vigor de la Ley de Transparencia hizo extensiva la obligación de publicar sus declaraciones –al comienzo y en el cese del mandato– a todos los altos cargos, entre los que se encuentran los embajadores y representantes cuyo nombramiento se efectúa a través del Boletín Oficial del Estado. Sin embargo, el Gobierno introdujo una salvaguarda: no tendrían que publicar la declaración de bienes aquellos altos cargos –excepto miembros del Gobierno– que estuvieran en sus puestos antes del 1 de julio de 2013.

De esta manera, los ciudadanos no pueden conocer cuál era el patrimonio de los altos cargos que fueron nombrados antes de esa fecha y, por tanto, es imposible saber si se han enriquecido en sus puestos por mucho que publiquen sus datos patrimoniales cuando finalizan el mandato. El PSOE solicitó en noviembre de 2014 al Gobierno que facilitara la documentación correspondiente a 257 altos cargos que fueron nombrados antes del verano de 2013. “Con este incumplimiento del Gobierno –decía el texto de los socialistas sobre la falta de publicada en esas decenas de casos–, no sería posible comprobar a su cese si se hubiera producido un enriquecimiento ilícito en el ejercicio de su mandato”. El Gobierno nunca publicó esa información.

Sin datos sobre el enriquecimiento de Arístegui

Entre los nombres de quienes han conseguido sortear la publicación de sus bienes está el de Gustavo de Arístegui, que fue nombrado embajador en India en abril de 2012. El exdiputado del PP está imputado por el presunto cobro de comisiones ilegales. La trama en la que también participaba el exparlamentario Pedro Gómez de la Serna utilizaba sus contactos para conseguir contratos en distintos países, según la investigación que lleva a cabo la Audiencia Nacional. 

Arístegui mantuvo su actividad como comisionista durante su mandato en India, según reveló una conversación telefónica publicada por El Mundo. Las grabaciones desvelaron que los exdiputados del PP usaban la posición de Arístegui en India para favorecer sus intereses. De hecho, cobró por un informe sobre India realizado cuando ya era jefe de la diplomacia española en Delhi. 

La negativa del Gobierno de sacar a la luz la declaración de bienes y patrimonio de Arístegui porque fue nombrado antes del 1 de julio de 2013 impide saber si se enriqueció en India mientras era embajador. Otra situación que no está contemplada en la ley es que el exdiputado del PP realizaba su actividad a través de una empresa por lo que sus ganancias pueden llevarse a cabo a través de esa sociedad y no verse reflejadas en su información personal.

El compromiso del Gobierno es que las declaraciones de bienes y patrimonio de los altos cargos nombrados o cesados entre el 1 de julio de un año y el 30 de junio del siguiente se publiquen antes del 30 de septiembre. Sin embargo, en el caso del curso 2014-2015, está experimentando un retraso porque el Ejecutivo está aprovechando un vació legal de la normativa del alto cargo para demorar la publicación. En el caso de Arístegui, al haber dimitido en diciembre de 2015 tras estallar el escándalo de sus comisiones, habrá que esperar al menos unos meses para conocer su capacidad patrimonial tras abandonar India. 

En cualquier caso, será imposible para el público saber si se enriqueció mientras representaba a España en el país asiático porque se desconoce la información del inicio de su mandato. “Tienen que publicarse también los que se produjeron durante el ejercicio del cargo y en el cese. Si no, es imposible saber si se han enriquecido”, señalan fuentes socialistas. 

El embajador millonario que oculta su información

En el caso del exembajador en Irak Francisco Elías de Tejada, que ocultó a Hacienda una fortuna al fisco en sus años en África y Oriente Medio invertida en negocios petrolíferos, el Gobierno no publicó su declaración de bienes a pesar de que cumplía todos los requisitos que lo hacían obligatorio, como que su nombramiento fuera efectuado a través del Consejo de Ministros. 

Elías de Tejada era embajador en Misión Especial–Director de la Unidad de Emergencia Consular en 2013. El 27 de julio de ese año, el ministro de Exteriores firmó su cese. De acuerdo con la normativa vigente, el 30 de septiembre de 2014 el BOE debería haber incluido su nombre y su declaración de bienes, inmuebles y patrimonio, en la disposición en la que publicó la de todos aquellos altos cargos cuyo nombramiento o cese se produjo entre el 1 de julio de 2013 y el 30 de junio de 2014.

Así lo especificó, además, el Gobierno en una respuesta por escrito a la diputada socialista Meritxell Batet: “Antes del 30 de septiembre de 2014 se procederá a publicar en el Boletín Oficial del Estado el contenido de las declaraciones de bienes, derechos y obligaciones patrimoniales de los miembros del Gobierno, Secretarios de Estado y resto de altos cargos de la Administración General del Estado que hayan tomado posesión o hayan cesado entre el 1 de julio de 2013 y el 30 de junio de 2014”.

Sin embargo, en esa publicación no figura el nombre de Elías de Tejada y, por tanto, tampoco la información sobre su patrimonio. Elías de Tejada mantuvo ocultas dos cuentas en el banco helvético UBS en Suiza y EEUU desde al menos el año 2002. Llegó a acumular 1,7 millones de euros que no fueron declarados en sus declaraciones ordinarias de IRPF al menos entre 2008 y 2011. El exembajador en Irak realizó gestiones para regularizar su fortuna, pero eldiario.es no pudo confirmar que llegara a hacerlo finalmente. Su exclusión en la publicación de las declaraciones patrimoniales de altos cargos impide saber, además, si notificó la posesión de esa fortuna a la Oficina de Conflictos de Intereses, tal y como establece la ley.

El exdiputado del PP Vicente Martínez Pujalte cobró al menos 60.000 euros de la trama comisionista dirigida por Gustavo de Arístegui y Pedro Gómez de la Serna. Se embolsó ese dinero por asesorarles en el exterior con trabajos calcados de Internet, según han descubierto los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), tal y como avanza la Cadena Ser.

La UDEF de la Policía Nacional ha analizado los documentos remitidos por Martínez Pujalte a la organización, y destaca que el exdiputado popular solía descargarse sus artículos del Instituto de Fomento de Murcia, de la página web de la Universidad Politécnica de Valencia, del Instituto Español de Comercio Exterior, o del Real Instituto Elcano, así como de páginas web del Gobierno de los Estados Unidos o de algunos medios de comunicación.

Según ha informado la Cadena Ser, la mayor parte de los informes de Martínez Pujalte que forman parte del sumario, versaban sobre la situación socio-económica de Argelia y diversos nichos de mercado en este país.

Argelia fue clave para la supuesta organización criminal de Arístegui y Gómez de la Serna. De hecho, la UDEF descubrió presuntos sobornos de una empresa de los expolíticos del PP a familiares de funcionarios argelinos para adjudicar dos contratos públicos a Elecnor.

Por su parte, la Cadena SER se ha puesto en contacto con Pujalte, quien no ha querido hacer declaraciones. Se ha limitado a negar que que copiase un trabajo de fin de carrera, tal y como sostienen los agentes de la UDEF, o que cobrara por plagiar informes de internet para la supuesta organización criminal.

La justicia ya investiga a Vicente Martínez Pujalte por delitos de falsedad y cohecho. La Fiscalía le denunció en Valladolid por hechos semejantes, ya que supuestamente cobró de una constructora a cambio de informes sobre trabajos inexistentes.

Los expolíticos del PP Gustavo de Arístegui y Pedro Gómez de la Serna se embolsaron una comisión de 265.000 euros por presentar un contacto del Congo a una cementera española. Así lo revela hoy el diario El Mundo.

Según esta información, la trama comisionista medió para que la empresa Cementos La Unión hiciese negocios en África. En concreto, su trabajo consistió en presentar a la empresa valenciana un contacto en el Congo: Eugene Obba, primo del presidente de ese país y con contactos para facilitar los negocios de la cementera.

Arístegui fue el encargado de llevar a cabo los trámites, mientras que Gómez de la Serna no participó, aunque sí cobró su parte. Ambos se embolsaron al menos 265.000 euros por esa gestión, según revela El Mundo.

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, que instruye el caso de los dos expolíticos populares, ya tiene conocimiento de estos hechos. Fueron los representantes de la cementera quienes se lo relataron al juez.

Una vez finalizado el trabajo de presentar el contacto a la empresa de cemento, los políticos siguieron cobrando comisiones de manera mensual por cada tonelada de cemento vendido. Esas comisiones llegaron a los 70.000 euros anuales durante algún ejercicio.

Ambos comisionistas, propietarios de dos sociedades, siguieron cobrando a través de ellas tanto a Cementos La Unión como a la empresa creada para los negocios en el Congo.

El exembajador Gustavo de Arístegui y el exdiputado Pedro Gómez de la Serna, pagaron supuestamente a través de la compañía Western Union a familiares de funcionarios argelinos para conseguir dos contratos en Argelia por los que cobraron comisiones, según han descubierto los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) como avanza 'El Mundo'.

La presunta organización criminal dirigida por De Arístegui y Gómez de la Serna sobornó al diputado argelino y jefe de campaña del presidente argelino Abdelaziz Buteflika, Omar Alilat, según informa 'El Mundo'. El agente y conseguidor en Argelia de la trama de los dos expolíticos del PP, Cristóbal Tomé, envió a Alilat al menos dos transferencias de dinero en diciembre de 2011 en París. Tomé es un empresario español afincado en Argelia que a finales de 2015 admitió a 'El Mundo' que parte de su trabajo consistía en “engrasar” para conseguir que sus intermediaciones fructificaran.

Los sobornos sirvieron para que la firma española Elecnor consiguiera dos contratos públicos en el país argelino, por un lado, la construcción de un tranvía en Ouargla, y por otro, la canalización de aguas en Souk Tleta.

La investigación De Arístegui y Gómez de la Serna

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata dirige la investigación de la Fiscalía Anticorrupción de la trama de corrupción de los dos expolíticos del Partido Popular por los presuntos delitos de corrupción en las transacciones económicas internacionales, cohecho, blanqueo de capitales y organización criminal para conseguir adjudicaciones en diversos países. Los datos descubiertos por la policía ponen de manifiesto que los dos 'populares' ejercieron soborno y tráfico de influencia para extender su presunta trama corrupta.

La red de influencias de la organización empresarial de los exdiputados se extendió también a Irak, según reveló el sumario del caso el pasado viernes. La presunta organización criminal habría intentado conseguir adjudicaciones en el país irakí. A cambio, la sociedad que dirigían los políticos populares habrían cobrado 15.000 euros mensuales de una de las empresas vinculadas a la trama, aunque finalmente la entidad no llegó a conseguir ninguno de los proyectos que se barajaban.

La empresa española Elecnor encargó un informe en 2010 a la organización de Arístegui y De la Serna para “explorar la apertura del mercado de Irak”. En concreto, se trataba de un anteproyecto para instalar un sistema de navegación aérea en Bagdad. Al año siguiente, la misma empresa encargó otro trabajo para lograr la adjudicación de un sistema de regadío en el Kurdistán iraquí.

Hasta el momento se conocía que la trama, dedicada al cobro de comisiones y sobornos a cambio de la obtención de contratos internacionales, había extendido su influencia esencialmente en América Latina, aunque también en Congo, Kuwait o Moldavia.

La presunta organización criminal dirigida por los exdiputados del PP, Gustavo de Arístegui y Gómez de la Serna, habría intentado conseguir adjudicaciones en Irak en 2010, según revela el sumario del caso al que ha tenido acceso la Cadena Ser. A cambio, la sociedad que dirigían los políticos populares habrían cobrado 15.000 euros mensuales de una de las empresas vinculadas a la trama, aunque finalmente la entidad no llegó a conseguir ninguno de los proyectos que se barajaban.

Según consta en el sumario de la investigación llevada a cabo por la UDEF y la Fiscalía Anticorrupción, Elecnor -una de las empresas de la trama-  encargó un informe en 2010 a la organización de Arístegui y De la Serna para “explorar la apertura del mercado de Irak”. En concreto, se trataba de un anteproyecto para instalar un sistema de navegación aérea en Bagdad. Al año siguiente, la misma empresa encargó otro trabajo para lograr la adjudicación de un sistema de regadío en el Kurdistán iraquí.

Elecnor no llegó a conseguir ninguno de los proyectos, aunque Arístegui y De la Serna -que ejercían como “directores de los proyectos y trabajos e interlocutores con el cliente y los agentes en el exterior”- cobraron por el pacto 15.000 euros mensuales en concepto de comisión. Los nombres de los hijos de los políticos populares también aparecen entre los documentos del caso. Estos se habrían encargado de buscar información en internet, realizar llamadas o redactar cartas, según consta en las memorias de Elecnor durante los dos años en los que transcurrieron las operaciones.

Hasta el momento se conocía que la trama, dedicada al cobro de comisiones y sobornos a cambio de la obtención de contratos internacionales, había extendido su influencia esencialmente en América Latina, aunque también en Congo, Kuwait o Moldavia.

El Gobierno en funciones ha dado el visto bueno al ex diplomático Gustavo Arístegui y San Román a trabajar para el lobby estadounidense Mercury LLC, según datos del listado de autorizaciones a ex altos cargos publicado en el Portal de Transparencia.

Arístegui dimitió como embajador en India el pasado 18 de diciembre, dos días antes de las elecciones, tras desvelarse una supuesta trama de cobro de comisiones a cambio de contratos para empresas españolas principalmente en África y Latinoamérica.

El juez José de la Mata le imputó junto con el antiguo diputado del PP Pedro Gómez de la Serna por delitos de organización criminal, blanqueo de capitales y cohecho. Ambos habrían cobrado supuestas comisiones por intermediar en negocios de empresas españolas en el extranjero, según la investigación.

La autorización del Ejecutivo para incorporarse a la firma estadounisense Mercury LLC fue aprobada el miércoles 11 de mayo de 2016 por la Oficina de Conflictos de Intereses, solo cinco meses después de que el ex diplomático español dimitiera como embajador en India y que pidiera la baja en el Partido Popular por el escándalo de las comisiones. Los altos cargos del Gobierno, incluyendo embajadores, necesitan la autorización de la oficina para incorporarse a entidades privadas afectadas por decisiones relacionadas con el cargo que han desempeñado.

Mercury LLC es una consultora estadounidense dedicada principalmente a las actividades de lobby político y estrategia pública, según su página web. Entre sus prestigiosos clientes se encuentran los gobiernos de Nigeria, Catar o Islas Caimán o grandes multinacionales como Microsoft, Hyundai, AT&T, Ebay, Pfizer Tesla y Visa, entre otros.

La consultora norteamericana se presenta como una firma de alto nivel que con capacidad para ofrecer “resultados” a gobiernos, partidos políticos, ONG y las empresas más exitosas del mundo. En su página oficial, se enorgullece de “saber cómo influenciar a políticos electos de todos los niveles administrativos” y tener una red de oficinas en 18 ciudades para realizar sus actividades de lobby.

De esta manera, Arístegui pasaría a formar parte de una plantilla con origen “en niveles más altos de la política, la empresa y los medios de comunicación”.

El ex embajador en India Gustavo de Arístegui se negó a declarar ante el juez José de la Mata el pasado 6 de mayo, solo cinco días antes que el Gobierno le autorizara para trabajar en Mercury LLC. De la Mata le había citado como investigado por la supuestas comisiones que percibieron él y Gómez de la Serna a cambio dos contratos en Argelia para empresas españolas.

Vicente Martínez Pujalte cobró de las consultoras Scardovi S.L y Karistia S.L, pertenecientes a los entonces diputados Pedro Gómez de la Serna y Gustavo de Arístegui, por el “asesoramiento en prospectiva económica de mercados internacionales emergentes”.

Así lo atestiguan las facturas a las que ha tenido acceso eldiario.es y que muestran cómo el también diputado en esa época (abril, mayo y junio de 2011) facturó a su sociedad de asesoría Sirga XXI Consultores trabajos que supuestamente realizó para las dos empresas de sus compañeros. Martínez Pujalte utilizó los mismos conceptos para ambas, y también el mismo precio, 4.500 euros por trimestre. Así, la consultora del diputado murciano obtuvo de sus compañeros un total de 46.020 euros en 2011 (23.010 de cada una de las mercantiles).

Tanto Scardovi como Karistia se dedicaban a la consultoría estratégica y, como Sirga XXI, se crearon en 2008. Es más, Gómez de la Serna, administrador de Scardovi SL y Gustavo de Arístegui, administrador de Karistia SL, habían creado la marca Voltar Larssen para cobrar comisiones millonarias por conseguir contratos en el exterior para empresas. Al menos así lo considera la Audiencia Nacional, que les investiga desde enero.

¿Qué pudo aportar Martínez Pujalte a dos consultores consumados como ellos? Según los documentos que ha facilitado a la Fiscalía de Valladolid, más bien poco. En una misma carpeta mete trabajos para Scardovi, Karistia y Lagun Media (esta última es la productora de un presentador de 13TV) pero no hay fechas, ni firma, ni se sabe qué corresponde a cada sociedad.

Además, uno de estos trabajos, La influencia de las compañías aéreas low cost sobre el turismo en la Comunidad Valenciana, es exactamente el mismo que el que presenta para justificar su asesoría a otra consultora también vinculada al PP, Marcenado Economistas, en el que sólo cambia la comunidad autónoma a la que se refiere.

Su asesoría satisfizo a sus amigos, que en 2012 y 2013 siguieron pagando. La cantidad total que Gómez de la Serna pagó a su compañero de escaño ascendió a 41.070 euros, mientras que Gustavo de Arístegui aceptó facturas que suman 26.460 euros.

Pero Martínez Pujalte no cobraba directamente sino que, tal y como denunció su socia hasta 2011, la también diputada Ana Torme, las compañías pagaban estas cantidades a Sirga Siglo XXI y después Martínez Pujalte facturaba por el 85% de ese importe, y todo ello, siempre según la versión de Torme, sin que ella supiera de sus manejos.

Según ha podido saber eldiario.es, la información que Martínez Pujalte tuvo que enviar por requerimiento judicial llegó desordenada y, parte de ella, en carpetas con el logo del Congreso de los Diputados. Para la Fiscalía, las facturas tienen una “patente falta de autenticidad” y no considera acreditados los pagos, por lo que le atribuye los delitos de falsedad documental y cohecho, pero será la Audiencia Nacional, que ya investiga a De Arístegui y Gómez de la Serna, la que también se haga cargo o no de los negocios de estos con el político murciano.

El ministerio de Asuntos Exteriores sigue manteniendo en la página web de la Embaja de España en India a Gustavo de Arístegui como titular del cargo, a pesar de que hace ahora justo un mes que el BOE publicó su cese. El Consejo de Ministros aprobó en su reunión del pasado 18 de diciembre la destitución del diplomático después de que el propio Arístegui anunciara su dimisión tras ser acusado por un exsocio de haber cobrado abultadas comisiones durante su etapa como diputado del PP, y de haber seguido asesorando a empresas siendo ya embajador en India.

El escándalo, en el que se implicaba también al ahora exdiputado del PP por Segovia, Ramón Gómez de la Serna, cogió a Mariano Rajoy en plena campaña. El presidente del Gobierno, en un principio, defendió que era “normal” realizar estas actividades y aseguró que no veía nada ilegal en ellas. Pero a medida que se iban conociendo más detalles de las labores que ambos realizaron como comisionistas, en el PP cambiaron de estrategia y abrieron sendos expedientes a ambos para investigar la veracidad de las informaciones y tomar medidas al respecto.

Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, anunció que Hacienda había abierto un procedimiento para investigar los negocios de Arístegui. La Oficina de Conflictos de Intereses le dio quince dias de plazo para que presentara sus alegaciones.

El diplomático ha mantenido que todas sus actividades era legales. Pese a ello, decidó dimitir días después de que saltara el escándalo “para no perjudicar al Gobierno”. En cambio, De la Serna desafió a su partido y se negó en rotundo a renunciar al acta. De hecho, la recogió en el Congreso pero días después anunció que se daba de baja en el PP por lo que el Comité de Derechos y Garantías de Génova decidió suspender la tramitación del citado expediente. De la Serna, por lo tanto, tendrá que ubicarse en el Grupo Mixto como no adscrito.

El pasado 12 de enero se supo que la Audiencia Nacional había decidido abrir una investigación contra el exdiputado y contra el exembajador de España en la India por ese supuesto cobro de comisiones ilegales a cambio de conseguir contratos a empresas. Fuentes del ministerio que dirige Cristóbal Montoro han asegurado a eldiario.es que al estar abierto ese proceso penal, se paraliza automáticamente el proceso administrativo que estaba en marcha sobre Arístegui.

Por lo general, Exteriores da un plazo de un mes a los embajadores salientes para que puedan organizar su salida del país. Y así parece que lo ha hecho también con Arístegui. Pero ese plazo ya se ha cumplido y en la web sigue figurando su foto, su carta de saludo y su currículum. El Gobierno no ha designado aún a nadie para sustituirle.

Otro contrato más bajo sospecha. Esta vez, de 8.000 euros mensuales. Los ex diputados del PP Gustavo de Arístegui y Pedro Gómez de la Serna (acaba de dejar la militancia pero no el acta) pactaron una comisión por contratos en Panamá para Contratas Iglesias, empresa que ha construido cuatro centros sanitarios en Panamá, según informan la SER y El Mundo.

De acuerdo con las informaciones publicadas, De la Serna y Arístegui se comprometían a buscar negocio a la firma asturiana en Panamá en exclusividad, y a “presentar al personal de la empresa a los clientes potenciales tanto en el Gobierno como en empresas públicas y privadas”. Arístegui y Gómez de la Serna cobrarían 8.000 euros mensuales a Contratas Iglesias por hacer las gestiones necesarias y después, hasta un 5% de comisión de las obras conseguidas. La empresa ha construido cuatro centros sanitarios en Panamá.

Según cuenta la SER, Gómez de la Serna “reconoce que hicieron gestiones para conseguir esos contratos de obra pública pero que no cobraron por ello porque el agente que tenían en el país, Juan Gestoso, les dejó fuera de la operación. Un directivo de la sociedad se ha limitado a reconocer que construyeron los hospitales y que han aportado a los investigadores la documentación que se les ha requerido”.

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata admite a trámite una querella de la Fiscalía Anticorrupción contra Pedro Gómez de la Serna, Gustavo de Arístegui y otras seis personas por los presuntos delitos de corrupción en las transacciones económicas internacionales, cohecho, blanqueo de capitales y organización criminal.

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata admite a trámite una querella de la Fiscalía Anticorrupción contra Pedro Gómez de la Serna, Gustavo de Arístegui y otras seis personas por los presuntos delitos de corrupción en las transacciones económicas internacionales, cohecho, blanqueo de capitales y organización criminal.

En el auto de admisión de la querella, el juez De la Mata analiza de forma preliminar los presuntos delitos investigados. Respecto al delito de corrupción en las transacciones económicas internacionales señala que de la investigación preliminar de la Fiscalía resultarían posibles pagos dinerarios realizados a autoridades y funcionarios públicos argelinos y a sus familiares en relación con dos contratos de obra denominados La Estación Desaladora de Aguas de Souk Tleta por 250 millones de euros  el Tranvía de Ouargla por importe de 230 millones. Ambos fueron adjudicados a las empresas Internacional de Desarrollos Energéticos SA y Elecnor SA a través del grupo Voltar Lassen, el cual era dirigido por Pedro Gómez de la Serna y Gustavo de Arístegui, y por la actuación del agente externo Cristóbal Tomé Becerra.

En relación con el delito de cohecho, la resolución afirma que esta infracción penal vendría condicionada por los pagos realizados por las empresas españolas a Pedro Gómez de la Serna y a Gustavo de Arístegui, directamente o a través de sus empresas Scardovi SL y Karistia SL, por su condición de autoridad y funcionario público.

El magistrado menciona un tercer delito, de blanqueo de capitales, que se habría cometido como conexo a los anteriores por cuanto se habría estructurado a nivel internacional mediante la utilización de sociedades pantalla carentes de actividad mercantil y movimientos internacionales de capital “que siguieron estructuras sofisticadas de ocultamiento del dinero”.

Ese sería el caso, en principio, dice el auto, de las sociedades Arroyo de Lagasca SL, Karistia Maroc SRL o Kamaroc y Castelino BV. Estas dos últimas, con domicilio social en Marruecos y Holanda, “tendrían como misión primordial ocultar los beneficios dimanantes de los anteriores delitos y ser instrumento para su comisión bajo apariencia de una actividad mercantil”.

Por otro lado, explica el juez, en el actual momento de la investigación no puede excluirse que los querellados a título individual hayan podido incurrir en un delito tributario por la apropiación de los fondos dinerarios objeto del blanqueo.

En relación con el delito de organización o grupo criminal, el auto del titular del Juzgado Central de Instrucción 5 asegura que existen indicios de que las mercantiles y los propietarios y/o administradores de las mismas, junto con funcionarios extranjeros y otras personas “se concertaron para apropiarse de importantes cantidades de dinero mediante un complejo sistema de sociedades pantalla y una red de colaboradores; recibir dinero de distintas empresas españolas en atención a su función pública, con la promesa de intermediar para conseguir contratos en el extranjero; abonar sobornos y comisiones a funcionarios extranjeros para conseguir adjudicaciones de contratos y quedarse para sí importantes comisiones de éxito premio por el buen fin de las gestiones”.

Según el juez, “la actividad criminal se extendía desde la ideación del sistema hasta la puesta en marcha de los instrumentos societarios y la red de agentes; la celebración de los acuerdos con las distintas sociedades y empresas para asegurarse pagos y comisiones; la celebración de acuerdos con funcionarios públicos de otros países a los que abonarían comisiones y sobornos; y la percepción posterior de nuevas comisiones en caso de éxito de las gestiones”.

La querella, presentada ayer y que ha recaído en el Juzgado Central del Instrucción 5 por estar de guardia, se dirige también contra José Faya López, Germán Junquera Palomares, Ramón López Lax, Borja de Arístegui, Cristóbal Tomé y José Félix González Noriega.

En el caso de Gómez de la Serna, la resolución se limita, dada su condición de aforado, a acordar darle traslado de las actuaciones, conforme a lo previsto en el artículo 188 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, a fin de que pueda ejercer su defensa en la forma que considera oportuna.

Además, la querella se admite contra seis personas jurídicas vinculadas con los anteriores. Se trata de Scardovi SL, Karistia SL, Arroyo de Lagasca, SL Dial Trading SL, Internacional de Desarrollo Energético SA, Electrificaciones del Norte (Elecnor) y Karistia Maroc o Kamaroc RL.

A excepción de esta última, esta mañana se ha procedido al registro de dichas sociedades y los domicilios de los investigados, a excepción del de Gómez de la Serna, con el fin de recoger aquellos indicios o principios de pruebas, tanto de cargo como de descargo, que permitan conocer la verdad de los hechos denunciados.

En relación con el registro de la sociedad Scardovi o el despacho profesional Voltar Lassen, vinculados a Gómez de la Serna, el magistrado tiene presente especialmente la particularidad de que un diputado sea su administrador único, lo que obliga a ser “especialmente cuidadoso”. A tal efecto, ordena que la práctica de las diligencias se realice de acuerdo a un “escrupuloso” respeto a una serie de garantías establecidas en la resolución.

De la Mata hace hincapié en su resolución en la condición de diputado de Gómez de la Serna, motivo  por el cual goza de las prerrogativas de inviolabilidad, inmunidad y aforamiento especial, de acuerdo con la doctrina de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, informa la Audiencia Nacional.

El magistrado hace una análisis “atento” y “cuidadoso” sobre esta situación y examina la diferente normativa y jurisprudencia existente y los motivos por los que procede la investigación, para concluir que en este caso debe agotarse la instrucción de la causa a fin de permitirse una más fundada decisión, no ya sobre la racionalidad de los indicios de existencia de la infracción penal, sino de los que pudiera haber de participación en ella de la persona aforada, según fuentes jurídicas.

Por ello, entiende que deben depurarse en el juzgado de instrucción “cuantas diligencias sean precisas para completar la investigación de los hechos y así constatar suficientemente los hechos que son la base de las presuntas infracciones penales, al efecto no solo de acreditar los mismos, sino también el grado de participación que en ellos hubiera podido tener la persona aforada”.

El desarrollo de la instrucción pasa incluso por recibir declaración al aforado, recuerda De la Mata, si voluntariamente se presta a ello, con el objeto de que se pueda defender. A esos efectos, se acuerda dar traslado de las actuaciones a Gómez de la Serna “a fin de que pueda ejercer su defensa en la forma que considere oportuno”.

Gustavo de Arístegui continuó ejerciendo como comisionista cuando ya ocupaba el cargo de embajador en la India, en contra de lo que declaró en un primer momento. El exdiputado del PP argumentó que había dejado la empresa -a través de la que cobraba por facilitar contratos a empresas españolas en el extranjero- en manos de su hijo, pero una conversación publicada por El Mundo lo desmiente.

En ella puede escucharse al Pedro Gómez de la Serna, también implicado en el escándalo de cobro de comisiones, conversar con un socio de Karistia S.L., el despacho a través del que Arístegui cobraba las comisiones.

La conversación gira en torno al cobro de una comisión de 180.000 euros por parte de Arístegui en pago por conseguir un contrato en Argelia para Elecnor. El interlocutor de De la Serna protesta porque cree que ese dinero ha ido a para enteramente a manos del exembajador.

Durante la conversación telefónica De la Serna defiende a Arístegui y niega que la sociedad que dirige se haya quedado con el dinero. En todo momento se refieren a él como la persona que está al frente de Karistia.

Cuando surgió el escándalo, Arístegui señaló que había dejado la empresa a su hijo cuando accedió al cargo de embajador en 2012, pero la conversación se grabó en 2014. De confirmarse que se mantuvo al frente del despacho, habría infringido la ley de incompatibilidades para los altos cargos.

La corrupción emerge de nuevo a primer plano con un caso que no viene del pasado y Rajoy vuelve a jugarnos su truco favorito. Presentarse como ese presidente patoso y despistado que nunca se entera de casi nada

Puede que el Partido Popular afirme en su lema de campaña que se toma España en serio, pero viendo sus hechos parece claro que más bien se la toma de coña. Solo así, como una broma, puede entenderse que el candidato Mariano Rajoy afirme primero, tan tranquilo, que los papeles están en regla y no sabe mucho más sobre los negocios y comisiones de Gustavo de Arístegui, el embajador en la India, o los apaños de su candidato por Segovia, que horas después el partido anuncie la apertura de un expediente informativo y que, al día siguiente, para rematar la juerga, se aparte a Gómez de la Serna de la campaña como quien aparta una mierda de perro. También que dos días después dimita en diferido nuestro hombre en la India. Del business as usual al destierro y al oprobio en horas y tiro porque me toca. Parece un chiste y efectivamente lo es.

La corrupción emerge de nuevo a primer plano con un caso que no viene del pasado y Rajoy vuelve a jugarnos su truco favorito. Presentarse como ese presidente patoso y despistado que nunca se entera de casi nada y a quien siempre se la juegan sus colaboradores por ser tan bueno y fiarse de ellos y de su palabra. Y se cuela, cuela otra vez.

El candidato Rajoy tiene consejos a manta para las estrategias de sus rivales pero al parecer no tiene tantas explicaciones para los españoles sobre los casos de corrupción en su administración. Tan listo para unas cosas, tan espeso para otras. Otra risa, otra vez España de coña.

Hace unos días la UE nos recordó que espera más ajustes laborales y al menos otros veinte mil millones de recorte en el gasto social a cambio de su ayuda. La respuesta del candidato Rajoy fue comportarse como el hombre los caramelos a la puerta de un centro de mayores y anunciar rebajas en el IRPF de los jubilados que trabajen. Una promesa electoral que no figura en el programa, ni viene respaldada por un mínimo cálculo sobre cuánto puede costar y cómo se va a financiar. Cuando en el PP les da por las chanzas ya se sabe que la fiesta no para.

El intento inicial de minimizar el atentando contra la embajada española en Kabul sólo para evitar el más mínimo riesgo electoral y la poca empatía demostrada hacia las diez víctimas mortales, especialmente si eran afganos, tiene una explicación bastante menos amable y que dice aún menos de la responsabilidad y seriedad del partido que nos gobierna. Una vez más ha acreditado su ilimitada capacidad poner sus intereses y necesidades electorales por encima de cualquier otra consideración. Lo único que cuenta es ganar, por cualquier medio necesario. Apelar ahora a la unidad antiterrorista por encima de las campañas ya no parece una broma, es un sarcasmo.