Miércoles 20 de julio de 2011. Un eufórico Rodrigo Rato hacía sonar la campana que daba el pistoletazo de salida a la cotización de Bankia en la Bolsa de Madrid. “Hace más fuerte a la entidad y consolida su liderato”, decía el exministro de José María Aznar tras brindar por el futuro del banco surgido de la unión de siete cajas de ahorros. Dimitió menos de un año después, Bankia necesitó 24.000 millones de rescate de dinero público y la entidad terminó por desaparecer, absorbida por Caixabank.

En los últimos días, el Tribunal Supremo ha sentenciado en firme que tampoco habrá responsables por la vía penal. Una resolución que también supone un aval definitivo al papel que jugaron los supervisores del Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en un proceso que terminó con una inyección de miles de millones de dinero público que, tal y como reconoció la propia Bankia poco antes de echar el cierre, no hay perspectiva de recuperar para las arcas de todos los españoles.

El caso nació en la Audiencia Nacional un año después del tañido de la campana de Rato después de que la extinta Unión, Progreso y Democracia (UPyD) presentara una querella. Por el banquillo del juzgado pasaron los máximos responsables de la entidad y todos lanzaron el mismo mensaje: pusieron la operación en marcha con el visto bueno de los supervisores bancarios y los folletos que publicitaron la salida a bolsa para captar inversores también tenían luz verde del Banco de España y la CNMV y reflejaban la realidad de sus cuentas.

Durante un breve espacio de tiempo a lo largo del año 2017 el caso Bankia vivió un espejismo cuando la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional obligó al juez Fernando Andreu a imputar a los supervisores de la operación. Tanto del Banco de España, con su entonces gobernador Miguel Ángel Fernández Ordóñéz a la cabeza, como de la CNMV, que entonces presidía Julio Segura. Ambos formaron la lista de investigados.

Pero, tiempo después, esa misma Sala cerró las puertas del banquillo de los acusados al Banco de España y la CNMV con unos argumentos que se han mantenido incólumes hasta la sentencia absolutoria firme conocida hace unos días. Las cuentas supuestamente falseadas, dijeron entonces los jueces, eran una “ficción” en la que “no interviene el Banco de España”. Si había un auditor externo que supervisaba las cuentas, dijo también, “no parece razonable exigir a la CNMV que constatara por sus propios medios que los estados financieros que se presentaban junto al folleto representasen la imagen fiel de la entidad”.

En definitiva, hace ya un lustro los jueces dijeron que no había responsabilidades que exigir a las autoridades que supervisaron la operación más ruinosa de la historia de la banca española. “La ley penal no castiga la ausencia de actividad de la autoridad económica”, afirmaron entonces.

Una década después de la apertura del caso, el Tribunal Supremo ha certificado en firme que no hay reproches penales para Rodrigo Rato y el resto de directivos de la entidad hoy absorbida por Caixabank, y tampoco para la actuación de los organismos que supervisaron todo. “Las normas contables no dejan de resultar, como todas las otras, susceptibles de diversas interpretaciones, sin que la opción por una de ellas, máxime avalada por el Banco de España, pudiera reputarse aquí como en sí misma delictiva”, dice la sentencia del Alto Tribunal.

Unos argumentos exculpatorios que, una vez descartada la responsabilidad penal del Banco de España y la CNMV, han servido también para exonerar a los que sí tomaron directamente las decisiones. Ya dijo la Audiencia Nacional, en una sentencia que sólo recurrieron algunos accionistas minoritarios, que las decisiones sobre la salida a bolsa “fueron resoluciones enteramente contempladas por el Banco de España, que además las aprobó después de calibrar las ventajas y los inconvenientes”.

Todo, dijo la Audiencia, fue “intensamente supervisado con éxito por el Banco de España, la CNMV, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y la Autoridad Bancaria Europea (ABE), contando en definitiva con la aprobación de todas las instituciones”. La Fiscalía, después de pedir cárcel para los acusados, renunció a recurrir y sólo lo hicieron dos accionistas minoritarios, víctimas económicas de la debacle de Bankia.

El aval del Banco de España

La absolución generalizada que ahora ha sellado el Tribunal Supremo vino por una doble vía: por entender que las acusaciones atribuían hechos poco concretos a Rodrigo Rato y los otros 33 exdirectivos, pero también por el aval del Banco de España, la CNMV y el resto de supervisores a toda la operativa. Los jueces explican que ese aval no era una carta blanca para delinquir, pero reconocen que sí jugó un papel clave para que el caso terminara sin condenas.

Esta supervisión, dice el Supremo, “no comporta una suerte de sanación de raíz respecto de cualquier irregularidad o falsedad que las cuentas de las supervisadas pudieran contener, pasara o no desapercibida a las supervisoras”. Ni tampoco un “impedimento inamovible” para exigir responsabilidades. Pero, explican los jueces para cerrar el paso a cualquier acusación, “su intervención no resulta irrelevante”.

El papel del Banco de España y el resto de supervisores, cuestionado brevemente durante unos meses de 2017 por los jueces, se ha terminado convirtiendo en el pilar maestro, aunque no el único, de la absolución de los responsables directos de la operación.

El resultado es un punto y final definitivo por la vía ordinaria a exigir cualquier tipo de responsabilidad a los que capitanearon una salida a bolsa que terminó en un rescate público de 24.000 millones de euros, el más voluminoso de una serie de rescates bancarios cuya factura asciende a más de 70.000 millones. El propio presidente del FROB reconoció hace dos años la “escasa” capacidad para recuperar este dinero.

El folleto de la salida a bolsa

En la Justicia, las responsabilidades penales se tramitan por un camino pero, muchas veces, la vertiente exclusivamente económica se ventila por otra: la jurisdicción civil. Y en ese campo el Tribunal Supremo sí ha declarado que el folleto avalado por lo penal no tenía información precisa sobre la realidad económica de Bankia, su salida a bolsa y la oportunidad que suponía comprar acciones.

“Dicho documento contenía información económica y financiera que poco tiempo después se revela gravemente inexacta por la propia reformulación de las cuentas por la entidad emisora y por su patente situación de falta de solvencia”, afirmó la sala de lo civil del Supremo en 2016. Los pequeños inversores, dijo esa sentencia, se embarcaron en la compra de acciones de Bankia sin saber que la entidad, en realidad, estaba “al borde de la insolvencia, con unas pérdidas multimillonarias no confesadas (al contrario, se afirmaba la existencia de beneficios) y que tiene que recurrir a la inyección de una elevadísima cantidad de dinero público para su subsistencia”.

Esto, según la Sala de lo Penal del Supremo, no choca con una absolución por la vía penal. Ese caso estudió la inversión de dos minoristas y los jueces de lo civil fueron explícitos al subrayar que su condena a Bankia no implicaba que sus responsables tuvieran que responder penalmente. Son “órdenes jurisdiccionales diversos”, recuerda ahora la Sala Penal del Supremo, y uno no tiene por qué influir en el otro.

La Sala Civil afirmó que el folleto tenía “graves inexactitudes” que indujeron a error. Pero, por lo penal, la Audiencia Nacional dijo que la información del folleto era “más que suficiente para que los inversores mayoristas y minoristas se formasen un criterio razonado sobre el valor de la compañía que se estaba ofertando”. Y que, por encima de todo, se había elaborado siguiendo requerimientos del Banco de España y bajo la supervisión de la CNMV.

El exgobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez ha asegurado que la intervención de Bankia por parte del Gobierno “se hizo mal”, pero admite que el supervisor “tuvo que ponerse a disposición” del Ministerio de Economía“ a partir de la segunda mitad de abril de 2012, momento en el perdió ”el control“ del asunto.

Así lo ha indicado Fernández Ordóñez en calidad de testigo en el juicio que investiga la salida a Bolsa de Bankia en julio de 2011 que se celebra en la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares (Madrid).

También ha asegurado que fue “una sorpresa para todos” que el consejo de administración de Bankia y BFA presentaran las cuentas referidas al ejercicio 2011 ante la Comisión Nacional del Mercado de valores (CNMV) sin su correspondiente informe de auditoría. “El Banco de España no fue consciente hasta que apareció en prensa”, ha asegurado en relación a la presentación de las cuentas del banco sin auditar. “Fue una sorpresa para todo el mundo, porque es una cosa no habitual”, ha remarcado.

A pesar de estas declaraciones, Fernández Ordóñez ha insistido en que la forma de integración de las siete cajas que dieron lugar a Bankia mediante el Sistema Institucional de Protección (SIP) fue una idea “ingeniosa, ha funcionado y finalmente la entidad ha acabado bien”.

Fernández Ordóñez ha relatado que el 17 de abril de 2012 aprobó un plan a Bankia condicionado a un cambio de gestores, desinversiones y saneamientos, si bien el avance del informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) hizo que el escenario planteado cambiara. “El informe tuvo una relevancia tremenda”, ha precisado.

“El documento tenía utilidad si se publicaba después. Los problemas de los bancos se conocen cuando ya se han solucionado. Este se publica antes”, ha reprochado el exgobernador de la autoridad monetaria. “A partir de aquí salta todo por los aires”, ha aseverado, explicando que la solución ya no eran las condiciones que incluidas en la aprobación del plan.

Fue en este momento cuando Fernández Ordóñez considera que el supervisor “perdió el control” de todo lo que ocurrió y niega conocer la reunión que en mayo mantuvieron el entonces presidente de Bankia Rodrigo Rato, el ministro de Economía Luis de Guindos y los presidentes de las tres mayores entidades financieras españolas (Emilio Botín, del Santander; Francisco González, de BBVA, e Isidro Fainé, de Caixa) donde se le forzaría a Rato a anunciar su dimisión.

“Estábamos en Basilea, no había nadie del supervisor presente y no se nos pidió opinión. A partir de aquí decidimos que había que ponerse a disposición del ministro y apoyarle en todo lo que dijera. Imagínense si trasladamos la opinión de que el Banco de España está en contra de lo que dice De Guindos”, ha resaltado.

Fernández Ordóñez ha apuntado que la credibilidad de los ministros “en general es muy baja”. “Hubiera sido un dislate total”, ha indicado. “Nos pusimos a disposición del Gobierno en la nacionalización, aunque nuestra visión es que se había hecho mal”, ha sentenciado.

“Bancaja no aguanta”

El exgobernador del Banco de España Miguel ha rebatido este lunes al expresidente de Bancaja José Luis Olivas, y ha afirmado, en calidad de testigo, que la entidad levantina no habría “aguantado” sin haberse integrado con Caja Madrid y otras cinco cajas en el grupo financiero BFA-Bankia.

“Bancaja no aguanta, Bancaja no puede, ahora está cumpliendo pero en unos meses con la situación que tenemos, no aguanta”, ha recordado que le comunicaron los inspectores del organismo con motivo de la preparación del encuentro que mantendrían Ordóñez y su segundo, Javier Aríztegui, con Olivas para instarle a formar parte del proyecto.

Según ha explicado, el Banco de España se vio obligado a celebrar aquella cita después de que el expresidente de Caja Madrid Rodrigo Rato les comunicara que su homólogo en Bancaja “no se pone al teléfono”.

“Por eso, el subgobernador organiza una reunión a la que acudo, algo poco habitual, un poco para decirle a Olivas que el sólo no iba a funcionar”, ha respondido a la fiscal del caso, Carmen Launa.

Un discurso que contradice la declaración de Olivas el pasado 25 de febrero, quien afirmó que “no veía” la integración con Caja Madrid y el resto de cajas “porque Bancaja era solvente y tenía un 52 % de solvencia por encima de la exigida”.

En este sentido, Ordóñez ha aseverado haberse sentido “sorprendido” por el hecho de que “una persona que tiene todos los datos” -en alusión al presidente de Bancaja- negara los potenciales problemas de la caja, no en vano quien antes se entera de ellos “es el gestor”.

En su opinión, el Banco de España “no sacó el bate de béisbol sino que lo que le dijeron a Olivas es que creían que la entidad no podía subsistir sola”, señala el ex gobernador para

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha dado por concluida la instrucción sobre la salida a bolsa de Bankia, y ha dictado auto de procesamiento contra un total de 34 personas, entre las que está el ex presidente de la entidad Rodrigo Rato. El magistrado exculpa al Banco de España y a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) al considerar que no ayudaron al falseamiento de las cuentas de la entidad.

El auto, contra el que cabe recurso, procesa también a otras personas con responsabilidad en la entidad, como José Luis Olivas, Francisco Verdú, José Manuel Fernández Norniella, Ángel Acebes, Javier López Madrid (el compiyogui) o Arturo Fernández. También se juzgará a la propia entidad por delitos de falsedad en las cuentas anuales y fraude de inversores. También se juzgará al auditor externo, Francisco Celma, por sus informes favorables elaborados sobre los estados financieros de Bankia, durante los meses de la salida a Bolsa. 

El juez, sin embargo, no cree que Deloitte (que si será responsable civil), la CNMV y, en especial, el Banco de España tuviese ninguna responsabilidad en la salida a Bolsa de Bankia con unas cuentas falseadas. No participaron en el hecho delictivo, sostiene Andreu, en contra de los defendido por la acusación popular, que ejerce la Confederación Intersindical de Crédito.

El caso se cierra ahora tras cinco años de investigación. Las partes disponen de un mes para solicitar la apertura de juicio oral o el sobreseimiento del caso. El auto es recurrible en la Sala de lo Penal, que, en contra del criterio del juez, sí que consideró oportuno investigar la responsabilidad de los altos cargos del Banco de España y la CNMV, entre los que están Miguel Ángel Fernández Ordóñez, Javier Aríztegui o Fernando Restoy.

El magistrado recuerda que el delito de falsedad en las cuentas anuales se imputa a quien falsea los balances y cuentas anuales, como hicieron los administradores de Bankia y su matriz, BFA. Fueron ellos quienes “aprobaron unas cuentas maquilladas sobre la verdadera situación de las entidades que administraban, que no reflejaban la imagen fiel de las mismas”, refleja el auto.

El escrito del juez Andreu considera que los consejeros investigados falsearon la información económica que contenía el folleto informativo elaborado para la salida a Bolsa. Le acusación popular sostuvo durante el proceso que los supervisores del Banco de España y la CNMV tuvieron responsabilidad en la salida a Bolsa por no detectar ese falseamiento de las cuentas.

En concreto, la Confederación Intersindical de Crédito señaló a los responsables del Banco de España, que vigilaron todo el proceso de salida a bolsa, y que, como se comprobó durante la investigación, recibieron avisos internos de que los datos que ofrecía Bankia no se correspondía con la realidad de sus cuentas. Uno de sus inspectores alertó del fracaso que supondría la operación, pero sus advertencias se perdieron en una maraña de altos cargos, que las tamizaron en sus informes finales.

El juez reprocha a la acusación popular que no haya explicado bien “el criterio que ha seguido para imputar a los miembros de ambas instituciones”. En el caso de la CNMV, el juez cree que no parece razonable exigirle “que constatara por sus propios medios que los estados financieros incluidos en el folleto y avalados por el auditor representasen la imagen fiel de la entidad”.

En cuanto al Banco de España, Andreuel reitera que no fue decisión suya la salida a Bolsa, aunque no se opusiera a ella y que “no ha participado en la ficción de aparentar solvencia donde no la había”. No se castiga la incorrecta o errónea decisión de salir a Bolsa, una cuestión que “podría ser objeto de examen y de exigencia de responsabilidad en otro foros, más no en éste, al carecer de relevancia penal”.

El inspector del Banco de España José Antonio Casaus se sentó frente a su ordenador el 8 de abril de 2011, semanas antes de la salida a Bolsa de Bankia, para escribir un email a su jefe en el que le alertaba de que esa decisión sería un fracaso. Unos días después redactó otro email. “Buenas tardes pero muy malos resultados”, decía a modo de saludo.

Un mes después enviaba el correo más extenso con un análisis pormenorizado de por qué BFA-Bankia acabaría quebrando.

En julio, la entidad resultante de la fusión de siete cajas salía a Bolsa para ser rescatada apenas un año después con 22.4000 millones de dinero público. La Audiencia Nacional trata de averiguar qué hizo el Banco de España con esas advertencias, por qué ignoró ese pronóstico que se demostró acertado.

Es una de las derivadas del caso Bankia, que ha llevado esta semana a ocho altos cargos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y del Banco de España (BdE) a declarar como imputados. Los primeros han desviado la responsabilidad hacia los segundos, pero en el supervisor bancario se pierde el rastro de las advertencias según se escala en el organigrama directivo.

Quien fuera su máximo responsable, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, ha confirmado que no recibió los correos, pero ha dado un paso más negando la evidencia: que los correos acertaron.

La acusación popular, que ejerce la Confederación Intersindical de Crédito (CIC) ha intentado averiguar por qué se ignoraron las advertencias. Asume ese trabajo por dejación del juez instructor, Fernando Andreu, y el fiscal, Alejandro Luzón, que no han preguntado a ninguno de los imputados. Ambos se opusieron a esta tanda de citaciones al considerar que no se podía achacar ningún delito a los responsables de la CNMV y el BdE. Solo el abogado de la CIC, Andrés Herzog, y algún que otro abogado defensor han preguntado a los ejecutivos.

Se esperaba con especial atención lo que dijese Pedro Comín, el supervisor que recibió en su bandeja de entrada los correos de Casaus. Ante el juez ha reconocido que no reenvió esos emails a la cúpula del organismo que vigilaba las cuentas de Bankia ante el comienzo de su cotización. Tan solo discutió el contenido de las advertencias con su jefe inmediato, Pedro González. Este siguió la estela de su subordinado y declaró que trasladó lo sustancial de los temores de Casaus, no su totalidad, al subgobernador Javier Aríztegui, porque Fernández Ordóñez estaba a “otras cosas”.

Las advertencias del inspector se fueron diluyendo en la maraña de cargos intermedios y en la multitud de informes que se redactaron antes de la operación financiera, cuyo objetivo era que Bankia captase los fondos suficientes para mantenerse a flote.

Comín y González redujeron los pronósticos a una nota a pie de página en un documento que ni siquiera llegó a la cúpula. Aríztegui supo que un inspector dudaba de la salida a Bolsa, pero no le tomó en serio.

Nadie respondió a sus advertencias

Casaus nunca recibió una contestación. Nadie respondió a sus correos, ni le pidió más explicaciones sobre unas previsiones que harían tambalearse al sistema financiero español. Ningún ejecutivo del Banco de España le llamó a su despacho para que aclarase algunos puntos que no cuadraban de su análisis. Si detectaron errores, como han señalado en sus declaraciones, han esperado seis años para hacérselo saber, porque en ese momento Casaus no pasó de ser un funcionario que se separaba de la línea oficial: Bankia era solvente y vender sus acciones a inversores privados era la mejor solución para garantizar su futuro.

Durante esta semana, los directivos del Banco de España han centrado sus esfuerzos en desacreditar los correos. Todos, menos el gobernador, supieron de su contenido pero lo encuadraron en “opiniones de futuro”. Eran meras previsiones financieras fruto de la inmediatez y la espontaneidad, poco rigurosos. “No estaban suficientemente pensados”, dijo Comín. Tratan de desterrar la idea de que ignoraron las advertencias por las presiones políticas para que Bankia saliese a Bolsa.

En la construcción de ese relato habían trazado un cortafuegos ante Fernández Ordóñez. Nunca le llegaron los correos ni las advertencias, a pesar de ser el máximo responsable del supervisor. Su defensa estaba clara: podía argumentar que nunca supo nada. El reproche podría ser ético, por no haber prestado suficiente atención a una operación de esas características, pero no penal. Sin embargo, el exgobernador ha decidido ir más allá y sumarse al descrédito de los correos con un ataque complicado de sostener. Dijo que nadie le reenvió los correos porque estaban equivocados.

Según explicó al juez, sus subordinados hicieron bien en no hacerle partícipe de los temores de Casaus porque estos estaban errados. Cuando un abogado presente en la declaración le pidió que fuese más específico, Fernández Ordóñez se fue por las ramas. No entró a detallar en qué se habían equivocado unas previsiones que alertaron de que Bankia tendría que ser rescatada con 15.000 millones de euros de dinero público, y que tan solo se quedaron cortas en esa cantidad.

Fernández Ordóñez, como también apuntó Aríztegui, dijo que Bankia había quebrado en tan solo un año debido a la segunda recesión que vivió España en 2011. En nada había influido el estado de sus cuentas, de las que los exdirectivos han dicho que nadie dudaba. Un terremoto financiero inesperado y un sistema regulatorio deficiente habían tumbado a una entidad que salía al mercado con unos números revisados y aprobados por el Banco de España.

Bankia era el banco malo, BFA el muy malo

José Antonio Casaus fue el último en declarar, en su caso como testigo. Su descripción de los hechos difiere totalmente de la de sus superiores y retrata un Banco de España plenamente consciente de los riesgos de que Bankia empezase a cotizar. Lo resumió en una frase que apuntó el abogado Andrés Herzog en su libreta: “Nadie me discutía que el grupo (BFA-Bankia) estaba muerto”. Según su versión, los supervisores de la entidad sabían que la entidad no sobreviviría a la operación.

El ambiente que ha descrito Casaus ante el juez apunta a que la insolvencia de Bankia era un tema que se trataba a diario. A modo de anécdota, contó al juez que durante una conversación, un compañero le pidió que dejase de referirse a la matriz de la entidad dirigida por Rodrigo Rato -BFA- como un “banco malo”. Su respuesta fue que tenía razón, que Bankia era el malo y BFA el “muy malo”.

Ha insistido en que el Banco de España supo que las cosas no iban bien antes de que Bankia se vendiese a los inversores. Sus resultados del primer trimestre de 2011 hacían pensar lo peor, pero nadie levantó la voz de alarma, salvo él. Los altos cargos le han reprochado que solo alertase por correo, y no por los cauces oficiales, pero él asegura que también plasmó sus miedos en los informes de seguimiento. El resto de inspectores también estaba al tanto de que la entidad no sobreviviría al mercado, así que Casaus propuso a sus jefes varias alternativas que no fueron atendidas, como la venta a un banco extranjero. De fondo, de nuevo, resonaba el eco de las supuestas presiones para que Bankia saliese a Bolsa.

Tanto el exgobernador como su mano derecha han negado la existencia de esas prácticas. Fernández Ordóñez añade que él no presionó a inversores para que comprasen acciones, porque sería impensable, dijo, que intercediese a favor de un banco supervisado. Aríztegui descartó presiones del poder político, y dijo que estas solo se producían a través de los reales decretos que promulgaba el Gobierno, como el de 2009, que impulsaba la fusión de las cajas.

Aún está pendiente la declaración de los peritos Víctor Sánchez y Antonio Busquets, cuyo informe sirve de base para la causa. Su versión de los hechos está más próxima a la de Casaus, en cuanto a que aseguran que las cuentas de Bankia no estaban saneadas, como afirma el Banco de España.

Tras su testimonio, el juez Andreu tendrá que decidir qué hace con el caso, en función de qué versión considere válida: la de los antiguos ejecutivos del Banco de España –“los políticos”, como les ha definido un letrado del caso–, o la de los técnicos, que apuntan a que el supervisor dio vía libre a la botadura de Bankia conscientes de que tenía una vía de agua.

Cinco años después de que se aprobara el rescate bancario, el Congreso de los Diputados comienza a debatir la creación de una comisión de investigación que desgrane las responsabilidades políticas de una decisión que ha costado a los españoles, según el Tribuna del Cuentas, más de 60.000 millones. La Junta de Portavoces del Parlamento ha decidido que el pleno de la semana que viene discuta la creación de una comisión de investigación sobre el rescate bancario y la salida a bolsa de Bankia. La iniciativa fue de Unidos Podemos, y se han sumado PSOE, ERC y Grupo Mixto. 

Unidos Podemos-En Comú-En Marea registró el pasado mes de enero una petición para investigar el rescate que solicitó en 2012 el Gobierno de Mariano Rajoy. Ya entonces, Izquierda Unida hizo la misma petición. Pero la mayoría absoluta del PP tumbó la propuesta. Ahora, con otros equilibrios, la solicitud vuelve a estar sobre la mesa y tiene muchas más opciones de salir adelante.

El portavoz adjunto de Unidos Podemos, Alberto Garzón, ha asegurado antes de la Junta de Portavoces que, si se aprueba la propuesta, “la semana que viene se podría debatir la creación de una comisión de investigación sobre la crisis financiera”. Algo que, para el representante de IU, “fue corrupción legal”.

Garzón ha explicado que su petición no se circunscribe a Bankia, en referencia a la petición que ha registrado esta misma mañana el PSOE. El portavoz socialista, Antonio Hernando, ha aseguradi que su grupo apoyará la de Unidos Podemos.

Además de la de Unidos Podemos hay registradas otras tres peticiones: una de Ciudadanos, otra de ERC y una, este mismo partes, del PSOE. La decisión de la Junta de Portavoces es que se estudien todas juntas, aunque la Mesa del Congreso de momento solo ha calificado (admitido) la de Unidos Podemos.

Alberto Garzón, que ha comparecido en rueda de prensa junto a Alberto Montero, Josep Vendrell y Yolanda Díaz, ha reconocido que no saben si va a ser posible acumularlas, pero le ha restado importancia a este punto: “Nos dan igual los acuerdos técnicos, pero nuestra propuesta es lo suficientemente amplias”.

En cualquier caso, parece bastante claro que saldrá adelante una comisión parlamentaria que investigue el rescate bancario y su gestión. “Si contamos con el voto a favor de PSOE y Ciudadanos, en dos semanas habrá una comisión de investigación histórica para poder poner nombres y apellidos a la crisis”, ha señalado Garzón. 

El PSOE ha presentado este martes una solicitud similar pero circunscrita al proceso de “nacionalización y saneamiento” de Bankia. Sobre la petición registrada este martes por el PSOE, Garzón ha dicho que “hacen bien” aunque ha lamentado que “parece más una muestra por competir”. “No importa quién promueva, sino que se haga”, ha apuntado.

El portavoz de Unidos Podemos ha recordado la “afinidad” del exgobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, con el PSOE. Este lunes, la Audiencia Nacional ha imputado a ocho responsables de Banco de España y CNMV en un auto que marca el terreno para esta fase final de la investigación Todo debe ser parte de la investigación. Los magistrados que revisan las decisiones del juez instructor ven en Fernández Ordoñez y el resto indicios “múltiples, bastantes y concurrentes”.

El portavoz del PP, Rafael Hernando, ha asegurado que no se opondrán a la creación de dicha comisión: “Los ciudadanos tienen que saber que los asuntos que se hicieron mal en el pasado no van a poder reproducirse en el futuro”.

Como un penalti en el tiempo de descuento, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional acaba de condicionar la fase final de la instrucción del caso Bankia, en la que se dirime quiénes acompañarán a Rodrigo Rato y su equipo en el banquillo de los acusados.

La pena máxima, en este caso, va en contra de los responsables del Banco de España y la CNMV que dieron luz verde a la fusión de cajas y la salida a bolsa de la entidad resultante en el último tramo del Gobierno socialista. Ante la negativa del juez y el fiscal a imputar a Miguel Ángel Fernández Ordoñez y Fernando Restoy, entre otros, los jueces de la Sección Tercera han concluido que existen indicios “múltiples, bastantes y concurrentes” sobre su “corresponsabilidad” en el desastre.

El partido del caso Bankia prometía desde hace tiempo decidirse en terreno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, la instancia habilitada para ratificar o corregir las decisiones del magistrado Fernando Andreu. El juez daba una de cal y otra de arena a las pretensiones de la acusación popular, ejercida por el abogado Andrés Herzog, en representación de la Confederación Intersindical de Crédito (CIC).

De un lado, el magistrado avanzaba hacia la apertura de juicio oral contra Rato y su equipo e incluía entre los imputados a la auditora Deloitte. Y lo hacía a pesar de que el fiscal, Alejandro Luzón, cuestiona la prueba sobre la que se sostiene el caso, el informe de los peritos del Banco de España que han trabajado a las órdenes exclusivas del juez y que concluyeron que el presidente de la entidad entonces y sus colaboradores maquillaron las cuentas de Bankia para poder salir a bolsa. Del otro lado, Andreu se resistía a imputar a los supervisores, de acuerdo con el fiscal y en contra de lo que solicitaban Herzog y el colectivo 15MpaRato.

Este lunes, en una decisión unánime, la Sección Tercera ha corregido a Andreu y ha ordenado que cite a declarar como imputados al exgobernador del Banco de España, Fernández Ordoñez; al expresidente de la CNMV, Julio Segura; y a otras seis personas, de acuerdo a la solicitud del la Confederación Intersindical de Crédito (CIC).

Los correos como desencadenante

Rechazada con anterioridad una petición similar, el descubrimiento de unos correos electrónicos del máximo responsable de la Inspección del Banco de España ha hecho virar a la Audiencia Nacional. En ellos, José Luis Casaús advertía de la situación real de la entidad y de la “nacionalización de las pérdidas” que terminaría suponiendo la salida a bolsa, lo que ha hecho variar el criterio de la Audiencia Nacional.

Entre esos otros seis imputados destaca Fernando Restoy, figura clave del aparato financiero del Estado con el PSOE y el PP, por haber desempeñado los cargos de vicepresidente del regulador, subgobernador del supervisor, presidente del FROB y salir de España recientemente con un retiro dorado en el Banco Internacional de Pagos de Basilea. Se da la paradoja de que Restoy presidió el Fondo de Reestructuración Bancaria, el organismo creado por el Gobierno para gestionar el rescate de la banca y que ejerce, aunque solo formalmente, la acusación particular en el caso Bankia.

No en vano, el FROB, la CNMV y el Banco de España, con el respaldo de la Fiscalía, protagonizaron una ofensiva para tumbar el caso Bankia a principios de 2015 que encendió la luz de alarma en el juez Andreu.

Otro imputados, además de Restoy, habían permanecido en el cargo o habían sido promocionados desde el rescate de Bankia, al que se dedicaron 23.500 millones de euros del erario público en plena crisis económica. Sin embargo, y tras conocerse la imputación, el Banco de España anunció en la tarde del lunes las dimisiones del director general de Supervisión, Mariano Herrera; su adjunto, Pedro Comín; y el director del Departamento de Inspección IV, Pedro González;

La posibilidad de que Fernández Ordoñez, Restoy y el resto acaben compartiendo el banquillo con Rato y su equipo dependerá, en parte, del contenido de sus declaraciones. Pero el auto de la Sala de lo Penal deja poco margen para que salten de los escritos finales de acusación. Según recuerda Andrés Herzog, una imputación en la fase final de la instrucción requiere de unos “indicios reforzados” no necesarios cuando una investigación echa a andar.

Una decisión unánime

La contundencia del auto de la Sección Tercera tampoco permite intuir que esas declaraciones vayan a hacer cambiar de parecer a los magistrados de quien depende, en última instancia, la decisión de sentarlos en el banquillo. “El contenido completo de tales correos electrónicos no deja lugar a dudas sobre la expresa, previa y contundente información que la dirección del Banco de España tuvo, tempestivamente, acerca de la inviabilidad del grupo y la falacia de los resultados efectuada por el equipo de inspección del mismo Banco de España”, asegura la jueza Clara Bayarri en su auto, asumido por sus compañeros Antonio Díaz Delgado y Ana María Rubio Encinas.

La Sala de lo Penal también ha tenido oportunidad de corregir al fiscal Luzón, quien considera que la petición de imputación de los citados excede los límites de la presente investigación. Luzón defiende que se investiga un delito de falseamiento de cuentas, recogido en el artículo 282 bis del Código Penal, y que para atribuir otros delitos, como la estafa a los inversores, debería darse en los responsables del Banco de España y la CNMV una actitud dolosa que no aprecia. Sin embargo, la Sala de lo Penal asegura que no es momento de delimitar a un solo delito la instrucción, que para eso ya estarán los escritos de acusación, y viene a decir que en otros delitos pudieron actuar como cooperadores necesarios.

“Hemos llegado al momento de la exigencia de las responsabilidades políticas”, asegura Herzog tras las imputaciones del lunes. “Son muy importantes porque Rato y Deloitte podrían haber descargado la culpa en el Banco de España y la CNMV durante el juicio. Al no estar acusados éstos, el juicio habría acabado un paripé. Esos organismos no solo autorizaron la salida a bolsa sino que también la promovieron”, asegura el letrado de la acusación popular.

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha cerrado la puerta a la posibilidad de depurar las responsabilidades de los órganos supervisores y reguladores, controlados por el poder político, en el caso Bankia y por extensión en la crisis económica que ha asolado España. Andreu se ha opuesto a que declaren como imputados el exgobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordoñez, y el exvicepresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y hoy subgobernador del Banco de España, Fernando Restoy, como había pedido la acusación popular, ejercida por la Confederación Intersindical de Crédito (CIC).

En un auto, Andreu también rechaza citar como investigados al director general de Supervisión del Banco de España entre 2006 y 2009, Javier Arístegui, así como al que fue nombrado director del Departamento de Cajas de Ahorro el 22 de mayo de 2008 y director general de Supervisión en abril de 2009, Jerónima Martínez Tello.

El titular del Juzgado Central de Instrucción 4 de la Audiencia Nacional deniega la práctica de estas diligencias al entender que se trata de una petición “impertinente e inútil, por infundada”.

La resolución señala que, tal y como indica la Fiscalía en su informe, la parte acusadora no determina con la precisión necesaria cuál es el título de imputación por el que se pretende atribuir responsabilidad criminal a los funcionarios de los citados organismos y recuerda que “no es posible la construcción jurídica por la que se pretende llevar a la condición de investigados a los responsables del Banco de España y la CNMV”.

“Y ello desde el momento en que el delito que se investiga en el presente procedimiento es el tipificado en el artículo 282 bis del Código Penal, que contempla un delito de estafa a inversores, de manera que la esencia, la médula del tipo no es otra que el engaño, lo que requiere un dolo específico, de forma y manera que en ningún caso cabe la participación imprudente en un delito de estafa”, añade el juez.

El magistrado también se apoya para rechazar las diligencias las resoluciones de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional frente a la reclamación de indemnización ejercida por tres inversores en Bankia contra el Banco de España y otra de la misma Sala en una demanda contra la CNMV y el Ministerio de Economía y Competitividad por los daños y perjuicios causados a los demandantes con la salida a bolsa de Bankia. Resoluciones a las que se añade, dice el auto, los dictámenes del Consejo de Estado en los que también se desestiman las reclamaciones presentadas.

El juez concluye que las diligencias interesadas debe ser rechazadas al “carecer de todo fundamento” y ello por cuanto la única forma de participación en los delitos investigados lo sería “mediante la comisión dolosa de los mismos, lo que supondría que todos los funcionarios del Banco de España y de la CNMV (…) participaran de forma consciente, voluntaria y materialmente al resultado lesivo, esto es: a la causación del perjuicio a los inversores y ello dentro de un plan delictivo acordado con los querellados en el que a aquellos les correspondería hacer cuanto pudieran desde sus cargos públicos para mantener una calculada inacción institucional, tal y como indica el Ministerio Fiscal”.

“En efecto –continúa el auto- no cabe otra forma de hablar propiamente de ”participación“ en sentido jurídico penal. Y dicha elaboración fáctica es inverosímil. No sólo no existen elementos en la causa que permitan sostener esta atribución dolosa de participación –ni siquiera a título de dolo eventual- sino que la misma resulta radicalmente incompatible con la intervención que Banco de España y CNMV han tenido de cara a la corrección de diversas malas prácticas en su momento detectadas.

El magistrado subraya, asimismo, que la petición de la Confederación Intersindical de Crédito (CIC) se realiza “nada menos” que cuatro años después de que se iniciara la investigación y cuando la instrucción se encuentra “prácticamente conclusa”.

La auditora Deloitte, firma encargada de dar el visto bueno a las cuentas de Bankia antes de que saliera a bolsa y acabara rescatada con 23.500 millones de dinero público, señaló el pasado 20 de junio al Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores. El socio auditor Francisco Celma declaró como imputado y trasladó a Andreu dos cartas que demostrarían el aval que supervisor y regulador dieron a su trabajo.

La acusación popular recurrirá

La CIC ha anunciado recurso ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en cuanto ha conocido la noticia. Su secretario general, Gonzalo Postigo, ha recordado que la imputación de la auditora Deloitte fue acordada a la tercera petición en ese sentido. “No vamos a parar hata que logremos la imputación de los responsables del Banco de España y la CNMV”, ha declarado a eldiario.es.

El abogado que ejerce la dirección letrada de la CIC y, por extensión, de la acusación popular, Andrés Herzog, ha rechazado el argumento del juez de que no haya dolo en la actuación de los responsables de los órganos supervisor y regulador. “No lo decimos nosotros, lo dice el informe pericial. La salida a bolsa fue una huida hacia delante de los consejeros de la matriz de Bankia, BFA, de acuerdo con la línea del Banco de España. Ese es el dolo”, ha dicho Herzog.

Con el país sumido en la mayor crisis económica en décadas, Miguel Fernández Ordóñez, uno de los paladines de la austeridad, cobró más de un millón de euros del Banco de España desde 2009 hasta su cese como gobernador de la entidad, el 10 de junio de 2012, según un cálculo basado en los datos sobre el sueldo bruto de Ordóñez y la indemnización de 348.751 euros que, según desveló en un informe publicado este martes por el Tribunal de Cuentas, cobró tras su cese. El mandato del gobernador del Banco de España es de seis años pero solo se pueden hacer cálculos con los últimos cuatro años.

En 2008, Miguel Ángel Fernández Ordóñez había comenzado su discurso de moderación salarial como clave para salir de la crisis que mantuvo durante el resto de su mandato con llamadas constantes a la reforma laboral. Su indemnización supera con mucho los 45 días por año trabajado que ya no pueden percibir los españoles con contratos desde 2012.

No hay disponibles cifras de la retribución de Ordóñez en 2006 (año en que fue nombrado, concretamente el 8 de marzo de aquel ejercicio), 2007 y 2008 porque, a diferencia de sus homólogos europeos, el Banco de España siempre había mantenido en secreto el sueldo de su gobernador hasta que, en mayo de 2010, días después de que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero anunciase un recorte histórico del gasto social para intentar atajar la crisis de la prima de riesgo, la entidad reveló por primera vez la retribución de su máximo responsable. Entonces esta era de 194.148 euros brutos anuales, cifra que Ordóñez se comprometió a rebajar un 15% para 2010, hasta 165.026 euros anuales.

En 2011, siempre según el Banco de España, Ordóñez tuvo un sueldo de 176.000 euros y entre enero y junio de 2012 (hasta su cese), su salario bruto fue de 79.250 euros, “incluyendo antigüedad y ayuda familiar”, según el informe anual del supervisor en ese ejercicio.

Sin embargo, ahora se ha sabido que las cifras anunciadas eran inferiores a las reales, ya que en ellas no se incluían las dietas por asistencia a reuniones del consejo de Gobierno y la comisión ejecutiva del supervisor bancario.

Por eso, los 348.751 euros de indemnización que Ordóñez, actualmente jubilado, recibió en tres ejercicios (92.641 euros en 2012, 177.307 euros en 2013 y 78.803 euros en 2014) están por encima de lo esperado. Teniendo en cuenta su último sueldo conocido por un año completo (los 176.000 euros de 2011), su indemnización durante dos años, equivalente al 80% del sueldo, habría sido en teoría de 280.000 euros.

El Tribunal de Cuentas ha revelado que, para calcular la compensación de Ordóñez se tuvieron en cuenta, “además de su sueldo, diversos complementos y las dietas de asistencia a las reuniones del Consejo de Gobierno y de su Comisión Ejecutiva” en el año previo a su cese. El primero de esos órganos se reunió 15 veces en ese periodo y el segundo, otras 55, lo que contribuyó a engordar el finiquito de Fernández Ordóñez.

El Tribunal de Cuentas ha desvelado que el anterior gobernador del Banco de España y apóstol del abaratamiento del despido, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, cobró una indemnización de 348.751 euros tras abandonar el organismo supervisor. Así consta en el 'Informe de fiscalización del cumplimiento de la normativa en materia de indemnizaciones recibidas por cese de altos cargos y del régimen retributivo de altos directivos de determinadas entidades del sector público estatal' de los años 2012 a 2014 publicado este martes.

La cifra, que Fernández Ordóñez cobró entre 2012 (92.641 euros), 2013 (177.307 euros) y 2014 (78.803 euros), es mayor a lo esperado porque, teniendo en cuenta su último sueldo conocido (176.000 euros anuales), su indemnización durante dos años (80% del sueldo) habría sido en teoría de 280.000 euros.

El Tribunal de Cuentas revela que para calcular la compensación de Ordóñez, que tras cobrar esa compensación se jubiló para cobrar una pensión pública, se tuvieron en cuenta, “además de su sueldo, diversos complementos y las dietas de asistencia a las reuniones del Consejo de Gobierno [quince reuniones en el año anterior a su cese] y de su Comisión Ejecutiva [otras 55 reuniones en el año previo a su cese en junio de 2012]”.

El Tribunal de Cuentas, que considera “adecuado” este cálculo, sí critica la indemnización de 322.961 euros abonada a José Antonio Alepuz, secretario general del Banco de España desde 2002 hasta septiembre de 2011, cuando renunció voluntariamente para fichar por La Caixa.

La cifra abonada a Alepuz, que incluye una compensación de 281.476 euros de indemnización en abril de 2012 a razón de 45 días por año trabajado, “contrasta con la indemnización que se satisfizo al gobernador del Banco de España, cesado posteriormente, pese a que sus restricciones para el ejercicio de otra actividad eran mucho mayores”.

El informe también cuestiona que cuatro directivos del Instituto de Crédito Oficial (ICO) y uno de la entidad RED.es cesaron de sus cargos días antes de la aprobación de la reforma laboral de 2012, lo que les permitió cobrar indemnizaciones “muy superiores” a las que les hubiera correspondido con la nueva normativa. La reforma laboral del PP limitó las indemnizaciones a siete días por año de servicio con seis mensualidades máximas para los directivos públicos, eliminó las indemnizaciones cuando el alto cargo fuera empleado de una entidad pública con reserva de plaza y redujo a 15 días el plazo para comunicar el desestimiento.

Hasta un día antes

Unas condiciones que no se aplicaron a cuatro directivos del ICO y uno de RED.es, que cesaron entre el 17 de enero y el 10 de febrero de 2012 (un día antes de la aprobación de la reforma laboral), y que percibieron las indemnizaciones máximas estipuladas en sus contratos: 45 días de salario bruto anual fijo por año trabajado e indemnización de tres meses de salario bruto anual fijo por preaviso incumplido.

Esto supone que el director general adjunto a la Presidencia del ICO recibió 33.663 euros de indemnización, el director general de Negocios 62.967 euros, el director general comercial 49.207 euros y el director general de Riesgos y Control Financiero 46.780 euros. En total, 192.617 euros.

Según el Tribunal de Cuentas, si los ceses se hubieran producido unos días más tarde, los dos primeros cargos no habrían tenido derecho a indemnización alguna por reintegrarse en sus puestos de trabajo en el mismo ICO y los otros dos habrían cobrado una cuantía “muy inferior”.

En el caso de RED.es, su director Económico-Financiero firmó la notificación y el finiquito el 10 de febrero de 2012, con una nota manuscrita señalando que le faltaba por percibir el importe de la retribución por objetivos de 2011, de 18.974 euros, que se liquidó en una nómina adicional en marzo. Además, cobró 102.412 euros por las indemnizaciones máximas por cese.

Según se detalla en el documento del organismo que preside Ramón Álvarez de Miranda, entre 2012 y 2014 se produjeron 55 ceses en las entidades fiscalizadas con derecho a percibir prestaciones indemnizatorias o pensiones compensatorias, que finalmente cobraron únicamente 45 directivos, por un importe total de 4,43 millones de euros.

En cuanto a las retribuciones abonadas a los altos cargos en dicho periodo sumó casi 38 millones de euros, destacando los 17,18 millones destinados al Instituto Cervantes, los 3,92 millones de la CNMV, los 3,28 millones del ICEX y los 3,14 millones de la CNE. No obstante, en los tres años analizados el número total de directivos en los organismos pasó de 151 a 126.

No ha sido la primera, ni será tampoco la última. La apuesta de Luis María Linde por permitir sueldos por debajo del salario mínimo interprofesional para algunos trabajadores ha supuesto una vuelta de tuerca más en la particular escalada de recomendaciones iniciada por su antecesor, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, en materia de empleo.

Los consejos sobre mercado laboral y pensiones se han incorporado en los últimos años a la batería de recomendaciones del Banco de España, como si de un miembro más de la troika se tratara, a pesar de ser materias aparentemente lejanas a las competencias del supervisor bancario. Si muchas de las propuestas de Fernández Ordóñez resultaron polémicas en su momento, la última sugerencia de Luis María Linde ha rebasado una línea roja hasta ahora infranqueable: el suelo de los salarios o, lo que es lo mismo, qué marca o no una remuneración “digna”.

Sindicatos y miembros de los distintos gobiernos calificaron en su momento de intromisiones las propuestas de Fernández Ordóñez aunque buena parte de ellas fueran finalmente adoptadas. En sus críticas no han faltado alusiones al hecho de que, mientras el supervisor bancario realizaba sugerencias en materia laboral o de pensiones, no aplicaba el mismo celo a la hora de evaluar la situación de un sistema financiero tambaleante.

Moderación salarial y abaratamiento del despido

Miguel Ángel Fernández Ordóñez (conocido como MAFO), que tomó posesión del cargo de gobernador en julio de 2006, no tardó en marcar cierta distancia con el Gobierno del que había formado parte como secretario de Estado de Hacienda. En octubre de ese mismo año, MAFO sugería ya al Ejecutivo socialista que aplicara “reformas laborales más ambiciosas”, aunque, eso sí, “con paz social”.

Las llamadas a la paz social irían poco a poco diluyéndose hasta adoptar una postura de enfrentamiento abierto con los sindicatos e incluso con miembros del Gobierno socialista. El salto cualitativo llega en febrero de 2009. Con el paro acercándose al 16%, el gobernador del Banco de España, que había pedido ya desligar los incrementos salariales del IPC, apuesta abiertamente por abaratar el despido. En un acto en Zaragoza, MAFO califica la protección al trabajador (entonces 45 días por año) de “ineficiente”, “desincentivadora de nuevas contrataciones” y contraria a “la creación de empleo y el crecimiento de empresas más competitivas”. Frente a ello, reclama una reforma “profunda urgente e imprescindible” del mercado laboral.

“No debemos ir por ese camino”, advierte el presidente del Gobierno un día después al tachar de “neoconservadoras” las propuestas que “pretenden adelgazar el Estado del Bienestar”. El ministro de Trabajo de la época, Celestino Corbacho, recuerda a MAFO que el problema más grave de la economía española no está en el mercado laboral, sino en la falta de liquidez. “El gobernador del Banco de España no debe estar ausente en ese análisis”, señala. Los sindicatos cuestionan que Fernández Ordóñez se preocupe por el mercado laboral mientras la banca mantiene cortado el grifo del crédito.

Retrasar la edad de jubilación

Dos meses después, en una comparecencia ante la Comisión de seguimiento del Pacto de Toledo, el organismo parlamentario encargado de consensuar las reformas de las pensiones, MAFO genera un terremoto aún mayor. “Hay que tocar muchas teclas y rápido para evitar una situación traumática en las pensiones”, asegura. En medio de un discurso catastrofista sobre las cuentas de la Seguridad Social y tras reconocer que la cuestión no era de su competencia, el gobernador apuesta por retrasar la edad de jubilación, restringir las prejubilaciones e incrementar las bases de cotización.

Celestino Corbacho encaja peor el segundo golpe en dos meses y carga contra MAFO con una advertencia clara: “Que sea la última vez”. Zapatero, por su parte, tacha de “superficiales” las opiniones del gobernador del Banco de España en una reunión a puerta cerrada del Comité Federal del PSOE en la que eleva el tono de las críticas.

Las llamadas a reformar las pensiones y a aplicar cambios en el mercado laboral se convierten a partir de entonces en una especie de mantra para MAFO junto a la petición de recortar el déficit. En octubre de 2009 el responsable del supervisor bancario afirma que “un cambio rápido y profundo” en el mercado de trabajo acortará la crisis. Toxo y Méndez responden pidiendo al gobernador que “no se meta donde no le llaman”.

En noviembre, el entonces presidente del BCE, Jean-Claude Trichet, hace suyas las propuestas del gobernador. Al fin y al cabo, Fernández Ordóñez actúa como un miembro más de la troika (el trío está formado por el BCE la Comisión Europea y el FMI).

Llegan las reformas

En mayo de 2010, dos días después de que Grecia pidiera el rescate y con los mercados buscando un nuevo objetivo, MAFO asegura que “España dista mucho de ser Grecia, pero debe sacar lecciones”. El día 12, Zapatero anuncia en el Congreso el paquete de recortes que cambiaría el rumbo de su Gobierno. Las propuestas del Banco de España eran escuchadas. Fernández Ordóñez considera lo anunciado una “buenísima noticia”, pero quiere más: “Hay que cumplirlo y tomar medidas serias pronto”, asegura.

En junio, Zapatero aprueba su reforma laboral con el abaratamiento del despido como medida estrella. “Estoy muy feliz de que se haya aprobado la reforma”, asegura Fernández Ordóñez en el Congreso, para acto seguido poner en duda algunas de sus medidas: “Lo más cuestionable es la imposición de nuevos límites a la temporalidad”.

MAFO no tarda en volver a la carga con sus propuestas en materia de pensiones. La negociación en el Pacto de Toledo está atascada y el gobernador reclama en noviembre de 2010 una reforma ambiciosa y urgente. “Es una de las claves para tranquilizar a los mercados financieros”, explica. Su propuesta pasa por elevar al menos dos años la edad de jubilación e incrementar el periodo de cálculo de la pensión. La reforma llegará en julio de 2011. La jubilación se retrasa hasta los 67 años.

Para entonces, a Miguel Ángel Fernández Ordóñez se le han multiplicado los problemas en el sector financiero. La CAM está a punto de ser intervenida y la nacionalización de Novagalicia, Catalunya Caixa y Unnim será una realidad poco después. A pesar de ello, y mientras sigue recetando “recortes enérgicos” del gasto a las administraciones públicas, Fernández Ordóñez tiene tiempo para lanzar una propuesta más. En febrero de 2012, con la reforma laboral del PP recién aprobada y el despido aún más barato, MAFO apuesta por la “devaluciación interna” para salir de la crisis. Su idea se traduce en el ámbito laboral en una bajada de salarios “para recuperar la competitividad perdida”

Linde toma el relevo

Con dos reformas laborales y otra de las pensiones ya ejecutadas, Luis María Linde parecía tener un menor margen para realizar propuestas en ambas materias. Sin embargo, desde su llegada al puesto de gobernador en junio de 2012, sus declaraciones y los informes del Banco de España lo desmienten.

Poco después de acceder al puesto, Linde reclama al Gobierno una decisión “grave y muy importante” sobre la actualización de las pensiones respecto a la inflación interanual. Sus referencias a la cuestión son permanentes hasta que el Gobierno adopta una decisión. Y la advertencia es clara: “Si hay medidas que incrementan el gasto, habrá que tomar otras compensatorias que lo reduzcan”.

En enero de este año, el Banco de España insiste en una de las tradicionales banderas de Fernández Ordóñez. En su boletin mensual, reclama desligar salarios e IPC. El documento considera “de vital importancia” para crear empleo que la inflación no se incorpore a la negociación colectiva. En marzo, la institución vuelve a exigir más medidas para acelerar la moderación salarial. El pasado viernes, en su informe anual, llegan sus propuestas más duras hasta la fecha: plantear salarios por debajo del mínimo interprofesional para los jóvenes y acelerar la entrada en vigor de la jubilación a los 67 años.

El Gobierno socialista siempre rechazó las propuestas más duras de Fernández Ordóñez, aunque finalmente acabó aplicando sus recetas. De momento, el Gobierno de Rajoy también ha marcado distancias con la última sugerencia de Linde.

Miguel Ángel Fernández Ordóñez, exgobernador del Banco de España, declaró la tarde del jueves por espacio de tres horas y media ante el juez Fernando Andréu, instructor del 'caso Bankia', y dejó unas cuantas 'perlas' sobre la gestión de la crisis de la entidad. Ordóñez aseguró que no confiaba en Rato porque carecía de experiencia bancaria suficiente, que le sugirió que dejara sus labores ejecutivas para dar paso a un profesional de banca (dijo que pensó en José Ignacio Goirigolzarri), y que el 4 de mayo de 2012 perdió el control en la gestión de la crisis de la entidad en favor del Ministerio de Economía, según manifestaron algunos letrados presentes en la declaración.

El exgobernador dijo que no le gustó la injerencia del departamento de Luis de Guindos, pero que la aceptó por responsabilidad, a costa de la independencia del banco central. El ministro nunca habló con él, afirmó, ni le informó de los planes que tenía para Bankia. Ante lo inédito de la situación, solicitó un informe a los servicios jurídicos de la entidad, que le trasladaron que no había precedentes de un hecho similar, pero que no era ilegal.

Fernández Ordóñez criticó sin ambages la falta de profesionalidad del consejo de administración de Bankia, y cargó las tintas en su consejero delegado Francisco Verdú, que venía de un 'banquito', dijo, en alusión a la Banca March, de la que fue vicepresidente. Culpó a las comunidades autónomas del nombramiento de consejeros sin experiencia y de las elevadas retribuciones de estos, que aprueban precisamente los propios beneficiarios.

Ordóñez defendió la criticada fusión de Caja Madrid y Bancaja (las principales entidades de Bankia), porque entendía que cualquier integración era buena, y reconoció que la situación de la caja valenciana era peor que la de la madrileña. El exgobernador reconoció que se reunió con Rodrigo Rato y con José Luis Olivas, presidente de Bancaja, al que anunció que o se llevaba a cabo la fusión 'o esto acaba en la intervención'. Las cuentas de Bancaja estaban bien, manifestó, pero él entendía que la caja no era viable en el futuro ella sola.

El Banco de España aprobó el plan de capitalización de Bankia presentado por Rodrigo Rato el 17 de abril de 2012, pero le instó a que elaborara un plan de actuaciones complementarias que debía presentar el 31 de mayo. El empeoramiento de la situación económica (el 24 de abril el FMI hizo público un informe en el que advertía de la existencia de una entidad sistémica, en referencia a Bankia, aunque no la citaba) hizo que el 4 de mayo el Ministerio de Economía requiriera a Rato un nuevo plan de capitalización (el 'plan Rato 2') que Fernández Ordóñez desconocía, lo que supuso que el Banco de España perdiera el control sobre la crisis de Bankia.

El exgobernador aseguró que entonces pensaba que el banco central y el Ministerio de Economía iban “en el mismo barco”, pero que no era así. De hecho, manifestó, nadie le informó de los requerimientos que el ministro De Guindos había hecho al banco.

Fernández Ordóñez no asumió errores por la fusión de las siete cajas en Bankia, y calificó de “razonable” el plan del nuevo presidente, José Ignacio Goirigolzarri, que preveía una inyección de 19.000 millones de euros.

Tres centenares de afectados por las preferentes permanecen concentrados frente a la puerta de acceso a la Audiencia Nacional, en la calle de Prim (Madrid), que ha sido cortada por la policía. Al menos seis vehículos antidisturbios y varias decenas de agentes de las Unidades de Intervención Policíal (UIP), los antiguos antidisturbios, han acordonado la acera desde la que los concentrados profieren gritos e insultos hacia los banqueros.

Mientras tanto, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, exgobernador del Banco de España, va camino de las tres horas y media de declaración. El servicio de seguridad de la Audiencia no permite a los periodistas permanecer frente a los manifestantes ni en la sala de acceso al tribunal. Algo más de una veintena de informadores esperan en un pequeño cuarto habilitado a que concluya la declaración. Cuando eso ocurra, solo podrán hablar con los abogados que han intervenido en la declaración más que en la calle, salvo que los letrados accedan a entrar en la sala de prensa.