Las investigaciones penales sobre las muertes de ancianos en residencias de Madrid durante la pandemia avanzan en los juzgados de la capital mientras la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, recrudece sus insultos contra las familias que impulsan las denuncias. Los antiguos altos cargos sanitarios de su gobierno se culpan mutuamente de la parte de los protocolos que bloqueó la derivación de miles de internos a hospitales mientras las acusaciones sopesan pedir más diligencias y procurar que las causas lleguen a juicio. El gobierno madrileño encaja las novedades judiciales calificando a los denunciantes de “plataforma de frustrados” y recordando que otras muchas causas similares ya fueron archivadas.

“Los activistas mediáticos que les hacen el caldo gordo llevan 143 procesos judiciales perdidos”. Isabel Díaz Ayuso eligió San Sebastián de los Reyes para celebrar su Consejo de Gobierno esta semana y subió un escalón la intensidad de sus insultos a las familias que impulsan estas diligencias judiciales. Una “plataforma de frustrados de la izquierda madrileña”, dijo para referirse a asociaciones como Marea de Residencias. Un año antes ya había usado expresiones como “marea de rebotados” pero en este Consejo de Gobierno tempranero de 2026 la situación judicial es diferente.

Aunque la cifra de 143 causas archivadas es de difícil confirmación, lo cierto es que diversos juzgados y tribunales de la región han archivado en los últimos años numerosas causas penales que investigaban tanto los conocidos como 'protocolos de la vergüenza' como su aplicación concreta en casos de ancianos que nunca fueron trasladados de las residencias a los hospitales y fallecieron. Algunos jueces archivaron las diligencias criticando los protocolos –uno los calificó de “discutibles”– y otros incluso negaron que la propia Ayuso pudiera ser acusada.

En esas causas no había altos cargos sanitarios imputados. Geriatras, responsables de enlace entre residencias y hospitales y médicos fueron los que desfilaron como investigados por estos juzgados mientras los responsables de los protocolos lo hacían como testigos. Carlos Mur, director sociosanitario durante lo peor de la pandemia, compareció varias veces a salvo del banquillo para defender su papel y el de los protocolos. Llegó a decir que no eran “de obligado cumplimiento” y que los suscribió para que los facultativos tuvieran un criterio al que agarrarse. Pero las últimas decisiones judiciales han cambiado el escenario: tanto él como algunos de sus compañeros y sucesores ahora están imputados y las declaraciones han tomado un cariz distinto.

Fuentes del caso explican a elDiario.es que en estos días se ha reproducido en los juzgados la situación que ya se dejó entrever en la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid de 2021: los exaltos cargos sanitarios de la Comunidad se señalan entre ellos cuando llega el momento de explicar al juez los puntos más polémicos de los protocolos. Los que, según la acusación, dispensaron un trato discriminatorio a los ancianos y bloquearon su traslado a hospitales desde unas residencias sin medicalizar donde el coronavirus arrasaba con todo.

Francisco Javier Martínez Peromingo apuntó a Mur y a sus superiores mientras afirmaba que él mostró su disconformidad con esa parte de los protocolos, aunque por ahora no ha aportado las pruebas por escrito que le pidió el juez sobre cómo expresó su desacuerdo. Y hace unos días fue Mur el que contestó con una estrategia parecida: él no redactó los protocolos y mencionó expresamente a dos cargos políticos de Isabel Díaz Ayuso, la entonces viceconsejera y hoy consejera de Familia, Ana Dávila-Ponce de León, y el entonces consejero y hoy senador del PP, Enrique Ruiz Escudero. E intentó hacer hincapié en su falta de intervención en los casos concretos que se investigan.

De la frustración a los insultos

Las primeras causas judiciales que analizaron los protocolos buscaban trazar una línea entre su aplicación y los fallecimientos concretos de ancianos en residencias públicas y privadas de toda la región. Delitos como homicidio imprudente o lesiones que, tal y como ha dicho muchas veces el Tribunal Supremo al rechazar querellas contra el Gobierno central por la gestión de la crisis sanitaria, necesitan de una conexión entre los protocolos y cada muerte concreta que es muy difícil probar. En estas nuevas causas los fallecimientos se investigan desde otro punto de vista: si los ancianos recibieron un trato discriminatorio.

Ha sido entonces cuando los altos cargos imputados han empezado a renegar de los protocolos y las consecuencias que tuvieron a la hora de no derivar a miles de ancianos a los saturados hospitales de la región. Carlos Mur reconoció, por ejemplo, que las residencias no habían sido medicalizadas, y los correos desvelados por El País demuestran que esa información estaba en poder de los cargos políticos de la Consejería que dirigía entonces Ruiz Escudero una semana después de que anunciaran que las residencias se iban a medicalizar. Algo que hasta ahora solo se había sabido gracias al testimonio de Alberto Reyero, entonces consejero de Asuntos Sociales que siempre ha explicado cómo se opuso de forma rotunda a estos protocolos, precisamente, por su componente discriminatorio.

El PSOE pidió este viernes que la entonces viceconsejera de Asistencia Sanitaria Ana Dávila y el exconsejero Enrique Ruiz Escudero testifiquen en una de las causas, dado que ambos fueron receptores del email en el que se advertía de la situación de los centros.

Las primeras causas judiciales que buscaban delitos como el homicidio imprudente quedaron archivadas y los familiares, según informan fuentes conocedoras de esos casos, quedaron exhaustas y renunciaron a seguir recurriendo o a solicitar una indemnización por otras vías ajenas a la jurisdicción penal. En estas nuevas diligencias, con las víctimas representadas por Alejandra Jacinto, Carlos Castillo y Eduardo Ranz, las acusaciones están a la espera de poder examinar todo el material de la causa, comparar declaraciones y decidir si piden más pruebas para impulsar que las causas lleguen a juicio con antiguos altos cargos sanitarios de Ayuso en el banquillo.

La escalada verbal de la presidenta madrileña contra las familias coincide con el avance de estas investigaciones penales en las que los responsables de los protocolos apuntan hacia arriba –antiguos miembros de su gobierno durante la pandemia– cuando los jueces ponen la lupa sobre el posible trato discriminatorio que dispensaron a miles de ancianos. “No deseo que ninguna autoridad tenga en su conciencia un número importante de fallecimientos evitables”, advirtió Mur a sus superiores de la Consejería el 20 de marzo de 2020, ocho días después de que la Comunidad de Madrid anunciase una medicalización de las residencias que, según ha reconocido en sede judicial, no llegó a tiempo.

El centro de convalecencia y cuidados continuados para personas mayores dependientes en Llerena (Badajoz), uno de los ocho de referencia comarcal que impulsa la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales, contará con un área residencial y otra de asistencia sanitaria en régimen de hospitalización de media estancia.

Con una inversión de 7,8 millones de euros, la contratación de las obras de este centro de Llerena ha sido aprobada este martes por el Consejo de Gobierno. Dicho centro ofrecerá atención integral, dispondrá de asistencia sanitaria y prestará también asistencia de media estancia, ha expuesto la portavoz del Ejecutivo regional, Victoria Bazaga.

Este futuro centro de Llerena es uno de los ochos anunciados por el Ejecutivo regional en materia de convalecencia y cuidados continuados para personas mayores. El resto de ubicarán en Jerez de los Caballeros, Guareña, Piornal, Tejeda de Tiétar, Herrera del Duque, Brozas y Torrejoncillo.

Bazaga ha explicado que, si bien el centro de Llerena fue impulsado por el anterior Gobierno regional (PSOE), el presupuesto inicial era de 4,7 millones de euros, una cantidad insuficiente para poner en marcha un centro de estas características asistenciales. “Hubiera dado para medio centro”, ha agregado Bazaga, quien ha puesto en valor la decisión del Gobierno de María Guardiola de ampliar la inversión hasta los 7,8 millones de euros.

La finalidad de este proyecto es que el Área de Salud de Llerena-Zafra cuente con un centro geriátrico que actúe como centro de referencia comarcal para la atención integral a las personas mayores. Dispondrá de un Área Residencial con Unidades de Convivencia, destinadas a las personas mayores en situación de dependencia, que faciliten en la medida de lo posible la estancia de la persona mayor en un entorno “hogareño” y participativo, promoviendo las actividades y la gestión de la propia vida, y mejorando la privacidad.

Asimismo, de un Área de Cuidados y Convalecencia, independiente del Área Residencial, donde se prestará asistencia sanitaria en régimen de hospitalización de media estancia a personas mayores con procesos que por su complejidad no puedan ser prestados en su domicilio habitual. 

La Fiscalía Anticorrupción investiga la participación de 19 personas, entre líderes sindicales, constructores y arquitectos, en la trama del denominado caso Hulla para esclarecer su grado de implicación en las presuntas irregularidades en la adjudicación y ejecución de las obras de construcción de la residencia de mayores del Montepío de la Minería, ubicada en la localidad de Felechosa, en el concejo asturiano de Aller, que fueron financiadas con cargo a los fondos mineros.

Entre los investigados figuran el ex líder minero José Ángel Fernández Villa, de 82 años, si bien la propia Fiscalía reconoce que la jueza instructora sobreseyó su causa por razones médicas y varios familiares a los que atribuye su presunta autoría en delitos de blanqueo de capitales.

El ex secretario general del Sindicato Obrero Minero de Asturias (SOMA-UGT), entre 1979 y 2013, se acogió en 2012 a la amnistía fiscal del entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, durante la etapa de gobierno del PP con Mariano Rajoy, donde afloró un patrimonio oculto de 1,2 millones de euros y cuyo origen se investiga si estaba vinculado a los presuntos sobrecostes de esta obra.

El estado de salud de Fernández Villa

No obstante, tras someterse a varias pruebas médicas, los forenses determinaron que su deteriorado estado mental “le imposibilitaba” comparecer y participar en el procedimiento “con las debidas garantías y en condiciones de igualdad y sin indefensión”.

Los peritos sostienen que Fernández Villa sufre una patología “crónica e irreversible” que le inhabilita para declarar, según se recoge en el informe que remitieron al Juzgado de Instrucción número 3 de Oviedo.

En su informe, los forenses advierten que el que fuera secretario general del SOMA-UGT durante 34 años sufre un deterioro cognitivo, así como “dificultad para recordar hechos concretos y fechas con exactitud”, según han confirmado a eldiario.es asturias fuentes jurídicas.

Los delitos investigados

La jueza ha dado traslado a las partes de sendos escritos de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, a los que ha tenido acceso este periódico, en los que se concretan los delitos para 17 personas investigadas como presuntas autoras de delitos, en calidad de presuntas autoras o partícipes, y a otras dos familiares de Postigo como investigadas a título lucrativo.

En el primer escrito, la fiscal incluye a Fernández Villa, recuerda que el caso está archivado penalmente para él, pero considera que habría cometido delitos de malversación de caudales públicos con la alternativa de delito continuado de fraude de subvenciones, falsificación continuada de documentos públicos, mercantiles y oficiales, así como sería presunto autor de un delito de blanqueo de capitales.

Anticorrupción estima que a estos delitos, en concepto de presunta autoría, se sumaría, en calidad de partícipe en delitos de prevaricación, tráfico de influencias y delito contra la ordenación del territorio, según el escrito al que ha tenido acceso elDiario.es Asturias.

En el segundo, que es posterior, la Fiscalía le excluye de la lista de investigados debido a su enfermedad.

Los principales investigados

La Fiscalía estima que, entre las 19 personas investigadas, hay al menos cinco que tendrían un mayor protagonismo en la trama. Anticorrupción destaca especialmente al exlíder del SOMA-UGT José Ángel Fernández Villa, al expresidente del Montepío de la Minería Asturiana José Antonio Postigo, a los responsables de la empresa constructora Alcedo de los Caballeros, Juan Antonio Fernández y su socio Juan Carlos Riera, y al arquitecto Manuel Sastre.

La Fiscalía atribuye, en menor medida, la participación en distintos delitos al resto de los investigados tanto en calidad de autores, como de cooperadores necesarios o partícipes en los delitos. Entre otros, figuran familiares de Fernández Villa, por su presunta autoría en un delito de blanqueo de capitales y familiares de Postigo a título lucrativo.

Diez días para alegaciones

También se investiga al asesor fiscal y al asesor jurídico del Montepío, a los que acusa de su presunta participación en delitos de malversación, prevaricación, falsedad documental y tráfico de influencias.

En la lista de investigados continúan los exalcaldes de Aller Gabriel Pérez Villalta y David Moreno, a quienes se investiga por su supuesta participación en delitos de malversación, prevaricación y un delito contra la ordenación del territorio.

Las defensas tienen un plazo de diez días para pronunciarse sobre los dos escritos de la Fiscalía Anticorrupción.

La investigación de Anticorrupción

La Fiscalía Anticorrupción abrió la investigación en 2017 a raíz de que Fernández Villa y Postigo se acogieran a la amnistía fiscal del año 2012 para regularizar 1,2 millones y 436.000 euros, respectivamente, dinero que se sospecha que pudieron derivar de la obra del geriátrico, financiado con cargo a los fondos mineros después de que modificase el decreto que regulaba su concesión. 

Hace justo un año, en abril de 2024, la Fiscalía Anticorrupción solicitó al juzgado de Asturias que, entre otras medidas, mantuviera el embargo del capital presuntamente desviado por el exlíder minero asturiano José Ángel Fernández Villa.

La fiscal Carmen María García Cerdá basaba esta petición en su convicción de que estaba inmerso en el procedimiento en calidad de investigado porque “formó parte de la trama”.

Así lo puso de manifiesto en el recurso de reforma que interpuso contra el auto de la magistrada-jueza María Begoña Fernández, titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Oviedo, por el que se acordó, por razones médicas, el sobreseimiento provisional y archivo de las actuaciones relativas a Fernández Villa en la causa del denominado caso Hulla.

Las trabajadoras de la residencia pública de mayores de Ferrol acusan a la Xunta de Galicia de incendiar las relaciones laborales en el centro. La apertura de expedientes a algunas de las personas que participaron en una protesta contra la dirección el pasado 18 de marzo ha sido,a juicio de los sindicatos, el último episodio del conflicto. El personal lo considera una represalia que “busca amedrentar”, en palabras de la sindicalista de la CIG Mar Peteira, basado en “cosas peregrinas” que además “son mentira”. La Consellería de Política Social, consultada por este periódico, asegura que se trata de faltas leves y que “nada tienen que ver” con que esos empleados secundasen la huelga.

Hace más de dos años que cambió la dirección de la residencia. Tras unos meses de adaptación, explica Peteira, “el deterioro de las relaciones laborales” se aceleró. En la llamada Residencia Mixta de Maiores de Ferrol trabajan casi 130 personas, la mayoría funcionarios. Hay alrededor de 140 usuarios. “La forma de tratar a los trabajadores y trabajadoras, con continuas faltas de respeto”, añade, “se convirtió en habitual. Nosotros solo pedimos respecto. Y que se tenga en cuenta nuestra voz, algunas somos personas con más de 30 años de experiencia”. Según Peteira, todo fue a peor. En todos los departamentos del centro, asegura, hay empleadas y empleados de baja, y la ansiedad y la sensación de acoso laboral están a la orden del día.

“La gente se siente menospreciada. Le quitaron funciones. Le dan órdenes que no le competen”, dice, “pero no hubo manera de que la dirección rectificase. No hubo cambios”. En la Consellería de Política Social conocen la problemática. “Hemos puesto en marcha un plan de acción específico para detectar problemas laborales y buscar soluciones coordinadas con el personal”, expone a este periódico el departamento que dirige Fabiola García. “No resuelve nada”, considera Peteira. Y los expedientes no hacen sino echar más gasolina. Política Social los desvincula del conflicto -“la Xunta de Galicia nunca ha tomado ni tomará represalias contra nadie por el uso de sus derechos”, afirma. Para la sindicalista, no hay duda de lo contrario: “No es de recibo. Es solo para que la gente coja miedo”.

Los motivos de los expedientes, todos incoados a personas que formaron parte de las protestas o bien las dejaron por escrito, son, según la propia Xunta, “faltas leves”. Peteira añade que ni siquiera son ciertos. Pone ejemplos: “Uno es por no bajar a los residentes a las actividades. Aunque hubo un error, no es cierto. Otro es por fumar en una terraza. El coordinador dijo que le olía a tabaco, pero ni siquiera lo vio. Otro por no subir a una habitación y resulta que no lo hizo porque no era urgente y estaba haciendo otra cosa”.

Mar Peteira argumenta, en todo caso, que los trabajadores y trabajadoras cumplen con sus cometidos hacia los usuarios. “Aunque si trabajas en un ambiente desfavorable, no lo haces igual que si trabajas a gusto. El usuario es atendido, pero estas no son las mejores condiciones para un servicio de calidad”, concluye.

La Policía Nacional ha detenido a un anciano por la presunta autoría de la muerte de otra persona mayor en una residencia de ancianos de la localidad sevillana de Écija. Los primeros indicios apuntan a que lo habría matado asfixiándolo con una almohada, después de previamente hubiesen mantenido una discusión.

Según ha adelantado Diario de Sevilla y ha confirmado la Policía Nacional, una persona ha sido arrestada como consecuencia del citado crimen, que está actualmente en investigación como un supuesto homicidio doloso y se ha decretado el secreto de sumario sobre las actuaciones. El detenido, un varón de 54 años de edad internado en dicho centro como consecuencia del estado de su salud mental, habría acabado con la vida de un hombre de 70 años.

El acusado por el homicidio convivía desde “hace un tiempo” con el compañero con el que compartía habitación, sin que se conociesen “desavenencias previas” entre ellos, según han informado los responsables de esta residencia astigitana. Sandra Romero, directora de la residencia de Vitalia donde han acontecido los hechos, ha explicado a los medios de comunicación que ninguno de los residentes era originario de Écija, sino que en ambos casos procedían de otros municipios de la provincia de Sevilla, como Los Palacios.

“Sorprendidos y tristes”

“Nadie lo esperaba”, ha dicho la responsable de la residencia, exponiendo que la plantilla del centro y los residentes del mismo están “muy sorprendidos y tristes” ante este suceso. Incluso los servicios psicológicos del centro habrían asistido a alguno de los residentes a cuenta del impacto de la noticia, según Sandra Romero.

José Ángel Fernández Villa, de 81 años, sufre una patología “crónica e irreversible” que le inhabilita para declarar en el caso por el presunto enriquecimiento ilícito de su patrimonio. Así lo han determinado los forenses en el informe que han presentado en el Juzgado de Instrucción número 3 de Oviedo que trata de determinar si el dinero que ocultó a Hacienda e intentó regularizar en la amnistía fiscal de 2012, cuantificado en 1,2 millones de euros, tenía su origen en las obras de construcción de la residencia geriátrica ubicada en la localidad de Felechosa, en el municipio asturiano de Aller, que fue financiado con cargo a los fondos mineros.

En su informe, los forenses advierten que el que fuera secretario general del Sindicato Obrero Minero de Asturias (SOMA-UGT) entre 1979 y 2013 no está en condiciones de prestar declaración en el procedimiento ya que aprecian que sufre un deterioro cognitivo que le impide declarar.

En su exploración, han podido apreciar que Fernández Villa tiene “dificultad para recordar hechos concretos y fechas con exactitud”, según han confirmado a eldiario.es asturias fuentes jurídicas.

Las conclusiones del informe

Durante los 35 años que permaneció al frente de la Secretaría General del SOMA-UGT, Fernández Villa estaba considerado como “el hombre fuerte e intocable” del sindicalismo asturiano. Pero su gran liderazgo se vino abajo a raíz de que se destapara el denominado caso Hulla.

Villa se había acogido a la amnistía fiscal de 2012, puesta en marcha por el entonces ministro de Hacienda Cristóbal Montoro durante la etapa de gobierno de Mariano Rajoy y el juzgado abrió diligencias de investigación.

El caso recayó en la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Oviedo, María Begoña Fernández, quien se hizo cargo de la causa en 2017 para analizar el origen de ese patrimonio. Fernández Villa rechazó cualquier origen ilícito de ese dinero que atribuyó a una herencia familiar.

Su abogada, Ana García Boto, reclamó en varias ocasiones el sobreseimiento de la causa debido a su enfermedad y desde el juzgado se solicitaron informes médicos que lo avalaran o lo descartaran.

Los forenses emitieron un informe donde ya hacían constar que Fernández Villa presentaba un deterioro en su estado y han vuelto a ratificarlo. Consideran que el ex líder sindical presenta en la actualidad pocos cambios con respecto a las exploraciones que realizaron hace cuatro años.

Este nuevo informe, que se incorpora a la causa, mantiene las mismas conclusiones, es decir, que Fernández Villa sufre “un deterioro cognitivo” que le imposibilita para declarar porque tiene “dificultad para recordar hechos concretos y fechas con exactitud”.

Bajo su criterio, continúa la “dependencia grave” que sufre Villa, quien precisa disponer de la ayuda de terceras personas para realizar las funciones básicas. Los forenses describen las distintas enfermedades que tiene a día de hoy y concluyen que en su estado no puede abordar un procedimiento judicial ya que su patología tiene un carácter “crónico e irreversible”.

El sobreseimiento provisional

La propia magistrada-jueza ya había sobreseído provisionalmente la causa relativa a Fernández Villa por el progresivo deterioro que presentaba en su estado mental. El pasado mes de abril, dictó un auto donde recogía expresamente las dificultades que presentaba y reconocía que, a la vista del informe emitido por el médico forense, era “meridianamente claro” que debido al deterioro de su estado mental “carecería de capacidad para ser justiciable”.

La titular del juzgado indicaba que esa situación hacía “inviable” su comprensión sobre el desarrollo del proceso con las garantías descritas“, según hacía constar en el auto.

No obstante, la magistrada-jueza puntualizaba que el sobreseimiento sería provisional. Esta circunstancia facilita que pudiera en un futuro reabrirse la investigación sobre su persona en el caso de que el exsecretario general del SOMA-UGT pudiera recuperar la capacidad necesaria de comprensión de cara al juicio.

No obstante, en el supuesto de que esto no fuera factible, como parece que será lo más probable, a la vista de este nuevo informe, porque su situación fuera irreversible el sobreseimiento sería definitivo.

Este nuevo informe ha ratificado el anterior. El Montepío de la Minería, que ejerce la acusación particular, ya anunció en ese momento su respeto a la decisión del juzgado de sobreseer provisionalmente la causa e indicó que no iba a recurrir la resolución judicial.

La investigación judicial

La investigación del caso Hulla afecta a una veintena de personas entre las que se encuentra el expresidente del Montepío, José Antonio Postigo que, al igual que Fernández Villa, se acogió a la amnistía fiscal de 2012. En su caso, la cantidad que trató de regularizar ascendía a 436.000 euros.

La Fiscalía Anticorrupción abrió la investigación en 2017 a raíz de que Fernández Villa y Postigo se acogieran a la amnistía fiscal ante sus sospechas de que el patrimonio de ambos pudiera proceder de la obra del geriátrico, financiado con cargo a los fondos mineros después de que modificase el decreto que regulaba su concesión.

Con el sobreseimiento provisional, el juzgado atendió a la petición de la defensa de Fernández Villa, que aportó informes forenses que constataban el deterioro de su estado mental; unos informes que han vuelto a ser confirmados.

En 2021, la Audiencia Provincial de Asturias ya determinó la suspensión del ingreso en prisión de Fernández Villa ante el deterioro generalizado de su estado de salud tras haber sido condenado a tres años de prisión por apropiarse de 234.462 euros del sindicato que dirigió durante 35 años.

La sentencia determinó que, entre 1989 y 2001, Fernández Villa se quedó con las dietas que Hunosa pagaba mediante cheques a los miembros del sindicato por asistir al comité intercentros y que, a partir de esa fecha y cuando la empresa pasó a abonar estas cantidades mediante transferencia bancaria, abrió una cuenta a nombre del SOMA-UGT desde la que transfería ese dinero a otra, también del sindicato minero.

Además, hasta 2012 se le abonaron diversos gastos, aparte del kilometraje y de las dietas que le correspondían como secretario general del sindicato como la adquisición, mantenimiento y reparación de dos coches Mitsubishi a su nombre; consumo de su teléfono móvil, comidas, puros, sombreros, productos dietéticos y farmacéuticos o maletas por importe de 173.932 euros.

Marzo 2012: el histórico dirigente del Sindicato Obrero Minero de Asturias (SOMA-UGT), José Ángel Fernández Villa, se acoge a la amnistía fiscal durante la etapa de gobierno de Mariano Rajoy –posteriormente declarada inconstitucional– para regularizar 1,2 millones de euros que había ocultado a Hacienda. Su 'mano derecha', el expresidente del Montepío de la Minería, José Antonio Postigo, regulariza 436.000 euros.

El origen de este patrimonio despierta las sospechas de la Fiscalía Anticorrupción que inicia una investigación para conocer con detalle la procedencia de la fortuna de Fernández Villa y que él atribuía a una herencia familiar.

Marzo de 2024: la titular del juzgado de Instrucción número 3 de Oviedo, María Begoña Fernández, sigue pendiente de la entrega de un informe pericial encargado en agosto de 2021 para la conclusión de las diligencias de investigación que abrió en 2017 por el denominado 'caso Hulla' que afecta a una veintena de personas, entre las que se encuentran Fernández Villa y Postigo.

Como trasfondo del 'caso Hulla' se encuentran las posibles irregularidades en la subvención, adjudicación y construcción de la residencia geriátrica del Montepío de la Minería ubicada en la localidad allerana de Felechosa, de donde se cree que podría haber salido el dinero regularizado. Las obras fueron financiadas con cargo a los fondos mineros tras modificar el Decreto que regulaba su concesión.

El informe pericial que el perito asignado no acaba de entregar en el juzgado es la última prueba que queda pendiente antes de que la magistrada-jueza llame a todos los implicados en el caso para la declaración indagatoria. Un retraso que está provocando un gran malestar tanto entre las personas investigadas por la dilación de la causa como en el propio juzgado.

La fecha “inexcusable” para entregar el informe pericial

La magistrada-jueza ha dictado una providencia, a la que ha tenido acceso elDiario.es Asturias, donde insta al perito a que el próximo 10 de abril, a las 12:30 horas, como “fecha inexcusable”, entregue su dictamen.

Advierte que ya “no ha lugar al aplazamiento solicitado” el pasado 20 de marzo cuando, tras ser requerido de nuevo en sede judicial, el perito fijó él mismo el próximo mes de junio como fecha probable para su entrega. Una petición que acaba de ser rechazada.

En esta providencia, la titular del juzgado ya le recuerda al perito que no es la primera vez que solicita un aplazamiento y que su retraso ha provocado hasta cinco prórrogas sucesivas: en junio de 2022, en los meses de febrero, septiembre y noviembre de 2023 y la última vez en febrero de este año 2024.

La providencia no es firme. Las defensas de algunos investigados ya han interpuesto un recurso de reforma.

Las alegaciones del perito

El perito había recibido el encargo de elaborar un informe, en agosto de 2021, con sus conclusiones sobre las obras de la residencia. Entre otros asuntos, tenía que analizar si se realizaron o no las obras previstas en el geriátrico de Felechosa y si el dinero invertido coincide con lo que realmente se construyó.

En su descargo para justificar el retraso en una entrega que dura casi tres años, el perito alega, entre otros motivos, que la dilación se debe a “la complejidad del tema”, a la pandemia y a la enfermedad y posterior fallecimiento de otro perito con el que realizaba conjuntamente este trabajo.

El dictamen pericial tiene relevancia debido a que, a través de esta diligencia, pueden derivarse “otras necesarias tales como aclaraciones al dictamen y necesidad de recabar datos resultantes de la información que se proporcione”, según consta en un auto que el juzgado dictó en 2023.

En ese auto, la instructora recuerda que la investigación se inició el 13 de abril de 2017 y desde entonces la causa ha sufrido varias prórrogas de seis meses cada una en el plazo establecido desde noviembre de 2018 hasta julio de 2022.

La compra y cesión de los terrenos al Montepío

La compra y cesión gratuita de los terrenos al Montepío fue aprobada por unanimidad en un pleno por la corporación municipal de Aller en 2008 pese a los reparos expuestos en los informes desfavorables que emitieron la Secretaría y la Intervención municipal. Según la Fiscalía, las obras comenzaron sin la licencia necesaria con el conocimiento de la corporación.

Esta parte de la investigación afectaba al propio Postigo -como presunto inductor- y a toda la corporación de Aller como presuntos autores de los delitos de prevaricación administrativa, prevaricación urbanística y tráfico de influencias.

El Ayuntamiento de Aller estaba gobernado entonces por el PSOE con siete concejales, los mismos que tenía el PP, mientras que IU contaba con tres ediles. Entre los ediles que en aquella fecha formaban parte de la corporación allerana que aprobó la cesión gratuita de los terrenos en el pleno se encontraba María Teresa Mallada.

En su caso, tuvo que acudir a declarar para explicar el sentido de ese voto ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) al estar aforada en su calidad de diputada y portavoz del PP en la Junta General del Principado. Actualmente es senadora por Asturias.

En octubre de 2020, el TSJA confirmó el sobreseimiento libre en el procedimiento judicial abierto contra la corporación municipal de Aller que estaba al frente durante el período comprendido entre los años 2008 y 2010.

El magistrado instructor de la Sala Civil y Penal del TSJA era Ignacio Vidau que rechazó en un auto el recurso de reforma presentado por el Observatorio Ciudadano Anticorrupción de Asturias (Ocan) contra su decisión anterior de sobreseer las diligencias previas abiertas por los delitos de prevaricación administrativa, prevaricación urbanística y tráfico de influencias.

Un informe forense, decisivo para evitar la cárcel

La investigación de la fortuna oculta de Fernández Villa provocó una auténtica convulsión en la Federación Socialista Asturiana y en el sindicato minero. Ambos expulsaron a su histórico dirigente.

En septiembre de 2018, la Audiencia Provincial condenó al exdirigente minero a tres años de prisión por un delito continuado de apropiación indebida de fondos del sindicato. En octubre de 2020 decretó su ingreso en prisión después de que el Tribunal Supremo (TS) confirmara la condena.

Sin embargo, en enero de 2021 los magistrados de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial dictaron un auto por el que le concedían la suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad tras aportar a la causa un informe del médico forense que examinó a Fernández Villa y certificó que presentaba un “deteriorado generalizado de su estado de salud”. En aquel momento tenía 78 años.

Hoy, cumplidos ya los 81 años, aún está pendiente -al igual que la veintena de personas investigadas- de la finalización de las diligencias abiertas por el 'caso Hulla' que permita aclarar, entre otros temas, la relación de su fortuna con las obras de la residencia geriátrica.

Las pequeñas localidades extremeñas de Riolobos (Cáceres) y Valverde de Burguillos (Badajoz) pretenden convertirse en una residencia de mayores con todos los servicios con la puesta en marcha de sendos programas piloto, basados en la monotorización de los ancianos, con el fin de tenerlos atendidos y controlados las 24 horas del día.

Estos dos proyectos sociosanitarios se han presentado este miércoles y deben estar operativos en 2023. Para ello cuentan con una financiación conjunta de 580.000 euros, concedida por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Los proyectos, cuyos convenios para su puesta en marcha se firmaron recientemente, se denominan “Conéct@te en Riolobos” y “Envejecer en mi casa” (Valverde de Burguillos).

La localidad cacereña, de poco más de mil habitantes, cuenta ya con la experiencia de la monotorización para telemedicina de los mayores de su residencia y ahora pretenden ir más allá, según ha señalado su alcalde, José Pedro Rodríguez. Así, se pondrá en marcha un servicio de telemedicina que permitirá recoger los registros en tiempo real de los marcadores que tenga la persona mayor o dependiente, para lo que se instalará en su vivienda una malla bluetooth, conectada a través de internet con unos sensores junto a diferentes dispositivos que permitirán la conexión con un call center.

El alcalde de Riolobos ha detallado que el sistema cuenta con sensores de presencia en la cama que alertan al familiar si no detectan al mayor durante media hora, ya que puede haberse caído al ir al baño, y de un servicio de videollamada programada con una nieta o una vecina para evitar la soledad. En este sentido, ha apuntado que hay un servicio contra la soledad con voluntarios que acompañarán a los mayores a dar un paseo o a misa.

Este proyecto, que incluye pulseras de geolocalización para los mayores con más movilidad, permite además solicitar y reservar el servicio de comida a domicilio, lavandería, préstamo de material ortoprotésico o ayuda a domicilio.

Estos servicios podrían prestarse a demanda en más localidades, situadas en un radio de 30 kilómetros, con un alcance potencial de unos 35.000 habitantes.

Rodríguez prevé que la monotorización llegue a 40 viviendas de personas de menos de 65 habitantes y 91 mayores, y la contratación inicial de un médico geriátrica, dos auxiliares de ayuda a domicilio y un enfermero.

Domotización de viviendas

En el caso de Valverde de Burguillos los estudios de accesibilidad, habitabilidad e implantación de tecnología en viviendas serán el punto de partida para adaptarse a cada situación y el sistema incluye la creación de un centro abierto de atención que ofrecerá una serie de servicios a la población mayor.

Los cuidados contemplados en este convenio se pueden extender a personas mayores de otros municipios ubicados en un radio comarcal de 35 kilómetros, por lo que se podría atender a una población de alrededor de 70.000 habitantes.

El alcalde ha explicado que tecnológicamente el proyecto de su pueblo es similar al de Riolobos, aunque en su caso no incluye la telemedicina, y se ha centrado en su filosofía: que los mayores pasen los últimos años de su vida con su gente y evitar en algunos casos una segunda emigración, ya que primero se marcharon en busca de trabajo y, tras regresar, a una residencia. “Que el pueblo en sí sea una residencia en el que todos los usuarios tenga los servicios completos”, ha subrayado el alcalde, que ha señalado que en la primera fase van a domotizar una 300 viviendas.

En Valverde se prevé crear inicialmente cuatro empleos de ayuda a domicilio, un director del centro de día, un informático, una trabajadora social y, a demanda, se podrían generar otros como de fisoterapeuta.

El secretario general de Población y Desarrollo Rural, Manuel Mejías, y el director gerente del Servicio de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, de la Junta de Extremadura José Vicente Granado, han destacado la importancia de contar con programas que cubran todas las necesidades de los mayores en sus casas y retrasar su institucionalización en una residencia. Además, la “economía plateada”, han coincidido, genera empleo y fija población.

Los grupos parlamentarios de ERC, Junts, PSC y Vox han votado este miércoles a favor de evitar una comisión de investigación pública sobre las muertes en las residencias catalanas durante la pandemia. En su lugar se creará un grupo de trabajo, compuesto por expertos propuestos por los partidos, que determinará qué sucedió en los geriátricos.

Con la creación de este grupo de trabajo en la Comisión de Derechos Sociales del Parlament, queda descartada de manera definitiva la Comisión de investigación reivindicada por los familiares de las personas fallecidas. Desde marzo de 2020, han fallecido en geriátricos catalanes al menos 4.700 personas.

En Comú Podem, Ciudadanos y CUP se han abstenido en la creación de este grupo de trabajo al considerar que se intenta “escurrir el bulto”, según ha dicho la diputada de la CUP.

Los representantes de la CUP, En Comú Podem y Ciudadanos han reprochado a los impulsores del grupo de trabajo que se opte por esta fórmula, de rango inferior a una comisión de investigación.

El Parlament puso en marcha una comisión de investigación sobre lo que sucedió en las residencias de personas mayores y de personas con discapacidad en Cataluña en la anterior legislatura, pero decayó con las elecciones de febrero de 2021.

Dos familiares de residentes del centro de personas mayores Mediterráneo de la localidad sevillana de Morón de la Frontera han elevado a la Fiscalía una denuncia por posibles delitos de homicidio por negligencia o imprudencia grave o negación del deber de socorro con relación al “enorme” brote declarado en dicho geriátrico durante la segunda oleada de la pandemia, saldado con la muerte de “al menos 15 personas mayores de forma directa y tres de forma indirecta”.

La denuncia, recogida por Europa Press, se dirige contra el director del centro, el responsable médico y los directivos de la empresa gestora, pero también contra los delegados territoriales de las consejerías de Salud y Políticas Sociales, además de otros altos cargos de la Administración andaluza y diferentes jefes de servicio e inspectores de la misma. En concreto, se les acusa de presuntos delitos de homicidio por negligencia o imprudencia grave o negación del deber de socorro con relación al brote declarado en dicho geriátrico durante la segunda oleada de la pandemia.

En su denuncia, estas personas indican que el citado geriátrico, con plazas concertadas por la Junta de Andalucía, fue escenario de un brote de coronavirus Covid-19 saldado con la muerte de “14 o 15” de sus 70 usuarios, tratándose “una de las residencias con mayor número de fallecidos en Sevilla durante la segunda oleada e incluso en relación a la tercera oleada”.

“Altísima letalidad”

“Al menos 15 personas mayores de forma directa y tres de forma indirecta, de 60 contagiados, fallecieron en pocas semanas del inicio del brote, mostrando una letalidad altísima, superior al 27 por ciento, que podría haberse evitado o suavizado con una buena gestión interna y externa”, figura en la denuncia, según la cual “tantos fallecidos concentrados en una sola residencia denuncian por sí mismos una situación de desbordamiento y desorganización por falta de respeto al plan de contingencia por errores en la organización y logística y por no cubrir las bajas del personal”.

Ello, según la denuncia, mediando una supuesta “prevaricación inconsciente a través de inspecciones 'ad hoc' con previo aviso”, es decir “simulacros de investigación que sólo sirven para blindar a los responsables ante una supuesta intervención judicial, pero que no han evitado un enorme brote y la muerte de muchos ancianos”.

“Negligencia”

Así, los denunciantes achacan actuaciones “negligentes” a los responsables del citado centro de personas mayores, así como el mismo extremo en el caso de la “supervisión” que correspondía a la Administración andaluza.

Al comenzar la pandemia, recordémoslo, la Fiscalía inició una serie de actuaciones de oficio sobre el impacto de la pandemia de coronavirus Covid-19 en los centros de personas mayores o personas discapacitadas, con expedientes gubernativos y diligencias preprocesales, es decir procedimientos de índole civil y tuitiva; y actuaciones de naturaleza penal.

Un brote de coronavirus afecta 45 personas del geriátrico Buena Vista de Lladó, situado en el Alt Empordà (Girona). Se trata de residentes y trabajadores que ya habían recibido la primera dosis de la vacuna. En concreto son 34 usuarios de sus 36 usuarios y once profesionales.

Según ha avanzado el Diari de Girona, el primer caso se detectó en un trabajador el pasado 11 de enero en uno de los cribados rutinarios que se hacen en el centro. Enseguida se activaron los protocolos necesarios para sectorizar la residencia y se hizo un cribado masivo que dejó 21 positivos entre los abuelos, una cifra que ha acabado subiendo a los 34 actuales además de los once profesionales. Los últimos días también se ha registrado una muerte y cinco personas han tenido que ingresar en un hospital por culpa de las complicaciones del virus.

El Departament de Salud señala que la primera dosis de la vacuna permite generar un cierto grado de inmunidad que se refuerza y ​​llega al máximo posible con la segunda dosis, que se suministra entre 21 y 42 días después. Como los afectados se encuentran dentro de este plazo, Salud hará pruebas a todos ellos con el fin de comprobar qué grado de inmunidad han adquirido, gracias al primer pinchazo. La definitiva está previsto que se les inyecte durante el mes de febrero. También se harán pruebas PCR a los dos usuarios que han dado inicialmente negativo y que ya han sido debidamente aislados.

Desde Salud se está haciendo un seguimiento del brote, conjuntamente con la residencia Buena Vista, mientras que los profesionales del Equipo de Atención Básica de Salud de Vilafant se ocupan de la situación clínica de las personas que han sido contagiadas. Se da el caso de que el geriátrico no había registrado casos de coronavirus hasta este brote. En declaraciones al Diari de Girona, la directora del centro, Carmen Orozco, lamentó que apareciera el brote justo cuando la vacuna aún no había tenido tiempo de ser efectiva.

El hijo de Evaristo se encontró a su padre muerto, tapado con tres mantas. Los ojos y la boca estaban abiertos. Los puños, apretados. Era de madrugada y acababa de entrar en la residencia de Tremp. “Los pasillos estaban oscuros, había solo una cuidadora para toda la planta”, recuerda por teléfono. “Aquello parecía una película de terror”. 24 horas antes le habían comunicado el positivo por coronavirus de su padre, pero le habían asegurado que se encontraba bien y estaba fuera de peligro. 

En pocas semanas, la residencia de la Fundación Fiella-Sant Hospital de Tremp, un municipio de menos de 6.000 habitantes en la comarca del Pallars Jussà (Lleida), se convirtió en un agujero negro donde han fallecido más de medio centenar de personas. Al momento de escribir este artículo son ya 60 las víctimas del geriátrico tras un brote que ha dejado a este pequeño municipio y a toda la comarca en estado de shock. El pueblo ha perdido en pocos días al 1% de su población. En la zona, todos conocían a alguien que estaba en esa residencia. 

Los familiares piden explicaciones. Nadie les ofrece respuestas y asisten al cruce de reproches entre la Generalitat, que intervino el centro a finales de noviembre, y la fundación eclesiástica que gestionaba la residencia hasta entonces. La Fiscalía ha abierto una investigación para conocer lo que ocurrió en este geriátrico en el que, hasta hace poco, se había cuidado muy bien a los ancianos.

¿Qué falló para que murieran el 40% de los 143 residentes en apenas cuatro semanas? Esta es la reconstrucción de lo que ocurrió después de hablar con trabajadores del centro, familiares de fallecidos, vecinos del pueblo y voluntarios que estuvieron dentro de la residencia durante los días más complicados. elDiario.es también ha podido leer y escuchar buena parte de las comunicaciones que se enviaron desde el geriátrico a los familiares y que ilustran hasta qué punto la situación se descontroló durante la última semana de noviembre. 

“Estamos desarmados ante una enfermedad de muy fácil transmisión”, trasladó el 28 de noviembre un médico del Centro de Atención Primaria de Tremp tras pasar visita en el geriátrico. “Lo que he visto en las últimas 48 horas no creo que lo vuelva a ver nunca más como médico”.

Un brote que no se controló a tiempo

Jueves 19 de noviembre. El ambulatorio de Tremp alerta del positivo de un trabajador del centro. Al día siguiente, tras hacer un cribado a todos los miembros de la residencia, se constata que la enfermedad se ha extendido por el geriátrico: hay 49 contagiados, la mayoría ancianos.

A pesar de la gravedad del brote, la Fundación Fiella -que ha rechazado hacer comentarios para este reportaje- desoye los protocolos de Salut y no desinfecta inmediatamente los espacios comunes del geriátrico, según confirman dos trabajadores de la residencia. “Se optó por aislar y sectorizar a los residentes contagiados, pero no vino nadie a desinfectar”, confirma una empleada. El domingo 22 la fundación envía un comunicado “tranquilizador” a las familias en el que asegura que la mayoría de los contagiados son asintomáticos.

El lunes 23 de noviembre ya son 57 los contagiados: 49 residentes y 8 trabajadores. Según los técnicos del Departament de Salut que entran a la residencia, la sectorización de los contagiados “no es correcta” ni se aplican los “protocolos covid” para los residuos y la comida. Los trabajadores tampoco saben cómo usar debidamente los equipos de protección individual, según asegura la delegada de Salut en Lleida, Divina Farreny. 

¿Por qué Salut no toma medidas en ese momento e interviene el geriátrico? Según asegura el propio Departament, desde que se detecta el primer positivo la residencia está “intervenida” y se hace un “acompañamiento” para “supervisar y hacer el seguimiento” de que se toman las medidas adecuadas . “Se dio un margen al centro para ver si podían asumir estas medidas con sus profesionales”, precisa una fuente oficial. “Cuando vemos que no, se aplica la intervención más intensa”.

En todo caso, ni el Departament ni el propio centro desinfectan la residencia esa semana. Según El Periódico, esos días la dirección del geriátrico tantea tanto a los Bombers de la Generalitat como a la Academia Militar de Talarn (Lleida) para ver si pueden entrar al centro a desinfectar. Los militares responden que ningún problema, pero que deben solicitarlo a la subdelegación del Gobierno. Nadie les vuelve a decir nada. Pasarán 10 días desde el inicio del brote hasta que se lleve a cabo la primera desinfección, el 29 de noviembre.

Las fuentes consultadas explican que la residencia no tenía demasiada experiencia de la primera ola sobre cómo controlar un brote. “Durante la primavera logramos que apenas entrara el virus en el centro”, explica una empleada. Solo hubo un caso. Los protocolos eran muy estrictos para evitar que el virus entrara al geriátrico y a los ancianos que salieron en verano les obligaron a hacerse una PCR y guardar cuarentena 10 días en la habitación a su regreso. No había, sin embargo, preparación para controlar un brote de puertas para dentro. 

El 23 y 24 de noviembre la situación parece relativamente controlada a pesar del brote. “Hasta el día 25 la situación parecía estable”, señala un familiar de una residente que había dado positivo. “Cada día me actualizaban sobre cómo estaba mi madre. Me contaban que no tenía síntomas y evolucionaba correctamente”. El brote, sin embargo, continúa avanzando y afecta cada vez a más trabajadores. 

El martes 24 de noviembre, un médico de familia del Centro de Atención Primària (CAP) de Tremp manda un mensaje de audio a los familiares tras visitar la residencia. “En líneas generales la impresión que he tenido es de bienestar”, les dice. “Excepto a cuatro o cinco afectados, el resto los he encontrado bien en líneas generales”. El médico les insiste en que estén tranquilos. “Día a día os iremos informando”, remacha.

La semana negra

El miércoles 25 se realiza un nuevo cribado con tests de antígenos a todos los trabajadores y residentes. Los resultados son alarmantes. El virus se ha extendido entre los ancianos y también entre los trabajadores. Al final de esa semana los positivos se habrán triplicado: de los 57 el lunes a 150 contagiados el domingo. 120 residentes, 30 empleados.

Todas las fuentes consultadas coinciden en que a partir del cribado del 25 de noviembre la situación empeora. En primer lugar, hay un apagón informativo. Los familiares dejan de recibir las llamadas en las que se les pasa el parte sobre sus parientes. Cuando ellos llaman al centro, nadie responde. El geriátrico se está quedando sin personal y los pocos que siguen trabajando no dan abasto. La directora también está contagiada. Algunos familiares se personan en la residencia y no pueden entrar.

El 26 de noviembre son ya siete los fallecidos, aunque algunos trabajadores aseguran que en ese momento eran una decena y no se había comunicado. El Departament de Salut anuncia esa tarde a la Fundación Fiella que toma las riendas de la residencia, según un comunicado de la fundación. 

Quién gestiona el centro entre el 26 y el 28 de noviembre es todavía un misterio. La Fundación Fiella asegura que quien toma el control del geriátrico es la Associació Benestar i Desenvolupament (ABD). Esta entidad lo niega tajantemente. Salut precisa que ABD acude el 27 de noviembre a “hacer una visita de análisis” y que el 28, “a causa de la complejidad clínica de la situación” se interviene totalmente la residencia. Entre que la Fundación Fiella abandona la gestión y la empresa pública de la Generalitat GSS toma las riendas pasan 48 horas.

“Estábamos toda la noche tres empleados para más de 80 residentes”, describe una trabajadora sobre esos días. “Además cada anciano estaba encerrado en su habitación, no les podíamos atender a la vez”. Esta empleada admite sin ambages que los ocupantes no estuvieron bien atendidos. “¿Cómo iban a estarlo?”, se lamenta.

Según los datos remitidos por Salut a elDiario.es, en el momento de la intervención hay solo 23 profesionales en el centro entre auxiliares de geriatría, enfermeros y personal de limpieza. Antes del brote eran 70.

La Generalitat pide auxilio

El sábado 28 de noviembre las familias llevan ya 72 horas sin apenas noticias de la residencia. Se extienden las sospechas y la preocupación. La nueva directora de la Generalitat, Elena Badia, toma el mando del geriátrico. Ese día les llegan a los familiares dos mensajes que encienden todas las alarmas. 

El primero de ellos llega del mismo médico que había asegurado cuatro días antes que la situación era de “bienestar”. El doctor les dice que ha tenido dudas sobre si mandar ese mensaje porque no se considera un médico “alarmista”. Finalmente lo envía. 

“El brote actual me ha hecho abrir los ojos”, les dice a los familiares. “Lo que mi mirada profesional ha visto en 48 horas no creo que lo vuelva a ver nunca más como médico”, prosigue. “El covid no entiende de intuición… Estamos desarmados ante una enfermedad de muy fácil transmisión”. El mensaje es catastrofista e incluye todo tipo de advertencias. “Si nos despistamos con esta enfermedad puede que no tengamos una segunda oportunidad”, remacha. 

Ese sábado las familias reciben otro mensaje más desde la residencia. Piden “urgentemente” voluntarios para cuidar a los ancianos. “Pueden ser con titulación (enfermería, auxiliares, geriatría...) como otros que tengan práctica en el cuidado de personas mayores”, reza el mensaje, que indica a los voluntarios que escriban directamente a la nueva directora del centro, que ha rechazado hacer comentarios para este reportaje.

Evaristo en ese momento ya ha muerto, pero a su hijo nadie se lo ha comunicado. Se entera por un conocido suyo que trabaja en la funeraria de Tremp, que le llama ese mismo sábado 28 y le dice que su padre está en la lista de fallecidos de la residencia. A él, sin embargo, nadie le ha llamado del geriátrico. Sobre las diez de la noche le llama una trabajadora social. Le dice que le acompaña en el sentimiento. Él le responde que nadie de la residencia le ha trasladado oficialmente la muerte de su padre. 

El hijo se sube al coche y se va hasta la residencia. Llega de madrugada. Se pone todos los equipos de protección, entra a ver a su padre y confirma lo que se temía. Según su relato, lo que ve dentro de la residencia es digno de una “película de terror”. Algunos residentes, desubicados, caminan por los pasillos y le piden asistencia pensando que es un empleado. “Me costará tanto asimilar y superar lo que ha ocurrido y he visto”, lamenta. “Lo más indignante es que nadie pague por esto”.

Los mensajes del sábado 28 ponen en alerta a los familiares. Son varios los que acuden a la residencia ese fin de semana y exigen poder entrar a ver a sus allegados. Los que consiguen acceder relatan escenas muy parecidas a las que describe el hijo de Evaristo. Ancianos cuyos pañales llevan más de 12 horas sin cambiarse y que reclaman atención cuando escuchan a alguien caminar por los pasillos. Residentes que apenas comen durante días sin que nadie les controle. “Me tiré dos días quitándole legañas a mi madre después de entrar”, recuerda una pariente que accedió al geriátrico. “La encontré desnutrida y deshidratada”, asegura.

Tanto los trabajadores como los familiares que accedieron al centro describen esa semana -del miércoles 25 de noviembre al miércoles 2 de diciembre- como la más dura de todas. Sin apenas personal y con el virus causando estragos en las habitaciones. Sin nadie dirigiendo la residencia durante algunos días. “Éramos cuatro personas de ocho de la mañana a ocho de la tarde para 40 habitaciones”, recuerda una empleada. A partir de esa hora entraba otro turno. Durante los días más duros solo hubo tres cuidadores en el turno de noche para toda una residencia con decenas de personas necesitadas. 

El Departament de Salut no ha respondido por qué pidieron voluntarios el sábado 28 de noviembre. Se limitan a explicar que desde su intervención se hacen 20 contrataciones directas y se cubren 33 turnos con personal de la empresa pública GSS. También que el ratio de trabajadores nocturnos pasa de tres a cinco durante la primera semana de intervención y después a seis la segunda semana. 

La situación mejora levemente

A principios de diciembre la situación mejora levemente en la residencia. Algunos trabajadores se han recuperado y han llegado nuevos empleados. Se pueden por fin hacer tres turnos de trabajo en lugar de dos. Se establecen tres equipos médicos “para trabajar en la residencia como si fuese un hospital”, abundan desde Salut. En agosto se habían instalado 20 camas con respiradores en el centro para evitar traslados.

La reducción de pacientes y el aumento de personal da un pequeño respiro a los empleados, que siguen trabajando en turnos en los que no se para ni un minuto. Los ancianos que no se han contagiado han sido trasladados a otras residencias y algunos pacientes de larga estancia del Hospital Comarcal, colindante con la residencia, son enviados a otros recintos para poder liberar camas para los miembros del geriátrico. Con todo, solo 22 pacientes serán trasladados al Hospital durante el brote y 11 de estos fallecen en este centro hospitalario en el que no hay ninguna UCI. 

El 15 de diciembre el número de ancianos fallecidos asciende a 55 y la Fiscalía ha anunciado que ha abierto una investigación. La consellera de Salut, Alba Vergés, finalmente se persona en Tremp. El 95% de los usuarios de la residencia se ha contagiado y el 35% han fallecido en ese momento. Vergés evita la autocrítica. “Hicimos todo lo que pudimos y más”, asegura. 

¿Por qué la dirección del centro no encargó desinfectarlo hasta pasados 10 días desde el inicio del brote? ¿Por qué Salut tardó nueve días en tomar el control si, según su propia versión, había intervenido el geriátrico desde que se declaró el primer positivo? ¿Por qué entre el 25 y el 28 de noviembre no hubo nadie al frente de la residencia? ¿Por qué la Generalitat pidió voluntarios si en principio aportó el personal necesario? Los familiares tienen muchas preguntas que de momento ni Salut ni la fundación que gestionaba la residencia han respondido.

Durante los días siguientes a la visita de Vergés el número de fallecidos seguirá aumentando. Este sábado ya eran 60 los ancianos que han perdido la vida por culpa de un brote que nadie supo frenar a tiempo.

Empresa y representantes de los trabajadores han alcanzado esta tarde de miércoles un acuerdo sobre las indemnizaciones a percibir por parte de la plantilla ante el cierre de la residencia de mayores El Drago del Marqués, motivado por la decisión del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de Canarias de declarar nulas las licencias con las que venía operando desde 2009.

El acuerdo se ha producido antes de que culminara el plazo máximo del periodo de negociación del ERE, según han informado fuentes de la compañía en una nota.

La empresa ha reconocido y ha valorado el trabajo que han realizado los trabajadores. Así, sobre la base de la indemnización legalmente establecida, se ha añadido una indemnización adicional para aquellos en los que la pérdida del puesto de trabajo tenga un impacto mayor y que, de facto, aplicará a la gran mayoría de la plantilla.

Además de la indemnización, se ha contratado una empresa de recolocación ubicada en Santa Cruz de Tenerife que va a estar a disposición de todos los trabajadores para favorecer su empleabilidad. Por otro lado, se ha acordado ya la recolocación de algunos de ellos en otras residencias de la compañía.

La empresa recuerda que se ha visto obligada al cierre de la residencia en cumplimiento de las resoluciones judiciales, que son firmes desde mediados de enero, quedando por tanto la residencia en una situación de ilegalidad desde ese momento, puesto que la ley deja claro que no es posible la legalización de licencias anuladas.

Lo que se plantea ahora es si el plan que el Ayuntamiento lleva anunciando desde principios de enero, y del que todavía no se tiene noticia, va a permitir acometer obras en el centro para pedir una nueva licencia (nunca legalizar la licencia anulada).

Si ese plan se ajusta a legalidad, la empresa ha afirmado que está dispuesta a analizarlo, acometer las obras y, en consecuencia, poder reabrir la residencia en el futuro.

El cierre tras sentencia judicial firme del geriátrico tinerfeño El Drago del Marqués, sito en Ifara, municipio de Santa Cruz de Tenerife, deja por ahora a 36 mayores sin opción de realojo. Así ha sido confirmado por el Ayuntamiento y por el propio centro, cuya dirección, de la empresa Residencias Atlántida, SA, ha decidido, en teoría en cumplimiento del fallo judicial, echar el cierre definitivo el 28 de marzo.

De los 176 ancianos que atendía ese geriátrico privado, por ahora son 36 los que no han podido ser reubicados, en parte por la escasez de recursos económicos de estos y de sus familias. Este lunes, los empleados del centro sociosanitario tinerfeño protestaron por fuera de las instalaciones en defensa de sus derechos laborales.

A la clausura del centro sociosanitario decretada por la dirección de la empresa para este 28 de marzo, se refirió este martes en Radio Club Tenerife el concejal de Urbanismo en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Carlos Tarife (PP). Tarife aseguró que “no comparte el cierre de la empresa” pues entiende que la sentencia judicial “no obliga” a la clausura.

Tarife también insistió en que hay un expediente de restablecimiento de la legalidad en curso y que este, indicó, se prevé que abra “la posibilidad de legalización”, algo que no comparten los abogados de la parte denunciante.

La residencia de ancianos El Drago del Marqués, ubicada en la lujosa urbanización de Ifara, tiene hasta cuatro plantas más de las permitidas por el Plan General de Ordenación (PGO), según se recoge en la sentencia ya firme de los tribunales.

Esa irregularidad no se puede legalizar con la revisión de las licencias que, entre 2003 y 2009, ampararon de forma ilícita el proyecto de construcción, pues lo único legalizable, en tal caso, sería el uso sociosanitario de la parcela, que estaba prevista para club deportivo y guardería.  

Así lo dejó claro una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), dictada hace un año, tras un contencioso administrativo planteado por vecinos de Ifara. La sentencia ya es firme, después de que el pasado día 10 de enero el Tribunal Supremo no haya admitido a trámite el recurso presentado por la empresa Residencias Atlántica, SA.

Tras conocerse ese fallo, la sociedad mercantil anunció que tendría que cerrar sus puertas y trasladar a otros centros asistenciales a 176 ancianos, algo que el Ayuntamiento no comparte y aún entiende que se podía haber evitado.

El presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso (CC), ha rectificado lo que en su día aseguró en el sentido de que el precio del edificio de 13 plantas en Cabo Llanos que se intentaba comprar a dedo a una empresa de Antonio Plasencia (Carlacand) se basó en la tasación de un funcionario público, lo cual no era así, pues solo había una empresa externa, Tinsa, que un técnico del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (IASS), organismo autónomo adscrito al Cabildo, se limitó a validar al carecer de medios, formación y datos para hacer una tasación propia.

Ahora, semanas después, Carlos Alonso ha reconocido este miércoles, en el programa Buenas tardes, Canarias, de la TVAC, que lo que efectuó un funcionario del IASS fue la reseñada validación, ya que este organismo público del Cabildo no tenía un técnico competente para hacer tal análisis económico.

El presidente insular además anunció que, tras la polémica suscitada, se convocará un concurso público [oferta pública de inmuebles] a finales de febrero en el que esta vez se hará “una tasación definitiva” del inmueble que se adquiera “con funcionarios de la Corporación insular”.

Alonso, lejos de aclarar los extraños entresijos de un expediente cuyas anomalías ha contado con todo detalle Tenerife Ahora y que motivaron que todos los partidos, excepto CC, retiraran el apoyo a la compraventa tal cual estaba formulada, consideró que en este asunto “todas las cosas se han hecho bien” y que “durante un año se buscaron inmuebles y se visitaron hasta 10. El único que encontramos fue este”, en alusión al de la empresa Carlacand, de la familia del empresario doblemente condenado por el caso Las Teresitas y el caso Áridos de Güímar.

En este punto, reiteró polémicas declaraciones anteriores: “Todo el mundo habla de Plasencia, pero yo de los enfermos; hay un coste político en esta compraventa y yo lo asumo. Pero yo no me presento a un concurso de belleza, sino para solucionar los problemas de la gente. Para mí lo importante no es que el propietario esté condenado, sino solucionar el problema de los mayores, la necesidad de más plazas de dependencia”.

Sobre su aún socio de gobierno en el Cabildo, los socialistas, que en este asunto se han desmarcado tras apoyarlo inicialmente, el mandatario insular atribuyó su viraje a que “han primado intereses políticos” para hacerle un “desgaste”, y añadió que “lo que piensa el PSOE dentro del Cabildo no es lo mismo que lo que piensa el PSOE fuera”, al punto de que “algunos consejeros de ese partido me dicen que si tuvieran que votar de nuevo esta compraventa volverían a hacerlo a favor”.

La residencia de ancianos El Drago del Marqués, en la lujosa urbanización de Ifara y adosada a las inclinadas laderas de Anaga, en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, tiene hasta cuatro plantas más de las permitidas por el Plan General de Ordenación (PGO). Esta irregularidad no se puede legalizar con la revisión de las licencias que, entre 2003 y 2009, ampararon de forma ilícita el proyecto de construcción, pues lo único legalizable, en tal caso, sería el uso sociosanitario de la parcela, que estaba prevista para club deportivo y guardería.  

Así lo deja claro una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), dictada hace un año, tras un contencioso administrativo planteado por vecinos de Ifara. La sentencia ya es firme, después de que el pasado día 10 el Tribunal Supremo no haya admitido a trámite el recurso presentado por la empresa Residencias Atlántica, SA. Esta sociedad ha anunciado esta semana que tendrá que cerrar sus puertas y trasladar a otros centros a 176 ancianos.

El contenido de la sentencia contrasta con la afirmación del concejal de Urbanismo en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Carlos Tarife (PP), sobre que existe un proyecto de demolición para reducir el inmueble en un espacio para entre ocho y diez plazas sociosanitarias y que de este modo se podrá legalizar toda la construcción. Pero resulta que, según han indicado a Tenerife Ahora los vecinos litigantes, tal posibilidad nada tiene que ver con su pleito, sino con otro que interpuso el geriátrico contra el Ayuntamiento, que ya en su día, obligado por la primera sentencia judicial a raíz del recurso de esos residentes en Ifara, había revisado las licencias ordenando solo el derribo de las cubiertas de la edificación.

Por lo tanto, según esas mismas fuentes, la sentencia del TSJC que ahora ha adquirido firmeza en el Supremo supone que en el proceso de legalización de lo construido se deben respetar los parámetros del Plan General, no pudiéndose así legalizar los incumplimientos que determinan “la declaración de nulidad” de pleno derecho de las licencias objeto de revisión. Son infracciones entre las que cabe subrayar la edificabilidad, que excede de la permitida entre 2.126  y 2.690 metros cuadrados, y el número de plantas, hasta cuatro más de las estipuladas en el planeamiento. “Deberán demolerse”, apostillan los vecinos.

La sentencia ya firme aprecia además otras irregularidades que son motivo de nulidad de las licencias; esto es, que Urbanismo permitió en su día alturas que llegan a superar los 20 metros, cuando no pueden ser superiores a 10; también que la separación entre la vía pública y el edifico es inferior a la que permite la normativa urbanística; que no se han respetado la altura y la anchura de los bancales, por lo que los desmontes que separan el edificio de la vía son también ilegales, y además que la superficie de lo patios interiores es menor a la permitida.

Urbanismo admite que las licencias no fueron legales

Resulta particularmente destacable que el TSJC, para concluir que las licencias son nulas de pleno derecho, se base precisamente en un informe de la Gerencia de Urbanismo elaborado en 2013. Este hecho lo ponen de relieve los denunciantes, ya que “son técnicos de la misma Gerencia los que resaltan las irregularidades cometidas por el propio Ayuntamiento cuando otorgó las licencias anuladas, por lo que ya no será posible ningún apaño”.

Para esta parte recurrente, “el único que ha mostrado cierta responsabilidad últimamente ha sido el gerente actual de la residencia, que ha reconocido públicamente que no puede seguir abierta sin contar con los permisos y licencias que habiliten esta actividad”.

Las mismas fuentes, tras una lucha que se prolonga ya 17 años, enfatizan que “ya se acabaron los tiempos en que los funcionarios se plegaban a las exigencias de los políticos y de los promotores”, por lo que dan por supuesto que “la Gerencia de Urbanismo tiene unos técnicos competentes que no podrán informar hoy en día ningún proyecto de legalización contrario a la ley, sobre todo ahora que una sentencia, firme y definitiva, ya sin discusión, señala el número de plantas, las alturas y los retranqueos que debe cumplir el edificio para su legalización”.

Lo único que plantea legalizable la sentencia del TSJC es el uso sociosanitario, en lo que sí da la razón a Residencias Atlántida, SA, a pesar de que en el Plan General la parcela estaba catalogada para equipamiento privado, club deportivo o guardería. El cambio de uso no se justificó, a juicio de los magistrados, pero sostienen que “la mera falta de motivación en cuanto a la adjudicación de un uso en el edificio destinado a geriátrico no resultaría una alteración significativa sobre la consideración de nulidad plena, por cuanto analizamos la nulidad desde el punto de vista edificatorio y de espacios ganados indebidamente; por tanto, en este punto tendremos que estimar el recurso considerando que el uso de la edificación podrá cuestionarse como infracción anulable de la normativa, pero no constituye una vulneración de nulidad radical”.

El servicio de Intervención del Instituto de Atención Social y Sociosanitara (IASS), organismo autónomo del Cabildo de Tenerife, subraya en su informe sobre la polémica adquisición a dedo de un edificio de Antonio Plasencia por 29,1 millones  de euros (compra y adaptación interior) en Santa Cruz de Tenerife que ha dado el visto bueno únicamente a que se inicie la tramitación de la compra, pero deja “claro” que en ningún caso el pago, al tiempo que se queja de que le dieron poco tiempo para examinar la documentación, de que esta se halla incompleta e incluso de que no está debidamente justificado por qué no salió a concurso la compra del inmueble.

Es más, el día 27 ese órgano fiscalizador se había negado por escrito a emitir su informe para el consejo rector del IASS convocado para esa fecha porque se trataba de un asunto “de un alto grado de complejidad” que “debería haber sido no solo tramitado, sino remitido a esta unidad con la suficiente antelación para su debido estudio, imposible de abarcar en el escaso plazo con el que se ha contado”, tal y como consta en el documento al que ha tenido acceso Tenerife Ahora.

Esa negativa obligó a la presidenta del IASS, Juana María Reyes (CC), a aplazar hasta el día siguiente la aprobación del inicio de la compraventa, y a convocar por tanto una nueva reunión del consejo rector urgente.

En esta ocasión, un día después (28 de diciembre de 2018), el interventor sí envió informe, pero reiterando en este sus quejas del escrito anterior, pues no entendió esas prisas si se trata “sin duda del gasto más importante afrontado en los últimos años” por el organismo público del Cabildo y además un proceso que para “ser enjuiciado en su totalidad sería necesario contar con información que hoy en día no obra en el expediente”.

Lo cierto es que el dictamen del funcionario Lorenzo Ramírez Rivero que se envió al consejo rector del IASS el 28 de diciembre no es ni mucho menos un cheque en blanco a la compra de ese edificio de 13 plantas en Cabo Llanos, propiedad de Carlacand, SL, de la familia de Plasencia.

El interventor sostiene que las razones para que la compra fuera directa y no por pública concurrencia “deberían haber quedado mejor explicitadas en el expediente incoado”, pues, según el técnico, las explicaciones al respecto “se limitan” a las afirmaciones que hace la presidenta del IASS, Juana María Reyes, y dos informes técnicos “sin acompañar documentación al respecto”.

Un procedimiento a dedo insuficientemente justificado

Aunque la legislación permite en algunos supuestos la compra directa, la realidad es que el interventor no ve suficientemente justificado el motivo por el que se acude a las excepciones legales, en lugar de a la regla, que es el concurso público, pues el organismo sociosanitario alega que buscó durante 2017 y 2018 un inmueble y no lo encontró hasta que apareció, no se sabe bien si porque se enteró el promotor o porque el IASS se lo dijo, la oferta de Plasencia (23 millones por el inmueble más 6,1 para convertirlo en geriátrico, con la reforma de su interior).

En esta línea, llama la atención al interventor que “poco o nada se dice en el expediente sobre el estado de la edificación del actual Hospital Febles Campos, ni sobre si dicho estado permitiría o no demorar en el tiempo la adquisición de una ubicación alternativa, aspecto sin duda relevante para justificar una compra” directa a Plasencia.

El IASS ha explicado este procedimiento a dedo por la necesidad de reubicar a los pacientes de dicho centro sociosanitario, ya obsoleto (y el de Ofra), para el que existe desde 2017 un proyecto de demolición y construcción de otro geriátrico en su lugar, pero que no puede ser ejecutado hasta no contar con un inmueble alternativo para reubicar a los internos.

El interventor constata además que en el momento del acuerdo para iniciar la compra todavía no podía acreditarse de modo formal las modificaciones presupuestarias necesarias mediante las que el Cabildo va a transferir al IASS 13,3 millones de euros, ya que el organismo autónomo no disponía entonces sino de parte de los fondos con los que se iba a financiar esa adquisición.

El técnico se cuida de no dar un cheque en blanco

Por todo ello, el funcionario se cuida de matizar hasta dónde debe entenderse su visto bueno condicionado: “Debe quedar claro que el sentido del presente informe en ningún caso puede condicionar las actuaciones posteriores que pudieran ser realizadas por parte de la Intervención, encaminadas a la comprobación del cumplimiento de los requisitos formales, ni en modo alguno se puede extender a una fase contable diferente de la de la autorización del gasto, en concreto a la disposición o compromiso a favor de la empresa Carlacand, SL, para la cual habrá de acreditarse previamente la situación legal de la propiedad, su adecuación a la finalidad para la que se prevé adquirir esta, la obtención de la pertinente licencia urbanística y el resto de requisitos legales aplicables al efecto”.

El acuerdo tomado por el IASS el día de los inocentes ha generado una gran polémica política y social, al tratarse de un empresario condenado por partida doble en el caso Las Teresitas (por el que el Ayuntamiento santacrucero le reclamará, una vez la sentencia sea firme, 52 millones más intereses desde 2001) y el caso Áridos de Güímar (por el que deberá pagar una cantidad similar a cambio de no ingresar en la cárcel, para restaurar los gigantescos hoyos de las extracciones ilegales de arena en el barranco de Badajoz). 

La compraventa del inmueble para el IASS ya solo la defiende CC, tras desmarcarse PSOE y PP, aunque la apoyaron en el consejo rector (y además en el Consejo de Gobierno insular los socialistas), mientras que Podemos se abstuvo.

El Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (IASS) del Cabildo de Tenerife sabía al menos desde 2016, cuando inició el trámite para encargar el proyecto para demoler y reconstruir el hospital Febles Campos (situado en Santa Cruz de Tenerife), que necesitaba un inmueble donde realojar de forma temporal a los 200 pacientes de ese centro para la atención de mayores.

Por razones que aún no están aclaradas, el IASS descartó desde el principio la fórmula de un concurso público y decidió buscar ese nuevo inmueble a dedo, durante dos años, hasta que, en octubre de 2018, le llegó una oferta de una empresa del constructor Antonio Plasencia, Carlacand, con un edificio de oficinas en Cabo Llanos. Entonces el IASS la aceptó, por valor de 29,1 millones de euros (23 de ellos por la compra del edificio), lo que incluye habilitarlo para uso sociosanitario, labor que hará el propio Plasencia, una vez el Ayuntamiento de la capital tinerfeña le cambie el uso a la parcela.

La fórmula elegida por el IASS (ratificada el 28 de diciembre por CC, PP y PSOE -que luego, al saltar la polémica, ha reculado-; Podemos se abstuvo) no garantiza que todos los posibles interesados en hacer una oferta tuvieran esa opción.

Es cierto que Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas, en su artículo 116, permite la compra directa de un bien, sin necesidad de un proceso de concurrencia pública, aunque establece en qué casos es eso posible. En el informe propuesta que se acordó el pasado 28 de diciembre en el consejo rector del IASS para comprar el inmueble de una empresa de Plasencia se menciona ese artículo y, en concreto, dos de los supuestos legales para acudir al método sin concurso, es decir, “las peculiaridades de la necesidad a satisfacer” y “la especial idoneidad del bien”.

No se citan en el expediente los otros supuestos que recoge la misma ley, como “la urgencia de la adquisición resultante de acontecimientos imprevisibles” (de hecho, no era imprevisible la necesidad que tenía el IASS de un inmueble, sino una previsión de infraestructura planificada), “las condiciones del mercado inmobiliario” (un concepto amplio) o “cuando fuera declarado desierto el concurso promovido para la adquisición” de un bien (no es el caso, pues el Cabildo descartó este camino).

La realidad es que no está claro en el acuerdo adoptado por qué en ningún momento se planteó una licitación pública, más allá de elogiar las bondades de la compra del edificio de Plasencia surgida a última hora, cuya inversión por cama sociosanitaria ascenderá a más de 107.000 euros.

Se mencionan en el acuerdo adoptado “múltiples gestiones” del IASS en 2017 y 2018 para encontrar dónde realojar a los usuarios del Febles Campos, y se exponen de forma genérica tipos de inmuebles sondeados, pero solo se detalla uno concreto, anterior al de Plasencia, que respondía a lo que se buscaba: la residencia de ancianos Mirador de Ifara, que en junio de 2017 el IASS intentó adquirir pero no hubo acuerdo con los propietarios porque el precio pedido era “muy superior al tasado”. De resto, generalidades.

Las fechas que no concuerdan en dos informes oficiales

En el acuerdo adoptado se citan dos informes en los que se aborda el proceso que llevó a comprar el edificio a la empresa de la familia de Antonio Plasencia. Llama la atención que en uno, el del Servicio de Ingeniería y Mantenimiento (fechado el 13 de diciembre de 2018), se dice que el contrato para la redacción del proyecto del nuevo Febles Campos se adjudicó el 17 de enero de 2017 y se entregó “en el plazo de entrega previsto (cinco meses)”, o sea, hasta junio de ese año, mientras que en otro informe, el de la Unidad de Atención a la Dependencia (con fecha un día después que el anterior, o sea, el 14 de diciembre de 2018), se asegura que dicha adjudicación se produjo el 5 de diciembre de 2016 y que los autores entregaron el proyecto al IASS en noviembre de 2017. Es decir, las fechas de esos trámites no coinciden en ambos informes, pues hay un desfase de casi mes y medio en la adjudicación y de al menos cinco meses en la entrega del trabajo encargado.

Si el propósito del IASS para no convocar el concurso público fue agilizar el procedimiento, para poder adjudicar la demolición y construcción del nuevo Febles Campos, la realidad es que tampoco logró acelerarlo hasta que surgió el edificio de Plasencia, casi dos años después de iniciar la búsqueda.

Entre las generalidades que menciona el informe del Servicio de Ingeniería y Mantenimiento se expone que, “tras múltiples gestiones de búsqueda de inmuebles [...], tanto en edificaciones de uso residencial como hotelero que cumplieran las condiciones de superficie y proximidad y que favorecieran el arraigo y las visitas de los familiares a los usuarios, sin perjuicio de valorar las ineludibles obras necesarias para la adaptación a la normativa sectorial inherente al uso sociosanitario, no se encontró en Santa Cruz de Tenerife ningún inmueble que reuniera las condiciones necesarias”.

Es decir, no lo encontraron los técnicos y cargos públicos del IASS, lo cual no equivale a garantizar que todos los posibles ofertantes (propietarios de inmuebles) pudieran enterarse de las intenciones de ese organismo público con igualdad de oportunidades. Consta únicamente como “alternativa interesante” en junio de 2017 la de un centro en Ifara, cuya “posible compra se vio frustrada” por su alto precio.

La ley prevé compra directa si un concurso queda desierto

El informe de la Unidad de Atención a la Dependencia reconoce que el empeño de buscar a dedo un “espacio adecuado” fue una cuestión “harto compleja”, dada la inexistencia de infraestructuras adecuadas en un emplazamiento próximo al centro [Febles Campos] que garantizara su funcionalidad y el atendimiento a los usuarios“. Pero cabe preguntarse, como ha insinuado el consejero del PSOE en el Cabildo José Antonio Valbuena, si la vía de un concurso público, al que se diera máxima difusión, no habría hecho menos complejo el proceso y más garantista, máxime teniendo en cuenta que posteriormente la ley permite la compra directa si el concurso hubiera quedado desierto.

Ese informe, insertado en la propuesta aprobada en el consejo rector del IASS, hace un sucinto repaso por los edificios que rastreó y por qué no se compraron: centros hospitalarios en desuso (“descartados por el importe de la inversión y por su insuficiente capacidad”), instalaciones hoteleras (“cuya necesaria rehabilitación [para centro sociosanitario] las han hecho inviables”), propiedades de la Iglesia (“con escasa capacidad para el fin perseguido”), residencias de estudiantes (“en las que se apreciaron deficiencias estructurales insalvables”) y la referida residencia de ancianos de Ifara (no se compró por “la negativa final de la propiedad” en junio de 2017 al precio tasado por el Cabildo).

¿Qué fue primero: el IASS o Plasencia?

Es en este punto del relato cuando en dicho informe se da el salto a la oferta de Plasencia en octubre de 2018. No se sabe muy bien si fue porque el IASS contactó con Plasencia o si Plasencia contactó con el IASS. En ese informe técnico la cuestión se zanja con un uso verbal que deja esa autoría indeterminada: “Durante el proceso de búsqueda de inmuebles, se plantea una nueva alternativa”, la del edificio en construcción de Carlacand en Cabo Llanos.

La propuesta acordada no detalla qué día Carlacand hizo la oferta, a través de su representante -Carlos Alonso Plasencia Romero, hijo del conocido constructor-, aunque sí que, con bastante prontitud, el día 3 el IASS ya inició el trámite para buscar tasadoras del edificio ofertado, y que se lo encargó a Tinsa, que el 18 ya tenía la tasación, 23,1 millones, guarismo casi clavado al que pidió el constructor, 23 millones. Todo ocurrió con excepcional rapidez en la muy a menudo lenta Administración pública.

Tinsa es la misma empresa que infló el valor de las parcelas del frente de playa de Las Teresitas, vendidas con sobreprecio al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, en el caso penal por el que fue condenado Antonio Plasencia, entre otros, al que el Consistorio reclamará 52 millones más intereses una vez sea firme el fallo, recurrido ante el Tribunal Supremo.

El informe de la Unidad de Atención a la Dependencia del IASS se deshace en elogios sobre el edificio de Cabo Llanos en construcción, cuya compra califica de “oportunidad excepcional” por “su emplazamiento [en plena milla de oro de la capital, frente al Auditorio de Calatrava], viabilidad urbanística para su adecuación a uso sociosanitario [en realidad es de oficinas, aunque un dictamen jurídico del Ayuntamiento ha dado el visto bueno al cambio de uso], posibilidades de adaptación funcional [con 6,1 millones de euros adicionales de inversión pública, en obra que hará el propio Plasencia] y disponibilidad inmediata de compra”, con un pago de 23 millones de euros a Carlacand de una sola tacada.

“Un 3%, 60-50 kilos dividido entre tres”, esta es la comisión que negoció Marcos Benavent, el 'yonki del dinero', por la construcción de una residencia de la tercera edad en Anna, 360.000 euros que se debían repartir entre el intermediario, su contertulio de la grabación, y supuestamente Alfonso Rus.

La grabación que saca a la luz el diario El Mundo data del segundo trimestre de 2006, cuando Alfonso Rus todavía no era presidente de la Diputación de València, ni del PP provincial, y por tanto Benavent tampoco era gerente de Imelsa, pero demuestra el control que tenía Rus en las comarcas del sur de València. Así Anna (la Canal de Navarrés), gobernada entonces por el PP de Fernando Sarrión, se encontraba dentro de la órbita de dominio del exdirigente popular.

Este documento sonoro incide en que la trama de cobro de comisiones que encabezaba Rus abarcaba también el sector de las residencias de la tercera edad, las conocidas como 'modelo Cotino', empezando supuestamente por la que se construyó en Xàtiva y extendiéndose a otras como la de Anna, que iba a tener 136 plazas.

El audio proporcionado por Benavent ofrece un encuentro entre él y el abogado Guillermo Balaguer Pallás, ex secretario del Ayuntamiento de Anna con el PP, en un despacho de éste en València. La conversación dura unos 30 minutos y se oye a Benavent proponer a Balaguer que la constructora Cleop, señalada de pagar comisiones al PP y a Rus, sea la adjudicataria. “Es constructor -Carles Turró, presidente de Cleop- hacen de todo y ahora han salido al mercado continuo. Estaban bastante mal y se ha reflotado, están como locos, esta la quieren”.

El 'yonki del dinero' le explica a Balaguer que “ya han firmado la [residencia] de Xàtiva y ahora van a hacer otra historia que estamos haciendo con tu hermano y Alfonso [Rus]”. Guillermo Balaguer es hermano de Eduardo Balaguer, vicesecretario del Ayuntamiento de Xàtiva que ejerció de secretario durante el gobierno de Alfonso Rus.

Marcos Benavent habla directamente con balaguer de “comisiones, porcentajes, pasta” a quien le propone que “no sé si tendrás acordado algo por la gestión de venta (...). Yo lo que pensaba es que sacáramos nosotros algo....”, poniendo directamente sobre la mesa “un 3% está bien”, “un 3%, 60-50 kilos [de pesetas] dividido entre tres”, “20 kilos cada uno, no está mal, por hacer cuatro papeles y marear a unos y otros”, resume Benavent, en referencia al reparto entre él, Balaguer y supuestamente Rus, según la investigación de la Guardia Civil.

No obstante Balaguer muestra dudas sobre las cantidades mientras, Marcos Benavent fija expectativas: “si quieres pedimos un 10% pero nos van a decir que ni de coña, un 5% igual dicen que sí pero lo veo un poco desorbitado”, acabando finalmente a establecer el 3%, una comisión “para comernos un arroz”, remata irónicamente Benavent.

Posteriormente Marcos Benavent reparte responsabilidades: “el tema jurídico lo llevarás tú y cobras tus honorarios. Los papeles y la madre que los parió, lo cobras y punto. Habrá papeleo con el Ayuntamiento” explicando a Balaguer que la organización ha creado una sociedad en exclusiva para tramitar la operación.

El Mundo también añade que la familia Balaguer aseguró que la conversación trataba sobre un asunto personal, privado, y que le dijeron a Benavent lo que quería escuchar.

El Cabildo insular de la Palma ha licitado el proyecto de remodelación de las antiguas instalaciones del antiguo hospital de Nuestra Señora de las Nieves, en Santa Cruz de La Palma, con vistas al traslado hacia el mismo de las dependencias del Hospital Geriátrico Nuestra Señora de Los Dolores, según se informa en una nota de prensa.

El traslado de las 144 camas de este centro geriátrico desde las instalaciones situadas en el centro de Santa Cruz de La Palma a las del antiguo Hospital de Las Nieves, que fueron desalojadas a principio de este siglo, “es una aspiración de la sociedad palmera que se ha retrasado en el tiempo, pues el planteamiento de este cambio se remonta al momento en el que se abandonaron las instalaciones”.

“Mi principal prioridad desde que asumí la responsabilidad de la gestión de nuestro querido Hospital de Los Dolores fue la mejora del mismo, en todos los sentidos, y con la idea de convertirlo en un centro geriátrico. Después de conseguir que todos los grupos políticos asumiesen dicha conversión, ahora me siento muy satisfecha de haber conseguido licitar el proyecto de las obras necesarias para el traslado hacia el antiguo Hospital de Las Nieves”, asegura la consejera de Sanidad, Nieves Rosa Arroyo.

La edificación del antiguo hospital de las Nieves se encuentra actualmente en desuso, excepto parte de la planta baja, actualmente ocupada por la Escuela de Enfermería. La principal línea de actuación del proyecto es la reforma y rehabilitación de las instalaciones actuales para adaptar los espacios interiores y exteriores a las necesidades del nuevo hospital, mejorando y ampliando sus instalaciones y cumpliendo con la normativa de aplicación vigente, en especial prestando importancia a la normativa de accesibilidad, supresión de barreras físicas y de la comunicación.

El nuevo hospital contará con un área de gestión, un área de diagnóstico y tratamiento (diagnóstico por imagen, bloque quirúrgico, fisioterapia, terapia ocupacional), áreas de soporte clínico (consultas y unidades de hospitalización), un área para servicios generales (farmacia hospitalaria, almacenes, etc.) y salas de uso polivalente para los pacientes y familiares, así como grandes espacios exteriores abiertos transitables y ajardinados.

Dispondrá de una unidad de hospitalización de media estancia o recuperación funcional, una unidad de hospitalización de larga estancia o asistencia sociosanitaria y una unidad de cuidados paliativos. También se prevén espacios para la incorporación de otras posibles unidades específicas como psicogeriatría y salud mental.

Las unidades de hospitalización estarán diferenciadas, localizadas en un mismo nivel y repartidas en cinco módulos, con un total de 151 camas, contando cada una de ellas con su propia zona de apoyo de enfermería así como zonas de estancia para los pacientes y familiares, baños asistidos, etc., con habitaciones diseñadas en función de las necesidades de cada unidad, contando todas ellas con baños adaptados.

El proyecto que ya se encuentra licitado y para el cual ya se ha establecido una partida económica inicial, no sólo aumenta el número de camas disponibles, sino que mejora las posibilidades asistenciales, permitiendo diferenciar la asistencia en diferentes unidades, especializando los servicios geriátricos y de dependencia que en ellas se desarrollarán.

El proyecto recoge la posibilidad de ampliación futura del número de camas, además de establecer estructuras integradas con las instalaciones adyacentes del Centro de Atención a personas con Alzheimer y otras demencias y la Residencia de Pensionistas, centros también pertenecientes al Cabildo Insular de la Palma, lo que permitirá no solo maximizar los equipos técnicos y humanos, sino también prestar una asistencia de mayor calidad.

El proyecto de remodelación se presentó en la Comisión de Sanidad del Cabildo Insular, el pasado 20 de mayo, con la presencia de la arquitecta directora del proyecto, Vanesa Pérez, junto a la consejera de Sanidad, Nieves Rosa Arroyo., acompañada por la arquitecta directora del proyecto lo presentaron tanto a los diferentes grupos políticos de la Corporación, como a los técnicos del Hospital Nuestra Señora de los Dolores.

“A pesar de que abandono la primera línea de la vida pública, no cejaré en el empeño de seguir trabajando y colaborando para que las condiciones de salud de nuestros mayores siga mejorando, por lo que insto a la nueva Corporación Insular que se forme tras las próximas elecciones a culminar dichas obras y traslado, haciendo realidad el sueño de muchos palmeros y palmeras, que durante siglos han encontrado consuelo y esperanza en un sencillo y bello hospital”, concluye la consejera Nieves Rosa Arroyo.