Los grupos Nacionalista, Popular y Mixto (ASG) han sacado adelante este lunes el dictamen sobre la Proposición de Ley que modifica la ley de islas verdes, que amplía el uso turístico en suelo rústico, en medio de reproches entre los grupos por la interpretación del último dictamen del Consejo Consultivo.

A falta de lo que suceda finalmente en el Pleno, por ahora no ha sido posible el consenso entre la oposición y los grupos que apoyan al Gobierno de Canarias, por más que haya habido un receso de una media hora antes del comienzo de la comisión para buscar puntos de encuentro.

El diputado del Grupo Mixto, Jesús Ramos (ASG), ha comentado que las islas verdes pierden población y muchos jóvenes salen al exterior para poder tener un proyecto de vida, con un “abandono” del paisaje, especialmente en las zonas interiores.

Ha dicho que el objetivo de la ley es complementar el desarrollo de la agricultura con el turismo pues “es muy difícil” comercializar los productos, de ahí que sea necesario modificar la ley “y con máximo consenso”.

“Es necesario hacer algo y de forma urgente”, ha apuntado, dejando la puerta abierta a fijar limitaciones diferentes para cada una de las islas

Luis Campos, de Nueva Canarias (NC), ha dicho que se trata de la décima modificación de la 'ley de islas verdes', cuarta en esta Legislatura, y muchas de ellas “van respondiendo” a adaptar la ley a conseguir un único objetivo, “que no haya impedimentos” al desarrollo turístico y urbanístico.

Ha apuntado, según lo resalta el Consejo Consultivo, que esta modificación estará por encima de otras leyes turísticas, por lo que su grupo se opone, aparte de que ha lamentado la falta de tiempo para estudiar la ley.

En su opinión, la modificación lleva la regulación “a la mínima expresión posible”, criticando que no se adapta a los nuevos tiempos sino que pretende que ningún funcionario pueda plantear prácticamente reparos o quepan otras interpretaciones.

Por ejemplo, ha rechazado que de forma ordinaria se puedan implantar hasta 200 camas turísticas en suelo rústico. “Eso no es complementario a la actividad agrícola”, ha indicado, si bien se ha matizado a que sea a partir de inmuebles preexistentes.

“QUIEREN ISLAS GRISES”, DICE PODEMOS

Manuel Marrero, de Podemos, ha comentado que “no vale todo” para resolver los problemas de las islas verdes, resaltando que la modificación esconde “una nueva ley” que, desde su punto de vista “está abocada al fracaso”.

Ha apuntado que le ley responde “al modelo desarrollista de los 60” y además, vinculado a las medianías y los pueblos agrícolas, tildando de “inconcebible” que se puedan construir “hoteles medianos” en suelos rústicos. “No quieran islas verdes, quieren islas grises, con mucho hormigón”, ha indicado.

Por el Grupo Popular, Lorena Hernández ha comentado que estas islas necesitan una ordenación “específica”, peor no desde el punto de vista “especulativo” sino como una simple cuestión de “supervivencia”, y haciéndolo compatible con la defensa del paisaje.

“No saben como es el día a día de estas islas”, ha espetado a NC, Podemos y PSOE, criticando que prejuzguen “que la ley va a funcionar mal”, aunque aún espera que los socialistas puedan acercarse al espíritu de la norma.

“En ningún caso queremos cargarnos lo mejor que tenemos, que es nuestro paisaje”, ha apuntado, preguntándose “qué más da” que haya un alojamiento turístico complementario a una finca que se encuentra en cultivo.

Nayra Alemán, del Grupo Socialista, ha lamentado la falta de tiempo para analizar la modificación de la ley que pretende “cambiar un modelo”. “Así no se cambian las cosas”, ha agregado.

Ha dicho que la ley, en 2002, siempre habló de “complemento” a la agricultura y que no se cometieran los errores del turismo de masas del resto de islas, y al contrario, ahora abogan porque surjan “hoteles de la nada”.

ES “URGENTE” DAR SALIDA A LA LEY, DICE CASTRO (CC)

Alemán ha pedido modular el desarrollo turístico en esas islas y deja sus enmiendas vivas para el próximo Pleno, dejando la puerta abierta a posibles cambios de votación una vez analizadas todas las enmiendas, pues no les gusta votar “de oídas”.

Antonio Castro, del Grupo Nacionalista, ha criticado que “se ponga bajo sospecha que la ley va a ser mala”, subrayando que esta modificación es una “derogación” de la ley de 2002, “que no se ha podido aplicar”.

Ha tildado de “duro” el discurso del PSOE, que además presenta enmiendas muy reglamentarias cuando el objetivo es “simplificar” la ley, que es “compleja” porque es “novedosa” y está avalada por el Tribunal Constitucional. “Se puede implantar un alojamiento turístico pero solo si se cultiva el terreno”, ha comentado.

Castro ha puesto en valor los proyectos en edificaciones preexistentes, pues hay “muchas construcciones abandonadas, que deterioran el paisaje y suponen pérdida de patrimonio”, apuntando que se abren a negociar que la extensión esté limitada.

A su juicio, esta ley “es urgente” para darle una salida socioeconómica a las islas verdes, lastradas por el envejecimiento y la falta de perspectivas económicas, tras sufrir “el calvario” de la ley de directrices.

“No quiero poner bajo sospecha la ley, vamos a darle una oportunidad”, ha destacado.

La actividad parlamentaria de este nuevo año viene cargada de proyectos y proposiciones de ley que continúan atascadas casi cuatro años después de que Fernando Clavijo (CC) se hiciera con la Presidencia del Gobierno de Canarias, como la aclamada Ley de Servicios Sociales. Sin embargo, en el último pleno de 2018 Coalición Canaria logró introducir por la vía de urgencia la toma en consideración de la tramitación de una nueva ley de ordenación territorial de la actividad turística en las islas de El Hierro, La Gomera y La Palma, las llamadas islas verdes. Una norma que, de entrada, cuenta con el rechazo de Nueva Canarias, PSOE y Podemos, partidos que se mostraron muy críticos durante el debate para estudiar su tramitación. Entre las sospechas, las prisas para su aprobación cuando quedan menos de cinco meses para las elecciones y el hecho de que en 2016 ya se aprobara una norma de estas características.

Una de las claves de la nueva ley que se pretende sacar adelante es que se permitirá el alquiler vacacional en cualquier tipo de suelo. Además, recoge como uso ordinario del suelo rústico los establecimientos turísticos de hasta 200 camas, lo que abriría la puerta al desarrollismo en estas islas. Se trata de una idea que choca con la falta de regulación del alquiler vacacional. El decreto con el que busca marcar unas pautas para la comunidad autónoma siguen en tramitación por el Gobierno de Canarias, que no ha sabido gestionar esta actividad que va en crecimiento y sobre la que ya se ha pronunciado el Tribunal Supremo, que considera que el Ejecutivo pretendía favorecer a los empresarios al prohibirlo en zonas turísticas. La nueva Ley de Islas Verdes, tal y como ha entrado en el registro del Parlamento de Canarias plantea lo siguiente:

El Tribunal Constitucional también se pronunció en mayo del año pasado para paralizar la estrategia del Gobierno de Canarias de desbloquear campos de golf en La Palma. El Alto Tribunal aunque sí avaló el grueso de la ley de islas verdes de 2016, concluyó que era inconstitucional una disposición adicional de la Ley de Islas Verdes que declaraba de interés insular once proyectos anulados por el Tribunal Supremo en 2015, entre ellos cinco campos de golf en distintos puntos de la isla.

La ley de islas verdes de 2016 fue el precedente de la que se aprobaría al año siguiente, la Ley del Suelo, dos normas proclamadas a bombo y platillo por el Gobierno de Canarias con las que sí ha mostrado predisposición de agilizar desde el principio. Ahora, a poco más de cuatro meses de las elecciones, el Parlamento continúa con 13 proyectos de ley en tramitación y 17 proposiciones de ley.

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha afirmado este miércoles que la anulación por parte del Tribunal Constitucional (TC) de la disposición adicional segunda de la Ley de las Islas Verdes, relativa a actuaciones que se declaran de interés insular a los efectos de la tramitación de instrumentos de planificación singular turística, “solo afecta a un número determinado de proyectos”, pero no a la seguridad jurídica de la ley ni a su concepción global.

Añadió que la anulación tampoco afecta a los proyectos de interés estratégico insular o autonómico, pero sí había una serie de intervenciones que con la disposición segunda se pretendían incluir para darle seguridad jurídica, aunque el TC ha dicho en su sentencia que se tienen que hacer mediante el procedimiento normal, de manera que los cabildos y ayuntamientos podrán hacerlo en sus planeamientos territoriales.

Sobre el hecho de que avale la constitucionalidad de la ley, entiende que es una “buena noticia” y supone que “después de ríos y ríos de tinta, el tiempo pone las cosas en su sitio”.

En declaraciones a los medios, Fernando Clavijo ha remarcado que el propósito de esta ley es “construir prosperidad y seguridad jurídica” y la sentencia del TC “ha venido a ratificar el trabajo del Gobierno y también el que se ha hecho por parte de los grupos políticos, que apostaron por construir algo en Canarias”.

Clavijo cree que la sentencia “viene a dar seguridad jurídica a los ciudadanos, a los ayuntamientos, a los cabildos, al Gobierno de Canarias y a los operadores jurídicos a la hora de poder desarrollar un sistema turístico en aquellas tres islas que se quedaron descolgadas del turismo, con un modelo adaptado a su idiosincrasia, que no necesariamente tiene que ser el modelo de Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria o Tenerife”.

El Tribunal Constitucional ha ratificado la constitucionalidad de la conocida como Ley de las Islas Verdes, en la que se permite un modelo turístico diferenciado para las islas de El Hierro, La Palma y La Gomera, ha informado el Gobierno de Canarias.

La ley fue recurrida por el grupo de Podemos en el Congreso y el Ejecutivo canario ha tenido este martes conocimiento de la sentencia del Tribunal Constitucional que avala su constitucionalidad.

El Gobierno señala que el TC declara constitucional la nueva redacción al art. 6 de la Ley 6/2002 sobre admisión de casas rurales y hoteles rurales en cualquier categoría de suelo rústico.

También considera constitucional la Disposición Adicional Primera, que regula los Instrumentos de Planificación Singular Turística.

“El Tribunal entiende que la Ley no autoriza la urbanización en suelo rústico: simplemente, permite la implantación de actividades turísticas en el suelo rústico en consonancia con sus características y los valores a proteger”, indica.

Añade que el TC considera que la previsión de actuaciones singulares en suelo rústico ya se contemplaban en la redacción originaria de la Ley de 2002 para los planes insulares y que lo único que hace la modificación de 2016 es establecer otro instrumento alternativo para ello junto a los planes insulares.

Para las actuaciones contempladas en el Anexo 2 recuerda que se pueden desarrollar como instrumentos singulares, pero con declaración de interés público del cabildo.

La consejera de Política Territorial, Nieves Lady Barreto, ha señalado que la sentencia da prevalencia a la regulación de la Ley frente a los instrumentos de planeamiento.

“Creo que es una gran noticia para La Palma, La Gomera y El Hierro y la defensa que estas tres islas han hecho de la posibilidad de tener un modelo turístico diferenciado al resto de Canarias”, señala la consejera en el comunicado.

Para Barreto, la sentencia ratifica la posición del Parlamento a favor de un modelo de desarrollo turístico diferenciado y da la máxima seguridad jurídica a los ciudadanos, a las administraciones y a quienes quieran invertir en infraestructuras turísticas.

El grupo de Podemos en el Parlamento de Canarias ha hecho público este martes un comunicado en el que ha indicado que el Tribunal Constitucional no ha anulado el recurso de amparo que esta formación ha presentado contra la conocida como Ley de Islas Verdes.

Podemos ha señalado que el recurso de amparo sigue adelante y “lo único que el Alto Tribunal ha hecho a través de un auto anexo es informar de que no puede atender una de las peticiones recogidas en el recurso, que era la de suspender la tramitación parlamentaria de la Ley porque cuando el Tribunal tuvo conocimiento ya estaba aprobada y, por tanto, no cabe la suspensión”.

Los siete diputados de Podemos en el Parlamento de Canarias presentaron el recurso de amparo porque entendían que se habían vulnerado sus derechos como cargos públicos a participar en condiciones de igualdad durante la tramitación de la conocida como Ley de las Islas Verdes.

Critican los diputados de Podemos que el Parlamento de Canarias, “a través primero de la Comisión de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad, y más tarde a través de la Mesa de la Cámara, negó a Podemos la posibilidad a participar en el debate en ponencia y comisión, no calificando las enmiendas parciales que presentó el grupo argumentando que era una enmienda a la totalidad encubierta”.

Ha agregado Podemos que en ese procedimiento, “que continúa abierto, ya que aún el Tribunal Constitucional debe de resolver si se vulneraron o no los derechos de los diputados, el grupo parlamentario no solicitaba que se dirimiese sobre los aspectos de la Ley de las Islas Verdes que podrían vulnerar la Carta Magna, porque eso se decidirá a través del recurso de inconstitucionalidad que el grupo Unidos Podemos del Congreso de los Diputados presentó contra la norma”

Izquierda Unida ha pedido en el Parlamento Europeo a la Comisión que tome medidas contra la nueva Ley de Islas Verdes aprobada en Canarias y contra la reforma de la Ley del Suelo en esta misma comunidad, porque considera que violan las directivas sobre medio ambiente.

“Actuemos desde la Unión Europea aplicando el principio de precaución para que no tengamos que lamentar más daños irreparables en el valioso medio natural de las Islas Canarias. El Gobierno canario debe rectificar”, ha defendido la diputada de IU Ángela Vallina en una intervención ante el pleno de la Eurocámara.

Vallina ha explicado que la semana pasada se desplazó a Tenerife para reunirse con colectivos sociales y ecologistas de Canarias, que le han trasladado “su profunda preocupación por el fuerte deterioro que está sufriendo” el ecosistema canario.

Esta eurodiputada ha expresado además sus recelos sobre los mecanismos que ambas leyes incluyen para impulsar “proyectos de interés autonómico”, porque recuerda que esa declaración no debería exonerarlos de “cumplir con los requisitos de protección que establece el derecho medioambiental europeo”.

Ángela Vallina se ha ofrecido a la Plataforma Canarias por un Territorio Sostenible como puente para que presente una solicitud ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo en la que se denuncie “el proyecto de Clavijo para el suelo canario”.

Entre tanto, ha presentado ante la Comisión Europea un conjunto de preguntas destinadas, dice, “a que Bruselas no pierda de vista las distintas agresiones contra el medio que se están produciendo en las islas”.

La Plataforma por un Territorio Sostenible en Canarias atribuyó este viernes al “caciquismo” y a los propietarios y promotores del suelo, rústicos y turísticos, los cambios introducidos en la ley de las islas verdes (afecta a La Palma, La Gomera y El Hierro) que “contravienen lo que quiere la mayoría social” en el archipiélago.

Representantes de esa organización (con grupos ecologistas y particulares y el apoyo de algunos sindicatos y partidos políticos, no los mayoritarios en la Cámara regional, que sí fueron los que dieron el visto bueno a la modificación legislativa) entregaron esta mañana 500 denuncias contra la reciente modificación de esa ley ante la oficina de la Comisión Europea en Madrid, con cuya acción se pretende informar a las autoridades de la Unión Europea (UE) de los “incumplimientos en obligaciones” relacionados con la protección del medio ambiente y de la tutela judicial. Por esta vía administrativa, los denunciantes confían en ganar la batalla legal que en este momento se inicia y que, según ellos sostienen, debe culminar con la desautorización por parte de instancias judiciales de la UE de la modificación practicada y ya publicada en el BOC.

En rueda de prensa, el redactor de la denuncia y profesor de la Universidad de La Laguna, Santiago Pérez, explicó que esa norma de actividad turística para las islas verdes “tiene poco que ver” con la iniciativa que entró en el Parlamento, porque exceptúa más casos para poder construir en territorio rural y “vulnera el principio de desarrollo sostenible”, informó Efe.

Pérez insistió en que se pretenden introducir “figuras nuevas” para poder construir y derogar leyes medioambientales“ ya existentes, concediendo ”discrecionalidad y arbitrariedad“ a las instituciones desde los ámbitos municipales, insulares y autonómico.

El mismo portavoz dijo que la ley permite construcciones que afectarán a espacios naturales protegidos y no puede ser recurrida por los ciudadanos ante el Tribunal Constitucional, razón que obliga a hacerlo ante las autoridades europeas, que deberán ahora “verificar las lesiones” a los derechos medioambientales y a la tutela jurídica.

En opinión de Pérez, los tribunales españoles, en cuanto europeos, también pueden intervenir y suspender la norma por incumplimiento de varias directivas europeas. Además, recordó que Canarias es una región ultraperiférica y que la UE señala que hay que cuidar su patrimonio cultural y natural, así como la biodiversidad de sus espacios.

Junto a Pérez, mostraron sus opiniones Rubén Martínez y Gustavo Santana (secretario regional de UGT). El primero de estos, consejero de Sí Se Puede en el Cabildo de La Gomera, insistió en que la ley no fue consensuada y en que puede acabar con la singularidad de estas islas y sus “espacios únicos”, a la vez que masificar esos entornos.

Santana negó que tal modificación legal vaya a favorecer el empleo, y menos aún a elevar su calidad, al tiempo que alertó de la burbuja inmobiliaria, su pinchazo y su repercusión en la caída de los puestos de trabajo, frente al turismo sostenible que se desarrolla actualmente en esas islas, las llamadas verdes.

La intervención de Antonio Pérez, secretario de Comisiones Obreras en Gran Canaria, se centró en considerar que esta ley de actividad turística es un ensayo que se exportará a otras autonomías, para desregular “todas las normas que equilibran el territorio”, al poner por encima de todo algunos “proyectos puntuales”, tanto privados como públicos, que se consideren de interés del municipio, de la isla o del archipiélago.

El activista Julio Barea, de la organización Greenpeace, sostuvo que la biodiversidad de Canarias está “en serio peligro” y recordó que más del 50% del territorio y el mar de esas islas tiene alguna figura de protección ambiental.

La Plataforma Canarias por un Territorio Sostenible ha atribuido este viernes al “caciquismo”, a los propietarios y promotores del suelo, rústicos y turísticos de las islas, los cambios introducidos en la ley de las islas verdes ( La Palma, La Gomera y El Hierro) que “contraviene lo que quiere la mayoría social”.

Representantes de esta plataforma han entregado 500 denuncias contra la reciente modificación de esa ley en la Oficina de la Comisión Europea en Madrid, de ciudadanos de esas tres islas en las que informan a las autoridades de la UE de “incumplimientos de obligaciones” relacionados con la protección del medioambiente y la tutela judicial.

En rueda de prensa cubierta por la Agencia Efe, el redactor de la denuncia y profesor de la Universidad de La Laguna, Santiago Pérez, ha explicado que esta norma de actividad turística para las Islas Verdes “tiene poco que ver” con la iniciativa que entró en el Parlamento, porque exceptúa más casos para poder construir en territorio rural y “vulnera el principio de desarrollo sostenible”.

Ha insistido en que pretenden introducir “figuras nuevas” para poder construir y derogar leyes medioambientales“ ya existentes, concediendo ”discrecionalidad y arbitrariedad“ a las instituciones desde las municipales, a las insulares y autonómicas.

Pérez ha dicho que la norma permite construcciones que afectarán a espacios naturales protegidos y no puede ser recurrida por los ciudadanos ante el Tribunal Constitucional, por lo que lo hacen ante las autoridades europeas, que deberán ahora “verificar las lesiones” a los derechos medioambientales y de tutela jurídica.

En su opinión, los tribunales españoles, en cuanto europeos, también pueden intervenir y suspender la norma por incumplimiento de varias directivas europeas.

Ha recordado que Canarias es una región ultraperiférica y que la ley contradice completamente la estrategia para el desarrollo turístico propuesto por la Comisión Europea y la Estrategia para los territorios ultraperiféricos, en las que la competitividad del turismo está absolutamente ligada a la protección de los recursos naturales, el paisaje y la diversidad biológica.

“Se pretende autorizar una serie de grandes equipamientos, entre ellos cinco campos de golf, situados en Espacios Naturales incluidos en la Red Natura 2000, que estaban previstos en el Plan Territorial de Ordenación Turística de La Palma, anulado por el Tribunal Supremo en 2015”, subrayó el también concejal del Ayuntamiento de La Laguna.

Rubén Martínez, consejero de Sí se Puede en el Cabildo de La Gomera, ha insistido en que la ley no fue consensuada y en que puede acabar con la singularidad de estas islas y sus “espacios únicos” y masificar esos entornos.

Gustavo Santana, secretario general de UGT de Canarias, ha negado que vaya a favorecer el empleo y menos su calidad, al tiempo que ha alertado de la burbuja inmobiliaria, su pinchazo y su repercusión en la caída del empleo, frente al turismo sostenible que se desarrolla actualmente en esas islas.

Antonio Pérez, secretario de Comisiones Obreras en Gran Canaria, ha considerado que esta ley de actividad turística es un ensayo que se exportará a otras autonomías, para desregular “todas las normas que equilibran el territorio”, al poner por encima “proyectos puntuales”, tanto privados como públicos que se consideren de interés del municipio, de la isla o del archipiélago.

Tras constatar que se pasa la competencia de ordenación del suelo desde la comunidad autónoma al municipio, ha precisado que de esa forma se podrá ejercer “más presión” desde los promotores a los consistorios.

Julio Barea, de Greenpeace, ha dicho que la biodiversidad de Canarias está “en serio peligro” y ha recordado que más del 50 % del territorio y mar de esas islas tienen alguna figura de protección ambiental.

Javier Rodríguez, también de la Plataforma, ha denunciado “la cultura del ladrillo y del empleo precario” y ha dejado claro que no están en contra del turismo, pero sí de leyes que caminan hacia el pasado, de “más cemento y menos espacios verdes”, y sí apuestan por el turista respetuoso con el entorno de las islas.

Para el redactor de la denuncia, van a desaparecer “mecanismos de legalidad” y el “único control” que se va a poder ejercer es a posteriori y por los tribunales.

Ha precisado que la ley “está patrocinada” por los poderes económicos “más agresivos” de las islas.

Gustavo Santana ha apostillado que los socios de Gobierno cambiaron de criterio desde que se presentó la iniciativa en el Parlamento y que CC “se ha rendido” a lo que pedían los empresarios de Gran Canaria, que querían derogar la moratoria turística y construir nuevos hoteles, especialmente en el litoral.

Ha recordado que, en la mayoría de los casos, los propietarios de los terrenos rústicos son también dueños de hoteles y promotores turísticos.

Comisiones Obreras y UGT han denunciado este jueves ante la UE la nueva ley de las islas verdes por entender que vulnera la normativa europea y por su afectación sobre el medioambiente, han informado sus secretarios generales en Canarias, Gustavo Santana y Carmelo Jorge, respectivamente. Con esta acción, se suman a la plataforma Canarias por un Desarrollo Sostenible, que ya lo anunció la pasada semana.

Santana considera que la Ley de Islas Verdes, que incluye medidas de ordenación territorial de la actividad turística de las islas de El Hierro, La Gomera y La Palma, apuesta por un modelo de desarrollo económico similar al existente hasta ahora, “que ha llevado a los índices más altos de desempleo en Canarias”.

Por ello, ha expresado su preocupación por el impacto económico y social que pueden generar tanto la futura Ley del Suelo como la Ley de Islas Verdes, porque puede haber “barra libre” para los empresarios.

El secretario general de UGT ha opinado que en la tramitación de la ley se ha vulnerado el derecho a la participación ciudadana y se ha obstaculizado el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva garantizado por la Constitución.

UGT y CCOO estiman que “la verdadera intención” al aprobar la ley ha sido “impedir el ejercicio de los derechos de participación de los ciudadanos en la elaboración de determinados planes y programas relacionados con el medio ambiente”, además de “obstaculizar el ejercicio del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva”.

Santana ha manifestado que si “el buenrollismo” del Gobierno canario se traduce en aspectos que mejoren el desarrollo económico y social de la mayoría de los ciudadanos contará con el apoyo de los sindicatos, pero si no es así, tendrá su oposición.

La polémica por la división interna en el seno de Grupo Socialista a raíz de la aprobación de la Ley de las 'Islas Verdes' aún colea. Este lunes se reunió la dirección del grupo para escuchar los motivos por los que la presidenta del mismo, Dolores Corujo, y los diputados Gustavo Matos y Gabriel Corujo se ausentaron de la votación para no apoyar un texto que incluye los polémicos artículos 124 a 132 de la no menos polémica Ley del Suelo.

Previamente, el portavoz del Grupo, Ignacio Lavandera, se reunió con el resto de los miembros de la dirección, Manuel Marcos Pérez, Carolina Darias, Héctor Gómez, Ventura Rodríguez y Ana González y en la misma se decidió escuchar a los afectados antes de iniciar un proceso sancionador, que en todo caso no pasa de una multa económica.

Fuentes consultadas han asegurado que la reunión fue “tensa y bronca” y en la misma los tres que se ausentaron de la votación acusaron a Lavandera “extralimitarse en sus funciones como portavoz” de haber aceptado y tramitado una enmienda junto a CC que desvirtuaba y cambiaba por completo el texto inicial sin haber consultado ni al resto de la bancada socialista ni a la dirección regional.

Además, los tres implicados temen que “vuelva a suceder lo mismo con la Ley del Suelo”, que el viernes 23 de septiembre inicia en la Comisión de Cabildos su periplo parlamentario, por lo que esperan que se celebre una Ejecutiva regional con tiempo suficiente “para evitar un nuevo desaguisado”.

Según las fuentes, Lavandera admitió que no hubo debate, pero que “ante la ausencia de posición oficial del partido, manda lo que decida el Grupo”, aunque los implicados insistieron en que “existe un programa electoral del PSOE” sobre el territorio cuyo espíritu y letra no ha quedado salvaguardado por la Ley de las 'Islas Verdes'.

En este sentido, la presidenta del Grupo, que también es secretaria general del PSOE de Lanzarote y alcaldesa de San Bartolomé, achacó a sus compañeros que “se ha aprobado algo que va en contra de lo que se ha aprobado en mi Isla”.

Con todo, los que se ausentaron de la votación aseguraron que “no hubo indisciplina, porque no votamos en contra, ni se hizo peligrar la Ley, que contaba con mayoría más que suficiente para salir adelante”.

Además, insistieron en que su actitud estuvo motivada para “no ir en contra de la Ejecutiva regional”, que tanto el 8 de agosto como el 3 de septiembre se mostró contraria a dar el poder a los cabildos para reclasificar directamente suelo rústico a urbanizable si se considera que los proyectos son de “trascendencia insular”.

Como se recordará, la dirección regional del PSOE de Canarias se ha opuesto frontalmente a disminuir el nivel de protección del suelo rústico para que el mismo no pueda destinarse a usos que nada tengan que ver con el mantenimiento del paisaje y las actividades agrícola ganaderas.

Además, la dirección de los socialistas canarios es contraria a los proyectos insulares estratégicos incluidos en la Ley de las Islas Verdes “con la firma de Lavandera” y mantiene que la evaluación medioambiental la siga haciendo la COTMAC.

Todo lo contrario a lo incluido en el texto legal aprobado el martes 13 de septiembre en el Parlamento, motivo esgrimido por los implicados para “decidir no apoyarlo y, por tanto, ir en contra de la Ejecutiva”, según argumentaron.

Tras la reunión, que se prolongó por espacio de dos horas y media, la dirección del Grupo Socialista deberá dirimir si hubo o no indisciplina de voto y, por tanto, si merecen o no ser sancionados.

Los tres diputados socialistas en el Parlamento de Canarias que este miércoles se ausentaron del pleno para no participar en la votación de la llamada ley de las islas verdes no tienen previsto recular. Y eso que existe la posibilidad –de momento remota- de que la dirección de su grupo parlamentario les sancione por su actitud. El próximo lunes habrá reunión y no se descarta que eso pueda ocurrir, aunque el portavoz, Iñaki Álvaro Lavandera, aseguró a este periódico que en el orden del día no hay un punto que diga eso específicamente. Se limitarán a “analizar la organización interna del grupo y a programar las acciones del próximo semestre”. ¿Se abordará lo ocurrido con la ley de las islas verdes? “Sí, y si se proponen sanciones las analizaremos”, contestó Lavandera.

Gustavo Matos, Gabriel Corujo y la presidenta del Grupo Parlamentario, secretaria general del PSOE de Lanzarote y alcadesa de San Bartolomé, Dolores Corujo, se ausentaron el miércoles del pleno justo en el momento en que se llamaba a sus señorías a votación. No querían votar a favor y, para no quebrar la disciplina, abandonaron el salón de sesiones para regresar a él cuando se acometió el siguiente punto en el orden del día.

Los diputados rechazan que se les considere “díscolos” porque sostienen que la postura ante esa ley jamás se debatió en el grupo parlamentario: “nos lo encontramos como hechos consumados”, recalca Gustavo Matos. En todo caso, a su entender, los díscolos o indisciplinados podrían ser los que ahora pretendan actuar contra ellos “sin respaldo alguno de resoluciones del partido o acuerdos del grupo parlamentario. Sólo existe lo que hayan pactado con Ruano (portavoz de CC) y Castro Cordobez (líder histórico de CC en La Palma)”.

Además, consideran que esta ley está “en contra de las resoluciones del partido” con respecto al territorio y los espacios protegidos, y no consta en los acuerdos con Coalición Canaria como para tener que asumirlos sin discusión.

La ley de las islas verdes o Ley Turística de las Islas Occidentales, supone un cambio radical en el modelo de desarrollo territorial de La Palma, La Gomera y El Hierro. Solo para la primera de ellas quedan autorizados de facto cinco campos de golf con sus correspondientes urbanizaciones anexas. Su articulado ha provocado que Podemos y Nueva Canarias hayan anunciado que habrá recursos incluso ante las instituciones comunitarias por infracción de sus directrices.

Los tres diputados socialistas que se negaron a votarla aseguran haber actuado en coherencia con las resoluciones del Partido Socialista Canario. Uno de ellos afirma incluso que antes de que se provocara la votación se evacuaron consultas a la dirección regional para verificar que no hubiera habido un cambio de posición y la respuesta fue negativa. “Por eso nos salimos”.

Les llamó la atención la última “pirueta” del diputado socialista palmero Manuel Marcos, que presentó in extremis una enmienda in voce (“a sabiendas de que no iba a tener éxito”) tratando de incluir en la ley referencias a la evaluación ambiental que quitaran hierro a la dureza que supone el cambio de modelo turístico y territorial para las tres islas occidentales.

En el PSOE está aceptado que buena parte de las figuras de ordenación introducidas en esta ley, como los proyectos de interés singular, son un adelanto de los artículos más polémicos de la Ley del Suelo, contra la que el PSOE ya se ha manifestado en sus documentos internos generando órdenes de rechazo al texto en su tramitación parlamentaria.

Izquierda Unida Canaria considera que la modificación que va a debatir el Parlamento de Canarias de la Ley sobre medidas de Ordenación Territorial de la Actividad Turística en El Hierro, La Gomera y La Palma es una auténtica “ley estafa”, tanto desde el punto de vista medioambiental como socio-económico.

Para el partido, dicha ley viene a aprovecharse de la situación de crisis actual para implantar “un modelo territorial que ha demostrado su fracaso y que, entre otras cosas, precisamente nos llevó a esta crisis”, apuntan.

La formación sostiene que la supresión de la obligación de que los Planes Insulares de Ordenación establezcan el límite de camas y el ritmo de crecimiento de la planta alojativa va a suponer volver a un modelo territorial desestructurado y dependiente de los intereses inmediatos de los grandes empresarios turísticos y temen que esto conllevará a la “sobreoferta”, que, a su juicio, tanto “daño medioambiental y económico ha hecho a Canarias”.

Además, insisten en que dejar en manos de las mayorías coyunturales de los Cabildos, en lugar de basarse en un planeamiento “serio”, las condiciones generales de la implantación de nuevos establecimientos turísticos en suelos de protección paisajista y cultural, supone abrir una amplia “autopista a auténticos disparates urbanísticos que supondrán una hipoteca para el futuro de estas islas”, apuntan desde el partido.

IUC reprocha que existe un déficit turístico que obedece a carencias en comunicaciones y transporte, pero, no obstante, se da paso a esta modificación sin justificar cual puede ser el motivo que una disminución de los controles administrativos o la disminución de las exigencias ambientales puedan contribuir a esta mejora.

El partido considera que esta modificación debería traer, en consecuencia, un análisis de perspectivas futuras y de carácter cuantitativo sobre el crecimiento previsible.

Por otro lado, indican que esta ley afectará a la coordinación de los planeamientos y a desequilibrios futuros, con independencia de dar paso a proyectos de crecimiento de asentamientos de mayor entidad en perjuicio de proyectos más asequibles a pequeñas y medianas empresas.

Román Rodríguez, portavoz de Nueva Canarias en el Parlamento de Canarias, ha denunciado este lunes que los diputados autonómicos votarán el próximo pleno del 12 septiembre sobre la ley turística de las islas occidentales, también conocida como la ley de las islas verdes, “sin el asesoramiento y garantías jurídicas pertinentes”.

El portavoz parlamentario de NC, Román Rodríguez, cuestionó la negativa de la Mesa del Parlamento a su solicitud para que el Consultivo elabore un dictamen excepcional sobre la adecuación constitucional y estatutaria de las enmiendas de CC y PSOE, que para este partido tiene “visos de inconstitucionalidad”.

Nueva Canarias recuerda que la Mesa del Parlamento, integrada por CC, PSOE y el PP, junto con su presidenta, Carolina Darias, han rechazado “todas” las peticiones del partido destinadas a “despejar las dudas sobre el encaje legal” de las enmiendas del pacto de gobernabilidad.

En concreto señalan la solicitud a la Mesa de la Cámara para “acceder” al informe del letrado sobre la idoneidad de las enmiendas a la “debida homogeneidad y conexión” con la iniciativa legislativa en trámite. Otra petición a la mesa de la comisión de Política Territorial para que propusiera a la Mesa de la Cámara que el Consultivo realizara un dictamen “excepcional” sobre la adecuación constitucional y estatutaria del informe de la ponencia. Así como dos demandas más dirigidas también al órgano de gobierno y, la más relevante, directamente a la Presidencia del Legislativo, como dispone el artículo 14 de la ley del Consultivo; para que esta última recabara el dictamen del órgano consultivo denegado por la mesa de la comisión.

En opinión del diputado nacionalista, una norma de esta “complejidad y riesgos debe contar con todos” los informes técnicos legales permitidos por el Reglamento y la ley del Consultivo. Román Rodríguez observó que esta negativa crea un “precedente muy grave por el desinterés” de CC, PSOE y el PP por “encauzar” los debates parlamentarios con “garantías de respeto a la legalidad, para evitar la arbitrariedad y la insolvencia en un asunto tan delicado”.

Román Rodríguez hizo hincapié en que su partido defenderá en el Parlamento su voto particular al dictamen de la proposición de ley turística para las islas de El Hierro, La Gomera y La Palma.

“Dejaremos claro, una vez más, que apoyamos la proposición de ley original promovida por el Cabildo de La Palma pero no el fraude de ley cometido por los grupos del pacto con enmiendas de dudoso encaje en la Constitución y que han desvirtuado y modificado en su totalidad el texto inicial del citado Cabildo”, sostiene Rodríguez.

Así mismo, el diputado nacionalista informó que, además de los 33 hoteles, seis anulados por el Supremo, y cinco campos de golf, también suspendidos por el mismo tribunal, las propuestas de los grupos del pacto han incluido tres puertos deportivos para La Isla Bonita.

La presidenta del Cabildo de El Hierro y diputada regional, Belén Allende, ha defendido este jueves la reforma de la Ley de Ordenación del Turismo en El Hierro, La Gomera y La Palma, que se tramita en el Parlamento de Canarias para dotar a estas islas de un procedimiento rápido para proyectos y actuaciones turísticas.

Belén Allende ha expresado que lo que se pretende con la modificación de esta ley es la posibilidad de un desarrollo equilibrado en las islas no capitalinas, y que estas islas puedan decidir según su planeamiento un desarrollo sostenible del sector turístico.

“Defendemos un desarrollo equilibrado, sostenible y adaptado a la realidad insular de cada una de las islas”, ha señalado Allende.

La presidenta insular asegura que los que se oponen a esta modificación legal “lo hacen por desconocimiento de la misma” y porque “es fácil legislar, decir y exigir desde las islas capitalinas desconociendo las realidades insulares”.

El objetivo de la reforma de esta ley es adoptar medidas urgentes dirigida a la ejecución de los planeamientos, con el fin de crear empleo e incentivar el crecimiento turístico de las isla menores, señala Allende.

Tras la aprobación de la ey, la declaración de “actuaciones estratégicas turísticas insulares” por parte del Cabildo bastará para legitimarlas, dejando sin efecto lo estipulado en el plan general o insular.

La ley permitirá la aprobación de proyectos como hoteles de entre 40 y 200 camas.

Una vez y tras la declaración del Cabildo, el expediente saldrá a información pública, y se dará audiencia a los propietarios de suelo afectados, durante un mes.

Simultáneamente, y por igual periodo, podrán presentar sus informes el Gobierno canario y los ayuntamientos de los municipios afectados.

Finalmente, el pleno del Cabildo, lo aprobará con las condiciones y medidas correctoras que estime necesarias tras las alegaciones e informes recibidos.

Esta reforma de la ley ha sido propiciada por Coalición Canaria (CC) y Partido Socialista (PSOE), con el apoyo del Partido Popular (PP) y la Agrupación Socialista Gomera (ASG).

Podemos y Nueva Canarias (NC) se han posicionado en contra de la ley y quieren denunciarla ante distintos organismos jurídicos nacionales e internacionales.

La nueva regulación establece la superficie mínima exigida de la parcela donde se construirá el hotel.

Cuando se trate de suelo rústico de protección agraria, el tamaño oscilará entre 2.500 metros cuadrados para establecimientos de hasta 10 camas, y 6.000 si tiene entre 21 y 40 plazas.

En otras categorías de suelo, los requisitos de superficie serán de 5.000 y 7.500 metros cuadrados, en los respectivos tramos citados.

En hoteles de mediana dimensión, el criterio será, en suelo rústico agrario, de 250 metros cuadrados por cada cama (cuando la oferta alojativa se sitúe entre 41 y 100 plazas), y de 200 metros cuadrados por cama (entre 101 y 200 plazas).

En suelo rústico, la superficie necesaria por cama es mayor, 400 y 500 metros cuadrados en esos dos tramos, respectivamente.

La construcción solo podrá ocupar el 20% de la superficie de la unidad apta para edificar.

Estos hoteles rurales se podrán construir en suelo forestal y de protección territoriales, siempre que sean compatibles con los recursos que albergan estas zonas.

Así mismo se permitirá que los establecimientos alojativos puedan ocupar suelo rústico de protección paisajística, pero para ello sus proyectos arquitectónicos deberán integrarse en el paisaje.

La reforma de la Ley 6/2002 también permitirá a los cabildos, a través de los planes insulares de ordenación, ordenar directamente suelos urbanizables de uso turístico “de trascendencia insular o supralocal”, solicitando antes al ayuntamiento afectado un informe preceptivo.

Muchos calificaron la ley turística de las islas verdes como la antesala de la Ley del Suelo que el próximo mes de septiembre entrará en el Parlamento de Canarias. Su tramitación se llevó a cabo de manera sigilosa bajo el epígrafe de “Ley para la Modificación de la Ley 6/2002, de 12 de junio sobre medidas de ordenación territorial de la actividad turística de las islas de El Hierro, La Gomera y La Palma”. Y existían motivos para el sigilo porque algunas figuras jurídicas y de ordenación recogidas en esa modificación han llamado la atención de juristas y políticos por abrir la puerta a la arbitrariedad. La primera denuncia ya está redactada y en manos de al menos un grupo parlamentario canario.

Va dirigida a la Comisión de la Unión Europea y está firmada por el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de La Laguna Santiago Pérez, también concejal de X Tenerife-Nueva Canarias en el Ayuntamiento de La Laguna. Está fechada en Famara (Lanzarote), donde el veterano político y reconocido jurista ha pasado sus vacaciones de verano. El objeto de la denuncia resulta estremecedor: los grupos mayoritarios en el Parlamento de Canarias, Coalición Canaria y el PSOE, se conjuraron para, mediante “un fraude jurídico”, camuflar bajo la denominación de “instrumentos de planificación singular turística lo que en realidad son ”instrumentos de ordenación territorial que tienen por objeto ordenar y diseñar para su inmediata ejecución, o bien ejecutar, los equipamientos insulares turísticos estructurantes en cualquier clase y categoría de suelo (…) que podrán aprobarse en ejecución del planeamiento insular o de forma autónoma al mismo“.

De forma inmediata, las actuaciones y proyectos (denominados “actuaciones estratégicas singulares o sistemas deportivos y de ocio”) que según la denuncia “producirán una acreditada afección sobre el medio ambiente, los hábitats naturales y las especies de flora y fauna que forman parte de la Red Europea Natura 2000” son, entre otros:

Campo de golf en Los Llanos de Aridane, que se ejecutará en el Espacio Protegido de Tamanca.

Campo de golf de breña Alta, del que el 24% de su superficie total está declarada Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) denominada Cumbres y Acantilados del Norte de La Palma.

Campo de golf de Barlovento, con el 90% de su superficie afectado, a partes iguales, por la ZEPA Cumbres y Acantilados del Norte de La Palma y el Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) Monte Verde Gallegos-Franceses.

Campo de golf de Fuencaliente, que limita con el Monumento Natural de Cumbre Vieja y el Paisaje Protegido de Tamanca.

Según relata la denuncia, el Gobierno y los grupos de Coalición Canaria y el PSOE en el Parlamento regional promovieron una ampliación del objeto de la ley y una serie de enmiendas en sus últimos momentos de su tramitación parlamentaria de modo que cualquier modificación escapara del dictamen del Consejo Consultivo (que ya se había pronunciado) y de cualquier posibilidad de participación ciudadana. El control de constitucionalidad escapó de las potestades del órgano consultivo ya que “la iniciativa legislativa fue sustancialmente modificada”, al tiempo que se “impidió el derecho de los grupos parlamentarios a la presentación de enmiendas” al efectuarse aquellas modificaciones durante el último día de plazo habilitado para la presentación de enmiendas.

El Gobierno canario y los dos grupos que le dan cobertura parlamentaria introdujeron en el texto la figura de los “instrumentos de planificación singular turística” para encubrir lo que en la denuncia se califica como “instrumentos de ordenación territorial, es decir, normas jurídicas para permitir la inmediata ejecución –al margen del planeamiento- de proyectos y actuaciones singulares en cualquier clase y categoría de suelo”.

Se trata de una figura similar a la que el proyecto de Ley del Suelo de Fernando Clavijo contempla como “proyectos de interés singular”, lo que ya nace con la amenaza de otra denuncia ante las autoridades comunitarias.

De acuerdo con la ley de Islas Verdes, ninguno de esos proyectos “singulares” ha de someterse al control ciudadano mediante los actuales procesos en vigor relacionados con el medio ambiente, ni se han regirse por las normas europeas sobre evaluación ambiental estratégica de planes y programas (directiva 2011/42/CE), según destaca la denuncia.

“Con esta misma estratagema legislativa”, resalta el texto, “se pretende defraudar el Derecho español, ya que no existe en el ordenamiento territorial y urbanístico de España un principio general de libertad que permita realizar lo que no esté prohibido legalmente. La ordenación territorial y urbanística son funciones públicas y los actos de transformación del suelo rústico o rural en suelo urbanizado deben estar previstos y autorizados por la normativa territorial y urbanística”.

Además de solicitar la admisión de la denuncia, el texto recoge la petición expresa de que se proceda a la suspensión cautelar de la Ley para la Modificación de la Ley 6/2002, de 12 de junio, “a la vista de las graves infracciones del Derecho Europeo que supone y de los irreparables daños al medio ambiente de las Islas Canarias que ocasionará su ejecución y la de los proyectos que pretende legalizar”.