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La oposición social a la ley de las islas verdes buscará su derogación a través de la Comisión Europea

La plataforma Canarias por un Desarrollo Sostenible avanza que, tan pronto aparezcan en el BOC los cambios de la Ley 6/2002, será denunciada ante Bruselas por amplias infracciones del derecho comunitario

Santiago Pérez redacta, con la colaboración de otros especialistas, los argumentos jurídicos que dan fortaleza a tal petición, que se prevé canalizar del Gobierno comunitario hacia Madrid

Los integrantes del colectivo advierten que el mismo camino está previsto para la futura Ley del Suelo, pues la reforma legal aprobada el martes en el Parlamento regional es “solo el preámbulo de aquélla”

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Integrantes de la plataforma, esta mañana en rueda de prensa, en Santa Cruz.

Integrantes de la plataforma, esta mañana en rueda de prensa, en Santa Cruz. Tenerife Ahora

La plataforma Canarias por un Desarrollo Sostenible tiene cuerda para rato. Así lo demostraron este viernes sus integrantes en Santa Cruz, donde reunieron a los medios de comunicación para avanzar que, tan pronto el BOC publique los cambios aprobados el martes pasado por el Parlamento regional en la Ley 6/2002, sobre medidas de ordenación territorial de la actividad turística en las islas de El Hierro, La Gomera y La Palma (la ahora conocida como Ley Turística de las Islas Verdes), se procederá a registrar la denuncia contra esa ley territorial ante la Comisión Europea.

El documento incluye amplios argumentos jurídicos y ha sido redactado, entre otros especialistas, por el profesor de Derecho en la Universidad de La Laguna (ULL) y concejal en el Ayuntamiento de la misma ciudad Santiago Pérez.

Ese anuncio fue el objeto central de la convocatoria realizada hoy en la capital tinerfeña por los integrantes de la citada plataforma, en cuyo marco Santiago Pérez se encargó de detallar cómo será el proceso administrativo-legal y qué final se espera alcanzar con este trámite.

Según dijo Pérez, una vez la ley modificada aparezca en el BOC y tenga vigencia, y ello será “de forma inmediata”, el colectivo Canarias por un Desarrollo Sostenible presentará la denuncia ante el Gobierno comunitario, con lo que se abre un camino que la plataforma espera que concluya con la derogación de la citada ley a petición de las autoridades comunitarias, o bien con una demanda judicial contra España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE), en este caso por un supuesto incumplimiento cometido por un Estado miembro.

El profesor de Derecho recordó que con la acción legal diseñada por la plataforma se inicia una senda que, por ejemplo, “no se activó en Canarias con la polémica descatalogación de especies en peligro de extinción”, lo que, vino a decir, fue un claro error. Ahora, lo que se pretende es resarcir a los canarios del “fraude cometido por el Parlamento de Canarias” al aprobar los cambios recientes en la Ley territorial 6/2002, de manera especial por las “infracciones que ha habido al derecho comunitario (tratados, directrices…) y por la anulación de la participación ciudadana”, entre otras garantías legales que “han sido pisoteadas”.

Si la Comisión Europea, como explicó Pérez, comprueba y acepta que las infracciones al derecho comunitario incluidas en la denuncia son veraces y, por lo tanto, sólidas en el apartado legal, Bruselas se verá obligada a tramitar ante el Ejecutivo español la derogación de la llamada Ley Turística de las Islas Verdes, “dada la cooperación legal que todo Estado miembro debe prestar a la UE”, lo que resulta un “complemento básico del sistema jurídico europeo”.

En el caso de que ese final, el más corto, no se consolide, la Comisión no tendrá más remedio que acudir al Tribunal de Justicia europeo, ante el que debería imponer una demanda contra España “por incumplimiento del derecho comunitario”. Entonces, siempre que la Comisión gane el proceso, el Tribunal podría suspender la aplicación de la mencionada ley canaria, como ya ha ocurrido en otros casos. En este punto, Pérez recordó lo sucedido con una ley aprobada por el Parlamento británico, derogada por ese mismo Tribunal.

Tal y como expuso Pérez, el “fraude cometido por el Parlamento de Canarias” al aprobar la reseñada reforma legal se apoyó en el “proceso legislativo elegido” por la Cámara para esa modificación, “totalmente premeditado” y “basado en enmiendas de todos los grupos parlamentarios menos Nueva Canarias y Podemos”. De esta manera, se cambió de forma extrema el texto que antes se había remitido al Consejo Consultivo para que emitiera el informe jurídico preceptivo. En todo momento, los partidos que apoyaron la aprobación de la Ley Turística de las Islas Verdes “ocultaron el objeto real de esta maniobra legislativa”, remató el también concejal lagunero.

Recogida online de firmas, en la web Movemos Europa

El colectivo Canarias por un Territorio Sostenible también dio a conocer en el mismo foro que ya se ha activado una recogida de firmas online en contra de la Ley Turística de las Islas Verdes y de la futura Ley del Suelo. Las adhesiones personales se pueden gestionar a través la plataforma en internet Movemos Europa , donde se espera acaparar entre 200.000 y 300.000 firmas. La aplicación tendrá versiones en español, ya operativa, en inglés, en alemán y en francés. El propósito de esto es que los turistas que tanto vienen a las islas y repiten visita también se sumen a la protección del patrimonio natural en Canarias.

En la rueda de prensa de esta mañana, participaron, aparte de Santiago Pérez y Julián Ayala, éste como portavoz de la plataforma, dirigentes llegados de las islas de Gran Canaria, Antonio Pérez Marrero; de La Gomera, Rubén Martínez (consejero insular de Sí se puede); de La Palma, Vanesa Catalán, y de El Hierro, Amado Carballo (consejero insular de Podemos).

Todos esos intervinientes centraron sus exposiciones en el convencimiento de que lo que esconde “el cambio de la ley no es desarrollar la actividad económica en Canarias”, como sostienen los que la apoyaron, sino iniciar “la transformación del modelo económico dominante en las islas menores de la provincia tinerfeña, sin duda un paso atrás, algo que conduce a un modelo especulativo. Además, todo se ha hecho, en el caso de la Ley de las Islas Verdes y de la futura Ley del Suelo, hurtando el debate, evitando el debate público”, resumió Antonio Pérez Marrero.

El mismo portavoz garantizó que “la lucha, aunque ya esté aprobada la ley, va a seguir. Con la aprobación de la norma, no se termina la lucha, sino que queda la vía de la Comisión Europea, del Tribunal Supremo y del Constitucional”, subrayó.

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