La Fiscalía acusa al alcalde de Santa Lucía de vulnerar derechos de la oposición para evitar ser declarado tránsfuga

El alcalde de Santa Lucía de Tirajana, Francisco García, vulneró derechos fundamentales de los concejales de la oposición con su maniobra para evitar ser declarado formalmente tránsfuga en el pleno extraordinario celebrado a principios de mayo. Esa es, al menos, la tesis que defiende la Fiscalía en el procedimiento que se sustancia en un juzgado de lo contencioso-administrativo de Las Palmas de Gran Canaria a raíz de la demanda presentada por Eva Araña, edil de AV-PP (Agrupación de Vecinos- Partido Popular).

La oposición había incluido en el orden del día del pleno del 5 de mayo un único asunto: tomar conocimiento de un informe emitido por el secretario de la corporación el 18 de marzo. En ese escrito, el funcionario municipal sostenía que el alcalde y los cinco concejales que habían sido expulsados de la coalición electoral Nueva Canarias-Frente Amplio Canarista tras sumarse al proyecto de Municipalistas Primero Canarias debían adquirir la condición de no adscritos, figura que equivale a ser declarados tránsfugas y que conlleva una clara limitación de derechos políticos y económicos.

Sin embargo, Francisco García impidió “deliberadamente” que el pleno conociera y debatiera ese informe. Para justificar esta negativa, el regidor se escudó en que iba a recabar un dictamen alternativo de la Viceconsejería de Administraciones y Transparencia del Gobierno de Canarias. Según recoge el fiscal, el alcalde “sabía de antemano” que ese informe sería favorable a sus intereses, puesto que ese mismo departamento ya se había pronunciado con anterioridad sobre el mismo asunto a petición del Ayuntamiento de Gáldar.

Para el fiscal José Antonio Blanco, excluir ese debate del pleno municipal fue una decisión “arbitraria” que vulneró el derecho a la participación en los asuntos públicos de los concejales de la oposición y al ejercicio de sus funciones “sin perturbaciones ilegítimas”, un derecho consagrado en el artículo 23 de la Constitución Española.

En un escrito firmado el pasado 15 de julio, el representante del Ministerio Público sostiene que el alcalde excluyó del debate municipal una cuestión que “pertenece y forma parte del necesario control que deben tener los demás grupos municipales y que era el objeto expreso del orden del día del pleno extraordinario”. El fiscal coincide, por tanto, con la demandante, en que se trató de una decisión arbitraria, discriminatoria y vulneradora de derechos fundamentales, por lo que interesa al juzgado que dicte sentencia en este sentido.

El pronunciamiento de la Fiscalía es el último capítulo de una serie que comenzó con la expulsión de Francisco García y cinco concejales de Nueva Canarias (NC). Tras su salida, los ediles intentaron una pirueta para no perder sus sueldos de dedicación exclusiva ni sus áreas de gobierno, al sostener que militaban en el Bloque Nacionalista Rural (BNR), liderado por el alcalde de Gáldar, Teodoro Sosa, principal impulsor de Municipalistas Primero Canarias. Y es que el BNR también formaba parte de la coalición con la que se presentaron a las elecciones (Nueva Canarias- Bloque Canarista). Intentaban así eludir la ley antitransfuguismo.

Sin embargo, de momento se han topado con dos reveses judiciales. Dos magistradas han rechazado paralizar la declaración de tránsfugas de estos ediles. La jueza Beatriz Rallo denegó las medidas cautelares solicitadas señalando que abandonar NC para saltar al BNR sin consentimiento del partido original supone, a primera vista, “una transgresión y un fraude de ley”. Un mes después, la jueza Noemí Lázare tumbó un segundo intento de Primera Canarias por graves defectos de forma en su demanda, al no justificar la urgencia de las medidas cautelares, ni identificar a los demandantes ni depositar fianza.

Por otra parte, la Dirección General de Régimen Jurídico Autonómico y Local, dependiente del Ministerio de Política Territorial, ha emitido otro informe que desautoriza el dictamen del Gobierno canario al que se aferran el alcalde de Santa Lucía y sus cinco concejales. El órgano estatal avala la tesis del secretario municipal y concluye que, al haber sido expulsados del partido que los presentó, deben pasar al grupo de no adscritos.