Rubens Ascanio, candidato a la alcaldía de La Laguna por Unidas Se Puede, seguro que no para de pensar que esta vez sí será; que el pacto de progreso que no llegó tras los comicios locales de 2015, ahora toca que se convierta en fumata blanca.

Ante la previsible ausencia de mayorías absolutas en La Laguna, el cabeza de lista de la confluencia de izquierdas Unidas Se Puede (Sí Se Puede, Podemos, IUC y Equo), el grupo que en 2015-19 lideró la oposición en el Ayuntamiento de La Laguna (a un concejal de distancia de CC -siete-, que mantuvo el alcalde) cree que sí habrá acuerdo de progreso y con él CC se irá a la oposición tras tres decenios al frente del segundo municipio más importante en Tenerife, según número de habitantes.

En esta entrevista, Rubens Ascanio repasa qué hacer en adelante en beneficio de la gente y el detalle del proyecto político de esa confluencia para La Laguna. Los porqués del cambio son múltiples y variados, y sobre todo están relacionados con la mala gestión de CC, el abandono del interés general de los vecinos y los supuestos problemas de corrupción... Unidas Se Puede tiene ganas y las mejores vibraciones, pero hay que esperar a ver qué pasa con el recuento de votos del 26M...

¿Qué sensaciones tiene a pocos días de las elecciones del 26M tras recorrerse el municipio de La Laguna de cabo a rabo? ¿Hay opciones de cambio hacia la izquierda en la gestión inmediata de la Corporación local?

El 26 de mayo será un día histórico. Hay una inmensa hambre de cambio en La Laguna y creo que habrá una mayoría de progreso que acabará con tres decenios de mal uso de los recursos públicos.

Todos los sondeos avanzan que no habrá mayorías absolutas en el Ayuntamiento de La Laguna y que un pacto progresista pasará por llegar a acuerdos con el PSOE. ¿Es el actual otro PSOE, el de Yeray Luis Gutiérrez, quiero decir?

Unidas Se Puede en 2015 fue la segunda fuerza en el salón de plenos [con seis concejales]. Llevamos cuatro años de intenso trabajo en los pueblos y barrios, trasladando más del 50% de las iniciativas plenarias. Hemos mantenido la unidad de acción entre Podemos, Sí Se Puede, Izquierda Unida y Equo con éxito, sabiendo que nos completamos. Estoy seguro de que la gente sabe que somos la principal garantía de cambio en este momento en La Laguna.

Me gustaría pensar que el PSOE no se mantendrá como muleta de Coalición Canaria en este mandato, ni por activa ni por pasiva. Si hay que sumar, nuestra apuesta es clara: un pacto de progreso que ofrezca estabilidad, junto a diálogo abierto con todos los grupos para lograr amplios acuerdos en los elementos estratégicos, como el Plan General.

Si La Laguna vota cambio, progreso, gobernar desde la izquierda..., ¿cuáles serán las prioridades tras cuatro años de mandato de CC-PSOE primero y luego de CC en solitario, en un cuatrienio que han calificado como lleno de escándalos y desatenciones a los ciudadanos?

Me parece que la primera necesidad es la de establecer un gran plan de choque para reforzar y ampliar la red de atención social municipal, alcanzando al menos el 15% del presupuesto, frente al 10% actual. Además estudiaremos el desarrollo de un plan de choque ante todas las administraciones competentes en materia de servicios sociales y empleo para garantizar el acceso a una renta equivalente al SMI a todas las personas adultas del municipio, de forma progresiva y reconocida como derecho subjetivo.

Otro asunto central es el de la vivienda. La Laguna cuenta con más de 2.300 familias demandantes de vivienda de protección oficial y tenemos 15.000 casas vacías. El Ayuntamiento debe intermediar para facilitar su puesta en uso. Por otra parte, debemos atender problemas muy serios como el de la reposición de Las Chumberas y las obras pendientes en El Cardonal, Padre Anchieta o La Verdellada.

Usted ha sostenido en varias ocasiones que la gestión de CC en La Laguna ha sido un desastre. ¿En qué certezas apoya esa afirmación y cómo habrá que actuar en adelante para ordenar la casa pública, que, según Unidas Se Puede, está totalmente desarmada?

Coalición Canaria no ha cumplido lo prometido en este mandato ni en los anteriores. No tenemos un nuevo Plan General, no tenemos una relación de puestos de trabajo actualizada, no tenemos nueva ordenanza de participación, no tenemos presupuestos participativos, no se ha movido una piedra en Las Chumberas o el mercado municipal, mantenemos edificios públicos con coste millonario cerrados... Ni siquiera han logrado llevar al pleno el presupuesto municipal de este año.

Además, en estos cuatro años no se ha afrontado la auditoría real y efectiva de los 105 millones de euros en facturas impagadas que nos dejaron los gobiernos de Oramas y Clavijo, que además hemos tenido que abonar con más de 20 millones de euros anuales en los últimos años, pagados al Santander y La Caixa por los préstamos que el Gobierno de La Laguna tuvo que tramitar en 2012 y 2013.

Toca reordenar el Ayuntamiento y mejorar la gestión de los recursos municipales, apostando por la gestión 100% pública de los servicios que fueron privatizados. Estoy seguro de que un mayor control de los pliegos de condiciones de las empresas que prestan servicios públicos, acabando con la dinámica de la contratación a dedo o política, permitirá que se reduzca las cantidades que pagamos, igual que reduciendo el gasto político, los alquileres innecesarios que estamos abonando y reordenando las plantillas del personal municipal para cubrir las necesidades que tenemos en la actualidad.

Otro aspecto a mejorar es el de los tributos. La población ha sufrido un auténtico saqueo, con un incremento del 83% en el IBI entre 2006 y 2016, en lo peor de la crisis, mientras que las grandes empresas de las telecomunicaciones o las de la energía no han pagado un euro, a pesar de los acuerdos plenarios que hemos logrado para ello. Solo con las empresas de telefonía hemos dejado de ingresar 2,4 millones de euros en los últimos años.

¿A quiénes han beneficiado los últimos gobiernos locales de CC, con varios decenios ya en el poder lagunero, y a quiénes seguro que no?

Si miramos las causas judiciales abiertas o las grabaciones del caso Corredor, que hicieron seguimiento de las llamadas de Fernando Clavijo cuando era alcalde en 2010, tenemos un municipio que ha sido usado como un pastel a repartir entre afines y amigos.

Tener que llevar el carnet de un partido en la boca para poder entrar en una empresa que presta un servicio público es vergonzoso, genera precariedad y sobrecoste en los servicios, donde es más importante que el político de turno tenga línea directa con los propietarios de la empresa que la gestión propiamente dicha.

La realidad es que en los últimos años seguimos siendo uno de los tres municipios con mayor pobreza anclada, con más necesidades de vivienda y mayores problemas de movilidad. Esta población no se ha beneficiado en absoluto de la gestión municipal.

¿Por qué ha habido tanto ruido y tantos escándalos, políticos, judiciales, con denuncias en los juzgados, en estos cuatro años (2015-19) y cuál ha sido el papel del socio de gobierno de CC en casi todo el mandato, el PSOE, en este jaleo?

Es el resultado directo de una gestión imprudente de las instituciones. Al final la única herramienta posible para la oposición es la de recurrir a la vía judicial para hacer cumplir la legalidad o aclarar lo sucedido. No es fácil pues requiere una gran inversión de recursos para el asesoramiento jurídico y el estudio de los expedientes, pero es una obligación ética y legal.

En el caso Grúas, por ejemplo, hicimos un proceso previo vinculado a una comisión de investigación que quedó en nada por las presiones de CC al PP. Ante eso decidimos recurrir al juzgado. No se trata de un asunto menor. Estudiando los expedientes vemos que privatizar este servicio para poder colocar a personas afines a los concejales costó a los laguneros cerca de un millón de euros más que la gestión directa, según los informes técnicos.

Explique al menos la media docena de medidas de aplicación urgente que ha definido su partido para llevar a flote el Ayuntamiento de La Laguna, sobre todo pensando en las personas, en los vecinos, en sus atenciones sociales básicas y en la mejora de la calidad de vida, que también pasa por el avance económico.

Nuestra propuesta central está basada en derechos sociales y en vivienda, como ya le comenté. Además creemos que urge establecer medidas que permitan facilitar las citas y la gestión de informes mediante medios telemáticos.

Otra propuesta clave es la de reducir el malgasto de recursos públicos. En este sentido estaremos en los 100 primeros días con medidas concretas para reducir el coste político municipal, que nos hace ser el primer municipio de Canarias en cuanto a sueldos de cargos públicos. Además vamos a aplicar mecanismos para la gestión 100% pública del agua en el municipio, garantizando una reducción de su coste para las familias con menos recursos.

El mandato próximo queremos que también sea el de los pueblos y barrios, con un proceso de descentralización real que lleva demasiado tiempo pendiente. La puesta en marcha de servicios básicos, como centros de mayores y la mejora de las escuelas infantiles, también serán ejes fundamentales. Además, queremos impulsar los más de treinta proyectos de zonas verdes que llevan esperando desde hace quince años en el Plan General, espacios fundamentales para la convivencia y la mejora de la vida de las personas.

Finalmente, vinculado al Plan General, apostamos por un documento renovado de forma participada, eliminando los pelotazos que se incluyeron en la propuesta de la era Clavijo y defendiendo el suelo agrícola y natural.

¿Qué papel juega La Laguna en que se pueda dar un cambio en el Cabildo de Tenerife, para la salida de CC, y de qué manera está contribuyendo su confluencia a que ello sea posible?

La Laguna es la pieza clave del tablero de un régimen construido por un partido empresa llamado Coalición Canaria, lo hemos visto en este mandato y sabemos el resultado político de esta situación. Harán todo lo que esté en su mano por no perder lo que ven y usan como un botín para empresas amigas, que facturan millones de euros anuales de las cuentas públicas. El resultado de La Laguna hará más amplia la brecha entre la izquierda y la derecha en otros instituciones, de eso no me cabe duda. Vamos a aportar miles de votos a favor de la regeneración.

¿Por qué se ha llegado a la situación que padecen algunos vecinos de Las Chumberas con sus pisos y también otros ciudadanos en barrios cercanos? ¿No le parece un problemón, quizá el más grave en estos cuatro años?

Seguramente es uno de los problemas más graves que debemos afrentar en el mandato que comienza tras el 26M. .

Hay un ejemplo claro de lo que significa el cambio en La Laguna con lo que hicimos en Muvisa. Antes se estaba usando el dinero de la subvención en todo tipo de gastos y ahora hay una cuenta con más de 15 millones exclusivamente para Las Chumberas. Conocemos con bastante claridad qué ha sucedido con el dinero.

¿Qué hay que hacer con las viviendas en alquiler de la empresa pública Visocan y cómo califica la gestión en este ámbito del Gobierno de Canarias?

Es otro ejemplo de mala gestión. En esta mandato hemos llevado cuatro mociones sobre las 1.002 casas de Visocan en La Laguna y su situación de abandono. Nuestra propuesta es clara: ayudar a los inquilinos que quieran iniciar el proceso de compra, desde el punto de vista de las gestiones burocráticas y legales, así como pedir un precio basado en los años que han pagado, no en la especulación urbanística, como quiere el Gobierno de Canarias.

¿Por qué los laguneros deben ir a votar y no quedarse en casa o permanecer lejos de las urnas? ¿Confía en que haya una buena participación?

Creo que la ola de participación de las generales sigue viva y es una ola de progreso y cambio, de avance y mejora, que sabe que cada voto cuenta. Posiblemente el resultado del domingo dependa de un puñado de votos de diferencia entre el primero y el último.

La mejor manera de garantizar el cambio en La Laguna es apostando por Unidas Se Puede como primera fuerza de la izquierda, por ser garantía de renovación política. Para eso es clave que seamos la fuerza más votada.

¿Tienes buenas vibraciones, pese a la intensa atomización de la izquierda en La Laguna, con hasta cinco partidos diferentes con opciones de acceder a representación en el segmento de la izquierda (Unidas Se Puede, Avante La Laguna, Nivaria, NC y PSOE?

Unidas Se Puede es ejemplo de unidad, una suma que funciona y multiplica desde hace cuatro años. Creo que la dispersión del voto no es buena, suele castigar, pero esa dispersión será aún más intensa en la derecha en esta ocasión.

¿Qué es lo que más le reprocha al aún alcalde y a su grupo de gobierno: falta de diálogo, dejadez, ausencia de transparencia, indicios de corrupción...?

Es una mezcla de cosas. Creo que es un equipo con deficiencias serias en el diálogo, nacido a la sombra de un poder absoluto y que entiende la negociación como una compra o una rendición.

Además es un partido que asume con normalidad la discrecionalidad en los servicios, en la gestión del empleo en las empresas que prestan servicios públicos... Eso en parte explica que la imputación por el caso Grúas sea tan clara y rotunda para José Alberto Díaz y el actual portavoz municipal de CC [Antonio Pérez-Godiño].

Las elecciones municipales de 2015 arrojaron en el Ayuntamiento de La Laguna un posible pacto entre las fuerzas de izquierda (sumaban 14 concejales, mayoría absoluta en un pleno con 27 miembros), pero este no fue posible porque el PSOE (cinco concejales) decidió cogobernar en el municipio con Coalición Canaria (CC), entonces con una minoría de siete concejales. Rubens Ascanio, que es el portavoz de Unidos Se Puede en esa Corporación local, el grupo mayoritario en la oposición con seis concejales, califica en esta entrevista de “cacicada” muchas de las políticas llevadas a cabo por CC durante estos últimos años.

Tras estos años como grupo mayoritario en la oposición, ¿con qué sensación se queda respecto al trabajo realizado por su partido?

La valoración es positiva en cuanto al número de iniciativas y a lo que estas han significado para el conjunto del Ayuntamiento. Hemos desarrollado iniciativas fundamentales, como impedir que existan cortes de agua o luz que afecten a las familias por causas económicas, igual que la lucha por evitar que se cerrasen los dos comedores sociales que existen en La Laguna. También hemos trasladado un sinfín de iniciativas y propuestas para fomentar los espacios sociales de los barrios laguneros, que en total son más de 200, con casi el 50% de todas las presentadas en este mandato. La única espina que nos queda clavada es no haber podido desarrollar esas iniciativas como grupo de gobierno, mediante un pacto de progreso, que era el escenario natural que había tras las elecciones locales de 2015.

¿Y cómo califica la gestión del grupo de gobierno, controlado por CC?

Hemos tenido relaciones complicadas a lo largo de todo el mandato, sobre todo por el propio perfil del actual alcalde de La Laguna [José Alberto Díaz, de CC], que es una persona que no tiene capacidad de diálogo. Sin embargo, sí hemos podido mantener relaciones de trabajo con distintos concejales y concejalas del grupo de gobierno. En síntesis, el balance no es positivo. Haciendo memoria y recordando las palabras del alcalde en su discurso de investidura, no ha cumplido ni una sola de las cosas que prometió en 2015. Habló de una relación de puestos de trabajo renovada en el Ayuntamiento, algo que no se ha producido; también comentó la creación de un nuevo Plan General de Ordenación (PGO), que tampoco ha cumplido. Por lo tanto, Coalición Canaria va a dejar un ambiente de abandono y desidia tras estos cuatro años al mando del Ayuntamiento, además de tener un ambiente político bastante enrarecido.

Caso Zebenzuí, caso Grúas, expulsiones de ediles de los partidos… ¿Cómo cree usted que se recordará este mandato?

En la actualidad tenemos un escenario perfecto para demostrar cómo funciona CC. A este partido lo hemos puesto delante de su propio espejo, y la población sabe mejor que nunca la forma de trabajar del partido en estos últimos 20 años, y cuáles son los elementos sobre los que se sustenta. CC ha considerado el Ayuntamiento de La Laguna como un espacio donde desarrollar una actividad económica, una oportunidad de negocio para personas afines a Coalición. Esto se ha visto reflejado en tramas como el caso Grúas.

¿Cuáles son las previsiones de su grupo de cara a las próximas elecciones?

Nosotros somos la única alternativa a Coalición Canaria. Si algún lagunero o lagunera quiere emitir un voto realmente útil para acabar con 30 años de CC, este es el voto para Unidos Se Puede. Hemos demostrado que estamos a la altura de las circunstancias. Incluso hemos demostrado que tenemos la voluntad de llegar a acuerdos con otras formaciones políticas en elementos que son fundamentales para el funcionamiento del municipio, y además tenemos un proyecto.

Este proyecto es una obra coral de un equipo amplio formado por personas muy cualificadas y está enfocado a llevar a cabo objetivos complicados, porque es difícil revertir datos como la deuda municipal. A principios de este mandato, el Ayuntamiento tenía una deuda pública de 105 millones de euros, que no fue generada por la calima, sino que vino arrastrada por la gestión de Fernando Clavijo y Ana Oramas. Este tipo de acciones se tienen que revertir con una nueva forma de gobierno.

El otro día comentaba en las redes sociales que tenemos un municipio donde se le perdonan 2,4 millones de euros a las empresas de telecomunicaciones, y a los vecinos y vecinas se los somete a un incremento del 83% en el recibo del IBI. Y cuando hemos llevado al pleno iniciativas que reduzcan el coste de ese impuesto a las familias con menos recursos, CC, junto a otros partidos políticos, vota en contra, y eso es más que significativo.

Dentro de su confluencia (que usted es de Sí Se Puede) esta Podemos e IU, que pasan por momentos difíciles. ¿Cree que esto puede afectar a la formación a escala local?

La Laguna se ha convertido en una especie de aldea gala de la confluencia para las fuerzas de izquierda en el conjunto del archipiélago canario. En estos cuatro años, el espacio de Unidos Se Puede no se ha caracterizado por ser un lugar plagado de broncas o disputas internas entre los partidos integrantes; al contrario, ha sido conocido por un trabajo conjunto.

Defendemos un trabajo que está gestionado por personas preparadas de todas las edades, teniendo en cuenta nuestra diversidad, y hemos sabido aprovechar los elementos que nos unen. Yo espero y deseo que los cuatro años siguientes sean iguales, porque la única vía que hay para ganar en La Laguna es la unidad de las fuerzas progresistas. No existe otra alternativa para parar la ola de la extrema derecha.

Recientemente, la oposición tomó el control de la empresa municipal Muvisa, SA. ¿Es esto reflejo de las carencias en la gestión por parte de Coalición Canaria?

Es el resultado directo de la gestión. CC ha convertido durante años a la empresa pública Muvisa en una cueva oscura donde se podía actuar sin demasiado control, y fue cuando se empezaron a exigir los datos referentes a las obras de reposición del barrio de Las Chumberas cuando chocamos con un muro: el de no querer la trasparencia. Dentro de Muvisa vamos a poder trabajar y explicar dónde están los 20 millones de euros que, a día de hoy, siguen sin ser justificados.

Comentaba usted que en 2015 hubo un escenario político que daba pie a la formación de un gobierno de izquierdas con la participación del PSOE, pero que ello no se pudo llevar a cabo. ¿Cree que la formación socialista cambiará de opinión en las próximas elecciones y se llegará a acuerdos?

La imagen del PSOE estos cuatros años ha sido la de un partido totalmente sometido a los intereses de CC, dispuesto a aceptarlo todo con tal de que CC se mantuviese en el poder. Sé que hay mucha gente que ha votado al PSOE durante muchos años y que se siente engañada por la gestión de estos cuatro años.

Nuestra misión ahora mismo es mantener los puentes de diálogo con la nueva dirección del PSOE en La Laguna. De hecho, ya se han producido reuniones que han sido positivas, con la idea de conseguir una mayoría de progreso después de las elecciones de mayo de 2019. Las mayorías absolutas parece que son cosas del pasado, pues ninguna formación política la va a tener en La Laguna, por lo que estamos obligados por la ciudadanía a hablar para llegar a acuerdos.

Javier Abreu, histórico militante socialista y actual concejal en el grupo de los no adscritos, ha manifestado por las redes sociales su intención de presentarse bajo un nuevo proyecto político. ¿Es un ejemplo más de que la izquierda continúa dividiéndose?

Yo deseo que todas las candidaturas que han surgido de la raíz de lo que era el PSOE en La Laguna tengan la mayor fortuna posible y los mejores resultados. Cuanta más gente podamos sumar para formar un gobierno eficaz en el municipio de La Laguna, mucho mejor. Sin embargo, ¿la dispersión del voto es positiva? Pues no lo sé. Que se lo pregunten a los andaluces si la dispersión de la derecha ha sido positiva. Supongo que se puede razonar dependiendo del cristal por el que se mire.

En el ámbito regional, ustedes siempre se han quejado de la “eterna estancia” de CC en el gobierno. ¿Cree que en mayo eso se acabará?

CC nunca había estado tan debilitada como ahora. El electorado tradicional de CC tiene muchas ofertas alternativas que pueden resultar más interesantes de lo que representa en la actualidad Coalición, además de que la gente está defraudada por la gestión del partido durante todos estos años en el gobierno.

Cuando la gente piensa en CC, piensa en el enchufismo sistemático, en un régimen que recuerda más a la Sicilia de los años treinta que a una sociedad avanzada y moderna. Todos esos actos tienen un coste y se está demostrando, ya que CC no ha dejado de perder fuerza en los últimos treinta años, Espero que en 2019 llegue el fin de CC en el poder. Este va a ser un elemento muy positivo, tanto para la ciudadanía en Canarias como para el propio partido nacionalista, que creo que necesita una temporada fuera del poder para acabar con las dinámicas que se han convertido en su actual seña de identidad.

¿Cómo califica la gestión de Podemos en el Parlamento de Canarias?

Yo siempre digo que jamás en mi vida había hecho un voto útil en unas elecciones al Parlamento de Canarias. Jamás había visto reflejado mi voto en hombres y mujeres que están desarrollando unas políticas para la mayoría, y esto ha sido fundamental para los canarios y canarias.

En 2015 hubo un debate muy duro tanto en el seno de Podemos como dentro de Sí Se Puede para llegar a un acuerdo de confluencia. Pese a no haber llegado a un acuerdo con Izquierda Unida, se lograron reunir todos los votos para poder obtener los mejores resultados posibles. Por primera vez, y se puede decir en mayúsculas, en el Parlamento de Canarias hubo oposición. Somos gente sin padrinos y sin tener ningún poder económico detrás, que solamente hacemos políticas para la mayoría de las personas.

Pedro Sánchez ha adelantado las elecciones a abril de este año. ¿Fracaso de la izquierda?

Es un acierto que ha tenido la derecha. Ha generado un relato que ha tenido sus propias consecuencias. Los partidos de derechas han vetado el entendimiento con diversos partidos que a su juicio no son respetuosos con lo establecido por la Constitución, o con la unidad del Estado, pero no tiene problemas para pactar con un partido como Vox, que trivializa con asuntos como la violencia machista o la memoria histórica.

Cuando eso se justifica, y se cuestionan otras cosas, se imposibilita que existan mayorías que cristalicen las iniciativas progresistas. Veremos qué pasa en las elecciones del 28 de abril. Lo que está claro es que, si seguimos dando carta al discurso de la extrema derecha, solo será viable un gobierno de extrema derecha. Si es así, no estamos alejando tanto del denominado régimen de 1978 como de la propia democracia. Estamos yendo hacia un modelo donde solo se puede gobernar haciendo actos patrióticos en la plaza de Colón. Sin embargo, hay una mayoría de la población que quiere avanzar mediante el diálogo y la paz, y debemos de hacer políticas para estas personas.

El nuevo consejo de administración de la Sociedad Municipal de Viviendas de La Laguna (Muvisa) se ha reunido en la mañana de este lunes para avanzar en la gestión de esta sociedad mercantil pública y además proceder a la renovación de sus cargos directivos, después de que la junta general de esta entidad mercantil aprobara la modificación de los integrantes de su consejo. Esto se decidió el viernes pasado, con el apoyo de la oposición representada por Unidos Se Puede, XTF-NC, PSOE, Cs y los concejales no adscritos antes del PSOE Javier Abreu y Yeray Rodríguez (15 votos a favor por 12 en contra).

Los ocho integrantes del nuevo consejo, con CC, el PP y el concejal no adscrito antes del PSOE Zebenzuí González (los que se opusieron al cambio en la junta) fuera de este órgano ejecutivo, han decidido nombrar como presidente del consejo de administración a Santiago Pérez, portavoz de XTF-NC, mientras que Rubens Ascanio ha sido designado vicepresidente del mismo órgano y Javier Abreu consejero delegado de esa empresa pública municipal, antes bajo el control de CC, hoy con gobierno en minoría en La Laguna.

El consejo de administración también ha acordado revocar los amplios poderes que tení­a el anterior presidente y alcalde lagunero, José Alberto Dí­az (de CC), para que esas potestades puedan volver al puesto que correspondí­an en su origen, al consejero delegado de Muvisa, ahora una función de Javier Abreu.

Además, esta misma semana, según se asegura en una nota de XTF-NC, se procederá a convocar a los trabajadores y trabajadoras de Muvisa con el fin de abordar la nueva situación de esta empresa municipal adscrita al Ayuntamiento de La Laguna.

También queda por ver si los nuevos directivos de la sociedad pública fuerzan el cese o destituyen del actual director gerente, Carlos A. Díaz Martín, y si algún asesor colocado por CC en esa entidad mercantil, por ejemplo Silvestre Suárez, también sale de la sociedad municipal,

Su importancia urbana y patrimonial quedó reseñada en el informe que el Comité Español del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos España) redactó en 2008 ante la implantación “provisional” del mercado en este lugar. Ese informe es contundente a la hora de valorar esa decisión y literalmente dice: “El caso que se presenta a informe es un claro ejemplo de menoscabo del valor patrimonial de la ciudad a causa de su degradación por ocupación de espacios públicos comunales por la introducción de usos insanos y molestos en un espacio cívico de carácter cultural y patrimonial. Así mismo, entraña el menoscabo del disfrute pacífico del derecho de fruición colectiva de un bien o parte de él, en este caso la plaza del Cristo de la ciudad de San Cristóbal de La Laguna, pieza fundamental del conjunto de espacios cívicos definidos como piezas esenciales del valor cultural y patrimonial del Bien Cultural inscrito en la Lista de Bienes Patrimonio de la Humanidad”.

Junto a este mismo lugar tenemos el Santuario del Cristo, que lleva esperando desde 1985 por su definitiva declaración como Bien de Interés Cultural por sus altos valores patrimoniales e históricos. Es lamentable que treinta y cuatro años después ese proceso no haya culminado ante la falta de respuesta institucional, especialmente por la negativa del Ministerio de Defensa, que se considera afectada por el efecto del entorno de protección de esta declaración en las actuales instalaciones militares. El acuartelamiento actual, poco usado, ocupa unas parcelas de alto valor estratégico para un mejor desarrollo de nuestro municipio, que ojalá en breve sean devueltas a un uso civil que venimos reclamando desde hace tiempo.

Desde hace catorce años, el documento del Plan Especial de Protección del Casco ya recoge medidas de mejora de esta plaza, tras el impacto negativo de los cambios sufridos en este entorno en 1998, con medidas como el aparcamiento subterráneo, la tala de los viejos olmos, la retirada de los antiguos bancos y el cambio del pavimento. La propuesta técnica hablaba de una plaza más habitable, sin charcos ni problemas de accesibilidad, con protecciones vegetales y físicas frente al alisio y espacios para el descanso, muy lejos de lo que tenemos actualmente.

Para recuperar la plaza hay que lograr objetivos concretos, como el definitivo traslado del mercado a su lugar original, pero también con medidas que mejoren el entorno público. En este sentido creemos que la propuesta de instalar un tanatorio-velatorio junto al Santuario del Cristo representa un impacto negativo. Entendemos que el proyecto presentado y defendido por la directiva de la Esclavitud del Cristo implicaría un impacto en el conjunto de una plaza que además es considerada plaza de interés insular y en el ámbito del Bien de Interés Cultural incoado, con categoría de monumento. Creemos que en ambos casos una obra de estas características es totalmente incompatible con el uso público de la plaza y sus valores patrimoniales y urbanísticos.

Nos sigue pareciendo difícil de explicar que en el verano de 2017 se permitiera el cambio exprés del Plan Director del Santuario para posibilitar esta actividad, calificada en el documento como un “servicio demandado por la ciudadanía”. Esta modificación fue promovida por el Cabildo y redactada por el arquitecto Alejandro Beautell, que curiosamente ya participó en la restauración del Santuario presentada poco antes y en el Plan Director de 2010. La reacción vecinal ante este proyecto creemos que evidencia que tal demanda no existe; al contrario, mucha gente entienden que solo hay un interés en usar mercantilmente un espacio que, con independencia de las creencias de cada persona, tiene un indudable valor simbólico y patrimonial.

En este 2019 esperamos que los avances en este proyecto puedan ser frenados con medidas institucionales que preserven el interés general por este espacio público frente a este tipo de impactos. El pasado mes de diciembre pedimos, además, que el alcalde ejerza su papel en el proceso de inmatriculación abierto sobre parte de los solares afectados por esta obra, al entender que los usos municipales sostenidos en el tiempo de los almacenes utilizados para las fiestas generan derechos adquiridos por parte del Ayuntamiento.

Nuestra apuesta con respecto a la plaza del Cristo es clara. Queremos una plaza abierta, atractiva, vivible, una demanda que va aparejada con cumplir de verdad con las esperadas obras del Mercado y con el fomento de usos compatibles con el sentido y el origen de este gran espacio público. Recuperar esa plaza y otros muchos espacios públicos abandonados del municipio debería ser un elemento central en los compromisos políticos de cara a mayo de 2019. Ojalá sea así.

*Portavoz municipal de Unidos Se Puede en La Laguna

El portavoz de Unidos Se Puede en el Ayuntamiento de La Laguna, Rubens Ascanio, uno de los denunciantes del caso Grúas, ha celebrado este jueves la decisión de la Fiscalía “de no prolongar por más tiempo el privilegio de aforamiento” de Fernando Clavijo y ha considerado que la imputación del exalcalde de la ciudad y actual presidente de Canarias “está mucho más cerca”.

En un comunicado, Ascanio define como “una buena decisión judicial” el informe de la Fiscalía en el que pide al Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que devuelva el caso Grúas al Juzgado de La Laguna (Tenerife) que lo inició.

Ese retorno del sumario a La Laguna “permite seguir avanzando en clarificar” un caso que incluye un préstamo de 120.000 euros de dinero público a una empresa privada y la privatización de servicios públicos para colocar personas afines de las “redes clientelares de Coalición Canaria”, según el portavoz de Unidos.

Este caso “todavía tiene un largo recorrido por delante, ya que el proceso solo ha alcanzado una fase muy preliminar de testificaciones y de estudio de los documentos”, considera Ascanio, para quien ahora “la imputación definitiva de Fernando Clavijo está mucho más cerca”.

“Estamos a poco de ver a Fernando Clavijo declarar como imputado, igual que ya vimos al alcalde de La Laguna y a su portavoz municipal”, indica Ascanio, que informa de que antes de eso van a reiterar un escrito presentado en abril pasado “para pedir unas declaraciones de testigos clave y la suma de nuevos documentos que creemos que serán fundamentales para el desarrollo de este caso”.

Rubens Ascanio recuerda que en este caso ha sido esencial el papel de los empleados de Autogrúas Poli, SL, que desde 2012 a 2014 “registraron casi una treintena de escritos con denuncias concretas sobre las ilegalidades que se estaban cometiendo en este servicio”.

Sus escritos, dirigidos al entonces alcalde, Fernando Clavijo, y a su sucesor, José Alberto Díaz, “no fueron atendidos de ninguna manera por la administración pública” ni se produjo ninguna actuación.

“Esa es la clave de la denuncia, que no tiene nada de política, que es una denuncia ante la inacción y la falta de respuestas de quienes debían darlas”, sostiene el portavoz de Unidos se puede.

Ascanio también destaca el papel de los técnicos municipales “que señalaron y trataron de evitar las situaciones que se estaban viviendo en ese servicio público”, sin los cuales “no existiría este proceso de investigación”.

Los partidos denunciantes del caso Grúas, XTF-NC y Unidos Se Puede (en la oposición en el Ayuntamiento de La Laguna), advirtieron este martes de que estarán “muy pendientes” de que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) actúe con “imparcialidad” en la decisión que deberá tomar a raíz de que la jueza instructora de ese proceso, Celia Blanco, haya elevado el caso a esa instancia judicial y solicitado la imputación del presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo (CC).

Así lo ha avisado este martes el portavoz de XTF-Nueva Canarias, Santiago Pérez, quen se muestra convencido de que “el Gobierno de Canarias intentará subterráneamente desarrollar todo tipo de presiones para mediatizar la imparcialidad” del Alto Tribunal canario, al punto de que en “ciertos corrillos” del poder autonómico “se viene diciendo: 'No se preocupen, que esto lo paramos en el TSJC”.

Pérez ha ofrecido este miércoles una rueda de prensa con el líder de Unidos Se Puede, Rubens Ascanio, en la que ambos estiman que a lo largo del mes de septiembre el TSJC citará a Clavijo como investigado en esta causa.

Ambos anunciaron además que presentarán una iniciativa conjunta en el pleno del Ayuntamiento lagunero para revocar el dictamen de la comisión de investigación sobre el caso Grúas, “aprobado con una mayoría ilegítima, con los votos incluso de dos imputados” por este mismo asunto y “con conclusiones mentirosas”. De ahí que para Pérez y Ascanio “se tenga que restablecer la verdad”, pues “la Audiencia Provincial, el fiscal y la jueza instructora” ya coinciden en que hay indicios probados de criminalidad en este expediente administrativo.

En su alegato ante los periodistas, el portavoz de XTF-NC llegó a referirse al propio presidente del TSJC, Antonio Doreste, a quien ha enviado el mensaje de que su partido estará vigilante, y cree que así lo debe estar también la “sociedad canaria” para que este organismo judicial actúe con independencia en el proceso y sea impermeable a supuestas presiones de CC.

“Mentiras” para una “prórroga de 10 millones”

Pérez trata de desacreditar el argumento del “interés general” y de que actuó conforme a la legalidad que utiliza el exalcalde para defenderse en este caso, pues tal explicación, para el edil de XTC-NC, “es una tomadura de pelo a los canarios”, desde el momento en que “la ley no prevé que un ayuntamiento dé créditos a empresas, y solo se puede hacer lo que la ley autorice, digan lo que digan los catedráticos contratados por Clavijo, quien además debió haber sacado a concurso público de nuevo el servicio por los gravísimos incumplimientos e irregularidades de Autogrúas Poli”.

Tal rescate de la concesión no solo no fue así, sino que se prorrogó cuando la empresa ya estaba en manos de los “amigos” de Clavijo, y con esta medida de gracia fue vendida a un “humanitario” comprador, el empresario Luis Tacoronte, que adquirió Autogrúas Poli por un simbólico euro a cambio de enjugar sus 700.000 euros de deuda. En total, una prórroga que mueve un volumen de negocio de 10 millones de euros que sale de las arcas públicas laguneras.

El edil de XTF-NC también tacha por ello de “falsa” la justificación que da ahora Clavijo para haber dado ese “préstamo ilegal” a la concesionaria: la crisis económica y la peatonalización del casco histórico, una “mentira que repiten en CC como papagayos”.

En este sentido, Pérez llama la atención sobre el hecho de que los trabajadores del servicio de grúas compraran la empresa a su propietario original, Luis Padilla, “a ciegas, comprometiendo su patrimonio personal”, algo que “solo es posible porque tenían la garantía de que todo iba a llegar a buen puerto y sería un buen negocio; una garantía que solo se la podía dar Clavijo”.

Para el concejal denunciante del caso Grúas “la conexión del entonces alcalde con estos trabajadores metidos a empresarios está archidemostrada ya”.

“Prevaricación con la excusa del interés general”

En esta misma linea argumental, Ascanio opina que el interés general no ha sido en este caso el de CC, pues montó “un entramado que tiene que ver con la prevaricación”. Por eso entiende que la petición de la jueza al TSJC para imputar a Clavijo “es un paso importante en la dirección que venimos señalando”.

Para el portavoz de este Unidos Se Puede, “la privatización del servicio de grúas, con un coste de 150.000 euros al año mayor que con la gestión directa, no fue por interés general, sino para obligar a vender la empresa a los amigos; y no es interés general no controlar las irregularidades de esta concesionaria, ni darle el préstamo con los informes del Interventor en contra, y encima renovarle concesión en lugar de sacarla de nuevo a concurso”. “Estos son comportamientos mafiosos, que no puede nunca ser parte del interés general”, remacha el edil.

Sonará manido, pero, aunque una mentira se repita muchas veces, no deja de serlo. La realidad es que en el año 2004, cuando un joven concejal de Seguridad Ciudadana llamado Fernando Clavijo decidió privatizar este servicio público, este se desarrollaba con dos grúas municipales y seis operarios que habían pasado un proceso de selección oficial, todo ello a un coste de 170.000 euros menos que el que, según los informes oficiales, supuso su gestión privada.

No es casualidad que esta decisión se tomara en un momento en el que La Laguna contaba con grandes ingresos y había recursos para mejorar ese servicio desde lo público. Respondía a la misma fe liberal de la que ha hecho gala Clavijo en este tiempo, una fe en que lo privado se gestiona “mejor” y además tiene menos cortapisas, una premisa que el tiempo y los datos están desmintiendo. Cuando sumamos el efecto total de la privatización, calculado en esos informes, hablamos de alrededor de un millón de euros más a las arcas municipales, todo para facilitar la contratación de afines.

Otra cosa clara son las declaraciones ante la Guardia Civil y en la comisión de investigación del primer propietario de la empresa que se hizo con este servicio. Afirma que desde el minuto uno lo usaron para colocar a dedo a personas vinculadas política y personalmente a los concejales, principalmente de Coalición Canaria, una práctica que desgraciadamente es un sostén fundamental de las políticas caciquiles.

El sobrecoste de este servicio público privatizado se realizó para consolidar la principal ganancia política que produce para sus ideólogos, reforzar la red clientelar que posibilita perdurar en el tiempo y mantener el poder. Esa red se sostiene sobre la precariedad de quien es contratado en base a un favor y se mantiene bajo la amenaza constante de que si otros gobiernan lo perderán. Es una red construida sobre el miedo y la arbitrariedad.

Ese ecosistema del premio y del castigo sale caro, incluso genera situaciones a la larga que explican parte de esos famosos 105 millones de deuda municipal que en 2012 afloraron, fruto de la mala gestión de los recursos públicos de la era Oramas y Clavijo.

Un ejemplo esperpéntico del resultado de este tipo de dinámicas fue el préstamo de 120.000 euros que el propio Ayuntamiento entregó a la empresa de grúas en 2014, una acción absolutamente infrecuente en las administraciones públicas, realizada en contra de los informes del Interventor municipal y que se hizo con un objetivo claro, permitir a las personas afines a Clavijo, que compraron la empresa en 2011, mantener el contrato cuando incumplían múltiples aspectos del pliego de condiciones.

Con descaro han dicho que era para evitar problemas a unos trabajadores que habían arriesgado su patrimonio en una empresa como esta, cuando en la misma época no movieron un solo dedo para evitar la ruina de miles que no tenían contactos ni amistad con el poder caciquil.

Estas artimañas contrarias a los informes y a la legalidad ya han costado la imputación del alcalde y del portavoz local de CC y estoy seguro que próximamente serán determinantes para la imputación de Fernando Clavijo.

Lo he dicho en varias ocasiones, seguramente antes de final de verano veremos el caso grúas en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Una vez lleguemos a eso, entraremos en una fase donde aquellos partidos que de verdad apostamos por la regeneración de las instituciones y la depuración de las responsabilidades políticas deberemos dar pasos claros y contundentes. Veremos cuál es la actitud de otras fuerzas con respecto a estas situaciones. La grúa nos puede dejar una dignificación de la política o más vergüenza, veremos lo que pasa.

*Portavoz municipal de Unidos Se Puede en La Laguna

En las últimas semanas, El Coromoto ha sido noticia por el intento de instalar nuevas antenas en un entorno urbano más que colmatado, generándose inmediatamente una respuesta vecinal de resistencia hacia lo que consideran un disparate urbanístico.

Sorpresa e impotencia a partes iguales cuando de la noche a la mañana, en una zona donde es complicado realizar una simple reforma en las viviendas por motivos urbanísticos, se puede observar cómo una empresa instaladora levanta unas antenas sin el menor reparo.

Estoy convencido de que debemos dar los pasos necesarios para recuperar esas tasas urbanísticas vinculadas a las antenas de telefonía móvil, similares a las que ya se aplican en otros municipios. Es inconcebible que en la actualidad en La Laguna colocar una antena de telefonía sea un negocio redondo, ya que no existe ningún procedimiento para cobrar un solo euro por este uso de los espacios públicos, tal y como demuestran los informes de la Concejalía de Hacienda en su memoria de 2017.

En 2016 el Tribunal Supremo abrió la puerta del llamado tasazo en Madrid, que permitirá que en Madrid las compañías deban abonar unos 11 millones de euros en tasas no pagadas por ocupación de suelo, subsuelo y vuelo de la vía pública. La Laguna también debe adaptar sus ordenanzas para hacer posible que se recupere el pago, como una herramienta más para forzar a las empresas del sector a llegar a un acuerdo a la hora de colocar una antena de telefonía.

Nuestro municipio no puede quedar en manos del todo vale que generó esa Ley de Telecomunicaciones de 2014. Como instituciones más cercanas a la gente, los ayuntamientos deben articular todas las fórmulas necesarias para regular esta actividad, cumpliendo con todos los principios urbanísticos y de seguridad, salvaguardando el interés general.

En el momento actual, lo recordamos en el último pleno municipal, los únicos mecanismos de defensa de los intereses de la ciudadanía en este asunto son, por un lado, mantener la movilización ciudadana contra esa instalación, y por otro, conseguir que el Gobierno local se siente a hablar con la teleoperadora para buscar acuerdos negociados a través de la participación ciudadana en cuanto a los emplazamientos de este tipo de infraestructura.

Queda en el aire la paradoja de que en La Laguna sea mucho más fácil colocar una antena de telefonía en un edificio que una placa solar, lo cual es inaudito. Toca poner límites a la actividad de las grandes compañías de telefonía en nuestro municipio, empezar a decirles no de vez en cuando a sus imposiciones.

*Portavoz de Unidos Se Puede en el Ayuntamiento de La Laguna

El portavoz de Unidos Se Puede en La Laguna, Rubens Ascanio (de la segunda fuerza en concejales en esa Corporación local de Tenerife), considera que este es el momento de presentar una moción de censura en el Ayuntamiento.

Ascanio, que es uno de los denunciantes (con otros de su partido y junto a integrantes de la formación política Por Tenerife-Nueva Canarias -XTF-NC-) del caso Grúas, sostiene que, si se le han pedido responsabilidades políticas al concejal lagunero Zebenzuí González (ex del PSOE) por sus conocidos mensajes machistas enviados por WhatsApp, también debería tenerlas el hecho de que el alcalde lagunero, José Alberto Díaz (de CC), continuase en el cargo a pesar de ser investigado por delitos de corrupción.

El líder local de Unidos Se Puede afirma en esta entrevista que las prácticas políticas que se descubrieron con las conocidas grabaciones del caso Corredor, por el que fue investigado Fernando Clavijo durante su etapa en el Consistorio, pueden seguir funcionando en la actualidad.

Ascanio también se muestra muy crítico con la primera teniente de alcalde en La Laguna, Mónica Martín, y con el PSOE lagunero, a quienes acusa de conocer esas prácticas y de no hacer nada para solucionarlas. “En La Laguna estamos pagando a mucha gente por solo mirar, y Mónica Martín lo sabe”, lamenta.

Se habla constantemente del umbral de deuda que dejaron los exalcaldes Ana Oramas y Fernando Clavijo, ambos de CC, en el Consistorio lagunero, pero ¿se sabe en qué nivel se encuentra ahora y cuál ha sido el impacto para la ciudadanía?

La situación de la deuda pública local salta a partir del año 2012, en el peor momento de la crisis, cuando de repente afloran en las gavetas del Ayuntamiento 105 millones de euros en facturas impagadas. Son de los mandatos de Ana Oramas y de Fernando Clavijo [ambos de CC]. Esos 105 millones de facturas impagadas luego se tienen que abonar mediante un crédito que se solicita a dos bancos: La Caixa y el Santander. Por esos dos créditos, hemos estado pagando, año tras año y en los últimos ejercicios, 14 millones de euros en intereses a esas entidades bancarias. Esta situación la tendremos hasta el año 2023, aproximadamente. Pese a que Coalición Canaria suele vender esas facturas como parte de toda la gestión de centros ciudadanos y piscinas que hay en el municipio de La Laguna, la realidad es que más de 40 millones de euros estaban vinculados al servicio de limpieza y no se habían pagado. Son facturas de los años 2007, 2008 y 2009 que no se habían abonado en su momento a los proveedores. Otras muchas tenían las mismas características, pero con asuntos de alumbrado, telefonía o de mil servicios que se habían prestado. La situación actual es que todavía estamos pagando y nos queda una parte sustancial de esa deuda, algo más de la mitad.

¿En qué cree que ha mejorado La Laguna durante el mandato de José Alberto Díaz? ¿Y en el de este respecto al de Fernando Clavijo?

Ha habido algunas mejoras, que creo que están vinculadas a la pérdida de la mayoría absoluta que tenían en el mandato pasado. En el mandato anterior, tenían 13 concejales y concejalas y un pacto con los cuatro concejales del Partido Socialista. Había una holgada mayoría en el salón de plenos, y ello hacía que el rodillo fuera constante. Había un nivel de diálogo muy escaso y existía la práctica constante de votar en contra de todas las iniciativas presentadas por la oposición. En la actualidad, la debilidad del grupo de gobierno permite que muchas iniciativas que presenta la oposición sean aprobadas y algunas de ellas se están llevando a cabo. Sí hay una cuestión que valoramos: la aparición de más convocatorias participativas en los consejos ciudadanos, por ejemplo, el Consejo de Patrimonio o el Consejo Municipal de Mayores. Lo que más nos preocupa del mandato actual es la incapacidad de gestionar las propuestas que se han aprobado en los plenos y que, de alguna manera, se han negociado con colectivos sociales del municipio. Luego, a la hora de la verdad, no son respondidas por parte del equipo de gobierno.

¿Cuáles?

Por ejemplo, la falta de concreción del Plan General de Ordenación (PGO), que es uno de los elementos que dijo el alcalde en su toma de posesión que era prioritario y que en cuestión de unos meses iba a estar aprobado. Ya han pasado más de dos años desde esa promesa y parece que lo único que tiene levemente dibujado es la ordenación en la zona de la comarca nordeste del municipio. Este es uno de los elementos fundamentales, pero también ha habido otras cuestiones que se han planteado en los plenos, como la de reducir el coste del agua en La Laguna. Es una propuesta que lanzó nuestro grupo y que se aprobó en un pleno. Se previó hacerlo a través de las tasas. Tampoco se ha desarrollado correctamente. Otra de las propuestas que hemos lanzado, vinculada a la recuperación del mercado de La Laguna, sigue ahí diez años después, tras el traslado a una jaima provisional en la plaza del Cristo y con muchas promesas pero pocas realidades. Respecto al IBI, se ha planteado por activa y por pasiva la necesidad de mejorar las condiciones para la ciudadanía que menos recursos tiene, para que pueda afrontar este impuesto. Se planteó a través de una moción la posibilidad de bajar los valores catastrales, que es una disposición que tiene el Ayuntamiento para reducir la incidencia de la subida en esos valores que hizo el Ministerio. La Laguna no ha aplicado ningún tipo de IBI social, pero sí hay otros municipios, como el de Las Palmas de Gran Canaria o Santa Cruz de Tenerife, que la tienen en marcha. La Laguna, a pesar de tenerlo aprobado y ser un acuerdo plenario, no ha hecho nada al respecto. Nos parecen cuestiones preocupantes.

¿Por qué cree que no ha salido adelante el Plan General de Ordenación?

Creo que es una cuestión de incapacidad a la hora de poner negro sobre blanco en las propuestas que tiene el equipo de gobierno sobre el modelo de municipio que quiere. La realidad es que casi todos los concejales y concejalas que hay ahora mismo en el salón de plenos de Coalición Canaria han estado vinculados activamente a la gestión realizada durante el mandato anterior. Fueron personas que votaron a favor del Plan General de 2013 y 2014, ambos de Fernando Clavijo. En este momento, no sabemos cuál es su modelo de Plan General. Ellos han estado presentando en Valle de Guerra, Tejina y Guamasa algunas propuestas, y podemos entender que ahí hay un elemento que puede ser interesante, pero sigue existiendo el problema de que caigan sobre los vecinos las obras de mejora del entorno. Hay un exceso de urbanización y esto no se entiende en el contexto actual del municipio. Llegará el momento en que no les quede otra que presentar ese documento, si lo quieren aprobar antes de finalizar el mandato. Yo estoy convencido de que, si antes de mayo de 2018 ese documento no lo sacan de la gaveta o de donde lo tengan y lo llevan a exposición pública, volveremos a estar un mandato más sin PGO. A pesar de todas sus dificultades, que las hay, José Alberto Díaz tiene un trato bastante déspota a todos los niveles. Sin embargo, su carácter, a diferencia de Fernando Clavijo, es algo más dialogante.

¿Qué está haciendo Unidos Se Puede en el Ayuntamiento de La Laguna que no se conozca y ustedes consideren de relevancia social? ¿En qué han fallado o les ha faltado actuar?

Le agradezco que me haga esa pregunta porque siempre acabamos hablando de las mociones de censura como si esto fuera el elemento central de nuestro trabajo. El gran problema del municipio es atender a más de 17.000 personas que están en desempleo o a las 2.300 familias que han solicitado una vivienda social. En este sentido, nosotros hemos presentado más de 150 iniciativas plenarias en lo que va de mandato. Somos el grupo que más iniciativas ha presentado. Gracias a nuestra labor, por ejemplo, se dejaron de cerrar los comedores sociales, y la propia concejala de Bienestar Social reconoció en la prensa que los comedores sociales del municipio gestionados por entidades privadas y religiosas se cerraban todos los veranos en julio y agosto, y no se abrían hasta septiembre. Esta situación se revirtió cuando entramos en el salón de plenos. Logramos ampliar las partidas necesarias para atender esos comedores durante los meses de verano; también las personas que desarrollan su labor solidaria en esos comedores sociales. Esta es una de las cosas de las que estamos más orgullosos y orgullosas, igual que de los elementos para evitar los cortes de agua y de luz a las familias con menos recursos del municipio, algo que también pasó por el pleno. No estamos montando una revolución; solo estamos haciendo la revolución de las cosas pequeñas, que hasta ahora no eran parte de las políticas del Ayuntamiento de La Laguna. Gracias a la presión de los compañeros y compañeras, ya están siendo una realidad. En el otro apartado, el de los fallos, no hemos podido llevar a cabo un seguimiento profundo de todas las cuestiones que estamos atendiendo en este momento en el municipio. Al final, la oficina municipal de un grupo de la oposición se convierte en una especie de organismo multifunciones. Además, hay que decir que nuestro grupo rechazó el aumento de 30.000 euros que se le aplicó a todos los grupos municipales. Este aumento se da para intentar contentar a algunos grupos con necesidades de apoyo humano en las oficinas municipales, porque es la primera vez que los grupos municipales no tienen personal de confianza de apoyo en sus oficinas. Ello denota el viejo estilo de Fernando Clavijo, que no se había atrevido a practicar el actual alcalde, pero que ahora ha decidido aplicar, a pesar de ser hosco en las formas. Con mil dificultades estamos intentando atender todos los frentes que se nos abren en el día a día.

Pero en qué asunto en concreto consideran que les ha faltado actuar…

En el asunto del agua en La Laguna no hemos desarrollado todas las iniciativas. Es verdad que hemos hablado de establecer un precio público del agua en La Laguna, lo que reduciría notablemente su coste a escala municipal. Hemos solicitado la puesta en marcha de un informe que establezca si esa fórmula es viable, pues ya se aplica en otros municipios. Tenemos una de las aguas más caras de todo el archipiélago y de poca calidad. Le estamos comprando a la parte [accionista] privada de Teidagua. Esa parte privada de Teidagua hace un negocio que ronda los siete millones de euros en beneficios anuales, y dos millones digamos que vienen de la compra que hace cada vecino y vecina del agua y del servicio que estos reciben. El resto son servicios que presta a empresas vinculadas a esa parte privada, que factura directamente al municipio de La Laguna y lo que genera una bolsa económica muy importante. Nuestra apuesta clara es la remunicipalización y la recuperación de ese servicio. Han pasado 25 años desde que se creó esa empresa mixta, donde el 49% es de la parte privada. No hemos hecho lo suficiente para recuperar el servicio público del agua. Es una de las asignaturas que tenemos pendientes para este final de mandato.

Hablaba antes de la situación del desempleo en el municipio. ¿Cuáles son las principales quejas y demandas que realizan los ciudadanos? ¿La mayoría se suele atender? ¿Hay un seguimiento de ellas?

En general, está la sensación de un Ayuntamiento paralizado. Este es un elemento que está muy presente en el día a día. La gente entiende que, cuando realiza una queja o plantea una sugerencia o una duda, el Ayuntamiento no responde. Es un problema muy grave que tiene que ver con la aparición del área de quejas y sugerencias, que está aprobada desde el año 2009 y que nunca se ha puesto en marcha en el municipio de La Laguna. Hay, cada vez más, un movimiento de personas que cuestionan cómo se están gestionando los servicios públicos y cómo se plantean dentro del Ayuntamiento los cambios en el ordenamiento de sus pueblos y barrios. Esto es muy positivo. Hay una diferencia respecto a años anteriores en la ciudadanía sobre lo que sucede en el entorno más inmediato. Esta semana tenemos una asamblea vecinal que tiene que ver con unas obras que se van a realizar en el barrio de San Lázaro, para ubicar una estación de gas propanado con tres depósitos de 49.500 litros vinculados al gas natural. Los vecinos ya se están activando para responder a ese problema. Lo mismo ha sucedido en espacios del municipio donde han desaparecido zonas verdes que estaban en el Plan General y han sido cambiadas por otro tipo de instalaciones. Pasó en San Honorato, donde se ubicaban dos torres de ocho plantas y todo el movimiento vecinal, modélico, logró frenar las otras dos torres que querían hacer en esa zona, y se ha parado. Ahora mismo, por la situación que comentamos, el grupo de gobierno es una máquina de hacer promesas. Por ejemplo, el alcalde salió este fin de semana diciendo que está en contra del gas en La Laguna. Es muy curioso, cuando Coalición Canaria es la principal fuerza que ha trabajado para que la regasificadora de Granadilla sea una realidad, para que el negocio llegue a todos los grandes municipios del archipiélago. Si él mantiene esa postura y es real, pues resulta muy positivo. Lo que está claro es que lo tiene que demostrar con los hechos.

¿Cuál es la tasa de personas desempleadas en La Laguna? ¿Acude mucha gente a solicitar ayuda social al Ayuntamiento? ¿Están satisfechos con la respuesta dada por el Consistorio?

En torno a 17.000 desempleados, y muchos de ellos son parados de larga duración. Esto plantea una mayor dificultad, sobre todo en el colectivo de parados de más de 55 años. También hay un porcentaje muy potente de jóvenes en paro que son menores de 25 años. Son los dos grandes grupos, donde más está golpeando este problema. Por no hablar de las mujeres, que ya forman una parte muy importante del conjunto de parados, sobre todo porque hay muchas familias monoparentales encabezadas por una mujer y ello genera efectos colaterales tremendamente graves, a diferencia de lo que pasa en otros lugares en que se plantean rentas básicas o rentas de apoyo para las familias con más dificultades. La Laguna tiene unos servicios municipales con trabajadores sociales que hacen una labor muy importante. Los cálculos son realmente dramáticos en la unidad de Atención Social; están desbordados, especialmente en los barrios más poblados. Tenemos quejas constantes de vecinos que solicitan una ayuda para el pago de una matrícula de enseñanza, el pago de material escolar o para cuestiones que tienen que ver con la alimentación. Para solicitar la primera cita y pedir esa ayuda, tienen que esperar un mes. Y para que al final la ayuda les llegue, tienen que esperar otro más. Es un trámite preocupante porque, cuando tu solicitas una ayuda de emergencia, es para que sea lo más rápida posible y muchas veces la única forma de paliar ese problema es a través de las ONG, especialmente Cruz Roja y Cáritas, que están haciendo una labor en la primera línea de fuego y esta es fundamental. Atienden muchas necesidades que el Ayuntamiento está obligado a canalizar pero que, por falta de recursos humanos o materiales, este no lo hace. En 2016 más de dos millones de euros del presupuesto de Bienestar Social no llegaron a ejecutarse. Según la concejala responsable, no dio tiempo de facturar todas aquellas cosas que estaban previstas con esos dos millones de euros. El presupuesto del año pasado fue el que menor porcentaje destinó en toda la historia a Bienestar Social: no llegó al 10%. Lo sustancial es la queja que nos trasladan los vecinos y la falta de atención a los problemas reales que estos tienen. Hay situaciones de emergencia de personas que están perdiendo su vivienda y necesitan, por ejemplo, un municipio donde haya una bolsa de pisos sociales como alternativa de vivienda habitacional. El Ayuntamiento tiene la posibilidad de ir adquiriendo viviendas vacías. Tenemos más de 15.000 viviendas vacías y más de 1.300 familias demandando viviendas sociales.

Respecto a las viviendas vacías, ¿cuál es la postura de José Alberto Díaz y de Mónica Martín?

Dicen que sí, pero a la hora de la verdad no hacen nada. Todavía estamos esperando a que se nos traiga el censo de viviendas vacías existente en el municipio. Es una normativa que se ha aprobado en el Parlamento de Canarias y que obliga a todos los ayuntamientos a elaborar ese censo. En el mandato pasado, se solicitó y se aprobó para que se sepa cuáles son las viviendas vacías y se sepa quiénes son los grandes propietarios de viviendas vacías. Según los datos técnicos que tenemos a día de hoy, sin tener ese censo oficial, son promotoras urbanísticas y bancos. Muchas veces bancos que hacen de promotoras urbanísticas.

¿La crisis del PSOE en el Ayuntamiento de La Laguna ha perjudicado en la toma de decisiones de impacto social? ¿De qué manera?

Cuando de cinco concejales que había al inicio del mandato con labores de gobierno se ha pasado a dos concejalas, claro que repercute. Con un grupo de gobierno conformado por los siete concejales de Coalición Canaria y los cinco del Partido Socialista, ya había muchos elementos a los que eran incapaces de llegar. Cada concejal se ocupa de varias áreas y eso repercute en el servicio que se presta a la ciudadanía. Cuando eso se reduce más, tiene un efecto negativo para la ciudadanía. Es por el rebumbio que se ha generado en la política interna del Partido Socialista, con guerras internas a cuenta de seguir o no siendo la muleta de CC en el Ayuntamiento de La Laguna. Esto tiene un efecto negativo y así lo está percibiendo la ciudadanía.

¿Qué le ha parecido la expulsión de Javier Abreu y Yeray Rodríguez del PSOE? ¿La entiende o es una vendetta?vendetta

No es una buena noticia para un partido que ha sido muy importante en la vida democrática de La Laguna en los últimos años. Durante toda la etapa democrática, ha sido una de las grandes fuerzas políticas en el salón de plenos lagunero y ha ocupado la alcaldía durante buena parte de los primeros años, tras la muerte del dictador. Que el candidato de ese partido [Javier Abreu] esté pasando por toda esta situación no me parece que sea bueno ni para el electorado socialista ni para la imagen del municipio. No sé cómo lo van a resolver. Ahí el Partido Socialista tiene que buscar la vía para normalizar su situación. Tampoco sé lo que pasará porque en La Palma, por ejemplo, aquellos que fueron expulsados ahora son miembros de la dirección del partido.

¿Qué piensa de que Zebenzuí González, pese a ser expulsado y ser invitado por todos los partidos a dejar el acta, aún se mantenga como concejal? ¿Hay un apoyo a escondidas a Zebenzuí González por parte de CC y el PSOE oficial, el que lidera Mónica Martín?

Si Zebenzuí González se mantiene como concejal es porque otros intereses, otras personas, tienen la idea de dejarlo ahí para evitar que haya algún tipo de cambio en la estructura de poder dentro del Ayuntamiento. Si Zebenzuí González se mantiene ahí es para ser el voto necesario y tener una mayoría, que es muy delicada dentro del salón de plenos. El principal interesado en eso es CC. Me parece lamentable, pero creo que es la realidad. Saben que si aquí entraran otras personas sustituyendo a Zebenzuí González probablemente no sean tan domesticables o fácilmente domesticables. Que se estén aprovechando de la debilidad de Zebenzuí González es un buen retrato de lo que es Coalición Canaria. Esto no se aleja mucho de lo que han hecho en otros municipios, como en Tacoronte, donde compraron a un concejal de la oposición [de Sí Se Puede] para mantenerse en el poder. Todo vale con mantenerse en el poder. Aquí la política se asemeja más a la mafia que a la ideología. Sí, sin tapujos. Lo vimos [a Zebenzuí González] recientemente en un acto público donde participó una de nuestras compañeras. Fue en Tejina, y los concejales y concejalas de Coalición Canaria lo recibieron con besos y abrazos. Ellos consideran que no ha pasado nada. Siguen con el argumentario de “quién no ha dicho alguna vez en un bar...”, que no es equiparable porque se trata de un cargo público y está reconociendo unos elementos claramente delictivos y con unas conductas profundamente machistas, y que además se jacte de ello, aunque sea en un espacio como el WhatsApp. No es lo mismo que cualquier persona se chulee de su machismo visceral. Creo que Mónica Martín se ha convertido en uno de los brazos armados que justifica y defiende mantener a CC en el poder en La Laguna. Ya no valen aquellas excusas que se daban hace un año y pico, cuando se decía que mantenía el acuerdo en La Laguna porque desde arriba le habían dicho que tenían que hacerlo. Ahora la excusa no es esa: ahora ellos, a escala local, dicen que lo que están haciendo es lo mejor para el municipio. Ahora mismo, Mónica Martín es la mejor embajadora de CC en el municipio.

Una semana después de lo ocurrido con Zebenzuí González, se supo que el concejal de Deportes en La Laguna, Agustín Hernández, colocó a su pareja en la misma área de la que es responsable, en este caso a través de una empresa externa adjudicataria de servicios del Ayuntamiento. ¿Qué ocurrió con esto? ¿Se ha vuelto a preguntar en el pleno o se ha obtenido más información acerca de lo ocurrido?

Pedimos una comparecencia del concejal Agustín Hernández para saber cuál era su versión de los hechos. Fue una explicación un tanto peregrina la que nos dio. Nos comentó que, dentro del pliego de condiciones del concurso, existía un servicio de atención que ofrecía la empresa MSM Mérida y que esa empresa que prestaba servicios para el Organismo Autónomo de Deportes, libremente (y él tiene un escrito de esa entidad que así lo certifica) seleccionó a esa persona con la que mantenía una relación. La seleccionó libremente. Lo que yo dije en el pleno: benditas casualidades. En La Laguna se dan muchas casualidades, como, por ejemplo, que llame Aurelio Abreu [hoy vicepresidente del Cabildo de Tenerife, del PSOE], como pasó en 2010 y está recogido en el caso Corredor. Entonces, era senador del Partido Socialista, y ahora es portavoz del PSOE en el Cabildo. Llamó a Fernando Clavijo para que colocará a una amiga que era delineante en una obra vinculada al Ayuntamiento. Casualmente, el alcalde tuvo a bien hacer unas llamadas y presionar a la empresa que prestaba entonces ese servicio, que era Acciona. Era una obra de pequeña entidad; no estamos hablando de una contratación indefinida. En el caso de ese concejal de CC, la empresa realiza procesos de selección y parece que, de forma casual y entre las 800.000 personas que hay en Tenerife, elige justo a la persona vinculada al concejal de CC. Bendita casualidad.

El alcalde José Alberto Díaz avanzó su intención de revisar todos los contratos y dijo que se iba a reunir con los responsables de las diferentes empresas adjudicatarias del Consistorio a raíz de la noticia de Zebenzuí González y los enchufes en esta administración pública. ¿Sabe si esas reuniones se han producido y si además se ha llegado a algún tipo de conclusión?

Sabemos que ha habido movimientos porque trabajadores y trabajadoras de esas empresas nos los han notificado. Ha habido reuniones y llamadas. A la hora de la verdad, que una empresa como Urbaser, por poner un ejemplo, que presta servicios para el Ayuntamiento diga que ha recibido una llamada para colocar a personas, llamadas de políticos, no de otro tipo, lo veo bastante improbable, sobre todo si esa empresa quiere volver a tener un contrato en el ámbito de Tenerife. Urbaser no solo atiende el municipio de La Laguna, sino a otros muchos. Sin embargo, a ciencia cierta sabemos que se llama y se coloca a personas que están vinculadas al poder político municipal. Se colocan en esas empresas. No es para nada baladí que haya tantas personas vinculadas al movimiento vecinal de La Laguna que estén trabajando en empresas que prestan servicios para el Ayuntamiento. Están en empresas que prestan servicios de alumbrado, de jardinería, de limpieza de los colegios. Eso no puede ser fruto de la casualidad. No es fruto de la casualidad que no haya ofertas públicas de empleo, donde la gente pueda saber que, por ejemplo, Urbaser para cubrir bajas de personal o vacaciones va a contratar a un número de personas y que estas personas puedan presentar un currículo de una forma u otra. La mejor prueba de todas la tenemos en las declaraciones de un empresario que sí tuvo el valor suficiente para reconocer que esto estaba pasando. Se llama José Padilla y fue el adjudicatario inicial del servicio de grúas municipales. Literalmente, en la comisión de grúas, nos reconoció que a él lo llamaban concejales del Ayuntamiento, especialmente Fernando Clavijo, cuando era concejal de Seguridad Ciudadana. Le decía: “Esta tarde va a ir equis persona por tu oficina”, una oficina que tenía en Barranco Grande. “Lo tienes que contratar”. Y no hay más explicaciones. Lo tenía que contratar. De hecho, llegó a decir públicamente José Padilla que una vez se le ocurrió contratar a una persona porque la madre de esa persona le había ido a pedir un favor... Luego, el que posteriormente fue alcalde de La Laguna, Fernando Clavijo, lo había llamado para reprochárselo. Que cómo era posible que hubiera contratado a alguien sin contar con su opinión. Tenemos constancia de personas que lo reconocen, que te dicen: “Sí, yo llamé al alcalde y me colocó”, pero que nunca lo van a declarar delante de un juez, porque nunca volverían a trabajar para el municipio de La Laguna. Esta es la realidad. Tampoco José Alberto Díaz lo va a reconocer, pero sí lo dicen a lo largo y ancho del municipio. Todo el mundo conoce casos como, por ejemplo, el de esas personas que trabajan en empresas vinculadas al Ayuntamiento, y una puede ser Teidagua, que de repente son los apoderados y los interventores de Coalición Canaria en las elecciones municipales.

¿Estas prácticas continúan?

Por desgracia, sí. Hasta que no haya un cambio de gobierno, será imposible romper esas redes de clientelismo. Hay ayuntamientos del cambio donde ese tipo de contrataciones pasan por órganos auditables. Aquí todo lo de CC está vinculado al enchufismo. Hay gente que ha sido beneficiada de alguna manera por ese enchufismo y ahora no comulga para nada con CC, que son muy críticos. Nos lo manifiestan, te explican de qué manera, llamando a quién y de qué forma. Una vez dentro de esas empresas, ven lo que pasa, y están siendo perseguidos y maltratados. Con esas dinámicas hay que acabar.

Santiago Pérez (XTF-NC) ha denunciado hace poco que existe una serie de prórrogas de contratos de servicios municipales que es más de lo mismo. ¿Es esta la forma normal de proceder en el Ayuntamiento de La Laguna?¿Cuál es su postura frente a esto?

Sí. La situación que hemos visto en muchos de los contratos públicos son prórrogas continuadas. Cuando una empresa logra un concurso público, te dicen que tiene cuatro años y dos prorrogables. Tienen un tope, aunque hay contratos que pueden durar más tiempo, hasta 10 años. La mayoría suele ser de dos años o cuatro. El Ayuntamiento de La Laguna suele llevar a término esos contratos con las empresas, con prórrogas incluidas, y además sobrepasa las prórrogas con una nueva fase en la que el contrato original se ha superado ampliamente. Pasó con el servicio de atención a las personas mayores del municipio, donde la empresa adjudicataria en 2008 continuaba sin ningún tipo de concurso. Esto genera inseguridad entre los trabajadores y trabajadoras que prestan el servicio y problemas para el Ayuntamiento, porque podríamos ser objeto de una denuncia de cualquiera de las otras empresas, la que diga: “Oiga, que ustedes hicieron un concurso para cuatro años prorrogables en dos y esta empresa lleva 10 años haciendo ese servicio”. Si lo hubiéramos tenido en cuenta, igual hubiéramos optado a reducir el canon o mejoras en el contrato. Esto se ha vendido como que son problemas técnicos que han impedido poner en marcha los nuevos contratos. En La Laguna ha pasado por esa situación un número de contratos que es muy difícil de explicar. Pedimos la comparecencia del alcalde para que nos explicará este asunto y nos comunicó que estaba puesta en marcha la contratación de 12 servicios públicos que concluían en ese periodo.

¿Cuál es la postura del PSOE respecto a estas prórrogas?

Dice que está trabajando. Parece la excusa perfecta para mantener el status quo. Lo achaca a falta de recursos técnicos y de personal. El trabajo debe ser regularizar todos esos contratos públicos y lograr que tengan las condiciones adecuadas. Nos preocupa, por ejemplo, el contrato del servicio de alumbrado, que es uno de los más potentes que tenemos en el municipio. Supone un total de 21 millones de euros de monto con prórrogas incluidas. En ese monto total solo hay unas mejoras incorporadas de 480.000 euros. Según los técnicos con los que hemos podido hablar, se podía haber llegado a un total de tres millones en mejoras. El Ayuntamiento de La Orotava, en el mismo contrato, logró 1.200.000 euros en mejoras. La gran pregunta es: ¿cuándo se hace eso se está pensando en la economía de escala de alguna de las empresas licitadoras?, ¿puede estar alguna de esas empresas vinculada, por ejemplo, al hermano del exministro Soria, como Eficco, que es la actual adjudicataria?

¿Cómo ve hoy en día, tras lo ocurrido con más de la mitad del PSOE, la posibilidad de presentar una moción de censura? ¿Es el momento o quizá ya haya que pelear de nuevo en las urnas, en las elecciones de 2019?

La moción de censura es absolutamente necesaria porque hasta que no rompamos las redes mafiosas del municipio de La Laguna estamos pagando un sobrecoste para la ciudadanía y manteniendo a mucha gente que no sabemos exactamente para qué está. La mejor definición la hizo el propio Fernando Clavijo en el caso Corredor, cuando para contratar a esa delineante llama a la empresa Acciona, llama a la secretaria y le dice: “Me da igual para qué la contrates, que la contrates, aunque solo sea para mirar o para llevar papeles de un lado a otro”. En La Laguna, estamos pagando a mucha gente para mirar. Y creo que el Partido Socialista y Mónica Martín lo saben perfectamente: la que mejor lo sabe porque ella trabaja en servicios municipales y, si desconoce eso, es que no se ha enterado de la película. Estoy seguro de que es una persona sobradamente inteligente y sabe cómo se las gasta CC. Si se llevara al salón de plenos la moción de censura, creo que saldría con una mayoría bastante holgada. No me extrañaría que alguna persona vinculada a los partidos que sustentan el poder en La Laguna llegase a votar a favor en esa moción de censura. El momento lo lleva siendo desde hace mucho tiempo. Coalición Canaria lleva treinta años gobernando de la misma manera el Ayuntamiento de La Laguna. Cuando hay un vacío absoluto de ideología, más allá de sacar la bandera de las siete estrellas y decir que son nacionalistas, su discurso no se diferencia del PP o de Ciudadanos en muchos aspectos. Van de la mano y han ido votando lo mismo en casi todos los grandes temas a escala estatal. Tienen la misma postura que las fuerzas de la derecha tradicional estatal. Es necesario airear, sobre todo cuando vemos casos como el de las Grúas o el Corredor, que están las llamadas ahí, a pesar de la desaparición de las decenas de expedientes en los juzgados. Pero la transcripción de  esas llamadas existe. Sabemos lo que decía Clavijo siendo alcalde, cómo se comportaba. Era el Corleone del municipio de La Laguna, “no te preocupes, hoy por ti, mañana por mí. Yo te hago el favorcito”.

Ustedes son denunciantes, junto a XTF-NC, y están como acusación particular en el caso Grúas. Este proceso ha sido elevado al Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) por la jueza de instrucción al estar Fernando Clavijo, presidente del Ejecutivo canario, aforado. ¿Cree que Clavijo debe dimitir?

Fernando Clavijo tenía que haber dimitido en el minuto uno, desde que se hicieron públicas las transcripciones del caso Corredor. Es incompatible y mil veces más grave que una conversación como la de Zebenzuí González en un chat de WhatsApp. Qué se debe pensar cuando concejales de su grupo le dicen a Clavijo “no hagas eso, porque eso sería prevaricar”, y él dice: “Da igual, nos tenemos que salvar el culo”. Esa persona no puede ocupar un cargo público. Es como colocar a alguien irresponsable a cuidar el depósito de armas de la policía de La Laguna. Fernando Clavijo tendría que dimitir desde hace ya muchísimo tiempo, desde que se conocieron esas llamadas. Con el asunto de las grúas, vemos cómo un servicio que era público y tenía un coste de 150.000 euros luego se privatiza. Los pliegos de condiciones no fueron controlados correctamente; las denuncias de los trabajadores que se hicieron desde el 2012 al 2015 no recibieron ningún tipo de respuesta; no hubo ni un solo expediente. Con los robos que se dieron en el depósito municipal de grúas, atestiguados por informes de la Policía Local y de la Guardia Civil, no ha pasado nada. El Ayuntamiento de La Laguna no ha abierto ninguna investigación. Lo que sí ha hecho la empresa adjudicataria es despedir a los trabajadores y trabajadoras que denunciaron las irregularidades. Los ha despedido a todos menos a uno, pues la Justicia, recientemente, tras una demanda, declaró ese despido como nulo. Fernando Clavijo aguantará hasta el final y pondrá todos sus servicios a funcionar, con muchos medios de comunicación dedicados a vender su historia de gran gestor y de joven promesa blanca de Coalición Canaria. Este fin de semana veíamos una noticia periodística amplia frente a las tres líneas que dedicaron a la imputación de un cargo público en el Ayuntamiento de La Laguna. Dedicaron una página entera a hablar de unos informes jurídicos de la Universidad de La Laguna para salvaguardar y establecer qué criterios tenían que establecerse con el crédito de 150.000 euros vinculado al caso Grúas.

¿Qué medio de comunicación era ese?

Un medio de comunicación de la isla de Tenerife muy importante. No quiero señalarlo. De ese informe del que hablan nosotros, en la comisión de las grúas, solicitamos que participaran los dos profesores de la Universidad de La Laguna que lo habían hecho. En ella realicé la pregunta de si algún familiar directo de estas dos personas había sido contratado por el Ayuntamiento de La Laguna entre 2012 y 2015. Casualmente, a los dos les habían contratado familiares directos en el Ayuntamiento de La Laguna. Otra casualidad.

Desde el Gobierno de Canarias, dominado de cabo a rabo por CC, se sostiene que el caso Grúas es un “juicio político” para desprestigiar a Fernando Clavijo. ¿Cree usted que Fernando Clavijo, como Pérez-Godiño y el actual alcalde de La Laguna, José Alberto Díaz, supuestamente cometieron delitos de tráfico de influencias y prevaricación, entre otros?

No lo creo yo, lo cree la Audiencia Provincial cuando habla de la existencia de elementos bastante razonables que pueden tener que ver con la malversación de caudales públicos, que es un delito bastante grave. Nosotros trasladamos una serie de irregularidades que consideramos que eran dignas de ser estudiadas por la Justicia. A día de hoy, esto está siendo investigado en un juzgado de La Laguna y, probablemente en breve, por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC). Esto es lo significativo. Evidentemente, creo que sí se hicieron las cosas mal y solo pensando en preservar los intereses de los amigos de CC.

¿Qué puede pasar de ahora en adelante y qué reacción debe haber en el Consistorio si se confirma, que así puede ocurrir, la imputación o investigación del actual regidor local? ¿Será entonces el momento de que el PP apoye para lanzar con éxito la moción de censura? ¿Qué dice Antonio Alarcó, líder del PP, acerca de esto?

Ahí tendremos que ir tomando las determinaciones que correspondan en cada momento. Para el responsable político que de forma reiterada violenta los informes de los propios técnicos municipales y pasa por encima del interventor municipal y tampoco atiende a lo que establecía el director del servicio cuando se le comunicaban las irregularidades que se estaban cometiendo, tiene que existir algún tipo de responsabilidad política. Cuando llegue el momento, veremos en la oposición de La Laguna qué determinación hay que tomar. Me parecería significativo que, habiendo sido tan exigente con el concejal Zebenzuí González después de los mensajes de WhatsApp, un responsable político que fuere imputado por elementos como la prevaricación y la malversación de caudales públicos continuara al frente del Ayuntamiento de La Laguna. Me parecería preocupante. La moción de censura es mucho más amplia que el caso Grúas y tiene que ver con la forma de hacer política en los últimos 30 años dentro del Ayuntamiento de La Laguna. Si no fuera por eso, podríamos haber tenido otra serie de dinámicas en el Ayuntamiento de La Laguna. El propio José Alberto Díaz nos puso sobre la mesa una propuesta de acuerdo de gobierno a cambio de los recursos para los grupos municipales. Nosotros le dijimos que chantajes no íbamos a aceptar ni uno. El Partido Popular nos acompañó cuando la solicitud de la comisión de investigación de las grúas municipales, pero es verdad que desde diciembre de 2015 hasta el verano de 2017 han sido un pilar fundamental en todas las votaciones del salón de plenos.

Mi padre me inculcó el amor por el mar y las especies que lo habitan. Nuestro Atlántico es un mar frío y duro, pero muy rico y diverso, lleno de sorpresas.

En las últimas semanas se han repetido las noticias de encuentros llamativos en aguas de Canarias, fulas tropicales en El Hierro, peces cirujano en La Graciosa.... Especies nuevas que se van aclimatando a un océano que se calienta por la irresponsable acción humana.

No es algo nuevo, pero es tremendamente preocupante. Señales de un cambio climático que tenemos que parar, también desde nuestra islas, donde es bastante evidente que el Gobierno canario no ha realizado la tarea.

El aumento de las temperaturas del agua, junto a la llegada de grandes plataformas petrolíferas que generan ecosistemas propios, facilita la llegada de esos nuevos peces tropicales, pero también las no tan bonitas cianobacterias, según todos los especialistas.

Con independencia de otros elementos facilitadores de los problemas que amenazan a nuestros ecosistemas marinos, la realidad es que Canarias también es responsable de este calentamiento global, por unas políticas suicidas que han multiplicado los gases de efecto invernadero en las últimas décadas, siendo uno de los territorios donde menos energías renovables usamos o donde la implantación de los vehículos eléctricos es más lenta.

En el año 2008 la Secretaría Confederal de Medio Ambiente de Comisiones Obreras (CCOO) ofreció los principales datos del informe sobre la emisión de gases de efecto invernadero en 1990-2007 por comunidades autónomas, en la que se cifraba en el 95% el aumento de este tipo de gases en el archipiélago canario durante ese tiempo. Los datos chocaban con los ofrecidos en la misma época en los documentos de la llamada Estrategia canaria de lucha contra el cambio climático, que hablaban de un incremento de cerca del 40%.

Las acciones realizadas para cambiar esa situación por parte de quienes han estado al frente del Gobierno canario en el último cuarto de siglo han sido totalmente insuficientes, incumpliendo de forma reiterada sus propias previsiones.

La producción en renovables sigue siendo irrisoria si la comparamos con otros territorios del Estado español, por no hablar del planeta. En esta línea, la apuesta por la introducción del gas natural como caballo de batalla de la estrategia de CC contra el cambio climático es un error más con un alto coste económico y que repercutirá en la introducción de las renovables.

Mucho podemos hacer también desde los municipios, propuestas claras y concretas que se suman a las estrategias contra el cambio climático, como el apoyo a una movilidad más sostenible, la apuesta por el transporte público, la introducción creciente de los vehículos eléctricos, el apoyo a las distribuidoras de energía verde, la reducción del consumo eléctrico, facilitar espacios para el desarrollo de las renovables, hacer un mayor seguimiento de las emisiones de las principales industrias  y favorecer el autoconsumo.

No se puede acusar al cambio climático de nuestros males mientras no hacemos la tarea contra el cambio climático. Canarias debe lograr estar a la cabeza de estas actuaciones por nuestro propio interés estratégico y por ética colectiva. Si aunamos el esfuerzo de todas las administraciones en esta tarea, habremos ganado mucho.

*Portavoz de Unid@s se puede en el Ayuntamiento de La Laguna

El portavoz municipal de Unidos Se Puede en el Ayuntamiento lagunero, Rubens Ascanio, consideró este martes que el PSOE “debe decir públicamente cuál es su postura respecto a la posibilidad de articular una moción de censura en el municipio y dejar ya la ceremonia de la confusión en la que se encuentra en este momento”.

Ascanio indicó que las declaraciones de la actual portavoz del grupo municipal socialista en el Consistorio, Mónica Martín, en las que afirma que no han tenido ninguna “propuesta seria” relativa a un posible cambio de gobierno lagunero, son “totalmente inaceptables y una falta de respeto a la ciudadanía, especialmente cuando su grupo no ha dado la más mínima respuesta tras la reunión formal mantenida en el mes de enero y ante la propuesta de acuerdo para la moción de censura realizada en su momento a las puertas del Ayuntamiento”. El mismo dirigente político insistió en que “nuestra seriedad la demostramos en el trabajo diario y dando la cara por las cosas en las que creemos, con propuestas razonadas y razonables”.

Ascanio cree que, con “la suma de declaraciones contradictorias realizadas en los últimos meses, el PSOE está demostrando que es un partido sin rumbo, que no es capaz de explicar el acuerdo que mantiene con Coalición Canaria en La Laguna”. El edil de la formación lagunera le pide a Martín que “no falte el respeto a una parte sustancial de concejales presentes en salón de plenos lagunero, los que hemos dado un paso al frente para pedir ese cambio de Gobierno y un programa de progreso para La Laguna. Si quiere defender el actual acuerdo con CC, que lo haga claramente y no se escude en falsedades”.

En Unidos Se Puede emplazan al PSOE a sentarse y a dialogar sobre este respecto, “como lo venimos haciendo desde el minuto uno. Estamos convencidos de que es posible construir un gobierno de progreso beneficioso para La Laguna, y para eso no tenemos líneas rojas, como hemos dicho constantemente”.

Los grupos municipales de Unid@s Se Puede y Por Tenerife-Nueva Canarias (XTF-NC) en el Ayuntamiento de La Laguna han presentado una moción solicitando que se reduzca el tipo de gravamen aplicable al Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de Naturaleza Urbana, dentro del margen legalmente establecido en el artículo 72.1 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

El objetivo de esta propuesta es mantener constante durante el ejercicio de 2017 el esfuerzo fiscal que las familias y empresas laguneras han soportado durante 2016, dado que se prevé para este año un incremento adicional de la recaudación por este tributo cercana a 3.673.688,13 euros, según el proyecto de Presupuesto General.

Los firmantes de la moción, los portavoces de ambos grupos municipales, Rubens Ascanio y Santiago Pérez, solicitan, además, que se consigne en el Presupuesto de 2017 una cantidad adecuada para apoyar a las familias que más dificultades tengan para afrontar el pago del IBI, cuya recaudación se ha estado incrementando durante los últimos años, desde los 27.092.764 euros de 2010 hasta los 31.269.354 de 2015, según la documentación oficial de la Liquidación de los Presupuestos del Ayuntamiento correspondiente a dichos ejercicios.

Finalmente, y con carácter previo a la celebración del Pleno, piden que la Secretaría General emita un informe sobre la conformidad con el ordenamiento jurídico de sus propuestas.

Rubens Ascanio y Santiago Pérez recuerdan que el Ayuntamiento lagunero tiene que aplicar, bajo la vigilancia del Ministerio de Hacienda, un Plan de Ajuste desde 2012 a 2023, que está condicionando todos los Presupuestos municipales y los servicios que presta a los ciudadanos.

En este contexto, la presión fiscal sobre los contribuyentes no ha parado de crecer en los últimos años, llenos de dificultades para la empresas y las familias como consecuencia de la crisis económica: según las Auditorías encargada por el Gobierno de Canarias, entre 2013 y 2015 la presión fiscal por habitante y año subió en La Laguna desde 509 a 617 euros por habitante y año. Es decir, un 17.6% en sólo 2 años.

En los últimos años, en que se realizó una actualización generalizada del valor catastral de los inmuebles urbanos por el Ministerio de Hacienda, el Ayuntamiento podría haber hecho uso de la autorización contenida en el artículo 72.5 de la Ley de Haciendas Locales y haber bajado (hasta el 0,1%) el tipo de gravamen, de forma excepcional, para mantener constante el esfuerzo de más de 50.000 familias y empresas de La Laguna. Asimismo, también podría haber utilizado el margen ordinario y bajar el tipo de gravamen hasta el 0,4% (artículo 72.1 de la Ley de Haciendas Locales).

El Informe Económico-Financiero del Proyecto de Presupuestos del Ayuntamiento para 2017 prevé una capacidad de generación de ahorro cifrada en 26.116.018,54 euros, sustentada una vez más en el esfuerzo de los contribuyentes. De esos 26 millones de ahorro el Ayuntamiento tendrá que dedicar 12.883.973,32 euros al pago de la deuda con las entidades financieras, gran parte de la cual procede de los préstamos pedidos para abonar los 70 millones de deuda correspondiente a los ejercicios 2003-2011 no reflejada ni en la documentación presupuestaria ni en la contabilidad oficial, que afloró entre 2012 y 2013.

A partir de estos datos, ambos ediles argumentan la viabilidad de su propuesta, sin que se ponga en riesgo el logro del equilibrio presupuestario, es decir efectuar una reducción del tipo de gravamen del IBI urbano que atenúe la creciente presión fiscal sobre los contribuyentes laguneros para conseguir, al menos, mantener en términos constantes la recaudación prevista.

Del mismo modo, aseguran que no existe el menor impedimento legal para que el Ayuntamiento pueda consignar en sus Presupuestos, con cargo al margen de ahorro previsto, una asignación económica para apoyar mediante subvención a las familias que más dificultades económicas padecen para afrontar el pago del IBI.

La formación Unidos Se Puede, segunda fuerza política en el Ayuntamiento de La Laguna (seis concejales), ha decidido tomar la iniciativa y prepararse para forzar un cambio político en el municipio, en caso de que se llegara a concretar una moción de censura junto al PSOE (cinco ediles) y Por Tenerife-Nueva Canarias (XTF-NC), con tres y liderados por Santiago Pérez, exsocialista. Estos tres partidos, si se ponen de acuerdo, suman la mayoría absoluta, con 14 concejales en un pleno de 27.

En un comunicado, Unidos Se Puede afirma que se prepara para una posible entrada en el Gobierno municipal tras la ruptura del acuerdo de Coalición Canaria y PSOE en el Ejecutivo de Canarias.

Tras una reunión de su comisión permanente celebrada este jueves para evaluar el nuevo escenario político, Unidos Se Puede ha decidido activar a sus comisiones de trabajo para que desarrollen las primeras medidas que habría que tomar para producir un cambio político en el municipio, en caso de que se llegara a concretar una moción de censura “y un gobierno de progreso” con PSOE y XTF.

Según Rubens Ascanio, portavoz del grupo municipal, “La Laguna no puede esperar más” y, a su juicio, su “responsabilidad como principal grupo de la oposición es estar preparados para tomar medidas que den un giro a la política de CC y pongan el Ayuntamiento al servicio de la gente”.

Para ello, las comisiones trabajarán para concretar medidas basadas en su programa y que se puedan llevar a cabo si se produce un giro en la política municipal. “Estas medidas serán nuestro punto de partida en caso de que se abriera un escenario de negociación para producir un cambio de gobierno y enviar a CC a la oposición tras 30 años en el poder”, ha indicado Ascanio.

Asimismo, Unidos Se Puede considera que el debate sobre los presupuestos municipales “es un buen momento para calibrar la debilidad” del equipo de gobierno y de su alcalde, José Alberto Díaz, por lo que la formación política planteará medidas de cambio profundo en el actual modelo de gestión.

Rubens Ascanio indica que la gestión municipal solo está provocando “desmoralización” en la ciudadanía, que, de manera continua, “nos para por la calle para preguntarnos cuándo habrá un cambio en el municipio”.

Cinco años después de que el Tribunal de Justicia de la UE condenara al Estado español debido a que en 2011 aún había 37 ciudades mayores de 15.000 habitantes que no depuraban correctamente sus aguas residuales, la Comisión Europea ya se ha cansado de esperar y ha decidido llevar de nuevo a España ante el tribunal comunitario porque hoy en día todavía son 17 las localidades que siguen sin tratar de forma óptima esas aguas, entre ellas La Laguna.

La Comisión ahora pide que se ejecute la sentencia y que se imponga una sanción de al menos 46,5 millones de euros, más una multa de 171.217 euros diarios si los deberes siguen pendientes cuando los jueces dicten su segunda resolución. La costa de La Laguna es una de las que aparece entre esas 17 localidades, debido a los vertidos continuos que se han realizado por la mala gestión en la depuradora de Valle de Guerra.

Rubens Ascanio, portavoz municipal de Unidos Se Puede, recordó que su grupo ya denunció la existencia de informes del Gobierno de Canarias, concretamente los realizados por la empresa Cívica Ingenieros, SL, en los que se afirma que, frente a los 4.500 metros cúbicos diarios que llegan a la depuradora de Valle de Guerra, solo 2.500 se tratan correctamente, mientras que el resto se manda al emisario submarino con un tratamiento primario que no cumple con la normativa.

Ascanio destacó que parte de los 2.000 metros cúbicos por día vertidos sin un tratamiento secundario son de La Laguna, que envía unos 1.500 metros cúbicos diarios, según el citado informe, y una media de 1.250 metros cúbicos diarios, según el área de Aguas, que proceden de la zona de Valle de Guerra, Tejina, El Ortigal y Guamasa. El resto de aguas tratadas tiene su origen en Tacoronte (1.700 metros cúbicos diarios) y Tegueste (1.300).

El efecto de esos vertidos hace que existan valores excesivamente elevados de contaminación marina por aguas fecales, mayores a 20.000 UFC/100 de bacteria E-coli, debido a la escasa profundidad para el caudal del vertido, por lo que, dependiendo de las condiciones del mar, afecta a zonas de baño costeras.

La misma organización política sostuvo que el Consejo Insular de Aguas además debe aclarar “qué hace con los 600.000 euros anuales que el Ayuntamiento de La Laguna paga por depurar esas aguas, que evidentemente no son tratadas correctamente, lo que supone otro ejemplo de mala gestión y de incumplimiento de la normativa” que es de aplicación en estos casos.

El Pleno urgente y extraordinario del Ayuntamiento de La Laguna celebrado este viernes (28 de octubre) ha llegado cargado de polémica. Según denuncia el grupo municipal de Unid@s Se Puede en el consistorio, la sesión fue convocada con pocas horas de antelación, por lo que no reunía “las condiciones de seguridad jurídica necesarias” debido a que la oposición “no tuvo acceso a los expedientes íntegros y no pudo estudiarlos”.

Por este motivo, tal y como explicó la concejala María José Roca, la formación votó en contra de los expedientes que no habían podido ser estudiados y recordó que este tipo de reconocimientos extrajudiciales no eran en absoluto “un procedimiento común ni la forma correcta de hacer las cosas”.

Facturas pendientes de la legislatura anterior

La formación apuntó además la existencia de facturas que no se ajustaban a las actividades de las áreas a las que correspondían, como por ejemplo la factura de la iluminación y el sonido en las fiestas de Tejina, que consta a nombre del área de Desarrollo Rural, cuando esta actividad “tiene poco que ver” con esta área. 

Rubens Ascanio, portavoz del grupo municipal, afirmó que las facturas impagadas “son fruto de la mala gestión” durante la anterior legislatura (la de Fernando Clavijo).

En esta línea, la formación pidió que el alcalde pusiera a los servicios jurídicos del Ayuntamiento a “estudiar cómo es posible que facturas anteriores al Decreto de Pago a Proveedores del 2012 se sigan encontrando” y que clarificara las responsabilidades de los que dejaron esta “herencia económica”.

Por su parte, el alcalde, José Alberto Díaz, rechazó realizar cualquier investigación jurídica.

El Pleno del Ayuntamiento de La Laguna ha debatido y aprobado este viernes la propuesta de aumentar en 210.000 euros anuales las asignaciones a los grupos políticos municipales. La medida ha salido adelante con los votos de los ediles de CC, PP y parte del PSOE.

El portavoz municipal de Unid@s se Puede en el Ayuntamiento, Rubens Ascanio, ya había adelantado que su grupo rechazaría este punto del orden del día al considerar que se basa en “una artimaña política elaborada por el alcalde”. En opinión de la formación lagunera, la propuesta “vulnera la legalidad vigente, que establece que el personal de confianza o eventual de los grupos debe ser contratado con cargo a la partida ya existente en los presupuestos municipales y sin sobrepasar el cupo de 27 personas que permite la legalidad para La Laguna”.

En opinión de este grupo, la propuesta “trata de cubrir la necesidad de algunos grupos afines al Gobierno alquilando sus lealtades” y también “aumentar los contratados por parte del equipo que gestiona actualmente el Ayuntamiento”.

Así, tras la aprobación la dotación de la nueva partida destinada al pago de los grupos pasará de 1.500 euros mensuales a 4.416, estableciéndose la posibilidad por parte del Interventor de que se realicen contratos privados con profesionales, no así de personal de confianza.

Unid@s se Puede asegura que frente a un informe jurídico municipal en el que se ha basado el acuerdo alcanzado este viernes (sustanciado en un artículo de la revista El consultor de los Ayuntamientos) existen informes de los servicios jurídicos de la Federación Española de Municipios que aclara que la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local establece que en los municipios de gran población todos los grupos políticos municipales presentes en los plenos son considerados parte de los órganos de Gobierno. Ascanio también ha indicado que, según el reglamento, el personal adscrito a los grupos será proporcional al número de miembros que lo integren, y serán designados a propuesta de estos. Sin embargo, Unid@s se Puede considera que con esta decisión se quiere aprobar a contraley un gasto “innecesario” para el Ayuntamiento de 210.000 euros que se usarán para “alquilar lealtades”

El grupo considera “grave” el hecho de que para resolver la falta de personal de confianza destinado a los grupos de la oposición “se haya optado por una vía que amplía el gasto político y que choca con lo expresado por la Asociación de Abogados y Consultores de la Administración Local, que deja claro con respecto a estas asignaciones que la legalidad es taxativa cuando establece que deben destinarse a la realización de los gastos de funcionamiento del grupo, no pudiendo emplearse en el pago de remuneraciones de personal de cualquier tipo al servicio de la Corporación”.

Como consecuencia de la aprobación, el portavoz municipal de Unid@s se Puede ha anunciado que van a impugnar el acuerdo por la vía contencioso administrativa por ser “un acuerdo indigno”.