La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha sustituido al juez Fernando Andreu por la magistrada María Fernanda García Perez como integrante del tribunal y ponente de la sentencia que se dicte en el juicio por las presuntas irregularidades en la financiación del Partido Popular, la llamada 'caja B' que gestionaba el extesorero Luis Bárcenas.

En un auto al que ha tenido acceso Europa Press, el tribunal acuerda esta decisión por haber sido García Pérez nombrada magistrada adscrita a esta Sala por la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial. Siguiendo el procedimiento de reparto de los asuntos, le tocará además ser ponente de la sentencia.

La Sección Segunda expone que de este modo, “quedan sin efecto” los escritos de recusación que habían planteado las defensas de Luis Bárcenas y el Partido Popular contra el juez Andreu, al que habían pedido apartar del tribunal por considerar que no sería imparcial en esta causa.

Andreu se incorporó a la Sección Segunda el pasado mes de noviembre, cuando dejó el puesto que venía desempeñando como titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, y sustituyó al magistrado Fermín Echarri, que se encontraba en comisión de servicio.

Tras tomar posesión, se le asignaron siguiendo las normas internas de reparto las cuatro piezas del caso Gürtel que están listas ya para juzgar y se estrenó al poco tiempo con el que versaba sobre los contratos de la trama con Aena. Precisamente, uno de los acusados en ese asunto pidió que se le apartase del tribunal, alegando su evidente sintonía con la ministra de Justicia Dolores Delgado, ya que el nombre de Andreu llegó a sonar como secretario de Estado, su número 2.

La Audiencia le confirmó en Gürtel

La Audiencia Nacional rechazó de plano aquella pretensión y mantuvo a Andreu en su puesto. Sin embargo, aún no había resuelto las recusaciones que en diciembre promovieron el PP y Luis Bárcenas ante la perspectiva de que él formase parte del tribunal enjuiciador y redactase la sentencia sobre la financiación irregular del partido.

En el caso de Bárcenas, su defensa alegó que Andreu había intervenido como juez sustituto de forma “puntual” pero con “evidente conocimiento” en la instrucción de la causa. El PP, por su parte, aseguró que el magistrado tenía un “interés directo o indirecto” en el caso por su “más que evidente relación y cercanía” con el PSOE, “principal adversario” de los 'populares', “así como con algunos de sus miembros”.

Ahora, decaen ambas solicitudes ya que el tribunal que enjuicie este asunto, para el que todavía no se ha señalado una fecha, lo integrarán las magistradas Fernanda García Pérez, María José Rodríguez Duplá, que lo preside; y María Riera Ocaiz.

El PP ha pedido apartar del tribunal que enjuiciará el caso Bárcenas al juez Fernando Andreu al entender que no es imparcial por su “cercanía” al PSOE, que apoya en su “amistad” con la ministra Dolores Delgado y en el hecho de que fuera propuesto por los socialistas para el CGPJ.

El PP ha planteado este incidente de recusación, al que ha tenido acceso Efe, después de que Andreu fuera designado ponente del tribunal que juzgará el caso Bárcenas, una causa en la que el partido debe responder como partícipe a título lucrativo por el supuesto pago en negro de la reforma de la sede de Génova.

En su escrito, el PP alega que Andreu tiene un “interés directo o indirecto” en esta causa porque existe “una más que evidente relación y cercanía del magistrado con el PSOE, principal adversario político del Partido Popular, así como con algunos de sus miembros”.

Uno de los motivos en los que basa esta afirmación es en que fue propuesto para la Secretaría de Estado de Justicia por Delgado, exfiscal de la Audiencia Nacional con la que, dice el PP, tiene una “estrecha e íntima amistad fruto de los años que compartieron” en este tribunal. También recuerda que Andreu fue propuesto como candidato a vocal del CGPJ por parte de los socialistas y le relaciona con el exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, primer instructor de Gürtel y con quien, dice el PP, “mantiene una conocida y estrecha relación de amistad”.

El PP apunta en su incidente de recusación que éste “no constituye, de ninguna manera, un reproche de ninguna clase a la competencia y profesionalidad” de Andreu “ni a su orientación política”, pero insiste en que “estas circunstancias implican su falta de idoneidad para formar parte del tribunal de enjuiciamiento en un procedimiento penal en el que el Partido Popular ha sido llamado como responsable civil”.

Andreu, que hasta hace poco era titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, se incorporó recientemente a la sección segunda de la Sala de lo Penal, encargada de juzgar el caso Gürtel.

Ello ha provocado que se haya tenido que modificar el tribunal que juzgará el caso Bárcenas, así como otras tres piezas del caso Gürtel: la referida a la visita del papa a Valencia, la de las supuestas adjudicaciones irregulares de AENA a la trama de Correa y la relativa a tres contratos del Ayuntamiento de Jerez con la red.

Luis Bárcenas también quiere apartar al juez Fernando Andreu del tribunal que juzgará la caja B del Partido Popular. Para pedir su recusación, el extesorero del PP alega que el magistrado, en su función de juez sustituto, ha intervenido de forma “puntual” pero con “evidente conocimiento” en la fase de instrucción de la causa en la que se investiga la supuesta contabilidad irregular de los populares.

El inspector del Banco de España José Antonio Casaus que alertó de la “inviabilidad” del grupo BFA-Bankia en el momento de su salida a bolsa, expuso en calidad de testigo ante el tribunal de la Audiencia Nacional que los cuatro correos electrónicos que envió a sus superiores “fueron como lanzados al ciberespacio” porque no obtuvo respuesta.

Casaus reiteró el pasado 16 de marzo que a los inspectores se les dijo que la entidad nacionalizada cotizaría en el mercado bursátil “sí o sí”, según consta en los audios de su declaración ante el magistrado instructor del caso Bankia Fernando Andreu, a los que ha tenido acceso Europa Press.

El inspector tuvo que interrumpir su comparecencia unos cuarenta minutos después de haber empezado tras derrumbarse al recordar los hechos. A preguntas de Andrés Herzog, letrado de la Confederación Intersindical de Crédito (CIC) que ejerce la acusación popular, respondió que él pensaba que estos correos eran “muy importantes” y por ello se sorprendió de no haber obtenido respuesta.

Casaus, que ya declaró ante el magistrado instructor en septiembre del año pasado, dijo que “la realidad era la que era” y que los documentos que él firmó y envió al entonces jefe de grupo de inspectores del órgano supervisor, Pedro Comín, no difieren en demasía de los correos. “Lo que determina la importancia no es tanto el soporte sino el contenido”, dijo, si bien matizó que lo único que no incluían los informes de seguimiento era la cuestión de los saneamientos pendientes.

Los mails que redactó posteriormente y que fueron incorporados a la causa, advertían de que la solución de salida a bolsa no debía ser aprobada, pues suponía grave perjuicio para accionistas, preferentistas y contribuyentes (estimado en unos 15.000 millones de euros).

“Aunque el problema gordo era de rentabilidad, estas entidades podrían morir por la liquidez, lo que pasa es que ahí vino papá Estado con las avaladas y papá Banco Central de España pero aún así la bola de financiación del BCE y el Estado español era tan alta que ni siquiera éste iba a poder soportarla presumiblemente y luego era la gran amenaza y eso también está puesto en el informe de seguimiento elaborado en julio”, precisó Casaus.

Gobernanza mejorable

Como ya hiciera en su anterior declaración, el inspector insistió en que en sus advertencias se refirió al grupo BFA-Bankia y que alertó de que era “una máquina de perder dinero”. También dijo que que su opinión personal no era compartida por su equipo “no es verdad” en tanto basó sus conclusiones no solo en la situación interna de la entidad sino también en la crisis económica y los directivos de Bankia, presidida en el momento de su debut bursátil por Rodrigo Rato.

Respecto a este último punto matizó que la gobernanza del banco era mejorable; una crítica que se recogió en varios informes. “Cabe destacar como aspecto negativo la continuidad de los mismos directivos cuya gestión ha conducido a la situación actual”, reza el documento.

Pese a su versión, el exgobernador del BdE Miguel Ángel Fernández Ordóñez negó ante Andreu tener conocimiento de dichos correos y aplaudió que ningún subordinado le hiciera llegar estos mensajes porque estaban “equivocados”.

Por su parte, el ex subgobernador del Banco de España y ex vicepresidente de la CNMV, Fernando Restoy, y el expresidente de la CNMV, Julio Segura, defendieron ante el tribunal que la información sobre el estado de las cuentas de la entidad que le fue remitida a ambos órganos supervisores no presentaba salvedades por el auditor y fue suficiente para avalar su salida a bolsa.

Como un penalti en el tiempo de descuento, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional acaba de condicionar la fase final de la instrucción del caso Bankia, en la que se dirime quiénes acompañarán a Rodrigo Rato y su equipo en el banquillo de los acusados.

La pena máxima, en este caso, va en contra de los responsables del Banco de España y la CNMV que dieron luz verde a la fusión de cajas y la salida a bolsa de la entidad resultante en el último tramo del Gobierno socialista. Ante la negativa del juez y el fiscal a imputar a Miguel Ángel Fernández Ordoñez y Fernando Restoy, entre otros, los jueces de la Sección Tercera han concluido que existen indicios “múltiples, bastantes y concurrentes” sobre su “corresponsabilidad” en el desastre.

El partido del caso Bankia prometía desde hace tiempo decidirse en terreno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, la instancia habilitada para ratificar o corregir las decisiones del magistrado Fernando Andreu. El juez daba una de cal y otra de arena a las pretensiones de la acusación popular, ejercida por el abogado Andrés Herzog, en representación de la Confederación Intersindical de Crédito (CIC).

De un lado, el magistrado avanzaba hacia la apertura de juicio oral contra Rato y su equipo e incluía entre los imputados a la auditora Deloitte. Y lo hacía a pesar de que el fiscal, Alejandro Luzón, cuestiona la prueba sobre la que se sostiene el caso, el informe de los peritos del Banco de España que han trabajado a las órdenes exclusivas del juez y que concluyeron que el presidente de la entidad entonces y sus colaboradores maquillaron las cuentas de Bankia para poder salir a bolsa. Del otro lado, Andreu se resistía a imputar a los supervisores, de acuerdo con el fiscal y en contra de lo que solicitaban Herzog y el colectivo 15MpaRato.

Este lunes, en una decisión unánime, la Sección Tercera ha corregido a Andreu y ha ordenado que cite a declarar como imputados al exgobernador del Banco de España, Fernández Ordoñez; al expresidente de la CNMV, Julio Segura; y a otras seis personas, de acuerdo a la solicitud del la Confederación Intersindical de Crédito (CIC).

Los correos como desencadenante

Rechazada con anterioridad una petición similar, el descubrimiento de unos correos electrónicos del máximo responsable de la Inspección del Banco de España ha hecho virar a la Audiencia Nacional. En ellos, José Luis Casaús advertía de la situación real de la entidad y de la “nacionalización de las pérdidas” que terminaría suponiendo la salida a bolsa, lo que ha hecho variar el criterio de la Audiencia Nacional.

Entre esos otros seis imputados destaca Fernando Restoy, figura clave del aparato financiero del Estado con el PSOE y el PP, por haber desempeñado los cargos de vicepresidente del regulador, subgobernador del supervisor, presidente del FROB y salir de España recientemente con un retiro dorado en el Banco Internacional de Pagos de Basilea. Se da la paradoja de que Restoy presidió el Fondo de Reestructuración Bancaria, el organismo creado por el Gobierno para gestionar el rescate de la banca y que ejerce, aunque solo formalmente, la acusación particular en el caso Bankia.

No en vano, el FROB, la CNMV y el Banco de España, con el respaldo de la Fiscalía, protagonizaron una ofensiva para tumbar el caso Bankia a principios de 2015 que encendió la luz de alarma en el juez Andreu.

Otro imputados, además de Restoy, habían permanecido en el cargo o habían sido promocionados desde el rescate de Bankia, al que se dedicaron 23.500 millones de euros del erario público en plena crisis económica. Sin embargo, y tras conocerse la imputación, el Banco de España anunció en la tarde del lunes las dimisiones del director general de Supervisión, Mariano Herrera; su adjunto, Pedro Comín; y el director del Departamento de Inspección IV, Pedro González;

La posibilidad de que Fernández Ordoñez, Restoy y el resto acaben compartiendo el banquillo con Rato y su equipo dependerá, en parte, del contenido de sus declaraciones. Pero el auto de la Sala de lo Penal deja poco margen para que salten de los escritos finales de acusación. Según recuerda Andrés Herzog, una imputación en la fase final de la instrucción requiere de unos “indicios reforzados” no necesarios cuando una investigación echa a andar.

Una decisión unánime

La contundencia del auto de la Sección Tercera tampoco permite intuir que esas declaraciones vayan a hacer cambiar de parecer a los magistrados de quien depende, en última instancia, la decisión de sentarlos en el banquillo. “El contenido completo de tales correos electrónicos no deja lugar a dudas sobre la expresa, previa y contundente información que la dirección del Banco de España tuvo, tempestivamente, acerca de la inviabilidad del grupo y la falacia de los resultados efectuada por el equipo de inspección del mismo Banco de España”, asegura la jueza Clara Bayarri en su auto, asumido por sus compañeros Antonio Díaz Delgado y Ana María Rubio Encinas.

La Sala de lo Penal también ha tenido oportunidad de corregir al fiscal Luzón, quien considera que la petición de imputación de los citados excede los límites de la presente investigación. Luzón defiende que se investiga un delito de falseamiento de cuentas, recogido en el artículo 282 bis del Código Penal, y que para atribuir otros delitos, como la estafa a los inversores, debería darse en los responsables del Banco de España y la CNMV una actitud dolosa que no aprecia. Sin embargo, la Sala de lo Penal asegura que no es momento de delimitar a un solo delito la instrucción, que para eso ya estarán los escritos de acusación, y viene a decir que en otros delitos pudieron actuar como cooperadores necesarios.

“Hemos llegado al momento de la exigencia de las responsabilidades políticas”, asegura Herzog tras las imputaciones del lunes. “Son muy importantes porque Rato y Deloitte podrían haber descargado la culpa en el Banco de España y la CNMV durante el juicio. Al no estar acusados éstos, el juicio habría acabado un paripé. Esos organismos no solo autorizaron la salida a bolsa sino que también la promovieron”, asegura el letrado de la acusación popular.

La acusación popular acaba de trasladar al magistrado Fernando Andreu su convicción de que el Banco de España ha ocultado información en la última documentación entregada por el supervisor sobre la salida a bolsa de Bankia. Se trata de unos correos electrónicos que ahondarían en la sospecha de que el Banco de España conocía la penosa situación que ocultaba la entidad cuando dio luz verde a su cotización.

Según la Confederación Intersindical de Crédito (CIC), faltan cuatro correos electrónicos clave para determinar la responsabilidad de la entidad presidida entonces por Miguel Ángel Fernández Ordoñez en el desastre previo al rescate con 23.500 millones de dinero público.

La CIC, cuya representación legal ejerce el abogado Andrés Herzog, ha escarbado en la declaración más comprometedoras para el Banco de España de cuantas se han producido en tres años y medio de investigación, la de su anterior jefe de inspección Jesús Casaus. Este le dijo al juez que él ya advirtió internamente de la situación interna de Bankia, cuyos responsables están acusados de haber maquillado las cuentas, antes de la salida a bolsa.

La declaración de Casaus propició que el juez, previa petición de la CIC, solicitara al Banco de España toda la documentación interna referida a las fechas previas a la salida a bolsa lanzada por el imputado Rodrigo Rato y su equipo. El resultado fue una ingente documentación que incluía conversaciones entre los responsables de la supervisión de la entidad con frases en apariencia tan contundentes como la que expresa el propio Casaus en un email: “Hemos hablado con Gestión de Balance, que nos dice que la previsión de margen financiero que han hecho para 2012 para Bankia SA (…) es de sólo 2.700 millones de euros. La sensación que tenemos es que con esos 2.700 salía una cuenta de mierda (perdón por lo de 'cuenta'), y que desde Intervención han cambiado posteriormente las masas de balance (...) para hacerla más presentable”.

Lo que viene a denunciar ahora la acusación popular es que esa documentación no es más que una explosión controlada y amañada. El propoio Casaus, dice el escrito al que ha tenido acceso eldiario.es, “puso especial énfasis sobre la importancia de dichas comunicaciones en orden a denunciar a la jefatura del Banco de España la inviabilidad del referido grupo”.

La CIC, que preside Gonzalo Postigo, recupera la declaración de Casaús ante el juez el pasado 5 de septiembre. “Se nos consultó al equpo de seguimiento sobre qué nos parecía la salida a bolsa con la estructura de doble banco. Nosotros lo que manifefstamos en varios correos, yo al menos mandé dos en abril y dos en mayo de 2011, en los que veíamos que ese plan no nos parecía la solución para el grupo, porque nosotros veíamos que ese grupo no era viable en esto momentos si no tenía un cambio de control”.

La acusación popular propone al juez que si no obtiene los citados correos del Banco de España se los requiera al propio Casaús. Antes de esta declaración y de la incorporación de la última documentación, el juez Andreu rechazó la imputación de distintos resonsables del Banco de España y la CNMV que solicitaron CIC y el 15MpaRato por su responsabilidad en los engaños de la salida a bolsa de Bankia y el consiguiente desastre en la entidad.

Nueva artillería contra la prueba que sostiene el caso Bankia. La auditora Deloitte ha entregado al juez Fernando Andreu un informe, pagado por la compañía, que carga contra las conclusiones de los peritos judiciales, a las que éstos llegan, dice, por un análisis “inconsistente y ausente de rigor metodológico”. El informe pericial encargado por Deloitte, al que ha tenido acceso eldiario.es, concluye que su labor de supervisión de la entidad, previa a la quiebra y el rescate, fue “intachable desde el punto de vista técnico y normativo”.

Un representante legal de la auditora y Francisco Celma (el auditor) declararon como investigados (la actual figura del imputado) ante el juez del caso Bankia el pasado junio. Lo hicieron a petición de la acusación popular, que ejerce la Confederación Intersindical de Crédito (CIC), y el colectivo 15MpaRato. Estos consideran que Deloitte participó en el desastre de la entidad al avalar el maquillaje de las cuentas de Bankia que realizaron Rodrigo Rato y su equipo para poder salir a bolsa, según los peritos del caso.

Para Rato, el resto de los imputados y los encargados de evitar aquella quiebra, entre ellos el Banco de España y la CNMV, se trató de algo inevitable. Ahora, el informe encargado por Deloitte, como ya hiciera Rato sirviéndose de otros expertos, reprocha a los peritos judiciales que obvien la segunda recesión que se produjo entre la formulación de las cuentas el 15 de junio de 2011 y su reformulación el 25 de mayo de 2012.

Estos acontecimientos habrían obligado a cambios que debieron ser registrados en las cuentas anuales de la entidad con posterioridad a la formulación de las cuentas trimestrales o semestrales, según los peritos de parte. De 309 millones de beneficio, la entidad pasó a reconocer 2.979 de pérdidas.

En ese periodo de tiempo, dicen los peritos de Deloitte, “sobrevino la más que evidente y probada segunda recesión de la economía española, que afectó de forma muy significativa al sector inmobiliario y las entidades de crédito españolas”. Estos hechos, añaden, “son objetivamente contrastables y están públicamente acreditados y reconocidos por parte de diferentes organismos tanto nacionales (como el FROB o el Banco de España), como internacionales (como el FMI)”.

En un momento dado del informe, los peritos de Deloitte citan a todos los organismos de control que las acusaciones señalan como responsables del desastre en Bankia y para cuyos responsables han solicitado, sin éxito, la imputación. “Los ajustes realizados eran conocidos y fueron revisados tanto por el Banco de España como por la CNMV, que en ningún momento pusieron de manifiesto la menor objeción. Incluso en el caso de la CNMV, requirió a BFA encargar un informe de experto independiente siendo finalmente Ernst & Young quien concluyó sobre la razonabilidad del ajuste realizado por BFA”, dice la pericial. De este modo, Deloitte se escuda en el regulador, el supervisor y también en otra de las cuatro auditoras con las que se reparte el mercado mundial.

Deloitte critica que los peritos “reconocieran en sus informes originales” unas provisiones de insolvencias que ha confirmado el Banco de España. A pesar de tan rotunda afirmación, el juez Andreu acaba de solicitar a Bankia los apuntes contables que demuestren la existencia de esas provisiones.

El informe de los peritos, la prueba sobre la que se asienta el caso Bankia, concluye que las cuentas resumidas de Bankia del primer trimestre de 2011 impedían reflejar la imagen fiel de la situación patrimonial y financiera de los resultados de la entidad a 31 de marzo de 2011 y que Deloitte no lo identificó ni reveló en su informe de auditoría de 17 de junio de 2011.

“Tal conclusión (debate Deloitte) se basa en premisas equivocadas, en significativo errores conceptuales y metodológicos y en evidentes sesgos, lo que les conduce a proponer ajustes erróneos, contrarios a la normativa que resulta de aplicación, y además, contradictorios entre sí”.

“Discrepancias” entre los peritos judiciales

Por ejemplo, argumenta el contrainforme, hay una discrepancia de cálculo de 6.456 millones de euros entre las conclusiones de uno y otro perito judicial. “Esta circunstancia es muy ilustrativa de la inconsistencia y ausencia de rigor metodológico en el análisis realizado por los peritos judiciales, y, según nuestro parecer, invalida por sí misma las conclusiones de sus informes”, afirma. Los peritos del Banco de España, Víctor Nogueras y Antonio Busquets, que han trabajado a las órdenes exclusivas del juez, siempre han defendido que su trabajo no es contradictorio sino complementario.

El informe pericial en poder de Andreu está fechado el 1 de agosto, con posterioridad a las declaraciones de Deloitte y Celma, y va firmado por los catedráticos de Economía Financiera y Contabilidad Manuel García-Ayuso, José Antonio Laínez y Juan Monterrey.

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha solicitado a Bankia una información determinante en la instrucción del caso Bankia: la documentación que demuestre que la entidad tenía las provisiones necesarias para salir a bolsa, como defienden los imputados, algunos de los testigos que han pasado este verano por el despacho del instructor y niegan los peritos que firman el informe sobre el que se sostiene el caso.

En una providencia fechada este mismo martes, Andreu pide al presidente del Consejo de Administración de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, una certificación con fechas y apuntes contables que “justifiquen la existencia de provisiones, de todo tipo, a fecha 31 de marzo de 2011”, las cuales, según el folleto de salida a bolsa de Bankia deberían ser de 6.913 millones de euros. En el mismo escrito, al que ha tenido acceso eldiario.es, el juez pide idéntica documentación para la fecha del 31 de diciembre de 2010, momento previo a la fusión de las cajas.

La petición del juez se produce el día después de que el que fuera jefe de inspectores del Banco de España José Antonio Casaus declarara ante Andreu que Bankia era “una máquina de perder dinero” y que él ya advirtió en su momento de la “inviabilidad” de la entidad y de su inevitable nacionalización si llegara a salir a bolsa, como finalmente ocurrió.

En julio, Andreu imputó a Deloitte, la auditora encargada de supervisar las cuentas de Bankia. Su representante legal aseguró ante el juez que las provisiones existían, en la línea de lo que hizo el director del departamento de Supervisión del Banco de España, Jerónimo Martínez Tello. Tanto el Banco de España, como la auditora y la CNMV eran responsables del control y supervisión de Bankia. Las acusaciones han solicitado la imputación de los responsables del órgano supervisor y el regulador, pero el juez ha rechazado tal pretensión.

Los peritos que trabajaron durante 17 meses en el informe que sirve de prueba de cargo contra Rodrigo Rato y el resto de imputados aseguran que éstos maquillaron las verdaderas cuentas de la entidad con el fin de poder salir a bolsa, una decisión que a la postre resultó fatal para la entidad y provocó su rescate con 23.500 millones de euros de dinero público.

La documentación solicitada por Andreu ayudará a esclarecer la verdad sobre la salida a bolsa de Bankia y, en caso, de que demuestre que las provisiones no existían motivará que la acusación popular, ejercida por la Confederación Intersindical de Crédito (CIC) denuncie a los testigos que afirmaron lo contrario ante el juez instructor del caso.

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha solicitado al Banco de España toda la documentación relacionada con su supervisión del grupo BFA Bankia durante el año 2011, incluidos los reportes internos de las reuniones celebradas entre el equipo inspector designado por el organismo supervisor y los principales directivos de la entidad.

En un auto al que ha tenido acceso Europa Press, el magistrado pide, en concreto, la información contenida en el denominado Sistema Integrado de Gestión de Actividad Supervisora (SIGAS) o en “cualquier otro mecanismo de comunicación, registro o archivo”.

También reclama las agendas previas a las reuniones periódicas y extraordinarias celebradas por el Banco de España con el área de Intervención de Bankia y con sus responsables de liquidez y las conclusiones que “de manera informal y flexible” fueran elevadas a la jefatura por el equipo inspector.

El magistrado responde de este modo a la solicitud formulada por uno de los investigados en la causa sobre la fusión y posterior salida a Bolsa de Bankia, el exconsejero Antonio Tirado, a la que se ha adherido la acusación popular ejercida por la Confederación Intersindical de Crédito (CIC).

Según han informado fuentes jurídicas, esta información incluiría datos de interés como la situación de los mercados mayoristas en general y las emisiones del grupo BFA Bankia en particular o los movimientos del balance en la parte minorista relativos a depósitos o cartera crediticia.

Esta información serviría para completar la reflejada en los informes de seguimiento del equipo inspector que ya se encuentran incluidos en el sumario del caso.

En el marco de la causa, abierta tras las querellas presentadas en junio de 2012 por el colectivo '15mpaRato' y UPyD -que se ha retirado del caso-, los peritos judiciales Antonio Busquets y Víctor Sánchez Nogueras, adscritos al Banco de España, ratificaron el pasado 12 de enero los informes en los que apuntaban que el grupo, conformado en diciembre de 2010 por siete cajas de ahorro, presentaba pérdidas desde dos años antes, y la entidad salió a Bolsa sin ofrecer su “imagen fiel” a los inversores institucionales y a los accionistas minoritarios.

Rato, imputado desde 2012

En julio de 2012, Andreu imputó al exvicepresidente del Gobierno y expresidente de Bankia Rodrigo Rato, a una treintena de antiguos miembros del Consejo de Administración, así como a Bankia y BFA en calidad de personas jurídicas por indicios de delitos de falsificación de cuentas, administración desleal, maquinación para alterar el precio de las cosas y apropiación indebida.

El juez Andreu acordó en noviembre de 2015 aumentar hasta los 38.290.648 euros la fianza en concepto de responsabilidad civil impuesta a la entidad financiera, su matriz BFA, el expresidente Rodrigo Rato, el exvicepresidente José Luis Olivas, el antiguo consejero delegado Francisco Verdú y el que fuera consejero ejecutivo y secretario de Estado de Hacienda José Manuel Fernández Norniella.

Suficientes provisiones de fondos

Dos cargos del Banco de España han destacado este miércoles ante el juez que Bankia disponía en marzo de 2011 de provisiones genéricas de fondos, no asignadas, y destinadas a cubrir “deterioros adicionales” en caso de necesidad, han informado fuentes jurídicas.

El director general adjunto de Supervisión del Banco de España, Pedro Comín, y el inspector Pedro González, han declarado como testigos ante el magistrado que investiga la fusión y posterior salida a Bolsa de la entidad.

Según las citadas fuentes, ambos han avalado la declaración prestada el pasado mes de junio por el socio auditor de Deloitte, Francisco Celma, que señaló que había provisiones suficientes para hacer frente a eventuales contingencias y precisó que ascendían a 3.000 millones de euros.

Tanto Comín como González se han referido a este 'colchón' económico del que, aseguran, disponía el banco en los trimestres previos a su salida a bolsa. En concreto, González ha confirmado que las provisiones genéricas y específicas no asignadas que existían a marzo de 2011 podían cubrir deterioros adicionales en exposiciones concretas que pudieran ser identificadas con posterioridad.

El testigo ha agregado que estas provisiones, eran “sobradamente suficientes” para cubrir los supuestos ajustes apuntados por los peritos judiciales en sus informes.

Además, ambos han confirmado que los saneamientos que se registraron en las siete cajas que formaron el SIP de Bankia en diciembre de 2010 con cargo a reservas, y que ascendieron a 13.000 millones de euros, contaron con la autorización de Banco de España.

Lurdes Auzmendi se desplazó el pasado jueves hasta una casa que se encuentra en la faldas del monte Jaizkibel, la de la familia Moreno-Bergareche. 40 años después de aquel fatídico 23 de julio de 1976, a la que fuera novia de Eduardo Moreno Bergareche, Pertur, su desaparición “a manos de sus compañeros de armas” todavía le afecta. Y mucho. “Se me pone todo…”, señala recorriendo con la mano derecha su brazo de arriba abajo. Aún se emociona cuando habla de él.

No hay nada forzado en esa memoria revivida. Recuerda a Pertur como una persona “irónica”, con sentido del humor y, ante todo, un clarividente político. Un adelantado al tiempo histórico que le tocó vivir como jefe del aparato político de ETA político militar, los ‘polimilis’: los estertores del franquismo y los primeros pasos hacia la recuperación de la “democracia burguesa”.

En la vivienda del Jaizkibel le esperaban Álvaro y Marta, los padres de Pertur. Ambos tienen más de 90 años, pero siguen (casi) con la misma fuerza del primer día con el objetivo de dar respuesta a la pregunta que les ha perseguido durante las cuatro últimas décadas: “¿Non dago gure Pertur? (¿Dónde está nuestro Pertur?)

Esa fuerza -“¿Sobre todo la de la ama, no?”, le pregunto a Lurdes; y contesta: “es Bergareche, Bergareche”, subraya Auzmendi- fue la que puso a trabajar en 2008 a los abogados Martín Auzmendi y José Luis Galán para presentar el 19 de mayo de ese año una querella para que la justicia investigara la desaparición de Pertur. Sin prejuicios. Con una doble hipótesis de trabajo: ¿fue asesinado por sus excompañeros del aparato militar de ETA (pm)? -los temidos Bereziak (especiales) dirigidos por Miguel Ángel Apalategui Ayerbe, Apala, y Francisco Múgica Garmendia, Pakito, que luego se integrarían en ETA militar- o, por el contrario, ¿fueron los servicios policiales españoles en una operación encubierta o, en su caso, con la ayuda de grupúsculos de la extrema derecha de la época o de mercenarios neofascistas italianos?

¿Qué ambiente se vivía internamente en la rama ‘polimili’ de ETA en 1976? ¿Cómo de convulsionada estaba la organización terrorista tras el cruel desenlace del secuestro del industrial nacionalista Ángel Berazadi, asesinado el 8 de abril de ese mismo año, tres meses antes de la desaparición de Pertur? ¿Había en esa ETA posibilidad de dirimir las diferencias, ya casi irreconciliables, sin poner los ‘hierros’ encima de la mesa?

“Esos bestias han creado un clima tal en la organización que ETA no es un colectivo revolucionario, sino un Estado-policía, donde cada uno sospecha del vecino y éste del otro. Este clima influye no a todos por igual (existen auténticos histéricos que no ven sino conspiraciones por todos lados). En ese sentido, te digo que no estoy bien, en el sentido de que no ha…, de zafarme de la mentira, etc. De esta dinámica que tiende a eliminar rivales políticos, no por medio del debate político, sino a través de sucias maniobras en nombre de la disciplina, la seguridad, etc”.

El texto está sacado de una carta de puño y letra del propio Pertur que envió, 13 días antes de su desaparición, a su novia, Lurdes Auzmendi. La descripción incluida en la misiva casa como un guante con la que una década después plasmó en su diario Dolores González Katarain, Yoyes, asesinada en Ordizia en 1986 por discrepar de la dirección de ETA justo diez años después de la desaparición de Pertur. “No quiero actuar en apoyo de una lucha que ha degenerado en algo terrible, dictatorial y mítico, contrario a mis valores y sentires más profundos y constantes en mi trayectoria”, escribió Yoyes. La dirección de ETA –formada tras la muerte en Argelia de Domingo Iturbe Abasolo, Txomin, por Francisco Mújica Garmendia, de nuevo Pakito; José Luis Álvarez Santacristina, Txelis, y José María Arregi Erostarbe, Fitipaldi, ordenó el asesinato de Yoyes y, lejos de esconderlo, lo amplificó a los cuatro vientos: esto es lo que les pasa a los traidores. El objetivo: evitar futuras deserciones.

El papel de Antxon Etxebeste

No en vano, poco antes de su desaparición Pertur ya había sido retenido por sus compañeros en su domicilio acusado de poner en peligro a la organización por estar llevando adelante una “línea paralela a la que el aparato debía llevar con los presos de ETA”, según Eugenio Etxebeste, Antxon. Algunos ya le veían como un “liquidacionista” de la lucha armada. El ‘arresto’ finalizó al percatarse de ello los cuadros de la organización terrorista que estaban preparando la VII Asamblea de ETA y exigir la incorporación de Moreno Bergareche al encuentro.

“15 días antes de su desaparición estuve paseando cerca de hora y media por la playa de Hendaya con Pertur, me contó cómo veía el futuro de España sin Franco y la necesidad de crear un partido político para entrar en la pelea democrática. Sin armas. Lo que luego fue la ponencia ‘Otsagabia’ y que a la postre fue el germen de la negociación entre Juan María Bandrés, Mario Onaindia y el ministro del Interior, Juan José Rosón”, relata el periodista Ander Landaburu, que estuvo investigando sobre el terreno para Cambio 16 la desaparición del líder carismático etarra. Investigando hasta que alguien le llamó por teléfono para decirle que sabían que estaban husmeando y, en tono amenazante, le dijo: “Es mejor que lo paréis”. Landaburu pidió que se identificase y “mi interlocutor me dijo que era Antxon”. “Para mi” contó al juez Andreu, lo de Antxon no quería decir nada, pues es evidente que de ser Antxon Etxebeste, éste no se hubiera identificado de esa forma“.

El día que se perdió la pista de Pertur definitivamente, los que acabaron con su vida privaron a la sociedad vasca de una mente lúcida, según coinciden muchos correligionarios, observadores políticos y amigos, pero no lograron que una parte de la organización terrorista abrazara definitivamente las vías políticas y que su clarividencia se hiciera realidad en pocos años. Otros mantuvieron vigente la estrategia del terror hasta hace pocos años.

Pertur bromea con el refugiado Troski

Los fríos datos de aquella mañana del 23 de julio de 1976 son admitidos por todo el mundo, incluidas las dos últimas personas que lo vieron con vida y rivales dentro de la organización: Apala y Pakito. Pertur salió de su domicilio sobre las 9 horas. Tenía una cita, cerrada la víspera, en el Bar Consolación de San Juan de Luz para las 9:30. No llegó a entrar nunca en el local. Por el contrario, se encontró en el centro de San Juan de Luz con Apala y Pakito (9:40) que iban a bordo de un Renault 5 azul. Para entonces alguien de la entera confianza de Pertur le había cambiado la cita y éste les preguntó a los responsables de los comandos Bereziak si iban hacia Hendaya, municipio del País Vasco francés donde vivían entonces Pakito y Apala, y si le podían llevar. La nueva cita clandestina era en Behobia.

“El encuentro fue casual”, declaró Pakito en la Audiencia Nacional. Ellos habían ido a San Juan de Luz a comprar aceite en una armería para los ‘hierros’. “En el trayecto de San Juan de Luz a Behobia no paramos en ningún sitio y estuvimos hablando de la situación de los refugiados. Dejamos a Pertur antes de un cruce que da a mano derecha a Hendaya, a mano izquierda Biriatou y al frente a la frontera. Seguimos a Hendaya y antes de llegar paramos en un bar que está poco antes del Ayuntamiento, frente a la iglesia. Estuvimos bastante rato y de allí nos fuimos a casa a comer”, según el relato de Pakito, que declaró como imputado ante Andreu.

Fuentes judiciales consideran la versión del exjefe de ETA “sólida” y sin aristas. “Ha contado todo lo que sabía”, señalan las mismas fuentes. Una versión más creíble si cabe, apuntan, dado el alejamiento de Pakito, ahora un arrepentido, de sus antiguos compañeros de armas. ¿Para qué mentir?

Solo una persona pudo verles a los tres en el citado vehículo antes de que se perdiera definitivamente la pista de Pertur: Eleuterio Jauregui Beloqui, Troski, uno de los tantos refugiados en el país vecino. Fue en la calle principal de San Juan de Luz. Pertur iba en la parte de atrás: “Me saludé con Pertur, y me respondió con cierta ironía algo en broma, con humor, como siempre solía hacer; no observé nada anormal. Y después seguí mi camino”. Su ventanilla estaba bajada. Todo aparentaba normalidad. El testimonio forma parte de las Diligencias Previas (120/2008) abiertas en la Audiencia Nacional.

La pista italiana

Durante más de cuatro años, el magistrado Fernando Andreu, un perfeccionista alejado de los focos mediáticos, buscó la verdad, apoyado en todo momento en el fiscal y en los letrados de la familia. Confiesa que se lo tomó muy en serio. El caso fue a parar a su mesa del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional el 19 de mayo de 2008 y el 27 de junio ya había admitido a trámite la querella. Arrancaba así una instrucción que llevó al juez a liderar una comisión judicial en Italia para interrogar a los neofascistas italianos Pierluiggi Concutelli, Sergio Calore, ambos miembros de la organización terrorista Ordine Nuovo; Carlo Cicuttini, condenado a cadena perpetua por participar en la reorganzación del Partido Fascista y por diversos atentados mortales contra carabineros, y Angelo Izzo. La denominada pista italiana que reflejó el director de cine Ángel Amigo en su documental sobre la desaparición de Pertur titulado 'El año de todos los demonios', presentado en el Festival de Cine de San Sebastián en 2007.

Pero el magistrado solo encontró a unos penados de edad muy avanzada, muy violentos, aventados y con unos relatos inconexos y llenos de incoherencias. De los cuatro condenados a cadena perpetua, ninguno aportó dato alguno sobre la desaparición de Pertur, según se recoge en el auto de archivo de la causa, del 20 de septiembre de 2012. Y solo Angelo Izzo relató con profusión lo que sabía de los grupos anti-ETA que operaban en esa época con base en Madrid y Barcelona y con relaciones con la Guardia Civil o los servicios secretos españoles. “Concutelli me dijo que él y Augusto Cauchi iban a Francia para secuestrar personas, tanto dirigentes de ETA, como antifascistas. A estas personas les llevaban a ‘La Granja’ en Barcelona, en donde les torturaban, les asesinaban y les enterraban. Los ocupantes de ‘La Granja’ recibían órdenes de la Policía o de la Guardia Civil de Barcelona”. Pero de Pertur no sabía nada y solo recordó “haber oído hablar del secuestro y asesinato del empresario Berazadi”. La pista italiana se desmoronaba y la investigación volvía a la casilla de salida.

Había que volver a España y tirar del hilo de nuevo. ¿Quién quedaba por aportar su relato? Apala. Todo el mundo sabe extraoficialmente que Miguel Ángel Apalategui Ayerbe fue acogido en Nicaragua mientras los Sandinistas de Daniel Ortega estuvieron en el poder, y que con la caída del FSLN, en 1990, se trasladó a Cuba. Todo extraoficial. Nunca ha habido un reconocimiento por parte del gobierno cubano. Uno de los periodistas que mejor conoce ETA, Florencio Domínguez, y que ha escrito varios libros sobre el devenir de la organización terrorista, incluidas las andanzas de algunos de sus miembros en América Latina, aporta varios datos. “Hay papeles incautados a ETA que aluden a Apala, pero no con su nombre, sino con un alias. Y también hay declaraciones de un desertor cubano que lo confirman”. No son pocos los vascos que lo han visto en la isla caribeña.

Se da la circunstancia de que Lurdes Auzmendi, en su declaración ante el juez Andreu, relató que en una ocasión habló con un exmiembro de ETA que había coincidido con Apala en Nicaragua y que éste la había llegado a contar que a Pertur “le habían secuestrado ellos, le habían dado muerte y le habían tirado al mar”. Esta persona declaró durante la investigación por vídeoconferencia desde Bruselas, pero el juez no dio más validez a su testimonio porque no dejaba de ser una referencia sin prueba alguna que la sostuviera, dado que Apala seguía sin poder declarar. Lo mismo que el testimonio de Ángel Ugarte Fernández de Landa, que en julio de 1976 trabajaba para el CESED, el servicio de información del Gobierno de la época. Ugarte -que se entrevistó en diciembre de 1976 en Ginebra con los ‘polimilis’ Javier Garayalde, Erreka, íntimo de Pertur, y con Iñaki Martínez- subrayó su convicción de que “no tenía la menor dudad de que la responsabilidad de la desaparición de Pertur la tiene ETA”. Pero, de nuevo, no se aportó prueba alguna.

Para retomar la investigación, según han confirmado fuentes judiciales, Fernando Andreu, inasequible al desaliento, usó una vía extraoficial para intentar conseguir la declaración como imputado de Apala. “Se tiró de los servicios secretos españoles, que estaban en contacto con los espías cubanos, pero la vía no cuajó. Justo cuando pareció que había posibilidades se produjo un acontecimiento que lo enfangó todo”, explican fuentes conocedoras de la investigación. En concreto, fue la detención el 14 de febrero de 2009 de Conrado Hernández, delegado del Gobierno vasco en Cuba, cuando se disponía a viajar a España, lo que hizo que la vía extraoficial abierta con el espionaje cubano entrara en barrena, según las mismas fuentes. Conrado Hernández confesaría posteriormente que había colaborado con el espionaje español. Su trabajo al frente de la Sociedad para la Promoción y la Reconversión Industrial del País Vasco (SPRI) en La Habana habría servido en realidad, según su propio testimonio, que fue grabado y exhibido entre la élite cubana, de “tapadera” para colaborar con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

El juez Andreu reconoce que tiene esa espina clavada aún en el cuerpo. De alguna manera, su prolijo y detallado auto de archivo pretendía mostrar a la familia Moreno Bergareche que se había intentado todo para dar con el paradero del dirigente etarra. Pertur era el gran olvidado de la democracia y, junto al caso del miembro de los Comandos Autónomos Anticapistalistas José Miguel Etxeberria, Naparra, de quien se perdió el rastro en 1980, su último desaparecido.

Aunque pueda parecer una paradoja, la investigación/encuesta interna abierta por la organización terrorista ETA para saber qué había pasado con Pertur y la del juez Andreu llegaron a la misma conclusión con distintas palabras. Para el magistrado, tras cuatro años y tres meses de trabajo judicial, no fue “posible establecer una línea argumental que se base en fundados indicios sobre qué sucedió” con Pertur. Para ETA, tras convocar a varios activistas en los días posteriores a la desaparición del dirigente etarra, “no se han podido reunir elementos de juicio ni prueba para formular una acusación concreta”, según difundió posteriormente la dirección de ETA (pm) de entonces.

Algunos aseguran que personas como Apala o el propio Eugenio Etxebeste, Antxon –entonces dirigente de ETA (pm) al mando del aparato político militar- pueden hacer aún mucha luz. Etxebeste declaró como testigo en la Audiencia Nacional y dejó claras dos cosas: que desconocía “cualquier circunstancia sobre la desaparición de Pertur, salvo lo que se ha publicado en los medios de comunicación” y que rechazaba “que miembros de ETA puedan tener nada que ver en la desaparición de Pertur”. Pero incluso los que removieron todo lo posible en el juzgado durante cuatro años para intentar descorrer esta cortina de la vergüenza tienen claro que Etxebeste, a diferencia de Pakito, “no contó todo lo que sabía”. Lo cual no deja de ser una mera intuición, otra especulación más de las muchas que han rodeado al último caso de desaparecido de la democracia española relacionado con ETA.

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha cerrado la puerta a la posibilidad de depurar las responsabilidades de los órganos supervisores y reguladores, controlados por el poder político, en el caso Bankia y por extensión en la crisis económica que ha asolado España. Andreu se ha opuesto a que declaren como imputados el exgobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordoñez, y el exvicepresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y hoy subgobernador del Banco de España, Fernando Restoy, como había pedido la acusación popular, ejercida por la Confederación Intersindical de Crédito (CIC).

En un auto, Andreu también rechaza citar como investigados al director general de Supervisión del Banco de España entre 2006 y 2009, Javier Arístegui, así como al que fue nombrado director del Departamento de Cajas de Ahorro el 22 de mayo de 2008 y director general de Supervisión en abril de 2009, Jerónima Martínez Tello.

El titular del Juzgado Central de Instrucción 4 de la Audiencia Nacional deniega la práctica de estas diligencias al entender que se trata de una petición “impertinente e inútil, por infundada”.

La resolución señala que, tal y como indica la Fiscalía en su informe, la parte acusadora no determina con la precisión necesaria cuál es el título de imputación por el que se pretende atribuir responsabilidad criminal a los funcionarios de los citados organismos y recuerda que “no es posible la construcción jurídica por la que se pretende llevar a la condición de investigados a los responsables del Banco de España y la CNMV”.

“Y ello desde el momento en que el delito que se investiga en el presente procedimiento es el tipificado en el artículo 282 bis del Código Penal, que contempla un delito de estafa a inversores, de manera que la esencia, la médula del tipo no es otra que el engaño, lo que requiere un dolo específico, de forma y manera que en ningún caso cabe la participación imprudente en un delito de estafa”, añade el juez.

El magistrado también se apoya para rechazar las diligencias las resoluciones de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional frente a la reclamación de indemnización ejercida por tres inversores en Bankia contra el Banco de España y otra de la misma Sala en una demanda contra la CNMV y el Ministerio de Economía y Competitividad por los daños y perjuicios causados a los demandantes con la salida a bolsa de Bankia. Resoluciones a las que se añade, dice el auto, los dictámenes del Consejo de Estado en los que también se desestiman las reclamaciones presentadas.

El juez concluye que las diligencias interesadas debe ser rechazadas al “carecer de todo fundamento” y ello por cuanto la única forma de participación en los delitos investigados lo sería “mediante la comisión dolosa de los mismos, lo que supondría que todos los funcionarios del Banco de España y de la CNMV (…) participaran de forma consciente, voluntaria y materialmente al resultado lesivo, esto es: a la causación del perjuicio a los inversores y ello dentro de un plan delictivo acordado con los querellados en el que a aquellos les correspondería hacer cuanto pudieran desde sus cargos públicos para mantener una calculada inacción institucional, tal y como indica el Ministerio Fiscal”.

“En efecto –continúa el auto- no cabe otra forma de hablar propiamente de ”participación“ en sentido jurídico penal. Y dicha elaboración fáctica es inverosímil. No sólo no existen elementos en la causa que permitan sostener esta atribución dolosa de participación –ni siquiera a título de dolo eventual- sino que la misma resulta radicalmente incompatible con la intervención que Banco de España y CNMV han tenido de cara a la corrección de diversas malas prácticas en su momento detectadas.

El magistrado subraya, asimismo, que la petición de la Confederación Intersindical de Crédito (CIC) se realiza “nada menos” que cuatro años después de que se iniciara la investigación y cuando la instrucción se encuentra “prácticamente conclusa”.

La auditora Deloitte, firma encargada de dar el visto bueno a las cuentas de Bankia antes de que saliera a bolsa y acabara rescatada con 23.500 millones de dinero público, señaló el pasado 20 de junio al Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores. El socio auditor Francisco Celma declaró como imputado y trasladó a Andreu dos cartas que demostrarían el aval que supervisor y regulador dieron a su trabajo.

La acusación popular recurrirá

La CIC ha anunciado recurso ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en cuanto ha conocido la noticia. Su secretario general, Gonzalo Postigo, ha recordado que la imputación de la auditora Deloitte fue acordada a la tercera petición en ese sentido. “No vamos a parar hata que logremos la imputación de los responsables del Banco de España y la CNMV”, ha declarado a eldiario.es.

El abogado que ejerce la dirección letrada de la CIC y, por extensión, de la acusación popular, Andrés Herzog, ha rechazado el argumento del juez de que no haya dolo en la actuación de los responsables de los órganos supervisor y regulador. “No lo decimos nosotros, lo dice el informe pericial. La salida a bolsa fue una huida hacia delante de los consejeros de la matriz de Bankia, BFA, de acuerdo con la línea del Banco de España. Ese es el dolo”, ha dicho Herzog.

La auditora Deloitte, firma encargada de dar el visto bueno a las cuentas de Bankia antes de que saliera a bolsa y acabara rescatada con 23.500 millones de dinero público, señala al Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores. El socio auditor Francisco Celma ha declarado esta mañana en la Audiencia Nacional y ha presentado al juez del caso, Fernando Andreu, dos cartas que demostrarían el aval que supervisor y regulador dieron a su trabajo. Andreu tendrá ahora que resolver sobre la petición de la acusación popular para que representantes ambos organismos públicos se expliquen en sede judicial.

Celma y un representante legal de Deloitte han declarado durante más de cuatro horas. A la salida, la acusación popular, que representa el abogado Andrés Herzog, ha concluido: “Hoy es un día muy importante. Hemos dado un paso más en la labor de cerrar el círculo de responsables del desfalco económico. En su día dijimos que esto era una trama organizada y eso se ha ido cumpliendo paso por paso. Participaron los partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales y también los auditores, que tuvieron una participación muy importante en el proceso, sin la que no hubiera pasado lo que finalmente pasó”.

La Central Intersindical de Crédito, que representa Herzog, ha solicitado la imputación del que fuera vicepresidente de la CNMV en el momento de la salida a bolsa de Bankia, Fernando Restoy, hoy subgobernador del Banco de España. También quiere que declare como imputado ante el juez el por aquel entonces gobernador, Miguel Ángel Fernández Ordoñez, 'MAFO'.

“No es casualidad que el principal argumento defensivo de Deloitte haya sido que actuó en todo momento siguiendo instrucciones de la CNMV y del Banco de España”, ha dicho este lunes al respecto Herzog. El auditor ha presentado dos misivas, de abril de 2013 y mayo de 2014, en el que demuestra que sus trabajos de auditoría y consultoría lo fueron, “en gran medida, a requerimiento de los órganos supervisores”, añadió el abogado y representante de UPyD hasta que abandonó el partido.

En la declaración, Deloitte y Celma han cargado duramente contra los peritos como el resto de imputados en la causa. El trabajo de los dos profesionales del Banco de España, a las órdenes directas del juez Andreu, suponen el pilar del caso Bankia. Ambos concluyeron que Rodrigo Rato y su equipo maquillaron las cuentas de la entidad para poder salir a bolsa. Para ello, según la acusación, necesitaron de la ayuda indispensable de la firma auditora, en este caso Deloitte.

El fiscal dio su visto bueno a la declaración como imputado de Celma porque la auditora actuó como juez y parte en el proceso. Por una parte, trabajó como consultora de Bankia para la salida a bolsa y, por otra, avaló sus cuentas para que comenzara a cotizar. Celma ha destacado, según ha informado la propia Deloitte, en que su trabajo de auditoría tuvo informes de valoración de terceros, justamente las otras tres grandes auditoras, al tiempo que contó “con la autorización previa de Banco de España y de la CNMV y, por tanto, de acuerdo a la normativa en vigor”. También ha defendido que Deloitte tiene los mecanismos necesarios para que una faceta de la firma no afecte a la otra.

Para Herzog, lo ocurrido con Bankia distingue a España de otros países. “En lugar de proteger a los inversores, para evitar que haya conflicto de interés entre auditoría y consultoría, descubrimos que el supervisor está promoviendo y fomentando esos conflictos de interés. La sociedad que tiene que firmar la auditoría a la vez está vendiendo otros servicios a las mismas sociedades auditoras”, ha asegurado al término del interrogatorio. El letrado señaló al actual subgobernador del Banco de España, Fernando Restoy, quien“lejos de ser removido de su cargo, sigue al frente de la institución”.

La auditora ha defendido hoy que había provisiones en Bankia suficientes para avalar las cuentas de salida a Bankia y, sin embargo, no hacerlo con las de Rodrigo Rato, en mayo de 2012, y a la postre definitivo para la intervención de la entidad por el Estado. Por su parte los peritos niegan que ese colchón existiera porque se consumió en el proceso de fusión de cajas que dio lugar a Bankia. “Los hechos han demostrado que de existir (las provisiones) no eran suficientes. Si no, no se hubiera producido el rescate”, ha dicho al respecto Herzog.

Dos preguntas del fiscal

Durante las cuatro horas de declaración, el fiscal Anticorrupción Alejandro Luzón solo ha hecho dos preguntas “muy genéricas”, según el letrado de la CIC. Luzón se animó a apoyar la declaración de Deloitte después de que el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) sancionara a Deloitte por su trabajo en Bankia con una multa de 12 millones de euros.

Según Deloitte, Celma ha declarado este lunes que la sanción todavía no es firme en vía administrativa y que está recurrida en alzada ante el Ministerio de Economía y Competitividad. El socio auditor ha mostrado al juez su extrañeza por que Economía no haya resuelto el recurso tras 21 meses desde su presentación cuando suele hacerlo en unos 90 días.

El juez Fernando Andreu ha citado a declarar en calidad de investigados -la nueva figura para imputados- al representante legal de la auditora Deloitte SL y a su socio Francisco Celma. La auditora fue la encargada de dar el visto bueno a las cuentas de la entidad que salió a bolsa y terminó rescatada con 23.500 millones de euros de dinero público.

La imputación de la auditora era una reclamación antigua de las acusaciones. El mes pasado, el colectivo 15MpaRato y la Confederación Intersindical de Cajas (CIC) solicitaron que los dos citados prestaran declaración por avalar las cuentas de la entidad en 2011. Esas cuentas tuvieron que ser reformuladas tras la intervención estatal de Bankia.

Deloitte había avalado que Bankia tenía unos beneficios de 309 millones cuando la intervención arrojó que, en realidad, acumulaba pérdidas de 2.979 millones. Los dos investigados declararán en la Audiencia Nacional el próximo 20 de junio a las 9:00 horas.

Los dos peritos del caso concluyeron que Rodrigo Rato y su equipo “maquillaron” las cuentas de la entidad con el fin de sacarla a bolsa. El informe de los peritos es la prueba sobre la que se sostiene la pieza principal del caso Bankia.

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha rechazado investigar por un delito de injurias contra el titular de la Corona y otro de ultrajes a los símbolos o emblemas de España la “masiva y colectiva” pitada al himno de España que tuvo lugar el pasado 30 de mayo durante la final de la Copa del Rey, presidida por Felipe VI, en el Camp Nou mientras se disputaban el título el Fútbol Club Barcelona y el Athletic Club de Bilbao.

El magistrado ha dictado un auto en el acepta la competencia de la causa de la que se inhibió el juzgado de Instrucción número 2 de Barcelona, para a continuación decretar el archivo de las actuaciones al no ser los hechos investigados constitutivos de ninguna infracción penal. Manos Limpias denunció los hechos en Barcelona y la Fiscalía consideró que había indicios de delito.

Andreu recuerda que el juez Santiago Pedraz ya archivó una querella presentada por la Fundación Denaes por hechos similares que se produjeron en la final de la Copa del Rey de mayo de 2009 y la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal avaló su decisión al entender que se trató de un comportamiento “desagradable”, pero no una conducta injuriosa ni encuadrada en el Código Penal.

Según el escrito de la Fiscalía, al que tuvo acceso Europa Press, “se produjo una masiva y colectiva pitada proveniente de parte del público asistente retransmitida dentro de lo que constituía el evento deportivo” ante la presencia del Rey Felipe VI.

La sentencia del Tribunal Supremo que considera “gravemente inexacta” la información que Bankia ofreció a los inversores que participaron en su salida a Bolsa y la asunción hecha pública este miércoles por la entidad de que el fallo le aboca a devolver 1.800 millones solo a los minoristas, dejan en evidencia la estrategia del aparato financiero del Estado para tumbar el caso en la Audiencia Nacional.

La conjura de la Fiscalía, el FROB, el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para que el caso no llegue a juicio y evitar así que una sentencia condenatoria obligue a la devolución de los 3.000 millones de los inversores por la vía civil queda desvirtuada con los últimos acontecimientos.

Bankia va a devolver el 60% de la inversión, que corresponde a los minoristas, como consecuencia del fallo del Tribunal Supremo. Pero fuentes jurídicas afirman que la sentencia de la Sala de lo Civil es tan clara sobre las irregularidades de la salida a Bolsa que obliga a la entidad a alcanzar un acuerdo también con los inversores institucionales, lo que supone un montante de 1.400 millones, el equivalente al 40%. “Lo más probable es que ese acuerdo ya esté cerrado cuando el caso Bankia llegue a juicio”, añaden.

¿Modificará entonces la Fiscalía su posición? Las acusaciones del caso creen que no. A pesar de que el efecto negativo para Bankia -y también para el Estado como entidad nacionalizada- de una sentencia condenatoria queda diluido porque ya se ha decidido devolver el dinero a los minoristas y parece que no queda otro camino con los inversores institucionales, hay una segunda motivación en ese concierto del aparato financiero del Estado: salvar la reputación de dos de sus principales instituciones, el Banco de España y la CNMV.

La querellas de UPyD y 15MpaRato señalan al supervisor y el regulador por haber permitido y alentado la salida a Bolsa de Bankia, que precedió a la quiebra de la entidad y su posterior rescate con más de 23.000 millones de euros de dinero público.

El juez instructor del caso Bankia, Fernando Andreu, no ha aceptado hasta ahora la imputación del Banco de España y la CNMV, pero fuentes del caso consultadas por eldiario.es consideran complicado que ambos organismos escapen de ser aludidos en una posible sentencia condenatoria por su responsabilidad en el desastre de la entidad y, por tanto, en las consecuencias que tuvo para el sistema financiero español y su reputación en el exterior.

El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) es el instrumento financiero creado por el Gobierno en 2009 para canalizar la inyección de dinero público a los bancos rescatados. En el caso Bankia actúa, en consecuencia, como acusación particular. Pero solo formalmente. Durante dos años no ha solicitado una sola diligencia.

Hasta que despertó en el primer trimestre de 2015. Y lo hizo para presentar una suerte de contrainforme que exculpaba a Rodrigo Rato, Bankia y los otros cuatro imputados de las conclusiones que habían presentado los peritos del caso, la prueba de cargo del caso Bankia.

Los peritos, funcionarios del Banco de España que actuaron a las órdenes exclusivas del juez Andreu, habían concluido que Rato y el resto maquillaron las cuentas de Bankia para salir a Bolsa, en la línea de lo constatado ahora por el Supremo, que asegura que la información del estado de la entidad que ésta ofreció a los inversores era “gravemente incorrecta”. Pues bien, el contrainforme del FROB replicaba que ambos profesionales utilizaron una “metodología discutible” y que sus conclusiones plantean “debilidades” cuando no directamente “errores”.

En la elaboración del informe del FROB colaboró activamente el Banco de España, que movilizó a cuatro departamentos, y la CNMV, precisamente aquellos organismos que se verían retratados en una sentencia condenatoria de la Audiencia Nacional. Una semana antes de su presentación, el fiscal del caso, Alejandro Luzón, presentó otro informe adelantando las conclusiones del elaborado por el FROB.

Al comparar ambos escritos aparecen coincidencias textuales de párrafos enteros. O se trata de una casualidad o el fiscal contó con el informe del FROB antes de que fuera presentado. Y todo ello a espaldas del juez.

Rodrigo Rato, también beneficiado

Pero aún faltaba un beneficiado en toda esta estrategia. Entró en acción en julio: Rodrigo Rato solicitó al juez que incorporara a la causa el informe del Banco de España que había servido al FROB para desacreditar a los peritos y sus conclusiones. La paciencia de Andreu se acabó y en noviembre ordenó al Banco de España que le remitiera de inmediato toda la información sobre cómo se fraguó esa operación.

La instrucción de la pieza principal del caso Bankia está agotada y el momento de la apertura de juicio oral cada vez está más cerca. Sobre todo ahora que el juez Andreu ha podido cerrar la pieza separada de las tarjetas ‘black’ y ya no tiene que resolver la montaña de recursos con la que los 66 acusados invadieron su juzgado.

Fuentes de la Audiencia Nacional apuntan que el magistrado está decidido a enviar el caso a juicio, pero ante los previsibles recursos de las defensas, la decisión última estará en manos de la Sala de lo Penal. Si esta da la razón al juez, el fiscal se encontrará en una difícil tesitura para no presentar acusación contra Rato, José Luis Olivas, José Manuel Fernández Norniella, Francisco Verdú, Bankia y la matriz de ésta, BFA.

“Me preguntas, a instancias del Presidente, por las remuneraciones en los órganos de gobierno/administración”. Así arrancaba el correo electrónico que, bajo la leyenda de 'Confidencial', el secretario saliente del Consejo de Administración de Caja Madrid envió al presidente de la entidad, Miguel Blesa, el 1 de septiembre de 2009. Seis años y seis meses después, el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha enviado a juicio el caso de las ‘tarjetas black’, la primera cita con el banquillo de los acusados que tendrá el una vez todopoderoso Rodrigo Rato y en la que se enfrenta a peticiones de condena de hasta 10 años de cárcel.

Parece imposible que De la Torre pudiera imaginar aquel día de las postrimerías del verano de 2009 que el mensaje en el que ponía por escrito la dinámica de retribuciones ilegales en la cúpula de Caja Madrid fuera a provocar uno de los mayores escándalos judiciales de la siguiente década. Y no lo hubiera sido si el correo hubiera sido pasado por alto entre los más de 8.000 que llegaron a la redacción de eldiario.es en diciembre de 2013. Fue el día 13 de aquel mes cuando este medio publicó una información con el titular Los consejeros de Caja Madrid tenían una tarjeta de crédito en negro de hasta 50.000 euros al año.

La propia Bankia, con su actual presidente, Ignacio Goirigolzarri, al frente, ha reconocido que tuvieron conocimiento de la práctica llevada a cabo por el anterior equipo gracias a la información de eldiario.es. Eso provocó que ordenaran una auditoría interna cuyos resultados acabaron en la Fiscalía Anticorrupción y de ahí, al Juzgado de la Audiencia Nacional que ya investigaba la salida a bolsa de Bankia. Era octubre de 2014. Nacía el caso de las tarjetas black.

Pero hasta llegar a ese momento conviene rebobinar. Los correos electrónicos de Blesa habían salido de los servidores de Bankia porque el juez Elpidio Silva ordenó su incorporación a la investigación por la compra del Banco de Florida. Hoy, Silva ya no es juez y aquel caso está archivado. El exjuez de la Audiencia de Madrid fue condenado a más de 17 años de inhabilitación por prevaricar durante aquella instrucción, incluida la requisa de los correos y el envío a la cárcel a Blesa en dos ocasiones. La condena fue confirmada por el Tribunal Supremo.

Los correos electrónicos del caso Blesa llegaron a la redacción de eldiario.es a través de una fuente anónima derivada por la comisión anticorrupción del Partido X. Su publicación supuso a los ciudadanos conocer las tripas del capitalismo de amiguetes que las élites políticas y económicas del país no habían dejado de practicar ni en los peores años de la crisis.

Este lunes, el juez Andreu dictó auto de apertura de juicio oral en el caso de las tarjetas 'black', en el que incorpora los argumentos y peticiones de condenas de cada una de las acusaciones. En base a ellas, el magistrado cree que hay motivos para que Rato -que sustituyó a Blesa en Caja Madrid y presidió también Bankia- el propio Blesa y otros 64 directivos y miembros del Consejo de Administración ocupen un gigantesco banquillo de los acusados por gastar más de 15 millones de euros de la entidad, rescatada con más de 23.500 millones de euros de dinero público.

UPyD pide 10 años de cárcel para Rato, Blesa e Ildefonso Sánchez Barcoj por apropiación indebida y administración desleal, éste último delito como responsables de la existencia y funcionamiento de los plásticos opacos. Anticorrupción solicita 4 años y medio para Rato y 6 para Blesa. El FROB y Bankia piden tres años para el que fuera vicepresidente económico del Gobierno por emitir y “mantener ocultas” las tarjetas black.

El tribunal de las tarjetas black será conformado por magistrados de la Sección Cuarta de la Audiencia Nacional. El momento de su celebración depende de las vistas ya señaladas por esa Sección, pero fuentes jurídicas apuntan a que debería celebrarse en lo que resta de 2016.

Rodrigo Rato quiere que la justicia tenga en cuenta que él devolvió el dinero que gastó con su tarjeta black de Bankia ahora que se acerca el momento de sentarse en el banquillo. Su defensa ha presentado un escrito, al que ha tenido acceso eldiario.es, en el que asegura que “dicho inciso supone tanto como aclarar la conducta del señor Rato en relación con los hechos que se describen”.

El abogado de Rato se refiere a los hechos que describe el juez Fernando Andreu en su auto de pase a procedimiento abreviado, el equivalente al procesamiento cuando los delitos que se aprecian conllevan penas inferiores a nueve años, dictado el pasado 23 de diciembre.

El magistrado concluye que los hechos investigados podrían constituir los delitos de administración desleal, respecto de aquellos imputados que ocuparon cargos en los Consejos de Administración de ambas entidades, o de apropiación indebida en el resto de supuestos.

Andreu no entra a describir la conducta de cada uno de los 66 imputados y, pese a que así lo admite la defensa de Rato, ésta añade que la devolución del dinero es “un elemento esencial” para “ejercitar adecuadamente el derecho de defensa” del que fuera presidente de Caja Madrid y Bankia y por ello pide que el juez realice tal aclaración.

Es más, la defensa de Rato pone en valor que la devolución del dinero se produjo “con antelación a la incoación de la presente pieza separada” del caso Bankia. El escándalo de las tarjetas estalló en octubre de 2014. Para entonces, el expresidente de la entidad ya había devuelto 54.000 euros. Debido a una filtración, Rato sabía que la entidad desarrollaba una investigación interna. De esta manera, Bankia adjuntó a su informe original sobre el caso de las tarjetas que Rato ya había devuelto el dinero.

Según la propia versión de Bankia, su actual dirección supo de la existencia de las tarjetas ‘black’ por una información de eldiario.es de diciembre de 2013. En uno de los denomiandos correos de Blesa se revelaba la existencia de los plásticos opacos al fisco. El resultado de la auditoría interna fue trasladado al FROB y de ahí a la Fiscalía Anticorrupción. Nacía el caso de las ‘tarjetas black’ con la constatación de que Rato había devuelto el dinero gastado con su plástico de Bankia.

No así con el dinero gastado en la etapa de Caja Madrid, un total de 44.200 euros. Su heredera, la Fundación Caja Madrid no se ha personado en la causa como perjudicada, ni ha articulado un mecanismo para recuperar los fondos.

Para gastos personales

El juez dio el pasado 23 de diciembre un plazo de diez día a las partes para presentar los escritos de acusación o bien, de sobreseimiento de la causa. En el auto, Andreu afirma que “en un principio” (1994) las tarjetas tenían por objeto “hacer frente a los gastos  de representación o relacionados con actividades profesionales”, pero que se terminaron entregando los plásticos a miembros del Consejo de Administración, la Comisión de Control y la alta dirección “con unos fines completamente distintos” a los citados gastos de representación. En total, la investigación ha podido identificar el gasto de 15,2 millones de euros con las tarjetas de forma irregular.

Además, las tarjetas se aprobaron en consejos de administración, lo que convritió su entrega “en una remuneración irregular”. “Se podía disponer de su saldo libremente, sin necesidad de justificar el concepto por el que se disponía de cada tarjeta, y todo ello teniendo en cuenta que, según se informa por Bankia, junto a estas tarjetas, los consejeros o ejecutivos disponían de otra tarjeta de empresa”, describe el magistrado. Los plásticos, continúa, no tenían “soporte contractual, ni previsión estatutaria”.

El juez Fernando Andreu ha concluido la instrucción de la causa de las tarjetas 'black' y mantiene las acusaciones contra los expresidentes de Caja Madrid y Bankia Miguel Blesa y Rodrigo Rato, así como contra otros 64 usuarios de los plásticos. En su auto concluye que los hechos investigados podrían constituir los delitos de administración desleal, respecto de aquellos imputados que ocuparon cargos en los Consejos de Administración de ambas entidades, o de apropiación indebida en el resto de supuestos.

Según el juez, de la actuación de los 66 se desprenden indicios racionales y fundados de criminalidad contra los miembros del Consejo de Administración, de la Comisión de Control y ejecutivos de Caja de Madrid y Bankia que recibieron de las citadas entidades unas tarjetas de crédito tituladas a su nombre, emitidas sin respaldo contractual alguno, que usaron para gastos personales y propios.

Andreu resume en un párrafo del auto en qué consistió la “actividad criminal”. Afirma que “en un principio” (1994) las tarjetas tenían por objeto “hacer frente a los gastos  de representación o relacionados con actividades profesionales”, pero que se terminaron entregando los plásticos a miembros del Consejo de Administración, la Comisión de Control y la alta dirección “con unos fines completamente distintos” a los citados gastos de representación. En total, la investigación ha podido identificar el gasto de 15,2 millones de euros con las tarjetas de forma irregular.

Además, las tarjetas se aprobaron en consejos de administración, lo que convritió su entrega “en una remuneración irregular”. “Se podía disponer de su saldo libremente, sin necesidad de justificar el concepto por el que se disponía de cada tarjeta, y todo ello teniendo en cuenta que, según se informa por Bankia, junto a estas tarjetas, los consejeros o ejecutivos disponían de otra tarjeta de empresa”, describe el magistrado. Los plásticos, continúa, no tenían “soporte contractual, ni previsión estatutaria”.

En su resolución, Fernando Andreu rechaza las peticiones de sobreseimiento de las actuaciones formuladas por Jorge Rábago Juan Aracil, Mariano Pérez Calver, Ramón Martínez Vilches, Enrique de la Torre Martínez, José María Buenaventura Zabala y Cándido Cerón Escudero.

Del mismo modo, afirma que la instrucción, que se ha realizado de forma profusa y profunda, debe darse por conclusa,  al haberse practicado todas las diligencias esenciales para determinar la naturaleza y las circunstancias de comisión de los hechos, por lo que no considera necesario la práctica de nuevas diligencias solicitadas por los abogados de Estanislao Rodríguez Ponga y Pedro Bedia Pérez. Estos son algunos de los imputados que llevan meses inundando el juzgado con peticiones que siempre son rechazadas, pero que han logrado dilatar el proceso.

El titular del juzgado central de instrucción número 4 ha dado traslado al fiscal, y a las acusaciones personadas, para que en el plazo de diez días formulen escrito de acusación solicitando la apertura de juicio oral o el sobreseimiento de la causa. Será entonces cuando se conozcan las peticiones de condena para cada uno de los directivos y consejeros de Caja Madrid y Bankia.

Rodrigo Rato quiere que el juez Fernando Andreu aclare cuanto antes la cantidad devuelta a día de hoy por los usuarios de las tarjetas ‘black’. El interés del exvicepresidente del Gobierno radica en que el juez accedió en julio a descontar esa cifra de los tres millones de euros que Rato tuvo que abonar como fianza en la misma pieza separada del caso Bankia, con un aval del Banco de Sabadell.

“Teniendo en cuenta que la fianza exigida al señor Rato por cuantía de tres millones de euros fue constituida mediante aval bancario en fecha de 22 de octubre de 2014, y que la disminución de dicho importe fue acordado en fecha de 13 de julio pasado, puede entenderse fácilmente que su mantenimiento se hace especialmente gravoso”, se queja la defensa del expresidente de Caja Madrid y Bankia en un escrito a Andreu, al que ha tenido acceso eldiario.es.

El aval del Banco de Sabadell va acumulando intereses cada mes que pasa. Al tiempo, la situación financiera de Rato no parece boyante, si se atiende a los requerimientos que hace últimamente a los jueces que le investigan. Como desveló eldiario.es, el exvicepresidente económico solicitó acogerse al pago fraccionado de su declaración de la renta, pero Hacienda se lo negó con el argumento de que su situación hace pensar que no tiene dinero ahora, ni lo va a tener en el futuro. La declaración de la renta correspondiente al ejercico 2014 le salió a Rato a pagar 73.349,98 euros. El departamento de Cristóbal Montoro aludía en su respuesta a las “dificultades económico-financieras de carácter estructural, así como falta de capacidad de generación de recursos necesarios para atender los compromisos que derivarían de la concesión del aplazamiento solicitado”.

El juez Andreu acordó el 13 de julio “disminuir la fianza impuesta” a Rato “en aquellos importes que ya hayan sido objeto de consignación o afianzamiento por aquellos imputados que fueron titulares/usuarios de las tarjetas durante el periodo comprendido entre los meses de febrero de 2010 a mayo de 2012”, esto es, el periodo en el que el aludido fue el máximo responsable de Caja Madrid y después de Bankia.

La fianza de las tarjetas ‘black’ fue la primera que tuvo que enfrentar Rato dentro de su ‘via crucis’ judicial. En el plazo de tres días que le concedió el juez, el exvicepresidente obtuvo un aval de tres millones de euros. Esa cifra era un porcentaje sobre los gastos efectuados por él mismo y el resto de consejeros y directivos de Caja Madrid y Bankia mientras él era su presidente, más el 25 por ciento que establece la ley.

Después de la declaración de Rato, Miguel Blesa e Ildefonso Sánchez Barcoj llegó el momento de la citación como imputados de los usuarios de las ‘black’. Rato se queja de que solo cuenta con las cantidades devueltas a Bankia por él mismo y cinco de ellos (Ildefonso Sánchez Barcoj, 90.879,23 euros; Matías Amat, 42.042,78; José Manuel Fernández Norniella, 429,59; Rafael Spottorno, 11.953,46; José Manuel Fernández Norniella, 10.139,82) . Esa cifra suma 209.880,62 euros. Sin embargo, la cuenta del Juzgado tenía, a fecha de 19 julio, un total de 1,4 millones de euros, según informó Efe.

Sin embargo, la cifra devuelta a esta fecha debe ser superior. Rato asegura que le consta, porque figura en la causa, que también han devuelto diversas cantidades: Ignacio Navasqües, Arturo Fernández, Jorge Rábado, Miguel Corsini, Luis Blasco, Javier López Madrid y Juan Aracil. “Habida cuenta de que esta parte no puede aportar más datos que los recabados de otras partes ya referenciados –y sin posibilidad de tener acceso a las piezas personales de los demás afianzadores- interesamos que se proceda a la mayor brevedad a dejar sin efecto o disminuir el importe de la fianza depositada y así evitar incurrir en costes indebidos ante la duplicidad o superposición de garantías”, alega Rato.

En total, los consejeros y directivos de las ‘black’ gastaron 15,5 millones de euros con las tarjetas entre 1999 y 2012. El juez cree que Rato y Blesa “propiciaron, fomentaron y auspiciaron” los plásticos opacos . El más de medio centenar que siguen imputados se enfrentan a los delitos de apropiación indebida y/o administración desleal. La instrucción está agotada, pero los numerosos recursos que presentan las defensas de los imputados impiden al juez enviar, por ahora, la causa a juicio.

Rato mantiene parte de su patrimonio, después de que el juzgado de Madrid que le investiga por sus negocios descubriera que tiene más de los 18 millones de euros de fianza que le había fijado en concepto de responsabilidad civil. En el marco del caso Bankia, Rato debe hacer frente a una fianza de 38,2 millones, pero junto a los otros cinco imputados, y de forma solidaria. Hasta el aumento de esa cantidad, de este mismo lunes, Bankia, uno de los imputados, se ha adelantado al pago en previsión de que el resto no lo hiciera y la entidad fuera embargada.

La alianza que se fraguó en el aparato financiero del Estado para desacreditar el trabajo de los peritos en el caso Bankia ha fracasado en su intento de que la causa no llegue a juicio. El juez Fernando Andreu investiga ahora el origen y la intención del informe del Banco de España en el que se apoyaron la Fiscalía Anticorrupción y el FROB para rebatir otro, el realizado por los peritos, que señala a Rodrigo Rato y su equipo como responsables del maquillaje de las cuentas de la entidad con el objetivo de que pudiera salir a bolsa.

El juez Andreu dictó una providencia el pasado viernes en la que reclama una serie de documentos al Banco de España y al FROB, instrumento financiero del Estado y en este caso, principal accionista de Bankia. Al FROB le exige copia certificada del escrito que remitió al Banco de España solicitando el informe objeto de la investigación. También quiere que el Fondo de Reestructuración Bancaria le entregue el acuerdo por el que decidió solicitar ese informe. Y todo ello, “a la mayor brevedad”.

Con la misma urgencia, Andreu reclama al Banco de España lo mismo que al FROB, copia certificada de la carta que le remitió el 25 de febrero de 2015 con una consulta sobre la Circular 4/2004 del supervisor. Esta circular es la que avalaría supuestamente la conducta de Rato y su equipo porque, dependiendo de su interpretación, daría por buenas o malas las cuentas en las que se apoyó Bankia para salir a bolsa.

En el caso del Banco de España, Andreu exige también “todos los documentos técnicos elaborados para contestar a dicha consulta, tanto de la Dirección General de Regulación y Estabilidad Financiera, como de la Dirección General de Supervisión”. En este punto de la providencia de Andreu aparece subrayada la palabra “todos”.

La incorporación de la citada respuesta del Banco de España a la causa se produjo a petición de la defensa de Rodrigo Rato y el juez accedió con vistas “a preparar el juicio oral”. Después de un primer requerimiento, cruce de llamadas entre el Juzgado y el Banco de España y un segundo oficio requiriendo el informe, el supervisor remitió el 10 de noviembre al magistrado el escrito de solo 4 páginas que había entregado al FROB el 3 de marzo de 2015, después de que éste le hubiera solicitado su “criterio técnico sobre determinadas cuestiones reguladas en la Circular 4/2004 de 22 de diciembre”.

El informe es un documento genérico, de gran complejidad técnica, en el que ni siquiera se menciona el caso de Bankia, y que algunos medios de comunicación interpretaron como el aval del Banco de España a la actuación de Rato. De aplicarse a Bankia la explicación técnica que contiene, el escrito podría servir para dar por bueno que la entidad tenía 2.000 millones de euros en provisiones, suficiente para salir a bolsa, siempre según las mismas interpretaciones.

Sin embargo, en su providencia del 20 de noviembre, el juez explica que toma la iniciativa de exigir informes sobre cómo y por qué se gestó el informe precisamente “a la vista de su contenido”. Una fuente de la investigación ha confirmado a eldiario.es que el informe del Banco de España no servirá para abortar la instrucción y que al juez solo le resta aclarar el papel del FROB y el supervisor para enviar el caso a juicio. En el caso están imputados Rato, José Manuel Fernández Norniella, José Luis Olivas, Francisco Verdú, la propia Bankia y su matriz, BFA.

De este modo, será durante la vista oral cuando el tribunal determine qué documento acierta en sus conclusiones: si el de los peritos que trabajaron 17 meses a las órdenes del juez o el de 4 páginas que el Banco de España elaboró a petición del FROB y que fue incorporado a la causa ocho meses después de su elaboración y 26 días después de que así lo exigiera el juez.

La misma fuente explica que la intención del juez es conocer si el FROB y el Banco de España, dos pilares del aparato financiero del Estado, se conjuraron para entregar un informe “ad hoc” o “prefabricado”.

FROB: la acusación que exculpa

Como consecuencia de la crisis financiera, el Gobierno creó por decreto ley en 2009 el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). En el caso Bankia, el FROB está personado como acusación, en su faceta de perjudicado por la quiebra de la entidad. En febrero de 2015, la causa cumplió dos años y medio de instrucción sin que el FROB hubiera solicitado una sola diligencia. Pero entonces, un letrado particular –y no un abogado del Estado- presentó en su nombre un informe de 77 páginas en el que habían colaborado, sin que el juez lo pidiera, el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Ese documento del FROB, elaborado con la consulta previa realizada al Banco de España, es un contrainforme en toda regla al que habían elaborado los peritos judiciales, dos funcionarios del Banco de España que han trabajado a las órdenes exclusivas del juez. Las conclusiones de los peritos judiciales abocan al banquillo a Rodrigo Rato y sus máximos colaboradores al frente de Bankia. En el citado contrainforme, sin embargo, el FROB dice que esos dos funcionarios que señalan a Rato han utilizado “una metodología discutible” y que sus conclusiones plantean “debilidades”, cuando no directamente “errores”. Con el informe, el Banco de España contradice a sus empleados y crea un cisma en la institución.

Pero el informe del FROB servía para destapar una alianza que había lanzado su primera andanada una semana antes, con la Fiscalía como protagonista. Alejandro Luzón, entonces fiscal Anticorrupción y hoy ascendido a la Secretaría General Técnica de la Fiscalía General, había presentado días antes un recurso a la fianza impuesta impuesta por Andreu a Rato y los demás imputados tras escuchar la ratificación de los peritos a su informe en sede judicial.

En el recurso del fiscal aparecían frases textuales del informe del FROB, a pesar de que éste no había sido presentado aún en el Juzgado. En su escrito, Luzón se apuntaba además la tesis expuesta por el presidente del BBVA en su declaración como testigo ante el juez del caso Bankia y que según la cual, la contabilidad de los bancos “es un chicle”.

¿Qué estaba ocurriendo? ¿Por qué órganos dependientes del Gobierno como el FROB, el Banco de España y la Fiscalía, con organización jerárquica ésta última y a cuyo máximo responsable nombra el Ejecutivo, se empeñaban en tumbar el caso Bankia?

Las acusaciones explican que una sentencia condenatoria a Rato y el resto abocaría a Bankia a desembolsar los 3.092 millones de euros que captó de mayoristas y minoristas para la salida a bolsa, devolviendo a la entidad a una situación muy delicada y eliminando las aspiraciones del Estado de recuperar parte de su inversión. El subgobernador del Banco de España y presidente de la comisión rectora del FROB son la misma persona: Fernando Restoy, el mismo hombre que era el segundo de a bordo en la CNMV cuando Bankia saltó a bolsa.

Pero hay más: el juez Andreu ha optado hasta ahora por ser cauteloso ante las peticiones de las acusaciones de que impute al Banco de España por su papel en la quiebra de Bankia, toda vez que se trata del máximo órgano supervisor. Con el informe que ahora investiga el juez, el supervisor no solo exculpa a Rato, sino a sí mismo, que no detectó ni denunció lo que estaría ocurriendo en el seno de la entidad. El equipo de Rato presentó un beneficio de 309 millones de euros. Para el equipo que le sucedió al frente de Bankia, en realidad se trataba de pérdidas por valor de 2.979 millones.

La acusación popular, ejercida por UPyD, había pedido la imputación del Banco de España por no haber ejercido sus funciones y haber sido supuestamente cómplice en el desastre de Bankia. Tras el informe del FROB, UPyD y el resto de acusaciones solicitaron conjuntamente que el organismo público fuera expulsado del caso. El partido de Andrés Herzog acusa al Fondo de Reestructuración de imitar el papel del PP en el caso Bárcenas, donde estaba personado como acusación pero terminó expulsado por el juez Pablo Ruz, acusado de haber hecho las veces de abogado defensor del principal imputado.

El juez optó por rechazar dicha medida a la que se opusieron la Fiscalía y la defensa de Rodrigo Rato. Para el exvicepresidente del Gobierno, los seis delitos que se le imputan en la pieza principal del caso Bankia se unen a otros dos por auspiciar, fomentar y utilizar las tarjetas black, así como las tres tipologías que se le atribuyen indiciariamente por sus negocios particulares, en este caso en un juzgado de Madrid.

En otra providencia, también fechada el pasado viernes, el juez da traslado a los dos peritos del caso del informe encargado por Rodrigo Rato a tres catedráticos que, a sueldo del exvicepresidente del Gobierno, avalan las cuentas de Bankia y su salida a bolsa. El juez lo hace por si los peritos judiciales consideran que procede “ampliación, modificación, aclaración o corrección” del informe que emitieron en su día y que muestra a Rato el camino del banquillo.

El pacto del precio del combustible entre las principales petroleras del país es ya un caso abierto en la Audiencia Nacional. Para incoar diligencias, el juez Fernando Andreu se apoya en la información reservada del regulador, que en un informe confidencial reflejó la nota incautada en 2013 al director de la Red de Estaciones de Servicios de Cepsa: “Pacto de no agresión. No se mueve. Argumento de protección del precio en estaciones para no competir a la baja. No se puede firmar”.

El 3 de septiembre, Andreu dictó un auto en el que se declara competente para investigar un presunto delito de alteración de los precios del mercado, recogido en el artículo 284 del Código Penal. El juez admitía a trámite la querella presentada por una asociación de consumidores alicantina y otra de Manos Limpias, al tiempo que imponía la condición de querellados a Repsol, Cepsa, Disa, Meroil y Galp, así como a los máximos responsables de las citadas compañías. En la misma resolución advertía que todos ellos serían citados a declarar en la Audiencia Nacional.

Por los mismos hechos, la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) multó en febrero con 32,4 millones de euros a las citadas petroleras. Competencia consideró probado que las compañías habían incurrido en intercambio de información, pacto de no agresión y coordinación comercial en materia de precios. Para adoptar la decisión se sirvió de los correos electrónicos y notas incautadas durante los registros efectuados por la Comisión Nacional de Competencia, su antecesora, en la primavera y el verano 2013. Esos mensajes y notas fueron incorporadas al citado informe confidencial y ahora son parte de la causa que instruye Fernando Andreu en la Audiencia Nacional.

En 27 de diciembre de 2012, el director general de Meroil escribió un correo electrónico al director de Relaciones Institucionales de Disa quejándose de la diferencias de precio en la gasolina de 95 octanos. El representante de Disa quería saber si se trataba de un error o es “política de competencia”. Ese mismo día, dos después de la Navidad, recibe la siguiente respuesta: “Creo que es que hoy vamos lentos con los cambios por la resaca”.

Para Competencia, el mensaje es “esclarecedor”, más si cabe con la respuesta recibida dos meses más tarde del director de Meroil. Bajo el título “Evolución de márgenes”, escribía en el correo electrónico: “Te adjunto la información que me solicitaste”, y presentaba una tabla con las cifras correspondiente al periodo que va de julio de 2012 a enero de 2013, así como el valor medio de los carburantes.

El expediente S/0484/13 de Competencia considera probado que hubo un “pacto de no agresión” entre Cepsa y Respol en el verano de 2011, cuando más desplazamientos se hacen por carretera. Se trataba, según la CNMC, de que no hubiera “acciones de injerencia” de la una en las estaciones “abanderadas” por la otra, esto es, en las gasolineras que sin pertenecer a la petrolera actúan como una especie de franquicia.

El expediente concluye que las dos petroleras estuvieron tres años, entre 2011 y 2013 intercambiándose información “estratégica” sobre las estaciones de servicio que son gestionadas por una de ellas, y “abanderadas y suministradas en exclusiva” por la otra operadora.

Esta es otra de las notas que los inspectores de Competencia requisaron al director de la red de gasolineras de Cepsa: “Había que quitar la promoción de todas las estaciones de Ceuta porque en una reunión alguien de Disa le había dicho que si no la quitábamos ellos (en referencia a Disa) empezaría también a hacer algo parecido y empezaríamos una especie de guerra de precios que no beneficia a nadie”.

Se trata de un acuerdo para pactar los precios en la ciudad de Ceuta en julio de 2013 entre Cepsa y Disa. Esta última es la petrolera de la familia Carceller, propietaria de un imperio empresarial gestado por el ministro filonazi de Franco Demetrio Casteller y que hoy incluye, entre otras grandes firmas, a la cervecera Damm. Al frente del emporio está Demetrio Carceller Arce, quien junto a su padre, Demetrio Carceller Coll, se sentarán en julio en el banquillo de la Audiencia Nacional por fraude fiscal y blanqueo, en el marco de otra investigación.

“Efecto lunes”

La investigación de Competencia, que ahora sigue la Audiencia Nacional, incluye el intercambio de información entre Disa y Meroil para las gasolineras de Sant Joan Despí (Barcelona) y alrededores en 2013. En mayo de ese año, la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) ya había redactado varios informes que ponían de manifiesto “la falta de competencia en el sector de los combustibles de automoción en España”. Se había producido una fuerte subida de la gasolina mientras los países del entorno ofrecían gasolina más barata que en España y las denuncias y consultas se acumulaban en la CNC.

La Comisión Nacional de Energía (ahora también integrada en Competencia) había emitido un informe el 17 de mayo en el que aseguraba que los operadores estaban aplicando “una estrategia de fijación de precios común” de 9 céntimos el litro entre la gasolina 95 y el gasóleo A. La Comisión Nacional de Energía llegó a calificar sus consecuencias como “efecto lunes”, de tal modo que los precios bajaban coordinadamente el primer día de la semana y repuntaban el martes.

Para el juez Andreu, de la información recopilada por Competencia se derivan indicio de delito “al constatarse la existencia de pactos ilícitos en perjuicio de los consumidores, mediante la alteración de los precios que hubieren resultado de la libre competencia entre las diferentes operadoras en el mercado de venta de combustible”. Estas cinco operadoras representan el 68% del volumen de negocio de las gasolineras en España y el 72% de las ventas.

Así las cosas, Andreu deja en situación de querellados a Repsol, Cepsa, Disa, Meroil y Galp, como personas jurídicas. Como personas físicas, mantienen por ahora esa condición Josu Jon Imaz, consejero delegado de Repsol; Khadem Al Qubaisi, presidente de Cepsa; Raimundo Baroja Rieu, consejero delegado de Disa; y José Luis Porte Solano, presidente de Meroil. La Fiscalía solo respaldó que se investigara a las empresas, sin mencionar en sus escrito la responsabilidad de las personas jurídicas.

El querellado es una figura jurídica que debe nombrar abogado defensor y procurador, al igual que el imputado. Es un recurso que ya utilizó Andreu cuando citó a declarar a Miguel Blesa y otros miembros de la cúpula de Caja Madrid en la pieza de las preferentes, dentro del caso Bankia, y su fin es disminuir la denominada 'pena de telediario' o carga pública de culpabilidad que conlleva la citación.

Las petroleras se defienden

La potente maquinaria de las petroleras ya se ha puesto en marcha para archivar la causa cuanto antes. “No existe el más mínimo indicio delictivo contra mi mandante, ni contra la sociedad de la que era consejero delegado, ni contra el resto de empresas que fueron investigadas en la información reservada S/0474/13”, asegura en su recurso la defensa del consejero delegado de Disa, Raimundo Borja Rieu.

La petrolera dice que el caso es fruto de “una investigación prospectiva” materializada en las entradas y registros de las empresas, contra las que no había “el más mínimo indicio”. En cualquier caso, añade Disa, los hechos investigados en ningún caso tendrían trascendencia penal y se limitarían, de demostrarse, a “una cuestión meramente administrativa”.

Repsol coincide en su recurso en que los hechos investigados no son constitutivos de delito y su defensa añade que, en cualquier caso, la petrolera no participó en los mismos. Fue una actividad desarrollada por su filial Repsol Comercial de Productos Petrolítiferos, según defiende el letrado. La sanción a la matriz, añade Repsol, es “francamente cuestionable en el ámbito administrativo (de hecho se encuentra pendiente de resolución el recurso) y es absolutamente inimaginable en el procedimiento penal”.

Entre los recursos de los querellados está el del expresidente del PNV Josu Jon Imaz, quien se considera agraviado en comparación con otros consejeros delegados de las empresas en el proceso que no están en su situación. “Josu Jon Imaz no solo no ha tenido participación en las conductas , sino que ni siquiera ocupaba el citado puesto en las fechas en las que supuestamente habrían sucedido los hechos”, alega su defensa. Imaz fue nombrado consejero delegado de Respol en abril de 2014. Hasta ese momento, el cargo no existía y el máximo responsable era Antoni Brufau, que sigue siendo el presidente de la compañía.

En su punto 1, el artículo 284 del Código Penal establece que se impondrá la pena de prisión de 6 meses a dos años, o multa de 12 a 24 meses, a aquellos que “empleando violencia, amenaza o engaño, intentaren alterar los precios que hubieren de resultar de la libre concurrencia de productos, mercancías, títulos valores o instrumentos financieros, servicios o cualesquiera otras cosas muebles o inmuebles que sean objeto de contratación, sin perjuicio de la pena que pudiere corresponderles por otros delitos cometidos”.