El actual líder de Sí Se Puede en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, Pedro Fernández Arcila, repetirá como candidato a la alcaldía del Ayuntamiento capitalino en las elecciones municipales convocadas para mayo de 2019. La organización ecosocialista cerró este fin de semana el proceso de primarias para elegir a la persona que encabeza su propuesta electoral, tras la ratificación de la IV asamblea canaria.

En esa misma reunión ya quedó claro que Fernando Sabaté no repetirá como número uno en la propuesta electoral al Cabildo de Tenerife, donde Sí Se Puede y Podemos concurrieron bajo la segunda marca electoral. Sabaté, según apuntan varias fuentes vinculadas a su partido, ha decidido alejarse de la política institucional para prestar más atención a otros ámbitos profesionales y personales.

Según se recoge en una nota de Sí Se Puede, “lanzamos nuestra propuesta con la satisfacción de saber que la labor del grupo municipal y de nuestra asamblea local está ampliamente desarrollada y cuenta con un fuerte arraigo social”, aseguró Fernández Arcila, quien destacó la importancia que tiene para Sí Se Puede la “metodología de construcción colectiva que permite canalizar las demandas y propuestas ciudadanas hacia el Ayuntamiento a través de un intenso trabajo participativo y desde una perspectiva de crítica democrática a la gestión de CC y sus aliados en la Corporación, que solo contemplan los intereses de las élites”.

La asamblea local de Sí Se Puede continúa los preparativos de la creación de su candidatura en dos líneas. Por una parte, la definición del resto de las personas que integrarán su propuesta para el Ayuntamiento capitalino, para lo que la organización contempla como criterios fundamentales la paridad de género con la que se construyen las listas y la participación en ellas de personas de todos los distritos de Santa Cruz. A ello se une el hecho de reflejar la diversidad de edades y de experiencias de movilización social y comunitaria.

Sí Se Puede prevé que las personas que participen en sus candidaturas cuenten con la suficiente experiencia para mantener trayectorias políticas coherentes, que sean íntegras y sensatas, con capacidad de diálogo y tolerancia a la hora de crear procesos colectivos y que generen confianza sobre su capacidad de gestión de los asuntos públicos, se indica en el mismo comunicado.

Sí Se Puede ya comenzó la fase de elaboración colectiva del programa electoral, a través de las asambleas en los barrios y pueblos, convocadas bajo el lema El Santa Cruz que queremos. ¿Qué propones para mejorarlo?, o a través de visitas a distintas zonas del municipio, como ya se hizo recientemente en El Tablero y Cueva Bermeja, y que llevará en las próximas semanas a Fernández Arcila y al resto de la asamblea local de Sí Se Puede a Santa María del Mar, Ofra, La Salud, San Andrés y Taganana, hasta volver a recorrer todo el municipio.

¿Quién compró casi la mitad de la propiedad de los aeropuertos canarios y españoles? Es importante tenerlo bien presente. En efecto, no se trató en absoluto de empresas del sector aeronáutico, que pudieran aportar experiencia y capacidad de gestión aeroportuaria. Bien al contrario, los adquirientes fueron en su inmensa mayoría fondos internacionales de inversión (los conocidos fondos buitre) que incluyen entre otros al Massachusetts Financial Services Company, Hohn Cristopher Anthony, Black Rock Inc., el Fondo de Inversiones del Plan de Pensiones Privadas de Canadá, Fondos Soberanos de Abu Dabi y Singapur, HSBC Holdings, el grupo TCI Investment, Macquaire, el Deutsche Bank… hasta el conocido especulador financiero, George Soros, invirtió 100 millones de euros en la compra de acciones de AENA.

La perspectiva que dan los pocos años transcurridos permite constatar que la nueva AENA semiprivatizada cada vez se desempeña menos como un servicio público, y cada vez lo hace más como un gigantesco negocio. La empresa había salido al mercado a 58 euros por cada acción, y en julio de 2015 su valor ya rondaba los 100 euros por unidad. Es decir, la totalidad del sistema aeroportuario español -46 aeropuertos y dos helipuertos, a lo que hay que sumar otros 15 aeródromos en el extranjero, fundamentalmente en América Latina-, que constituye el primer operador aeroportuario mundial, se vendió por un precio total, absolutamente rebajado, de 8.700 millones de euros. Y apenas siete meses después de su salida a bolsa la parte privatizada valía ya unos 15.000 millones de euros, lo que significa que sus compradores casi amortizaron ya la inversión, que siguió aumentando de valor en los años posteriores. Estamos ante otra evidencia más del socorrido método de la era neoliberal: socializar pérdidas y -como en este caso- privatizar beneficios.

El pasado mes de abril se produjo el último reparto de dividendos, correspondiente a los beneficios del ejercicio de 2017. Los accionistas de AENA se repartieron 1.000 millones de euros, un 70% más que el año anterior. Por señalar un elemento de comparación, las consecuencias de subir las pensiones un magro 0,25%, que se estaba debatiendo aquellos mismos días, suponía apenas un 57% de los beneficios que se repartieron de hecho los accionistas privados de AENA. Pero lo más remarcable, a efectos de lo que sucede ahora en Tenerife, es que AENA decidió distribuir entre sus propietarios un 80% del beneficio neto de la compañía. ¿Qué significa esto? Que la lógica que se ha instalado en la empresa después de su privatización, a todas luces contraria al interés general, prioriza absolutamente el reparto de beneficios a los nuevos dueños, antes que la reinversión en la mejora, actualización y modernización de la red de aeropuertos de España.

Por centrar el análisis en el caso que nos ocupa: los últimos datos puestos a disposición por AENA, que son de 2015, señalan que sólo la explotación del aeropuerto Tenerife Sur generó ese ejercicio una rentabilidad de más de 80 millones de euros. Algunos analistas estiman que los beneficios actuales ya deben rondar los 100 millones, debido al incremento evidente que se ha producido en los últimos tres años en la recepción de turistas y el número de vuelos que los transportan. Eso nos lleva a concluir que la disyuntiva no se plantea, como en otros casos, entre priorizar inversiones en educación y salud -por citar algunas-, o hacerlo en modernizar la terminal del aeropuerto del sur; sino, de forma mucho más clara, entre invertir en la conveniente puesta al día de ese aeródromo (por el que circularon el año pasado más de 11 millones de personas), en vez de dejar que casi todos los beneficios sigan derivando hacia los amos particulares de la compañía.

Conviene recordar que el aeropuerto del sur se inauguró en octubre de 1978, y que acaba de cumplir, por tanto, cuarenta años. Que el diseño y ejecución de su terminal se llevó a cabo con cierta premura, tras la catástrofe de los jumbos en Los Rodeos sucedida el año anterior, y la necesidad de disponer cuanto antes de un aeródromo alternativo. Que estuvo concebida para una etapa en la que en Tenerife se contaban por algunos cientos de miles las personas visitantes, y ni los más optimistas imaginaban que nos acercaríamos a los seis millones de turistas, como sucedió el año pasado. Es evidente que la terminal se ha quedado pequeña, vieja y desfasada.

Por estas razones, y realizada la indispensable contextualización que se acaba de exponer, compartimos el pronunciamiento institucional aprobado en el Pleno del pasado 13 de noviembre. En el se reclaman a AENA inversiones destinadas a una ampliación de la actual terminal acorde con las necesidades operativas actuales. Para eso es necesario, fundamentalmente, ampliar la anchura de los edificios actuales, reutilizando y optimizando lo más posible la estructura ya existente; y concibiendo la reforma de modo que sirva a la vez para dotar al edificio de mejores condiciones para todas las personas usuarias (y también para las que trabajan en esa instalación), ofreciendo una imagen diferenciada y que aporte referencias de algunos de los valores más relevantes del territorio natural y cultural de la Isla: luminosidad, vegetación, diversidad de paisajes… El programa operativo de esa ampliación y reforma se debe efectuar sin imposiciones, en diálogo y consenso con la administración pública insular -y su personal técnico-, y con el volumen de inversión que resulte necesario para alcanzar tal objetivo.

Nunca hubiéramos compartido declaraciones favorables o propuestas de inversiones encaminadas a la construcción de una segunda pista en el aeropuerto del sur, que resulta por completo innecesaria. Por eso valoramos positivamente que, en aras del consenso, se haya omitido cualquier mención a la misma, y toda la fuerza del acuerdo institucional esté centrada en demandar en los próximos años inversiones centradas en exclusiva en la necesaria ampliación y mejora de la terminal, programada de común acuerdo con las administraciones canarias. En todas las islas del mundo, la capacidad de las pistas de sus aeropuertos es, junto a la de sus muelles, la que al final determina el número máximo de turistas que se puede llegar a recibir. Consideramos que la cifra actual de casi seis millones es un máximo histórico que no se debe franquear, y que ha tensionado mucho más de lo conveniente el sistema territorial de Tenerife y sus recursos (paisaje, playas, carreteras, sistema sanitario, depuración de aguas residuales, gestión de residuos…), sin resolver a cambio ninguno de nuestros problemas sociales estructurales: desigualdad, desempleo crónico, franjas intolerables de familias y personas en exclusión social… Una segunda pista, combinada con la reciente y también neoliberal Ley canaria del Suelo, que permite multiplicar el número de plazas alojativas, implicaría poder llegar a diez, doce, quince o tal vez más millones de turistas: un auténtico disparate social y territorial, que no es de recibo.

Concluimos esta reflexión señalando que el otro rasgo de las políticas implantadas por la AENA semiprivatizada en sus aeropuertos tiene que ver con la agudización galopante de la precariedad de sus trabajadoras y trabajadores: situaciones de temporalidad mantenidas en el tiempo para puestos que deben ser fijos, contratos hasta de un día, pérdida en la práctica de derechos tan elementales como las vacaciones pagadas o la posibilidad de organizar y conciliar la vida familiar, imposibilidad de promoción laboral… La calidad del turismo de Tenerife, como también sucede con las camareras de piso, empieza, termina y está siempre marcada por la dignidad y calidad laboral de todas las personas trabajadoras que hacen posible el funcionamiento de este sector fundamental de nuestra economía.

*Consejero del grupo Podemos en el Cabildo de Tenerife

Situándonos en el asunto que impone la actualidad, existe un adagio catalán muy popular que reza: “Roda el món i torna al Born”. Viene a decir, más o menos, que el mundo gira, pero al final se tiende a regresar al punto de donde se partió.

El presidente del Cabildo de Tenerife publicó el pasado domingo 15 de octubre en un periódico tinerfeño un artículo de opinión titulado: Desde Tenerife, defendiendo el Estado autonómico y la Constitución. Con tal discurso, Carlos Alonso regresa, en efecto, a sus orígenes políticos: la pertenencia al Partido Popular, el de la etapa de la presidencia de Aznar, nada menos.

Por aquellos años lo ficharon como alto cargo de la Consejería de Agricultura del Gobierno de Canarias, en una de los periodos en que Coalición Canaria compartió poder con el PP. Carlos Alonso jamás ha estado fuera del gobierno en las instituciones, ni ha ejercido la oposición política: un dedo lo situó en su momento en el Gobierno autonómico y otro lo colocó más tarde en el del Cabildo.

Leo con preocupación en el citado artículo cómo contemporiza (pues, quien calla, otorga) con el abuso policial del pasado 1 de octubre. Y cómo se mimetiza con la versión oficial dictada por el Gobierno de Rajoy y jaleada por toda la caverna mediática.

Pero lo más terrible para mí es el final de uno de los párrafos: “El presidente Carles Puigdemont y su partido están secuestrados por quienes pretenden convertir a Cataluña en una república independiente manejada por la izquierda más radical. Esto es lo que hay, y ninguna otra cosa”. Repito la frase anterior: “Esto es lo que hay, y ninguna otra cosa”. Es la simplificación más burda de quien se espera templanza y rigor analíticos, pero que renuncia a cualquier análisis de la complejidad histórica de esta cuestión, alineándose con las posiciones reaccionarias.

Ni siquiera la larga distancia que separa a nuestra tierra de Cataluña, le aportan sensatez o moderación alguna. Cuidado: formas de razonar como esa son las mismas que condujeron a toda la derecha española y canaria, en 1936, a apoyar y justificar el golpe de Estado de los generales dirigidos por Franco, y todo lo que vino después. Resulta tan grave como lamentable.

Uno se pregunta: ¿será que las encuestas, tras tanto monolitismo opinativo, marcan un reforzamiento electoral del PP y hay quien se dispone a pescar en río revuelto? (olvidando que casi siempre se elige el original frente a la copia). O tal vez es más simple, y como dicen por allá arriba, “roda el món i torna al Born”.

*Consejero y portavoz del Grupo Insular de Podemos en el Cabildo de Tenerife

Fernando Sabaté es geógrafo, profesor titular en la Universidad de La Laguna (ULL), activista social y además político. Quizá este no sea el orden más adecuado para exponer las tantas cosas que Sabaté hace día tras día, y desde mucho tiempo atrás, pero seguro que da buena cuenta de su amplio y extenso compromiso con el desarrollo social y medioambiental de Tenerife y de Canarias.

En la faceta política e institucional pública, Fernando Sabaté ejerce como portavoz de Podemos en el Cabildo de Tenerife (aunque él proviene de Sí Se Puede), la “única oposición real”, recalca, al grupo de gobierno formado por nacionalistas y socialistas.

Tras superarse el ecuador del mandato en curso, 2015-19, Sabaté ha accedido a dar su visión acerca de lo que ha ocurrido en el citado bienio en esa Corporación insular, que preside Carlos Alonso gracias al apoyo mayoritario del pacto CC-PSOE.

Lejos de hacer un balance cuantitativo acerca de iniciativas, mociones, propuestas y otro tipo de acciones de Podemos en el Cabildo de Tenerife en los dos primeros años de mandato, sí me gustaría que usted destacara lo que considera más relevante del trabajo político desarrollado hasta ahora por su grupo.

Destaco, por ahora, tres cuestiones. Primera: desde hace muchos años, decenios tal vez, vuelve a existir oposición real en la primera institución insular. La presencia cronificada de Coalición Canaria en el gobierno del Cabildo de Tenerife -o de su precedente, la ATI- desde 1987, unida a la participación en ese gobierno hegemonizado por CC, años después, del PP y del PSOE de forma alternativa, generó una situación de mimetismo y complicidad en las políticas aplicadas que hacía inviable la imprescindible tarea de fiscalización y control democrático cada vez que alguno de esos dos últimos partidos regresaba a la oposición. Ese estado de atonía democrática ya se acabó, como mucha gente reconoce. Segunda: de forma particular, quiero subrayar nuestra acción permanente de denuncia y combate de la corrupción, en todas sus expresiones y escalas. Además de defender la legalidad y la buena gestión de los recursos públicos, esta labor tiene mucha importancia simbólica porque apunta a la imprescindible regeneración ética de las instituciones democráticas. Creo que hemos contribuido a generar una tensión permanente dentro del Cabildo de tolerancia cero a la corrupción (nos consta que algunos responsables políticos se han dirigido a su equipo técnico con un mensaje que reza, más o menos: “Tenemos que ser escrupulosos en el cumplimiento de la legalidad, que ahora tenemos aquí a los de Podemos acechando”. Y tercera: de modo más amplio, estamos condicionando desde la oposición, para bien del interés general, la agenda política del grupo de gobierno. Aunque tal vez no se perciba con facilidad por parte de la ciudadanía (salvo para la minoría que sigue muy de cerca el devenir de la política insular), lo cierto es que poco tiene que ver el discurso, y algo menos la acción, de quienes rigen el Cabildo con la etapa anterior: por citar solo tres casos, ahora no se habla, o se habla mucho menos, de trenes de levitación magnética, turismo de campos de golf o incineradora de residuos, y más de guaguas, reciclado o problemas de vivienda (aunque de manera aún insuficiente). Difícil explicarlo sin nuestro trabajo en el Cabildo. Se trata de lo que algunas personas han calificado como “gobernar desde la oposición”.

De ahí pasamos a la parte contraria: la autocrítica. ¿En qué se ha podido fallar, qué cuestiones ha sido imposible atender y sí debieron tenerse en cuenta, y cuáles se pudieron gestionar con más éxito?

Siempre se queda uno con la sensación de que se debe hacer más, en particular respecto al compromiso con las personas y colectivos sociales que peor lo siguen pasando. En nuestro caso, estamos limitados por el hecho de que los miembros de la oposición no estamos liberados en el Cabildo y mantenemos nuestros trabajos profesionales anteriores, teniendo que simultanearlos con la dedicación política y las responsabilidades familiares. También, debemos reconocerlo, nos pesó al comienzo nuestro desconocimiento sobre cómo se desenvuelve la dinámica institucional, sobre todo la de una corporación de la dimensión y la complejidad del Cabildo de Tenerife. Muchos de nosotros y nosotras llevábamos toda una vida involucrados en colectivos y movimientos sociales, y en la acción política de base, pero carecíamos de cualquier experiencia institucional.

Creo que eso se debió notar en alguno de los primeros plenos en los que participamos. Pero hemos aprendido bastante al respecto desde junio de 2015. Entre las cuestiones que debemos gestionar aún con mayor beligerancia, además de otras, se encuentran las del derecho a una vivienda digna (dentro del limitado margen competencial que tiene el Cabildo); la exigencia de inversiones y acciones mucho más contundentes en atención a las personas mayores y dependientes, y otro tanto en saneamiento y depuración de aguas residuales. También opino que debemos ser más activos en el ámbito de la política agraria, y en el más amplio de la recuperación del mundo rural, estratégico desde todos los puntos de vista.

¿Está unido el grupo de Podemos en el Cabildo de Tenerife o hay dos secciones o bandos, o quizá ya solo uno tras la marcha de Roberto Gil: el de Sí Se Puede?

Creo que el grupo de Podemos en el Cabildo de Tenerife es un ejemplo de armonía, no exenta de tensiones ocasionales, como en todo grupo humano, y de buena colaboración y complementariedad entre personas que tenemos diferentes orígenes y trayectorias políticas. De las cinco personas electas en mayo de 2015, es cierto que tres de ellas provenimos de Sí Se Puede -y estamos orgullosas de seguir perteneciendo a esa pequeño gran partido canario y municipalista-. Así lo decidió una amplia mayoría de la gente inscrita en Podemos que participó en las elecciones primarias: nuestra lista obtuvo dos terceras partes de los votos, compitiendo con otras dos y con varias candidaturas independientes (en realidad, el número de electos de Sí Se Puede en esas primarias fue aún mayor, pero varias personas de esta organización, en un alarde de responsabilidad, renunciaron o aceptaron ir en una posición más baja en la lista, en aras de mantener la cohesión con Podemos).

Una vez en el Cabildo, quienes pertenecemos a Sí Se Puede hemos sido exquisitos en la defensa leal de las siglas bajo las que concurrimos a las elecciones y sus posturas políticas. A modo de anécdota, recuerdo que en la primera entrevista en una emisora de radio me presentaron como el portavoz del grupo Sí Se Puede-Podemos en el Cabildo. Enseguida aclaré al periodista: “De Podemos; Sí Se Puede tiene sus propias portavocías”. Todas las decisiones fundamentales se han tomado y se toman por consenso dentro del grupo y con autonomía (en el sentido de sin injerencias externas). No constato la existencia de bandos, mucho menos de bandos enfrentados, pero sí de respeto mutuo, y de aprecio por las capacidades de cada persona dentro del ámbito de su experiencia y especialización profesional.

¿Llega tarde la renuncia de Roberto Gil como consejero insular o esto se ha hecho según lo previsto en el seno del grupo? ¿Quién lo sustituirá, descartada la persona que iba como sexta en la lista, y qué opina del trabajo que Gil desplegó junto a todos ustedes?

Entiendo que el compañero Roberto Gil se ha tomado el tiempo necesario para verificar si la nueva responsabilidad que asumió como colaborador de la dirección estatal de Podemos resultaba o no compatible con su condición de consejero del Cabildo. El resto de personas del grupo respetamos ese plazo, y entendemos ahora que la decisión tomada es la correcta. Una vez confirmada su próxima dimisión, la organización de Podemos está dialogando con las personas que le siguen en la lista para verificar su disponibilidad. Aún no hay una respuesta definitiva y, previsiblemente, se conocerá después del descanso vacacional de agosto. Roberto es una persona de incuestionable talento que, en la medida en que su tiempo se lo permitió (porque también desarrolló hasta hace poco importantes labores de colaboración con el grupo de Podemos en el Parlamento de Canarias), ejecutó una labor brillante en el Cabildo. Creo que perdemos un valor en la institución insular, pero lo gana el conjunto de la organización de Podemos a escala estatal.

¿Cómo califica la labor del grupo de gobierno de CC-PSOE en este primer bienio de mandato?

En algunos aspectos peor y en otros mejor. Manifiestamente mejorable, en general. Aunque debo reconocer que el Cabildo de Tenerife es una institución bastante profesionalizada (en el sentido positivo del término) y que cuenta con un personal técnico y un conjunto de empleadas y empleados públicos que hacen razonablemente buena la gestión cotidiana de muchos asuntos.

¿Qué correcciones introduciría para la segunda parte del ciclo y en qué políticas daría consejos gruesos al presidente insular, Carlos Alonso?

Aconsejaría a cualquier persona responsable política en Canarias, cada cual en función de sus competencias, que concentre la energía, y sobre todo la inversión pública, en políticas sociales robustas que atiendan las necesidades fundamentales de tantas personas y familias que padecen pobreza y exclusión social, sobre todo aquellos colectivos más vulnerables e indefensos, como la infancia, muchísima gente mayor y todas las personas dependientes. Al presidente actual del Cabildo, además de lo anterior, le reiteraría (porque ya se lo hemos manifestado en múltiples oportunidades en el salón de plenos) que dedique menos recursos a propaganda institucional innecesaria o a determinadas subvenciones nominativas -es decir, discrecionales y a dedo- que son, como mínimo, cuestionables. Y también que integre con rigor los requerimientos de sostenibilidad ecológica, de forma transversal, en todas las políticas insulares.

¿Puede hacer algo más el Ejecutivo de CC-PSOE para mejorar la situación de las familias tinerfeñas? ¿En qué aspectos básicos?

El gran déficit histórico de las políticas públicas, en Canarias y en el conjunto del Estado, es la atención a las familias. Como ha explicado con profusión el experto Vicenç Navarro, eso explica que hayamos pasado de tener altas tasas de natalidad a que exhibamos hoy en España -y de forma particular en nuestro archipiélago- las más bajas del mundo. Dicho esto, y para no repetir lo ya señalado, el Cabildo tiene mucho que hacer en la mejora general y el abaratamiento del transporte público colectivo; en potenciar y robustecer los servicios sociales de atención domiciliaria (para descargar de esta labor a las mujeres y para no desarraigar a mayores y dependientes de su entorno), y en colaborar con los ayuntamientos en la implantación de escuelas infantiles -lo que antes llamábamos guarderías-, aunque esto no sea de su competencia directa.

¿Tiene usted constancia de que CC utiliza empresas públicas vinculadas al Cabildo, con el control de este o participadas, para desarrollar tareas que a través de la Administración insular no podría llevar a buen término; esto es, para eludir controles de legalidad y de otro tipo y así hacer las cosas más fáciles? ¿Hay ejemplos?

Es una de las cuestiones que hemos denunciado desde nuestra entrada en la institución. Se crean, en distintos momentos, entidades adscritas al Cabildo pero autónomas en su funcionamiento para, en teoría, agilizar la gestión y reducir la burocracia. Pero se debe saber que disminuir la fiscalización legal y contable propia de la Administración -donde esta tarea está bien regulada y protocolizada- facilita su conversión en un coladero para acciones ilegales -por parte de personas malintencionadas (caso de Sinpromi, Recinto Ferial...)- o, con más frecuencia, alienta su utilización ilegítima como instrumento de política partidista de quienes gobiernan, para favorecer la creación y el sostenimiento en el tiempo de redes clientelares que vacían de contenido la democracia. Considero que la alternativa no pasa por reducir el control de legalidad por esa vía, sino por reforzar lo suficiente, entre otros, los equipos de personal público del servicio de Intervención en el Cabildo, para reducir al mínimo los tiempos de tramitación de expedientes, sobre todo ahora, que mejora la situación económica y aumentan los ingresos de las administraciones públicas.

Sinpromi, Recinto Ferial, ITER, Turismo de Tenerife... Todas estas son empresas públicas participadas mayoritariamente por el Cabildo, algunas de tantas otras... Podemos ha denunciado mala gestión en los cuatro casos y en dos de ellas hay causas judiciales abiertas: Sinpromi y Recinto Ferial. ¿Es esto normal? ¿Por qué algunos han podido robar en esas firmas públicas, según lo que apuntan las denuncias ya cursadas?

A los anteriores hay que añadir el caso Carreteras, previo a nuestra llegada al Cabildo, en el que nos hemos personado como acusación popular, lo mismo que en los casos Sinpromi y Recinto Ferial (o el de las tristemente célebres peleas de perros). Creo que la respuesta está implícita en la contestación a la pregunta anterior. Añado ahora que es llamativo que, más allá de quienes están involucrados en esos delitos, no haya nadie que asuma responsabilidades políticas en el Cabildo (ni en tantas otras instituciones). Nadie reconoce el error de haber colocado o mantenido en puestos de responsabilidad a personas cuyas malas prácticas ya empezaban a ser evidentes, o que incluso eran apuntadas en los análisis realizados por consultoras externas. Aunque sea un tópico, no deja de ser cierto: en otros países se dimite al saberse que un cargo público copió en un examen durante su juventud o puso en peligro a otras personas al conducir bajo los efectos del alcohol. En cambio, aquí no se dimite ni por equivocación.

¿Qué opinión le merece el trabajo del Consejo Insular de Aguas (CIAT) y quiénes son los culpables de la nefasta gestión que se ha hecho en el capítulo de aguas residuales, con numerosas zonas costeras con contaminación marina y sanciones previstas por la Unión Europa?

Aunque el CIAT ha cumplido bien, en líneas generales, la tarea de garantizar la disponibilidad hídrica en la isla para el consumo humano y para el riego agrícola (en este último caso, con mayores deficiencias, sobre todo en algunas comarcas), lo cierto es que nunca se ha tomado en serio completar el ciclo integral del agua; es decir, recoger la totalidad de las aguas residuales, conducirlas a un sistema de depuración adecuado, limpiarlas y reutilizarlas hasta donde sea posible. No es un problema solo del actual equipo gestor, sino de todos los anteriores. Lo de las residuales, en nuestra isla y en toda Canarias, es de vergüenza: 120 puntos de vertidos en Tenerife (de 170) sin autorización administrativa, un miserable 4% de aguas vertidas al mar correctamente depuradas (el otro 96% no lo está) y depuradoras de gran tamaño construidas hace dos o tres decenios que jamás funcionaron como es debido (y después de tanto tiempo no es de recibo seguir echando la culpa al Estado que las diseñó y financió). Ponemos en riesgo la que sigue siendo la base principal de nuestro producto turístico, el de sol y playa (como alguien dijo, si no le ponemos remedio antes, tendremos que ofertar en un futuro cercano sol y piscina), y algo no menos importante: estamos socavando las condiciones de ocio y recreo de miles de familias que, desde luego, no se pueden permitir ir de vacaciones a otro territorio, aparte del derecho a un servicio ambiental de calidad, como es el baño en la mar para el conjunto de la población. Como ha dicho nuestro compañero parlamentario Paco Déniz: ¿qué sentido tiene vivir en una isla y estar privado de la posibilidad elemental de disfrutar del mar, que es lo último que nos queda a la gente isleña? ¿Qué calidad de vida nos dejan cuando perdemos algo tan elemental?

Un aspecto fundamental es que, en bastantes casos, el problema actual de vertidos se podría resolver mediante sistemas de depuración natural (depuradoras verdes), de probada eficiencia en algunos puntos de Tenerife (promovidas, paradójicamente, por el propio Cabildo hace años) y cuyo coste de construcción y mantenimiento es muchísimo más barato. Hemos denunciado esta situación en el Cabildo, como lo vienen haciendo concejalas y concejales de las organizaciones políticas alternativas en muchos ayuntamientos. Crece la concienciación ciudadana al respecto. También es verdad que los responsables del Cabildo en esta materia se están poniendo las pilas para mejorar la lamentable situación actual. Pero lo que más influye, tal y como se ha apuntado, es la amenaza de sanciones desde la Unión Europea: a la fuerza ahorcan.

Carlos Alonso ha dicho que la situación no es tan mala y que lo que pasa es que ustedes son unos alarmistas. ¿No es tan mala...?

¿Es alarmista recordar que aún padecemos un intolerable 21% de población desempleada (durante lo peor de la crisis, la situación en los países europeos más equitativos apenas rozó el 10%); que muchas de las personas que consiguen un empleo padecen tales condiciones de precariedad que ni trabajando consiguen salir de la pobreza; que, a pesar de la mejora de algunos indicadores macroeconómicos, el número absoluto de personas en situación real de exclusión siga aumentando; que se cronifica la pobreza...? Es evidente que no todo va mal, pero bastan los datos expuestos para evidenciar que no tiene ningún sentido caer en la autocomplacencia.

¿De verdad apuesta por la transparencia el grupo de gobierno en el Cabildo? ¿Facilita las cosas a la oposición?

El Cabildo no es de las peores instituciones al respecto (sobre todo en comparación con algunas otras administraciones locales canarias), pero sigue presentando graves deficiencias: una de ellas, su negativa persistente a transparentar el gasto público institucional en medios de comunicación. ¿Por qué quieren ocultarlo, como nos reiteraron en el reciente debate sobre el estado de las políticas insulares?

Respecto a nuestro acceso como grupo de la oposición a expedientes y datos del Cabildo, funciona razonablemente bien (es decir: se cumple la legalidad), pero con una excepción: cuando solicitamos información sensible sobre asuntos relacionados con una gestión supuestamente incorrecta o ilícita. El caso del uso de las tarjetas por el anterior responsable de Turismo de Tenerife es un claro ejemplo.

¿Qué papel juega el PSOE en la alianza con CC? ¿Mandan algo los socialistas o el control supremo de la Corporación insular está en manos de Carlos Alonso?

La impresión que muchas personas tenemos es que el PSOE actúa de forma subordinada a Coalición Canaria en muchos terrenos. Su diferencia en número de cargos electos es pequeña (7 y 10, respectivamente), pero el Partido Socialista no logra autonomizarse respecto a la otra parte del Cabildo, ni siquiera en asuntos que deberían constituir una seña de identidad para un partido calificado de izquierdas. Ojalá esta situación se modifique, pero no soy optimista al respecto.

¿Y qué me dice del papel del PP en la oposición?

O no la ejerce o la centra en aspectos tan menores como grotescos (su obsesión contra la correcta regulación -que no supresión- de los fuegos artificiales y el ruido que provocan o bien su oposición radical a la puesta en marcha de una televisión educativa insular pública, austera en el gasto). Actúa así porque considera que le generará rédito electoral, lo que es tanto como despreciar la inteligencia de la ciudadanía. En algunos asuntos, el PP sigue la estela que marca Podemos, la única oposición real y efectiva en el Cabildo de Tenerife.

En todos los frentes que se abren en la isla y en teoría dan votos, el presidente Alonso hace un esfuerzo descomunal por colocar la bandera de CC. Hay varios ejemplos de esto en el deporte, en las nuevas tecnologías y en las comunicaciones, por citar algunos ámbitos. ¿Tanto se aprovechan los recursos públicos para generar determinadas afinidades políticas?

En efecto, es marca de la casa. No solo, o no tanto, de la casa del Cabildo, que al menos cuenta con el contrapeso de un personal que actúa con bastante rigor profesional, como de la propia Coalición Canaria. Esta es una organización que se construyó desde sus inicios en Santa Cruz de Tenerife como un proyecto populista de derechas y fue capaz de consolidar un sistema basado menos en el desarrollo de los derechos de la ciudadanía y mucho más en el establecimiento de estructuras clientelares: lo que te corresponde lo traduzco en un favor, que tú me devuelves con tu voto y el de las personas de tu entorno.

¿La solución a los problemas de movilidad en Tenerife solo pasa por más carreteras, más piche? Antes, y creo que usted lo recuerda, esto consistía en colocar dos trenes: Santa Cruz-norte y Santa Cruz-sur? ¿Por qué modelo apuesta Podemos?

Sin duda alguna, apostamos por balancear el predominio absoluto del transporte privado -de quienes aquí vivimos y de los turistas que nos visitan y alquilan un vehículo- con un transporte colectivo público, accesible -en todos los sentidos del término- y de calidad. Pero ese transporte público no debe consistir en trenes, que resultan carísimos (medio billón -con be de burrada- de las antiguas pesetas) y de alto impacto en un territorio tan frágil y ya saturado como el tinerfeño, sino en una mejora sustancial del sistema mejor adaptado a nuestro territorio: las guaguas. Unas guaguas que, por lo demás, aprovechan la red viaria tan densa que ya poseemos. También hay que discriminar en positivo el transporte público y a las personas que se organizan para viajar juntas en coche particular, implantando y extendiendo carriles Bus-VAO en muchos tramos viarios de nuestra isla.

Desde una perspectiva más global, es imprescindible integrar los criterios de movilidad sostenible dentro del conjunto de las políticas insulares y muy en particular de la ordenación del territorio. La isla la debemos gestionar bajo el principio de contra transporte, cercanía, situando en el centro la movilidad peatonal para desplazamientos donde podamos satisfacer nuestras necesidades fundamentales (comercio, estudio, ocio, deporte -y en lo posible, el empleo-) en el ámbito más próximo. Hay que desarrollar todo el potencial que tiene Tenerife para el uso de la bicicleta, no solo como práctica deportiva o para el turismo, sino también en el ámbito urbano y como opción real para los desplazamientos cotidianos. En tercer lugar, está el transporte público. Y solo finalmente, el vehículo particular (apostando en este caso por incentivar cada vez más los vehículos eléctricos).

En el ámbito agrario, las políticas del Cabildo suman sonados fracasos: crisis en el sector ganadero local, con el proyecto Teisol y los polígonos pecuarios en el cubo de la basura; problemas en el cultivo de la papa, con la polilla haciendo de las suyas y mucha pérdida de renta de los cosecheros, y grandes dificultades en el segmento vitivinícola, con una división entre organizaciones profesionales propiciada por el propio Cabildo... Son algunos ejemplos de que la cosa no ha ido tan bien como se pinta. ¿Cuál es la senda que hay que tomar, de forma general, y por qué cree usted que el Cabildo de Tenerife acumula tantas fincas agrarias, en el norte y en el sur, muchas de ellas, por cierto, hoy totalmente abandonadas?

La respuesta completa exigiría mucho espacio. Por sintetizar diré lo siguiente. Primero, aún está pendiente un análisis riguroso e independiente sobre las causas del fracaso o el mal funcionamiento de muchas inversiones en infraestructura agroalimentaria que promovió en su momento el Cabildo: Quesería de Arico, muchas bodegas comarcales que languidecen o el caso citado de Teisol. Es fácil echar la culpa a las estructuras cooperativas que las gestionaban (como afirma alguna gente) o a su ubicación en el ámbito público (como denuncia el PP). Se conocen en todas partes ejemplos de buena gestión pública o en cooperativas, pero para que así suceda hay que implementarlos con un buen diseño y una permanente fiscalización democrática, tanto desde la Administración como desde la comunidad. Segundo: otro tanto se puede decir de la política de adquisición de fincas emblemáticas, que en muchos casos no vino acompañada de proyectos claros y bien concebidos, ni tampoco arraigados en el entorno local para garantizar su eficiente gestión futura. Tercero: a las organizaciones profesionales agrarias (y a todas en general), para que de verdad lo sean, se las debe tratar desde el respeto a su independencia y con igualdad en el trato. Y cuarto: la agricultura y el conjunto de actividades propias del mundo rural, además de sustentar la base de nuestra identidad como pueblo, poseen una importancia trascendental, como se ha destacado tantas veces: soberanía y seguridad alimentaria, garantía de productos frescos y de calidad, consolidación de la economía local, paisaje... Es lo cierto que, en un planeta globalizado, su sostenimiento económico es cada vez más difícil en los países desarrollados, pero, partiendo de ese reconocimiento, se trata de trabajar desde las instituciones públicas para remover los obstáculos (precios elevados del agua de riego, el suelo más caro de todo el Estado -que dificulta sobremanera la incorporación de jóvenes agricultores que no hereden la tierra de sus mayores-, sistemas de comercialización muy mejorables...), y sobre todo, de no añadir otras nuevas, ciertas subvenciones del REA a productos importados o la reciente Ley del Suelo, que puede tensionarlo y encarecerlo todavía más. También el turismo, lejos de lo que sucede ahora, debe contribuir por diversas vía al sostenimiento de la actividad agraria. El Cabildo, en conjunción con los ayuntamientos y el Gobierno de Canarias, tiene una amplia tarea que desarrollar.

¿Cómo es su relación con Carlos Alonso y qué control ejerce el presidente sobre lo importante que se cocina en el Cabildo?

Dejando al margen las evidentes discrepancias políticas, la relación es correcta (como con el resto de personas que integran la corporación). En los plenos y comisiones, y fuera de ellos, es fácil constatar el control (tanto en sentido positivo como negativo) que ejerce el presidente sobre la mayoría de los asuntos. Llegados al ecuador del mandato, me he formado la opinión de que Carlos Alonso, y otros integrantes de su círculo más estrecho, son personas inteligentes y trabajadoras. Lo malo es que ponen muchas veces esa inteligencia y capacidad de trabajo al servicio de un proyecto de isla insostenible en lo ambiental y social, y que en determinadas cuestiones clave se desempeñan como correa de transmisión de los principales grupos económicos que sustentan el poder insular, en cuestiones a menudo alejadas del interés social mayoritario.

¿Qué opinión le merece el trabajo realizado en materia de gestión de residuos y qué se puede decir de los espacios naturales protegidos, lo que ya incluye el parque nacional del Teide?

Con los residuos, se ha corregido el rumbo (renuncia -aunque todavía no definitiva- a la incineración), pero el barco navega a una velocidad tan lenta como insuficiente, aunque solo fuera para cumplir los objetivos obligatorios marcados por la Unión Europea en materia de reducción, reutilización y reciclado (por ese orden de importancia). Siendo un territorio tan limitado como tensionado, estamos obligados a gestionar bien los residuos, aunque no nos lo impusiera nadie. Y si no lo hacemos ya, estaremos abocados al peor modelo -la incineración- a la vuelta de pocos años.

En cuanto a los espacios protegidos (entre los que deberíamos incluir también al paisaje rural vivo y en funcionamiento), son un claro ejemplo de ese tensionamiento excesivo que he citado varias veces: la multiplicación del número de turistas y el creciente aprecio por las actividades en la naturaleza de una población local cada vez más urbana y alejada de ella están provocando la congestión de muchísimos espacios, incluyendo los más valiosos y emblemáticos: el propio Teide, pero también Anaga, Teno, Masca o la Corona Forestal. No se trata de prohibir, sino en todo caso de regular correctamente la utilización de esos espacios, acompasando los ritmos de visita y respetando los derechos de la población local que los habita, cuyos antepasados, en muchos casos, fabricaron su paisaje.

Por cierto, ¿es Podemos el partido responsable de las deficiencias en depuración de aguas residuales en la Isla Baja?

Simpática pregunta. Lo único que ha hecho Podemos en la Isla Baja, lo mismo que Sí Se Puede, y en estrecha colaboración con colectivos ciudadanos muy comprometidos, es contribuir a la extensión de la conciencia sobre el problema de las aguas residuales, seguido del planteamiento de alternativas, tanto dirigidas a los ayuntamientos de la comarca como al Consejo Insular de Aguas o directamente al pleno del Cabildo. Desde nuestro grupo elaboramos una trabajada moción, resultado entre otras cosas de amplias consultas a profesionales expertos en depuración y con propuestas tan rigurosas como realistas. La registramos, como es preceptivo, el lunes anterior al pleno que se celebra cada último viernes de mes. El grupo de gobierno guardó silencio sobre cuál iba a ser su postura al respecto. Llegado el día, nos sorprendió con una rueda de prensa a primera hora de la mañana exponiendo propuestas prácticamente idénticas a las de nuestra moción... para luego rechazarla unas horas después en el pleno. Interpelados al respecto en privado, respondieron reconociendo que no iban a facilitar que Podemos se atribuyera el éxito de una buena iniciativa.

¿Cómo van a conseguir tener más representación en las empresas públicas del Cabildo y cómo se puede conseguir que haya más transparencia?

Después de mucho reivindicarla, ya hemos conseguido entrar en varias importantes entidades más, aunque no en todas. Seguiremos exigiéndola, como debe ser preceptivo. Y también defendiendo que el deber de lealtad que se le exige a las personas que integran los consejos de administración de las sociedades se debe entender como lealtad al interés general de la ciudadanía y al cumplimiento estricto de la legalidad.

Tras la sentencia contra los areneros de Güímar, la obligación de restaurar esos espacios por los condenados y el fracaso de la iniciativa legislativa del Cabildo de Tenerife, ¿qué se puede esperar del futuro de esa zona?

No se deben olvidar los triunfos históricos que supusieron el cierre, una tras otra, de las catastróficas canteras de Güímar, así como el enjuiciamiento y la condena de quienes las explotaban. Tampoco que ambos éxitos se debieron, en lo esencial, al esfuerzo, la acción y la presión sostenida por parte de la ciudadanía güimarera. Como colaborador comprometido con ese movimiento durante el último decenio, créame que sé bien de lo que hablo. Pero queda aún un asunto por resolver: aunque la actividad extractiva está paralizada por el momento, se mantiene aún la calificación de suelo minero, que pende como una amenaza sobre el territorio y la comunidad local. El anhelo de la gente del Valle de Güímar, que cualquier persona razonable y bien informada compartiría, es que desaparezca para siempre esa amenaza y el suelo recupere su condición de suelo rústico agrícola, o en algunos sectores de cauce viable de barranco para eliminar también los riesgos contra la seguridad. El futuro, por tanto, es incierto. Pero estoy persuadido de que la comunidad local no se rendirá. Recurriendo a la inteligencia colectiva, encontrará nuevas alternativas para ese rincón magnífico del territorio tinerfeño.

El grupo de Podemos en el Cabildo de Tenerife ha cuestionado este miércoles el proyecto del grupo de Gobierno insular para poner en marcha un canal de televisión en TDT, porque teme que sea un medio de propaganda, como, a su juicio, ya ocurre con el canal de televisión que la Corporación tiene en internet o con el periódico digital.

El portavoz de Podemos en el Cabildo, Fernando Sabaté, señaló en un comunicado que una televisión educativa pública en Tenerife “pude ser un instrumento potente e interesante”, pero el problema sería no solo su coste sino cómo la manejaría Coalición Canaria.

A Coalición Canaria “le das una joya potencialmente útil para la cultura y el interés general y lo primero que hace es instalarle unos grifos de cerveza y una pantalla gigante para ver partidos de fútbol, como acaban de hacer en el Palacio de Carta”, indicó Sabaté.

Agrega que, a la vista de cómo funciona la política de comunicación del presidente del Cabildo, Carlos Alonso, y de cómo gestiona el canaltenerifetv.com y el periódico digital del Cabildo, “es fácil adivinar” que lo que se pretende es un proyecto propagandístico “en el que prime el interés partidista del grupo de Gobierno insular”.

“Si el Gobierno tuviera tanto interés en llevar a cabo el proyecto educativo y comunicativo que plantea a través del canal insular de TDT, podría haber empezado a desarrollarlo como experiencia piloto a través del canal web que financia esta institución”, afirmó el portavoz de Podemos. Pero hoy se puede comprobar que la práctica totalidad del contenido del canal web “entra en la categoría de la propaganda política” del grupo de Gobierno y sobre todo de Carlos Alonso. A ello se añade “el oscurantismo que rodea al gasto en comunicación, publicidad y propaganda del Cabildo”, según afirmó Podemos.

El grupo Podemos en el Cabildo de Tenerife ha advertido este miércoles de que actuará hasta las últimas consecuencias para que se esclarezcan los reparos de legalidad puestos por la Intervención General de la Corporación a gastos correspondientes al año 2015, que suman un total de 204 millones de euros, el 25% del presupuesto total del Cabildo en ese ejercicio. Entre los reparos más destacados señalados por los interventores se encuentra el referido a una operación financiera por un importe de 188 millones de euros, de la que se desconoce, asegura Podemos, a qué se dedicó ese dinero.

Por ese motivo, según ha explicado en rueda de prensa Fernando Sabaté, portavoz del grupo en la Corporación, la formación ha incluido una pregunta sobre este asunto en el pleno que el Cabildo celebrará este viernes, en el que esperan que se les expliquen, “también a los ciudadanos”, las irregularidades señaladas por el informe de la Intervención General. Dicho documento incluye un total de 76 reparos, solo en 2015, en el área de Gobierno del Cabildo, de los que la mayor parte, 20, afectan a Presidencia.

Fernando Sabaté recordó que los presupuestos del Cabildo para ese año rondaban los 764 millones de euros, por lo que la cantidad a la que Intervención ha puesto reparos de legalidad (204 millones) representa una cifra “muy abultada”, que supera el 25% de las partidas globales.

Podemos espera que el grupo de gobierno ofrezca una información detallada sobre la gestión de esos fondos o, de lo contrario, el partido está dispuesto a ejercer como acusación particular o llevar este asunto directamente a la Fiscalía, advirtió su portavoz.

Falta de transparencia

Según la información facilitada por Podemos, de esos 76 reparos puestos por Intervención, el pleno de la Corporación insular decidió levantar 12, mientras que el resto (64) fue levantado directamente por el presidente de la institución, Carlos Alonso, lo que, a juicio de Sabaté, supone “la forma menos transparente de levantar un reparo”. Añadió que “el hecho de levantar un reparo no significa que no se hayan cometido ilegalidades o irregularidades”.

Hay 19 reparos a subvenciones que suman un importe de 6.124.140 euros; 11 reparos a convenios por un total de 1.560.554 euros; 17 reparos a contratación de obras por 4.176.033 euros; cuatro reparos a la contratación de servicios por 218.768 euros; tres reparos a contratación de suministros por 586.256 euros, y 13 reparos a encomiendas de gestión por 1.336.899 euros.

En su escrito de conclusiones, la Intervención General destaca como principales advertencias de ilegalidad la omisión en el expediente de requisitos o trámites esenciales, lo que ocurre en gastos por más de 202 millones de euros, ausencia de documentación o informes preceptivos y valoraciones defectuosas que no se ajustan a los criterios establecidos en las bases.

Podemos, que valoró el trabajo de la Intervención General pese a su “insuficiente dotación de medios, sobre todo humanos”, señaló también que existen subvenciones “camufladas” que se conceden directamente “sin justificar por qué no ha habido una convocatoria pública de ayudas”.

De hecho, Sabaté ha afirmado que la Intervención General ya ha puesto un reparo este año, en concreto a los presupuestos de la Corporación, ya que se ha observado que se ha multiplicado por tres la cantidad destinada a subvenciones nominativas hasta alcanzar los 15 millones de euros. Estas subvenciones nominativas, ha explicado Sabaté, al ser directas, no cumplen con los requisitos de convocatoria ya que “no se explica por qué se dan ni se justifica el gasto”.

El consejero Roberto Gil también señaló que en el pleno del viernes pedirá la comparecencia del consejero de Turismo, Alberto Bernabé, para que explique el uso de 23 tarjetas de crédito por parte de Turismo de Tenerife que supusieron un gasto de 1,3 millones de euros entre 2012 y 2016.

De esa cantidad, 700.000 euros correspondieron a una tarjeta utilizada por el consejero delegado de Turismo de Tenerife Miguel Ángel Santos entre 2012 y 2015. 

Asimismo, el consejero Julio Concepción advirtió de que no se está fiscalizando adecuadamente el dinero que reciben los grupos políticos con representación en la Corporación insular y consideró que “queda mucho por avanzar” en la correcta fiscalización democrática de la institución.

El portavoz del grupo de Podemos en el Cabildo de Tenerife, Fernando Sabaté, aseguró este lunes que, durante el ejercicio de 2015, el Gobierno insular de CC-PSOE gastó de “forma irregular” más de 204 millones de euros, según se desprende del informe de fiscalización económica realizado por la Intervención General, departamento del propio Cabildo insular, sobre las cuentas de 2015.

“Tanto la multimillonaria cuantía de ese gasto irregular con fondos públicos como el tipo de reparos de legalidad formulados por la Intervención contra la política de gasto del equipo de Gobierno nos parecen absolutamente preocupantes y escandalosos”, resaltó Podemos en un comunicado.

En este se matiza que el gasto “irregular” afecta solo a la Corporación insular, o sea, sin tener en cuenta las posibles anomalías cometidas en organismos públicos, sociedades, consorcios y fundaciones del Cabildo, con lo que “la suma total de dinero gastado en contra del criterio de legalidad de la Intervención durante 2015 incluso puede ser mucho mayor”.

Sabaté avanzó que el grupo de Podemos está “realmente sorprendido con lo que está encontrando en los informes de fiscalización económica”, y dijo que va a “profundizar en el análisis económico de 2015 para intentar entender lo ocurrido y para dilucidar si hay indicios de delito” en las decisiones adoptadas por el grupo de Gobierno insular.

El reparo de legalidad más importante emitido en 2015 por la Intervención, detalló Sabaté, guarda relación con una operación financiera de más de 188,7 millones de euros, y añade que, además, este órgano de fiscalización económica mostró discrepancias con el gasto de otros 14,8 millones referidos a numerosos incumplimientos en materia de contratación de obras, servicios y suministros, así como encomiendas de gestión, convenios y subvenciones, muchas de ellas asignadas “de forma directa” por departamentos del Gobierno que preside Carlos Alonso, de CC.

En cuanto a las principales irregularidades detectadas por la Intervención, Sabaté aludió “al otorgamiento de subvenciones directas sin que se justifique en el expediente la imposibilidad o la dificultad de realizar una convocatoria pública” -la anomalía más frecuente- y la “falta de justificación de subvenciones concedidas anteriormente a los mismos perceptores y por los mismos conceptos”.

El portavoz insular de Podemos también añadió que abundan las advertencias a gastos “que, bajo el concepto de representativos o protocolarios, encierran verdaderas subvenciones en especie”.

Además, añadió que la fiscalización realizada incide en los contratos menores y de patrocinio, así como en los convenios de colaboración“, que, dada su naturaleza y contenido, deben quedar sometidos a la Ley General de Subvenciones”.

Sabaté remarcó que también abundan las referencias técnicas sobre “ausencia de la correcta acreditación de estar al corriente de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social”, sobre “falta de adecuada justificación del gasto según la finalidad para la que fue concedida” la subvención y sobre que “no se someten a las obligaciones de publicidad” que marca la legislación vigente en materia de subvenciones.

Presidencia se lleva la palma

En cuanto al número de reparos por áreas, batió el récord Presidencia, con un total de 20 advertencias de vulneración legal, y le siguió con 14 reparos el área de Innovación, Educación, Cultura y Deportes.

Turismo, Internacionalización y Acción Exterior recibió 10 reparos, mientras que Empleo, Comercio y Desarrollo Económico protagonizó nueve. Agricultura, Ganadería y Pesca tuvo ocho. Otras cinco consejerías se repartieron entre cuatro y dos reparos de legalidad.

Como recoge el informe del que se dio cuenta al pleno insular el pasado mes de diciembre, para poder gastar ese dinero, a pesar de las discrepancias legales formuladas por el área de Intervención, el presidente del Cabildo, Carlos Alonso (CC), levantó vía decreto un total de 64 reparos que afectaban a 201.096.281 euros.

Por otra parte, el pleno insular acordó el levantamiento de 12 reparos de legalidad que sumaban una cuantía total de 2.654.338 euros. A fecha 31 de diciembre, quedaban por levantar nueve reparos para poder llevar a cabo el abono de 680.056 euros, cuyo gasto había sido comprometido durante ese año.

El pleno del Cabildo de Tenerife ha aprobado este miércoles 28 de diciembre el presupuesto para 2017, que asciende a 809 millones de euros, un 24,9% de incremento con respecto al actual ejercicio, lo que convierte a estas cuentas en las más elevadas de la historia de la Corporación. El presupuesto consolidado, que incluye el del Cabildo y el de todas sus empresas y organismos autónomos, asciende a 949 millones de euros.

Los presupuestos fueron apoyados por los socios de gobierno, PSOE y CC, mientras que el PP, que cuestionó la gestión de las cuentas, se abstuvo. El grupo Podemos votó en contra por no compartir el modelo económico que defiende el documento aprobado.

El director insular de Hacienda, Juan Carlos Pérez Frías, ha asegurado que el gasto social, la generación de empleo, el programa Tenerife 2030, la inversión o el pago a proveedores son el objetivo de estas cuentas, cuyas líneas programáticas están definidas en el Marco Estratégico de Desarrollo Insular (MEDI).

Con respecto al presupuesto, Pérez ha señalado que el 55,3% del gasto se destinará a servicios sociales y bienestar comunitario, lo que supone un 34% más que el año anterior y destacó los 141 millones de euros que irán al Instituto de Atención Sociosanitaria (IASS) y que suponen 16 millones de euros más que en el actual ejercicio. Asimismo destacó que el gasto para las actuaciones económicas suponen el 44,3% del total, un 29% más que en 2016.

Los cinco ejes en los que se divide el MEDI y las partidas del Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan) contarán con 249 millones de euros. Entre otras partidas incluidas en este programa, Pérez ha subrayado los 6 millones de euros para el Instituto de Atención Sociosanitaria con el fin de consolidar las 400 plazas de dependencia en la isla y los 9,6 millones para el plan de infraestructuras sociosanitarias, como el nuevo hospital Febles Campos.

El director insular de Hacienda destacó que el presupuesto se ha elaborado en función de esta planificación con criterios, dijo, de eficiencia, solidaridad social y equilibrio territorial.

También ha destacado el aumento de los ingresos en 161 millones de euros, aunque ha indicado que la deuda no se ha podido reducir en la cantidad prevista debido a la disminución del Fdcan y al deseo de mantener los compromisos con los ayuntamientos. Sin embargo, ha asegurado que ello no supone un problema para la estabilidad presupuestaria ya que el nivel de endeudamiento de la corporación es de 254 millones de euros, un 45% del total de los ingresos corrientes, porcentaje situado por debajo del nivel permitido.

En cuanto al Fdcan, Pérez Frías ha situado los ingresos en 7,1 millones de euros para el Cabildo de Tenerife y en 34,6 millones de euros las ingresos para el convenio de dependencia. El ahorro bruto entre ingresos y gastos es de 162 millones de euros, con lo que el Cabildo de Tenerife está por encima de la media del ahorro bruto en relación con instituciones de similares características.

En materia de gastos, Pérez ha asegurado que se ha reducido la partida de personal, se ha contenido el gasto corriente y se ha reducido en cuatro millones de euros el pago de los intereses de la deuda.

El portavoz del grupo Podemos en el Corporación, Fernando Sabaté, ha defendido la enmienda a la totalidad presentada para este presupuesto, ya que, ha dicho, defiende un modelo económico para la isla que no comparten. Sabaté ha recordado la situación socioeconómica y las tasas de pobreza y exclusión social de Canarias. Aunque ha valorado positivamente el aumento de las partidas del IASS, el portavoz de Podemos ha alertado de la cronificación de la pobreza en la isla.

Para Sabaté, lo deseable sería duplicar los fondos sociales, que deberían ser, ha señalado, un 20% del presupuesto. La situación del paro, aunque ha mejorado, todavía es “insoportable”.

Manuel Domínguez, del grupo Popular, ha confiado en que el presupuesto más alto de la historia del Cabildo sea también el mejor para la isla y ha atribuido a las políticas del Gobierno del PP las mejoras en el endeudamiento y en los ingresos de la Corporación.

Por el grupo Socialista, José Antonio Valbuena, ha argumentado que el presupuesto visualiza el proyecto de un equipo de gobierno en el que existe “confianza recíproca y complicidad” a la hora de desarrollar las líneas programáticas.

Cristina Valido, portavoz de Coalición Canaria, ha afirmado que se trata de un presupuesto conectado con la realidad y que es un plan de acción “mirando a la calle y a los problemas de la calle”.

Todos los grupos representados en el Cabildo de Tenerife han acordado este viernes declarar persona non grata al líder xenófobo alemán Lutz Bachmann, que reside en el sur de la isla desde hace meses.

El rechazo a la estancia en Adeje de Lutz Bachmann, uno de los fundadores de Pegida, fue promovida por Podemos en una moción que defendió ante el pleno de la institución su portavoz, Fernando Sabaté, quien señaló que el líder xenófobo tiene un amplio historial delictivo por tráfico de drogas, robo con violencia e incitación al odio, hasta sumar 16 detenciones o juicios. Sabaté explicó además que la policía alemana incluso investiga si Bachmann instigó desde Tenerife la realización de dos atentados xenófobos en Dresde.

“Esta moción pretende cumplir la función de una vacuna, ya que este personaje en el sur de Tenerife es un virus y el Cabildo no puede pasar de largo ni hacer la vista gorda. Racismo y fascismo nunca más, por favor”, proclamó Sabaté.

El consejero del grupo Socialista Miguel Ángel Pérez coincidió en que moralmente “estamos obligados a denunciar” que un racista y xenófobo resida en la isla, y consideró que quizás el Estado debería revisar las relaciones diplomáticas para que este tipo de personas no puedan habitar “aquí” y cumplan sus condenas “allá”.

También el vicepresidente del Cabildo tinerfeño Efraín Medina (CC) calificó de terrible y triste la estancia de Bachmann en la isla, en donde, dijo, no es bienvenido, y precisó que la institución trabaja desde hace tiempo en proyectos de multiculturalidad y tolerancia.

El Grupo de Podemos en el Cabildo de Tenerife ha hecho balance de su primer año como parte de la oposición en la corporación tinerfeña. La formación morada ha querido aprovechar esta fecha para presentar una infografía dinámica en la que se pueden encontrar las mociones, preguntas e iniciativas, vídeos de sus intervenciones, notas de prensa y encuentros con colectivos ciudadanos realizados durante el último año.

Según Fernando Sabaté, portavoz de Podemos en la corporación, se trata de un instrumento “útil, claro y dinámico para dar a conocer el trabajo de Podemos en el Cabildo”, ya que, en su opinión, a veces esta información no trasciende porque la política de comunicación del grupo de gobierno “es tan potente que anula a la de los demás”.

El grupo ha querido destacar que han agotado el número máximo de iniciativas presentadas que permite el reglamento (dos por pleno) y que han conseguido el apoyo del resto de grupos en un gran número de ellas. Sin embargo, han lamentado que el Cabildo rechace “sistemáticamente todas las propuestas que ponen en cuestión los valores o principios del modelo de desarrollo depredador y profundamente antisocial de Coalición Canaria y, últimamente, también del PSOE”.

De este primer año formando parte del Cabildo, el grupo ha querido destacar cinco aspectos. El primero de ellos fue presentado por el propio Sabaté, quien ha subrayado que con la llegada de su grupo a la corporación se está haciendo, al fin, oposición. En su opinión, “desde hace muchas legislaturas, los tres grupo (CC, PSOE y PP) se han alternado en el poder”, o han formado coaliciones, de manera que cuando les tocaba hacer oposición “estaban invalidados” para ejercerla. A su juicio, esto ha cambiado desde que Podemos entró en el Cabildo y eso se nota, entre otras cosas, en que “los plenos son más largos y de mejor calidad” ya que hay un mayor debate y más propuestas, sobre todo de políticas que conduzcan a un modelo de desarrollo alternativo al que se está desarrollando en la actualidad.

Una agenda social más presente

La consejera Paqui Rivero, por su parte, ha destacado que “los aspectos sociales están más presentes que antes y se han abierto nuevos frentes”. Para Podemos, ha dicho, las políticas sociales “han sido una línea de trabajo fundamental” encaminada a conseguir lo que ha denominado el “rescate ciudadano”. Acciones en materia de vivienda (que fue la primera iniciativa de Podemos a su llegada al Cabildo), control y fiscalización de la política insular de becas, apoyo a personas que sufren pobreza energética o mejoras en las políticas de comedores han sido algunas de las propuestas de Podemos en asuntos sociales.

En cuanto a la propuesta sobre una renta mínima para las personas, Rivero ha declarado que la iniciativa “no tuvo mucha fortuna” cuando se presentó, pero que la retomarán en el futuro.

Iniciativas sociosanitarias y de salud

La consejera Mila Hormiga, encargada de resumir las iniciativas presentadas en este último año en materia de sanidad y salud, ha puesto el acento en las propuestas para conseguir un Plan de Salud Mental, una mejora de las urgencias pediátricas y servicios de ambulancias, el apoyo total a la gestión pública y directa de los servicios sociosanitarios en Tenerife, y el aumento de las inversiones en dependencia. Hormiga ha añadido que cuando el grupo de Podemos presenta iniciativas, mociones o preguntas lo hace basándose en la idea de que debe haber “equidad” en materia sanitaria entre los habitantes de la isla, ya sean del ámbito rural o urbano, del norte o del sur. Para ello, ha señalado, “nos fijamos en las infraestructuras sanitarias de la isla y que se cumplan las carteras de servicios”, sobre todo con profesionales del sector.

Un modelo alternativo de desarrollo para Tenerife

En cuanto a las políticas relacionadas con el modelo de desarrollo insular, el consejero Roberto Gil ha subrayado que Podemos se ha caracterizado desde su llegada al Cabildo “por defender lo que ya defendía en la calle, que es un modelo alternativo de desarrollo”. Según él, antes de Podemos imperaba un modelo “desarrollista, más piche y cemento, grandes infraestructuras, menos energías renovables y apuesta por otras más contaminantes, como el gas”.

Según ha explicado Gil, lo que Podemos ha hecho “ha sido traer una petición de la calle, que es apostar por un modelo de isla alternativo”. Para ello han presentado propuestas como mejorar la política de gestión de residuos, un mayor compromiso con el bienestar animal, mayor transparencia en la gestión de Espacios Naturales Protegidos, movilidad más sostenible y un impulso al modelo basado en el ahorro energético y las renovables.

Transparencia y fiscalización democrática

Por último, Julio Concepción ha hecho balance de lo hecho en este primer año en materia de transparencia y fiscalización democrática. A su juicio, el Cabildo es una institución “opaca” en la que “no se asume ninguna responsabilidad por los casos de corrupción como Simpromi o Carreteras”. Concepción ha explicado las medidas presentadas para lograr una mayor transparencia y participación ciudadana en la institución, y ha destacado especialmente una de ellas: la modificación del reglamento del propio Cabildo para que los ciudadanos puedan llevar propuestas de forma directa al pleno de la corporación.

La presentación multimedia con el balance del año de Podemos está disponible en Internet, con el fin de que todos los ciudadanos que lo deseen puedan consultarla.