Una familia con cinco hijos ha sido desahuciada este martes de su casa en el barrio de Zabala, en Bilbao, pese a que se trata de personas vulnerables y que carecen de alternativa habitacional, según ha denunciado la plataforma PAH Sendia, que asegura que “se quedan en la calle”. El desahucio se ha ejecutado tras la autorización de una sala de lo civil del Tribunal de Instancia, que ha rechazado sus recursos. Pese a que ya se ha ejecutado el lanzamiento este martes a las 10.30, el juzgado ha enviado una providencia hoy mismo, con fecha de entrega este miércoles día 14, para que en el plazo de cinco días se acredite que se trata de una familia vulnerable. Viviendas Municipales de Bilbao ha rechazado también concederles una casa pública.

El de esta familia ha sido un 'desahucio silencioso', es decir, sin concentraciones frente a la casa, ni cámaras, ni publicidad, por expreso deseo de la familia, “como los muchos que hay cada día desde hace años”, señala Rosa de la Fuente, portavoz de la plataforma, que llama la atención de que el juzgado no haya paralizado el desahucio, o al menos prorrogado el tiempo, y que ahora, ya “a toro pasado” pida más documentación para acreditar si es la familia vulnerable. “Si no lo tenía claro, podía haber prorrogado la decisión del lanzamiento para no dejarlos en la calle”, dice. De la Fuente denuncia que el juzgado no haya aplicado el 'decreto Maricamen', que entró en vigor el pasado día 8 de octubre, tras publicarse en el BOE, y que ya está sirviendo para que se suspendan otros lanzamientos que estaban en curso por ser familias vulnerables las que habitaban la vivienda.

La familia residía en esta casa desde hace once años, sin que haya fallado en los pagos de los alquileres, hasta que en el mes de marzo del año pasado, el propietario “que es rentista, aunque no se sabe cuántas propiedades tiene”, dicen desde la plataforma, les comunicó que tras finalizar el contrato debían abandonar la vivienda. Posteriormente, cambió el número de cuenta para que no pudieran seguir pagando el alquiler, según han denunciado desde la plataforma. Esto ha supuesto que acumulen una deuda de seis meses de alquiler, y la demanda de desahucio incluyera como motivos para el lanzamiento la finalización del contrato y el impago de las rentas, pese a que “no se trata de que no quisieran pagar, sino que no tenían dónde hacerlo”, señala Rosa de la Fuente. Pese a que se trata de una familia que cobra el Ingreso Mínimo Vital y ayudas al alquiler, el informe de servicios sociales, que según la plataforma “no se ha hecho de forma correcta, ya que incluso recoge que es deudora hipotecaria pese a que son inquilinos”, no ha servido para paralizar el desahucio, sino “para apuntalarlo”. Tampoco han fructificado las gestiones de la plataforma para que se les conceda un piso municipal público y evitar que se queden en la calle.

Pese a que en un principio parecía que se iba a paralizar el desahucio, finalmente el viernes les comunicaron que se procedería al mismo. “Justo a las puertas del puente festivo, sin dejar margen para buscar soluciones”, denuncian. La familia recogió la noche del lunes todo lo que pudo de la vivienda y salió de la que había sido su casa durante once años para repartirse en casas de familiares y amigos al carecer de alternativa habitacional. Rosa de la Fuente denuncia que el juez no haya aplicado el 'decreto Maricarmen' para impedir echar a la familia. “Ahora pide que se acredite la vulnerabilidad, y en eso estamos. Pero si tenía dudas de si eran vulnerables, o no, lo lógico era impedir el desahucio”.

Gracias a las gestiones de esta plataforma se ha conseguido paralizar otros dos desahucios este mismo mes: El de una mujer y su bebé, el pasado, viernes, 2 de octubre, en los Juzgados de Bilbao y el de Santurtzi, de una pareja con sus tres hijas menores, el lunes día 5 de octubre de 2026, en los Juzgados de Barakaldo. No obstante advierten de que no se trata de un problema nuevo, pese a que ahora se ha puesto de actualidad. “Llevamos 20 años en tensión continua”, denuncian.

El pasado 6 de octubre se produjo el desalojo de una vecina del barrio de Atxuri de Bilbao del piso en el que lleva viviendo de alquiler desde hace diez años y que pertenece a Alokabide, sociedad pública del Gobierno vasco. También era un desalojo que había autorizado el juzgado porque al parecer, y según denunció el Ejecutivo era una persona que “tenía que pagar una renta muy baja y acumula una deuda muy alta” por llevar varios años sin pagar pese a tener recursos para ello. Si embargo, unos días antes, el 28 de septiembre el juzgado paralizó el lanzamiento previsto de una mujer que ocupa una vivienda municipal de Bilbao y a cuyo contrato había finalizado.

Dos decretos fracasados y acampadas repartidas por todo el país. En tan solo una semana, el tablero de juego de la vivienda ha dado un vuelco dos veces, volviendo al punto de partida después del ‘no’ de PP, Vox y Junts a apoyar las medidas. Mientras las fichas continúan moviéndose, se siguen firmando desahucios. Una realidad que Dani, Aurora y sus tres hijos tienen muy presente, después de conseguir parar por segunda vez su 'lanzamiento'. “Estamos más tranquilos que en verano. Por lo menos, tenemos una puerta abierta a negociar con el fondo, que es lo que nosotros queríamos”, celebra Dani. Hace medio año, la pareja recibió “por sorpresa” una carta de desalojo para ellos y sus tres hijos de 10, 17 y 23 años, este último con un 45% de discapacidad. “Vino un representante del fondo con un cerrajero a cambiar la cerradura. Menos mal que mi mujer estaba ese día en casa”.

“Nos llamaron okupas y nos dijeron que nos teníamos que marchar”, recuerda Dani. La familia, que lleva 19 años viviendo en el piso, nunca ha dejado de pagar el alquiler, tampoco las facturas de luz, comunidad y agua. Les desahuciaban, explica Dani, porque el juez no admitió la validez de su contrato de alquiler: “No hicieron valer ni el contrato, ni los pagos, ni nada”. La primera orden de lanzamiento llegó el pasado 30 de julio. En ese momento, gracias a la acción de la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca (PAH) y la presión social, se logró aplazar hasta el 28 de septiembre.

De acuerdo con el afectado, el anterior propietario dejó de pagar el piso, que acabó en manos de una entidad bancaria y, finalmente, de un fondo de inversión: “En ningún momento nos notificaron que esta vivienda se dejó de pagar, ni que se había subastado, ni que había pasado a ser propiedad de un fondo”.

“Vino un perito a echar fotos”

En otras palabras, entidades bancarias y fondos de inversión tuvieron conocimiento de la venta del piso mucho antes que los propios habitantes de la vivienda, que descubrieron lo ocurrido cuando ya era demasiado tarde: “El banco nunca nos informó de la subasta, ni nos ofreció la posibilidad de comprar. Ellos sabían que el piso estaba en alquiler. Hace tiempo, no sé si porque el propietario intentó revisar la hipoteca o algo así, vino un perito del banco a echar fotos y a ver el piso”.

Como muchos otros, la familia vivió este proceso a ciegas: “No teníamos ninguna forma de contactar directamente con el fondo. Simplemente, nos vinieron del juzgado que teníamos que abandonar la vivienda”.

Ahora, con la posibilidad de un acuerdo sobre la mesa, Dani se muestra “esperanzado”: “Esperamos llegar a un acuerdo. Desde un principio trasladamos nuestro deseo de adquirir la propiedad”.

Según los datos recogidos por el Consejo General del Poder Judicial, se han producido 45 desahucios al día en España y dos diarios en la Región de Murcia en los primeros tres meses de 2026.

“Solo a finales de este mes de septiembre teníamos diez desahucios, hemos conseguido parar al menos ocho. No paran de llegar”, describe José Antonio Vives, portavoz de la PAH en Murcia. La repercusión que tiene el caso de Maricarmen ha sido fundamental, ha sido la gota que ha culminado el vaso, pero detrás hay muchos casos“.

La Paz, en el punto de mira

La familia de Aurora y Dani reside en el humilde barrio de La Paz, una zona que, por su proximidad al centro de Murcia, ha atraído la atención de fondos de inversión: “Sabemos que le ha pasado a más gente. Ha habido más desahucios en la zona, aunque desconozco sus circunstancias”, explica Dani.

De acuerdo con los datos del INE, la renta media anual de la zona apenas supera los 8.000 euros anuales, un 43% menos que la media del municipio. “En el barrio viven muchas familias vulnerables allí que se estaban acogiendo al escudo social. Ahora los fondos están reactivando las ejecuciones”, resume Vives. El pasado febrero, PP, Vox y Junts tumbaron por segunda vez el decreto que incluía la renovación del escudo social: “Han pasado seis meses, hemos visto una explosión de casos”.

Ahora que los nuevos decretos de la vivienda han caído tras el voto en contra de las derechas, Vives afea el rechazo del Gobierno regional a poner en marcha los controles del precio de la vivienda y el alquiler vigentes en la Ley Estatal de Vivienda: “No se ha hecho nada. En Barcelona con los mecanismos aplicados la han bajado un 7%. Puedes tener todas las herramientas del mundo, pero si no las aplicas no sirven de nada”. Pese a que en 12 municipios hay barrios que cumplen los requisitos para declararse zonas de mercado tensionado, el Gobierno regional se ha negado a ello. En noviembre del año pasado el Ejecutivo regional sorprendió, además, al denegar ayudas directas al alquiler ya concedidas a miles de jóvenes desde 2023, alegando falta de presupuesto: “Se ha dispuesto denegar la ayuda al no haber crédito suficiente para la concesión y pago a dichos expedientes”, justificaron.

La Consejería no especificó ni el número de personas que se habían beneficiado de esa subvención ni cuántas se quedaron fuera del proceso, pero insistió en que el importe aportado bajo el marco del Plan Estatal de Vivienda resultó “escaso” para sufragarlas: “El crédito restante [destinado a la ayuda] son 6141,45 euros (3853,25 euros en 2025 y 2288,20 euros en 2026)”, defendió Fomento en una carta enviada a los solicitantes, indicando que la cantidad del siguiente expediente para conceder (12.420,00 euros) “superaría la cantidad del crédito restante”.

Ahora, en plena crisis de la vivienda, el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha anunciado “la mayor convocatoria de ayudas al alquiler de los últimos años” con 16 millones para llegar a 2.300 jóvenes.

La Región de Murcia ha experimentado uno de los mayores encarecimientos en los precios de la vivienda libre en los últimos meses. Según el INE, el incremento fue de un 15,6% en el primer trimestre de este 2026. El precio de la vivienda nueva subió una media del 10,9% en la comunidad. Mayor fue el aumento de la vivienda usada, que experimentó una subida del 16,3%. Unos porcentajes que superaron con creces a la media nacional, que alcanzó el 13,5%, la cifra más alta desde que se tiene registro.

Seha está agotada; las ojeras delatan días sin dormir y comiendo mal. Se acaricia la barriga, pequeña para una embarazada de siete meses. “Hace días que no noto que el bebé se mueva”, dice, mostrando una angustia acrecentada por el hecho de que su hijo pesa la mitad de lo que debería. Tiene un embarazo de riesgo, que haría recomendable que acudiera al médico a la mínima alarma, pero no ha podido. Estaba intentando evitar su desahucio.

Esta mujer de 25 años vive en Cornellà de Llobregat (Barcelona), junto a su marido Muhmmad y las dos hijas que tienen en común, desde hace casi cinco años. Este martes, mientras las pequeñas estaban en el colegio, sus padres esperaban en la puerta a que llegara la comitiva judicial que tenía el encargo de echarles del piso, propiedad de Cerberus. A la misma hora, en Madrid, el Gobierno estaba aprobando el decreto de vivienda que prohíbe los desahucios para personas vulnerables hasta 2030.

“Estábamos muy pendientes. Era lo último que nos podía ayudar”, dice esta joven. Desde la PAH, entidad que la acompaña, se comunicaron con los juzgados para intentar evitar, in extremis, que Seha fuera una de las últimas personas desahuciadas antes de que el ‘decreto Maricarmen’ entrara en vigor. Y lo consiguieron.

Se les comunicó el aplazamiento por la vía telefónica, sin exponer los motivos ni fijar una nueva fecha. La familia no puede hacer ningún movimiento hasta que la jueza les envíe un escrito, confirmando la decisión de manera oficial. Pero los abogados creen que ese documento no llegará hasta el viernes, cuando el Congreso decida si convalida o no las normativas. “No van a querer fijar otro día hasta saber si la moratoria de los desahucios sale adelante”, expone Miguel Ruiz, abogado de la PAH.

La tranquilidad que sintió Sahe cuando supo que su expulsión había sido aplazada duró poco. Sabe que le han dado tiempo, pero no cuánto. Por eso, mira con mucha expectación y angustia hacia la votación del viernes en el Congreso, que decidirá su futuro y podría convertirla en una de las primeras personas beneficiadas por el ‘decreto Maricarmen’.

“No entiendo a quienes quieren votar en contra de esta ley. Ninguna familia merece este trato ni estar en la calle con los niños. Es cosa de humanidad. ¿Cómo alguien puede estar en contra de que la gente tenga su casa y estabilidad?”, reflexiona esta joven. Si el desahucio se hubiera ejecutado, no tenía adónde ir. Desde el Ayuntamiento de Cornellà sólo pudieron ofrecerle tentativamente un par de noches en un albergue. Y luego, nada.

Ella se veía en la calle, con unas hijas pequeñas a las que ha intentado proteger todo lo posible, hasta el punto de que no han llegado a enterarse de que su hogar corría peligro. Y embarazada de un bebé en riesgo. “Está muy débil, no crece como debería. Sólo pesa 1 kilo, cuando tendría que pesar el doble. Yo creo que es por el estrés y, si me hubieran echado, no quiero ni pensar qué habría pasado”, reflexiona.

Tiene claro que su situación habitacional ha afectado de manera muy negativa a su embarazo. Pero la jueza que fijó la fecha de su desahucio para este martes no considera lo mismo. Cuando se marcó la fecha en el calendario, la magistrada del Juzgado de Primera Instancia 5 de Cornellà ya sabía cómo estaba Seha y que seguiría estándolo para el día fijado. En base a eso, el abogado de la familia presentó un recurso y una solicitud de aplazamiento. Pero este fue desestimado.

“El hecho de que ahora se suspendiera por uno o dos meses no cambia la situación en la que se encuentra la demandada, embarazada de siete meses. Porque, aunque se diera la prórroga de un mes o dos, seguiría embarazada o a punto de parir”, relata la jueza en el auto, al que ha tenido acceso elDiario.es.

Una embarazada repartidora de Glovo

Seha llegó a España desde Pakistán hace 11 años con su familia. Era una adolescente que pudo estudiar y llegó a graduarse en comercio internacional. Antes de encontrar trabajo en lo suyo, decidió tomar un empleo como teleoperadora para ganar algo de dinero y fue en ese puesto donde conoció a Muhmmad, quien sería su marido. Él, también pakistaní, trabajaba en la misma empresa gracias una visa de estudiante que usaba para acabar el doctorado de Cadena de Suministros.

Un día llamó al departamento de Seha porque tenía problemas técnicos y las conversaciones telefónicas se alargaron más allá de lo profesional. Hablaron, se gustaron y, en seguida, se enamoraron. “Fue raro decirle a nuestros padres que nos habíamos conocido por teléfono. No es habitual encontrar pareja así en nuestra cultura, pero aun así, nos dejaron casarnos”, cuenta ella. Lo hicieron pronto y, como tenían ahorros, poco después de la boda encontraron el piso del que ahora les quieren echar. “Yo llegué allí casi con el vestido de novia”, bromea.

Se compraron un coche y cimentaron las bases para formar una familia. Al año de llegar, se quedó embarazada, pero ahí empezaron los problemas. Al comunicarlo a la empresa, la echaron. Su esposo protestó y también le despidieron. Ambos fueron a juicio y, aunque ella perdió, a Muhmmad sí le reconocieron la nulidad. Pero, en el transcurso de ese tiempo, perdió la visa de estudiante. Y, al no tener contrato vigente, se quedó sin papeles.

Ahora, pasado el tiempo, ha conseguido permiso de residencia, pero no de trabajo. “Como es doctor, le ofrecen muchos empleos, pero no se los pueden dar porque no tiene papeles”, se lamenta Seha. Ambos desempleados, el dinero no les llegaba y, aunque pudieron seguir pagando su alquiler, de 700 euros, durante algo más de un año, pasado ese tiempo, el dinero se agotó.

Para entonces, Seha esperaba a su segunda hija y los retrasos se acumulaban. Fue en ese momento, en 2023, cuando la propiedad inició el proceso judicial para expulsarles. Contando el del pasado martes, han sufrido cuatro intentos de desahucio. El primero pudo ser aplazado debido al embarazo y los dos siguientes gracias a la moratoria de desahucios que cayó, debido a los votos de PP, Junts y Vox, el pasado abril y que protegía a familias vulnerables. Entonces, la jueza señaló la fecha: 29 de septiembre de 2026. Pero este también se anuló; esta vez, gracias al ‘decreto Maricarmen’.

Durante todo este tiempo, ha sido Seha la que ha intentado mantener a su familia, encadenando empleos precarios. El último, como repartidora para Glovo, un trabajo que la mantuvo sobre la bicicleta hasta hace pocas semanas, estando ya encinta de más de seis meses. Aguantó todo lo que pudo hasta que su doctora le dijo que, debido a su embarazo de riesgo, debía tomarse la baja.

A pesar de que la familia aseguró frente a la jueza que su voluntad era pagar lo que pudieran, la propiedad negó en todo momento la posibilidad de un alquiler social. “Yo no quiero nada gratis ni pretendo que todos tengamos que tener lo mismo. Sólo quiero lo mínimo, por humanidad”, relata.

Esta joven consiguió parar su desahucio in extremis gracias a la ayuda de la PAH, entidad con la que contactó justo el día antes de la fecha fijada. “Nuestro abogado de oficio no sabía qué más intentar, así que le pregunté a ChatGPT qué opciones tenía y me dijo que probara con la PAH”, confiesa. El mail les llegó el lunes, en plena manifestación frente al Palau de Congressos, donde se encontraba el presidente Pedro Sánchez. Allí crearon un cartel para mover su caso por redes e informaron como pudieron a los periodistas presentes.

“No hace ni 24 horas que me conocen y se plantaron en mi casa. Me han ayudado más que mi familia y siento que he llegado al lugar correcto”, cuenta Seha, que reconoce que tener a estos activistas a su lado fue lo único que la hizo sobrellevar esas horas de espera, mientras aguardaba a la comitiva judicial en su casa. “Me puse tres candados. Tenía mucho miedo porque no sabía si vendría la policía o si habría pelea. ¿Y si me empujaban?”, se pregunta, posando la mano sobre su vientre.

Sabe que le han dado una tregua y reza para que el Congreso convalide el decreto que debería parar los desahucios a personas vulnerables hasta 2030. “Tengo 25 años y ya he vivido cosas que valen por la vida de alguien que tiene 40. Y ya quiero descansar, sólo pido un poco de paz y un lugar donde criar a mis hijas”.

El cas del desnonament de Maricarmen, que ha commocionat tot Espanya i que ha generat una onada de mobilitzacions a les principals capitals, no és ni de bon tros un cas aïllat. De fet, segons les últimes dades del Consell General del Poder Judicial (CGPJ), corresponents al primer trimestre d'aquest any, la Comunitat Valenciana és l'autonomia espanyola amb més llançaments en relació amb la població. En concret, se'n van executar 741, la qual cosa implica 8,2 al dia i 13,7 per cada 100.000 habitants. La segona comunitat amb més desnonaments seria Múrcia, amb 12,5 per cada 100.000 habitants —582 en termes absoluts—.

No obstant això, des del Govern valencià mantenen davall mínims alguns mecanismes implementats per l'anterior executiu d'esquerres i, fins i tot, han anul·lat algunes eines legals per a frenar els abusos dels fons d'inversió, com el decret de tanteig i retracte, derogat el juny de 2025.

Així ho ha denunciat la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (PAH) de València, entitat integrada en la plataforma Junts per l'Habitatge, el portaveu de la qual, José Luis González, ha posat de manifest que s'ha buidat de contingut la Unitat d'Ajuda davant Desnonaments creada l'any 2021. Encara que la seua normativa es va desplegar mitjançant un decret l'any 2023, l'oficina va començar a funcionar abans i, de fet, el 2022 va atendre un total de 1.372 famílies, un 28,5% més que l'any 2021. Si bé no tots els casos estaven relacionats amb un risc immediat de desnonament, sí que es paralitzaven o es donava una alternativa als casos que hi arribaven, almenys segons indicaven aleshores els responsables de la unitat. A això se suma que ha desaparegut l'Oficina pel Dret a l'Habitatge de l'Ajuntament de València, amb una valoració molt positiva i un treball d'atenció de més de 6.000 expedients. No obstant això, es va habilitar una oficina antiocupació que a penes té activitat.

Aquest recurs incloïa un equip multidisciplinari dedicat específicament al seguiment i la resposta de les situacions d'emergència habitacional que es produïren a la Comunitat Valenciana.

El mateix González, en una reunió el març de 2024 amb el secretari autonòmic d'Habitatge, Sebastián Fernández, ja va traslladar la necessitat que no se suprimira aquesta unitat d'ajuda per a casos de desallotjament o emergència habitacional. I encara que la realitat és que la unitat no s'ha eliminat, segons González, manca d'operativitat executiva i judicial, ja que s'ha eliminat el servei d'assessoria jurídica externalitzat, el contracte del qual no es va renovar.

González ha explicat que l'atenció que ofereix in situ aquesta unitat és correcta i sensible per part del personal, però lamenta que “actualment manca de capacitat executiva i autonomia per a actuar en cas d'emergència”. Dotar-la de més mitjans i de capacitat per a actuar és una cosa que, ha assegurat, fa temps que reclamen a l'Administració.

No obstant això, des de la Conselleria d'Habitatge que dirigeix la vicepresidenta Susana Camarero asseguren que “el servei manté les seues funcions d'intermediació i, amb aquestes, té la potestat de traslladar al jutjat informes de vulnerabilitat que poden paralitzar o ajornar els procediments de desnonament, com així ha ocorregut i continua ocorrent”, alhora que “exerceix tasques d'intermediació entre l'inquilí i l'arrendador, siga una empresa o un particular, per a buscar una solució viable per a les parts en els pagaments de les rendes”.

El portaveu de la PAH també ha lamentat que s'haja prescindit de l'eina del tanteig i retracte per a la compra d'habitatge per part de la Generalitat amb el doble objectiu d'incrementar el parc públic i evitar que els fons d'inversió es facen amb pisos llogats per a provocar després l'eixida dels inquilins, un cas similar al de Maricarmen. Va ser el juny de 2025 quan el Consell, aleshores presidit per Carlos Mazón, va derogar el decret autonòmic aprovat pel Govern del Botànic que regulava aquesta modalitat i que obligava a comunicar a l'Administració valenciana qualsevol venda d'habitatge, per si considerava necessari adquirir l'immoble.

En aquest sentit, des del departament de Camarero han comentat que el dret de tanteig o de retracte s'aplica en els casos que preveu la normativa i que són viables: “El que no fa aquest Consell és comprar habitatges ocupats, sense llicència d'ocupació, destruïts o vandalitzats, que és el que ens vam trobar amb allò que el Govern anterior havia comprat i que, de fet, no en van poder posar cap a disposició dels ciutadans”.

Finalment, González ha comentat que no els consta que la Generalitat actualitze el registre de grans tenidors d'habitatges buits, o almenys “no existeix una informació completa i explícita de tots els fons d'inversió, bancs i grans tenidors que tenen habitatges buits a la Comunitat Valenciana”, als quals s'ha d'aplicar un recàrrec impositiu: “També desconeixem els habitatges buits del parc públic autonòmic i local de les administracions”. D'altra banda, tampoc s'han resolt positivament les denúncies per assetjament immobiliari que s'han presentat a la Generalitat.

Sobre totes dues qüestions, la conselleria ha assegurat que “el registre de grans tenidors sí que s'actualitza i es fa cada any l'autoliquidació de l'impost corresponent”, encara que no s'han aportat dades concretes sobre aquest tema. El que ocorre, han afegit, “és que el principal gran tenidor és el Govern d'Espanya, propietari del 74% dels habitatges buits a la Comunitat Valenciana a través de la Sareb, i no sols no ha col·laborat amb la Generalitat Valenciana cedint aquests habitatges, com sí que ha fet amb Catalunya, a la qual n'ha cedit 14.000, sinó que ha negat la compra a ajuntaments que ho han requerit per a cedir una ínfima part a Casa 47, que els està llogant fins per 1.036 euros per a famílies amb rendes de més de 85.000 euros nets anuals”.

Pel que fa a les denúncies per assetjament immobiliari dels fons que coaccionen els seus inquilins perquè abandonen els habitatges, han assegurat que “quan arriba una denúncia, se sol·licita informació a les parts per a iniciar diligències prèvies i, en els casos en què s'ha presentat denúncia per via penal, l'Administració suspén el procediment fins que es resolga per aquesta via, atés que no poden estar oberts els dos processos”.

El caso del desahucio de Maricarmen que ha conmocionado a toda España y que ha generado una oleada de movilizaciones en las principales capitales no es ni mucho menos un caso aislado. De hecho, según los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) correspondientes al primer trimestre del presente año, la Comunitat Valenciana es la autonomía española con más lanzamientos en relación con la población. En concreto, se ejecutaron 741, lo que implica 8,2 al día y 13,7 por cada 100.000 habitantes. La segunda comunidad con más desahucios sería Murcia con 12,5 por cada 100.000 habitantes (582 en términos absolutos).

Sin embargo, desde el Gobierno valenciano mantienen bajo mínimos algunos mecanismos implementados por el anterior ejecutivo de izquierdas, incluso han anulado algunas herramientas legales para frenar los abusos de los fondos de inversión como el decreto de tanteo y retracto, derogado en junio de 2025.

Así lo ha denunciado la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de València, entidad integrada en la plataforma Junts per l'Habitatge, cuyo portavoz, José Luis González, ha puesto de manifiesto que se ha vaciado de contenido la Unidad de Ayuda ante Desahucios creada en el año 2021. Aunque su normativa se desarrolló por medio de un decreto en el año 2023, la oficina empezó a funcionar y de hecho, en 2022 atendió a  un total de 1.372 familias, un 28,5% más que en el año 2021. Si bien no todos los casos estaban relacionadas con un riesgo inmediato de desahucio, sí que se paralizaban o se daba una alternativa a los casos que llegaban, al menos según indicaban entonces los responsables de la unidad. A esto se une que ha desaparecido la Oficina por el Derecho a la Vivienda del Ayuntamiento de Valencia, con una valoración muy positiva y un trabajo de atención de más de 6.000 expedientes. Sin embargo, se habilitó una oficina antiokupas que apenas tiene actividad.

Este recurso incluía un equipo multidisciplinar dedicado específicamente al seguimiento y la respuesta de las situaciones de emergencia habitacional que se dieran en la Comunitat Valenciana.

El propio González, en una reunión en marzo de 2024 con el secretario autonómico de Vivienda, Sebastián Fernández, ya trasladó la necesidad que no se suprimiera esta unidad de ayuda para casos de desalojo o emergencia habitacional. Y aunque la realidad es que la unidad no se ha eliminado, según González, carece de operatividad ejecutiva y judicial, puesto que se ha eliminado el servicio de asesoría jurídica externalizado cuyo contrato no se renovó.

González ha explicado que la atención que ofrece in situ esta unidad es correcta y sensible por parte del personal, pero lamenta que “actualmente carece de capacidad ejecutiva y autonomía para actuar en caso de emergencia”. El dotarla de más medios y de capacidad para actuar es algo que, ha asegurado, llevan tiempo reclamando a la administración.

Sin embargo, desde la Conselleria de Vivienda que dirige la vicepresidenta Susana Camarero aseguran que “el servicio mantiene sus funciones de intermediación y, con ellas, tiene la potestad de trasladar al juzgado informes de vulnerabilidad que pueden paralizar o aplazar los procedimientos de desahucios, como así ha ocurrido y sigue ocurriendo”, al tiempo que “ejerce labores de intermediación entre el inquilino y el arrendador, ya sea una empresa o un particular, para buscar una solución viable para las partes en los pagos de las rentas”.

El portavoz de la PAH ha lamentado también que se haya prescindido de la herramienta del tanteo y retracto para la compra de vivienda por parte de la Generalitat con el doble objetivo de incrementar el parque público y evitar que los fondos de inversión se hagan con pisos alquilados para después provocar la salida de los inquilinos, un caso similar al de Mari Carmen. Fue en junio de 2025 cuando el Consell, entonces presidido por Carlos Mazón, derogó el decreto autonómico aprobado por el Gobierno del Botánico que derogaba esta modalidad y que obligaba a comunicar a la administración valenciana toda venta de vivienda, por si consideraba necesario hacerse con el inmueble.

En este sentido, desde el departamento de Camarero han comentado que el derecho de tanteo o de retracto se aplica en los casos que contempla la normativa y que son viables: “Lo que no hace este Consell es comprar viviendas ocupadas, sin licencia de ocupación, destruidas o vandalizadas, que es lo que nos encontramos con lo que el Gobierno anterior había comprado y que, de hecho, no pudieron poner ninguna a disposición de los ciudadanos”.

Por último, González ha comentado que no les consta que la Generalitat actualice el registro de grandes tenedores de viviendas vacías, o al menos “no existe una información completa y explícita de todos los fondos de inversión, bancos y grandes tenedores que tienen viviendas vacías en la Comunidad Valenciana”, a los que se les debe aplicar un recargo impositivo: “También desconocemos las viviendas vacías del parque público autonómico y local de las administraciones”. Por otra parte, tampoco se han resuelto positivamente las denuncias por acoso inmobiliario que se han presentado a la Generalitat

Sobre ambas cuestiones, la conselleria ha asegurado que “el registro de grandes tenedores sí se actualiza y se realizan cada año la autoliquidación del impuesto correspondiente”, aunque no se han aportado datos concretos al respecto. Lo que ocurre, han añadido, “es que el principal gran tenedor es el Gobierno de España, propietario del 74% de las viviendas vacías en la Comunitat Valenciana a través de la Sareb, y no solo no ha colaborado con la Generalitat Valenciana cediendo estas viviendas, como sí ha hecho con Cataluña a la que ha cedido 14.000, sino que ha negado la compra a ayuntamientos que lo han requerido para ceder una ínfima parte a Casa 47 que las está alquilando hasta por 1.036 euros para familias con rentas de más de 85.000 euros netos anuales”.

Al respecto, las denuncias por acoso inmobiliario de los fondos que coaccionan a sus inquilinos para que abandonen las viviendas, han asegurado que “cuando llega una denuncia, se solicita información a las partes para iniciar diligencias previas y en los casos en los que se ha presentado denuncia por vía penal, la administración suspende el procedimiento hasta que se resuelva por esta vía, dado que no pueden estar los dos procesos abiertos”.

Más de 600.000 catalanes dejarán de estar afectados en los próximos meses por la regulación de los alquileres. Algunos de ellos, de grandes ciudades como Reus, Granollers, o Lleida, capital de provincia y sexta urbe en población con unos 150.000 habitantes. La razón es que ya no cumplen con los requisitos para tener el tope a los precios, es decir, ya no tienen oficialmente un mercado tensionado. Algunos lo celebran, pero otros temen que a partir de ahora se disparen las mensualidades.

“Tendremos que estar alerta, esto no acaba aquí”, advierte por teléfono Begoña Iglesias, concejala de Agenda Urbana del Ayuntamiento de Lleida. “Tan difícil es salir de las zonas tensionadas como mantenerse fuera”, señala esta portavoz consistorial.

Igual que los otros 22 municipios que salen de la regulación –y a diferencia de los 53 que entran–, Lleida ya no cumple con ninguno de los requisitos para ser considerado un mercado residencial “tensionado”. Uno es que el esfuerzo que hacen los hogares para pagar la vivienda esté por debajo del 30% (en la ciudad es del 24,8% en alquiler y del 23,1% en hipoteca). El otro es que en cinco años no aumenten los precios tres puntos por encima del IPC, y así ha sido: desde 2021 el incremento ha sido del 20%, 1,1 puntos por debajo de la inflación.

La aplicación de la Ley de Vivienda ha tenido sus efectos en la ciudad. La mencionada subida del 20% se produjo antes de la entrada en vigor de la norma, cuando los precios pasaron de 468 euros de media a 562 euros. Desde entonces, se mantienen estables, y hoy alquilar un piso en Lleida cuesta 558 euros.

Para la Generalitat, responsable de declarar las zonas de mercado tensionado, esta es la prueba de que la regulación es capaz de “enfriar” el mercado inmobiliario. Pero las entidades que defienden el derecho a la vivienda advierten de que el levantamiento de los límites disparará los precios.

“Es un retroceso, parecido a la caída de la moratoria de los desahucios”, advierte Neus Valdellou, de la PAH de Lleida. “Es evidente que si retiran el tope los precios van a subir y volveremos a estar como antes”, critica. Además, añade que la salida de la regulación, sumada a la incógnita de sí se volverá a limitar el precio en el futuro, puede provocar subidas todavía más exageradas por parte de algunos caseros.

Aunque los precios leridanos no son los de Barcelona (1.130 euros de media, sin contar los de temporada), ni los de su área metropolitana, Valdellou asegura que también en su ciudad hay numerosas familias que sufren exclusión residencial. “Siguen llevándonos casos de finalizaciones de contrato para expulsar a vecinos, incluso subidas de precio por encima de lo permitido”, advierte esta activista.

Con todo, para Òscar Gorgues, gerente de la Cámara de la Propiedad Urbana de Barcelona y Lleida, la situación era previsible, puesto que considera que la ciudad nunca tuvo un mercado demasiado tensionado. “En Lleida el mercado del alquiler es más limitado, no hay tanta población flotante, la gente tiende a comprar más, y todo esto ayuda a que los precios sean más estables”, resume. Añade además que los pueblos de los alrededores disponen también de pisos accesibles, lo que “oxigena” el mercado.

Lo que critica Gorges es que la Generalitat haya decidido actualizar las zonas declaradas tensionadas antes de que se cumplan los tres años de vigencia, en marzo de 2027. El Departamento de Territori alega que es porque los trámites se alargan meses, pero aun así el gerente de la Cámara lamenta que, más allá de saber si cumplen o no los criterios para acogerse al tope, tampoco se acompañen estas novedades de una evaluación exhaustiva sobre la regulación. “Nadie está respondiendo a si ha funcionado el tope”.

Desde el Ayuntamiento barren para casa y aseguran que el estancamiento de los precios del alquiler en Lleida se debe a que han aumentado la oferta de vivienda disponible. Menciona Iglesias promociones de protección oficial de alquiler como la del barrio de Magraners (121 pisos recién entregados), o las licencias concedidas a promotoras para construir 1.225 viviendas en toda la ciudad.

Ante el temor de que se disparen precios, el consistorio confía en su apuesta por ampliar el parque de vivienda. “Cuando hay más oferta, por mucho que pongan precios fuera de mercado, no conseguirán alquilarlos”, argumenta Iglesias.

Al margen de Lleida, hay municipios que salen de la regulación con unos precios mucho más elevados, o incluso todavía al alza, aunque nada de esto les impide cumplir con los requisitos para considerarse como zonas no tensionadas. Destaca el caso de Cabrera de Mar, en el Maresme, donde el alquiler cuesta de media 1.092 euros al mes. Frenados los precios recientemente, aun así en los últimos cinco años registran una subida del 23,1%, esto es, 1,8 puntos por encima del IPC (no superan los 3 puntos que lo mantendrían como zona tensionada).

Por ejemplo, hay cuatro municipios en los que se observa un incremento desde 2021 de entre 2 y 3 puntos por encima del IPC: Figueres, Banyoles, Granollers y El Papiol.

Decenas de activistas y familias afectadas por la crisis de la vivienda han ocupado este martes el vestíbulo del Ayuntamiento de Barcelona como protesta por la saturación de los alojamientos de emergencia para quienes sufren desahucios.

La acción se ha iniciado en la Plaza Sant Miquel y, poco después de las 10:00 horas, los manifestantes han irrumpido sin incidentes en el vestíbulo del edificio, ante la mirada de sorpresa de los trabajadores del consistorio y de los grupos municipales. Allí se han concentrado más de una cincuentena de personas que han reclamado a gritos una solución a la falta de pisos de emergencia.

La protesta, seguida de cerca por la Guardia Urbana, estaba convocada por la PAH, la Confederación Sindical de Vivienda de Catalunya (COSHAC) y el Sindicato de Vivienda Socialista de Catalunya (SHSC)

Justo pasadas las 10.15h, los representantes de las entidades se han reunido con Joan Ramon Riera, el comisionado de Vivienda del Ejecutivo municipal, que ha bajado al vestíbulo para conversar con los manifetantes. En ese encuentro, el representante político ha pedido a los sindicatos que, para poder cumplir con sus demandas, debían abandonar el vestíbulo del consistorio.

“Aquí trabaja gente”, les ha recordado. Pero la posición de los activistas ha sido tajante: “Nos quedamos”.

Finalmente los activistas se han podido reunir con Raquel Gil, responsable del área de Derechos Sociales. Tras más de una hora, han obtenido el compromiso del consistorio de abrir una negociación para atender a sus peticiones.

El problema con los alojamientos de emergencia lleva meses enquistado. Los sindicatos y entidades por la vivienda denuncian que el nuevo modelo de ayudas económicas para familias desalojadas, que el Gobierno del PSC ideó como alternativa al desborde de los alojamientos de emergencia, es insuficiente.

Delia Cerare, portavoz de la PAH, ha detallado los motivos de la protesta: “Hay muchas familias que han sido desahuciadas sin ninguna alternativa habitacional, a pesar de que la ley contempla los desahucios con realojamientos previos por parte de la administración”, ha proclamado. Tenemos muchísimas familias en la calle, con niños, gente mayor, y sin alternativa habitacional de ningún tipo“, ha añadido.

Entre los manifestantes se encontraba Carmen Fargas, afectada directa. Fargas ocupa sin contrato, junto a su hijo de 13 años, un piso que pertenece a un fondo de inversión que quiere desalojarlos sin ofrecerles alternativa. “Lo máximo que nos pueden dar son tres días en un albergue con un menor”, ha explicado. Según su relato, en el Ayuntamiento le han dicho que se busque la vida, y al cobrar una renta garantizada sin nómina, nadie le alquila una habitación.

Los tres colectivos convocantes —PAH Barcelona, la COSHAC y el Sindicat d'Habitatge Socialista de Catalunya— han hecho público un comunicado en el que atribuyen el problema con los alojamientos de emergencia a un cambio de modelo impulsado por el PSC desde su entrada en el Ayuntamiento, que según denuncian ha supuesto la reducción de los Alojamientos Temporales de Urgencia (ATU) y un empeoramiento de las condiciones para las familias afectadas.

Los sindicatos sostienen que los desahucios aumentan en Barcelona por segundo año consecutivo, algo que no ocurría desde 2013, mientras la inversión municipal en construcción de vivienda pública ha caído un 64,5% y la compra de vivienda por tanteo y retracto un 80%. Los sindicatos han presentado un pliego de diez exigencias al consistorio, entre las quales, declarar la emergencia habitacional o expropiar la vivienda vacía y de uso turístico en manos de grandes tenedores.

“Porrazos y multas, esa es su respuesta”. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca ha denunciado esta mañana un episodio de forcejeos, presión policial y hasta “lesiones” entre los compañeros que acudieron a primera hora impedir el desahucio de Adolfo, un vecino de Vallecas que ha sido expulsado junto a su familia de la casa en la que convivían. En las imágenes difundidas por la PAH Vallekas se muestra a más de una decena de agentes de la Policía Nacional, ataviados con casco o chaleco antibalas, instigando a un muro humano a desbloquear la puerta del domicilio. Cerca de allí, en la Avenida de la Albufera, un centenar de personas toma la sede de Caixabank para protestar contra una de sus filiales inmobiliarias: Building Center, que ha adquirido la casa de Adolfo y es quien pide esta orden de desahucio.

Con otro grupo de policías observando desde la puerta de la sucursal bancaria, hombres y mujeres corean la consigna de “stop desahucios”, dan palmas y se amontonan en el interior del local, abierto y a plena luz del día. La PAH había citado a las siete y media de la mañana a quienes pudieran ayudar, reuniendo a decenas de personas frente a la casa de Adolfo. Él es de origen peruano y ha pasado por diferentes trabajos (hostelería, charcutería, cuidado de mayores, empleado en una consultora...); actualmente vive con su hija de 27 años y su nieto, de cuatro. Pese a los intentos por impedirlo, todos han quedado en la calle.

Desde el domicilio en Vallecas, algunos vecinos o miembros de organizaciones civiles denunciaron “violencia” policial y “lesiones” entre los manifestantes. En sus redes sociales, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca en el distrito ha publicado imágenes de una espalda al descubierto y llena de moratones. Y acto seguido, una advertencia: “La policía amenaza con detener a las cien personas que estamos dentro de la sucursal de Caixabank, defendiendo el derecho a una vivienda digna”.

El desalojo lo ha llevado a cabl la Policía Municipal, aunque dada la multitud que se presentó a primera hora para impedirlo, fue requerida la intervención de agentes de la UIP, la Unidad de Intervención Policial de la Policía Nacional. Fuentes de este último cuerpo de seguridad detallan a Somos Madrid que frente al domicilio de Adolfo llegaron a concentrarse en torno a un centenar de personas, cifra similar a la que los miembros de la PAH estiman para la acción en la sucursal bancaria. Esta última se registró sobre las diez de la mañana, aunque el expediente policial señala que no hubo detenidos y fue una protesta “pacífica”.

Decenas de personas, vestidas con chalecos verdes y el eslogan de la PAH Vallekas, accedieron al interior de la sede para exponer públicamente el desahucio de Adolfo y su familia, que esa misma mañana estaba siendo ejecutado. Había sido programado a las 9.30 horas de la mañana en la calle María Paz Unciti, donde el vecino había alquilado la vivienda a otro hombre peruano, que había vuelto a su país y antes firmó un contrato informal con este conocido. Pasada la una de la tarde, los responsables de la Policía Municipal comparecían internamente para valorar el lanzamiento.

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En la Avenida de la Albufera, según el relato de la Policía Nacional, los manifestantes salieron de las oficinas por su propio pie una vez comenzaron a reunirse los agentes en la puerta, también de la UIP. Las imágenes difundidas en redes sociales también muestran a Adolfo, que afronta la pérdida de su casa, conversando con los agentes frente al bloque en el que ha vivido desde el año 2017. Otros vídeos o fotografías compartidos esta mañana exponen cómo hombres uniformados arrastran a algunos participantes contra el desahucio para alejarles de la entrada, sujetándoles de los brazos y halando de su cuerpo en el suelo.

“¡No toleramos ni un desahucio más!”, “¡Caixa, culpable, gobierno responsable”, se oía desde la calle que daba a las oficinas de Caixabank, en un reproche a Building Center por completar el lanzamiento de la familia peruana, que este miércoles afrontaba su cuarto intento de desalojo. El martes por la noche, Adolfo iba dejando mensajes a conocidos o periodistas, pidiendo exponer su caso para evitar este desenlace. En manos de un abogado de oficio, presentaron un recurso amparándose en su situación de vulnerabilidad social para solicitar la suspensión del desahucio.

El escrito, al que ha tenido acceso este periódico, alega que la unidad familiar mantiene dificultades “sociales y económicas” y “carece de alternativa habitacional inmediata”. El letrado informa a la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Madrid, plaza número 48, de un problema “agravado” por el reciente despido de la hija de Adolfo, que según consta en el recurso tuvo lugar el pasado 3 de junio. La conciliación tuvo lugar unas semanas más tarde, pero el escenario que avista la familia no ofrece, de momento, nada más que incertidumbre.

Adolfo y su familia seguirán en casa, al menos, una semana más. Este migrante peruano, que vive con una hija desempleada de 27 años y su nieto, de cuatro, ha logrado algo de tiempo después de una mañana estresante. “Es poco tiempo, pero intentaremos aprovecharlo”, confiesa él mismo a Somos Madrid instantes después de despedir a la comisión judicial, que acudió a su domicilio en Vallecas en torno a las 9.30 horas con una orden de desahucio. Como Maricarmen, la vecina de Retiro que también iba a ser desalojada este miércoles 24 de junio, Adolfo gana margen a la vez que incertidumbre: ninguno sabe si resistirá a otro envite.

“Una vez más, las vecinas organizadas plantamos cara a los rentistas y su negocio de la vivienda. ¡Paramos el desahucio de Adolfo!”, anunciaba poco después de las 10 la PAH Vallekas (Plataforma de Afectados por la Hipoteca), que mandó a un grupo de madrugada para hacer presión frente al lanzamiento. Sobre las ocho y media, al inicio del día, uno de ellos detalló a este periódico que la Policía Nacional estaba, a su juicio, “muy agresiva”; y sin llegar a cortar la calle trataron de despejar la puerta.

“Han intentado sacarnos de allí entre cuatro [agentes], y a un compañero lo tiraron al sueño. Creo que pedirán refuerzos”, auguraban estas mismas fuentes. Finalmente, el desahucio se ha paralizado hasta el próximo martes, 1 de julio. Adolfo ya adelanta que seguirá en conversaciones con su abogado para tratar de resolver el asunto en un tiempo exprés.

Ante la mirada atenta de varios policías, aún desplegados en la zona, agradeció a las puertas de su casa –donde vive de alquiler desde 2017– “todo este apoyo y acompañamiento”. “Estoy muy agradecido: hemos logrado darle guerra a este negocio inhumano de los rentistas, que hace daño a muchas familias. Nos quedan pocos días para seguir luchando, así que intentaremos encontrar la mejor solución o pelear, pelear y pelear: la vivienda es para el pueblo”, proclamó entonces, una vez supo que esta noche volverá a dormir en su cama.

“Es una noticia agridulce, porque solo nos dan una semana, pero es tiempo para que Caixabank cumpla su promesa y renueve el alquiler”, sentenciaron desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, en su cuenta de X. Hacen referencia al origen del conflicto: el pasado mes de diciembre, Adolfo supo que el piso que alquilaba tenía una deuda hipotecaria con Caixabank, que antes pertenecía a Bankia. Este apartamento se lo ofreció otro peruano al que conoció en España e iba a volver a su país, y ambos firmaron un contrato informal de arrendamiento, con papel y bolígrafo.

Adolfo asegura no haber sabido nada de esta deuda hasta que recibió la notificación judicial, y desde entonces ha perdido el contacto con esta persona. Ahora, después de que su caso se haya unido otros desahucios sonados entre perfiles vulnerables, le espera una cuenta atrás en la que deberá resolver bajo qué techo podrá vivir. Miembros de PAH han denunciado en reiteradas ocasiones que habían logrado un compromiso por escrito con mediadores de Caixabank para examinar este y otros casos similares, repartidos entre Ensanche de Vallecas, Vicálvaro y Pinto. Sin embargo, ninguna de estas promesas parece llegar a materializarse.

No viven en Retiro, sino en Vallecas. Tampoco nacieron en España, sino en Perú. Son menos conocidos, pero se enfrentan al mismo miedo: una expulsión inminente. Este miércoles, 24 de junio, estaba programado el tercer intento de desahucio para Maricarmen, una vecina de 87 años que resiste a los envites de un fondo. Tiene un contrato de renta antigua y su caso es ya un símbolo de la crisis de la vivienda: ha logrado movilizar a cientos de personas en favor de su causa, incluyendo a artistas, figuras públicas o la propia ONU. La presión ciudadana ha logrado paralizar su desalojo en varias ocasiones, incluyendo esta última, aunque desde el Sindicato de Inquilinas intuyen que los aplazamientos se deben a una estrategia de desgaste. Mientras tanto, al sureste de allí, una familia de migrantes se prepara para otro desahucio, previsto ese mismo día.

“Yo llegué solito a España. No conocía a nadie, me arriesgué y, gracias a dios, no me fue mal. Pero ahora dicen que soy un okupa”, revela Adolfo, vecino de Vallecas de origen peruano. En diciembre, se enteró de que el piso al que se mudó en 2017 con su familia tenía una deuda hipotecaria con Caixabank, que antes pertenecía a Bankia. Ese apartamento se lo alquiló a un hombre al que conoció en España, pero que también era de Perú. Este le trasladó que había tenido problemas con su mujer e iba a volver a su país, así que firmaron un contrato informal de arrendamiento, con papel y bolígrafo. Adolfo asegura no haber sabido nada de esta deuda hasta que recibió la notificación judicial, y desde entonces ha perdido el contacto con esta persona.

El miércoles a primera hora, una citación amaga con dejarles en la calle.El inmueble ha pasado a manos de Building Center, una filial inmobiliaria de Caixabank. Esta sociedad solicitó al Juzgado de Instrucción número 48 de Madrid que mantuviera la orden de lanzamiento –nombre formal para los desahucios– después de que el inquilino presentara un recurso de reposición, en un intento de frenar la expulsión. Adolfo vive en ese piso, cerca del Metro en Nueva Numancia, con su hija y su nieto.

La primera tiene 27 años y acaba de quedarse sin trabajo. El más pequeño tiene 4 años, y el hecho de tener a un menor de edad en el domicilio familiar les había permitido hasta ahora alargar el proceso. Según el inquilino, solo viven de sus ingresos: hasta ahora ha trabajado como camarero, barman, charcutero, cuidador de personas mayores e incluso como empleado en una gestoría. También gana algo de dinero con la música, una afición que le llevó a conocer a su casero. “Incluso compartimos una breve amistad, pero ahora tengo que buscarme yo la vida”, lamenta en declaraciones a Somos Madrid.

Recursos limitados y falta de respuesta institucional

Diego Sanz, de la PAH Vallekcas (la Plataforma de Afectados por la Hipoteca en el distrito), advierte de una agenda repleta de desahucios para el próximo verano. “Hay varias fechas en julio y esperamos que la situación se prolongue hasta septiembre, con otro desalojo programado para el día 13”, resalta el portavoz de la PAH, que aquí refiere solo a su territorio aunque añade que los lanzamientos se están viendo en toda la ciudad, e incluso otros puntos de la región. El de Maricarmen ha sido uno de los más sonados, provocando marchas multitudinarias en su defensa: aunque de Adolfo también depende su familia, las opciones para rehacer tu vida a los 87 años son escasas o prácticamente nulas, como ocurre con la vecina de Retiro.

Ante la falta de respuestas efectivas desde las instituciones para resolver la crisis de la vivienda –que hoy exprime la mitad de su salario a miles de inquilinos–, las movilizaciones populares han ido surgiendo en reacción a las dificultades para acceder a un contrato de alquiler o hacerse con la propiedad de un piso. Sus recursos y la capacidad organizativa con la que cuentan es limitada, por lo que no todo intento de desahucio termina recibiendo la misma repercusión pública ni esta logra dar margen al afectado. No obstante, desde la PAH mencionan otros ejemplos recientes como Carabanchel o Rivas-Vaciamadrid, y avisan de que el mercadeo con la vivienda está replicando casos muy similares al de Maricarmen.

Sin ir más lejos, el caso de Adolfo forma parte de una disputa más amplia que mantienen con Obra Social la Caixa, de la fundación adscrita a Caixabank. A finales del año pasado, un grupo de inquilinos en viviendas promovidas por la entidad entre Ensache de Vallecas, Vicálvaro y Pinto presentó una demanda conjunta contra la entidad bancaria. La acusaron de incluir cláusulas abusivas en los contratos impulsados desde su fundación, y también de haber vendido esas casas a unos fondos de inversión: Farley ITG y Mosaic Propco. La primera de estas sociedades limitadas adquirió las que había en Pinto, mientras que la otra se hizo con los apartamentos de Vallecas y Vicálvaro.

Con el tiempo llegó una denuncia suscrita por decenas de familias, aunque las organizaciones de vivienda hablan de unos 500 afectados en total. “Hemos planteado una compra pública de este paquete de viviendas a través de Casa 47 [la nueva empresa pública estatal], pero el goteo de casos con antiguos alquileres sociales nos hizo tener que presentarnos en plena sede de Building Center”, explica Diego Sanz, de la PAH Vallekas. De aquellas conversaciones, siempre según su versión, salió “un compromiso por escrito” con Tecnotramit (otra empresa intermediaria) para estudiar los once casos presentados por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y valorar la negociación de alquileres sociales.

“Aunque queríamos un análisis de forma colectiva, solo accedieron a negociar uno a uno las condiciones en cada piso. Lo dejamos pasar, y luego nos encontramos con que dos de esos casos tienen fecha inminente para un posible desahucio”, revela. El primero será el de Adolfo, que espera un giro de última hora para que se revierta la situación; y el siguiente será el próximo martes, 30 de junio. Para este último caso aún no hay una orden directa de lanzamiento sino una cita para la entrega de llaves, informa la PAH. “Nosotros no tenemos adonde ir, ya se lo dije a la comisión judicial cuando vinieron la primera vez”, se teme de vuelta Adolfo, que reflexiona al otro lado del teléfono cuando quedan pocos días para que les obliguen a marcharse.

La última vez que lo intentaron, según refiere él mismo, decidieron darle 15 días más de plazo al ver que en esa casa convivían con un menor de edad, y que el dinero que gana Adolfo es con el que ahora se sostiene toda la familia. “Me hicieron una oferta para comprar el piso que no podía permitirme. Empecé a asesorarme con un abogado de oficio, y ya ahí descubrí que ellos consideran mi presencia en el piso como la de un okupa, ya que mi contrato está firmado en papel”, resume Adolfo, que afirma haberse presentado en distintas ocasiones en oficinas de Caixabank, sin llegar a ser atendido: “Todo parece habernos dado la espalda. Solo espero que, de aquí al miércoles, reunamos el apoyo necesario para frenar esto”.

Diversas entidades por el derecho a la vivienda se han concentrado este martes por la tarde en el solar de la calle Llull 355, en Barcelona, para protestar contra la “privatización de la vivienda protegida”. Este amplio espacio vacío acogerá próximamente una promoción que correrá a cargo de la constructora Corp, que será la misma que edificará otros dos edificios en el mismo barrio. Entre todas, sumarán más de 400 Viviendas de Protección Oficial (VPO), casi la mitad de las que actualmente el Ayuntamiento tiene adjudicadas o en proceso de adjudicación.

Corp, una constructora a la que la justicia ha anulado recientemente una promoción de pisos de lujo, salió vencedora de la licitación pocos meses antes de que el consistorio presentara otros dos concursos abiertos a operadores privados para construir 600 viviendas más. Todo ello, según las entidades concentradas, supone un “proceso privatizador en medio de una emergencia habitacional grave”. Consideran que el hecho de que las promociones se estén adjudicando a promotoras privadas “favorece los intereses de la patronal inmobiliaria, asegurándoles beneficios astronómicos”.

Este tipo de promociones dedicadas a vivienda protegida suponen la cesión del terreno y la finca gratis durante 30 años y cuentan con subvenciones y financiación públicas que cubren el 100% del coste de construcción, según estimaciones del propio Ayuntamiento. La administración también ha calculado que los beneficios que Corp puede sacar de un solar como el de Llull ronda el 11% anual. Con todo, las entidades convocantes -la XES, el Observatorio DESCA, la PAH, el Sindicat de Llogateres, la FAVB, Habicoop y organizaciones juveniles de UGT y CCOO- han calculado que los beneficios de estas constructoras pueden rondar los 600 millones.

“Son beneficios estables y crecientes, ya que los alquileres aumentarán de la mano del IPC, todo ello en base a fondos públicos”, apuntan desde la XES. Esta entidad se muestra de acuerdo en que la prioridad es construir vivienda pública y protegida, pero considera que es una “contradicción” que la misma se encargue a empresas privadas. “Si el Ayuntamiento no tiene capacidad para construir en suelo público, se debería encargar la gestión y la edificación a entidades sin ánimo de lucro”, apuntan desde la Federación de Cooperativas de Vivienda. “No tiene sentudi que estemos pensando en regular el uso social de la vivienda en suelo privado, pero se impulse la privatización en el suelo público”, remachan.

En esta línea, las entidades convocantes lamentan que las cooperativas de vivienda sólo han conseguido la adjudicación -todavía sin confirmar- de 200 VPO, lo que para los convocantes es un “agravio” y una “irresponsabilidad”, además de una vulneración del convenio ESAL, un pacto con el consistorio que establece que las cooperativas construirían y gestionarían 1.000 viviendas.

Que el peso de la balanza caiga del lado de las promotoras privadas, según alertan desde la PAH, “desplaza la función social de la vivienda”, lo cual es “especialmente grave” al tratarse de VPO, que están destinadas a “familias vulnerables sin más alternativa”. Lamentan que la administración esté cediendo el suelo público a empresas privadas que gestionarán estos pisos durante 99 años y recuerdan que cuando los operadores privados han sido las encargadas de VPO “los derechos de las inquilinas se han visto perjudicados”.

En esta línea, han recordado lo sucedido en hasta 34 promociones de vivienda protegida gestionadas por La Caixa, en las que los vecinos denunciaron falta de mantenimiento en los edificios, subidas de precio injustificadas, no renovación de contratos, expulsiones y cobro de cláusulas abusivas. Estos edificios fueron construidos por la Obra Social La Caixa entre 2002 y 2012 y por los que cobró más de 25 millones de euros en subvenciones.

Este caso dio paso a una campaña que vino a demostrar que el banco inició “prácticas especulativas feroces” en cuanto hubo recuperado la inversión inicial y los pisos pasaron a estar en una fase en la que la normativa le permitía vender o alquilar a precios “estipulados”, pero sin obligación alguna de tener las viviendas ocupadas.

“El resultado aumentó el patrimonio inmobiliario de La Caixa, que ha terminado desligándose de las consideraciones de accesibilidad y protección social con la que en su día se justificaron las ayudas con dinero público”, denunciaron en su momento desde el Sindicat de Llogateres, entidad que acompañó a las vecinas afectadas.

Es cierto que actualmente esta situación no se podría repetir ya que, desde 2019, todas las viviendas de promoción pública en Catalunya mantienen la protección de forma indefinida, pero las entidades convocantes alertan de que “los operadores privados todavía pueden encontrar maneras de maximizar beneficios”, y apuntan a posibles cláusulas abusivas o la desinversión en el mantenimiento.

En este sentido, ponen la vista en el Plan Estatal de Vivienda, que también se ha presentado este martes y que, entre otras cosas, pretende blindar la VPO para siempre. “El Gobierno dice que ni un euro de este plan va a ir a parar a la especulación, pero eso es mentira si se cede el suelo público a grandes corporaciones inmobiliarias que se dedican a las viviendas de lujo”, alertan desde el Sindicat de Llogateres.

Por ello, los organizadores de la concentración exigen al gobierno municipal que pare los concursos abiertos -a los cuales han anunciado que presentarán enmiendas- y que destine ese suelo a entidades sin ánimo de lucro en el marco del convenio ESAL. “Es un cambio de paradigma: hay que dejar de usar estos pisos como anzuelo para la iniciativa privada. La solución a la crisis pasa por desmercantilizar la vivienda”.

El Juzgado de lo Penal de Zaragoza ha condenado a 19 integrantes de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Zaragoza por un delito de desórdenes públicos en relación con las protestas desarrolladas entre octubre de 2022 y mayo de 2023 ante una sucursal de CaixaBank en el Coso, según ha comunicado la propia plataforma. La resolución impone una multa que asciende a 25.000 euros en total y dos años de antecedentes penales para las personas encausadas. Las movilizaciones se enmarcaron en la campaña para tratar de paralizar el desahucio de Mariano, un vecino que vivía con sus hijas menores y no podía hacer frente al pago de la hipoteca. La plataforma reclamaba un alquiler social como alternativa habitacional, una opción que —según sostienen— fue rechazada por la entidad financiera.

En un comunicado tras conocer el fallo, la plataforma califica la sentencia de “ejemplarizante” y sostiene que busca “castigar a quienes están organizadas y advertir a quienes se lo están pensando”. Asegura que el proceso judicial responde a una estrategia para “debilitar al movimiento de vivienda” mediante sanciones económicas que, en caso de impago, podrían derivar en responsabilidades penales.

Durante la instrucción, la entidad bancaria acusó a las manifestantes de un delito continuado de coacciones y otro de desórdenes públicos, al considerar que las acciones —entre ellas el uso de megafonía, la colocación de dispositivos sonoros y la entrada en la oficina para exigir una reunión— impidieron el normal funcionamiento de la sucursal e intimidaron a los trabajadores. Por su parte, el Ministerio Fiscal no apreció coacciones ni violencia y calificó los hechos únicamente como desórdenes públicos.

Carlos, miembro de la PAH y uno de los condenados, señala que la resolución era “esperable” dado el marco legal. “Lo que realmente se juzga son nuestras formas de lucha como movimiento social”, afirma. A su juicio, la legislación es “ambigua” al penalizar la interrupción del funcionamiento de una sucursal y permite sancionar la protesta ciudadana. “Sabíamos que la absolución era muy difícil porque supondría avalar que el movimiento de vivienda puede entrar en las oficinas para exigir soluciones”, añade.

Según relata, durante el juicio las directivas de la entidad manifestaron haberse sentido intimidadas, aunque —afirma— no se acreditaron episodios de violencia. También critica el papel de la Fiscalía, que, en su opinión, actuó “casi como acusación particular”. “Nuestra defensa no buscaba compasión, sino mantener la dignidad y explicar que pedíamos una vivienda digna para Mariano”, subraya.

La plataforma ha anunciado que pondrá en marcha una campaña de micromecenazgo para afrontar la multa. “Son 25.000 euros y, si no se pagan, podríamos enfrentarnos a prisión. Llamamos a la solidaridad para que esto no paralice nuestra actividad”, explica Carlos, quien insiste en que la organización continuará con su labor. “Nuestras formas de lucha son las que dan resultado y no van a cambiar”.

El pasado 5 de febrero, mientras la borrasca Marta, segunda del mes tras Leonardo (nombres populares, para que nos vayamos familiarizando, quizá) tumbaba árboles y abría telediarios, se publicaba la encuesta anual de Condiciones de Vida del INE, reflejando datos que hablan de una tormenta mucho más discreta: más del 25% de la población vive en riesgo de pobreza o exclusión social, y el 36% no pudo afrontar gastos imprevistos en 2025.

En paralelo, el precio de la vivienda sigue escalando hacia niveles que recuerdan a la antesala del estallido de la burbuja. El metro cuadrado ha superado su máximo histórico desde 2008. Un crecimiento que parece haber pisado el acelerador con fuerza en la Región de Murcia, donde la vivienda de segunda mano se ha encarecido casi un 30%, convirtiéndose en la comunidad donde más han subido los precios en el último año.

Frente a esta tormenta social y económica, el Sindicato de Vivienda de Murcia invitó el pasado viernes 13 al historiador, activista y miembro de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) Pablo Carmona para presentar su libro ‘La democracia de los propietarios’ (2022) y ofrecer una ponencia sobre la cuestión de la vivienda y el papel de las organizaciones sociales en la céntrica librería Libros Traperos.

Aprovechando su paso por la ciudad, hablamos con Carmona sobre la crisis de la vivienda en España, las políticas públicas que la rodean o el papel de los movimientos sociales frente al conflicto.

Ha dicho en alguna ocasión que las políticas públicas en materia de vivienda no buscan solucionar el problema, las califica de ‘parche’, ¿a dónde considera que van dirigidas?

El único objetivo de las políticas públicas de vivienda del Estado español es mantener el valor de los activos inmobiliarios. Esto se traduce en que quienes son propietarios puedan vender sus viviendas a precios de mercado. Se trata de ‘la profecía del propietario’: cuando en la cena de Navidad, el primo dice que su propiedad cuesta medio millón porque lo ha visto en Idealista, y alrededor de esa cifra se construye todo un relato de cómo va a mejorar su vida. El Estado garantiza que eso sea posible, y esas condiciones se reflejan en políticas que benefician al propietario.

El único objetivo de las políticas públicas de vivienda del Estado español es mantener el valor de los activos inmobiliarios

A pesar de que hoy se habla mucho de políticas públicas de vivienda, todas han protegido al casero particular, que es el mayor tipo de rentista del país. La Ley de Vivienda permite que los propietarios obtengan beneficios fiscales por alquilar, sin penalizar precios desorbitados, e incluso ofrece desgravaciones por alquilar mientras mantienen su vivienda habitual.

¿Y qué justifica esa voluntad que, a su juicio, tiene el Estado de beneficiar al propietario?

Que el valor de las propiedades inmobiliarias en manos de particulares supera cuatro veces el PIB. Además de los niveles de ingreso salariales, es el principal activo que sostiene a la clase media.

Intervenir el sistema de reproducción de la propiedad y sus beneficios, hacer que bajen los precios y que ese activo valga menos… La realidad es que socializar la vivienda pasa por tocarle el bolsillo a una parte importantísima de población, más de dos millones de personas reciben ingresos por alquileres de vivienda en este país, por eso la cuestión se sigue mirando desde el punto de vista de los propietarios, no digamos ya en el Parlamento. Muchas veces digo que este conflicto se entiende mejor en términos de guerra civil que de guerra de clases.

¿Qué opina de la medida del fondo España Crece, por la que Sánchez ha anunciado que movilizará 23.000 millones para construir 15.000 viviendas al año?

Los anuncios del gobierno siempre tienen un aire grandilocuente demasiado alejado de la realidad. Debemos recordar que Sánchez ha anunciado en los últimos años en sus distintos planes más de 180.000 viviendas que no han terminado de concretarse.

A la espera de los detalles, se puede ver que el objetivo del gobierno es reactivar el sector constructor e inmobiliario español, algo que suele ir de la mano con el aumento de precios y el sobreendeudamiento de las familias.

Existe cierta sensación social de que la izquierda institucional, a la vez que aprueba leyes que terminan por beneficiar al empresario, intenta apropiarse del discurso de la lucha por la vivienda, ¿qué explicaría esta disociación?

El nivel de ilusión en el ámbito institucional es altísimo, y con ilusión me refiero a ilusionismo, como los magos. Incluso aunque la Ley de Vivienda se cumpliera y los precios se moderaran en las zonas tensionadas, el problema seguiría prácticamente igual. Aun así, la Ley fue celebrada por todos los partidos de la izquierda como un gran éxito de la democracia.

Han sido las movilizaciones de vivienda las que han empujado a los partidos minoritarios dentro de las coaliciones progresistas a distanciarse de la propia Ley que en su momento tanto alabaron

En realidad, han sido las movilizaciones de vivienda las que han empujado a los partidos minoritarios dentro de las coaliciones progresistas a distanciarse de la propia Ley que en su momento tanto alabaron. Ha sido ahora cuando Podemos se ha convertido en adalid del movimiento de la vivienda, y Sumar tres cuartos de lo mismo. Ahora han empezado a buscar otro tipo de alternativas del lado de los movimientos de lucha de la sociedad organizada.

¿Y cómo debe responder la sociedad organizada ante esto?

Tenemos que saber quedarnos huérfanos. Empezar a desconfiar de que las medidas y políticas públicas progresistas van a solucionar el problema de la vivienda. Tiene un punto dramático saber que el Estado en ningún caso va a arreglar el problema, pero tiene un punto positivo saber que nos toca construir las alternativas.

¿En qué consisten esas alternativas?

La problemática de la vivienda tiene un problema fundamental que es el impago: no poder pagar la hipoteca o el alquiler. En 2008, miles de personas no podían pagar su hipoteca, se quedaron endeudados de por vida y de ahí surgió la ‘organización política del impago’. Se trata de poner encima de la mesa el derecho fundamental de la vivienda, y que ese derecho esté por encima de los sistemas de precios y de propiedad.

Se trata de poner encima de la mesa el derecho fundamental de la vivienda, y que ese derecho esté por encima de los sistemas de precios y de propiedad

Es el punto de partida de una lucha que incluye también la okupación, atender a que miles de familias se quedarán en la calle sin ningún tipo de alternativa y que la única opción que les va a quedar es okupar una de las más de 400.000 viviendas vacías que hay en zonas tensionadas.

El término ‘okupa’ carga gran un estigma negativo promovido, en gran parte, por medios de comunicación, ¿es posible revertir este discurso y que la sociedad deje de entender la idea de la vivienda como una mercancía para interiorizarla como un derecho?

Esa es una idea que siempre se intenta transmitir, pero sin caer en la ingenuidad. Muchos de los propietarios son de izquierdas, sin ir más lejos, el año pasado una compañera de la PAH fue desahuciada por un miembro del Partido Comunista de España y profesor de universidad, tras lo que fue expulsado del partido. Por tanto, esto no es una cuestión ética o moral, ni siquiera ideológica, es una cuestión política.

El año pasado una compañera de la PAH fue desahuciada por un miembro del Partido Comunista de España. Esto no es una cuestión ideológica, es una cuestión política

Hay que construir una correlación de fuerzas y de posiciones políticas que permitan defender a quienes se están quedando fuera del mercado de la vivienda.

¿Hasta dónde cree que un Estado o sociedad debería estar dispuesto a limitar el derecho a la propiedad cuando entra en conflicto con el derecho de la vivienda?

Hasta que todo el mundo tenga una vivienda digna, lo que sucede es que esto entra en conflicto con el propio concepto de propiedad. El problema de la vivienda no se va a acabar hasta que no se acabe con el capitalismo.

El centro del capitalismo es la protección y la organización de la propiedad privada, lo que significa la acumulación de propiedades. Es lo contrario al reparto de la propiedad y de los bienes materiales que necesitamos para vivir. Uno de ellos, fundamental, es la vivienda.

La cuestión de la vivienda, ¿es un problema generacional o de clase?

El factor que influye principalmente es el de clase, que tiene que ver con el nivel de ingresos. Frente al mercado del alquiler, quienes peor lo pasan son las rentas más bajas. Es verdad que, en el caso de Madrid u otras grandes ciudades, existe un pequeño porcentaje de inquilinos de renta alta, pero fundamentalmente hablamos de un problema de clase, mezclado, evidentemente, con una cuestión generacional y también con el origen, en relación con dónde has nacido. Los extranjeros, proporcionalmente, viven más de alquiler y también son más jóvenes.

Por otro lado, está el problema de una parte de las clases medias: nuevas generaciones nacidas bajo el paraguas de esa clase media que no están teniendo facilidades para acceder a la vivienda, como sí hicieron sus padres o abuelos a través de la compra y las ayudas públicas, y que ahora se ven sometidos a un mercado de alquiler con los precios disparados.

Frente a este conflicto, alguna vez ha hablado de la ‘crisis de la imposibilidad’, que define como el ‘vivir como se pueda’.

Salvando las distancias, se trata de una crisis que recuerda a la de los años 40 y 50, con grandes movimientos poblacionales hacia Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga… Ahí es donde se produce esa crisis de imposibilidad: personas con trabajo que ni pueden hipotecarse ni, a veces, acceder a un alquiler, ya sea por no tener un contrato indefinido; la suficiente antigüedad; por no ser españoles -el racismo es un elemento del propio sistema de acceso a la vivienda- o, directamente, por la competencia del mercado.

La Cañada Real Galiana es uno de los grandes ejemplos de cómo las clases populares construyen la ciudad que el capitalismo les niega

El resultado es una situación de hacinamiento, alquiler por habitaciones y asentamientos informales. Ejemplos de esto se ven claramente en las periferias de Madrid o Barcelona. La Cañada Real Galiana es uno de los grandes ejemplos de cómo las clases populares construyen la ciudad que el capitalismo les niega.

A día de hoy, ¿ser propietario te sitúa en la clase media o te mantiene en la clase obrera?

Hay que tener en cuenta que el acceso a la propiedad hoy es algo radicalmente distinto a cómo fue en los años 70 y 80, cuando era habitual poder comprar una vivienda en 10 o 15 años, con un coste equivalente a los ingresos de cuatro o cinco años. Esto nos da una idea de la magnitud del problema actual: quien hoy accede a la vivienda sin mayor problema no es el mismo tipo de propietario que entonces.

Si antes hemos hablado de crisis de la imposibilidad, también existe la crisis de la inasequibilidad, marcada por el desajuste entre ingresos y alquileres, que en muchos casos obliga a destinar el 40, 50 o 60% del salario a la vivienda. También está la crisis de la asequibilidad, para quienes aún pueden comprar, pero acceden a hipotecas desde el inicio prácticamente insostenibles.

¿Cree que deberíamos empezar a hablar de la responsabilidad moral del propietario?

Deberíamos hablar de una responsabilidad ‘igual’. Lo que une al propietario de siete viviendas en alquiler con el propietario de una es el interés por aumentar al máximo sus beneficios.

Lo que une al propietario de siete viviendas en alquiler con el propietario de una es el interés por aumentar al máximo sus beneficios

La cuestión sería, por un lado, cómo limitar al máximo o incluso eliminar el beneficio de esos propietarios, eliminar la idea de que la vivienda tiene que ser un negocio; y, por otro, cómo proteger a los miles de personas que en los próximos años van a caer en el impago. Personas que no son ‘ellos’ porque podemos llegar a ser nosotros mismos. Los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial nos dicen que el aumento de ejecuciones hipotecarias, es decir, personas que durante un tiempo dejan de pagar la hipoteca y acaban en desahucio, ha crecido sustancialmente en los últimos años.

¿Cuál es el riesgo de que una sociedad normalice los desahucios?

La normalización tiene que ver con la idea de que a uno no le va a tocar, y eso no es cierto. Las crisis de empleo, como pasó en 2008, donde mucha gente se fue a la calle, también son crisis de impago de vivienda, y eso afecta a quien tiene hipoteca, a quien vive de alquiler, y a quien no tiene ninguna de las dos cosas.

Además, influye la falta de empatía de esa parte de la sociedad propietaria, asentada y todavía mayoritaria, que observa el problema de la vivienda con cierta distancia.

A las cinco de la madrugada han acudido varios miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) a casa de Hamza, en el barrio zaragozano de Torrero. Lo han hecho tratando de impedir algo que, finalmente, se ha producido: el desahucio de este hombre junto a sus tres hijos menores. Era la tercera vez que se intentaba desahuciar a esta familia y la rabia vecinal se sentía en el ambiente. Esta noche, este hombre y sus tres hijos dormirán en el Albergue de Zaragoza, un espacio destinado a personas sin hogar en el Casco Histórico: “No quiere estar ahí”, explica un joven que ha traducido a Hamza ante los medios: “Quiere buscar un piso suyo para vivir con sus hijos. Sus hijos tienen el colegio en Torrero, juegan al fútbol aquí, el albergue está lejos, tiene una hora de camino, quiere algo cerca para hacer más fácil la vida de sus hijos”.

Según cuentan miembros de la PAH, los efectivos policiales han sido igual de madrugadores que ellos, con seis furgones y dos furgonetas cortando la calle donde se iba a producir el desahucio. Algunos jóvenes que han acudido cuentan que llevaban ahí desde las 07:00, aunque la convocatoria era a las 08:00, porque esperaban una gran presencia policial. Lo más llamativo, los niños del colegio Domingo Miral, compañeros de clase y de escuela de los hijos de Hamza, que estaban con sus padres y docentes reclamando que se paralizase el proceso.

Silvia, una de las integrantes de la PAH que ha acudido a primera hora y ha estado dentro de la casa, cuenta que habían preparado un desayuno para los niños y que “la Policía nos ha dicho que lo trasladásemos, cuando estábamos moviendo las cosas ya no nos dejaban volver. Quedábamos cinco, de esos cinco hemos decidido entrar dentro del edificio a acompañarlo, los policías nos decían que se quedaban fuera, pero han intentado entrar al portal, he tenido que cerrar para que no entraban y se han quedado dos compañeros fuera. Hemos subido al piso, los policías han subido por las escaleras, han intentado entrar pero no lo han logrado. Nosotros solo queríamos esperar a la comisión judicial, hemos intentado razonar con ellos y no ha habido manera”, relata.

A las 08:00 —hora en la que la PAH había convocado a los vecinos— cerca de un centenar de vecinos se agolpaban al final de la calle, ocupada casi en su totalidad por seis furgones policiales. Allí, los asistentes han gritado proclamas durante horas, pidiendo que se paralizase el desahucio y con fuertes críticas a los efectivos policiales. “Vecino, despierta, desahucian en tu puerta”, “Hamza y su familia se quedan en Torrero” o “Vergüenza me daría echar a una familia” son algunos de los gritos que se han escuchado durante la fría mañana zaragozana. Entre los asistentes había familias, jóvenes y jubilados. Uno de estos jóvenes comentaba la asistencia de los niños: “Yo creo que era más mayor que ellos cuando vine al primer desahucio, este barrio es así”, decía con orgullo.

Estos niños venían desde el CEIP Domingo Miral, donde estudian los menores que han sufrido el desahucio y en el que ha habido una gran movilización. Jorge Molina es el director de este centro y ha destacado la situación “de vulnerabilidad brutal” que sufre esta familia: “Son tres pequeños que se van a quedar en la calle”. Ha criticado la “inacción” de las administraciones y ha comentado que, en el ámbito escolar, está siendo “complicado” para los afectados y para los compañeros: “Conlleva un trabajo en el colegio de acompañamiento, seguimiento y de gestión de la situación”.

Sobre las 09:30 de la mañana ha llegado hasta el lugar la comisión judicial, que ha entrado en el edificio entre gritos de “vergüenza, vergüenza” por parte de los vecinos concentrados. En esos momentos, Silvia ha actualizado la situación gritando desde el balcón: “Están intentando entrar en la casa”. Sus palabras recibían una gran contestación de los vecinos congregados abajo. Apenas una hora después, en torno a las 10:15, los responsables de la plataforma han bajado y han informado de que el desahucio había sido ejecutado. Carlos, uno de los portavoces de la PAH, ha lamentado el desenlace y ha propuesto realizar una manifestación hasta el Centro Cívico Torrero “a exigir que cumplan su palabra y les den una alternativa habitacional”.

“Hemos cortado medio Torrero”

Las personas congregadas se han organizado y, tras la pancarta, han recorrido los 800 metros que separaban el domicilio de Hamza del Centro Cívico de Torrero. Parando los coches, han cruzado la calle Fray Julián Garcés y han cortado por completo el tráfico en Avenida América, seguidos de dos furgones de la Policía Nacional. Han irrumpido en el espacio municipal y, tras solicitarlo, varios miembros de la plataforma y Hamza han hablado con trabajadoras de Servicios Sociales para poder buscar una alternativa habitacional.

Carlos ha explicado que la solución aportada “no es una victoria” y “no es la ideal”: “La alternativa es una plaza en el albergue que han habilitado para que pueda estar con sus hijos y desarrollar su vida con la máxima naturalidad que puedan en esa estancia, sin límite, hasta que Hamza tenga una alternativa. Es una plaza que no querían ofrecer y gracias a nuestro apoyo lo han hecho”. Ha destacado la “fuerza que hemos demostrado, tanto en el desahucio como en la manifestación: hemos cortado medio Torrero”.

Según explican desde la PAH, Hamza contaba con contrato de alquiler, pero al iniciarse el procedimiento de desahucio por impagos la familia quedó en una situación de extrema vulnerabilidad, sin garantías de conservar su vivienda y sin apoyo de los servicios sociales. “Creemos que se han aprovechado de su situación para estafarle”, señalan desde la plataforma.

En cuanto a los antecedentes que han llevado a Hamza hasta esta situación, Carlos explica que ha sido víctima de una “estafa”: “La propietaria de la vivienda asegura que no le han llegado los recibos, pero Hamza ha estado pagando, tenemos las pruebas. Tiene que ser un juez que diga lo que está pasando. En las negociaciones decíamos que Hamza tiene voluntad de pago, pero la respuesta de la propietaria es que no, quería el desahucio. Ahora lo va a alquilar otra vez”. Asegura que Hamza ha estado “pagando religiosamente hasta que empezaron a darse cuenta de que era una estafa”. El tema se está llevando por vía judicial pero, hasta que se resuelva, Hamza y sus hijos se han quedado sin vivienda. Según traducen a Hamza, ha sido “una mañana muy difícil”. Sus hijos no han dormido en casa, lo han hecho en casa de una vecina, para evitar “que tengan miedo”. Según explica, ha ofrecido a la propietaria “pagar seis meses de una vez para poder acabar el curso escolar, pero ella lo ha rechazado”.

El real decreto que se votará este martes en el Congreso de los Diputados, mantendría suspendidos unos 70.000 desahucios de familias vulnerables en todo el país, según la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), pero todo apunta a que fracasará. Ante esta “situación límite”, según el Sindicato de Inquilinas, tanto este colectivo como la PAH han anunciado futuras acciones: “Si este real decreto cae, va a haber concentraciones, va a haber movilizaciones y vamos a responder”, ha asegurado Valeria Racu, portavoz del sindicato este martes frente al Congreso de los Diputados.

La medida se votará este martes en el Congreso de los Diputados dentro de un decreto ómnibus aprobado en el último Consejo de Ministros de 2025 que llevará, entre otras propuestas, la revalorización de las pensiones. El PP ha anunciado que no lo apoyará, a pesar de que que ha asegurado que estaría dispuesto a llevar adelante esta última por separado. El rechazo por parte de la oposición viene del resto de elementos de este “escudo social”, como lo califica el Gobierno, entre los cuales se encuentran esta moratoria de desahucios o la prórroga de la prohibición del corte de suministros básicos a hogares vulnerables. Junts no ha aclarado si votará en contra o si se abstendrá, pero en ambos casos, el decreto no saldría adelante y los miles de hogares que se habían beneficiado de la moratoria entre abril de 2020 y diciembre de 2025, verían su desahucio reactivado.

“Que hoy caiga este real decreto, no implica simplemente 70.000 desahucios, una oleada que es totalmente inasumible, sino que implica que somos incapaces de proteger el derecho a la vivienda”, ha denunciado Racu, que ha señalado a los grupos que, previsiblemente, no aprobarán estas políticas: “Vamos a ver una vez más cómo la derecha parlamentaria, representada por PP, Vox y sorprendentemente Junts, que también se alinea ahí, a pesar de que Cataluña es líder en desahucios, van a ser una vez más los secuaces de la patronal inmobiliaria y del negocio de la vivienda”. Paco Morote, de la PAH, se ha dirigido también al PP, al que ha reprochado su inacción para regular la vivienda en las comunidades donde gobierna así como de “haberse arrojado en brazos de la especulación y la construcción”.

Valeria Racu ha acusado también al Gobierno de ser “incapaz” de “sacar una única medida que nos proteja a las que más lo necesitamos en este momento”, apuntando a una situación de “emergencia habitacional” que va más allá de este decreto. A las 70.000 familias que podrían verse expulsadas de su casa, se sumarían además los “más de 600.000 que es posible que ocurra en este año”, según ha indicado la portavoz.

Desde la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones, su portavoz, Damián Rodríguez, se ha referido al “chantaje” de la derecha, que amenza con tumbar el decreto por el resto de medidas que lo engloban y ha apuntado que los pensionistas “también están afectados” por la situación de la vivienda.  “El año pasado se votó - el decreto ómnibus- en su conjunto. ¿por qué este año se tiene que separar? La única razón es electoralista”, ha añadido.

Aída Quinatoa siempre ha querido estar al tanto de cada movimiento que se producía en su enrevesado laberinto judicial. Cada nuevo documento, cada escrito, cada avance o retroceso que se ha ido produciendo durante más de una década. Cuando su abogado la llamó este viernes, ella pensó que sería un trámite más. “Me dijo que habíamos ganado, que había un fallo a nuestro favor”, explica con una sonrisa, todavía tratando de asimilar el archivo de un procedimiento de desahucio, contra el que cabe recurso, que la persigue desde 2014. Aunque su lucha por el derecho a la vivienda viene de más atrás y fue una de las semillas de las que brotó la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH).

Quinatoa llegó a España con su pareja a principios de los 2000. La idea era quedarse en el país un par de años y regresar a su Ecuador natal, donde se crio una de las comunidades indígenas y de donde trajo “los valores y la dignidad” de sus abuelas. Pero esa cuenta atrás se fue reiniciando una y otra vez. Empujada por las condiciones de hacinamiento a la que se enfrentan muchos recién llegados, en 2004, la mujer cayó en esas campañas de la época, de empresas como la Central Hipotecaria del Inmigrante, que operaban con diversas entidades bancarías y tentaban a los migrantes con la idea de hacerse con una casa en propiedad y dejar de malgastar el dinero en el alquiler, auspiciadas por unas entidades bancarias que daban crédito sin control para mantener la burbuja.

A través de una inmobiliaria, buscó un piso pequeño, que pudiera pagar con su sueldo de ayuda a domicilio y el de su pareja, que trabajaba en la construcción. “Una casa para vivir”, insiste, que no costase más de 100.000 euros. Lo hizo a través de una inmobiliaria. “Me enseñaron un piso muy bonito en Alcorcón, pero cuando había que ir a firmar me mostraron otro peor. Yo dije que no, pero me amenazaron con cobrarme las comisiones si renunciaba, así que acepté, pero pedí otra casa mejor”, recuerda.

Finalmente, Aída accedió a una vivienda de 46 metros en el barrio obrero de San Blas, con problemas de instalaciones, que “se venía abajo”, y una deuda de 146.000 euros con el banco y 14.000 más con la inmobiliaria. La cuota hipotecaria comenzó por 640 euros mensuales, al margen de los 240 que pagó durante cinco años por la intermediación. Se quedó, también, un aval cruzado. “Te decían que tenías que ayudar a tu compatriota, para que esa persona pueda ayudarte a ti, pero al final cubrías a gente que no conocías de nada”, explica.

Los avales cruzados funcionaban como un efecto dominó, con familias cubriendo a otras que no conocen, que a la vez servían de retén para otras y así sucesivamente. En pie mientras todas resisten, abajo en cadena si una se desmorona. Aída había cubierta a una pareja de compatriotas, que no conoció hasta que se le acercaron en una manifestación por el derecho a una vivienda digna y contra los abusos de la banca. “Ellas dejaron de pagar en 2007 y vinieron a por mi nómina y mi piso en 2008. Siempre echando la culpa a los más débiles”, recuerda.

Aída reivindica los valores de comunidad de su pueblo y el convencimiento de que la lucha debe ser colectiva. “Todo lo que hago es transparente y quiero que el mundo lo sepa, así que puse sobre la mesa mi situación y, efectivamente, no era la única”. En aquel momento, se plantó en la oficina de la entidad bancaria para reclamar una solución. Entonces ya no estaba sola: “Había 100 personas más. No era la única. No era la culpable”.

Esa puesta en común sirvió para tomar conciencia de un problema que acabó propagándose como la pólvora y que terminó provocando más de un millón de desahucios. Los estragos de la crisis financiera e inmobiliaria se notaron primero entre la población migrante, en muchos casos sin una red de apoyo familiar en España. Aída se había organizado junto a sus compatriotas en torno a la asociación Conadee y, cuando la PAH nació en 2011, ella estaba allí.

Para entonces, la caja que le había dado la hipoteca fue absorbida y se había desprendido de su aval cruzado, aunque ella no tiene muy claro el motivo, solo sabe que las personas a las que había avalado volvieron a su país. Durante todo ese tiempo, Aída cumplió religiosamente con su cuota hipotecaría. Siguió pagando en 2007, cuando su pareja se quedó sin trabajo en la crisis que arrasó miles de empleos del sector de la construcción. Y siguió pagando en 2012, cuando ella misma perdió su curro y empezó a cobrar el paro, que destinaba a saldar su deuda. No pudo más en 2014, cuando terminó la prestación. Le quedó una ayuda de 400 euros, “para sobrevivir”, mientras el Euríbor llegó a elevar sus cuotas hipotecarias hasta los 1.200 euros.

Tras cuatro meses sin pagar, Banco de Caja España de Inversiones, inició un procedimiento de desahucio, aunque la deuda ha ido cambiando de manos. Las últimas, según consta en el auto del juzgado de 1ª instancia nº 5 de Madrid, las del fondo Promontoria Aloe S.L. Este procedimiento se suspendió por prejudicialidad penal. Aída y otras decenas de afectados consideraron que habían sido víctimas de una estafa y llevaron a la Central Hipotecaria del Inmigrante, mientras exigían que parasen los desahucios que se propagaron como una epidemia en los años posteriores al estallido de la burbuja.

Pero aquel procedimiento penal no prosperó. “No ha habido mucha voluntad por parte de las autoridades ni de la Fiscalía de investigar y penalizar las prácticas que llevaron a la crisis, como la comercialización de hipotecas basura”, explica el abogado de Aída, Gonzalo Carrasco, que recuerda que, a través de ese “chiringuito, se repartían hipotecas entre inmigrantes sin arraigo, recién llegados y sin ingresos fijos, con el mensaje de que tiraban el dinero en el alquiler”.

“Yo tenía la razón”

Más de una década después, aquel procedimiento de desahucio se retomó, aunque Aída siempre ha vivido con la maleta hecha y esa amenaza de fondo. Pero nunca pensó en tirar la toalla, ni regresar a su país. “Yo tenía la razón”, reivindica. Y eso que durante todo este tiempo tuvo ofrecimientos, como la dación en paga, que volvía a dejarla en la calle, tras pagar su hipoteca durante más de una década. “Me llamaban para preguntar qué solución tenía. Yo les preguntaba si para ellos o para mí y se enfadaban”, recuerda.

El auto, que llegó a manos de Aída el pasado viernes, y que ordena el sobreseimiento del procedimiento de desahucio, admite que la mujer fue víctima de una cláusula abusiva, la de vencimiento anticipado. El juzgado considera que “la entidad bancaria dio por vencido anticipadamente el préstamo hipotecario cuando los prestatarios habían incumplido el pago de cuatro cuotas”, sin cumplir los requisitos del artículo 24 de la ley de Contratos de Crédito Inmobiliario, que establece los porcentajes adeudados de impago que justifican esa cláusula.

Sobre este punto, ya se pronunció el Tribunal Supremo en 2019, con una sentencia a la que se refiere el auto del juzgado de 1ª instancia nº 5 de Madrid y que indica que, en este caso, “el incumplimiento del deudor no reúne los requisitos de gravedad y proporcionalidad necesarios para proceder a dar por resuelto anticipadamente el contrato”.

El auto, no obstante, sí reconoce una deuda de 120.000 euros, más unos intereses de 36.000. “La mecánica de funcionamiento del préstamo hace que si no puedes pagar una cuota, ni dos, ni tres, no puedes rehabilitar el préstamo, así que han pasado 12 años con una deuda que se ha ido haciendo más grande, con más intereses y que te coloca en una situación en la que no tienes ninguna posibilidad de cumplir, aunque quieras, salvo que llegues a algún tipo de acuerdo”, explica el abogado.

Este sobreseimiento no es firme. De hecho, la entidad puede recurrir o, incluso, iniciar otro procedimiento por la misma causa. “Es algo que solo ocurre en los procedimientos de ejecución hipotecaria, donde puedes perder e iniciar otro, ya que no se considera cosa juzgada, así que tienen vía abierta para abrir una nueva demanda”, lamenta Carrasco.

Aída, por el momento, prefiere disfrutar de esta victoria, que, repite una y otra vez, no es solo suya. “Este triunfo es de toda la gente que ha sufrido, a la que el sistema le ha dado la espalda, a quienes saben qué es que te llamen a medianoche para decirte que te vayas de tu casa. [De quienes sienten] esa inseguridad de vivir en una vivienda que te van a quitar”. Por eso, confía en que este paso, “abre la puerta a muchas familias que han sido rehenes de delitos económicos”.

La mujer, que se había formado en psicología en Ecuador, mientras cuidaba de una familia de siete hermanos, estudió Derecho en España y acaba de aprobar un máster en delitos económicos. Ella sigue repitiendo una frase que no ha parado de mencionar en estos más de 15 años: “No voy a parar hasta que haya un banquero en la cárcel”.

Hoy tendría que haberse celebrado el jucio a los 19 activistas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Zaragoza acusados de  delito continuado de coacciones y otro de desórdenes públicos al realizar una protesta en una entidad bancaria para tratar de evitar un desahucio. Sin embargo, la jueza ha postpuesto la cita judicial al 18 y 19 de diciembre al no poder presentarse una de las acusadas “por encontrarse viviendo en otra ciudad y en situación de vulnerabilidad, no ha tenido medios para venir a Zaragoza”. Desde la plataforma aseguran que han ofrecido la posiblidad de declarar por vía telemátic, “pero ha rechazado la propuesta”.

Por otro lado, Caixabank, la entidad bancaria que acusa a estos activistas, ha rebajado la petición de penas de casi tres años a un año y once meses. Según han informado desde la PAH, “la razón es que de esta manera el juicio podría celebrarse aunque los acusados no estén presentes. Esto solo nos demuestra que no hay ningún tipo de justicia en este proceso, y que Caixa solo está interesada en imponer la pena de banquillo como una forma de aleccionar e intimidar a los movimientos sociales”.

Aseguran que continuan luchando “con la misma fuerza y determinación contra los especuladores y quien lo permite” y convocan a las personas y colectivos que les han apoyado hoy a las puertas del juzgado al jueves 18 de diciembre, cuando se celebrará el juicio.

Movilizaciones dentro de la oficina bancaria

Las movilizaciones se produjeron en el marco de la negociación para tratar de paralizar el desahucio de Mariano, un vecino que vivía con sus hijas menores y no podía hacer frente al pago de la hipoteca. Desde la plataforma pedían un alquiler social para esta familia, algo que —según denuncian— fue rechazado por la entidad bancaria.

La entidad sostiene en el auto que los manifestantes ejercieron “una intimidación directa” sobre los empleados durante ocho meses, impidiendo el normal funcionamiento de la oficina. Entre los comportamientos señalados se incluyen el uso de megafonía dirigida hacia el interior del local, la colocación de dispositivos ruidosos, insultos a trabajadores y, en una ocasión, la irrupción en la sucursal “gritando consignas, tirando papeles y octavillas”, lo que habría impedido que clientes y empleados pudieran trabajar con normalidad. Por su parte, el Ministerio Fiscal aprecia únicamente un delito de desórdenes públicos y solicita una multa de nueve meses a razón de ocho euros diarios, sin reconocer coacciones ni violencia.

Una veintena de miembros y simpatizantes de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Zaragoza se enfrentan a penas de hasta tres años de prisión por las protestas que llevaron a cabo frente a una sucursal de Caixabank en el Coso entre octubre de 2022 y mayo de 2023. Las movilizaciones se produjeron en el marco de la negociación para tratar de paralizar el desahucio de Mariano, un vecino que vivía con sus hijas menores y no podía hacer frente al pago de la hipoteca. Desde la plataforma pedían un alquiler social para esta familia, algo que —según denuncian— fue rechazado por la entidad bancaria. Dicha entidad ha rechazado dar declaraciones sobre esta cuestión.

El Juzgado de Instrucción número 8 de Zaragoza ha acordado la apertura de juicio oral contra las 19 personas encausadas, a las que Caixabank acusa de un delito continuado de coacciones, por el que solicita dos años y medio de prisión, y otro de desórdenes públicos, con cinco meses adicionales, según consta en el auto judicial. La entidad sostiene que los manifestantes ejercieron “una intimidación directa” sobre los empleados durante ocho meses, impidiendo el normal funcionamiento de la oficina. Entre los comportamientos señalados se incluyen el uso de megafonía dirigida hacia el interior del local, la colocación de dispositivos ruidosos, insultos a trabajadores y, en una ocasión, la irrupción en la sucursal “gritando consignas, tirando papeles y octavillas”, lo que habría impedido que clientes y empleados pudieran trabajar con normalidad. Por su parte, el Ministerio Fiscal aprecia únicamente un delito de desórdenes públicos y solicita una multa de nueve meses a razón de ocho euros diarios, sin reconocer coacciones ni violencia.

Carlos, uno de los acusados, explica que las protestas nacieron de una situación de emergencia social. “Empezamos una campaña contra la entidad para buscar una solución, un alquiler social para Mariano y sus hijas. CaixaBank se negó, y ante esa negativa hicimos una campaña para visibilizar los abusos”, relata. Según asegura, “entramos en la oficina solo para pedir una reunión con la directora; no hubo violencia, nuestra arma es la verdad”. Además, relata que la entidad bancaría les ofreció una vivienda como alquiler social “pero no nos la quiso enseñar. Investigamos, la localizamos y era una vivienda que no cumplía los criterios mínimos de salubridad ni seguridad, era una infravivienda. Esto nos hizo entender que Caixa da como alternativa habitacional viviendas que no puede sacar a mercado y de esta forma puede extraer beneficio de ellas mientras habla de que está dando alternativas habitacionales”.

El activista considera que la respuesta judicial es “desproporcionada” y que el caso trasciende a la situación concreta. “La plataforma representa un peligro, entre comillas, para la banca, porque estamos consiguiendo alquileres sociales y alternativas habitacionales donde ni la banca ni las instituciones las están dando”, afirma. “Antes del verano obtuvimos un alquiler social para una mujer víctima de violencia de género. El banco quería desahuciarla y, gracias a nuestras negociaciones, conseguimos evitarlo”, añade.

Carlos reconoce que enfrentarse a un proceso con penas de prisión genera altibajos emocionales: “Hay momentos en que te vienes arriba y otros en que estás más deprimido porque las penas son altas. Si no estuviera con el apoyo de la propia plataforma y de la calle, enfrentarse solo sería mucho más duro. Pero el miedo no nos frena. La derrota habría sido no luchar”.

Nayara, otra de las personas encausadas, ya participó en un proceso judicial anterior vinculado a la misma campaña. Fue condenada por un delito leve de daños, lo que le genera una preocupación añadida ante la posibilidad de acumular antecedentes: “Lo que más nos preocupa es la acumulación de antecedentes. En el primero no había riesgo de cárcel, pero ahora sí. Nos piden casi tres años de prisión y unos 45.000 euros en multas, sin contar costas y abogados”, explica. “

La activista describe el desgaste que la causa ha supuesto para el grupo. “Estamos hablando de que no nos jugamos simplemente la condena, te estás jugando tu situación vital. Hay compañeras que están regularizando su nacionalidad, otras sin residencia estable o con riesgos laborales”, señala. “Nos está pasando factura, pero hemos intentado remar todas en la misma dirección e impedir que el miedo nos paralice. Lo que quería Caixa y los testigos del banco era que no volviéramos a las puertas, que no mantuviéramos esa forma de lucha tan combativa”.

Pese a las dificultades, Nayara asegura que la PAH sigue activa. “Ha sido la fuerza colectiva y la experiencia de las compañeras la que ha hecho que el grupo no se disuelva. La multa que se propone es muy elevada, y llevamos casi todos los fines de semana haciendo actos para recaudar dinero. Es la muestra de que no nos hemos rendido”, resume.

El juicio se celebrará los días 30 y 31 de octubre en el Juzgado de lo Penal de Zaragoza. La manifestación en apoyo a los encausados tuvo lugar el pasado sábado 25 de octubre en la plaza de la Madalena, donde decenas de personas mostraron su solidaridad con las acusadas. Desde la PAH recuerdan que el proceso coincide con la nueva campaña institucional sobre vivienda lanzada por el Gobierno central: “Mientras por un lado lanzan vídeos y eslóganes, por otro intentan meter en la cárcel a 19 personas por intentar negociar con un banco para evitar el desahucio de una familia con dos niñas pequeñas”.

La PAH ha tornat a concentrar-se davant de la Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge per a denunciar un nou cas de desnonament “injust i amb una presència policial desproporcionada” contra Miguel i Marcia, que se suma als 206.000 registrats en el territori valencià des del 2008, segons la plataforma. “No han donat cap solució a la sol·licitud de la moratòria hipotecària de la Llei 1/2013, a pesar que tenen un certificat de vulnerabilitat. No han trobat habitatge assequible en el mercat i no els han oferit una residència del parc públic”, ha reclamat Eugeni Albert, membre de l’Associació Veïnal de Benimaclet i de l’espai associatiu CaRevolta.

El passat 8 d’abril un fons voltor va arrabassar la llar a aquest matrimoni de 62 i 72 anys, que residien des de fa més de 30 anys al barri de Benimaclet. Aquest últim cas de desnonament agreuja, una vegada mé la problemàtica estructural de l’habitatge en la capital del Túria. Durant l’època de la crisi econòmica, Marcia la van despatxar de la faena i, amb això, la hipoteca es va convertir en una despesa desorbitada i inassumible. Com a conseqüència, van haver de negociar amb la Caixa d’Estalvis del Mediterrani (CAM) per no perdre la casa a canvi del pagament d’un lloguer. Posteriorment, el Banc Sabadell va comprar la CAM i va vendre la seua llar a un fons voltor de capital estranger, la CAM9, que ha adquirit el deute del matrimoni i els ha deixat sense un sostre. L’ictus que va tindre Miguel li va fer perdre la faena,  cosa que va complicar encara més tot el seu escenari residencial. “Hem estat lluitant per si ens donaven un habitatge de lloguer. No ens han donat una solució. No es pot fer res estant al carrer”, ha explicat l’afectat als mitjans presents.

Així mateix, des de la plataforma sol·liciten que la Generalitat expropie forçosament la banca rescatada i que assumisca la titularitat de contractes de lloguer perquè s’hi puguen subrogar les famílies: “Constatem com el Govern valencià es nega rotundament a afrontar l’emergència residencial”, han manifestat. Amb això, el secretari autonòmic d’Habitatge, Sebastián Fernández Miralles, els va oferir un alberg en què estava prohibit portar les seues pertinences i posteriorment els va proposar una plaça en una residència de persones majors, “la gestió de la qual tardarà mesos”, segons els han traslladat. 

José Luis González, portaveu de la PAH, també ha posat el focus en el dret de tanteig i retracte a què es poden acollir els ajuntaments i la Generalitat, una norma introduïda pel Consell de Ximo Puig que permet que la Generalitat Valenciana puga adquirir habitatges en procés de subhasta per impagament d’hipoteca o edificis complets que s’hagueren de vendre, per exemple, a empreses privades per a especular. Una fórmula que sempre ha tingut la negativa de l’executiu de Catalá, però a què es van acollir per a reallotjar els veïns afectats de l’incendi de Campanar. Una doble vara de mesurar. “Instem l’Ajuntament i la Generalitat que es queden amb els habitatges amb dret de tanteig i retracte, i si no en tingueren, obligar els grans tenidors a fer contractes de lloguer, complint l’article 13 de la Llei 3/2023, del 13 d’abril, d’habitatges col·laboratius de la Comunitat Valenciana”, ha destacat el portaveu.

Entre les mesures proposades, la PAH ha exigit que es paralitzen tots els desnonaments pròxims, que es renoven els contractes de lloguer, i que es deixe de mercantilitzar amb ‘habitatge, un bé que suposa “un dret, no un privilegi”. A més, també han posat el focus en la necessitat d’ampliar el parc públic d’habitatges, amb mesures com el dret de tanteig i retracte i la incorporació dels habitatges de la Sareb: “Volem que es prioritzen les persones per damunt del capital”.

“Venim a denunciar que necessitem habitatge públic i que no volem que la Conselleria ajude que els fons voltor es queden amb les nostres cases i que s’impliquen en aquesta xacra que suposen 11 desnonaments al dia al País Valencià, ha assegurat González, que ha xifrat en 3.610 els desnonaments l’any passat a la Comunitat Valenciana.

En aquest sentit, el portaveu ha manifestat que les promeses de la cartera d’habitatge no s’han complit en cap moment: “Es van reunir amb el secretari autonòmic i els van dir que farien gestions amb la Conselleria i amb l’Entitat Valenciana d’Habitatge i Sòl (EVha). No obstant això, no els han oferit alternativa i malviuen en les cases de qui els acull. Els serveis socials i l’Ajuntament els ofereix un alberg, però això no és una opció digna. Volem habitatges públics per a la gent en aquesta situació”.

El secretari autonòmic d’Habitatge ha dedicat uns minuts per a parlar amb la plataforma, a qui ha oferit una sala de huit persones com a màxim per a reunir-se. No obstant això, el portaveu de la plataforma li ha recordat que ja s’han reunit moltes vegades i que sempre acaben sense alternatives, cosa a què que el segon titular d’Habitatge ha respost: “Parlem dins”. Després d’aquestes paraules, Miralles s’ha retirat cap a l’edifici de la Conselleria sota els crits dels afectats, que li reclamaven que dialogara amb ells en el moment de la concentració.

La PAH ha vuelto a concentrarse frente a la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda para denunciar un nuevo caso de desahucio “injusto y con una presencia policial desproporcionada” contra Miguel y Marcia, que se suma a los 206.000 registrados en el territorio valenciano desde 2008, según la plataforma. “No han dado ninguna solución a la solicitud de la moratoria hipotecaria de la ley 1/2013, a pesar de que cuentan con un certificado de vulnerabilidad. No han encontrado vivienda asequible en el mercado y no les han ofrecido una residencia del parque público”, ha reclamado Eugeni Albert, miembro de la Asociación Vecinal de Benimaclet y del espacio asociativo CaRevolta.

El pasado 8 de abril un fondo buitre les arrebató el hogar a este matrimonio de 62 y 72 años, quienes residían desde hace más de 30 años en el barrio de Benimaclet. Este último caso de desahucio, agrava, una vez más la problemática estructural de la vivienda en la capital del Túria. Durante la época de la crisis económica, a Marcia la despidieron de su trabajo y con ello, la hipoteca se convirtió en un gasto desorbitado e inasumible. Como consecuencia, tuvieron que negociar con la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) para no perder su casa a cambio del pago de un alquiler. Posteriormente, el banco Sabadell compró la CAM y vendió su hogar a un fondo buitre de capital extranjero, la CAM9, quien ha adquirido la deuda del matrimonio dejándolos sin un techo. El ictus que sufrió Miguel le hizo perder el trabajo, lo que complicó aún más todo su escenario residencial. “Hemos estado luchando por si nos daban una vivienda en alquiler. No nos han dado una solución. No se puede hacer nada estando en la calle”, ha explicado el afectado a los medios presentes.

Asimismo, desde la plataforma solicitan que la Generalitat expropie forzosamente la banca rescatada y que asuma la titularidad de contratos de alquiler para que se puedan subrogar las familias: “Constatamos como el Gobierno valenciano se niega rotundamente a afrontar la emergencia habitacional”, han manifiestado. Con ello, el secretario autonómico de vivienda, Sebastián Fernández Miralles, les ofreció un albergue donde estaba prohibido traer sus pertenencias y posteriormente se propuso una plaza en una residencia de personas mayores, “la gestión de la cual tardará meses”, según les han trasladado.

José Luis González, portavoz de la PAH, también ha puesto el foco en el derecho de tanteo y retracto al que se pueden acoger los ayuntamientos y la Generalitat, una norma introducida por el consell de Ximo Puig que permite que la Generalitat Valenciana pueda adquirir viviendas en proceso de subasta por impago de hipoteca o edificios completos que fueran a venderse, por ejemplo, a empresas privadas para especular. Una fórmula que siempre ha tenido la negativa del Ejecutivo de Catalá, pero a la que se acogieron para realojar a los vecinos afectados del incendio de Campanar. Una doble vara de medir. “Instamos al Ayuntamiento y a la Generalitat a que se queden con las viviendas con derecho al tanteo y retracto, y si no lo tuvieran, obligar a los grandes tenedores hacer contratos de alquiler, cumpliendo con el artículo 13 de la Ley 3/2023, de 13 de abril, de viviendas colaborativas de la Comunitat Valenciana”, ha destacado el portavoz.

Entre las medidas propuestas, la PAH ha exigido que se paralicen todos los desahucios próximos, que se renueven los contratos de alquiler, y que se deje de mercantilizar con la vivienda, un bien que supone “un derecho, no un privilegio”. Además, también han puesto el foco en la necesidad de ampliar el parque público de viviendas, con medidas como el derecho al tanteo y rectracto y la incorporación de las viviendas de la Sareb: “Queremos que se prioricen las personas por encima del capital”.

“Venimos a denunciar que necesitamos vivienda pública y que no queremos que la Conselleria ayude a que los fondos buitres se queden con nuestras casas y que se impliquen en esta lacra que suponen 11 desahucios al día en el País Valencià, ha asegurado González, quien ha cifrado en 3.610 desahucios el año pasado en la Comunitat Valenciana.

En este sentido, el portavoz ha manifestado que las promesas de la cartera de vivienda no se han cumplido en ningún momento: “Se reunieron con el secretario autonómico y les dijeron que iban a hacer gestiones con la Conselleria y con la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVha). Sin embargo, no les han ofrecido alternativa y están malviviendo en las casas de quien les acoge. Los servicios sociales y el ayuntamiento les ofrece un albergue, pero eso no es una opción digna. Queremos viviendas públicas para la gente en esta situación”.

El secretario autonómico de vivienda ha dedicado unos minutos para hablar con la plataforma, a quienes les ha ofrecido una sala de máximo ocho personas para reunirse. Sin embargo, el portavoz de la plataforma le ha recordado que ya se han reunido en muchas ocasiones y que siempre terminan sin alternativas, a lo que el segundo titular de la vivienda ha respondido: “Hablamos dentro”. Tras estas palabras, Miralles se ha retirado hacia el edificio de la Conselleria bajo gritos de los afectados quienes le reclamaban que dialogara con ellos en el momento de la concentración.