El Juzgado de lo Penal de Zaragoza ha condenado a 19 integrantes de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Zaragoza por un delito de desórdenes públicos en relación con las protestas desarrolladas entre octubre de 2022 y mayo de 2023 ante una sucursal de CaixaBank en el Coso, según ha comunicado la propia plataforma. La resolución impone una multa que asciende a 25.000 euros en total y dos años de antecedentes penales para las personas encausadas. Las movilizaciones se enmarcaron en la campaña para tratar de paralizar el desahucio de Mariano, un vecino que vivía con sus hijas menores y no podía hacer frente al pago de la hipoteca. La plataforma reclamaba un alquiler social como alternativa habitacional, una opción que —según sostienen— fue rechazada por la entidad financiera.

En un comunicado tras conocer el fallo, la plataforma califica la sentencia de “ejemplarizante” y sostiene que busca “castigar a quienes están organizadas y advertir a quienes se lo están pensando”. Asegura que el proceso judicial responde a una estrategia para “debilitar al movimiento de vivienda” mediante sanciones económicas que, en caso de impago, podrían derivar en responsabilidades penales.

Durante la instrucción, la entidad bancaria acusó a las manifestantes de un delito continuado de coacciones y otro de desórdenes públicos, al considerar que las acciones —entre ellas el uso de megafonía, la colocación de dispositivos sonoros y la entrada en la oficina para exigir una reunión— impidieron el normal funcionamiento de la sucursal e intimidaron a los trabajadores. Por su parte, el Ministerio Fiscal no apreció coacciones ni violencia y calificó los hechos únicamente como desórdenes públicos.

Carlos, miembro de la PAH y uno de los condenados, señala que la resolución era “esperable” dado el marco legal. “Lo que realmente se juzga son nuestras formas de lucha como movimiento social”, afirma. A su juicio, la legislación es “ambigua” al penalizar la interrupción del funcionamiento de una sucursal y permite sancionar la protesta ciudadana. “Sabíamos que la absolución era muy difícil porque supondría avalar que el movimiento de vivienda puede entrar en las oficinas para exigir soluciones”, añade.

Según relata, durante el juicio las directivas de la entidad manifestaron haberse sentido intimidadas, aunque —afirma— no se acreditaron episodios de violencia. También critica el papel de la Fiscalía, que, en su opinión, actuó “casi como acusación particular”. “Nuestra defensa no buscaba compasión, sino mantener la dignidad y explicar que pedíamos una vivienda digna para Mariano”, subraya.

La plataforma ha anunciado que pondrá en marcha una campaña de micromecenazgo para afrontar la multa. “Son 25.000 euros y, si no se pagan, podríamos enfrentarnos a prisión. Llamamos a la solidaridad para que esto no paralice nuestra actividad”, explica Carlos, quien insiste en que la organización continuará con su labor. “Nuestras formas de lucha son las que dan resultado y no van a cambiar”.

El pasado 5 de febrero, mientras la borrasca Marta, segunda del mes tras Leonardo (nombres populares, para que nos vayamos familiarizando, quizá) tumbaba árboles y abría telediarios, se publicaba la encuesta anual de Condiciones de Vida del INE, reflejando datos que hablan de una tormenta mucho más discreta: más del 25% de la población vive en riesgo de pobreza o exclusión social, y el 36% no pudo afrontar gastos imprevistos en 2025.

En paralelo, el precio de la vivienda sigue escalando hacia niveles que recuerdan a la antesala del estallido de la burbuja. El metro cuadrado ha superado su máximo histórico desde 2008. Un crecimiento que parece haber pisado el acelerador con fuerza en la Región de Murcia, donde la vivienda de segunda mano se ha encarecido casi un 30%, convirtiéndose en la comunidad donde más han subido los precios en el último año.

Frente a esta tormenta social y económica, el Sindicato de Vivienda de Murcia invitó el pasado viernes 13 al historiador, activista y miembro de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) Pablo Carmona para presentar su libro ‘La democracia de los propietarios’ (2022) y ofrecer una ponencia sobre la cuestión de la vivienda y el papel de las organizaciones sociales en la céntrica librería Libros Traperos.

Aprovechando su paso por la ciudad, hablamos con Carmona sobre la crisis de la vivienda en España, las políticas públicas que la rodean o el papel de los movimientos sociales frente al conflicto.

Ha dicho en alguna ocasión que las políticas públicas en materia de vivienda no buscan solucionar el problema, las califica de ‘parche’, ¿a dónde considera que van dirigidas?

El único objetivo de las políticas públicas de vivienda del Estado español es mantener el valor de los activos inmobiliarios. Esto se traduce en que quienes son propietarios puedan vender sus viviendas a precios de mercado. Se trata de ‘la profecía del propietario’: cuando en la cena de Navidad, el primo dice que su propiedad cuesta medio millón porque lo ha visto en Idealista, y alrededor de esa cifra se construye todo un relato de cómo va a mejorar su vida. El Estado garantiza que eso sea posible, y esas condiciones se reflejan en políticas que benefician al propietario.

El único objetivo de las políticas públicas de vivienda del Estado español es mantener el valor de los activos inmobiliarios

A pesar de que hoy se habla mucho de políticas públicas de vivienda, todas han protegido al casero particular, que es el mayor tipo de rentista del país. La Ley de Vivienda permite que los propietarios obtengan beneficios fiscales por alquilar, sin penalizar precios desorbitados, e incluso ofrece desgravaciones por alquilar mientras mantienen su vivienda habitual.

¿Y qué justifica esa voluntad que, a su juicio, tiene el Estado de beneficiar al propietario?

Que el valor de las propiedades inmobiliarias en manos de particulares supera cuatro veces el PIB. Además de los niveles de ingreso salariales, es el principal activo que sostiene a la clase media.

Intervenir el sistema de reproducción de la propiedad y sus beneficios, hacer que bajen los precios y que ese activo valga menos… La realidad es que socializar la vivienda pasa por tocarle el bolsillo a una parte importantísima de población, más de dos millones de personas reciben ingresos por alquileres de vivienda en este país, por eso la cuestión se sigue mirando desde el punto de vista de los propietarios, no digamos ya en el Parlamento. Muchas veces digo que este conflicto se entiende mejor en términos de guerra civil que de guerra de clases.

¿Qué opina de la medida del fondo España Crece, por la que Sánchez ha anunciado que movilizará 23.000 millones para construir 15.000 viviendas al año?

Los anuncios del gobierno siempre tienen un aire grandilocuente demasiado alejado de la realidad. Debemos recordar que Sánchez ha anunciado en los últimos años en sus distintos planes más de 180.000 viviendas que no han terminado de concretarse.

A la espera de los detalles, se puede ver que el objetivo del gobierno es reactivar el sector constructor e inmobiliario español, algo que suele ir de la mano con el aumento de precios y el sobreendeudamiento de las familias.

Existe cierta sensación social de que la izquierda institucional, a la vez que aprueba leyes que terminan por beneficiar al empresario, intenta apropiarse del discurso de la lucha por la vivienda, ¿qué explicaría esta disociación?

El nivel de ilusión en el ámbito institucional es altísimo, y con ilusión me refiero a ilusionismo, como los magos. Incluso aunque la Ley de Vivienda se cumpliera y los precios se moderaran en las zonas tensionadas, el problema seguiría prácticamente igual. Aun así, la Ley fue celebrada por todos los partidos de la izquierda como un gran éxito de la democracia.

Han sido las movilizaciones de vivienda las que han empujado a los partidos minoritarios dentro de las coaliciones progresistas a distanciarse de la propia Ley que en su momento tanto alabaron

En realidad, han sido las movilizaciones de vivienda las que han empujado a los partidos minoritarios dentro de las coaliciones progresistas a distanciarse de la propia Ley que en su momento tanto alabaron. Ha sido ahora cuando Podemos se ha convertido en adalid del movimiento de la vivienda, y Sumar tres cuartos de lo mismo. Ahora han empezado a buscar otro tipo de alternativas del lado de los movimientos de lucha de la sociedad organizada.

¿Y cómo debe responder la sociedad organizada ante esto?

Tenemos que saber quedarnos huérfanos. Empezar a desconfiar de que las medidas y políticas públicas progresistas van a solucionar el problema de la vivienda. Tiene un punto dramático saber que el Estado en ningún caso va a arreglar el problema, pero tiene un punto positivo saber que nos toca construir las alternativas.

¿En qué consisten esas alternativas?

La problemática de la vivienda tiene un problema fundamental que es el impago: no poder pagar la hipoteca o el alquiler. En 2008, miles de personas no podían pagar su hipoteca, se quedaron endeudados de por vida y de ahí surgió la ‘organización política del impago’. Se trata de poner encima de la mesa el derecho fundamental de la vivienda, y que ese derecho esté por encima de los sistemas de precios y de propiedad.

Se trata de poner encima de la mesa el derecho fundamental de la vivienda, y que ese derecho esté por encima de los sistemas de precios y de propiedad

Es el punto de partida de una lucha que incluye también la okupación, atender a que miles de familias se quedarán en la calle sin ningún tipo de alternativa y que la única opción que les va a quedar es okupar una de las más de 400.000 viviendas vacías que hay en zonas tensionadas.

El término ‘okupa’ carga gran un estigma negativo promovido, en gran parte, por medios de comunicación, ¿es posible revertir este discurso y que la sociedad deje de entender la idea de la vivienda como una mercancía para interiorizarla como un derecho?

Esa es una idea que siempre se intenta transmitir, pero sin caer en la ingenuidad. Muchos de los propietarios son de izquierdas, sin ir más lejos, el año pasado una compañera de la PAH fue desahuciada por un miembro del Partido Comunista de España y profesor de universidad, tras lo que fue expulsado del partido. Por tanto, esto no es una cuestión ética o moral, ni siquiera ideológica, es una cuestión política.

El año pasado una compañera de la PAH fue desahuciada por un miembro del Partido Comunista de España. Esto no es una cuestión ideológica, es una cuestión política

Hay que construir una correlación de fuerzas y de posiciones políticas que permitan defender a quienes se están quedando fuera del mercado de la vivienda.

¿Hasta dónde cree que un Estado o sociedad debería estar dispuesto a limitar el derecho a la propiedad cuando entra en conflicto con el derecho de la vivienda?

Hasta que todo el mundo tenga una vivienda digna, lo que sucede es que esto entra en conflicto con el propio concepto de propiedad. El problema de la vivienda no se va a acabar hasta que no se acabe con el capitalismo.

El centro del capitalismo es la protección y la organización de la propiedad privada, lo que significa la acumulación de propiedades. Es lo contrario al reparto de la propiedad y de los bienes materiales que necesitamos para vivir. Uno de ellos, fundamental, es la vivienda.

La cuestión de la vivienda, ¿es un problema generacional o de clase?

El factor que influye principalmente es el de clase, que tiene que ver con el nivel de ingresos. Frente al mercado del alquiler, quienes peor lo pasan son las rentas más bajas. Es verdad que, en el caso de Madrid u otras grandes ciudades, existe un pequeño porcentaje de inquilinos de renta alta, pero fundamentalmente hablamos de un problema de clase, mezclado, evidentemente, con una cuestión generacional y también con el origen, en relación con dónde has nacido. Los extranjeros, proporcionalmente, viven más de alquiler y también son más jóvenes.

Por otro lado, está el problema de una parte de las clases medias: nuevas generaciones nacidas bajo el paraguas de esa clase media que no están teniendo facilidades para acceder a la vivienda, como sí hicieron sus padres o abuelos a través de la compra y las ayudas públicas, y que ahora se ven sometidos a un mercado de alquiler con los precios disparados.

Frente a este conflicto, alguna vez ha hablado de la ‘crisis de la imposibilidad’, que define como el ‘vivir como se pueda’.

Salvando las distancias, se trata de una crisis que recuerda a la de los años 40 y 50, con grandes movimientos poblacionales hacia Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga… Ahí es donde se produce esa crisis de imposibilidad: personas con trabajo que ni pueden hipotecarse ni, a veces, acceder a un alquiler, ya sea por no tener un contrato indefinido; la suficiente antigüedad; por no ser españoles -el racismo es un elemento del propio sistema de acceso a la vivienda- o, directamente, por la competencia del mercado.

La Cañada Real Galiana es uno de los grandes ejemplos de cómo las clases populares construyen la ciudad que el capitalismo les niega

El resultado es una situación de hacinamiento, alquiler por habitaciones y asentamientos informales. Ejemplos de esto se ven claramente en las periferias de Madrid o Barcelona. La Cañada Real Galiana es uno de los grandes ejemplos de cómo las clases populares construyen la ciudad que el capitalismo les niega.

A día de hoy, ¿ser propietario te sitúa en la clase media o te mantiene en la clase obrera?

Hay que tener en cuenta que el acceso a la propiedad hoy es algo radicalmente distinto a cómo fue en los años 70 y 80, cuando era habitual poder comprar una vivienda en 10 o 15 años, con un coste equivalente a los ingresos de cuatro o cinco años. Esto nos da una idea de la magnitud del problema actual: quien hoy accede a la vivienda sin mayor problema no es el mismo tipo de propietario que entonces.

Si antes hemos hablado de crisis de la imposibilidad, también existe la crisis de la inasequibilidad, marcada por el desajuste entre ingresos y alquileres, que en muchos casos obliga a destinar el 40, 50 o 60% del salario a la vivienda. También está la crisis de la asequibilidad, para quienes aún pueden comprar, pero acceden a hipotecas desde el inicio prácticamente insostenibles.

¿Cree que deberíamos empezar a hablar de la responsabilidad moral del propietario?

Deberíamos hablar de una responsabilidad ‘igual’. Lo que une al propietario de siete viviendas en alquiler con el propietario de una es el interés por aumentar al máximo sus beneficios.

Lo que une al propietario de siete viviendas en alquiler con el propietario de una es el interés por aumentar al máximo sus beneficios

La cuestión sería, por un lado, cómo limitar al máximo o incluso eliminar el beneficio de esos propietarios, eliminar la idea de que la vivienda tiene que ser un negocio; y, por otro, cómo proteger a los miles de personas que en los próximos años van a caer en el impago. Personas que no son ‘ellos’ porque podemos llegar a ser nosotros mismos. Los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial nos dicen que el aumento de ejecuciones hipotecarias, es decir, personas que durante un tiempo dejan de pagar la hipoteca y acaban en desahucio, ha crecido sustancialmente en los últimos años.

¿Cuál es el riesgo de que una sociedad normalice los desahucios?

La normalización tiene que ver con la idea de que a uno no le va a tocar, y eso no es cierto. Las crisis de empleo, como pasó en 2008, donde mucha gente se fue a la calle, también son crisis de impago de vivienda, y eso afecta a quien tiene hipoteca, a quien vive de alquiler, y a quien no tiene ninguna de las dos cosas.

Además, influye la falta de empatía de esa parte de la sociedad propietaria, asentada y todavía mayoritaria, que observa el problema de la vivienda con cierta distancia.

A las cinco de la madrugada han acudido varios miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) a casa de Hamza, en el barrio zaragozano de Torrero. Lo han hecho tratando de impedir algo que, finalmente, se ha producido: el desahucio de este hombre junto a sus tres hijos menores. Era la tercera vez que se intentaba desahuciar a esta familia y la rabia vecinal se sentía en el ambiente. Esta noche, este hombre y sus tres hijos dormirán en el Albergue de Zaragoza, un espacio destinado a personas sin hogar en el Casco Histórico: “No quiere estar ahí”, explica un joven que ha traducido a Hamza ante los medios: “Quiere buscar un piso suyo para vivir con sus hijos. Sus hijos tienen el colegio en Torrero, juegan al fútbol aquí, el albergue está lejos, tiene una hora de camino, quiere algo cerca para hacer más fácil la vida de sus hijos”.

Según cuentan miembros de la PAH, los efectivos policiales han sido igual de madrugadores que ellos, con seis furgones y dos furgonetas cortando la calle donde se iba a producir el desahucio. Algunos jóvenes que han acudido cuentan que llevaban ahí desde las 07:00, aunque la convocatoria era a las 08:00, porque esperaban una gran presencia policial. Lo más llamativo, los niños del colegio Domingo Miral, compañeros de clase y de escuela de los hijos de Hamza, que estaban con sus padres y docentes reclamando que se paralizase el proceso.

Silvia, una de las integrantes de la PAH que ha acudido a primera hora y ha estado dentro de la casa, cuenta que habían preparado un desayuno para los niños y que “la Policía nos ha dicho que lo trasladásemos, cuando estábamos moviendo las cosas ya no nos dejaban volver. Quedábamos cinco, de esos cinco hemos decidido entrar dentro del edificio a acompañarlo, los policías nos decían que se quedaban fuera, pero han intentado entrar al portal, he tenido que cerrar para que no entraban y se han quedado dos compañeros fuera. Hemos subido al piso, los policías han subido por las escaleras, han intentado entrar pero no lo han logrado. Nosotros solo queríamos esperar a la comisión judicial, hemos intentado razonar con ellos y no ha habido manera”, relata.

A las 08:00 —hora en la que la PAH había convocado a los vecinos— cerca de un centenar de vecinos se agolpaban al final de la calle, ocupada casi en su totalidad por seis furgones policiales. Allí, los asistentes han gritado proclamas durante horas, pidiendo que se paralizase el desahucio y con fuertes críticas a los efectivos policiales. “Vecino, despierta, desahucian en tu puerta”, “Hamza y su familia se quedan en Torrero” o “Vergüenza me daría echar a una familia” son algunos de los gritos que se han escuchado durante la fría mañana zaragozana. Entre los asistentes había familias, jóvenes y jubilados. Uno de estos jóvenes comentaba la asistencia de los niños: “Yo creo que era más mayor que ellos cuando vine al primer desahucio, este barrio es así”, decía con orgullo.

Estos niños venían desde el CEIP Domingo Miral, donde estudian los menores que han sufrido el desahucio y en el que ha habido una gran movilización. Jorge Molina es el director de este centro y ha destacado la situación “de vulnerabilidad brutal” que sufre esta familia: “Son tres pequeños que se van a quedar en la calle”. Ha criticado la “inacción” de las administraciones y ha comentado que, en el ámbito escolar, está siendo “complicado” para los afectados y para los compañeros: “Conlleva un trabajo en el colegio de acompañamiento, seguimiento y de gestión de la situación”.

Sobre las 09:30 de la mañana ha llegado hasta el lugar la comisión judicial, que ha entrado en el edificio entre gritos de “vergüenza, vergüenza” por parte de los vecinos concentrados. En esos momentos, Silvia ha actualizado la situación gritando desde el balcón: “Están intentando entrar en la casa”. Sus palabras recibían una gran contestación de los vecinos congregados abajo. Apenas una hora después, en torno a las 10:15, los responsables de la plataforma han bajado y han informado de que el desahucio había sido ejecutado. Carlos, uno de los portavoces de la PAH, ha lamentado el desenlace y ha propuesto realizar una manifestación hasta el Centro Cívico Torrero “a exigir que cumplan su palabra y les den una alternativa habitacional”.

“Hemos cortado medio Torrero”

Las personas congregadas se han organizado y, tras la pancarta, han recorrido los 800 metros que separaban el domicilio de Hamza del Centro Cívico de Torrero. Parando los coches, han cruzado la calle Fray Julián Garcés y han cortado por completo el tráfico en Avenida América, seguidos de dos furgones de la Policía Nacional. Han irrumpido en el espacio municipal y, tras solicitarlo, varios miembros de la plataforma y Hamza han hablado con trabajadoras de Servicios Sociales para poder buscar una alternativa habitacional.

Carlos ha explicado que la solución aportada “no es una victoria” y “no es la ideal”: “La alternativa es una plaza en el albergue que han habilitado para que pueda estar con sus hijos y desarrollar su vida con la máxima naturalidad que puedan en esa estancia, sin límite, hasta que Hamza tenga una alternativa. Es una plaza que no querían ofrecer y gracias a nuestro apoyo lo han hecho”. Ha destacado la “fuerza que hemos demostrado, tanto en el desahucio como en la manifestación: hemos cortado medio Torrero”.

Según explican desde la PAH, Hamza contaba con contrato de alquiler, pero al iniciarse el procedimiento de desahucio por impagos la familia quedó en una situación de extrema vulnerabilidad, sin garantías de conservar su vivienda y sin apoyo de los servicios sociales. “Creemos que se han aprovechado de su situación para estafarle”, señalan desde la plataforma.

En cuanto a los antecedentes que han llevado a Hamza hasta esta situación, Carlos explica que ha sido víctima de una “estafa”: “La propietaria de la vivienda asegura que no le han llegado los recibos, pero Hamza ha estado pagando, tenemos las pruebas. Tiene que ser un juez que diga lo que está pasando. En las negociaciones decíamos que Hamza tiene voluntad de pago, pero la respuesta de la propietaria es que no, quería el desahucio. Ahora lo va a alquilar otra vez”. Asegura que Hamza ha estado “pagando religiosamente hasta que empezaron a darse cuenta de que era una estafa”. El tema se está llevando por vía judicial pero, hasta que se resuelva, Hamza y sus hijos se han quedado sin vivienda. Según traducen a Hamza, ha sido “una mañana muy difícil”. Sus hijos no han dormido en casa, lo han hecho en casa de una vecina, para evitar “que tengan miedo”. Según explica, ha ofrecido a la propietaria “pagar seis meses de una vez para poder acabar el curso escolar, pero ella lo ha rechazado”.

El real decreto que se votará este martes en el Congreso de los Diputados, mantendría suspendidos unos 70.000 desahucios de familias vulnerables en todo el país, según la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), pero todo apunta a que fracasará. Ante esta “situación límite”, según el Sindicato de Inquilinas, tanto este colectivo como la PAH han anunciado futuras acciones: “Si este real decreto cae, va a haber concentraciones, va a haber movilizaciones y vamos a responder”, ha asegurado Valeria Racu, portavoz del sindicato este martes frente al Congreso de los Diputados.

La medida se votará este martes en el Congreso de los Diputados dentro de un decreto ómnibus aprobado en el último Consejo de Ministros de 2025 que llevará, entre otras propuestas, la revalorización de las pensiones. El PP ha anunciado que no lo apoyará, a pesar de que que ha asegurado que estaría dispuesto a llevar adelante esta última por separado. El rechazo por parte de la oposición viene del resto de elementos de este “escudo social”, como lo califica el Gobierno, entre los cuales se encuentran esta moratoria de desahucios o la prórroga de la prohibición del corte de suministros básicos a hogares vulnerables. Junts no ha aclarado si votará en contra o si se abstendrá, pero en ambos casos, el decreto no saldría adelante y los miles de hogares que se habían beneficiado de la moratoria entre abril de 2020 y diciembre de 2025, verían su desahucio reactivado.

“Que hoy caiga este real decreto, no implica simplemente 70.000 desahucios, una oleada que es totalmente inasumible, sino que implica que somos incapaces de proteger el derecho a la vivienda”, ha denunciado Racu, que ha señalado a los grupos que, previsiblemente, no aprobarán estas políticas: “Vamos a ver una vez más cómo la derecha parlamentaria, representada por PP, Vox y sorprendentemente Junts, que también se alinea ahí, a pesar de que Cataluña es líder en desahucios, van a ser una vez más los secuaces de la patronal inmobiliaria y del negocio de la vivienda”. Paco Morote, de la PAH, se ha dirigido también al PP, al que ha reprochado su inacción para regular la vivienda en las comunidades donde gobierna así como de “haberse arrojado en brazos de la especulación y la construcción”.

Valeria Racu ha acusado también al Gobierno de ser “incapaz” de “sacar una única medida que nos proteja a las que más lo necesitamos en este momento”, apuntando a una situación de “emergencia habitacional” que va más allá de este decreto. A las 70.000 familias que podrían verse expulsadas de su casa, se sumarían además los “más de 600.000 que es posible que ocurra en este año”, según ha indicado la portavoz.

Desde la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones, su portavoz, Damián Rodríguez, se ha referido al “chantaje” de la derecha, que amenza con tumbar el decreto por el resto de medidas que lo engloban y ha apuntado que los pensionistas “también están afectados” por la situación de la vivienda.  “El año pasado se votó - el decreto ómnibus- en su conjunto. ¿por qué este año se tiene que separar? La única razón es electoralista”, ha añadido.

Aída Quinatoa siempre ha querido estar al tanto de cada movimiento que se producía en su enrevesado laberinto judicial. Cada nuevo documento, cada escrito, cada avance o retroceso que se ha ido produciendo durante más de una década. Cuando su abogado la llamó este viernes, ella pensó que sería un trámite más. “Me dijo que habíamos ganado, que había un fallo a nuestro favor”, explica con una sonrisa, todavía tratando de asimilar el archivo de un procedimiento de desahucio, contra el que cabe recurso, que la persigue desde 2014. Aunque su lucha por el derecho a la vivienda viene de más atrás y fue una de las semillas de las que brotó la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH).

Quinatoa llegó a España con su pareja a principios de los 2000. La idea era quedarse en el país un par de años y regresar a su Ecuador natal, donde se crio una de las comunidades indígenas y de donde trajo “los valores y la dignidad” de sus abuelas. Pero esa cuenta atrás se fue reiniciando una y otra vez. Empujada por las condiciones de hacinamiento a la que se enfrentan muchos recién llegados, en 2004, la mujer cayó en esas campañas de la época, de empresas como la Central Hipotecaria del Inmigrante, que operaban con diversas entidades bancarías y tentaban a los migrantes con la idea de hacerse con una casa en propiedad y dejar de malgastar el dinero en el alquiler, auspiciadas por unas entidades bancarias que daban crédito sin control para mantener la burbuja.

A través de una inmobiliaria, buscó un piso pequeño, que pudiera pagar con su sueldo de ayuda a domicilio y el de su pareja, que trabajaba en la construcción. “Una casa para vivir”, insiste, que no costase más de 100.000 euros. Lo hizo a través de una inmobiliaria. “Me enseñaron un piso muy bonito en Alcorcón, pero cuando había que ir a firmar me mostraron otro peor. Yo dije que no, pero me amenazaron con cobrarme las comisiones si renunciaba, así que acepté, pero pedí otra casa mejor”, recuerda.

Finalmente, Aída accedió a una vivienda de 46 metros en el barrio obrero de San Blas, con problemas de instalaciones, que “se venía abajo”, y una deuda de 146.000 euros con el banco y 14.000 más con la inmobiliaria. La cuota hipotecaria comenzó por 640 euros mensuales, al margen de los 240 que pagó durante cinco años por la intermediación. Se quedó, también, un aval cruzado. “Te decían que tenías que ayudar a tu compatriota, para que esa persona pueda ayudarte a ti, pero al final cubrías a gente que no conocías de nada”, explica.

Los avales cruzados funcionaban como un efecto dominó, con familias cubriendo a otras que no conocen, que a la vez servían de retén para otras y así sucesivamente. En pie mientras todas resisten, abajo en cadena si una se desmorona. Aída había cubierta a una pareja de compatriotas, que no conoció hasta que se le acercaron en una manifestación por el derecho a una vivienda digna y contra los abusos de la banca. “Ellas dejaron de pagar en 2007 y vinieron a por mi nómina y mi piso en 2008. Siempre echando la culpa a los más débiles”, recuerda.

Aída reivindica los valores de comunidad de su pueblo y el convencimiento de que la lucha debe ser colectiva. “Todo lo que hago es transparente y quiero que el mundo lo sepa, así que puse sobre la mesa mi situación y, efectivamente, no era la única”. En aquel momento, se plantó en la oficina de la entidad bancaria para reclamar una solución. Entonces ya no estaba sola: “Había 100 personas más. No era la única. No era la culpable”.

Esa puesta en común sirvió para tomar conciencia de un problema que acabó propagándose como la pólvora y que terminó provocando más de un millón de desahucios. Los estragos de la crisis financiera e inmobiliaria se notaron primero entre la población migrante, en muchos casos sin una red de apoyo familiar en España. Aída se había organizado junto a sus compatriotas en torno a la asociación Conadee y, cuando la PAH nació en 2011, ella estaba allí.

Para entonces, la caja que le había dado la hipoteca fue absorbida y se había desprendido de su aval cruzado, aunque ella no tiene muy claro el motivo, solo sabe que las personas a las que había avalado volvieron a su país. Durante todo ese tiempo, Aída cumplió religiosamente con su cuota hipotecaría. Siguió pagando en 2007, cuando su pareja se quedó sin trabajo en la crisis que arrasó miles de empleos del sector de la construcción. Y siguió pagando en 2012, cuando ella misma perdió su curro y empezó a cobrar el paro, que destinaba a saldar su deuda. No pudo más en 2014, cuando terminó la prestación. Le quedó una ayuda de 400 euros, “para sobrevivir”, mientras el Euríbor llegó a elevar sus cuotas hipotecarias hasta los 1.200 euros.

Tras cuatro meses sin pagar, Banco de Caja España de Inversiones, inició un procedimiento de desahucio, aunque la deuda ha ido cambiando de manos. Las últimas, según consta en el auto del juzgado de 1ª instancia nº 5 de Madrid, las del fondo Promontoria Aloe S.L. Este procedimiento se suspendió por prejudicialidad penal. Aída y otras decenas de afectados consideraron que habían sido víctimas de una estafa y llevaron a la Central Hipotecaria del Inmigrante, mientras exigían que parasen los desahucios que se propagaron como una epidemia en los años posteriores al estallido de la burbuja.

Pero aquel procedimiento penal no prosperó. “No ha habido mucha voluntad por parte de las autoridades ni de la Fiscalía de investigar y penalizar las prácticas que llevaron a la crisis, como la comercialización de hipotecas basura”, explica el abogado de Aída, Gonzalo Carrasco, que recuerda que, a través de ese “chiringuito, se repartían hipotecas entre inmigrantes sin arraigo, recién llegados y sin ingresos fijos, con el mensaje de que tiraban el dinero en el alquiler”.

“Yo tenía la razón”

Más de una década después, aquel procedimiento de desahucio se retomó, aunque Aída siempre ha vivido con la maleta hecha y esa amenaza de fondo. Pero nunca pensó en tirar la toalla, ni regresar a su país. “Yo tenía la razón”, reivindica. Y eso que durante todo este tiempo tuvo ofrecimientos, como la dación en paga, que volvía a dejarla en la calle, tras pagar su hipoteca durante más de una década. “Me llamaban para preguntar qué solución tenía. Yo les preguntaba si para ellos o para mí y se enfadaban”, recuerda.

El auto, que llegó a manos de Aída el pasado viernes, y que ordena el sobreseimiento del procedimiento de desahucio, admite que la mujer fue víctima de una cláusula abusiva, la de vencimiento anticipado. El juzgado considera que “la entidad bancaria dio por vencido anticipadamente el préstamo hipotecario cuando los prestatarios habían incumplido el pago de cuatro cuotas”, sin cumplir los requisitos del artículo 24 de la ley de Contratos de Crédito Inmobiliario, que establece los porcentajes adeudados de impago que justifican esa cláusula.

Sobre este punto, ya se pronunció el Tribunal Supremo en 2019, con una sentencia a la que se refiere el auto del juzgado de 1ª instancia nº 5 de Madrid y que indica que, en este caso, “el incumplimiento del deudor no reúne los requisitos de gravedad y proporcionalidad necesarios para proceder a dar por resuelto anticipadamente el contrato”.

El auto, no obstante, sí reconoce una deuda de 120.000 euros, más unos intereses de 36.000. “La mecánica de funcionamiento del préstamo hace que si no puedes pagar una cuota, ni dos, ni tres, no puedes rehabilitar el préstamo, así que han pasado 12 años con una deuda que se ha ido haciendo más grande, con más intereses y que te coloca en una situación en la que no tienes ninguna posibilidad de cumplir, aunque quieras, salvo que llegues a algún tipo de acuerdo”, explica el abogado.

Este sobreseimiento no es firme. De hecho, la entidad puede recurrir o, incluso, iniciar otro procedimiento por la misma causa. “Es algo que solo ocurre en los procedimientos de ejecución hipotecaria, donde puedes perder e iniciar otro, ya que no se considera cosa juzgada, así que tienen vía abierta para abrir una nueva demanda”, lamenta Carrasco.

Aída, por el momento, prefiere disfrutar de esta victoria, que, repite una y otra vez, no es solo suya. “Este triunfo es de toda la gente que ha sufrido, a la que el sistema le ha dado la espalda, a quienes saben qué es que te llamen a medianoche para decirte que te vayas de tu casa. [De quienes sienten] esa inseguridad de vivir en una vivienda que te van a quitar”. Por eso, confía en que este paso, “abre la puerta a muchas familias que han sido rehenes de delitos económicos”.

La mujer, que se había formado en psicología en Ecuador, mientras cuidaba de una familia de siete hermanos, estudió Derecho en España y acaba de aprobar un máster en delitos económicos. Ella sigue repitiendo una frase que no ha parado de mencionar en estos más de 15 años: “No voy a parar hasta que haya un banquero en la cárcel”.

Hoy tendría que haberse celebrado el jucio a los 19 activistas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Zaragoza acusados de  delito continuado de coacciones y otro de desórdenes públicos al realizar una protesta en una entidad bancaria para tratar de evitar un desahucio. Sin embargo, la jueza ha postpuesto la cita judicial al 18 y 19 de diciembre al no poder presentarse una de las acusadas “por encontrarse viviendo en otra ciudad y en situación de vulnerabilidad, no ha tenido medios para venir a Zaragoza”. Desde la plataforma aseguran que han ofrecido la posiblidad de declarar por vía telemátic, “pero ha rechazado la propuesta”.

Por otro lado, Caixabank, la entidad bancaria que acusa a estos activistas, ha rebajado la petición de penas de casi tres años a un año y once meses. Según han informado desde la PAH, “la razón es que de esta manera el juicio podría celebrarse aunque los acusados no estén presentes. Esto solo nos demuestra que no hay ningún tipo de justicia en este proceso, y que Caixa solo está interesada en imponer la pena de banquillo como una forma de aleccionar e intimidar a los movimientos sociales”.

Aseguran que continuan luchando “con la misma fuerza y determinación contra los especuladores y quien lo permite” y convocan a las personas y colectivos que les han apoyado hoy a las puertas del juzgado al jueves 18 de diciembre, cuando se celebrará el juicio.

Movilizaciones dentro de la oficina bancaria

Las movilizaciones se produjeron en el marco de la negociación para tratar de paralizar el desahucio de Mariano, un vecino que vivía con sus hijas menores y no podía hacer frente al pago de la hipoteca. Desde la plataforma pedían un alquiler social para esta familia, algo que —según denuncian— fue rechazado por la entidad bancaria.

La entidad sostiene en el auto que los manifestantes ejercieron “una intimidación directa” sobre los empleados durante ocho meses, impidiendo el normal funcionamiento de la oficina. Entre los comportamientos señalados se incluyen el uso de megafonía dirigida hacia el interior del local, la colocación de dispositivos ruidosos, insultos a trabajadores y, en una ocasión, la irrupción en la sucursal “gritando consignas, tirando papeles y octavillas”, lo que habría impedido que clientes y empleados pudieran trabajar con normalidad. Por su parte, el Ministerio Fiscal aprecia únicamente un delito de desórdenes públicos y solicita una multa de nueve meses a razón de ocho euros diarios, sin reconocer coacciones ni violencia.

Una veintena de miembros y simpatizantes de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Zaragoza se enfrentan a penas de hasta tres años de prisión por las protestas que llevaron a cabo frente a una sucursal de Caixabank en el Coso entre octubre de 2022 y mayo de 2023. Las movilizaciones se produjeron en el marco de la negociación para tratar de paralizar el desahucio de Mariano, un vecino que vivía con sus hijas menores y no podía hacer frente al pago de la hipoteca. Desde la plataforma pedían un alquiler social para esta familia, algo que —según denuncian— fue rechazado por la entidad bancaria. Dicha entidad ha rechazado dar declaraciones sobre esta cuestión.

El Juzgado de Instrucción número 8 de Zaragoza ha acordado la apertura de juicio oral contra las 19 personas encausadas, a las que Caixabank acusa de un delito continuado de coacciones, por el que solicita dos años y medio de prisión, y otro de desórdenes públicos, con cinco meses adicionales, según consta en el auto judicial. La entidad sostiene que los manifestantes ejercieron “una intimidación directa” sobre los empleados durante ocho meses, impidiendo el normal funcionamiento de la oficina. Entre los comportamientos señalados se incluyen el uso de megafonía dirigida hacia el interior del local, la colocación de dispositivos ruidosos, insultos a trabajadores y, en una ocasión, la irrupción en la sucursal “gritando consignas, tirando papeles y octavillas”, lo que habría impedido que clientes y empleados pudieran trabajar con normalidad. Por su parte, el Ministerio Fiscal aprecia únicamente un delito de desórdenes públicos y solicita una multa de nueve meses a razón de ocho euros diarios, sin reconocer coacciones ni violencia.

Carlos, uno de los acusados, explica que las protestas nacieron de una situación de emergencia social. “Empezamos una campaña contra la entidad para buscar una solución, un alquiler social para Mariano y sus hijas. CaixaBank se negó, y ante esa negativa hicimos una campaña para visibilizar los abusos”, relata. Según asegura, “entramos en la oficina solo para pedir una reunión con la directora; no hubo violencia, nuestra arma es la verdad”. Además, relata que la entidad bancaría les ofreció una vivienda como alquiler social “pero no nos la quiso enseñar. Investigamos, la localizamos y era una vivienda que no cumplía los criterios mínimos de salubridad ni seguridad, era una infravivienda. Esto nos hizo entender que Caixa da como alternativa habitacional viviendas que no puede sacar a mercado y de esta forma puede extraer beneficio de ellas mientras habla de que está dando alternativas habitacionales”.

El activista considera que la respuesta judicial es “desproporcionada” y que el caso trasciende a la situación concreta. “La plataforma representa un peligro, entre comillas, para la banca, porque estamos consiguiendo alquileres sociales y alternativas habitacionales donde ni la banca ni las instituciones las están dando”, afirma. “Antes del verano obtuvimos un alquiler social para una mujer víctima de violencia de género. El banco quería desahuciarla y, gracias a nuestras negociaciones, conseguimos evitarlo”, añade.

Carlos reconoce que enfrentarse a un proceso con penas de prisión genera altibajos emocionales: “Hay momentos en que te vienes arriba y otros en que estás más deprimido porque las penas son altas. Si no estuviera con el apoyo de la propia plataforma y de la calle, enfrentarse solo sería mucho más duro. Pero el miedo no nos frena. La derrota habría sido no luchar”.

Nayara, otra de las personas encausadas, ya participó en un proceso judicial anterior vinculado a la misma campaña. Fue condenada por un delito leve de daños, lo que le genera una preocupación añadida ante la posibilidad de acumular antecedentes: “Lo que más nos preocupa es la acumulación de antecedentes. En el primero no había riesgo de cárcel, pero ahora sí. Nos piden casi tres años de prisión y unos 45.000 euros en multas, sin contar costas y abogados”, explica. “

La activista describe el desgaste que la causa ha supuesto para el grupo. “Estamos hablando de que no nos jugamos simplemente la condena, te estás jugando tu situación vital. Hay compañeras que están regularizando su nacionalidad, otras sin residencia estable o con riesgos laborales”, señala. “Nos está pasando factura, pero hemos intentado remar todas en la misma dirección e impedir que el miedo nos paralice. Lo que quería Caixa y los testigos del banco era que no volviéramos a las puertas, que no mantuviéramos esa forma de lucha tan combativa”.

Pese a las dificultades, Nayara asegura que la PAH sigue activa. “Ha sido la fuerza colectiva y la experiencia de las compañeras la que ha hecho que el grupo no se disuelva. La multa que se propone es muy elevada, y llevamos casi todos los fines de semana haciendo actos para recaudar dinero. Es la muestra de que no nos hemos rendido”, resume.

El juicio se celebrará los días 30 y 31 de octubre en el Juzgado de lo Penal de Zaragoza. La manifestación en apoyo a los encausados tuvo lugar el pasado sábado 25 de octubre en la plaza de la Madalena, donde decenas de personas mostraron su solidaridad con las acusadas. Desde la PAH recuerdan que el proceso coincide con la nueva campaña institucional sobre vivienda lanzada por el Gobierno central: “Mientras por un lado lanzan vídeos y eslóganes, por otro intentan meter en la cárcel a 19 personas por intentar negociar con un banco para evitar el desahucio de una familia con dos niñas pequeñas”.

La PAH ha tornat a concentrar-se davant de la Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge per a denunciar un nou cas de desnonament “injust i amb una presència policial desproporcionada” contra Miguel i Marcia, que se suma als 206.000 registrats en el territori valencià des del 2008, segons la plataforma. “No han donat cap solució a la sol·licitud de la moratòria hipotecària de la Llei 1/2013, a pesar que tenen un certificat de vulnerabilitat. No han trobat habitatge assequible en el mercat i no els han oferit una residència del parc públic”, ha reclamat Eugeni Albert, membre de l’Associació Veïnal de Benimaclet i de l’espai associatiu CaRevolta.

El passat 8 d’abril un fons voltor va arrabassar la llar a aquest matrimoni de 62 i 72 anys, que residien des de fa més de 30 anys al barri de Benimaclet. Aquest últim cas de desnonament agreuja, una vegada mé la problemàtica estructural de l’habitatge en la capital del Túria. Durant l’època de la crisi econòmica, Marcia la van despatxar de la faena i, amb això, la hipoteca es va convertir en una despesa desorbitada i inassumible. Com a conseqüència, van haver de negociar amb la Caixa d’Estalvis del Mediterrani (CAM) per no perdre la casa a canvi del pagament d’un lloguer. Posteriorment, el Banc Sabadell va comprar la CAM i va vendre la seua llar a un fons voltor de capital estranger, la CAM9, que ha adquirit el deute del matrimoni i els ha deixat sense un sostre. L’ictus que va tindre Miguel li va fer perdre la faena,  cosa que va complicar encara més tot el seu escenari residencial. “Hem estat lluitant per si ens donaven un habitatge de lloguer. No ens han donat una solució. No es pot fer res estant al carrer”, ha explicat l’afectat als mitjans presents.

Així mateix, des de la plataforma sol·liciten que la Generalitat expropie forçosament la banca rescatada i que assumisca la titularitat de contractes de lloguer perquè s’hi puguen subrogar les famílies: “Constatem com el Govern valencià es nega rotundament a afrontar l’emergència residencial”, han manifestat. Amb això, el secretari autonòmic d’Habitatge, Sebastián Fernández Miralles, els va oferir un alberg en què estava prohibit portar les seues pertinences i posteriorment els va proposar una plaça en una residència de persones majors, “la gestió de la qual tardarà mesos”, segons els han traslladat. 

José Luis González, portaveu de la PAH, també ha posat el focus en el dret de tanteig i retracte a què es poden acollir els ajuntaments i la Generalitat, una norma introduïda pel Consell de Ximo Puig que permet que la Generalitat Valenciana puga adquirir habitatges en procés de subhasta per impagament d’hipoteca o edificis complets que s’hagueren de vendre, per exemple, a empreses privades per a especular. Una fórmula que sempre ha tingut la negativa de l’executiu de Catalá, però a què es van acollir per a reallotjar els veïns afectats de l’incendi de Campanar. Una doble vara de mesurar. “Instem l’Ajuntament i la Generalitat que es queden amb els habitatges amb dret de tanteig i retracte, i si no en tingueren, obligar els grans tenidors a fer contractes de lloguer, complint l’article 13 de la Llei 3/2023, del 13 d’abril, d’habitatges col·laboratius de la Comunitat Valenciana”, ha destacat el portaveu.

Entre les mesures proposades, la PAH ha exigit que es paralitzen tots els desnonaments pròxims, que es renoven els contractes de lloguer, i que es deixe de mercantilitzar amb ‘habitatge, un bé que suposa “un dret, no un privilegi”. A més, també han posat el focus en la necessitat d’ampliar el parc públic d’habitatges, amb mesures com el dret de tanteig i retracte i la incorporació dels habitatges de la Sareb: “Volem que es prioritzen les persones per damunt del capital”.

“Venim a denunciar que necessitem habitatge públic i que no volem que la Conselleria ajude que els fons voltor es queden amb les nostres cases i que s’impliquen en aquesta xacra que suposen 11 desnonaments al dia al País Valencià, ha assegurat González, que ha xifrat en 3.610 els desnonaments l’any passat a la Comunitat Valenciana.

En aquest sentit, el portaveu ha manifestat que les promeses de la cartera d’habitatge no s’han complit en cap moment: “Es van reunir amb el secretari autonòmic i els van dir que farien gestions amb la Conselleria i amb l’Entitat Valenciana d’Habitatge i Sòl (EVha). No obstant això, no els han oferit alternativa i malviuen en les cases de qui els acull. Els serveis socials i l’Ajuntament els ofereix un alberg, però això no és una opció digna. Volem habitatges públics per a la gent en aquesta situació”.

El secretari autonòmic d’Habitatge ha dedicat uns minuts per a parlar amb la plataforma, a qui ha oferit una sala de huit persones com a màxim per a reunir-se. No obstant això, el portaveu de la plataforma li ha recordat que ja s’han reunit moltes vegades i que sempre acaben sense alternatives, cosa a què que el segon titular d’Habitatge ha respost: “Parlem dins”. Després d’aquestes paraules, Miralles s’ha retirat cap a l’edifici de la Conselleria sota els crits dels afectats, que li reclamaven que dialogara amb ells en el moment de la concentració.

La PAH ha vuelto a concentrarse frente a la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda para denunciar un nuevo caso de desahucio “injusto y con una presencia policial desproporcionada” contra Miguel y Marcia, que se suma a los 206.000 registrados en el territorio valenciano desde 2008, según la plataforma. “No han dado ninguna solución a la solicitud de la moratoria hipotecaria de la ley 1/2013, a pesar de que cuentan con un certificado de vulnerabilidad. No han encontrado vivienda asequible en el mercado y no les han ofrecido una residencia del parque público”, ha reclamado Eugeni Albert, miembro de la Asociación Vecinal de Benimaclet y del espacio asociativo CaRevolta.

El pasado 8 de abril un fondo buitre les arrebató el hogar a este matrimonio de 62 y 72 años, quienes residían desde hace más de 30 años en el barrio de Benimaclet. Este último caso de desahucio, agrava, una vez más la problemática estructural de la vivienda en la capital del Túria. Durante la época de la crisis económica, a Marcia la despidieron de su trabajo y con ello, la hipoteca se convirtió en un gasto desorbitado e inasumible. Como consecuencia, tuvieron que negociar con la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) para no perder su casa a cambio del pago de un alquiler. Posteriormente, el banco Sabadell compró la CAM y vendió su hogar a un fondo buitre de capital extranjero, la CAM9, quien ha adquirido la deuda del matrimonio dejándolos sin un techo. El ictus que sufrió Miguel le hizo perder el trabajo, lo que complicó aún más todo su escenario residencial. “Hemos estado luchando por si nos daban una vivienda en alquiler. No nos han dado una solución. No se puede hacer nada estando en la calle”, ha explicado el afectado a los medios presentes.

Asimismo, desde la plataforma solicitan que la Generalitat expropie forzosamente la banca rescatada y que asuma la titularidad de contratos de alquiler para que se puedan subrogar las familias: “Constatamos como el Gobierno valenciano se niega rotundamente a afrontar la emergencia habitacional”, han manifiestado. Con ello, el secretario autonómico de vivienda, Sebastián Fernández Miralles, les ofreció un albergue donde estaba prohibido traer sus pertenencias y posteriormente se propuso una plaza en una residencia de personas mayores, “la gestión de la cual tardará meses”, según les han trasladado.

José Luis González, portavoz de la PAH, también ha puesto el foco en el derecho de tanteo y retracto al que se pueden acoger los ayuntamientos y la Generalitat, una norma introducida por el consell de Ximo Puig que permite que la Generalitat Valenciana pueda adquirir viviendas en proceso de subasta por impago de hipoteca o edificios completos que fueran a venderse, por ejemplo, a empresas privadas para especular. Una fórmula que siempre ha tenido la negativa del Ejecutivo de Catalá, pero a la que se acogieron para realojar a los vecinos afectados del incendio de Campanar. Una doble vara de medir. “Instamos al Ayuntamiento y a la Generalitat a que se queden con las viviendas con derecho al tanteo y retracto, y si no lo tuvieran, obligar a los grandes tenedores hacer contratos de alquiler, cumpliendo con el artículo 13 de la Ley 3/2023, de 13 de abril, de viviendas colaborativas de la Comunitat Valenciana”, ha destacado el portavoz.

Entre las medidas propuestas, la PAH ha exigido que se paralicen todos los desahucios próximos, que se renueven los contratos de alquiler, y que se deje de mercantilizar con la vivienda, un bien que supone “un derecho, no un privilegio”. Además, también han puesto el foco en la necesidad de ampliar el parque público de viviendas, con medidas como el derecho al tanteo y rectracto y la incorporación de las viviendas de la Sareb: “Queremos que se prioricen las personas por encima del capital”.

“Venimos a denunciar que necesitamos vivienda pública y que no queremos que la Conselleria ayude a que los fondos buitres se queden con nuestras casas y que se impliquen en esta lacra que suponen 11 desahucios al día en el País Valencià, ha asegurado González, quien ha cifrado en 3.610 desahucios el año pasado en la Comunitat Valenciana.

En este sentido, el portavoz ha manifestado que las promesas de la cartera de vivienda no se han cumplido en ningún momento: “Se reunieron con el secretario autonómico y les dijeron que iban a hacer gestiones con la Conselleria y con la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVha). Sin embargo, no les han ofrecido alternativa y están malviviendo en las casas de quien les acoge. Los servicios sociales y el ayuntamiento les ofrece un albergue, pero eso no es una opción digna. Queremos viviendas públicas para la gente en esta situación”.

El secretario autonómico de vivienda ha dedicado unos minutos para hablar con la plataforma, a quienes les ha ofrecido una sala de máximo ocho personas para reunirse. Sin embargo, el portavoz de la plataforma le ha recordado que ya se han reunido en muchas ocasiones y que siempre terminan sin alternativas, a lo que el segundo titular de la vivienda ha respondido: “Hablamos dentro”. Tras estas palabras, Miralles se ha retirado hacia el edificio de la Conselleria bajo gritos de los afectados quienes le reclamaban que dialogara con ellos en el momento de la concentración.

'Acabemos con el negocio de la vivienda' ha sido el lema que ha presidido la jornada de movilización estatal que durante este sábado ha movilizado a 40 ciudades de todo el país. Los manifestantes han denunciado, entre otras cuestiones, la subida abusiva de los precios de alquiler en los últimos años, la ejecución de desahucios a familias vulnerables en favor de alquileres vacacionales y la existencia y legitimación de empresas de desokupación.

Murcia, junto con Málaga, ha sido la primera ciudad en salir a la calle, con la jornada de protestas convocada a las 11:30 de la mañana. De acuerdo a datos proporcionados por los organizadores, en torno a unas 1.000 personas han acudido a la manifestación iniciada en la Plaza de Santoña, el punto de partida elegido por el Sindicato de Vivienda y la PAH, que ha continuado por la Avenida de la Fama hasta llegar a la Delegación de Gobierno.

En palabras de Claudia Romero, coportavoz del Sindicato de Vivienda de Murcia: “Estamos aquí para reinvidicar un acceso a la vivienda que pueda llegar a todas, bajo unas condiciones dignas. Pedimos que bajen y se impongan limitaciones al precio del alquiler; pedimos que se declaren las zonas tensionadas correspondientes y pedimos que el uso de los pisos sea para vivir y no para viajar.” Además de las organizaciones convocantes, a la manifestación han asistido otros sindicatos como UGT y la CNT, y partidos políticos como Recortes Cero, Izquierda Unida o Podemos –en presencia de su portavoz María Marín y el diputado Víctor Egío–.

La marcha se inició con un discurso de apertura por parte del Sindicato de Vivienda y PAH: “Nos quieren precarias y nos quieren sumisas, pero nosotras también sabemos lo que queremos: vivienda digna y vivienda universal.” Con el cántico “Ni gente sin casa, ni casas sin gente”, la manifestación ha arrancado en Murcia alrededor de las 11:55, recorriendo la Avenida de la Fama, una de las arterias principales de la ciudad.

No solo sindicatos y partidos, también ciudadanos de todas las edades, se han reunido de forma individual para denunciar el negocio de la vivienda. Entre consignas y lemas como “Tenemos derecho a tener un techo”, “Un rentista más, una vecina menos”, “Ser casero no es una profesión” o “Seremos la tumba del rentismo” la manifestación ha avanzado en paralelo al río Segura hasta alcanzar la Delegación de Gobierno, destino final del recorrido.

Alrededor de las 13:00, la pancarta que había presidido todo el trayecto con el lema 'Acabemos con el negocio de la vivienda' ha sido colocada frente al edificio, en manos del Sindicato de Vivienda y la PAH. A su alrededor, cientos de manifestantes y diversas organizaciones han formado un corrillo que ha abarcado toda la extensión entre la Delegación y el Río Segura.

Ha sido entonces cuando se ha iniciado la lectura del manifiesto, elaborado por el Sindicato de Vivienda de Murcia y la PAH, en el que se ha denunciado que “para que la vivienda llegue a ser un derecho tiene que dejar de ser un negocio”. Además, se han presentado una serie de exigencias que constituyen la columna vertebral de la jornada de protestas, entre las que se incluyen la prohibición del acaparamiento de viviendas; la limitación del precio de los alquileres a un máximo del 30% del ingreso de los inquilinos; la prohibición de los desahucios y el corte de suministros, así como el fin de la represión al movimiento de vivienda y la prohibición de las empresas de desokupación.

Jornada de protestas con nombres y apellidos

La jornada de protesta, además de las reivindicaciones y denuncias de las organizaciones convocantes, se compone de historias personales. Marta Sánchez, de 28 años, asistente a la manifestación, ha explicado que “en la actualidad vivo en un piso minúsculo en el centro de Murcia. Me vi obligada a dejar el anterior porque no se me garantizaban las condiciones climáticas para poder vivir: era un tercero sin ascensor, sin aire acondicionado, y el casero nunca estuvo dispuesto a renovar y actualizar la instalación de la casa. Ahora mismo, pese a tener un salario bastante digno como profesora, para mí es imposible poder ahorrar y pensar en el futuro mientras pago el alquiler”. Junto a ella, Eli Maiquez, otra joven profesora, ha añadido que tiene 29 años “y sigo compartiendo piso, no sé cuántos años más me quedan así.”

Por su parte, Ana Arce, periodista de 41 años, ha denunciado su experiencia con las inmobiliarias en Murcia: “Siempre he vivido de alquiler. Una vez alcancé estabilidad económica con mi marido y teníamos claro que nos asentaríamos en Murcia, decidimos buscar piso a través de inmobiliarias pensando que nos iban a ayudar, pero lo único a lo que nos ayudaron fue a robarnos la energía. Las prácticas abusivas de las inmobiliarias es uno de los grandes problemas de esta crisis. Si tu presupuesto es modesto, como era nuestro caso, no van a hacer nada por ayudarte a encontrar una casa. Están cobrando cláusulas del 3% sobre el precio de la vivienda simplemente por enseñártela. Una práctica muy abusiva.”

Consciente de cómo el negocio de la vivienda ha afectado su vida personal, Ana Arce ha señalado que “en 6 meses mi marido y yo vimos unos 30 pisos, y nos acabamos conformando con uno que no nos convencía del todo, y por el que nos pidieron un mes a la casera, un mes a la agencia y un mes de alquiler, o sea, de golpe muchísimo dinero que para muchísima gente es imposible pagar. Un precio totalmente abusivo. Esta experiencia nos dejó traumatizados y solo el hecho de tener que vernos en la misma situación nos parece terrible. Quizá suene frívolo, pero lo que debería ser algo ilusionante, como es buscar hogar para tu familia, se convirtió en una pesadilla.”

La Plataforma de Afectadas por la Hipoteca (PAH) ha trasladado al Congreso de los Diputados su preocupación por la “intensificación” de los desahucios forzosos en Cantabria. La diputada de Podemos Ione Belarra en nombre de la organización, ha registrado una pregunta parlamentaria dirigida al Gobierno tras el desalojo, este martes, de una familia en situación de vulnerabilidad en la localidad de Sancibrián, en el municipio de Santa Cruz de Bezana.

El caso, que ha tenido lugar hoy 1 de abril tras un primer intento infructuoso el pasado 17 de marzo, ha generado --según la PAH-- una “fuerte alarma social, no solo por la ausencia de alternativa habitacional para la familia afectada, sino sobre todo porque se produjo pese a la existencia de medidas cautelares dictadas por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas (CDESC), que desde el 20 de enero de 2025 había solicitado formalmente al Estado español la suspensión del lanzamiento hasta que se garantizara una solución habitacional adecuada”.

Según la plataforma, el desalojo se ha llevado a cabo este martes con un operativo policial “de gran envergadura” y, según señala, “con un uso de la fuerza absolutamente desproporcionado para un procedimiento que afectaba a una vivienda habitual y a personas reconocidas como vulnerables”.

La pregunta registrada por la diputada Belarra solicita al Gobierno que aclare si el órgano judicial competente solicitó expresamente el auxilio de la fuerza pública, si determinó el número de efectivos desplegados y, en caso contrario, quién tomó esa decisión y bajo qué criterios.

La iniciativa también interroga al Ejecutivo sobre los protocolos que sigue el Estado para ordenar actuaciones policiales en lanzamientos de personas sin alternativa habitacional, especialmente cuando existen medidas internacionales vigentes que ordenan su suspensión.

La PAH ha afirmado que este caso “no es una excepción, sino una muestra más de la reactivación de los desahucios en todo el Estado sin que se garantice el respeto a los derechos humanos ni el cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por España”.

“Estamos ante una vulneración flagrante de un tratado internacional ratificado por el Estado. Desoír a Naciones Unidas no solo es una falta grave de responsabilidad institucional, sino un desprecio directo a las familias que ven vulnerado su derecho más básico: tener un techo”, ha declarado la PAH.

La Plataforma ha exigido una respuesta inmediata del Gobierno y anuncia nuevas acciones de denuncia y movilización tanto en Cantabria como en el resto del Estado para “frenar los desalojos sin garantías y forzar un giro en las políticas públicas de vivienda”.

“No podemos normalizar que se ignoren resoluciones internacionales de derechos humanos ni que se actúe con violencia institucional contra quienes más necesitan protección. Es una cuestión de legalidad, pero también de dignidad democrática”, ha concluido la organización.

Aída Quinatoa recibió en 2008 una llamada que la dejó petrificada. El banco la amenazó con desahuciarla, pese a que ella pagaba religiosamente su hipoteca. La mujer había organizado a sus compatriotas ecuatorianos en torno a la asociación Conadee, donde llevaban tiempo con el foco puesto en la crisis de vivienda que se avecinaba. “Fuimos a la oficina con unas 100 personas”, recuerda. Había sido víctima de los avales cruzados: “Sin saberlo, yo había avalado a una persona que no conocía y otra me había avalado a mí. Era un problema enorme porque, al caer uno, caímos todos”, explica.

La población migrante, en muchos casos sin una red de apoyo familiar en España, fue la primera que sufrió las consecuencias de la crisis financiera e inmobiliaria que se avecinaba. A finales de 2008, ese grupo que se reunía cada 15 días para compartir inquietudes, analizar su situación y entender que los culpables de la situación que atravesaban no eran ellos, convocó una manifestación desde la embajada de Ecuador en Madrid hasta el Banco de España. “Estábamos solos, pero éramos muchos. Nos acompañaron muchos migrantes de otros países, alrededor de 5.000 personas”, recuerda Aída.

“La crisis comenzó, sobre todo, con los desahucios hipotecarios de las personas ecuatorianas, pero vimos que iba a ocurrir lo mismo con todas las que habían pedido hipotecas, así que empezamos a trabajar juntos”, recuerda la activista por el derecho a la vivienda Feli Velázquez. En 2009, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca celebró su primera Asamblea en Barcelona sobre los cimientos que había construido el colectivo 'V de Vivienda'. “Eran grupos de jóvenes que se manifestaban por todo el Estado bajo el lema 'no vas a tener vivienda en la puta vida”. Ya estaban señalando como la burbuja inmobiliaria había disociado los precios de la economía real“, explica el investigador del CSIC y del Grupo de Estudios Críticos Urbanos Javier Gil.

La crisis hipotecaria y de desahucios llevó a una suerte de profesionalización del movimiento de vivienda, en el que algunas voces ven una de las semillas del 15M, que abarrotó las calles en 2011. “Había una parte de desobediencia, deteniendo los lanzamientos de gente que no podía pagar, pero también se buscaba influir en los medios de comunicación y en la opinión pública. Generar un nuevo relato de la crisis económica y de quienes eran los responsables y las víctimas. Y, también, tratar de cambiar ese modelo legislativo, con las iniciativas legislativas populares”, recuerda Gil, que fue durante años una de las caras visibles del Sindicato de Inquilinas de Madrid.

El primer desahucio que paró la Plataforma en Madrid tiene nombre propio. Aunque Tatiana tuvo a las puertas de su casa el apoyo de decenas de personas. En junio, con la llama del 15 de mayo aún encendida, el movimiento Stop Desahucios frenó su lanzamiento. “Una procura olvidar esos momentos”, dice 14 años después, aunque recuerda que “la presión de los movimientos sociales tenía un poder increíble”. En febrero, el segundo intento del banco de echarla del piso terminó con la primera dación en pago absoluta, una de las reivindicaciones de las que la PAH hizo bandera en aquellos años. “Se consideró que habíamos ganado a los bancos, pero no fui yo, fue todo el movimiento social”, reconoce.

“Desde 2008 a 2011 no hay ciudad mediana donde no hubiera una PAH”, explica Diego Sánz, de la plataforma en Vallecas. La parte más gráfica de su actividad eran las acciones que se realizaban allí donde la amenaza de un desahucio quitaba el sueño. “Yo he estado, por lo menos, en 200. Había épocas en las que íbamos a dar apoyo psicológico a dos o tres al día”, añade Tatiana. Pero no era el único trabajo: “Cada día, íbamos a tres o cuatro bancos para protestar, nos manifestábamos, exigíamos soluciones...”.

“Llegábamos a la puerta del banco y en dos minutos teníamos a los antidisturbios, cuando lo que queríamos era hablar para llegar a un acuerdo y que cientos de familias no se quedaran en la calle”, relata Feli. Enseguida descubrieron que lo que más molestaba a las entidades era que repartieran octavillas a las puertas de las oficinas abiertas. “A base de palos y multas, no paramos”, recuerda.

El 7 de noviembre de 2012, Amaia Egaña se convirtió en la imagen más trágica de este drama. “Fue la primera víctima hipotecaria que se suicidó”, indica la abogada del CAES, Alejandra Jacinto, que durante años fue una de las encargadas de negociar con las comisiones judiciales. Según los cálculos de la Plataforma, desde el inicio de la crisis hasta el año 2014, se ejecutaron en España en torno a medio millón de lanzamientos, unos 400.000 de ellos hipotecarios.

Aquellos primeros compases de la crisis financiera e inmobiliaria en España, tras años de especulación con la vivienda, el activismo iba inventando fórmulas para salvar a las vecinas de la calle. “No éramos conscientes de lo que se nos venía encima, lo que hacíamos era improvisar”, recuerda Feli Velázquez: “Recuerdo un desahucio en Villaverde, enfrente de un colegio. En el recreo todo el mundo salió a apoyar, incluidas las monjas, que fueron a negociar con la comisión judicial. En otro, con menores, estaban el director y los profesores del instituto de los niños. Comentaron que les rompía el curso y les pedimos que nos lo pusieran por escrito. Así pudimos pararlo hasta que finalizara el curso”, enumera.

“Nunca más vas a estar sola”

“Como en crisis anteriores, a la gente le daba vergüenza decir que no podían pagar la hipoteca, creían que eran los culpables. Poco a poco, se fueron dando cuenta de que tenían que ir a un espacio donde se tenían que organizar”, indica Feli: “Al principio había afectados y afectadas que se acercaban a las asambleas. Muchos rompían a llorar, aunque no se atrevían a contar. Pero lo más importante que les transmitíamos es que desde ese momento nunca más iban a estar solas, que nunca más se iban a sentir culpables”. Esas redes de apoyo se fueron tejiendo por todo el territorio y ayudaron a la sociedad a entender la magnitud del problema y a cambiar el foco de la culpa. En febrero de 2013, miles de personas salieron a la calle en decenas de ciudades para denunciar el “fraude hipotecario” y recordar que los desahucios son “un crimen”.

Pese a la respuesta social, en 2014, el año de las Marchas de la Dignidad, se produjeron en España casi 70.000 desahucios. Como el de Arístides y Mercedes, que entonces tenían 58 y 51 años, con sus dos hijos adolescentes. Ella, recién salida de una operación de cáncer de mama, tuvo que dejar el piso de alquiler en el que llevaban viviendo ocho años cuando lo compró uno de los fondos de inversión que han arrasado buena parte del mercado inmobiliario en la última década.

Mientras la organización colectiva recogías firmas para la iniciativa legislativa popular que la PAH presentó en el Congreso en 2013, y en la que se planteaban cuestiones tan urgentes como la dación en pago, los alquileres sociales y el fin de los desahucios, desde el Gobierno se trató de apretar las tuercas a la movilización. En 2015, entró en vigor la conocida como Ley Mordaza. “Desincentivó mucho esas prácticas de resistencia pacífica que hacíamos las activistas, al ponernos a las puertas antes de un desahucio, con sanciones por obstrucción a actos judiciales, pero también por faltas de respecto a la autoridad, que muchas compañeras no podían permitirse”, considera Jacinto. “Te pedían la documentación y ya sabías que te ponían 600 euros de multa”, recuerda Feli, que acabó en el calabozo media docena de veces. “No teníamos miedo, porque tenías todo el apoyo vecinal hasta que te sacaban”.

“A medida que las viviendas que empiezan a acumular los bancos se convierten en un problema para sus balances, [el entonces presidente Mariano] Rajoy transforma la crisis en un nuevo ciclo inmobiliario, con la entrada de los fondos de inversión, basado en los alquileres, que acaba generando una nueva crisis”, indica Gil. A ese objetivo contribuyeron la proliferación de Socimis, una figura creada por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, pero que articuló el PP, o el desembarco de fondos buitre, como Blackstone, a quien Ana Botella vendió 1.860 viviendas públicas a precio de saldo.

En uno de esos pisos de alquiler social vivían Almudena y Rubén, con su hija de 11 años. Por aquella época, pagaban 395 euros al mes a la Empresa Municipal de Vivienda, pero cuando el piso pasó a manos de un fondo, este subió la renta más de un 20%. Ambos en desempleo, no pudieron afrontarlo. El 4 de mayo de 2015, consiguieron frenar su desahucio.

En el nuevo escenario del mercado de la vivienda que dejó la crisis apareció pronto un nuevo actor: la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria. La SAREB nació en 2012 para dar salida a los cadáveres inmobiliarios de la banca y, aunque no iba a costar ni un euro, la factura acabó subiendo a 35.000 millones de euros. “En algunos casos, las viviendas estaban bien situadas y, en otros, en la Conchinchina. La gente las fue ocupando, porque no tenían donde ir”, indica Sanz, que recuerda como la 'Obra Social de la PAH' consiguió recuperar decenas de bloques vacíos, propiedad de fondos buitre y entidades bancarias.

A partir de 2015, la Sareb, en ocasiones con convenios con administraciones públicas, empieza a facilitar alquileres sociales caso a caso. “Lo hacían por puro pragmatismo: ya que vamos a tener ocupas, que paguen y nos cuiden las casas”, indica Diego, que vive en uno de esos bloques recuperados por la PAH en Vallecas. Con todo, la entidad también continuó desahuciando.

El Sindicato de Inquilinas

Desde finales de la segunda década de este siglo, el perfil de las víctimas de desahucios fue cambiando. “A partir de 2018-2019, se ven cada vez más desahucios de alquileres, una tendencia que empezó en 2015”, indica Alejandra Jacinto. De hecho, en 2017 se crea el Sindicato de Inquilinas, que ha ido ganando relevancia mediática y social en los últimos años, convirtiéndose en uno de los actores protagonistas en el panorama del movimiento por el derecho a la vivienda.

En 2018, el movimiento vecinal, ya capitaneado por el Sindicato de Inquilinas, consiguió frenar el primer intento de desahucio de Argumosa 11, en Lavapiés. El edificio se convirtió rápidamente en uno símbolo de la lucha contra la especulación, escalonado de amenazas de lanzamiento, frenos y ejecuciones. El bloque, en pleno centro de Madrid, puso de manifiesto la ineficacia de las administraciones públicas para ofrecer alternativas habitacionales dignas a sus vecinos, sacó los colores a España ante la ONU y fue uno de los primeros ejemplos mediáticos de lo que acabaría por convertirse en la turistificación de la zona.

Con la pandemia llegó la moratoria antidesahucios que, según un informe del Observatori DESCA, ha evitado expulsar de sus hogares a más de 58.000 familias en alquiler. No son todos: más de 135.000 familias se quedaron en la calle por no poder pagar el alquiler, ante la incapacidad de las administraciones públicas de ofrecerles una alternativa. Entre ellas Cruz, que se fue a la calle con sus cuatro nietos en julio de 2021. “Se me quedaron todas las cosas allá. Me sacaron con los niños, escasamente con los carritos. Fue tremendo. Vivir uno eso... es como si me estuviera pasando ahora”, recuerda emocionada. Tras el lanzamiento, entró en un piso a través de la PAH y vive más tranquila.

Y ahora, ¿qué?

“La diferencia fundamental [respecto a hace 15 años] es que no estamos en una situación de crisis económica. Aunque el desempleo sigue siendo alto, no hay un millón y medio de parados nuevos cada año. Además, el Estado ha tenido una implicación ante shocks tan fuertes como la Covid para evitar que el impacto fuera tan grande como en el periodo 2008-2014”, indica Sanz. Aunque el último año ha supuesto un punto de inflexión, con grandes manifestaciones por el derecho a la vivienda, digna y asequible, en decenas de ciudades —la próxima, convocada a nivel estatal, el 5 de abril— y nuevas formas de desobediencia, como la huelga de alquileres impulsada por el Sindicato de Inquilinas.

“Estamos viendo como se consolidan, expanden y crecen los sindicatos de inquilinas, ante una nueva generación que no puede acceder a la vivienda en propiedad por sus propios medios y que se enfrenta a un mercado del alquiler salvaje”, apunta Gil. El investigador y activista considera que esas nuevas estrategias de acción sindical consolidarán los derechos del futuro. Aída cree que, con el tiempo, se ha ido “opacando la lucha social”. Pero es optimista: “Queda mucho por hacer, pero tengo esperanza. En su momento, ganamos varias batallas. Ahora toca desempolvar y seguir adelante”.

Los ocho de Caixabank, autodeclarados insumisos judiciales, han sido condenados finalmente por el delito de desobediencia a los agentes de la autoridad a una pena de una multa de seis meses a razón de cinco euros diarios, unos 900 euros. Los activistas de la PAH en Guadalajara, a pesar de que les absuelven de los demás cargos que en un momento llegaron a comportar penas privativas de libertad, consideran injusta cualquier resolución que no sea la total absolución. Su equipo legal ya trabaja en el recurso que interpondrán ante la Audiencia Provincial de Guadalajara.

Los hechos ocurrieron el 5 de diciembre de 2017, hace más de siete años. “Iban a desahuciar a una compañera de Cabanillas que se había visto en la necesidad de ocupar una vivienda vacía de este banco, con menores a su cargo. El banco le había dicho que no lo haría hasta que tuviera alternativa habitacional, pero no se lo confirmaban por escrito, así que fuimos a la sucursal a acompañarla y negociar, como solía hacer la PAH”, explicó Ivalú Fuica, portavoz de los afectados, hace unos meses.

Los ocho activistas, entre los que se encontraba la mujer que iba a ser desahuciada, llevaron a cabo una protesta pacífica en la sucursal en la que apenas se alteró su normal funcionamiento, tal y como sus trabajadores aceptaron durante el juicio y recoge la sentencia, a la que ha tenido acceso elDiario.es. Cuando llegó la hora de cerrar, ellos permanecieron sentados como acto de desobediencia civil y de resistencia pasiva.

Detenidos por agentes de la Guardia Civil, terminaron acusados por parte de la Fiscalía de un delito de allanamiento de domicilio de persona jurídica y un delito de desobediencia grave a los agentes de la autoridad, cuyas penas no comportaban el ingreso en prisión de los activistas. En cambio, la petición de Caixabank se sumaba a esos delitos pero también pedía su condena por un delito de coacciones y de desórdenes públicos, cuyas penas superaban los tres años de privación de libertad. Ante ello, los acusados se declararon “insumisos judiciales”. “Pensamos que es una herramienta muy útil para enfrentar los casos de represión”, adelanta Anastasia Liedo, una de las condenadas.

Tres meses de prisión o 900 euros

El abogado del caso, Francisco García, defiende que si existe una petición de cárcel mayor a los dos años, el juicio no puede celebrarse sin la presencia de los acusados. Así pues, el pasado 10 de febrero Caixabank se sumó a la petición del Ministerio Fiscal y la vista oral pudo tener lugar en presencia de observadores de Amnistía Internacional.

El letrado afirma que “difícilmente se podía sostener la petición de dos años y medio de cárcel por un delito de coacciones toda vez que los empleados testificaron en el juicio que en ningún momento se les impidió continuar con sus funciones habituales”. Absueltos del delito de allanamiento, los ocho integrantes de la PAH han terminado condenados por un delito de desobediencia a agente de la autoridad cada uno, lo que lleva aparejada una multa de seis meses a razón de cinco euros diarios, es decir, unos 900 euros que, si no se abonan, se convertirían en tres meses de prisión.

García incide en que “lo más llamativo es que los agentes de la Guardia Civil dijeron que la actitud de mis defendidos fue totalmente pasiva y que hubo que levantar del suelo a algunos para desalojar la sucursal, pero los últimos se levantaron por su propio pie”. Desde su punto de vista, es importante señalar que “la sentencia no determina qué personas ni siquiera opusieron resistencia pasiva y es crucial, porque en el derecho penal no se puede imputar colectivamente a todos si no se puede individualizar la conducta de cada cual”.

El abogado también menciona el principio de mínima intervención del derecho penal para criticar la sentencia. “Este delito está recogido en el código penal pero también en la conocida como Ley Mordaza, y su señoría entiende que fue lo suficientemente grave como para castigarlo penalmente, y es algo que veo muy discutible”, explica García, que lee esta sentencia como “un aviso a navegantes frente a conductas con un trasfondo político innegable en la que han influido cuestiones extrajurídicas, como que Caixabank sea una empresa muy importante del Ibex35 español”.

Un desgaste personal que va a más

Liedo, una de las activistas condenadas, ha recibido la sentencia con cabreo. “El delito por el que nos condenan es el que menos consciencia tenemos de haber cometido, el que menos contemplábamos”, dice. Desde su punto de vista, no acudir a la vista oral del juicio solo les ha granjeado pequeñas victorias. Más allá de conseguir que Caixabank rebajara las penas, “es una forma de no participar en estos paripés y poner de manifiesto el absurdo de estos montajes jurídicos y policiales en connivencia con el poder económico”, según sus palabras.

La resolución judicial ha llegado tarde, por lo que se ha aplicado el atenuante de dilaciones indebidas. Sin embargo, Liedo considera que cualquier condena es injusta. “Esto que han hecho es un aviso. Hacen que no entremos en la cárcel pero es un mensaje de que tampoco nos podemos mover mucho porque nos puede volver a pasar algo así en cualquier momento. A mí me produce más desconfianza en el sistema”, desarrolla esta activista de 58 años.

De todas formas, han sido siete años para los acusados en los que no han podido descansar totalmente en un desgaste personal que todavía continúa. Quedan quizá años para que la sentencia sea firme a base de recursos que el abogado presentará, pero es extremadamente complicado no pensar qué hacer llegado el momento. “Ahora lo que me sale es no pagar la multa y entrar en prisión, pero no sé cómo serán mis fuerzas para aguantar esto el tiempo que queda, y entenderé al que prefiera pagar para terminar con todo este proceso”, subraya.

La protesta pacífica como delito

En el caso de Sergio Sánchez, otro de los activistas por el derecho a una vivienda digna que ahora está condenado, la disyuntiva entre pagar o ingresar en prisión tampoco está resuelta. “Habrá que verlo cuando sea firme la sentencia. Para entonces ya habré reflexionado lo suficiente para tomar la mejor decisión”, dice. Este joven de 28 años afirma que sí se esperaba esta sentencia condenatoria “por la dinámica que el Estado está llevando de represión”, defiende, y comenta otros casos judiciales de similar índole como el de Las seis de La Suiza de Gijón o Los seis de Zaragoza.

El activista critica que esta resolución judicial “convierte en delito cualquier protesta pacífica”. Sánchez también expresa que “psicológicamente es un palo la sentencia”. “Ya llevamos arrastrando el proceso siete años, y es algo que siempre recuerdas, algo por lo que se preocupan tus seres queridos, y pesa”, añade.

Ser consecuente con los ideales

Diego Catriel-Herchhoren profundiza que “la sentencia se hace eco de alguna forma del nivel de indignación que ha generado esta acusación”. A sus 39 años, es otro de los activistas condenados: “Puede parecer que haya cierta satisfacción por esta condena, pero nosotros no la aceptamos bajo ningún concepto. El ejercicio de un derecho fundamental como el de la protesta jamás tendría que pasar por un banquillo de los acusados”. Y añade que “este proceso es síntoma de la falta de cultura democrática de este país”.

Tiene claro que no pagará la multa: “No solo tenemos una responsabilidad hacia nosotros mismos, sino una responsabilidad con el resto de la sociedad”. Por eso, piensa que uno debe dar ejemplo y ser consecuente con aquello que defiende. “Y defiendo el derecho a la protesta hasta las últimas consecuencias. Yo no voy a darles ni un euro de mi vida, y si tengo que ir a la cárcel, me tendrán que venir a buscar”, añade.

Catriel-Herchhoren también acepta que la existencia de un proceso penal “obliga a rehacer algunos aspectos de tu vida”, en sus términos. Sin embargo, se sincera al decir que no tiene miedo sobre lo que pueda pasar. “Estoy completamente convencido de lo que hice. Yo soy militante comunista, y creo que mi obligación es ser consecuente con lo que defiendo independientemente de las consecuencias que el Estado pueda imponer”, desarrolla antes de finalizar con una sola frase: “Lo volvería  a hacer”.

La Plaza del Mercado ha sido el escenario en el que, frente al hueco que ocupará un bloque de viviendas de uso turístico, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca ha anunciado que se disuelve, “por falta de relevo”, y cede el testigo al Sindicato de Vivienda.

En la comparecencia ante los medios de comunicación, en la que integrantes del sindicato portaban carteles en los que se leía 'tu airbnb antes era mi casa' o 'la vivienda es un derecho, no un negocio' Ainhoa Martínez, una de las portavoces del Sindicato, ha agradecido el trabajo realizado por la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca. “Su labor durante todos estos años en La Rioja ha sido incansable. Frente a los desahucios, apoyando a las familias, enfrentándose a los bancos y a los fondos de inversión”, ha señalado.

Ahora recoge el testigo de su labor el Sindicato de Vivienda. Ruth Sáenz, también como portavoz, ha explicado cómo “no es una elección casual” la Plaza del Mercado para su presentación, porque “es el reflejo de lo que sucede en Logroño” y, también, “en muchas otras ciudades a lo largo del territorio”. “Donde antes podíamos ver vida de barrio, vida comunitaria, ahora vemos pisos turísticos; las vecinas son expulsadas, presionadas por alquileres inasumibles y por culpa de la especulación desenfrenada”, ha relatado.

Se ha referido al hecho de que, en esta misma plaza, se van a construir 24 nuevos apartamentos turísticos, “mientras cientos de personas en La Rioja siguen buscando desesperadamente una opción habitacional, una vivienda digna y asequible”.

Para este sindicato recién creado, no es tanto una crisis sino “un modelo de ciudad que ha preferido que el turismo y la especulación prevalezca sobre hacer valer el derecho de las vecinas y vecinos de Logroño, que son quienes al final habitan y dan vida a esta ciudad”.

Pedro Rodríguez, portavoz de la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca, ha visto “un buen momento para ceder el testigo a este nuevo movimiento”, que son, ha dicho, “gente nueva”. “Llegan con muchas ganas de trabajar para que el derecho de todas a una vivienda digna sea una realidad”, ha dicho mostrando “todo el apoyo” de quienes han formado parte de la plataforma “para las acciones que puedan llevar a cabo de aquí en adelante”.

En el manifiesto con el que se ha dado a conocer el sindicato figuran como peticiones para recuperar la vivienda para el pueblo la expropiación y movilización de la vivienda vacía; y la paralización inmediata de los desahucios. También, la creación de un parque de vivienda pública no descalificable a perpetuidad; control y regulación de los precios de la vivienda; moratoria y regulación estricta de las viviendas de uso turístico; y fomento de las vivienda colaborativas en cesión de uso.

Junto a esto, contratos indefinidos de alquiler; prohibición de la compra de vivienda por parte de los fondos buitre; fin de los abusos en los gastos derivados del alquiler; transformación del IRVI en una oficina de vivienda al servicio del pueblo; y pueblos vivos con vivienda, trabajo y servicios públicos.

Centenares de personas han salido este domingo a las calles de Castilla-La Mancha para secundar las concentraciones convocadas por UGT, CCOO y diversas organizaciones sociales (FACUA, PAH, CEAV, HOAC, Plataforma de Mayores y Pensionistas, Greenpeace, CJE y JOC) con el objetivo de exigir que “los derechos de la gente no sean moneda de cambio entre los partidos políticos” y rechazar la anulación de medidas clave de protección social y de financiación de la Seguridad Social a raíz de la polémica surgida con el decreto ómnibus.

Responsables de ambos sindicatos han tomado la palabra en Toledo, Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Guadalajara para pedir “altura de miras y sentido común” a los dirigentes políticos. En las cinco capitales de provincia de Castilla-La Mancha han pedido que no se frivolice con el bienestar de la clase trabajadora ya que “el coste social y económico del oportunismo político es elevado”.

En la movilización celebrada en Toledo, el miembro de la comisión gestora de UGT Castilla-La Mancha y secretario general de la Federación de Industria, Construcción y Agro (FICA) del sindicato en la región, Raúl Alguacil, ha señalado que “es el momento de que todos los ciudadanos y ciudadanas mostremos nuestro hartazgo hacia una política -que más bien es una antipolítica- que secuestra los derechos de las personas”.

“Estamos hablando de un decreto que incluía numerosas medidas sociales. Se ha conseguido sacar adelante algunas que son importantes. Sin embargo, es necesario dar un toque de atención”, ha afirmado Alguacil.

Asimismo, ha destacado que el trabajo sindical por parte de UGT y CCOO Castilla-La Mancha ha sido “fructífero para el conjunto de la ciudadanía y de sus derechos”, y ha reclamado que “no se juegue con los derechos sociales, algo que sí han hecho algunos partidos políticos”.

Además, ha añadido que hay que seguir adoptando medidas en favor de las mayorías sociales y de las personas en situación de mayor vulnerabilidad, un aspecto del que estarán “muy vigilantes” estos sindicatos.

Frivolidad en el Congreso

“Desde hace tiempo en el Congreso se ha instalado la frivolidad, la frivolidad de diputados y diputadas que solo piensan en las estrategias partidistas y no en las personas. Deberían pensárselo dos veces antes de votar”, ha afirmado.

“Las fuerzas políticas deben recuperar el sentido de Estado que nunca debieron perder, priorizando los intereses de las personas”, ponía de manifiesto Raúl Alguacil, quien también señalaba que, de esta manera, estamos convirtiendo a los pensionistas, a los jóvenes y a las personas vulnerables en “rehenes” de las políticas sin altura de miras, de aquellas que ignoran sus necesidades.

“Lamentamos el gran desapego de los políticos por la realidad que viven los ciudadanos y ciudadanas”, ha indicado el miembro de la comisión gestora de UGT Castilla-La Mancha, que entiende que hay posiciones que son de “absoluta vergüenza”.

Decir “sí” a la subida de las pensiones y “no” a la actualización de las cotizaciones por parte de las empresas y generar un agujero en la Seguridad Social “es abrir la puerta para que en el futuro haya recortes de profundidad en el sistema de pensiones”.

CCOO: “Que no se rían de las personas”

Por su parte, el secretario general de CCOO CLM, Paco de la Rosa, ha hablado ante los medios de comunicación en la concentración de la plaza del Altozano en Albacete, según recoge Europa Press.

“Esta es una concentración por el sentido común, en defensa de los derechos y de quienes peor lo pasan; estamos aquí para decirles que no se rían de las personas ni usen a la gente como arma arrojadiza”, ha señalado criticando los “bandazos” de la derecha para jugar a las claras con cosas tan fundamentales como la subida de las pensiones“.

De la Rosa ha dicho que no es solo votar este decreto, “el trasfondo aquí es el cambio a nivel global, la ultraderecha quiere una vez más cambiar el modelo, para ellos no es razonable que los pensionistas recuperen un 22% de poder adquisitivo en cuatro años, o que el SMI suba un 50%”.

Para el aún líder de CCOO “la conquista de derechos para la gente y las personas trabajadoras no es el camino que la derecha quiere recorrer”, y por eso, ha afirmado, “estamos en la calle las personas trabajadoras y la ciudadanía, o ese modelo global que quiere la derecha terminará pasando por encima de nosotros”.

Desde CCOO CLM se reclama a todo el Parlamento que la senda de los derechos sea la elegida para legislar, sin perder de vista la protección social.

Paco de la Rosa ha subrayado que los datos son claros, se ha puesto en peligro los ingresos de mucha gente: “El IMV afecta a unas 30.000 personas en Castilla-La Mancha, y son casi 400.000 los pensionistas de la región que se pueden quedar sin subida, eso y otras cosas que tienen que llegar, reducir la jornada de trabajo, y consolidar la subida del Salario Mínimo Interprofesional”.

El primer intento de desahucio de Mariano fue el 23 de mayo de 2024. El 19 de diciembre la presión vecinal impidió el segundo. Este miércoles se enfrentaba al tercero, que finalmente se ha ejecutado. Y ello a pesar de que, en estas semanas, la situación de este hombre de 56 años no ha cambiado mucho. Las condiciones que motivaron un informe de vulnerabilidad de servicios sociales hace ocho meses siguen vigentes y su salud continúa dándole disgustos. Tantos, que este martes su doctora sumó a su medicación habitual un pinchazo de diazepam y otra calmante para evitar que su tensión se dispare. En diciembre requirió asistencia médica por un desmayo durante la intentona de lanzamiento del que lleva siendo su hogar durante medio siglo.

“Era esperar al señor de la muerte, sabías que al final te iba a llegar. Han conseguido echarme de mi casa por un impago forzado de agua”, lamentaba Mariano este miércoles, ya desde la calle. “No tengo alternativa, no tengo nada”, indica.

“Desde esta mañana (por el martes) estoy llorando por la tensión, pero es una vía de escape del cuerpo para el estrés”, explicaba unas horas antes, todavía dentro del piso, apoyado en la encimera de la cocina. Un grupo de vecinas y compañeras de la PAH de Vallecas, que iban llegando a cuentagotas, habían decidido pasar la noche con él. “Queremos acompañarle, para que no esté solo”, explica Celia. Este miércoles, dos de ellas se han descolgado por la fachada del edificio y otra más por el patio para tratar de impedir la entrada de la policía, con un mecanismo que los precipita si los agentes abren la puerta del domicilio.

A primera hora, un compañero anunciaba por megafonía que los bomberos se habían negado a descolgar a estas personas, pero la policía tomó el relevo. Les bajaron de la fachada, donde habían desplegado una lona con el mensaje “Stop desahucios. Vallekas se defiende”, y comenzaron a acceder al interior de la vivienda, desde la ventana. Estas tres personas han sido detenidas.

El piso en el que vive Mariano es propiedad de Carmen Elzaburu, una aristócrata de 94 años que, según los datos recabados por la PAH de Vallecas, es dueña de al menos 13 viviendas, cuatro cotos de caza y el club Puerta de Hierro, en una de las zonas más caras de la capital. La mujer compró el inmueble, catalogado inicialmente como vivienda de protección oficial, en diciembre de 1971, según el registro de la propiedad de Madrid, y lo alquiló poco después.

“La jueza no considera a la familia Elzaburu como gran tenedora”, señala Auri, que durante la mañana del martes acudió con otras compañeras a un acto que organizaba una de las empresas en Segovia y que ha pasado la noche, junto a otra docena de compañeras con Mariano. “Nos dijeron que nos fuéramos a Vallecas”, recuerda, “como si fuera una ratonera”. “El de Mariano es el caso explícito de que la ley de vivienda no funciona, que es insuficiente”, indica, porque aunque la norma establece que debe haber mecanismos de mediación, que el Estado debe priorizar la atención a personas vulnerables sometidas a procesos de desahucios o que debe garantizárseles el acceso a una vivienda digna, aquí no se cumple.

La propiedad ha desahuciado a Mariano por unos impagos que él quiere resolver. “Sé que tengo recibos de agua pendientes”, explicaba en diciembre, con varios emails en los que reclamaba saber la cuantía para abonarla cuanto antes. Desde los movimientos sociales en defensa del derecho a la vivienda llevan tiempo apuntando a estas prácticas, para generar deudas forzosas que justifiquen procesos judiciales que acaben en desahucios. “Se genera una deuda de 50 euros y van a saco, porque es un piso muy goloso, pero no lo quiere para que vivan aquí sus nietos”, explica Olmo, que también acompañó esta noche a Mariano.

“A partir del segundo intento, suelen venir a por todas”, lamenta Olmo. Por eso el acompañamiento en las horas previas es fundamental. “Un desahucio es un momento muy tenso para la persona”, recuerda Celia. “Siempre es muy violento”, apunta Auri.

La vivienda, ubicada en la zona de Puente de Vallecas, es uno de los millones de ejemplos de inmuebles construidos bajo esa catalogación e impulsados con suelo o recursos públicos, que han acabado en el mercado libre. Esta es una de las políticas inmobiliarias que han permitido a miles de familias tener una vivienda en propiedad, pero han servido también para esquilmar el parque público, situado en España en torno al 2,5%, muy por debajo de la media europea, en el 9,3%.

En los alrededores, pueden encontrarse carteles que los compañeros de la PAH han ido pegando por el barrio. “Vallekas no es su coto de caza. Fuera señoritos de nuestros barrios”, se lee junto a la foto de Mariano y un llamamiento a intentar frenar el desahucio. “El apoyo que estoy teniendo hoy viene de hace mucho tiempo, estoy teniendo mucho apoyo de los vecinos. No han quitado los carteles ni en el colegio”, celebra él. Las compañeras recuerdan que ese sostén es recíproco. “Vino (a la PAH) hace un año y ha estado en muchos desahucios, haciendo acompañamientos a otras compañeras, tiene a otro vecino acogido... es un pilar importante”, señala Olmo.

Los conocidos como ocho de Caixabank, todos integrantes de la PAH de Guadalajara, se han declarado insumisos judiciales porque entienden que su caso responde a una operación orquestada por parte de la judicatura para reprimir a activistas. Estas ocho personas se enfrentan a hasta tres años y medio de prisión por unos hechos ocurridos en una sucursal de Caixabank, el 5 de diciembre de 2017. La vista oral del juicio está señalada para el 10 y 12 de febrero de 2025, a la que no acudirá ninguno de ellos.

Ivalú Fuica es la portavoz de los afectados y rememora lo que sucedió aquel día, víspera del Día de la Constitución de hace siete años: “Iban a desahuciar a una compañera de Cabanillas que se había visto en la necesidad de ocupar una vivienda vacía de este banco, con menores a su cargo. El banco le había dicho que no lo haría hasta que tuviera alternativa habitacional, pero no se lo confirmaban por escrito, así que fuimos a la sucursal a acompañarla y negociar, como solía hacer la PAH”, inicia su relato.

Aquel alzamiento inmobiliario, que finalmente fue ejecutado sin que la familia pudiera acudir a otro lugar en el que guarecerse del frío invernal, terminó con la detención de la mujer que iba a ser desahuciada junto a siete activistas. “Estuvimos allí sin alterar nada. Los trabajadores pudieron seguir desempeñando sus funciones con total normalidad, y llegó la hora de cierre, y nos negamos a marcharnos hasta que pudiéramos negociar con el responsable”, continúa explicando Fuica.

Sus deseos quedaron en nada. Pronto, la Guardia Civil se personó en el establecimiento. Los activistas llevaron a cabo la resistencia pasiva que suele caracterizar a la PAH y se quedaron sentados. Finalmente, ocho de ellos salieron por la puerta de la sucursal esposados y detenidos, conducidos al cuartel de la Benemérita de ese pueblo guadalajareño. “Hubo una detención sin lectura de derechos y sin comunicar el motivo de la detención”, denuncia Anastasia Liedo, una de las encausadas.

Ella incide en que “un delito de allanamiento de establecimiento público no conlleva detención, así que la tuvieron que justificar después y cuando estábamos en el cuartel añadieron otros delitos”. Liedo todavía recuerda con cierta sorpresa lo ocurrido aquel día de protesta. “Era una práctica totalmente habitual en la PAH, y siempre pacífica, no sé por qué ese día quisieron detenernos”, enuncia.

Contra la Fiscalía

Después llegaron las primeras citaciones judiciales. Tras lo que se considera en derecho como una dilación indebida de los tiempos del procedimiento, tal y como señala Francisco García, abogado del caso, todos ellos han terminado acusados de varios delitos. 

Por un lado, Caixabank, “manifiestamente exagerada” según el letrado, les imputa delitos de allanamiento de establecimiento público, coacciones, resistencia a los agentes de la autoridad y desórdenes públicos. Por ello piden una pena de tres años y medio de prisión. La Fiscalía, por su parte, les imputa delitos de resistencia, desobediencia y un delito leve de allanamiento. Por los dos primeros piden una pena de 10 meses de prisión, por el último, dos meses de multa con cuota diaria de 10 euros.

En este sentido, Liedo, la acusada, enuncia que este caso jamás debería haber sido admitido a trámite. “Ya sé que la Fiscalía pide menos y que no entraríamos en prisión, pero yo soy inocente y no voy a aceptar ninguna condena. Lo hacen para que no ejerzamos nuestra libertad de expresión”, se queja. Además, tilda de “más grave aún” la postura del Ministerio Público: “Se supone que defiende los intereses del Estado, entre los que deberían estar la libertad de expresión y el derecho a la protesta. No es mejor por pedirnos menos meses de cárcel”.

Defenderán su inocencia

García, el defensor, opina que este tipo de casos judiciales son “un aviso a navegantes, para que la gente se resigne a ser desahuciada de manera sumisa”. Asegura que defenderá la inocencia de todos sus clientes: “Consideramos que ninguno de ellos actuó como consideran la acusación particular y la Fiscalía”, reitera.

Liedo sostiene que “según las declaraciones de los guardias civiles no hubo ningún tipo de resistencia, y los trabajadores de la oficina dijeron que tampoco se dio ningún tipo de coacción, así que no hay por donde armar la causa”. 

Asimismo, el letrado destaca lo que tilda de “irregularidades” en el procedimiento. Se refiere, por ejemplo, a la pérdida por parte de la entidad bancaria de las grabaciones de seguridad de lo sucedido aquella jornada. “Dicen que no existen, que las han perdido. Digo yo que, si hay unas personas que han delinquido contra ti de la forma en la que dices, lo primero que haces es preservar las pruebas”, enfatiza García.

Hacia la insumisión, una protesta política

En este punto, los ocho de Caixabank se han declarado insumisos judiciales. “Hay una tradición en el Estado español, y en el mundo entero, relacionada con la desobediencia civil, es decir, el negarse a cumplir una norma por razones éticas o principios”, introduce el abogado. En este caso, todos los afectados han manifestado una “nula confianza en la Administración de justicia” al entender que “actúa como una suerte de defensora de los intereses de Caixabank y no del bien público”, en palabras del defensor.

Liedo opina que “los abusos que hemos visto por parte de la justicia nos han creado un descrédito hacia ella increíble”, e ilustra sus motivaciones con lo ocurrido con los conocidos como seis de Zaragoza y las seis de la Suiza, o el asedio que sufre el Sindicato Andaluz de Trabajadores a través de numerosas y cuantiosas multas económicas. A nivel personal, piensa que “es un juicio contra el activismo, no contra ocho activistas de la PAH”.

El no acudir a los juzgados los próximos días 10 y 12 de febrero supone para los activistas una forma de protesta política. “Yo si iré, y los testigos también”, asegura García, el abogado. En este sentido, se abren varias posibilidades. Según la Ley de Enjuiciamiento Criminal, si una petición excede los dos años de prisión no se puede celebrar la vista en ausencia de los acusados, pero la petición del Fiscal es menor. “Caixabank puede reducir su petición de forma previa al juicio, y se celebraría. Si no lo hace, el juez podría suspender la vista, pero también poner en busca y captura a mis defendidos”, añade el abogado.

Este extremo supondría la posibilidad de detener a los ocho de Caixabank y su ingreso en prisión provisional hasta que se celebrara la vista oral. “Nosotros vamos a comunicar dónde estamos en todo momento, seguramente en la concentración que convoquemos esos días del juicio, pero no colaboraremos”, comenta Liedo.

Preparados para lo que venga

“Queremos dar un paso más, una especie de órdago que señale estas causas absurdas únicamente orientadas a meter miedo a la gente para que no protesten y defiendan sus derechos”, exclama Liedo, quien afirma que las únicas personas que no saben del trance por el que está pasando son sus padres: “Yo estoy preparada para lo que venga. Mis hijos, de 17 y 19 años, están muy orgullosos de mí, así que seguiremos luchando mientras podamos”, finaliza.

Mariano habla con ojos llorosos y voz temblorosa. Un juzgado de Madrid ha decretado para este jueves su segundo intento de desahucio del piso de renta antigua en el que lleva viviendo toda su vida. Sobre la mesa del salón tiene cinco cajas de medicamentos. En la cama, una máquina de oxígeno que necesita para dormir. En una butaca un tensiómetro que se coloca rápidamente alrededor del brazo cuando se le pregunta cómo se encuentra. Marca 18 de tensión y 101 pulsaciones. “Esto es para ir a urgencias, el jueves tendrá que venir el Samur”, decía el lunes en conversación con elDiario.es. No se equivocaba. Esta misma mañana la ambulancia ha tenido atenderle tras un desmayo.

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Vallecas ha empapelado este martes el barrio con carteles con su foto y un mensaje: “Vallecas no es vuestro coto de caza”. La propietaria del piso en el que Mariano lleva cerca de medio siglo es Carmen Elzaburu, que la compró el 15 de diciembre de 1971, según los datos del registro de la propiedad de Madrid aportados en un recurso por el afectado, y la alquiló poco después, pese a tratarse de una vivienda de protección oficial. La presión vecinal, congregada a las puertas del inmueble, ha frenado a la comisión judicial, que ha aplazado el lanzamiento hasta el 22 de enero. Será el tercer intento.

Carmen Elzaburu tiene 94 años y, según los datos recabados por la PAH, es dueña de al menos 13 viviendas, cuatro cotos de caza y el elitista club Puerta de Hierro. Según un especial sobre Los dueños de los cotos de caza en España, publicado por el periódico El Mundo en 2020, la familia pertenece a la aristocracia española y a la boda de la mujer con el marqués de Huétor de Santillán y alférez Alonso Díez de Rivera y de Hoces acudió el mismísimo Franco. “En Vallecas no tenemos apellidos compuestos”, dice el hombre.

Mariano sufrió su primer intento de desahucio el pasado 23 de mayo. Se había cruzado unos días antes con la notificación debajo de la puerta y aquella misma mañana, con varias compañeras de la PAH, la policía, un cerrajero y la propiedad a las puertas de la casa, un informe de vulnerabilidad de servicios sociales frenó el lanzamiento. “Sé que tengo recibos de agua pendientes”, admite. Pero de su carpeta saca varios folios en los que ha impreso una ristra de emails en las que pide que le pasen esos recibos. “El administrador me respondió que tenía que tener la autorización de la propiedad”, aclara.

Los movimientos sociales llevan años denunciando estas prácticas, que impiden a los inquilinos pagar sus suministros o las rentas de las viviendas, acumulando deudas forzosas que luego se utilizan para justificar procesos judiciales y lanzamientos. En el caso de Mariano, explica, ha ido consignando en el juzgado las mensualidades, hasta que en julio dejaron de aceptárselas. Esta redacción ha intentado, sin éxito, ponerse en contacto con la representación legal de la demandante. Carmen Elzaburu es la madre de Alfonso Díez de Rivera, director del despacho Elzaburu, especializado en asuntos de propiedad intelectual. Contactados también por este medio, se desvinculan de este proceso.

Que la propietaria tenga 10 o más viviendas no es una cuestión menor. A partir de ese número de inmuebles es lo que la Ley Estatal de Vivienda define como “gran tenedor”. En esos casos, la norma aprobada en 2023 incorporaba un “procedimiento de conciliación o intermediación” cuando “el inmueble objeto de demanda constituya vivienda habitual de la persona ocupante y la misma se encuentre en situación de vulnerabilidad económica”. Este procedimiento, indica el texto, “facilitará a las Administraciones competentes dar adecuada atención a las personas y hogares afectados, ofreciendo respuesta a través de diferentes instrumentos de protección social y de los programas políticos de vivienda”.

Mariano admite algunos impagos del alquiler, a nombre de su madre que, desde que enfermó, está en una residencia. “Estuve casi dos años sin pagar por un problema del banco, que cerró, pero tuvimos un juicio y nos pusimos al día en 2021”, aclara. Con todas las deudas saldadas no esperaba que la persecución judicial volviera de imprevisto el pasado mes de mayo y, sin su situación de vulnerabilidad resuelta, teme que este jueves las fuerzas de seguridad “acordonen la calle de madrugada, por la mañana o el día de antes y que monten un festival” para impedir la acción vecinal.

Actualmente, este hombre de 56 años, no recibe ningún ingreso, ni prestaciones, ni subsidios. Tras meses de baja, la Seguridad Social le remite a la mutua y viceversa. “Vivo de la caridad. No tengo nada. El jueves, ojalá que no, pero me veo en la calle”, dice. “Todo el mundo me pregunta qué tal, si necesito algo. La vecina de enfrente me deja una barra de pan en el picaporte todos los días y tengo en la cocina una bolsa del banco de alimentos. El otro día unos vecinos me preguntaron si les acompañaba al supermercado y luego me dieron una bolsa. No te da vergüenza, pero jode”, continúa ante la atenta mirada de Ruth y Souad, dos vecinas del barrio que enfrentan también los estragos que causa la dificultad de acceder a una vivienda digna y de calidad.

Son ellas las que intentan animarle. Bromean con una fotografía antigua, de cuando Mariano hizo la mili, colgada en la pared principal de la estancia. “He sido muy guapo, es que ese lunar que tienes cielito lindo...”, canturrea de una peca sobre su labio, que ahora cubre con un bigote tupido. “Yo estoy positivo, pero llegan las ocho de la tarde y empiezo a darle vueltas y vueltas a la cabeza”, lamenta. Cree que este jueves, cuando llegue la hora marcada por el juzgado de 1ª Instancia nº59 de Madrid, tendrá que acudir una ambulancia. “Me voy a quedar redondo, lo tenemos asumido”, dice. El pronóstico se cumple antes incluso de lo previsto. Este miércoles Mariano tuvo que acudir a urgencias, sin saber al cierre de estas líneas su pronóstico.

La amenaza de desahucio de Mariano afecta también a otro vecino del barrio, al que tiene acogido en su casa tras un lanzamiento de una casa de Coral Homes, una plataforma que comercializa sus inmuebles a través de Servihabitat.

Ante la premura del calendario, Mariano se ve en la calle. “En el sofá de algún amigo te puedes quedar dos o tres días, pero todos tenemos una vida. Al menos en verano puedes dormir en el parque. Ahora ya ni en el cajero, porque han puesto una alarma que salta pasado un tiempo”, lamenta.

La moratoria antidesahuciso del escudo social, impulsado al inicio de la pandemia y prorrogado hasta el próximo 31 de diciembre, ha evitado en torno al 25% de los lanzamientos de inquilinos que se podrían haber ejecutado en todo el estado hasta 2023. Es la estimación que ha realizado el Observatori DESCA en un informe presentado este martes junto a la PAH de Barcelona. La cruz de esta moneda son las más de 135.000 familias que se han quedado en la calle pese a la medida.

La crisis financiera de 2008 puso en la agenda pública el drama de los desahucios, pero el tiempo fue apartando el foco de la reivindicación. Según el informe, entre 2008 y 2023, se llevaron a término en todo el país 735.560 lanzamientos judiciales, que afectaron a más de 1,8 millones de personas. “Esto significa que un 3,8% de la población ha perdido su vivienda habitual” en ese periodo, indican.

Para hacer frente a la emergencia sanitaria y social que comenzó en 2020 con la pandemia de Covid, el Gobierno de coalición del PSOE y, entonces, Unidas Podemos, lanzó el denominado “escudo social”, que incluía la suspensión extraordinaria de los desahucios derivados de impagos o extinciones de contratos de alquiler de vivienda habitual de familias vulnerables y que se amplió en 2021 a desahucios civiles de ocupaciones y delitos de usurpaciones bajo determinadas situaciones, como que las familias llevaran viviendo en los inmuebles desde antes de ese año y que tuvieran menores o personas dependientes a cargo. La medida ha ido prorrogándose y, por el momento, está previsto que finalice el 31 de diciembre de este año.

“Lo más llamativo es que no hay datos ni estimaciones de los efectos de la moratoria”, indica el responsable de Vivienda y Ciudad del Observatori DESCA, Guillem Domingo. En el trabajo, los investigadores han tomado como referencia las cifras de lanzamientos practicados del Consejo General del Poder Judicial y, a través de una solicitud de información pública, han conseguido datos de los informes generados por los servicios sociales, que deben acreditar la vulnerabilidad de las familias. “Es el dato más cercano que podemos encontrar”, indica el autor, y “con la información de suspensiones y desahucios practicados se extrapolan las cifras del año 2020 y hasta 2024 a todo el territorio, porque muchos no aportan datos completos”.

En concreto, el informe estima que “uno de cada 4 lanzamientos se habrían suspendido por la aplicación de la moratoria del escudo social”. En total, en estos cuatro años serían 58.000 ejecuciones, unas 11.593 al año. “Queremos poner encima de la mesa estos datos, para poder discutir en qué medida ha sido eficaz o no y en qué se debería mejorar”, indica Domingo. Como puede verse en el siguiente gráfico y refrenda el informe, a partir de los datos del Consejo General del Poder Judicial, el año de la pandemia los lanzamientos “se redujeron casi en un 50% en comparación al 2019”, mientras en 2021 “aumentaron un 40,6% en comparación al año anterior”.

“El debate ahora es si esta medida debe seguir y los datos nos llevan a decir que sí y que, además, se debe mejorar y poner recursos por parte de todas las administraciones en forma de vivienda, para que no sea solo una suspensión, sino que las familias en riesgo obtengan soluciones”, aclara el responsable de Vivienda del Observatorio. Mantenerla para blindar la protección de esas más de 50.000 familias y mejorarla para avalar al resto. Una reivindicación que trasladan también desde la PAH, que reclama que la moratoria no tenga limitación temporal “hasta que se garantice solución y vivienda digna” y que se modifique “el sistema de compensación para co-responsabilizar a los grandes propietarios que han mercantilizado la vivienda”. “Superada la pandemia, lo que no se ha superado son la especulación ni los precios abusivos con la vivienda, que provocan que miles de familias sigan ahogadas y una media de 130 desahucios al día, a pesar de tener una moratoria para evitarlos”, afirmaban en un comunicado a principios de mes.

Preguntada por una posible prórroga del escudo social para los desahucios de inquilinos, la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha evitado optado por esquivar la respuesta. “La prudencia hace que tengamos que esperar el momento oportuno para poder responder esta pregunta”, indicó este domingo en una entrevista a El País. Este martes, han acompañado a la directora del Observatori Irene Escorihuela y los coportavoces de la PAH Juanjo Ramón y Paco Morote representantes de Sumar, ERC, Bildu, Podemos y BNG, a quien se sumarían, han dicho, el apoyo de Junts.

El objetivo de fondo de la moratoria es dar tiempo a los Servicios Sociales para buscar soluciones que eviten en lanzamiento. El informe ahonda en el histórico de las familias demandas que, en el 77,8% de los casos ya tenían un seguimiento previo de estos recursos, pero también en el tipo de apoyo que se les presta. “Las ayudas económicas públicas mediante las cuales los Servicios Sociales refuerzan el pago de gastos mínimos vitales sin evitar el lanzamiento”, indica el trabajo, “se observan en el 77% de los casos en los que se intervienen” y, en el 12% de los casos, se ofrecen ayudas para reforzar la búsqueda de alternativas habitacionales propios.

Entre las diferentes respuestas asistenciales que ofrecen las administraciones las más escasas son la adjudicación de viviendas de protección social, aplicada solo en el 3% de los casos analizados, y las de alojamiento alternativo temporal, en el 2%. Estas cifras no hacen sino ahondar en la escasez de vivienda pública en España. El presiente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció el 1 de diciembre, durante el 41º congreso federal del PSOE en Sevilla la intención del Ejecutivo de crear una empresa pública, capaz de “construir y gestionar vivienda”.

Lo que sí ha prorrogado el Gobierno ha sido la suspensión de los desahucios hipotecarios, hasta 2028. Todas las fuerzas políticas aprobaron en junio la convalidación de un decreto ley para alagar esta medida, tras un acuerdo con Sumar, Podemos y Bildu.