Los colegios de la red concertada sufren como nadie los efectos del desplome de la natalidad. Los centros de la patronal religiosa Kristau Eskola (los que más alumnos escolarizan) han cerrado varias aulas de la etapa  Infantil en los últimos años.  Los colegios de iniciativa social, AICE (cooperativas y laicos), también han visto menguar las incorporaciones de los niños más pequeños. En algunos casos, han logrado compensar la bajada con la entrada de nuevos estudiantes en etapas superiores. Pero los despidos de docentes ha sido la consecuencia directa de esa caída en la natalidad, mediante la no renovación de contratos temporales principalmente. La recolocación de ese profesorado en apuros ha sido una de las reivindicaciones de los sindicatos. Ya arrancaron un acuerdo el pasado mes de noviembre con las patronales tras un duro conflicto laboral que puso fin a la huelga- Ese acuerdo recogía, entre otras cuestiones, la obligación y los criterios de recolocación de los trabajadores que puedan perder su puesto de trabajo por la bajada de matriculación.

Pero el paso de los meses no se estaba materializando en nada de eso. Ahora, Kristau Eskola (que junto a AICE escolarizan al 70 % de toda la red privada subvencionada) se ha comprometido a recolocar a todos los trabajadores que pierdan su puesto de trabajo por la bajada de matriculación en los centros educativos de iniciativa social de Euskadi, así como a “seguir trabajando y acordar el reglamento de recolocación para la primera semana de diciembre”, según han informado ELA, Steilas y CCOO. El resto de la red concertada lo integra la Federación de Ikastolas, que de momento, ha conseguido sortear mejor la crisis y evitar los despidos

Las dos partes se han sentado en la mesa de negociación para revisar el estado de los acuerdos logrados en noviembre. Y las centrales han ‘arrancado’ otra vez el compromiso de Kristau Eskola de recolocación. El acuerdo suscrito en noviembre con el que se puso fin a la huelga en la red concertada contemplaba que el Departamento de Educación facilite las jubilaciones parciales siempre que las patronales asuman el compromiso y la obligación de recolocar a los trabajadores del sector que pierdan su puesto de trabajo.

Pero en los últimos meses, la patronal “ha intentado mantener su política unilateral de contratación sin priorizar la recolocación de los, a pesar de haber aceptado la financiación del gobierno para sufragar el coste de las jubilaciones parciales”, denuncian los sindicatos. Este ha sido el principal elemento de bloqueo para la firma del convenio definitivo.

Josu Zalbidea, representante de Steilas, cree que el compromiso de Kristau Eskola garantiza “la paz social” en el inicio del próximo curso escolar previsto para el mes de septiembre. “Empezar con este acuerdo da tranquilidad para el curso”. La próxima semana se conocerán más en detalle los datos de los profesores afectados. “Estamos muy cerca de firmar el convenio colectivo que recoja los contenidos del acuerdo final de huelga”.

Si algún centro no cumple con las recolocaciones se arriesgan a más movilizaciones y la judicialización del asunto, además del riesgo de perder  la financiación que aporta el Departamento de Educación.

El Gobierno vasco incorporará un incremento de la financiación de la escuela concertada en su proyecto de ley para gestionar la prórroga presupuestaria. Se aprobará en los próximos días para que se pueda tramitar en febrero en el Parlamento y contemplará igualmente una subida de los salarios de los funcionarios y de la renta de garantía de ingresos. En los tres casos, la mejora será del 2,25%, según ha confirmado este viernes la consejera de Educación, Cristina Uriarte, en relación a los salarios del personal de los colegios privados sujetos a financiación pública.

En un acto en Somorrostro, Uriarte ha indicado que las mejoras para la concertada irán “en línea de la subida salarial de todo el colectivo docente”, esto es, un 2,25%. Estas medidas -reclamadas también por el PP, cuyos votos son necesarios para que sean aprobadas en la Cámara- llegan en un contexto de huelga de ocho días en parte de la concertada, en concreto en los centros de Kristau Eskola o AICE, que suman unos 120.000 escolares. Son un total de ocho jornadas de paros, tres de los cuales se han consumido ya.

Según datos de Kristau Eskola -la patronal de los centros religiosos- el seguimiento de la huelga ha sido escaso, del 17%, por un 28% del miércoles y un 22% del jueves. De 8.168 trabajadores, apenas 1.387 han secundado el paro, remarcan estas fuentes. Por territorios, Bizkaia ha sido el de mayor seguimiento con un 24%, al contabilizarse 960 huelguistas de un total de 3.939. En Álava ha sido del 9%, con 144 trabajadores en huelga de un total de 1.558, y en Gipuzkoa del 11%, siendo 283 los que han secundado el paro de entre 2.680, informa Europa Press. Como es habitual, las cifras de los sindicatos son muy superiores.

Según Uriarte, la convocatoria de ocho días de huelga en la enseñanza concertada es “un exceso” que “en nada ayuda a la Educación ni a la negociación”, por lo que ha reiterado su llamamiento a “sacar el conflicto de la aulas”. Las familias, que han llamado a la movilización, se han quejado de que el curso puede estar en riesgo, más teniendo en cuenta que ha habido más huelgas en este año académico. Así las cosas, ha reiterado el llamamiento a las patronales del sector y a los sindicatos para que “saquen el conflicto de las aulas, se sienten a negociar y busquen un acuerdo” porque, según ha remarcado, “es responsabilidad de todos conseguir que se alcance un acuerdo y mejorar la educación”.

Los tribunales han vuelto a dar la razón a los trabajadores de la educación concertada, que mantienen un conflicto con la patronal del sector Kristau Eskola y AICE. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en un auto de la Sala de lo Contencioso Administrativo comunicado hoy mismo al sindicato ELA, ha ordenado a la patronal de la concertada que comuniquen a sus dentros que el convenio 2008-2009 “sigue siendo de aplicación a todas las empresas y trabajadores”.

El alto tribunal vasco ya había dictado sentencia el pasado 26 de noviembre en la que admitía el recurso presentado por ELA, CC OO, LAB, UGT ySTEE-EILAS en favor de que se declarara que el citado convenio colectivo era de “aplicación a los afectados por este conflicto colectivo y hasta la firma de un nuevo”.

La patronal del sector Kristau Eskola y AICE dijo que le era imposible el cumplimiento tal cual del convenio y el pago de los salarios atrasados -planteaba un calendario progresivo- porque podía suponer incluso el cierre de los centros, según explicaron en su momento.

Los sindicatos vienen reclamando que se acuerde el pago de la deuda generada por las cantidades detraídas de las nóminas de los trabajadores tras el recorte establecido en la financiación del Gobierno vasco y cuya devolución tienen, asimismo, reconocida por sentencia del Tribunal Supremo. La patronal religiosa está conforme con establecer un calendario de pagos para saldar la deuda en los salarios, pero se oponen a aplicar el convenio de 2009. Kristau Eskola y AICE quieren vincular la nómina de sus docentes exclusivamente con el dinero que reciben del Gobierno vasco como financiación. Esto es, si el Ejecutivo recorta, la patronal aplica ese recorte directamente.

“Llevamos cuatro años de conflicto desencadenado por las decisiones unilaterales que el Gobierno vasco en primer lugar y Kristau Eskola en sucesivas ocasiones han tomado. El conflicto se va saldando con sucesivas sentencias en las que las máximas instancias nos han dado la razón a los sindicatos”, señala ELA, que ha exigido el cumplimiento del convenio sin más demora.

Cinco huelgas y varias resoluciones judiciales después, el conflicto de la enseñanza concertada sigue atascado. Los centros se encaminan hacia el final del curso sin haber solucionado el problema con sus docentes. Y lo que es más preocupante, sin visos de que el acercamiento entre patronal y sindicatos sea posible. Mientras, los profesores acusan ya el desgaste y el clima escolar se ha enrarecido en los claustros. Una mala noticia con vistas a la recta final de curso.

Josu Izuskiza es docente en el colegio Carmelitas, en Vitoria. Ha estado desde el primer momento en las movilizaciones. “Es un conflicto que se arrastra desde hace cuatro años, pero que ha tenido una plasmación más intensa a nivel de calle en este curso. Hasta ahora no hemos trasladado el problema a las aulas, pero la situación ha cambiado porque las huelgas afectan a la marcha de las clases. El ambiente a nivel de claustros empieza a complicarse porque unos docentes se implican más que otros en las movilizaciones. Esto no ayuda a que la marcha sea la adecuada”.

Sobre el respaldo o no de la sociedad a sus protestas, Izuskiza cree que la información que está llegando a los padres de los alumnos no está centrando el problema. “No se trata tan solo de una rebaja del 3% del salario. Es la aplicación de un convenio estatal que rebaja ostensiblemente nuestro salario, aunque ahora existe un complemento que lo compensa. Pero no se sabe hasta cuándo. Las condiciones que nos arriesgamos a perder si esto no se arregla supondrían un retroceso muy importante. Y eso sí que va a afectar a la calidad de enseñanza”.

“No se puede rendir bien”

“Si te aumentan el horario lectivo y las condiciones laborales retroceden….Una persona que no está a gusto en su trabajo no rinde bien. Hasta ahora lo hemos salvado, pero la situación se alarga. La gente le da más vueltas, pero tenemos muy claro que la patronal no da pasos para negociar. El núcleo de la huelga se mantiene. No ayuda en nada al ambiente escolar. La comodidad de los que prefieren quedarse y no salir, pero sí beneficiarse de los logros que obtengan los que se movilizan provoca que haya situaciones de mosqueo”.

Laura Ormazabal también es docente en la red concertada. Para ella, “el conflicto está minando la ilusión de los docentes”. “Hay amenazas veladas por parte de la dirección de los centros, con mensajes que de que vamos en contra de los colegios. Pero solo queremos un convenio justo. Es posaible que la sociedad nos vea como unos privilegiados y no entienda muy bien las razones de nuestra protesta, pero lo cierto es que metemos muchas horas y solo reclamamos un convenio justo”.

La desunión por el tiempo prolongado del conflicto se hace patente en algunos colegios. “En algunos centros hay desunión y compañeros que no se involucran. La respuesta es desigual. Pero lo que sí estamos diferenciando bien es los alumnos y las clases de las movilizaciones”. El tiempo pasa, el final de curso se acerca y no se termina de ver luz al final del túnel.

El enfrentamiento entre la patronal de la red concertada de educación y los sindicatos del sector asoma de nuevo. Las centrales preparan movilizaciones en demanda del pago de los atrasos y de la negociación de un convenio laboral propio de la comunidad autónoma. Las negociaciones desarrolladas con la patronal en las últimas semanas no han prosperado por lo que Comisiones Obreras, UGT, ELA, y STEE-EILAS están definiendo el calendario de protestas, que previsiblemente se desarrollarán en su mayor parte a partir de marzo. Entre las movilizaciones se contemplan manifestaciones, concentraciones e incluso paros de dos o tres días consecutivos. Después de casi dos meses de calma tensa en la red concertada, se vuelven a desencadenar las protestas que ya protagonizaron el accidentado mes de diciembre.

Aquel mes, casi 130.000 alumnos se quedaron sin clase durante dos días debido a que sus 12.000 docentes secundaron la huelga convocada por los sindicatos. Las patronales Kristau Eskola (con 137 centros de mayoría religiosa) y AICE (Asociación Independiente de Centros de Enseñanza), que integra a 50, se resisten a aplicar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV ) que ha dado la razón a los sindicatos en su demanda. La sentencia obliga a las patronales de la red concertada a dejar de aplicar el convenio estatal a sus cerca de 12.000 trabajadores y recuperar el anterior acuerdo laboral vasco hasta la firma de uno nuevo.

Kristau Eskola sostiene que la situación económica de los colegios privados subvencionados es, en muchos casos, “insostenible” y la aplicación de esa sentencia les abocará a la bancarrota.

El conflicto tiene su origen en 2010, cuando Educación recortó la aportación a los centros concertados para el salario de los docentes, cumpliendo con las exigencias del Gobierno central de reducir el sueldo de los funcionarios. La patronal cargó sobre sus docentes la reducción, pero los sindicatos han ido ganando sucesivamente en los tribunales, con lo que al final la patronal acumula ya una deuda de 18 millones en atrasos. Los colegios se acogieron en julio al convenio estatal (una vez que decayó el que matenían debido al final de la ultraactividad) para poder acometer la rebaja salarial a sus profesores, pero el TSJPV les ha dicho que eso no es posible, que el convenio que estaba suscrito garantiza la ultraactividad.

En un intento de salida al conflicto, los sindicatos aceptaron un acuerdo para aplazar los pagos, pero aplicando desde ya el convenio. El responsable de UGT en la red concertada, Ángel Pérez de Toral, asegura que “la patronal no acepta nuestra propuesta económica, así que todo se mantiene bloqueado. No njos dejan más opción que movilizarnos”.

Plantea un incremento del 0,7% de los salarios a los docentes para desbloquear la negociación.

La patronal de los centros privados concertados religiosos Kristau Eskola ha propuesto a los sindicatos un acuerdo para abrir la mesa del convenio. Es el primer movimiento que hace desde que se radicalizó el conflicto (en el mes de septiembre). Su propuesta consiste en incrementar un 0,7% el salario de los docentes y aplazar el pago de los atrasos a la plantilla hasta que la financiación procedente del Departamento de Educación mejore. La medida de subir el salario no afectaría al personal cuyas remuneraciones brutas anuales sean inferiores a 25.000 euros, al que se aplicará directamente las tablas de 2009 fijadas en el Convenio de Centros de Iniciativa Social.

Si los sindicatos aceptan negocar sobre estas bases, la patronal se compromete a retirar el recurso que ha presentado ante el Tribunal Supremo tras las sentencia que rechazaba que se aplicara el convenio estatal en el sector. Según Kristau, su propuesta persigue “conciliar la aspiración retributiva de la plantilla con la sostenibilidad de los centros”. Este planteamiento cuenta con el respaldo mayoritario de los centros de iniciativa social de Euskadi.

A partir del 1 de enero de 2014, Kristau Eskola reconoce como deuda a gestionar las diferencias generadas entre la financiación recibida y las tablas salariales del convenio de 2009 y ello, según ha precisado, “sin esperar a que el TS pueda dictar la pérdida de vigencia del convenio sectorial y, por ende, la inexistencia de dicha deuda”. Si los sindicatos aceptan, Kristau incluiría un compromiso para el mantenimiento de los puestos de trabajo.

A la espera de una respuesta sindical conjunta (se ha mantenido la unidad de acción en todas las movilizaciones), Comisiones Obreras ha lamentado que en la propuesta de la patronal no haya “ningún reconocimiento ni implícito, ni explícito a los esfuerzos que está realizando el conjunto de trabajadores del colectivo en este proceso”.

“Ni una línea sobre la posible vuelta al convenio de Euskadi ni asunción de garantías de transparencia” a la hora de coincidir “en un diagnóstico sobre la situación económica real de los centros”. No obstante, el sindicato considera que es “el inicio y que con algunos pasos más podría ser el inicio para la apertura de negociaciones”.

La patronal advierte que hasta 100 centros podrían quebrar si se les obliga a pagar los atrasos a su plantilla, pero son los que más dinero público reciben de todo el país.

Casi todos tienen excedente de matriculación y se pueden permitir rechazar alumnos.

130.000 alumnos, 12.000 docentes, más de 200 centros. Estos son algunos de los números que mueve la educación concertada en Euskadi. En concreto, la correspondiente a la iniciativa social, es decir, a los centros religiosos (agrupados en Kristau Eskola) y en AICE (Asociación Independiente de Centros de Enseñanza). Desde que se inició el curso, el profesorado anda a la gresca con la patronal. En las últimas semanas se han sucedido las movilizaciones y los paros, algo inédito en un sector caracterizado por la discreción. La aplicación del convenio estatal desde el pasado 7 de julio y la resistencia de la patronal a pagar las deudas que arrastra con la plantilla (más de 20 millones de euros por la reducción de la financiación pública) han radicalizado el conflicto. El caso es que la patronal advierte que si paga las deudas más de 100 centros corren el riesgo de quebrar. Y eso, teniendo en cuenta que los centros concertados vascos son, con mucha diferencia, los mejor financiados con dinero público de España.

Estas son algunas de las claves que ayudan a seguir el conflicto.

1. ¿Cuál es el origen del conflicto?

Los recortes a los funcionarios decretado por el Gobierno central en 2010 se tradujo en que el Departamento de Educación del Gobierno vasco redujo en un 5% los sueldos de los profesores públicos y traslado a su vez esa merma a la financiación que concede a los centros concertados para el pago de los salarios de sus docentes. La patronal cargó a los docentes la reducción, pero ha perdido sistemáticamente la batalla que ha librado en los tribunales contra los sindicatos. La deuda con la plantilla supera ya los 20 millones de euros.

Por otra parte, la patronal aprovechó la reforma laboral para aplicar el pasado mes de julio el convenio estatal, dando por finalizado así el convenio propio suscrito con los sindicatos en 2008 y con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2010. Ese convenio marcaba la fecha de vigencia, pero puntualoizaba que debía seguir aplicándose hasta que se firmase uno nuevo. El Tribunal Superior de Justicia del País Vacsos (TSJPV) ha dado la razón a los sindicatos y ha dictaminado que la patronal debe aplicar el convenio suscrito con las centrales y no el estatal. El anuncio por parte de la patronal de que va a recurrir ante el Supremo este fallo ha enconado más el conflicto. Una de las consecuencias de la aplicación del convenio estatal es que las nuevas copntrataciones entran con un 30% menos de sueldo que el resto de sus compañeros.

2. ¿Cómo se financian los centros concertados?

Tienen hasta cuatro vías de financiación conocidas. La más importante es el módulo económico de sostenimiento de los centros concertados, que se fija año a año en la Ley de Presupuestos del Estado o de cada comunidad autónoma. En el caso del País Vasco, en la Ley de Presupuestos Generales de Euskadi del año 2012. El anexo de esa ley determina cuáles son los módulos de concierto atendiendo a cada una de las etapas, es decir, lo que paga el Gobierno vasco por cada una de las aulas de los centros. En el caso de una clase de Primaria, se paga el sueldo del profesor (incluyendo las cotizaciones a la Seguridad Social), gastos de personal no docentes y otros gastos. En total, 65.709 euros, de los que 55.647 son destinados al sueldo del docente.

Si se toma como referencia los Presupuestos Generales del Estado, a partir de los cuales tiran casi todas las comunidades autónomas para fijar su financiacióin, se puede comprobar que en Primaria lo que se paga por aula es 37.077 euros. Tomando ese punto de referencia, las comunidades pueden elevarlo o no en función de sus posibilidades. En cualquier caso, ninguna comunidad llega a los niveles de financiación de Euskadi. Se trata del mejor convenio del Estado.

Otra fórmula de financiación son las cuotas que pagan los padres por las diversas actividades que ofrece el centro. Además, está la participación en convocatorias de subvenciones. Y otra vía de financiación que tienen los centros que ofrecen enseñanzas no regladas es fijar la cuota de enseñanza que les parezca oportuno.

3. ¿Pueden quebrar los centros?

Si se hace una trasposición al resto del Estado significaría que prácticamente todos los centros concertados de España tendrían que estar ya quebrados o pasando por muy serios apuros. Los expertos y los sindicatos atribuyen a una “mala gestión” de las direcciones y la patronal la situación que se está viviendo. En junio, sindicatos y patronal pactaron un calendario de pagos aplazados. Por el momento, algunos centrros han sido capaces de saldar la deuda mientras que otros ni siquiera han empezado a hacerlo.

Por otro lado, a los centros concertados no les faltan alumnos. A pesar de que la cuota por actividades pueda resultar elevada aún podrían subirla más atendiendo a que siempre tienen un exceso de matrícula. Al menos, los centros concertados del entorno urbano. Según los expertos, aún tienen ahí margen de maniobrabilidad sin perder matrícula.

4. ¿Hay margen para la negociación?

El TSJPV ha dictaminado que debe aplicarse el convenio de centros de iniciativa social, es decir, ha marcado el terreno de juego. El recurso al Supremo es un intento de ganar tiemnpo, pero la patronal está abocada a la negociación, aunque por ahora los intentos realizados no hayan dado ningún fruto.

5. La red pública gasta más recursos que la concertada escolarizando al mismo número de alumnos?

La red pública gasta más porque el nivel de diversidad o inclusión del alumnado con dificultades es bastante mayor que en la concertada. Los recursos que se dedican a centros que registran hasta un 80 y 90% de alumnos inmigrantres nunca pueden ser los mismos que los que necesita un centroi con un 5% de inmigrantes en sus aulas. Euskadi destaca por la equidad que da al alumnado y destaca en todos los programas de atención a la diversidad. “Si los alumnos con necesidades educativas especiales no estñan reparetidos al 50%, los centros concertados no pueden aspirar a los mismos recursos”, resaltan los especialistas.

6. ¿Por qué la red concertada tiene tanta penetración en Euskadi?

El País Vasco es un caso único en España y Europa. La red privada concertada (que suma en la comunidad a todos los centros escolares religiosos y las ikastolas) escolariza ya a a la mitad de los estudiantes. En el resto del país, estos porcentajes se mueven entre el 70% de la pública y el 30% de la concertada, salvo en Madrid y Cataluña donde aumenta algo más el peso de la concertada, pero muy lejos de Euskadi. El Pacto Escolar suscrito en 1992 entre PNV, PSE y la extinta Euskadiko Ezkerra acabó con la 'guerra escolar' entre redes, que pugnaban por captar al alumnado desde edades muy tempranas para lograr así mantenerle fiel durante todo el ciclo escolar y estableció un reparto del 50% para cada una.

Dos son las razones que ayudan a explicar la relevante presencia de los centros privados concertados en Euskadi. Por una parte, la gran penetración social de las órdenes religiosas y de sus colegios y, por otro lado, el movimiento de las ikastolas, que surgió como una alternativa al modelo de escuela nacional propugnado por el franquismo.

Los trabajadores señalan al Ejecutivo como "el origen del conflicto" por su política de recortes.

Los profesores de la escuela concertada han vuelto a realizar una demostración de fuerza con la movilización de miles de docentes en demanda de un convenio propio para el sector y la retirada del convenio estatal, que en la actualidad les aplica la patronal. La segunda jornada consecutiva de huelga se ha saldado con una movilización masiva (un 80% de seguimiento según los sindicatos) que ha culminado con una concentración frente al Parlamento. Los sindicatos convocantes, ELA, CC.OO, STEE-EILAS, LAB y UGT, han querido escenificar así la “responsabilidad” que tiene el Gobierno vasco en todo el conflicto, al que consideran “el origen y la solución” del conflicto. Por eso, ahora han decidido redoblar la presión sobre el Departamento de Educación en busca de una mediación que termine con el conflicto que les enfrenta con la patronal.

Kristau Eskola (que cuenta con 137 centros de mayoría religiosa) ha mostrado su disposición a no aplicar el convenio estatal a sus 12.000 docentes si éstos se avienen a negociar los atrasos de salarios que les debe. Esta deuda, que se arrastra desde 2010 (el Gobierno vasco recortó la financiación a la concertada por el decreto del Gobierno central que obligaba a rebajar el sueldo de los funcionarios), supera los 20 millones de euros. Si no hay acuerdo, Kristau Eskola seguirá adelante con la presentación del recurso a la sentencia que da la razón a los docentes y rechaza la aplicación en Euskadi del convenio estatal del sector.

Los sindicatos recordaron que “desde el inicio del conflicto nuestras peticiones han sido muy simples y muy básicas: que las patronales cumplan el convenio roto de manera unilateral y nos devuelvan lo quitado”. En la manifestación, que ha partido desde la sede del Ejecutivo, los docentes han denunciado los recortes “impuestos” por el Gobierno vasco y la decisión de las patronales de “trasladarlos” a los trabajadores. “Son los responsables del conflicto”.

Así, han exigido al Gobierno autonómico y al Parlamento que “dejen de lado las políticas de recorte” y apuesten “verdaderamente” por los servicios básicos y la educación “y aumente su inversión”. Al mismo tiempo, han instado a las patronales a que retomen la negociación para la renovación del convenio “sin ningún planteamiento de recorte” y que se garantice su cumplimiento en cada centro, así como su validez hasta la firma del siguiente.Amenazas

“Primero”, han añadido, “incumplen el convenio de manera unilateral y nos imponen los recortes, seguido recurren la decisión del Tribunal Superior de Justicia, a los 6 meses de la sentencia del Tribunal Supremo acuerdan el pago de la deuda, a la semana se aprovechan de la reforma laboral del PP para abandonar el convenio de Comunidad Autónoma y aplicar el estatal, y, ahora, en lugar de aplicar nuestro convenio, tal y como dice la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia, dicen que van a recurrir la sentencia”.

Sobre las “amenazas” por parte de la patronal de que un centenar de centros podría quebrar si se pagan los atrasos, los sindicatos han asegurado que “ocultan el verdadero problema y la salida de fondo del conflicto, con el fin de seguir trasladando los recortes a las trabajadores”. “La viabilidad de los centros o de los puestos de trabajo no se pone en riesgo con nuestras reivindicaciones o por la condiciones laborales, sino por financiación insuficiente, falta de matriculación o por la mala gestión de los centros”.

Kristau Eskola se muestra dispuesta a no aplicar el convenio estatal a los docentes si se avienen a negociar los atrasos que les adeuda.

La patronal de la enseñanza concertada ha abierto una puerta a la negociación con los sindicatos. Después de varias huelgas, paros y movilizaciones del profesorado, Kristau Eskola (que cuenta con 137 centros de mayoría religiosa) ha mostrado su disposición a no aplicar el convenio estatal a sus 12.000 docentes si éstos se avienen a negociar los atrasos de salarios que les debe. Esta deuda, que se arrastra desde 2010 (el Gobierno vasco recortó la financiación a la concertada por el decreto del Gobierno central que obligaba a rebajar el sueldo de los funcionarios), supera los 20 millones de euros. Si no hay acuerdo, Kristau Eskola seguirá adelante con la presentación del recurso a la sentencia que da la razón a los docentes y rechaza la aplicación en Euskadi del convenio estatal del sector. Los profesores se han tomado este recurso como “una traición”, ya que confiaban en que la sentencia fuera suficiente como para sentar a la patronal en la mesa de negociación. La aplicación del convenio estatal ha supuesto una merma salarial de 1.500 euros al año para los docentes, según los sindicatos.

Miles de docentes y trabajadores de la escuela privada concertada secundaron ayer la primera de las dos jornadas de huelga convocadas este semana por los sindicatos del sector para exigir a las patronales la negociación de un nuevo convenio vasco “sin recortes” y con “garantía de aplicación” y el pago de los retrasos que acumulan. En esta ocasión, los docentes, que se han concentrado en los centros y después se han manifestado por las tres capitales vascas, también han exigido al Gobierno vasco que se implique en el conflicto y “abandone la política de recortes”. Los cerca de 200 colegios integrados en Kristau Eskola (con 137 centros de mayoría religiosa) y AICE (Asociación Independiente de Centros de Enseñanza) han funcionado a medio gas, aunque la movilización ha sido menos contundente que la del pasado 26 de septiembre, cuando el seguimiento se cifró en un 80%.

En total, alrededor de 130.000 alumnos y 12.000 profesores se van a ver afectados por la huelga de ayer y la de hoy, que se espera más masiva. Los sindicatos Comisiones Obreras, UGT, ELA, LAB y STEE-EILAS reclaman el pago de los atrasos y la negociación de un convenio laboral propio de la comunidad autónoma. “Mientras las patronales no estén dispuestas a retirar sus imposiciones y negociar la renovación del convenio sin planteamientos de recorte no nos dejan otro camino que el de la movilización”, han advertido los sindicatos.

Los profesores reclaman la implicación del Gobierno vasco para resolver un conflicto que amenaza con agravarse.

La patronal recurre la sentencia que le obliga a dejar de aplicar el convenio estatal a sus cerca de 12.000 trabajadores y recuperar el anterior acuerdo laboral vasco.

Miles de docentes y trabajadores de la escuela privada concertada han secundado la primera de las dos jornadas de huelga convocadas este semana por los sindicatos del sector para exigir a las patronales la negociación de un nuevo convenio vasco “sin recortes” y con “garantía de aplicación” y el pago de los retrasos que acumulan. En esta ocasión, los docentes, que se han concentrado en los centros y después se han manifestado por las tres capitales vascas, también han exigido al Gobierno vasco que se implique en el conflicto y “abandone la política de recortes”. Los cerca de 200 colegios integrados en Kristau Eskola (con 137 centros de mayoría religiosa) y AICE (Asociación Independiente de Centros de Enseñanza) han funcionado a medio gas, aunque la movilización ha sido menos contundente que la del pasado 26 de septiembre, cuando el seguimiento se cifró en un 80%.

En total, alrededor de 130.000 alumnos y 12.000 profesores se van a ver afectados por huelga de hoy y la de mañana, que se espera más masiva. Los sindicatos Comisiones Obreras, UGT, ELA, LAB y STEE-EILAS reclaman el pago de los atrasos y la negociación de un convenio laboral propio de la comunidad autónoma. Las patronales han enconado el conflicto con la presentación de un recurso contra la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV ) que ha dado la razón a los sindicatos. La sentencia obliga a las patronales de la red concertada a dejar de aplicar el convenio estatal a sus cerca de 12.000 trabajadores y recuperar el anterior acuerdo laboral vasco hasta la firma de uno nuevo. La aplicación del convenio estatal ha supuesto una merma salarial de 1.500 euros al año para los docentes, según los sindicatos.

En el transcurso de las movilizaciones, los sindicatos han vuelto a pedir a las patronales que “abandonen de inmediato” el convenio estatal, que apliquen el convenio vasco “en su totalidad” y retomen la negociación para la renovación del convenio “sin ningún planteamiento de recorte y con garantía de aplicación en cada centro” frente a la reforma laboral. “Mientras las patronales no estén dispuestas a retirar sus imposiciones y negociar la renovación del convenio sin planteamientos de recorte no nos dejan otro camino que el de la movilización”, han advertido. Junto con un nuevo convenio, los sindicatos reclaman el pago de los atrasos a la plantilla que la patronal arrastra desde 2010, desde que Educación recortó la financiación a la concertada obligada por el decreto del Gobierno central que obligaba a recortar el sueldo a los funcionarios. Esos atrasos suman ya más de 18 millones de euros.

Las centrales también se han acordado durante la movilización del Departamento de Educación, al que le han exigido que busque “una salida que no sacrifique a las trabajadoras y trabajadores y de estabilidad al sistema educativo y a las condiciones laborales”. Las protestas de este martes se han producido tras la huelga del pasado 26 de septiembre, los paros desarrollados en octubre y las diferentes movilizaciones que se han efectuado en el sector.

Los docentes exigen el pago de las deudas atrasadas y la aplicación de un convenio propio de la comunidad autónoma.

La patronal de la red concertada se queda sin margen de maniobra tras la sentencia que le obliga a dejar de aplicar el convenio estatal a sus trabajadores.

130.000 alumnos se quedarán sin clase hoy y mañana.

El enfrentamiento entre la patronal de la red concertada de educación y los sindicatos no tiene visos de arreglo. Casi 130.000 alumnos se quedarán sin clase hoy y mañana debido a que sus 12.000 docentes están convocados a secundar la huelga convocada por Comisiones Obreras, UGT, ELA, LAB y STEE-EILAS en demanda del pago de los atrasos y de la negociación de un convenio laboral propio de la comunidad autónoma. Si el éxito de la convocatoria es similar al de la huelga del pasado 26 de septiembre, la red concertada se paralizará. Las patronales Kristau Eskola (con 137 centros de mayoría religiosa) y AICE (Asociación Independiente de Centros de Enseñanza), que integra a 50, han enconado el conflicto con el anuncio en la víspera de la huelga de la presentación de un recurso contra la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV ) que ha dado la razón a los sindicatos. La sentencia obliga a las patronales de la red concertada a dejar de aplicar el convenio estatal a sus cerca de 12.000 trabajadores y recuperar el anterior acuerdo laboral vasco hasta la firma de uno nuevo.

Según Kristau Eskola, la situación económica de los colegios privados subvencionados es ya “prácticamente insostenible” y la aplicación de esa sentencia abocará a muchos de ellos a bancarrota. Los responsables de Kristau Eskola han trasladado estas advertencias de cierre a la plantilla “en un intento de rebajar la movilización”, señalan los sindicatos. En julio, la patronal ya acumulaba una deuda de 18 millones de euros con su plantilla. La patronal no había impuesto a sus trabajadores todas las condiciones del convenio estatal, peores que las vascas y con sueldos más bajos, pero había echado mano del convenio estatal en un intento de paliar los efectos de esa deuda y hacerla más llevadera.

“No hay propuestas creíbles”

El conflicto tiene su origen en 2010, cuando Educación recortó la aportación a los centros concertados para el salario de los docentes, cumpliendo con las exigencias del Gobierno central de reducir el sueldo de los funcionarios. La patronal cargó sobre sus docentes la reducción, pero los sindicatos han ido ganando sucesivamente en los tribunales, con lo que al final la patronal acumula ya una deuda de 18 millones en atrasos. Los colegios se acogieron en julio al convenio estatal (una vez que decayó el que matenían debido al final de la ultraactividad) para poder acometer la rebaja salarial a sus profesores, pero el TSJPV les ha dicho que eso no es posible, que el convenio que estaba suscrito garantiza la ultraactividad.

Con este clima de enfrentamiento, llegan las dos nuevas jornadas de huelga con la que los sindicatos esperan hacer otra demostración de fuerza a la patronal. “Reclamamos un nuevo convenio vasco, sin recortes y con garantía de aplicación”, recalca STEE-EILAS. Pero, el sindicato lamenta que las propuestas que hasta ahora ha puesto encima de la mesa la patronal “no resultan creíbles. Tiene que abandonar su estrategia de trasladar el coste principal de los recortes a los trabajadores”.

En un intento de salida al conflicto, los sindicatos aceptaron un acuerdo para aplazar los pagos. El pacto implica que toda la deuda del periodo entre junio de 2010 y diciembre de 2012 se abone en diferentes plazos de acuerdo a un calendario que concluye en enero de 2015.

Alrededor de un 80% de los 12.000 profesores de la educación concertada (excepto ikastolas) han secundado la huelga convocada en el sector, según los sindicatos. Miles de docentes se han movilizado para exigir la aplicación del convenio vasco en lugar del estatal, sin ningún planteamiento de recorte y garantías de aplicación en el conjunto de centros concertados religiosos, diocesanos y de cooperativas de padres. En torno a 150.000 alumnos se han podido ver afectados por la huelga de un día completo, que tendrá continuidad con paros parciales a finales de octubre y noviembre.

Los sindicatos convocantes (ELA, CC OO, STEE-EILAS, LAB y UGT) reclaman el cumplimiento del convenio incumplido “de manera unilateral por las patronales y la devolución del salario quitado”, exigen retormar la negociación del nuevo convenio tomando como punto de partida el anterior y garantizar su cumplimiento en todos los centros de la comunidad autónoma. Endika Rodríguez, representante del STEE-EILAS, también reclamó durante una de las protestas frente a la sede del Parlamento vasco que el Gobierno vasco (que paga el salario de los docentes) medie y busque una salida que ponga fin al conflicto y de estabilidad al sistema educativo.

Se trata de la peor crisis laboral a la que se enfrentan las patronales de la educación concertada en los últimos 25 años, especialmente la de los colegios religiosos Kristau Eskola. Los progresivos recortes en salarios y el empeoramiento de las condiciones laborales de los últimos años se han visto agravados con el hecho de que Kristau Eskola dio por concluido el pasado 7 de julio la vigencia del convenio sectorial. Ese convenio regulaba las condiciones laborales de los trabajadores de la concertada en Euskadi. A partir de ese día se aplica el convenio estatal, “notablemente peor” que el vasco tanto en salarios como en jornadas, según los sindicatos.

12.000 docentes están convocados al paro de hoy para exigir el fin a los recortes salariales y denunciar el empeoramiento de las condiciones de trabajo.

La patronal de los colegios religiosos ha aplicado el convenio estatal, considerando una parte del salario base de los docentes como un complemento que podría eliminar en cualquier momento.

Un total de 12.000 docentes de la educación privada concertada están llamados hoy a la huelga de 24 horas convocada por todos los sindicatos del sector. Además, están convocados paros parciales para finales de octubre (entre los días 21 y 25) y finales de noviembrre (del 25 al 29), que afectarán a más de 200 centros de la red concertada vasca, excepto a los de las ikastolas que tienen convenio propio. Se trata de la peor crisis laboral a la que se enfrentan las patronales de la educación concertada en los últimos 25 años, especialmente la de los colegios religiosos Kristau Eskola. Los progresivos recortes en salarios y el empeoramiento de las condiciones laborales de los últimos años se han visto agravados con el hecho de que Kristau Eskola dio por concluido el pasado 7 de julio la vigencia del convenio sectorial.

Ese convenio regulaba las condiciones laborales de los trabajadores de la concertada en Euskadi. A partir de ese día se aplica el convenio estatal, “notablemente peor” que el vasco tanto en salarios como en jornadas, según los sindicatos. Las medidas de presión convocadas afectarán aproximadamente a los 150.000 alumnos vascos que cursan estudios de Primaria y ESO en los colegios concertados religiosos, diocesanos y cooperativas de padres.

Luis B., profesor de Secundaria en un colegio religioso de Bilbao, tiene muy claro que se trata “del peor ataque a las condiciones del profesorado en décadas”. “La patronal no ha medido las consecuencias y aunque dice que se mantiene intacta la masa salarial en la práctica no es así”. Una de las principales críticas de las centrales y los trabajadores hacia Kristau Eskola es que ha dividido el salario base único que venían cobrando los docentes en dos conceptos. Por una parte el salario base ajustado a lo que marca el convenio estatal y, por otro lado, lo que se ha dado en llamar como complemento Euskadi, que es la diferencia entre el salario base y lo que paga el Gobierno vasco para financiar el sueldo de los docentes. Este complemento no consolida en la nómina, es decir, que en cualquier momento podría ser eliminado por la patronal. Xabin Arrizabalaga, portavoz del sindicato STEE-EILAS, puntualiza que ese complemento se mueve en una horquilla de 262.64 euros a 828,08 euros mensuales, según la categoría y sueldo de cada docente. La cantidad que más se repite es de 758,91 euros al mes.

Además, las movilizaciones se han convocado para exigir a las patronales que abonen a los trabajadores de sus centros las cantidades detraídas de sus nóminas desde mayo de 2010 hasta diciembre de 2012, un derecho que, además, les ha sido reconocido a los trabajadores en sentencia firme del Tribunal Supremo. Los sindicatos representados en el sector, ELA, CCOO, STEE-EILAS, LAB y UGT, han exigido al Gobierno vasco que medie ante las patronales para buscar una solución que dé estabilidad al sistema educativo y a sus trabajadores.

El Tribunal Superior de Justicia vasco deberá dilucidar si el convenio, que afecta a unos 8.000 docentes, se mantiene vigente o decae por la aplicación de la reforma laboral.

Los docentes que trabajan en los colegios de Kristau Eskola pueden perder hasta 12.000 euros anuales brutos si se aplica el convenio estatal.

El futuro de las condiciones laborales de los 8.000 profesores de la red concertada vasca de los Centros de Intervención Social (colegios religiosos), afectada por el decaimiento del convenio como consecuencia de la aplicación de la reforma laboral, se dilucidará en los tribunales. El sindicato Comisiones Obreras presentó el pasado lunes una demanda de conflicto colectivo ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco para hacer valer las condiciones laborales de esos docentes. La central sindical quiere, con esta demanda, evitar que decaiga el último convenio firmado con la patronal del sector, Kristau Eskola, y mantener así las condiciones laborales que en él se recogen en materia de salarios, jornadas y otro tipo de ventajas atesoradas a lo largo de los últimos años de negociación colectiva. La demanda no afecta al resto de profesores de la red concertada, agrupados en torno a las ikastolas, que mantienen abierta la negociación.

La demanda de conflicto colectivo se ha presentado ante el alto tribunal vasco y no ante el juzgado de lo social porque el convenio colectivo afecta a toda la comunidad autónoma. CC OO invoca en el texto un artículo del último convenio firmado con la patronal, vigente hasta 2009, en el que se recoge que el citado acuerdo y las condiciones recogidas en él se prorrogarán hasta la firma del nuevo convenio entre las partes. Los servicios jurídicos de Comisiones y los responsables de Educación del sindicato entienden que lo firmado supone de hecho “el reconocimiento de la ultraactividad indefinida”. Por contra, la patronal, durante la negociación del convenio, propuso “un calendario acelerado de negociación con unas condiciones que no mejoraban en nada las vigentes, más bien las empeoraban, un arbitraje obligatorio si no había acuerdo y la extensión de la negociación hasta el 31 de diciembre”, apuntan desde CC OO.

Todos los sindicatos del sector (ELA, CC OO, UGT, LAB y STEE-EILAS) rechazaron la propuesta de convenio y anunciaron tanto movilizaciones en septiembre, como demandas ante los tribunales. “La patronal, unilateralmente, se levantó de la mesa. Nosotros tenemos voluntad de acuerdo, en la negociación colectiva, pero tenemos que defender lo conseguido durante estos años. Por eso hemos presentado la demanda”, explican desde la central demandante.

Ahora, serán los magistrados de la Sala de lo Social del alto tribunal vasco, presidida por la magistrada Garbiñe Biurrun, los que tendrán que dilucidar ambas posturas antagónicas: si los trabajadores mantienen sus condiciones laborales después del 7-J, como defienden las centrales, o si la patronal puede aplicar las condiciones laborales del convenio estatal a sus trabajadores al decaer el último convenio.

12.000 euros anuales de rebaja

La aplicación del convenio estatal, si la patronal del sector denuncia el convenio, aunque públicamente ha asegurado que no lo iba a aplicar, va a suponer que alrededor de 8.000 docentes de la red concertada vasca podrían perder en torno a 12.000 euros brutos al año. Se trata de los docentes que dan clase en los colegios religiosos, agrupados en torno a la patronal Kristau Eskola. Kristau Eskola constituye el 50% de la red concertada del sistema educativo vasco. Suma un total de 7.500 trabajadores y atiende a unos 100.000 alumnos, lo que representa el 27% del total del alumnado del sistema. Oficialmente, la patronal aseguró en una nota el pasado 12 de julio que “no quiere aprovechar la situación (surgida tras la pérdida de vigencia del Convenio Colectivo de Centros de Enseñanza de Iniciativa Social en Euskadi) para aplicar las condiciones del convenio estatal”, firmado el 19 de junio en Madrid.

El sueldo de los docentes que imparten en las etapas obligatorias es financiado al 100% por el Gobierno vasco, mientras que el del resto del profesorado corre a cargo de cada centro. Será ese grupo de docentes el que se vea afectado. La patronal ha denunciado la insuficiencia de los fondos aportados por el Gobierno para mantener la situación actual y ha asegurado que sigue trabajando “a nivel político ante las instituciones para mejorar una financiación insuficiente”.