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Doble varapalo judicial contra la patronal en la batalla por la ultractividad

El Tribunal Superior de Justicia vasco falla que el convenio de la educación concertada 2008-2009 sigue siendo de aplicación "hasta la firma de uno nuevo que lo sustituya" y resuelve a favor de la trabajadoras de Limpieza de edificios de Gipuzkoa.

El alto tribunal vasco considera que la decisión de la empresa de Limpieza "vulnera los principios contractuales de buena fe y equilibrio de las prestaciones".

Ambas sentencias cuentan con un voto particular del magistrado Pablo Sesma que discrepa de la mayoría de la Sala.

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La primera batalla después del 7-J, cuando decayeron los convenios en aplicación de la reforma laboral del PP, la han ganado los trabajadores. En concreto, el sector de la enseñanza concertada vasca y en el conflicto colectivo planteado en relación con el convenio de Limpieza de Edificios y Locales de Gipuzkoa. Los sindicatos han saludado las dos resoluciones, que permitirán a ambas partes reanudar las negociaciones de los convenios colectivos y mantener las condiciones laborales hasta que se produzca un nuevo acuerdo sobre el convenio.

La Sala de los Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha resuelto, en una sentencia notificada ayer, que el convenio colectivo de Centros de enseñanza de Iniciativa Social de la Comunidad Autónoma del País Vasco 2008-2009 -la enseñanza concertada- "sigue siendo de aplicación a los afectados por este conflicto colectivo y hasta la firma de uno nuevo que lo sustituya".

El alto tribunal vasco ha declarado "no ajustado a derecho el incumplimiento unilateral del convenio en vigor y la aplicación del  VI Convenio de Colectivo de Empresas de Enseñanza Privada sostenidas total o parcialmente con fondos públicos". Esta resolución es un varapalo a lo mantenido por la patronal del sector, que ha vivido varias huelgas por este motivo y que está convocado la semana que viene a otra doble jornada de paros. La patronal del sector ha advertido en los últimos meses que si finalmente tiene que aplicar el convenio de 2008-2009 y el Gobierno vasco no sube las asignaciones de los módulos, algunos centros pueden no ser viables.

El conflicto colectivo fue presentado por varios sindicatos -STEE-EILAS, LAB, CC OO y UGT- frente a Kristau Eskolak y la Asociación Independiente de Centros de Enseñanza, las dos patronales del sector, que decidieron no continuar la negociación en verano y amenazaron con aplicar el convenio estatal. La sala falla ahora que hubo denuncia del convenio Colectivo de Centros de Enseñanza de Iniciativa Social de la Comunidad Autónoma del País Vasco años 2008-2009 (BOPV 4 de agosto de 2009), pero que ha de estarse a lo que prevé su artículo 4, es decir, el mantenimiento del mismo hasta que entre en vigor nuevo convenio de sector y territorio. Esta es la primera batalla que resuelve el alto tribunal vasco tras el fin de la ultraactividad el pasado 7 de julio.


Sector de Limpieza de locales

El segundo caso en el que el alto tribunal ha resuelto contra la patronal es el conflicto colectivo planteado por ELA y el comité de empresa de Eguzki Garbiketak en relación con el convenio de Limpieza de Edificios y Locales de Gipuzkoa. A juicio de la mayoría de magistrados, la decisión de la patronal de aplicar, a partir del 8 de julio de 2013, en lo no previsto en el convenio colectivo estatal de limpieza de edificios y locales, la normativa general, salvo en cuatro concretas materias y con carácter temporal, contraviene "lo acordado por la patronal del sector", además de "menoscabar los derechos de negociación colectiva y a la libertad sindical, y el principio de seguridad jurídica". La Sala entiende que afecta "negativamente a un colectivo mayoritariamente femenino" y vulnera "los principios contractuales de buena fe y equilibrio de las prestaciones, descansa en razones de oportunidad y conveniencia empresarial -"operatividad, informatización y gestión"- que no encuentran acomodo en las categorías previstas en el artículo 41.1 del Estatuto de los Trabajadores"-

La Sala, formada por los magistrados Emilio Palomo Balda y Elena Lumbreras Lacarra y Pablo Sesma, ha confirmado el derecho de las trabajadoras a conservar las condiciones que venían disfrutando con anterioridad al 8 de julio de 2013, según lo previsto en el mencionado convenio, sin el límite temporal fijado unilateralmente por la patronal, en tanto prosigue la negociación para la firma del nuevo convenio provincial.

El tribunal cuestiona la decisión empresarial dado que ésta "entrañó a una modificación sustancial de las condiciones de trabajo de su personal, con base en un precepto que no le autorizaba a actuar en la forma en que lo hizo, lo que conduce a declarar la nulidad de la medida, al no haberse seguido el trámite previsto en el artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores, y a condenar a la demandada a estar y pasar por dicha declaración y a reponer a los trabajadores afectados por el conflicto en las citadas condiciones".


Voto particular en ambas sentencias

En el caso de la sentencia de la concertada, la Sala de lo Social del alto tribunal vasco, que preside la magistrada Garbiñe Biurrun, se apoya en la jurisprudencia existente en la la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional de fecha 23 de julio de 2013 (demanda 205/2013) y la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Murcia de fecha 28 de octubre de 2013 (demanda 14/2013). La sentencia afecta a un total de 12.000 trabajadores del sector de la enseñanza concertada en Euskadi.

Ambos fallos, sin embargo, no son unánimes, ya que el magistrado Pablo Sesma de Luis ha redactado un voto particular contrario a la mayoría de la Sala. Este magistrado entiende que, en el caso de la educación concertada, ese régimen de prórroga -que la mayoría de la Sala aprecia como legal- no puede conservar su eficacia al amparo de la expresión "salvo pacto en contrario". Desde su punto de vista, "la excepción que representaría el pacto en contrario no se proyectaría en favor del régimen de prórroga contemplado por el convenio colectivo en tránsito de extinción definitiva, sino sobre aquellas claúsulas del convenio que previeran su prórroga más allá del plazo del año que la propia norma establece, lo que sin duda encontraría efectividad en los convenios colectivos pactados con posterioridad a la entrada en vigor del actual art. 86.3 párrafo cuarto del Estatuto de los Trabajadores".

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