Unidad o derrota: la izquierda ante los límites del sistema y sus propias fronteras

El debate abierto estos días por Gabriel Rufián y Emilio Delgado vuelve a situar sobre la mesa una cuestión decisiva: cómo debe organizarse la izquierda para no perder en un sistema electoral que penaliza la fragmentación y favorece la concentración del voto. El modelo español no es neutro. La circunscripción provincial y el reparto de escaños en cada territorio generan umbrales efectivos que, en muchas provincias pequeñas y medianas, hacen que dividir el espacio progresista se traduzca directamente en pérdida de representación. 

No basta con obtener un buen resultado global; importa cómo se distribuye el voto provincia a provincia. Además, el sistema de partidos obliga a concurrir con marcas definidas y listas cerradas en cada circunscripción. La competencia entre fuerzas afines, cuando no está coordinada, termina beneficiando a quienes concentran mejor su apoyo. Las reglas son conocidas: ignorarlas es un error estratégico.

En este contexto, hablar de “arraigo” exige precisión. El arraigo de la izquierda no reside exclusivamente en siglas concretas ni en liderazgos con fuerte identidad territorial. Reside en las necesidades reales de la gente en cada territorio, pueblo a pueblo, barrio a barrio. Se construye donde hay precariedad laboral, donde el acceso a la vivienda es imposible, donde los servicios públicos sostienen la vida cotidiana. La hegemonía no se decide solo por quién encabeza una papeleta, sino por qué proyecto ofrece y con qué credibilidad lo hace.

El electorado progresista comparte un núcleo de valores reconocible. La solidaridad frente al egoísmo competitivo implica asumir que la sociedad es más que la suma de individuos y que los riesgos vitales deben afrontarse colectivamente. La justicia social frente a un liberalismo que convierte derechos en mercancías significa defender que la sanidad, la educación o la dependencia no pueden depender del poder adquisitivo. Y la igualdad de oportunidades va más allá del mantra de la meritocracia: competir en igualdad requiere corregir desigualdades de origen, no limitarse a premiar a quien ya parte con ventaja.

La cuestión de fondo es si los partidos están dispuestos a actuar en consecuencia. ¿Serán capaces de anteponer el objetivo común a los cálculos internos? ¿Habrá generosidad para evitar el paracaidismo de candidatos desconectados del territorio? ¿Podrán las direcciones entender que, en determinadas provincias, la mejor fórmula no siempre coincide con el interés orgánico inmediato?

La izquierda social está más unida de lo que a veces parece. Comparte expectativas claras: un Gobierno que responda a los retos actuales (vivienda, transición ecológica justa, reindustrialización, cohesión territorial) y que frene el avance de la ultraderecha sin resignarse a gestionar inercias. No reclama uniformidad, sino resultados tangibles y una línea clara de actuación.

Superar el ciclo de fragmentación exige un plan de unidad realista, ajustado a las reglas del sistema electoral y centrado en propuestas concretas. Gobernar no es prometer un futuro abstracto, sino mejorar el presente. La pluralidad puede ser una fortaleza si se convierte en cooperación estratégica. Si no, se transformará en una desventaja estructural.

Las normas del juego no van a cambiar a corto plazo. La responsabilidad política consiste en entenderlas y actuar con inteligencia colectiva. Porque, en un escenario competitivo y polarizado, dividirse no es una expresión de identidad: es, sencillamente, abrir la puerta a la derrota.