El debate sobre las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) suele reducirse, demasiadas veces, a una cuestión de coches: a favor o en contra, derecho individual frente a imposición institucional. Sin embargo, ésta no es la pregunta relevante. La verdadera cuestión es mucho más básica: ¿tenemos derecho a respirar un aire limpio en nuestras ciudades? La Organización Mundial de la Salud (OMS) lo considera un derecho fundamental y alerta de que, en España, la contaminación provoca cada año miles de muertes prematuras y agrava enfermedades respiratorias y cardiovasculares. La infancia es especialmente vulnerable, y los entornos escolares siguen estando rodeados, en demasiados casos, de tráfico intenso y humos tóxicos.
En Euskadi, la implantación de las ZBE avanza a diferentes velocidades, generando desigualdades que afectan directamente a la salud. Bilbao es la ciudad que ha dado los pasos más firmes. Su plan de ZBE incorpora restricciones progresivas a los vehículos más contaminantes, mejora del transporte público y medidas de peatonalización que comienzan a transformar barrios enteros. Vitoria-Gasteiz, referente internacional en sostenibilidad urbana, está siendo sorprendentemente lenta en aplicar su ZBE, atrapada entre presiones comerciales y falta de consenso político. Donostia, por su parte, mantiene una estrategia aún demasiado tímida. Su ZBE es limitada y de escaso impacto real, lo que dificulta una mejora sustancial de la calidad del aire.
No estamos hablando de un detalle técnico. Esta disparidad significa que la posibilidad de respirar un aire más limpio depende hoy del código postal. Y no debería ser así. La salud de la ciudadanía no puede estar condicionada por decisiones políticas que se posponen por miedo al coste electoral. En esta línea, el Ararteko, en su recomendación general 1/2024, ha recordado a las instituciones vascas que no basta con cumplir formalidades. Urge aprobar cuanto antes los Planes de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) y las ZBE, adaptarlos a la legislación de cambio climático y delimitar áreas con suficiente superficie y ambición para responder a la emergencia climática. Además, el defensor del pueblo vasco exige fijar plazos claros, incluir zonas de especial sensibilidad como entornos escolares y barrios residenciales, y regular también las ZBE en municipios menores de 50.000 habitantes, donde la calidad del aire no siempre es mejor.
En este contexto, el trabajo de Clean Cities está siendo fundamental. Esta red de entidades sociales, ecologistas y de salud pública, entre ellas Ecologistas en Acción, Ecodes, ConBici, ISGlobal, Salud por Derecho o la Red de Ciudades que Caminan, lleva años defendiendo que la transformación urbana no sólo es posible, sino rentable social y económicamente. Han puesto en la agenda pública datos sobre los efectos de la contaminación en la salud, han movilizado a vecinas y vecinos para reclamar entornos escolares seguros y han exigido que las ZBE no sean meros anuncios sin impacto real.
El Ararteko coincide también con esta visión al insistir en la necesidad de transparencia y participación ciudadana. Sus recomendaciones incluyen garantizar el acceso a toda la información pública sobre los PMUS y las ZBE y abrir procesos de participación vecinal en su tramitación. No se trata sólo de cumplir la ley, sino de construir ciudades donde la ciudadanía se sienta parte activa de la solución.
Las ciudades vascas tienen ahora una oportunidad histórica. No se trata de librar una guerra cultural contra el coche, sino de asumir un acto de responsabilidad colectiva
Gracias a este trabajo colectivo y a la presión social, ciudades como Bilbao, Barakaldo o Irún han dado pasos valientes para reducir el tráfico motorizado y devolver espacio público a peatones y ciclistas. Clean Cities no se limita a denunciar: propone soluciones basadas en la evidencia científica y en la experiencia de ciudades europeas que ya han demostrado que reducir coches mejora de forma inmediata la calidad del aire, la salud y, en definitiva, el bienestar y calidad de vida de las personas.
La evidencia científica es incontestable. Menos tráfico y menos vehículos contaminantes significan más salud y mejor calidad de vida. Posponer las ZBE o aplicarlas de forma simbólica no es neutral: equivale a mantener niveles de contaminación que enferman y matan.
Las ciudades vascas tienen ahora una oportunidad histórica. No se trata de librar una guerra cultural contra el coche, sino de asumir un acto de responsabilidad colectiva. Como recuerdan desde Clean Cities, apostar por calles más seguras, tranquilas y saludables no quita calidad de vida, la multiplica. El Ararteko también ha sido claro: no podemos permitirnos seguir esperando. Regular las ZBE con ambición y transparencia es, además de una obligación legal, una cuestión de justicia. Respirar aire limpio no es un privilegio. Es un derecho.
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