Euskadi negocia con Costas librarse del pago de 476.000 euros anuales por la concesión del dique de la central de Lemoiz

Euskadi tendrá que pagar un canon de 476.000 euros anuales por la concesión del uso del dique que se encuentra en los terrenos de la central nuclear de Lemoiz si no llega a un acuerdo con la Demarcación de Costas. El Departamento de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad está a la espera de la resolución del recurso que ha planteado a la reclamación del pago de este canon anual por uso de una zona de dominio público marítimo-terrestre. Es una reclamación que llegó poco después de la concesión del uso, que se resolvió hace casi año, el 13 de marzo de 2025. “Con el título concesional del dique -zona de dominio público marítimo-terrestre- se notificó el pago de este canon anual. No estamos de acuerdo, lo hemos recurrido y estamos a la espera de la resolución”, han confirmado desde el Departamento que dirige Mikel Jauregi.

Jauregi se ha referido a este canon en el pleno de control del Parlamento Vasco después de que la parlamentaria de EH Bildu, Amancay Villalba, le preguntara dos veces si el Gobierno vasco lo estaba pagando, ya que no se paga si la concesión se realiza entre administraciones públicas, pero en este caso la concesión del dique se ha hecho a Sprilur, una empresa del perímetro del Gobierno. “No se preocupe por el canon, a nosotros tampoco nos gusta pagar de más y lo estamos trabajando con Madrid”, se ha limitado a señalar el consejero. Villalba ha interpelado al consejero sobre los planes del Ejecutivo para estos terrenos y si finalmente se va a llevar a cabo, y cuándo, el anunciado proyecto para crear un polo de acuicultura que lleva casi nueve años sin progresos, más allá de la propuesta que realizó la entonces consejera del Gobierno de Urkullu, Arantxa Tapia. La intervención del consejero en el Parlamento no ha arrojado ninguna luz sobre el momento en el que podrá materializarse, de qué forma, quiénes serán posibles los inversores o si habrá más proyectos en la zona. Es decir, más o menos, la información sobre el tema se queda en el mismo punto en el que se estaba hace un año, cuando Jauregi respondió por escrito a preguntas parlamentarias sobre el tema. Nada nuevo, salvo la posibilidad de que haya que añadir un coste anual de más de 470.000 euros si no fructifica el recurso sobre el canon.

En lo que sí ha insistido Jauregi es que está “clara la prioridad de consolidar un polo acuícola innovador sostenible y con capacidad real de generar empleo estable en la comarca. No hablamos de una idea vaga, sino de una línea de trabajo contrastada que conecta con la economía azul, con la innovación aplicada y con una visión de futuro para nuestra costa”, ha señalado. Y ha indicado que “esa es la única inversión industrial real en la que este gobierno está trabajando a día de hoy”. No obstante, ha señalado que su liderazgo corresponde al departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca. “Será este departamento el que cuando el proyecto esté técnicamente maduro y pueda presentarse con garantías, lo hará público. No antes, no a medias, no sin las garantías necesarias”, ha señalado.

Ante las recriminaciones de la parlamentaria de EH Bildu sobre la falta de avances en todos estos años, Jauregi ha señalado que el futuro de Lemoiz “no empieza desde cero, hemos recorrido un camino importante, aunque muchas de las tareas realizadas no se vean”. En este sentido, ha señalado que se han tramitado y obtenido la concesión estatal del dique, se han solicitado las licencias municipales necesarias, se han hecho una búsqueda de posibles inversores, se ha avanzado en la regularización registral y se ha iniciado las modificaciones urbanísticas necesarias. “Es un trabajo discreto, pero son pasos decisivos para poder avanzar”.

El consejero ha puntualizado que los terrenos, que están en estos momentos en manos del departamento de Hacienda, y pasarán en breve a Sprilur, se transfirieron ya al Gobierno vasco con la condición de llevar a cabo este proyecto acuícola. Y ha señalado respecto a la posibilidad de hacer más cosas en el terreno que ocupa la fallida central nuclear -que nunca llegó a estar operativa- , que se trata de un espacio “antropizado, lleno de cemento”. “Esta es la principal herencia de ese proyecto: el cemento, que ya existe y no se puede mover. Nuestras estimaciones es que hay ocho millones de metros cúbicos de cemento, y esto es un montón. Espero que usted no nos esté sugiriendo que vamos a extraer todo ese cemento y ponerlo en otro sitio, porque eso sería un disparate medioambiental”, ha señalado.

Amancay Villalba ha recriminado al consejero que no se abra un proceso de escucha a la población para determinar los proyectos a ubicar en estos terrenos como se le reclama desde los ayuntamientos de la zona. Sin embargo, el consejero ha señalado que “se trata de un emplazamiento que está destinado a desarrollar un área de actividad industrial, tal y como queda definido en el Plan Territorial Parcial de Bilbao Metropolitano y las propias normas subsidiarias de Lemoiz. Es decir, que no acabe cualquier uso o destino al amparo de la normativa urbanística actual. Y eso, lógicamente, limita o condiciona cualquier hipotético debate o proceso participativo sobre el destino final de los suelos”. “En el caso de Lemoiz hay que hablar con claridad, escuchar sí, delegar la decisión, no. Porque las instituciones están obligadas a tomar decisiones en el marco de su competencia con criterios técnicos y de interés general”, ha zanjado.

El PNV arrancó al Gobierno central que presidía Mariano Rajoy la cesión al Gobierno vasco de los terrenos en los que se asienta la fallida central de Lemoiz en la negociación presupuestaria de 2017. Ya en ese momento se empezó a hablar del proyecto de la piscifactoría. Sin embargo, la moción de censura contra Rajoy y el cambio del Gobierno demoró hasta 2019 que el Gobierno de Sánchez asumiera como propio ese compromiso y se formalizara la cesión. Un año antes Iberdrola había renunciado a la concesión de los terrenos sobre los que se levanta la central nuclear de su propiedad y el Ministerio de Medio Ambiente había levantado ese mismo año la protección costera sobre esa zona, un paso necesario para poder utilizar estos terrenos y llevar a cabo el proyecto ideado por el centro tecnológico Azti, dependiente del Gobierno vasco. Fue en 2021 –después de la negociación presupuestaria del PNV y el PSOE– cuando los Presupuestos Generales del Estado recogieron la transferencia a Euskadi de los terrenos ocupados por la central nuclear. En 2022 se adscribieron esos terrenos a Sprilur, a falta de la formalización registral. Huy en día sigue sin tenerse un proyecto definido.

La pasada semana fue la diputada de Promoción Económica de Bizkaia, Ainara Basurko, a preguntas del portavoz de EH Bildu en las Juntas Generales, Iker Casanova, la que aseguró que “se está trabajando y avanzando bien en torno fundamentalmente a proyectos empresariales del ámbito de la acuicultura” previstos en los terrenos de la antigua central de Lemoiz. Además, afirmó que continúa en fase de estudio la posibilidad de adoptar otro proyecto industrial, “que en este momento es totalmente confidencial” a petición del propio promotor.