La Audiencia Provincial de Badajoz ha confirmado una sentencia contra el Banco de Santander por no informar adecuadamente a un matrimonio de los “riesgos” que entraba una adquisición de participaciones preferentes de SOS Cuétara, en el año 2006, por importe de 400.000 euros.

El Juzgado de Primera Instancia número 3 de Badajoz dictaminó que el Banco Santander había infringido sus “deberes de información”, por lo que condenó a la entidad bancaria a indemnizar a los clientes con la cantidad invertida, menos los rendimientos obtenidos, así como los intereses legales.

El Banco Santander recurrió el fallo, que la Audiencia Provincial de Badajoz ha confirmado ahora en una sentencia, además de obligar a la entidad financiera a abonar los intereses legales y las costas de ambas instancias.

Esta última sentencia dice que, “como bien recoge la juez de instancia, la entidad demandada no ha demostrado que informara de forma suficiente a los inversores sobre los productos adquiridos, que entrañaban un elevado riesgo”. “No se les advirtió de la verdadera naturaleza del producto y de sus riesgos. Fue el empleado del banco quien ofertó el producto. Además, la documentación contractual se proporcionó de forma protocolaria y sin ilustrar a los clientes de los riesgos”, según la sentencia.

Contra esta resolución no cabe recurso ordinario alguno. Solo se admitirán los recursos extraordinarios de casación por infracción procesal y de casación, si se fundan en los motivos y supuestos previstos, de los que conocerá la Sala de lo civil del Tribunal Supremo. 

Desde que en la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin) asumimos la defensa judicial de la hipoteca multidivisa, en 2012, y a pesar de obtener cada vez más sentencias favorables al consumidor, dos de ellas del Tribunal Supremo*, son muchas las personas que acusan a los afectados de listillos que quisieron “ganar duros a cuatro pesetas” y les exigen que asuman la consecuencias. Algunos, incluso, se preguntan cómo es posible que una familia haya optado por una hipoteca en yenes o francos suizos en lugar de una hipoteca tradicional. Pocos se hacen la pregunta al revés, cómo es posible que una entidad financiera haya puesto en circulación una hipoteca así en su red comercial.

Por su parte, las entidades financieras defienden sin rubor, tanto en los medios de comunicación como en sus escritos, argumentos que se han llegado a convertir en leyendas urbanas. ¿Quién no ha escuchado a María Dolores Dancausa, consejera delegada de Bankinter, decir que tienen que defenderse de demandas presentadas por notarios o por directivos de empresas cotizadas?

En los últimos seis años, en Asufin hemos escuchado la historia de más de 10.000 afectados, hemos estudiado más de 6.000 escrituras, además de acumular ingente documentación precontractual. Todo ello nos permite hoy, presentar datos que desmontan algunos de estos mitos sobre la comercialización de la hipoteca multidivisa en España.

MITO 1. Las entidades financieras no las comercializaron activamente, la iniciativa siempre partió del cliente.

Según los datos recogidos por Asufin el 82% de las hipotecas multidivisa se firmaron en 2007 (40,4%) y 2008 (41%), frente al 2% en 2004, el 3,7% en 2005 y el 11,8% en 2006. A partir de 2009 se dejaron de comercializar y hoy no se encuentra entre los productos ofrecidos por ninguna entidad.

Por tanto, frente al mito de que la iniciativa partió del cliente o que era un producto de estantería, es decir, que se daba solo si el cliente lo solicitaba, hubo sin ninguna duda una intensa campaña de comercialización durante 2007-2008, justo cuando el euríbor estaba en su punto álgido y la cuota mensual era muy alta. Pagar hasta un 30% menos de la cuota mensual que una hipoteca tradicional era, evidentemente, un buen gancho comercial.

Además, las entidades emitieron folletos, enviaron cartas y hasta organizaron desayunos para determinados colectivos. Bankinter, por ejemplo, publicó un folleto en el que resaltaba los beneficios de este tipo de hipotecas silenciando los riesgos. La oferta incluía un asesor personal para sacarle “el mayor partido”, además de enviar cartas desde las sucursales en las que se prometía un ahorro de hasta el 15%.

Por su parte, el Banco Popular desplegó su actividad comercial entre pilotos y tripulantes de cabina, llegando a acuerdos comerciales con sus sindicatos. El argumentario comercial era tan convincente que los propios empleados del Banco Popular manifestaron su malestar, porque no les dejaban contratar este tipo de hipoteca. Incluso sus sindicatos llegaron a manifestarlo públicamente. Sin embargo, en un acto de responsabilidad, no quiso exponer a este riesgo a sus empleados, aunque no tuvo ningún empacho en colocárselo a sus clientes.

Finalmente, Barclays también publicó folletos y fichas informativas para ciertos colectivos, como los controladores aéreos. Este despliegue comercial tuvo sus efectos. No es casualidad que Bankinter tenga el 52% de la cuota de mercado, Banco Popular el 14% y Barclays el 12%.

MITO 2. El banco no sabe, ni puede saber, lo que va a pasar.

Este argumento se utiliza no solo en los casos de hipoteca multidivisa, sino también para otros productos como los swaps, las preferentes y las cláusulas suelo.

Sin embargo, no podemos olvidar que un banco, como profesional que es de la gestión del riesgo, se basa en sistemas de análisis y previsiones futuras de Bloomberg y Reuters para la toma de decisiones y el diseño de los productos. Por ello, las pantallas de Bloomberg se han incorporado a muchos procedimientos judiciales demostrando que las entidades financieras conocían las altas probabilidades de que el euro se depreciase frente a otras monedas y de que los tipos de interés podrían bajar.

Pero incluso dando por bueno este mito, lo cierto es que deberían haber presentado distintos escenarios para mostrar al cliente las consecuencias económicas que implicaba tener la deuda indexada en otra moneda. Así, el cliente hubiese podido ver que el riesgo de tipo de cambio impactaba no solo en la cuota mensual, sino también en la deuda pendiente de pago.

Mito 3. Se presentaron escenarios para advertir de los riesgos.

Las entidades afirman también que sus empleados explicaron los riesgos y aportaron escenarios mediantes fichas explicativas. Sin embargo, estas solo destacaban el ahorro que el cliente obtendría en la cuota y al final del préstamo, obviando el impacto de la depreciación del euro en el capital pendiente de pago.

Bankinter defiende que advirtió de los riesgos en el denominado Documento de Primera Disposición y que en el mismo se aportaban escenarios. Sin embargo, el ejemplo mostraba una oscilación de apenas 51 euros en la cuota y unos 6.000 euros en el capital.

Mito 4. Los clientes tenían alto poder adquisitivo y conocimientos financieros y/o formación superior.

La hipoteca multidivisa se popularizó en colectivos como el de los pilotos, controladores, tripulantes de cabina y trabajadores del aeropuerto. También entre las fuerzas y cuerpos de seguridad como militares, guardia civil, policía nacional, autonómica y municipal. Bomberos, personal sanitario y todo tipo de funcionarios, fueron también objetivo comercial. Es decir, personas con empleo estable y sueldo fijo.

En cuanto a la formación, según nuestros datos, el 42% tenía estudios universitarios, porcentaje superior a la media de la población española, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). Sin embargo, el 21% tenían estudios medios y el 32% declaró tener estudios primarios o secundarios. Por tanto, en contra de lo que las entidades afirman y muchos se han creído, más de la mitad de los clientes no tenían formación superior.

 Conclusiones

Podríamos añadir otros mitos como que “el cliente podía haber cambiado a euros”, eso sí, asumiendo el incremento y consolidación de la deuda o que “el banco entregó divisas” o que “las cláusulas eran comprensibles para un consumidor medio”. Sin embargo, los datos aquí mostrados, así como las más de 1.000 sentencias publicadas en Asufin, ponen de manifiesto que la simplificación conscientemente buscada por las entidades para mostrar un cliente especulativo y con ánimo de lucro no es más que propaganda para ocultar su responsabilidad en la comercialización masiva e indiscriminada de un producto que nunca debió llegar a manos de familias que solo querían obtener un crédito más accesible para comprar su vivienda habitual.

*STS 608/2017, de 15 de noviembre y STS 599/2018 de 22 de octubre.

[Este artículo ha sido publicado en el número 65 de la revista Alternativas Económicas. Ayúdanos a sostener este proyecto de periodismo independiente con una suscripción]

Cinco informes del Parlamento Europeo han puesto al descubierto la desprotección que siguen sufriendo los ciudadanos por la venta fraudulenta de productos bancarios como las participaciones preferentes y las cláusulas suelo. Entre las conclusiones de estos trabajos, que constituyen la investigación más rigurosa realizada sobre esta materia, destacan la inaplicación de sanciones por parte de las autoridades por las prácticas abusivas y la falta de compensación a los perjudicados. Los expertos proponen la necesidad de compensar a los clientes a los que se han colocado productos y se ha violado la Directiva sobre Mercados de Instrumentos Financieros (MIFID, en inglés).

Los informes, impulsados por el Grupo de los Verdes, tienen como hilo conductor los diferentes aspectos de la venta fraudulenta de productos financieros. Los documentos fueron analizados el pasado 19 de junio en la Comisión de Economía del Parlamento Europeo. Ernest Urtasun, eurodiputado por Iniciativa per Catalunya Verds, recordó que los informes se habían encargado tras “la inmensa cantidad de peticiones de ciudadanos que individualmente fueron víctimas de ventas fraudulentas de productos financieros”. “Aquí”, precisó Urtasun, “hemos tenido de todo; créditos multidivisa, créditos de consumo, hipotecas con IRPH (índice de referencia de préstamos hipotecarios) y muchísimas cuestiones relativas al mercado hipotecario”. En su opinión los trabajos “son una base excelente y tienen mucho contenido sobre las cuestiones de tipo legislativo que debemos abordar”.

El informe sobre crédito hipotecario, realizado por el profesor Fernando Zunzunegui, analiza las malas prácticas realizadas en la colocación de cláusulas suelo e hipotecas multidivisa en Croacia, Hungría, Polonia, Rumanía, Grecia, Francia y España.

Según esta investigación en España “es donde la venta fraudulenta de préstamos inmobiliarios con cláusulas suelo fue más extendida”, pues un tercio de los préstamos tenían estas limitaciones en 2010. Esta situación ha provocado más de un millón de reclamaciones de devolución de las cantidades indebidamente cobradas por los bancos. En este sentido el documento subraya que “a pesar de ello, estamos ante un caso de venta abusiva de importancia sistémica con miles de sentencias judiciales que lo respaldan y no se han producido sanciones a las instituciones financieras”. Es decir “no hay disuasión para la venta fraudulenta” de productos financieros.

En relación con las hipotecas multidivisa, es decir, las realizadas con una moneda distinta de la del país del cliente, los perjuicios se causaron porque no se advirtió de los graves riesgos por las posibles revaluaciones de las divisas. Zunzunegui critica que la directiva sobre bienes inmuebles de 2014, que todavía no se ha traspuesto en España, y aborda este tipo de hipotecas “prohíbe expresamente la aplicación retroactiva”. En su opinión “es necesario introducir medidas para ayudar a los consumidores más vulnerables”.

La venta engañosa de productos ha causado graves problemas de salud a muchos de los afectados. El trabajo del profesor Zunzunegui recoge las palabras Xesús Domínguez, portavoz de los afectados por las preferentes de Galicia, en su reciente intervención en el Congreso. Domínguez, a partir de un trabajo de Gaceta Sanitaria manifestó: “Las víctimas de fraudes financieros presentaron peor salud y peor calidad de vida que las poblaciones comparables y puedo acreditarlo”.

El profesor Zunzunegui propugna el establecimiento de un sistema de doble supervisión de las actividades financieras conocido como Twin Peaks. Así considera: “Es discutible si una única autoridad financiera puede asumir los objetivos de proteger al mismo tiempo a los consumidores y la estabilidad de las instituciones”. “En el modelo Twin Peaks”, precisa el informe, “las tareas de supervisión están divididas entre una autoridad prudencial que protege la estabilidad y una autoridad de conducta dirigida a la protección de los consumidores”. Este es también el criterio que recoge la Directiva sobre Crédito Inmobiliario que indica que los Estados “pueden designar a autoridades con competencias ejecutivas en materia de protección del consumidor, mientras que para otras pueden optar por designar a las autoridades de supervisión prudencial”.

Protección al consumidor

La creación de una autoridad que defienda expresamente al consumidor forma parte también de las propuestas de Kern Alexander en su informe sobre Márquetin, Venta y Distribución. El profesor Alexander aboga por una agencia de protección del consumidor financiero que debe estar institucionalmente separada de la agencia encargada de la supervisión prudencial o estabilidad financiera“. Recuerda este experto que en Estados Unidos la ley Dodd Frank de 2010 creó también una oficina de protección del consumidor financiero independiente.

La venta de productos financieros creados por un banco a sus propios clientes es el objeto del informe Deuda subordinada y autocolocación, elaborado por el profesor luxemburgués Pierre-Henri Conac. Su investigación se centra en los ciudadanos que invirtieron masivamente en deuda subordinada y otros títulos como la deuda júnior o acciones de instituciones financieras de las que eran clientes. Este informe dedica una especial atención al caso de las participaciones preferentes que afectó a cientos de miles de personas en España. Según Conac las reglas europeas “tenían debilidades, pero la principal causa de la venta fraudulenta de deuda subordinada y otros productos a los pequeños inversores fue la sistemática violación de sus deberes por parte de las instituciones financieras que realizaron la autocolocación”.

Muchos tenedores de preferentes sufrieron importantes pérdidas al aplicarles quitas significativas a sus ahorros por exigencia de las autoridades europeas. Fue la condición de la UE para conceder una ayuda financiera a la banca española en julio de 2012. La decisión de exigir pérdidas a los inversores privados, conocido como bail-in en los procesos de reestructuración bancaria no fue incluida en la UE hasta la Comunicación de la Comisión de agosto de 2013 y no adquirió carácter obligatorio con el rango de directiva hasta enero de 2016. España fue tomada como conejillo de indias en el diseño de la regulación europea al aplicarle unas normas que no tenían respaldo legal en la UE.

El profesor Conac señala: “Muchos de los inversores minoristas no se dieron cuenta de que los instrumentos financieros que habían comprado eran peligrosos y podían ser objeto de una significativa dilución o completa pérdida en caso de reestructuración del banco”. Y recuerda que en los primeros programas de los rescates generales de Irlanda, Grecia y Portugal no se aplicaron quitas a los inversores.

Para este investigador “el impacto del bail-in sobre los pequeños inversores ha sido enorme y desproporcionado”. Para Conac, la cuestión de la venta fraudulenta de acciones y deuda subordinada por parte de los bancos a los pequeños inversores “es, sin duda, el fracaso más serio de regulación y aplicación de protección del inversor en la UE desde la crisis de 2008”.

El autor menciona la reticencia de Italia a la exigencia de pérdidas a los pequeños inversores. Pero en su opinión “el bail-in no debe ser bloqueado por esta consideración puesto que es necesario para la reestructuración del sector bancario europeo. En su opinión ”el bail-in y la protección de los pequeños inversores que fueron víctimas de las ventas fraudulentas no son incompatibles“. Los pequeños inversores deben ser compensados por las violaciones de la directiva MIFID.

En función de las propuestas de los distintos informes, Ernest Urtasun considera que hay dos soluciones. Por una parte, que los Estados tengan fondos específicos para compensación de los perjudicados ya sea a través del Fondo de Seguro de Depósito o del Fondo Único de Resolución. Otra posibilidad es la de prohibir directamente la aplicación de quitas a aquellas personas a las que han vendido productos financieros de forma fraudulenta.

Los otros dos informes han sido elaborados por los profesores O. O. Cherednychenko y J. M. Meinderstma, sobre el crédito al consumo y Veerle Colaert y Thomas Incalza, sobre la compensación a los inversores víctimas de productos engañosos en Bélgica. La calidad de los informes debería ser un sólido punto de apoyo para avanzar en una legislación más protectora en un parlamento europeo en que la mayoría conservadora ha mostrado muy poco interés en esta materia.

[Este artículo ha sido publicado en el número de verano de la revista Alternativas Económicas. Ayúdanos a sostener este proyecto de periodismo independiente con una suscripción]

El sistema bancario español y su supervisor, el Banco de España, tendrán un importante protagonismo este martes en un debate del Parlamento Europeo sobre los desmanes del sistema financiero europeo y los errores en la protección al consumidor. El debate estará centrado en cinco informes que la comisión de Economía del organismo encargó hace más de un año a petición, entre otros, del grupo de los Verdes. Dos de esos documentos tienen una destacada presencia del caso español.

En concreto, los informes hacen referencia a los incumplimientos regulatorios en materias como las cláusulas suelo o las participaciones preferentes. En el primero de los casos, el estudio, redactado por el catedrático de la UC3M Fernando Zunzunegui, subraya que España ha sido el país con una mayor comercialización de hipotecas con cláusulas suelo, que impedían que los intereses bajaran de un límite mínimo aunque los tipos se situaran por debajo.

El documento critica la falta de transparencia de las entidades financieras que comercializaron estos productos. Pero también dirige su mirada al papel que ha tenido el Banco de España en los procesos de reclamaciones y en la supervisión en este campo. El informe, citando a su vez críticas por parte del FMI, señala que ha actuado de “manera lenta” y que ha impuesto “solo” una multa de 150.000 euros en tres años.

El escrito añade sobre el Banco de España que “tiene sus esfuerzos enfocados en proteger la estabilidad financiera”. El informe apunta, ya en un plano general europeo, que la experiencia muestra que es “cuestionable” la eficacia de una autoridad financiera única que supervise el sector y controle los incumplimientos en materia de defensa del consumidor.

Por otro lado, critica su posicionamiento respecto a los modelos en los que se incluían dichas cláusulas en los contratos hipotecarios cuando en 2010 se afrontó este tema en el Senado. “Su visión era opuesta a lo que concluyeron el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el Tribunal Supremo español”, subraya el informe.

Pero el documento que se presenta este martes en el Parlamento Europeo pone también en el foco al Gobierno y la regulación en cuanto a la defensa de los consumidores del sector financiero. En concreto, critica la creación en 2017 de un sistema de reclamaciones de cláusulas suelo “controlada por la banca” y que “no cumple con los estándares de la Unión Europea”. En este sentido, añade que no sigue los principios de eficacia y equivalencia y que limita los derechos de los consumidores en el proceso, además de no ser transparente, ni más rápido que otras vías de reclamación.

Por último, respecto a los contratos hipotecarios, el informe subraya que España “ha superado la fecha límite para transponer la directiva comunitaria de contratos hipotecarios” y que “es el último país en dar pasos hacia ello”. El escrito señala además que el proyecto de ley que existe al respecto va más allá de las reformas que incluye dicha directiva y que “se desvía del objetivo de protección a consumidores” de la normativa europea. Si bien, este proyecto no ha sido aprobado por el Congreso y el cambio de Gobierno puede suponer modificaciones.

“Agresivas tácticas de venta” de las preferentes

El segundo informe que hace referencia a España es el dedicado a las emisiones de preferentes. Aparece citado junto con Portugal e Italia como los países donde este tipo de productos alcanzaron un mayor relieve. En este caso, el documento es un análisis de cómo las cajas de ahorros optaron por estos activos para captar capital.

Este documento, redactado por Pierre-Henri Conac, de la universidad de Luxemburgo, señala las “agresivas tácticas de venta” que tuvieron las entidades financieras para colocar estas preferentes entre los inversores minoristas, pese a que la CNMV había advertido de la necesidad de informar de los riesgos. El informe pone de relieve que se comercializaron a menores, jubilados, viudas, analfabetos y enfermos de alzhéimer.

Concluye de este modo que las entidades no cumplieron con la regulación Mifid I, que era la normativa comunitaria vigente entonces, y que establecía los modelos de comunicación y de estudio de la idoneidad de un cliente para productos financieros complejos.

El escrito analiza que estos productos provocaron “pérdidas enormes” para los inversores minoristas debido al estallido de la burbuja inmobiliaria. Destaca también a los consumidores que acudieron a las ampliaciones de capital de Popular en 2012 y 2016, un año antes de que la entidad fuera finalmente resuelta.

El estudio critica lo prolongado de los procesos para la reclamación de los importes por las participaciones preferentes, especialmente en España. Por ello, defiende el refuerzo de la vía administrativa para agilizar los trámites, así como la mejora de la regulación en materia de demandas colectivas. Además, apunta que en caso de que el banco responsable haya desaparecido, el dinero debería ser devuelto por parte de los Estados, sirviéndose del cobro de tasas al sistema financiero.

El informe considera que la tendencia a la consolidación del sector financiero, especialmente en España, ayudará a que estos problemas no vuelvan a producirse. Sin embargo, señala que el Parlamento Europeo debería proponer a los diferentes Gobiernos la creación de procedimientos de arbitraje independientes y gratuitos para agilizar las reclamaciones de los inversores minoristas.

Cocinar un producto tóxico compuesto, complejo, derivado de otros, sintetizado tras un proceso milimetrado en un laboratorio financiero multimillonario, diseñado para que no se pierda ni un gramo de rentabilidad. Alambiques contables, vaporizadores fiscales, centrifugadoras de riesgo, disolventes de empatía y catalizadores para que el efecto sea inmediato. Boom.

Colocar aquella pócima mágica en cada esquina de tu territorio, con gente de confianza que da la vida por el negocio, que se encarga de hacer correr la voz: hay una mierda nueva que es buenísima, que es segura, que te garantiza energía de por vida. No hagas caso de lo que digan por ahí, escúchame a mí, que me conoces de siempre, que fuimos juntos al colegio. ¿Cuándo te he pasado yo algo que fuera malo? Toma, prueba, métete un poco. Firma.

Hacer miles de millones de euros en apenas unos días. Cómo resistirse al Breaking Bad, cómo no perder la cabeza un poco, cómo no tocar fondo para llegar a lo más alto, cómo no pervertir el fin social de una caja de ahorros pública. Las preferentes son las toxinas de diseño que han acabado en el organismo del ahorro de miles de consumidores que, además, ni sabían lo que compraban en aquella esquina, la de su sucursal bancaria.

Caja Madrid tenía en 2009 un tumor irreversible provocado por un cáncer en el sistema financiero internacional y una negligencia en la gestión que nadie quiso diagnosticar ni tratar a tiempo; Miguel Blesa necesitaba hacer mucho dinero para el tratamiento, y muy rápido. Decidió intentar mantener el negocio a costa de la salud económica de la gente más humilde y abusando de la confianza de su entorno. Por eso, en los despachos de Caja Madrid, las primeras horas del lanzamiento de preferentes en 2009 se vivieron como una fiesta financiera, como un pelotazo empresarial. Varios correos de Blesa describen el ambiente de euforia sin vértigo en aquellos días de emisiones millonarias en que el producto se vendía en todas las equinas. Fueron 3.000 millones de euros en apenas unos meses.

Eran las cinco de la tarde del 21 de mayo de 2009. Blesa permanecía convaleciente por una hernia muy dolorosa, pero pendiente de su bandeja de entrada. A esa hora llegó un correo firmado por Matías Amat Roca, su lugarteniente. “La CNMV acaba de aprobar la emisión de preferentes de Caja Madrid. Empezamos la comercialización mañana. Irá bien”, le decía. Miguel Blesa contestó: “Dios te oiga. Me dan miedo los excesos de celo de la red”. Blesa daba por descontada la resistencia de los empleados de cada oficina a vender masivamente lo que estaba pensado para ser una entrada de dinero que salvara las cuentas de la caja pero que, a la vez, era un mecanismo perverso para el pequeño ahorrador.

Él mismo había sido escéptico. Unos días antes del lanzamiento, en una conversación personal con su agente de inversiones, el presidente de la mayor caja pública española había pospuesto su compra personal de las preferentes de su propia entidad: “tengo dudas con los plazos”, alegaba en confianza. Uno puede vender, pero consumir es otra cosa. Todo desapareció cuando empezó a llegar el dinero.

“1.300 millones de euros!!!!!”. La bandeja de entrada de Blesa se llenaba de exclamaciones. “Récord histórico de colocación en producto en UN solo día”, le contaba su equipo en un informe apresurado e informal. El arranque de la venta de preferentes había sido, se decía, “fulminante”. Awesome, bitch! bitchbitch

El escepticismo personal de Blesa se tornó en euforia: “Qué notición. Enhorabuena”, dijo ante las primeras cifras. “Qué bárbaro”, dijo como respuesta al segundo informe al final del día. De las 2.057 esquinas de Caja Madrid se habían cerrado ventas en 1.971; los resultados en una sola jornada habían superado en un 48% la mejor previsión comercial calculada para todo un mes.

Las preferentes eran ya un éxito comercial. Estaban haciendo dinero. Demasiado. En los correos del entonces presidente no hay ningún indicio de alarma sobre el daño que podían estar causando unos productos financieros que en origen están pensados para clientes profesionales de los mercados de valores y que se estaban comercializando masivamente a familias sin muchos recursos o personas sin disposición intelectual para comprender lo que estaban comprando. La prudencia personal de Blesa se mantuvo: optó por meter algo de su dinero en el producto, 150.000 euros, mucho menos de lo que le proponían sus asesores y una cantidad mínima para su fortuna.

Mientras tanto, el veneno de las preferentes llenó la sangre de miles de ahorradores. Decían que era color verde y que era pura calidad, en todas partes hablaban de un tal Blesa, que ahora controlaba el mercado.

El presidente tiraba de contactos para colocar su producto mágico. Miguel Blesa se convirtió en una potente arma de relaciones comerciales para convencer a los clientes más sui géneris de que invirtieran en preferentes. Por ejemplo, la Fundación ProRAE, la fundación privada que financia la Real Academia Española de la Lengua y en cuyo patronato están todos los grandes nombres del primer mundo empresarial español: el Rey Juan Carlos, Emilio Botín... y Blesa, que entonces era vocal.

La relación entre la Fundación ProRAE y la caja no era nueva: la entidad gestionaba las inversiones de la organización de apoyo a la Academia por valor de unos 16 millones de euros en 2007, según consta en los informes que el equipo de Blesa enviaba regularmente al presidente, que estaba al tanto de los movimientos en bolsa que hacía la banca privada de Caja Madrid en nombre de la Fundación ProRAE.

La cuestión es que Caja Madrid quería vender preferentes a ProRAE. La contable de la fundación había trasladado la propuesta a sus superiores, que no se pronunciaban. “Van a empezar a llamarme pesada por la de veces que lo he preguntado”, le explicaba al encargado de la gestión en Caja Madrid.

Ante el bloqueo de la situación, los financieros sacaron el comodín del jefe: “Presidente, disculpa que te moleste pero requeriría [...] tu auxilio comercial”, le dicen a Blesa por correo el 29 de mayo de 2009. Su equipo le señalaba un nombre clave para ejercer la presión y “colocar” el producto: Ricardo Martí Fluxá, secretario de la fundación, diplomático y exsecretario de Estado de Seguridad con Aznar, habitual de los consejos de administración de grupos empresariales. Blesa contestó a aquel correo de su equipo apenas seis horas después: “He hablado con Ricardo Martí Fluxá y se va a ocupar del asunto el lunes”.

El compañero de laboratorio de Miguel Blesa, su director de Negocio, le dice por correo a su jefe en aquella primera semana de euforia: “Lo que he aprendido es que, si a los sindicatos no les gusta, probablemente es buen producto”. El presidente de Caja Madrid se apunta a la fiesta respondiendo con una ironía: “Y eso que habíamos engañado a los clientes”.

¿Y quién debería haber supervisado ese mercado para que no se produjera la intoxicación? ¿Quién era la autoridad sanitaria que debería haber prevenido el envenenamiento? ¿Quién era la agencia antidroga? Pues era la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), un policía demasiado cercano para querer darse cuenta de lo que estaba pasando: en el laboratorio celebraban el trato especial del regulador a los productos de Caja Madrid sobre, por ejemplo, los de La Caixa, cuya emisión de preferentes ocurre por la misma época. “¿Por qué la CNMV nos ha favorecido un poco?”, se pregunta retóricamente el director financiero en un mensaje a Miguel Blesa. Él mismo se responde: “Algo de valor le han dado (opinión muy personal) a que la relación a todos los niveles entre Caja Madrid y CNMV es mejor y mucho más fluida. Pero esto no se puede decir ni casi opinar (me consta que la relación entre CNMV y Caixa es tensa)”.

Pero las pruebas dejaban su rastro. Ya en 2012, la propia CNMV, en un informe confidencial publicado por eldiario.es, reconocía que la venta de preferentes en Caja Madrid supuso un “incumplimiento generalizado”, sistemático, masivo y deliberado de la ley.

El equipo de Blesa ofrecía preferentes a sus clientes más modestos a precios “significativamente superiores” al “valor razonable”, es decir, al valor que habrían tenido si la operación se hubiera realizado entre clientes directamente en un mercado abierto para este tipo de productos, que de hecho existe. Un correo que recibe Blesa en 2006 por parte de su director de banca, adelantado por InfoLibre, confirma que el equipo directivo de Caja Madrid era perfectamente consciente de que esto se produciría y que, de hecho, el objetivo era “buscar contrapartida con nuestros propios clientes”.

Los correos e informes desvelados por eldiario.es están siendo utilizados por los preferentistas que se enfrentan en juicio a los abogados de la caja. Porque, según reconoce la propia CNMV, se constata también “la opacidad” de un mercado interno de compraventa, de menudeo de preferentes, que escapaba al control legal: era la propia Caja Madrid la que casaba, siempre al alza, ofertas y demandas de un producto con el que se estaba generando liquidez para sí misma. Lo hacía con sus sistemas informáticos internos para que la banca siempre ganara, para que el cliente vendedor siempre quedara satisfecho con su especulación y para que el que comprara no supiera en lo que se había metido. Operaron irregularmente y no lo comunicaron para no comprometer su futuro, para no perjudicar –dicen los informes– su fusión con otras cajas y la posterior salida a Bolsa, en julio de 2011.

Así era el poder de Miguel Blesa y sus Pinkmans. Vendieron productos tóxicos sin que su entorno los denunciase. Celebraron como éxito la perversión en las esquinas de su territorio. Miraban con recelo el producto de la competencia, manejaban con astucia sus contactos. Podían llamar a abogados acostumbrados a estas cosas. Tuvieron, eso sí, menos cuidado con sus comunicaciones que otros expertos en los descensos a los infiernos.

La debacle del Banco Popular, con más de 300.000 perjudicados que han perdido todo su dinero, nos lleva a evocar la estafa de la salida a bolsa de Bankia en 2010, una operación que atrapó a 347.000 accionistas, la inmensa mayoría ahorradores de las antiguas cajas de ahorros que la constituyeron. También ahora la mayoría de accionistas del Popular forman parte de su clientela. Muchos de los que adquirieron acciones estuvieron condicionados por la renovación de los créditos del banco o eran empleados de la entidad.

En el caso del banco presidido por Rodrigo Rato, las sentencias judiciales, incluidas las del Tribunal Supremo, forzaron a la entidad a devolver el dinero invertido por los clientes para ahorrarse costes mayores. No había precedentes internacionales de que un banco devolviera el capital a los inversores en una oferta pública de suscripción (OPS). 

Los jueces fundamentaron sus decisiones en “las inexactitudes del folleto de oferta pública”. La realidad final de las cuentas de Bankia la hemos conocido recientemente gracias al extraordinario trabajo pericial de los inspectores del Banco de España Antonio Busquets y Víctor Jesús Sánchez Nogueras. Sorprende la escasa trascendencia que ha tenido este fenomenal tercer informe elaborado por estos peritos, en el que ratifican sus conclusiones sobre la falsedad de la información contable de la entidad, que ya habían detectado en sus trabajos previos de 2014 y 2016, pero que en esta ocasión expresan con una contundencia demoledora.

Busquets y Sánchez mencionan en sus conclusiones 17 falsedades de los distintos aspectos de la contabilidad de Bankia. Cabe destacar afirmaciones como las siguientes: “Las cuentas anuales de Caja de Ahorros de Valencia, Castellón y Alicante, Bancaja de 2010, (...) auditadas por Deloitte con opinión favorable, son falsas”; “las cuentas anuales de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid de 2010 (...), auditadas por Deloitte con opinión favorable, son falsas”; “las cuentas anuales consolidadas de Banco Financiero y Ahorros (Grupo BFA) de 2010, auditadas por Deloitte con opinión favorable, son falsas”; “es falsa la información contable contenida en el Folleto de emisión para la salida a bolsa de Bankia”; “las cuentas anuales de Bankia de 2011 formuladas en 28 de marzo de 2012 son falsas”; “las cuentas anuales consolidadas de Bankia de 2011 reformuladas en 25 de mayo de 2012, auditadas por Deloitte con opinión favorable, son falsas”.

Y así hasta un total de 17 manifestaciones categóricas de las falsedades halladas en la contabilidad de Bankia y las entidades que la constituyeron. Los peritos señalan además las contradicciones de Deloitte entre los criterios aplicados en el caso y los que sostenía la guía de la propia auditora elaborada en 2009.

La sombra de Bankia planea sobre la crisis del Popular por todas las esquinas. Buena parte del aluvión de demandas que se cuece contra este banco se centrará en la ampliación de capital de 2016 ante las sospechas de que la contabilidad del folleto no reflejaba la imagen fiel de la entidad, el mismo argumento empleado en la salida a bolsa de Bankia. El Banco Popular corrigió sus cuentas el pasado abril, decisión que provocó el primer anuncio de acciones legales por parte de abogados de Estados Unidos. 

También es significativo que Deloitte, el cuestionado auditor de Bankia, haya sido el autor del sorprendente informe elaborado contrarreloj en cinco días, que estimó que el Banco Popular tenía un valor negativo que situó entre -2.000 y -8.200 millones de euros, cuando su valor contable era de 12.000 millones y tuvo un valor positivo en bolsa hasta el último minuto. Un informe que sirvió de base para su intervención y posterior adjudicación al Banco Santander por 1 euro.

España, conejillo de indias

La súbita precipitación de la crisis del Banco Popular y la forma en que las autoridades han gestionado su crisis ha abierto serios interrogantes.

España vuelve a ser el conejillo de Indias en la aplicación de la normativa europea en materia bancaria, que siempre ha causado graves perjuicios a los inversores. Ya ocurrió en 2013, cuando el Gobierno de Rajoy aplicó duras quitas a las participaciones preferentes y aún no estaba vigente esta exigencia en la normativa comunitaria. Ahora España ha inaugurado el sistema europeo de resolución bancaria con una decisión precipitada y total falta de transparencia que contrasta con el método aplicado en Italia en la crisis del Banco Popolare de Vicenza y Veneto Banca con resultados menos dramáticos.

La debacle del Popular ha acabado con otros de los mitos de esta crisis: que todo había sido un problema de las cajas. Ya van tres bancos: Banco de Valencia, Banco Gallego y Banco Popular.

Otro falso mito es que esta crisis se ha resuelto sin costes para los contribuyentes. Se oculta que el Santander se llevará más de 4.000 millones de créditos fiscales que tenía en su balance el Popular, más otra cuantía similar por las pérdidas asumidas en la operación. En la pasada crisis bancaria los bancos obtuvieron 40.000 millones de créditos fiscales. Son impuestos que dejaron de pagar.

Después del paro, la inestabilidad del sistema financiero sigue siendo el problema más serio del país. La incapacidad de las autoridades para la autocrítica sobre cómo han gestionado la crisis, como ha puesto de manifiesto Aristóbulo de Juan, el mayor experto del país, muestran que la crisis financiera y sus secuelas todavía no han acabado.

[Este artículo es el editorial del número de verano de la revista Alternativas Económicas. Ayúdanos a sostener este proyecto de periodismo independiente con una suscripción]

La crisis financiera ha sido extraordinariamente costosa para los contribuyentes españoles. El último informe del Tribunal de Cuentas estima en más de 60.000 millones de euros el coste provisional del fiasco financiero. Sin embargo, los perjuicios causados por la crisis han ido mucho más allá de los meramente económicos. Los fraudes bancarios han sido también muy dañinos para la salud de los tenedores de participaciones preferentes y créditos mutidivisa. Esta es la conclusión principal de un estudio piloto realizado por investigadores de la Universidad de Montreal, la Universidad Autónoma de Madrid y la Universidad Carlos III que publicará la revista científica Gaceta Sanitaria.

“Las víctimas de fraudes financieros presentaron peor salud, más problemas de salud mental, dificultades en el sueño y peor calidad de vida que las poblaciones comparables de la misma edad” del conjunto de la población española, sostiene el estudio, del que ya se conoce una versión previa. El trabajo se realizó durante los años 2015 y 2016 sobre una muestra de 188 casos de personas afectadas por abusos bancarios residentes principalmente en Madrid y León, pero también en otras comunidades autónomas como Extremadura.

El trabajo ha analizado dos tipos de fraudes: los perpetrados mediante las participaciones preferentes (unos productos financieros que los bancos colocaron como un ahorro seguro, que en algunos casos ocasionaron pérdidas de hasta el 70% y que afectaron a millón de familias) y los realizados con créditos multidivisa (hipotecas en yenes o francos suizos en las que la deuda fue aumentando de cuantía durante años por el encarecimiento de estas monedas a pesar de que los clientes pagaban los plazos mensuales debidamente).

Uno de los resultados más notable del estudio señala, por ejemplo, que el 63% de las personas que adquirieron participaciones preferentes y no habían recibido compensación económica declararon tener mala salud física, en comparación con el 32% de la media de la población española de la misma edad.

Otro de los perjuicios más significativos es el referido a la salud mental. El 88% de las personas titulares de hipotecas multidivisa reconocieron tener necesidad de atención psicológica, comparado con el 22% de la media de la población general. En relación con el sueño, el 78% de las personas que compraron participaciones preferentes y no habían recibido compensación manifestaron que dormían mal y menos de siete horas, frente al 25% de la población española de la misma edad.

María Victoria Zunzunegui, epidemióloga durante 17 años en la Universidad de Montreal y una de las principales impulsoras de esta investigación, manifiesta que el trabajo demuestra que los fraudes bancarios son un factor de riesgo para la salud de la población. “Lo que vemos es que las personas que han sufrido estos fraudes tienen peor salud, están más enfermas, que la media de la población española de la misma edad”, afirma Zunzunegui. “También hemos comprobado otros aspectos, como que el que ha estado ocho años sin recuperar su dinero tiene peor salud que el que sólo ha estado dos años en esta situación”.

La investigadora destaca “la situación de especial estrés” que sufrieron los tenedores de hipoteca multidivisa. “He comprobado la situación de desesperación de las personas que habían contratado una hipoteca, por ejemplo, de 200.000 euros en yenes en 2008 y debido al aumento de la divisa habían visto aumentar su deuda hasta 220.000 euros en 2011 a pesar de haber pagado las cuotas cada mes”, relata. “Ahora sabemos que estas situaciones producen estrés crónico que comporta una inflamación crónica”.

En las conclusiones del estudio se sugiere que “deberían investigarse los mecanismos por los que los fraudes financieros causan daños a la salud”. Los autores proponen que si los resultados se confirman, “debe proveerse asistencia psicológica y médica, además de las compensaciones económicas”. Los investigadores consideran necesario ampliar y profundizar el trabajo realizado, pero estiman que los resultados obtenidos en este proyecto piloto son ya de por sí indicadores muy valiosos de una realidad social muy poco estudiada y conocida.

El impacto en la salud que han provocado las malas prácticas bancarias preocupa cada vez más a un mayor número de personas. Por ese motivo, el Ayuntamiento de Madrid baraja incluir en su futura encuesta sobre salud algunas preguntas relacionadas con el impacto de los fraudes financieros en las personas afectadas.

El estudio ha sido promovido por la Fundación Finsalud y realizado por María Victoria Zunzunegui, Emmanuelle Belanger y François Béland, investigadores de Salud Pública de la Universidad de Montreal; Tarik Benmarhnia, del Departamento de Medicina de Familia y Salud Pública de la Universidad de San Diego en California; Milena Gobbo, de la Fundación Finsalud; Ángel Otero, del Departamento de Medicina Preventiva de la Universidad Autónoma de Madrid; Fernando Zunzunegui, de la Facultad de Derecho de la Universidad Carlos III, y José Manuel Ribera-Casado, del Servicio de Geriatría del Hospital Clínico de San Carlos de Madrid.

La historia de la AP-9 se repite. Apenas cuatro meses después de, estando aún en funciones, maniobrar para impedir que se llegase a debatir en el Congreso de los Diputados la ley aprobada por unanimidad en el Parlamento de Galicia para transferir a la Xunta las competencias sobre la Autopista del Atlántico, el Gobierno de España reproduce la operación y veta otra ley votada por todos los grupos de la Cámara gallega. En esta ocasión la perjudicada es la norma que, impulsada inicialmente por el BNG y aprobada definitivamente por el todo el pleno del Parlamento de Galicia en marzo de 2014, pretendía que todas las personas engañadas con las participaciones preferentes y productos financieros semejantes pudieran recuperar “íntegramente” su dinero. La razón que esgrime el Ejecutivo de Mariano Rajoy es que aplicarla perjudicaría las cifras del déficit del Estado.

Los argumentos del veto acaba de registrarlos en el Congreso la asesoría parlamentaria del ministro de Economía, Luis de Guindos. En un informe de tres páginas al que ha tenido acceso eldiario.es el propio Ministerio admite que la ley gallega -apoyada entonces por PP, PSdeG, AGE y el propio Bloque, que la había propuesto- revertiría el “proceso de gestión de híbridos” realizado por el Gobierno de España durante el año 2013 a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). Mediante ese proceso, resume, las personas a las que habían colocado productos financieros como preferentes o subordinadas “canjearon sus títulos por capital y deuda” y “sufrieron recortes en su inversión original”, esto es, la conocida popularmente como “quita de las preferentes”, que comenzó estimando que parte de la clientela afectada perdería hasta casi la mitad de sus dinero.

Si “no se hubiese realizado este ejercicio”, explica el informe, el FROB “tendría que haber hecho una inyección adicional de recursos públicos” de unos 13.600 millones de euros, de los que 9.760 correspondería a “inversores minoristas”, esto es, a pequeños clientes a quienes le fueron colocados productos complejos, los mismos que protagonizaron sonoras protestas para exigir que Novagalicia Banco devolviera el dinero de las preferentes de las desaparecidas Caixanova y Caixa Galicia. Estas personas, admite el propio informe, perdieron entre el 20% y el 25% del dinero tras acudir a procedimientos como el arbitraje de consumo, por medio de sentencias judiciales o la venta de acciones por las que los bancos canjearon parte de las preferentes.

En este escenario, el Gobierno central reconoce que si la ley gallega llegase a aprobarse “tendría efecto sobre ese 20%-25%”. Esto es, las personas estafadas recuperarían todo lo perdido. Pero esa devolución “derivaría en un impacto en los recursos públicos” porque el Estado sigue controlando BFA, esto es, la matriz de Bankia, y además se activarían “garantías concedidas en desinversiones previas”. Ese dinero saldría del presupuesto del FROB, el mismo sobre lo que se cargaron operaciones como el rescate de Novagalicia Banco, del que no se han recuperado unos 8.000 millones de euros públicos.

Esto, advierte, “generaría un aumento del déficit”, por lo que el Ejecutivo “no presta su conformidad” para la tramitación de la ley. Lo hace amparándose en el artículo 134.6 de la Constitución, que permite al Gobierno bloquear cualquier cambio en las leyes que implique un incremento del gasto o una merma de ingresos en el erario.

El texto vetado

Con esta operación el Ministerio de Economía se opone, a efectos prácticos, a añadir una disposición adicional y dos transitorias a la ley de reestructuración del sector bancario del año 2012, la que incorporó al ordenamiento jurídico estatal las condiciones del rescate europeo del sector. En ese texto el Parlamento gallego fijaba una definición formal para distinguir a personas ahorradoras y clientes minoristas, indicando que se consideraría “ahorradores” a las personas que no hubiesen contratado previamente productos financieros complejos o que cuando les colocaran las preferentes hubiesen creído que estaban contratando una cuenta de ahorro ordinaria, así como a la clientela que simplemente hubiese sido engañada. Además, la ley gallega establecía que las personas que se encontraran en esta situación no podrían ser víctimas de un desahucio si no podían afrontar una hipoteca contratada con la misma entidad que las estafó.

Queda así suspendida una ley que, no obstante, nació marcada por la contradicción en el seno del PP. No en vano, el mismo día en que la ley comenzó a tramitarse en el Parlamento de Galicia con el apoyo de todos los grupos el BNG defendió una iniciativa prácticamente idéntica en el Congreso de los Diputados. Mientras, en el legislativo gallego, el PP defendía el texto como “un escalón más en la búsqueda de un fin compartido: que el 100% de los engañados recuperen el 100% de sus ahorros”, en Madrid los populares rechazaban la iniciativa que, acusaron, estaba inspirada por una intención de la izquierda de “usar el dolor” de las personas engañadas por los bancos.

Ocho años después de contratar su hipoteca, la cantidad que Juan debe al banco es casi 20.000 euros superior al capital por el que firmó. Eso a pesar de haber ido pagando sus cuotas mensuales. Su préstamo es uno de los 70.000 que la asociación de usuarios financieros Asufin calcula que están dentro de la categoría de hipoteca multidivisa. Un tipo de préstamo para comprar vivienda que tuvo su auge entre los años 2007 y 2008 y que referenciaba el préstamo a la evolución de las divisas, sobre todo, en yenes y francos suizos. Así, si el euro se depreciaba ante esa divisa indexada, el capital que se debía al banco aumentaba.

Un producto, que al igual que ha ocurrido con las preferentes, con los swaps o con las cláusulas suelo, los consumidores denuncian que no se ofreció suficiente información sobre los riesgos que entrañaban. Las entidades promocionaron este tipo de hipotecas aduciendo que las letras que se pagaban con ellas eran más bajas que las referenciadas al Euríbor –hay que recordar que este indicador, que ahora se encuentra en negativo, en el año 2008 llegó a superar el 5%– y el precio de la vivienda estaba disparado.

Ana es otra de las afectadas por estas hipotecas, que se ha decidido por demandar al banco. “Me hablaron de este producto en la oficina del banco, incluso el director me dijo que él tenía una en francos suizos”, explica y señala que parece que hay una “condena social” por coger un producto que era más beneficioso, que se iba a pagar menos, pero señala que lo que haces en ese momento es “dejarte aconsejar por el que sabe”. “Era un préstamo para mi vivienda habitual, no era para especular con la vivienda”, apunta.

“Las entidades financieras incumplieron el deber de no callar, esto es, avisar a los clientes que el riesgo de las multidivisas es que en función de la evolución de tipos de interés y cambios de divisa, con el tiempo o no reducir deuda , o deber más, como así ha ocurrido al cabo de diez años, los afectados deben un 25% más que hace diez años”, cuenta Juan Ignacio Navas Cusí, letrado director socio de Navas & Cusi Abogados, que llevan unas 200 reclamaciones de este tema.

Juan explica que “en ningún momento les avisaron de los riesgos que existían, por ejemplo, si decidía cambiar la hipoteca a euros. ”En ese momento se consolidaba la deuda“, apunta este afectado, es decir, lo que se debía pasaba a ser la cantidad de yenes convertidos a euros. Juan decidió hace dos años dar este paso para, por lo menos, saber lo que tenía que pagar al mes. En ese momento, el euro se había depreciado frente al yen, por lo que el capital de la hipoteca aumentó frente a la cifra firmada.

La batalla legal

En los tribunales, las sentencias de los afectados de las hipotecas multidivisas vivieron un punto de inflexión el 30 de junio de 2015. En esa fecha, el Tribunal Supremo emitió su fallo en el que consideraba que los riesgos de este producto “exceden a los propios de los préstamos hipotecarios a interés variable solicitados en euros”. El fallo consideró que la hipoteca multidivisa es un “instrumento financiero” y que es necesario informar de los riesgos que conlleva. En este caso, el alto tribunal decidió rechazar el recurso de los demandantes, que pedían la nulidad parcial del préstamo, porque considera que tenían conocimientos financieros (él es un administrador de sociedades y abogado en derecho bancario y ella una ejecutiva de empresas).

“La Sentencia del Supremo de 2015 tuvo una importancia capital. Fue un antes y un después”, señala Navas. “Desde ella se están ganando las demandas judiciales que instan la nulidad de la opción multidivisa de dichas hipotecas”, añade. Una opinión que también comparte Patricia Suárez de Asufin, aunque señala que todavía es una cantidad “pequeña” la que está acudiendo a los tribunales. En el caso de su asociación, la más activa en este terrno, han interpuesto 800 demandas y esperan acabar el año con 1.000.

Contrario a lo que podría parecer, la sentencia del Supremo no ha impulsado las negociaciones de los bancos, señala Suárez, que apunta que entre los bancos que tienen más hipotecas de este tipo comercializadas se encuentran Bankinter, Popular y Barclays. “No veo por ahora los bancos dispuestos a negociar, la historia demuestra que lo hacen cuando el reproche judicial es unanime y cuando han abonado cientos de millones en costas en una política totalmente censurable y nada ejemplar”, señala Navas.

Fuentes del sector bancario señalan que “no hay un problema general con las hipotecas multidivisas”. Además, las mismas fuentes señalan que “no son un producto de inversión” y que los clientes tienen vías para reclamar al banco. Y apuntan a una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la UE, posterior a la del Supremo, relativa a un préstamo de un ciudadano húngaro en francos suizos para comprar un vehículo. En ella, el TSJUE apunta que se trata de un préstamo y no de un producto de inversión por lo que no tiene que regularse por la directiva de productos financieros (Mifid).

Desde Asufin disienten en considerar que la sentencia del TSJUE sea aplicable al caso de las hipotecas multidivisas. “En este caso se han dado francos suizos y te piden que te devuelvan francos suizos mientras que en las hipotecas no te dan francos suizos”, apunta Suárez.

Las reclamaciones

“La lentitud de la justicia y el miedo a enfrentarse a un banco, hace que los consumidores se resistan a reclamar. De esta manera, al banco le sale rentable faltar a sus obligaciones de información”, señala Suárez, que estima en un 2% las personas que han decidido iniciar acciones legales dentro de los afectados.

A pesar de esto, Ana se muestra cauta ante su paso por los tribunales. “Ha habido muchas sentencias a favor, pero también otras en contra”, dice y explica que llega “regalados” 60.000 euros al banco por haber contratado este tipo de hipotecas en vez de una en euros. “En un día la hipoteca se nos encareció un 30%”, dice al referirse a cuando Suiza decidió volver al cambio real con euro (hasta entonces estaba intervenido).

“Al final decidí demandar para sentir que estaba haciendo algo”, explica Ana, que asegura que se puso en contacto con su entidad en repetidas ocasiones y presentó varias reclamaciones, aunque apunta que solo dos veces recibió una respuesta “tipo” para estas. “¿Qué va a pasar conmigo? No lo sé. Pero, por lo menos, veo el principio del túnel”, concluye.

**Los nombres de los testimonios recogidos en este artículo son ficticios para evitar interferencias con sus procesos.

El Tribunal Supremo ha condenado a Bankia a devolver 120.000 euros a un matrimonio que adquirió participaciones preferentes de la extinta Bancaja entre 1999 y 2000 al considerar que la entidad vulneró el deber de información al cliente de estos productos de inversión.

La sala de lo social del Alto Tribunal ratifica así la sentencia del juzgado de Primera Instancia número 5 de Valencia a favor de los inversores, que suscribieron tales participaciones aconsejados por los gestores de la oficina de Bancaja a la que pertenecían desde hacía años.

En concreto, se trata de dos inversiones efectuadas en marzo de 1999 y mayo de 2000; a ellas se sumó una tercera en obligaciones subordinadas con fecha de 2009, que posteriormente canjearon en acciones de Bankia tras la integración de la caja valenciana en el nuevo grupo financiero.

Según expone la sentencia, a la que ha tenido acceso Efe, la Audiencia Provincial de Valencia reconoció en apelación el derecho de los inversores a percibir los 25.000 euros en deuda subordinada, aunque rechazó toda pretensión en relación con las preferentes al estimar que la pareja cobró “durante años” los rendimientos de tales títulos “sin objeción alguna”.

Ahora la sala alega su decisión asegurando que “es difícilmente imaginable” que los clientes pudieran tener un conocimiento anterior a su decisión de demandar cuando hasta bien entrado 2009 no pudieron tomar conciencia de que su inversión iba a ser “difícilmente recuperable, cuando no directamente ruinosa”.

En declaraciones a Efe, el director del despacho Avanzac Abogados ha manifestado su “alegría” ante una decisión que, considera, no ayuda sólo a sus representados sino también a un gran número de afectados por otros productos bancarios, como los “swaps” -cobertura del tipo de interés- o las hipotecas multidivisa.

Además, celebra que la sala no se haya detenido a valorar si los inversores tenían un patrimonio considerable o una formación académica relevante para aplicar su criterio, aspectos “indiferentes si la entidad no prueba que transmitió adecuadamente la información esencial del producto”.

"Lo que mi padre ganó con sudor, vosotros sudabais por gastarlo en un catálogo de vicios, sin importaros que ese dinero había sido sustraído con engañosas prácticas a 300.000 ancianos de sus casi 11.000 millones de euros ahorrados", escribe el autor

Roberto Serrano Lluch es hijo de afectado y presidente de AdaBankia y Patrono de Finsalud

Preferentista por accidente desde el 28 de febrero de 2014, cuando falleció mi padre, súbitamente, el mismo día que recibió en su oficina de Bankia de toda la vida (más de 40 años como cliente), los 25.268,74€ provenientes del arbitraje de consumo de las preferentes de Caja Madrid. Fallecimiento sobrevenido, posiblemente, por el desenlace de tanta angustia contenida durante los dos años previos, sin saber, si recuperaría los ahorros de toda una vida de 83 años de sacrificio y moderación.

Sacrificio y moderación que no habéis tenido ninguno de los 63 exconsejeros y exdirectivos de Caja Madrid y Bankia, que ahora estáis sentados en ese banquillo de la vergüenza. No vergüenza por los delitos que se os imputan, si no por los usos que habéis hecho del dinero ajeno. Ahora queréis evitar la condena con argucias jurídicas de plazos y defectos formales, sin asumir vuestra responsabilidad, ni pedir siquiera disculpas por tanto daño como habéis infringido a través de la entidad de la que erais consejeros o altos directivos.

Lo que mi padre ganó con sudor, vosotros sudabais por gastarlo en un obsceno catálogo de vicios, sin importaros que ese dinero había sido sustraído con engañosas prácticas comerciales a cerca de 300.000 ancianos de sus casi 11.000 millones de euros ahorrados, en esa otra vergüenza que fueron las preferentes.

Mi padre no se dejó aconsejar por mí en agosto de 2009, cuando por dificultades tuvo que recuperar parte de su inversión (8.000€). Mi insistencia a que retirara toda la inversión ante la demora en la devolución de parte de sus preferentes no pudo contra los argumentos que esgrimían los empleados de Caja Madrid. De haber conocido en aquel momento vuestra dudosa moral, que desde octubre de 2014 sabemos a través del uso que hacíais del dinero de las black card, no hubieran faltado argumentos para ni siquiera comprar vuestras preferentes.

En mi peregrinar, acompañando a mi padre por instituciones, manifestaciones, partidos políticos, medios de prensa y un largo etcétera, pude acercarme y comprender a mi padre y a cientos de ancianos más con similares circunstancias.

Sin embargo, no comprendo ni comprenderé como vosotros, excúpula directiva y exconsejeros de Caja Madrid y Bankia pudisteis derrochar casi 11 millones de euros para unos usos tan ajenos de los objetivos que deben prevalecer en una entidad financiera, que fue reconocida como una de las más solventes de Europa. Vuestra moral cuan diferente es del origen filantrópico de las Cajas de Ahorros del siglo XIX, y que para el caso de Caja Madrid surgiera en 1702 como Monte de Piedad por iniciativa del sacerdote aragonés Francisco Piquer, para lucha contra la usura, dando a los pobres préstamos gratuitos prendarios con alhajas y ropas para satisfacer las necesidades más básicas como la salud.

Y de salud quiero hablar, no de la que hayáis podido sentir mermada en este inefable proceso, exconsejeros y exdirectivos, sino de la que perdió mi padre José Manuel, antes de morir, con noches de insomnio y pensamientos en bucle por haber sido engañado. También de la salud de los otros tantos, compañeros de lucha, que ya no están y que estando se sienten peor en sus dolencias. Este hecho, es lo que hace dos años nos unió a un grupo de afectados y científicos, para estudiar desde la evidencia qué efectos tuvieron sobre la salud de los afectados la circunstancia de haber perdido todos sus ahorros depositados en una entidad bancaria como Bankia.

El próximo lunes 3 de octubre, estos científicos se reunirán en la Escuela Nacional de Sanidad y debatirán todo el día, desgranando los datos obtenidos de cientos de afectados para, a través de la evidencia, llegar a conclusiones. Todos, sin conocer los resultados del estudio que publicará próximamente FinSalud, creemos saber cuáles son.

Roberto Serrano LLuch es hijo de afectado y presidente de AdaBankia y Patrono de Finsalud.Finsalud

Una sentencia del Juzgado de lo Mercantil número 3 de Valencia ha condenado a Bankia a la “eliminación” de las preferentes vendidas a clientes particulares y a “cesar en su utilización, así como a abstenerse de utilizarlas en lo sucesivo”.

Según un comunicado de la Fiscalía Provincial de Valencia, la sentencia ha estimado la acción colectiva de cesación iniciada por Adicae y varios preferentistas particulares contra Bankia, y declara la nulidad por abusiva de la comercialización entre clientes minoristas de participaciones preferentes de La Caja Canarias (ahora Bankia), de las series A y C.

La sentencia prohíbe que se comercialicen estas preferentes sin la previa realización de un test de conveniencia y un test de idoneidad.

El Ministerio Fiscal se interesó en el acto de juicio la nulidad de determinadas cláusulas abusivas, la devolución de las cantidades pagadas por los preferentistas, así como que se condenara a Bankia a cesar y prohibirle la reiteración futura de comercializar y colocar participaciones preferentes entre clientes minoristas.

Como motivos, la Fiscalía alega que se trata de una conducta “contraria a los derechos básicos de los consumidores y al deber de informar de forma clara, imparcial y no engañosa” a los destinatarios, “personas físicas sin experiencia, conocimientos ni cualificación necesaria para tomar sus propias decisiones de inversión y poder valorar correctamente sus riesgos”.

Asimismo, denuncian que se trata de una conducta “contraria a la normativa del mercado de valores, dado que se trata de productos financieros complejos, no adecuados para inversores no profesionales”.

Por ello, el fallo condena a Bankia a devolver a los preferentistas personados en el proceso las cantidades percibidas por la “comercialización abusiva” de las participaciones preferentes, descontando las cantidades abonadas en concepto de rendimientos o por venta o recompra de valores.

Además, la Fiscalía ha solicitado al Juzgado de lo Mercantil número 3 de Valencia que complemente la sentencia con un “pronunciamiento expreso sobre reconocimiento de efectos generales”, para que sus pronunciamientos puedan hacerse extensivos a todos los preferentistas afectados por las mismas actividades.

El Juzgado de lo Mercantil Número 3 de Valencia ha condenado a Bankia a devolver a 35 clientes minoristas el importe invertido en dos emisiones de participaciones preferentes de La Caja de Canarias (integrada en Bankia) al considerar “abusiva” su comercialización.

La sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, responde a una demanda colectiva planteada inicialmente por casi un centenar de consumidores agrupados por Adicae.

La asociación estima que Bankia tendrá que devolver una media de 20.000 euros a cada uno de los clientes. No obstante, el fallo subraya que esta condena se hace sin perjuicio de descontar las eventuales cantidades abonadas a los afectados en concepto de rendimientos o por venta o recompra de valores y de la obligación de devolver las eventuales acciones de Bankia recibidas en el canje acometido por la entidad.

La sentencia se refiere a dos emisiones de preferentes realizadas por La Caja de Canarias por un importe total de 60 millones de euros y define la actuación de La Caja de Canarias como “contraria a la buena fe, con claro perjuicio a los consumidores y evidenciando el desequilibrio entre las partes”, puesto que los minoristas carecían de conocimientos financieros para valorar la adecuación del producto “ofrecido o recomendado”.

Adicae ha denunciado que La Caja de Canarias “colocó” 60 millones en preferentes “ocultando” a sus clientes información esencial, como el alto riesgo o el carácter perpetuo o sin vencimiento ni liquidez de las preferentes, “a sabiendas de que no era un producto adecuado para ellos”.

Para la asociación, esta sentencia respalda el papel de la acción colectiva para resolver “abusos masivos”, frente a la estrategia de los bancos de llevar a los afectados a juicio a través de demandas individuales.

Por ello, ha considerado que este fallo anticipa el posible resultado de la demanda colectiva de Adicae por las preferentes de Bankia, cuyo juicio puede quedar visto para sentencia el próximo lunes en los juzgados de Plaza de Castilla de Madrid.

Andreu Missé (Barcelona, 1947) es uno de esos periodistas que cree que una de las funciones de los profesionales de la comunicación es denunciar las arbitrariedades e injusticias que abundan en nuestra sociedad. Esta convicción es la que le llevó a escribir el libro La gran estafa de las preferentes (Alternativas Económicas, 2016), que se ha presentado este martes en Barcelona.

Un millón de afectados, la gran mayoría gente sencilla que vio en peligro los ahorros de toda su vida, merecían una investigación a la que ha dedicado dos años de trabajo. Un crowdfunding ha hecho posible esta obra de Missé, director de 'Alternativas Económicas'. El libro contradice a quienes dan el periodismo de investigación por muerto y enterrado.

¿Qué eran las participaciones preferentes?

Eran un producto financiero, mezcla de acciones y depósitos. Cuando un banco o una caja ofrecían a una persona este producto, lo vendían como si fuera un depósito. No le concretaban mucho pero le estaban vendiendo una forma de capital que tenía muchos riesgos. Lo podía perder todo, sin vencimiento, ni liquidez. Si tienes dinero en el banco, siempre los puedes ir a buscar. Si lo tienes a plazo fijo, lo puedes ir a buscar cuando venza. Aquí, no. Y no lo explicaban claramente. No tenía garantía del Estado.

Y de ahí La gran estafa de las preferentes La gran estafa de las preferentes

La razón de que fuera una estafa es la forma en que se vendieron. Si te dicen las características de un producto no es ninguna estafa. Pero no lo explicaban así. Todo lo relacionado con el mundo financiero se basa en la confianza. Para la gente normal es imposible entender las técnicas de estos productos, pero también para economistas o abogados. Además, entre los afectados había mucha gente con pocos conocimientos. Cuando se acababa el plazo fijo de estas personas, el banco les proponía que compraran preferentes, haciéndoles creer que era un producto seguro. Aquí está la esencia del engaño.

¿Por qué se crearon las participaciones preferentes?

Porque los bancos no tenían capital. Los bancos necesitaban capitalizarse. Y las cajas aún más, porque por su propia naturaleza no tienen capital. Aquí hay un pecado mortal original: los paraísos fiscales. En 1998 comienza a utilizarlos el BBV y después se apuntan todos. No hay ninguna ley que lo permita. Lo hacen desde paraísos fiscales, con una autorización de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, con el acuerdo del Banco de España y del Ministerio de Economía.

En 2008 estalla la crisis y los fondos de inversiones que tenían preferentes se las quitan de encima. Y las entidades financieras las continúan colocando a los particulares.

Los inversores institucionales se van. No quieren riesgos. El inversor, para financiar un banco, a partir de ese momento, a nivel internacional, pide un 12%, un 14% o un 15%. La razón de fondo del capital es coger dinero de los ahorradores y dejarlo a los que piden créditos pero debe tener una base para cubrir las posibles pérdidas. Con este esquema, cuando estalla la crisis se empiezan a producir créditos fallidos, pérdidas, gente que no puede pagar las hipotecas... El capital va bajando y las entidades financieras necesitan aumentar el capital.

Los inversores clásicos piden un 15% y las preferentes aparecen como una salida. A los particulares se les ofrecen intereses del 7% pero ellos no son especuladores. Son ahorradores, han tenido trabajos muy humildes, no han hecho vacaciones, se han privado de muchas cosas... Han ahorrado 30.000 euros o 40.000 euros. Pero ni así ni con las ayudas públicas que recibieron, los bancos se salvaron. Fueron cayendo: Bankia, Caixa Catalunya, las cajas gallegas,...

¿Por qué estallan las protestas de las personas que habían adquirido preferentes?

Porque la gente va a los bancos a buscar el dinero y les dicen que no se lo pueden devolver. Y trasladan la culpa a Bruselas, que no tiene nada que ver con ello. La Comisión Europea lo estuvo investigando pero su problema es que no tiene poder. En Navidad de 2011 se organizan las primeras protestas, muy aisladas. La gente se planta en las oficinas y se empiezan a crear asociaciones, plataformas. Estamos hablando de un millón de afectados. Docenas y docenas de manifestaciones. Todo esto salía muy poco en los grandes medios. Aparecía en los locales. El Gobierno se hacía el loco. Sólo decía algo cuando se veía muy arrinconado.

Hay dos grandes aspectos a tener en cuenta. Por qué se crearon las preferentes y la importancia de las movilizaciones populares que han permitido recuperar buena parte del dinero que no se quería devolver a los ciudadanos.

Los jueces han jugado un papel importante en este proceso.

Muy importante. Los jueces de lo civil se han concienciado. Es impresionante. Hay decenas de miles de sentencias condenando los bancos. El 90% de las sentencias han sido favorables a los afectados. Han bloqueado los juzgados. Algún magistrado me decía que estaba trabajando para los bancos. Porque, además de las preferentes, han hecho subordinadas, cláusulas-suelo, swaps...

Es un desbarajuste. Los bancos tienen un poder muy grande, sin controles. Se han creado comisiones de investigación parlamentarias muy útiles e interesantes en Cataluña, en Valencia, en Galicia,... pero lo más eficaz han sido las movilizaciones populares. Al principio, los jueces fallaban siempre a favor de los bancos porque les era inconcebible que hubieran hecho las cosas mal. Las movilizaciones les sensibilizaron.

Es, precisamente, la solidaridad con la gente sencilla engañada la que te lleva a escribir el libro.

En el primer número de la revista Alternativas Económicas pusimos este tema en portada. Joaquín Estefanía nos lo propuso. Habían salido algunas noticias en los periódicos pero no se evidenciaba el sufrimiento de tanta gente. Gente que no hablaba porque tenía vergüenza. Temía que la vieran como tonta, egoísta, o que la familia se enterase de su ruina. Primero se lleva muy en secreto, pero cuando comienza a saberse que hay muchos afectados, se da cuenta que son personas normales las que han sido engañadas.

Estamos hablando de cerca de un millón de personas.

Sí. Además de las preferentes, debemos tener en cuenta los efectos de productos similares creados por la CAM o el Banco de Santander. En el caso de Bankia se engañó a la gente tres veces. Primero, las cajas que crearon Bankia les colocaron preferentes hasta 2009. En 2011 salió Bankia a Bolsa y ahora está apareciendo en los medios que los inspectores del Banco de España, a petición de los jueces, hicieron dos informes advirtiendo que el nuevo banco no era viable. Las cuentas que presentó Bankia cuando salió a Bolsa no se correspondían con la realidad.

Y, tercero, les propusieron que cambiaran las preferentes por acciones de Bankia, con el argumento de que les permitiría desbloquear parte de su dinero. Pero las acciones cayeron en picado y los que lo hicieron perdieron el 99% del valor inicial.

La salud de muchas de las personas que han pasado por el trance de las preferentes se ha resentido

Hay un capítulo del libro dedicado a esto. Trata del caso de Mataró, una de las ciudades más afectadas por las preferentes, colocadas, en este caso, por Caixa Laietana. El alcalde convergente fue muy valiente y defendió a fondo a los afectados. Se creó una gran unidad en el pueblo. Estuvieron dos años y medio batallando. Consiguieron que les incorporaran al arbitraje que se hizo finalmente. Una psicóloga ayudó a serenar a los afectados –la mayoría gente mayor y de los barrios más humildes– después de tantos años de movilizaciones y lucha. La gente ha sufrido mucho.

Ya hay dos sentencias de 'daños morales'. Con condenas pequeñas, de 6.000 euros, pero suponen un reconocimiento de que además de devolver el dinero a las personas, se les tiene que pagar por el sufrimiento causado. Esto se ha pasado demasiado rápido. Un afectado de Córdoba me decía que no habían ganado sino que les habían devuelto lo que tenían, después de tres años de lucha. Mucha gente mayor ha muerto con el disgusto de esta cuestión sobre sus espaldas.

La solución del Gobierno fue que se hiciera un arbitraje entre las entidades financieras y los perjudicados

Improvisó un arbitraje en la proximidad de las elecciones gallegas de octubre de 2012 por la presión de los afectados de aquella comunidad. Pero no era un arbitraje de verdad. Un arbitraje es cuando dos personas se ponen de acuerdo para elegir a una tercera para que haga de juez en un conflicto que tienen entre ellos. Aquí no. Se le dijo arbitraje pero no lo era. El banco eligió a las personas que consideraba que podían hacer el arbitraje y luego se legalizó en las Juntas de Arbitraje oficiales de cada comunidad autónoma. Y, ¡oh, casualidad!, el cien por cien de los acuerdos del banco fueron el cien por cien de los acuerdos de las juntas oficiales.

Primero se hizo en Galicia y después en Cataluña y en Madrid. Los tres tuvieron las mismas características. Se encargó a consultoras que trabajan con los bancos que hicieran los arbitrajes. Quien ha tomado las decisiones sobre qué clientes podían beneficiarse de los arbitrajes han sido los bancos mismos.

Una conclusión de esta crisis es que la mejor herramienta de la ciudadanía es la movilización.

Hay un paralelismo entre preferentes y desahucios. Son los dos grandes abusos bancarios de este país. Ambos han provocado grandes movilizaciones. Han causado una gran concienciación de los jueces, que están a favor de la gente. El Tribunal Supremo, contra todos los pronósticos del Gobierno y de todo el mundo, obligó a Bankia a devolver todo el dinero a más de 200.000 personas que habían invertido en acciones en Bolsa. No hay antecedentes de un hecho así en ningún país del mundo.

Los jueces dicen que tomaron conciencia cuando vieron a la gente y conocieron los casos concretos. Hemos asociado a los jueces a un cuerpo muy conservador. Evidentemente lo ha sido, está con el poder establecido pero los jueces han sido un elemento dinamizador del retorno del dinero a los afectados por las preferentes.

El frente penal aún está abierto.

Muchos particulares han ido contra los directores de las oficinas bancarias. Casi todos los procedimientos han decaído porque una cosa es decir que se tiene que devolver el dinero a los perjudicados y otra es enviar gente a la cárcel. Los jueces se lo piensan mucho más. En Estados Unidos, donde han sido durísimos con las multas a los bancos, sólo hay uno o dos directivos bancarios en prisión. En el sector bancario, tienes que haber hecho algo muy gordo para que te envíen a la cárcel.

Hay más de 125.000 personas que fueron rechazadas del arbitraje. Y esta gente sigue pidiendo justicia. También hay muchos que no fueron porque no se enteraron, no sabían qué hacer, no les avisaron. Otros se han enterado de que sus padres tenían preferentes cuando se han muerto.

Estos hechos que denuncia ¿no deberían llevar a cambiar el sistema financiero?

Estamos en un momento, en general pero sobre todo en Europa, en que los bancos tienen un poder desproporcionado en el mundo económico. Durante todo el tiempo que han estado mal no han dado créditos. Solo ha dado créditos la banca pública europea, el Banco Europeo de Inversiones. Se reniega de la banca pública pero es la única que da créditos en los peores momentos.

En Alemania, el 35% o el 40% del sector está aún en manos de cajas de ahorro o bancos cooperativos. Durante todos los años de la crisis, los bancos privados comerciales –Commerzbank, Deutsche Bank,...– han bajado el crédito un 10% o un 15% mientras los bancos cooperativos y las cajas lo han aumentado. Una de las explicaciones por las que Alemania ha aguantado mejor la crisis es porque ha tenido una parte importante del sector financiero que ha estado al servicio de la economía de los ciudadanos.

Hay quien llega a decir que los bancos privados no deberían crear dinero

Pero es que esto es la naturaleza del sistema. Cuando un banco te da un crédito, el dinero te lo gastas comprando algún producto y vuelve a otro banco o al mismo. El tema de fondo es que se trata de un sector que no puede estar tan desregulado como hasta ahora y actuar con tanta impunidad. En estos momentos, los bancos están obligados a hacer las cosas mal. Con el tipo de interés que hay no pueden funcionar. Deben cometer abusos: crear comisiones sin límites, quitar límites en los cajeros, colocar seguros a gente que no los necesita... Los tipos a cero no dejan margen para hacer nada.

Todos los ahorradores están pagando la crisis otra vez. A la gente que había ahorrado toda la vida para tener un 2% o un 3% y con ello complementar la pensión le dicen que le dan un 0,1% o un 0,2% y dentro de cuatro días le harán pagar para guardarle los ahorros. Este sistema no es sostenible. Desde la propia lógica capitalista. No hace falta hacer un discurso anti-sistema.

Ya anuncian nuevos productos. No han escarmentado en absoluto.

No. Se olvida. Está estudiado. Las estafas bancarias se olvidan al cabo de diez años.

Y la denuncia que hace en el libro ¿se olvidará dentro de diez años?

Yo soy un periodista que hace su trabajo. El esfuerzo de verdad lo han hecho las personas que han batallado, que han salido a la calle cada semana, que han ido a protestar al Congreso, al Parlamento, que no han parado de denunciar. Ellas son las verdaderas protagonistas de esta historia.

El sistema financiero parece insensible ante estas luchas.

Están despidiendo gente cada día. Si vas a buscar dinero al banco te enviarán al cajero. O sólo te atienden un par de horas al día. Cada vez tienen menos gente y ofrecen menos servicios. Esto es una gran revolución, una situación insostenible que no puede durar.

¿Y qué hay que hacer?

Lo primero, protestar. Ir a una asociación de consumidores o a las instituciones. Ir a las instituciones, sin embargo, es un drama. Cuando la Comisión Nacional del Mercado de Valores o el Banco de España resuelven a favor de las reclamaciones de los particulares, los bancos no están obligados a cumplir la resolución. Sólo lo hacen en un porcentaje muy bajo de ocasiones. El banco debería aplicarlas automáticamente.

Hay mucho discurso contra la banca pública. José Ignacio Goirigolzarri, el presidente de Bankia, lo está haciendo bien. Devolvió todo el dinero de los inversores en Bolsa. Ahora tiene unas cien mil demandas planteadas. Debería cumplir todas las resoluciones del Banco de España a favor de los clientes. En la banca pública hay una limitación de salarios. No tiene ni pies ni cabeza que los banqueros tengan los salarios que tienen. Nunca han sido justificados pero ahora aún menos.

¿Qué pasaría si sólo hubiera banca pública?

No comparto los maximalismos. Bankia ya es pública. Puede ser un modelo y conseguir que los clientes estén más contentos que con otros bancos. No hay que mirar sólo la cuenta de resultados de los bancos sino mirar también la cuenta de resultados de los clientes, de los ciudadanos.

Racionalizar los sueldos. No tienen ninguna justificación los salarios que se pagan. Es que no los ganan. La banca nos ha costado 95.000 millones de euros de capital en ayudas públicas. Se han perdido por completo más de 40.000 millones. Si se devuelven las ayudas públicas, con los intereses, no es un problema.

La banca ética ¿es una buena alternativa?

Estoy a favor de la banca alternativa. Coop57 es fantástica, ejemplar, modélica. La banca alternativa no llega ni al 1% del sector. Las cajas rurales son el 5% y muy localizadas. Tenemos que trabajar en todos los frentes. No perder la banca pública y ayudar a la banca alternativa. Los gobiernos podrían suministrarles locales. Dentro de veinte años, la banca alternativa no habrá llegado al 10% o el 20% del sector. Se tiene que conseguir que los bancos privados no abusen. Debemos tener soluciones para hoy. Y eso significa no permitir más abusos.

La política financiera, el control de los bancos pasa ahora por la Unión Europea.

Todo el sistema se sostiene con el argumento de que si caen los bancos es el fin del mundo. Este argumento les permite continuar tolerando todos estos abusos. A Europa le pasa como al gobierno de aquí. Reacciona ante la presión ciudadana. Lo que ha ocurrido en España no ha pasado en ningún país de Europa. En Europa había preferentes pero no se habían malvendido.

¿Nos podemos fiar de una Unión Europea que ha demostrado reiteradamente su dependencia y su miedo al poder de los grandes grupos financieros?

No nos queda más remedio que fiarnos. Por primera vez, la Comisión se ha plantado ante Apple, que representa a las nuevas empresas que son los grandes poderes mundiales de la economía. La comisaria de Competencia no es Juana de Arco. Ha actuado así porque tiene luz verde del presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker. Recordemos que Juncker fue el jefe del paraíso fiscal que es Luxemburgo y no debería haber sido presidente de la Comisión, pero este escándalo era demasiado grande y no podía obviarlo.

¿Por qué pasa todo esto? Si no hubiera habido paraísos fiscales nunca habría habido preferentes en España. Muchos informes de la OCDE, del G-20 diciendo que acabarían con los paraísos fiscales pero no hacían nada. Llega un momento en que la gente protesta porque si estas empresas no pagan impuestos, los estados no tienen dinero y recortan servicios.

Este no es un libro contra la banca. La economía de este país, atascada por una crisis sin fin, precisa más que nunca una banca eficiente, una banca al servicio de los ciudadanos y de las empresas, con supervisores e instituciones públicas que protejan sus derechos.

Este es un libro contra las malas prácticas bancarias, contra los abusos, los engaños y la desigualdad en la información que reciben los clientes, que han permitido atropellos como el vivido por un millón de personas (856.388 de los principales bancos) que colocaron sus ahorros en un producto financiero desconocido llamado “participaciones preferentes”. En la mayoría de casos, los ahorradores fueron engañados al ocultárseles los riesgos del producto, lo cual les causó graves pérdidas económicas y, en bastantes casos, daños irreparables para su salud.

Mi propósito inicial era centrar el trabajo en indagar en las causas y consecuencias que generaron este gran fraude. Sin embargo, la investigación de estas malas prácticas ha constituido un laboratorio excepcional para comprender la profundidad de los efectos de la crisis financiera, económica y social sobre los ciudadanos más vulnerables. Es la mirada de los más perjudicados la que he elegido como punto de observación. De alguna manera, este libro quisiera ser la crónica de los perdedores de la crisis.

El trabajo deja al descubierto las estrechas vinculaciones entre los abusos soportados por los clientes bancarios y las contradicciones del actual sistema financiero. Es un modelo caracterizado por las distorsiones provocadas por la existencia de los paraísos fiscales, la debilidad del poder de los gobiernos ante los gigantescos conglomerados bancarios y la ineficiencia de la regulación para proteger a los ahorradores. Además, en España hay el agravante de que la legislación se ha incumplido de manera sistemática.

Nacidas en paraísos fiscales

En el recorrido por esta crisis han aparecido numerosas sorpresas que han puesto de relieve lo poco que hemos sabido y sabemos de los bancos y de sus connivencias con el poder político. La primera gran novedad, por ejemplo, fue comprobar la relevancia que ha supuesto el que las preferentes nacieran en un paraíso fiscal. Esta circunstancia permaneció oculta durante muchísimos años para la mayor parte de la gente. Las primeras operaciones de participaciones preferentes se remontan a hace casi veinte años (1998), y se realizaron a través de las Islas Caimán, uno de los principales paraísos fiscales del mundo. Casi nadie había oído hablar de preferentes y mucho menos entendía su significado. Normal. Las participaciones preferentes no fueron legalizadas en este país hasta 2003. No obstante, entre 1998 y 2003, en pleno reinado del Partido Popular, se emitieron en España 18.693 millones de euros en este producto, gracias a las oportunas autorizaciones del Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y el Ministerio de Economía.

En 2001, el fiscal jefe anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo puso al descubierto este colosal fraude, que pudo alcanzar hasta los 6.000 millones de euros durante los seis años que funcionó la operativa en las Islas Caimán. Pero la solución adoptada por el Gobierno en 2003, respaldada por el Congreso de los Diputados, fue una bendición para la banca: legalización de las participaciones preferentes y amnistía fiscal para los bancos y cajas de ahorros que se habían beneficiado con su comercialización.

Con la llegada de la crisis, iniciada en 2007 y agravada en 2008, los bancos y, sobre todo, las cajas precisaron más capital para taponar sus crecientes pérdidas. En esta coyuntura, la actuación del Banco de España fue determinante para que las entidades financieras acudieran a colocar masivamente las participaciones preferentes entre sus clientes para capitalizarse. Esta decisión resultó ser abiertamente contradictoria con la que el supervisor había mantenido en 2002, cuando advirtió de los peligros de comercializar las preferentes entre la llamada clientela minorista por su menor preparación para comprender los riesgos.

Lo cierto es que los bancos y las cajas colocaron más de 14.000 millones de euros en participaciones preferentes entre su clientela más confiada sólo entre octubre de 2008 y septiembre de 2009. Esta colocación a los pequeños ahorradores tuvo el agravante de que se realizó después que los inversores institucionales hubieran abandonado ese mercado, conocedores del elevado riesgo de estos productos. Para las autoridades, la prioridad fue asegurar la solvencia de bancos y cajas. Por ello, adaptaron la regulación para que las preferentes sirvieran para reforzar su recapitalización. El resultado fue que los tenedores de preferentes fueron los primeros que apechugaron con las pérdidas. Fueron los primeros en rescatar a bancos y cajas cuando en 2011 vieron que no podían disponer de sus ahorros que después fueron convertidos forzosamente en acciones, tras sufrir fuertes pérdidas.

Uno de los puntos centrales de esta historia ha sido poner al descubierto que las duras quitas aplicadas a los ahorradores españoles carecían del soporte de la legislación europea vigente en el momento en que se aplicaron. Se trataba además de unos recortes masivos a ahorradores en unas cuantías que no han tenido parangón en Europa.

El Gobierno justificó siempre las quitas como una exigencia de la legislación comunitaria. La secuencia de los hechos demuestra que sucedió todo lo contrario. Los sacrificios aplicados en España sirvieron de referencia para elaborar posteriormente la legislación europea sobre esta materia. Es decir, a los ahorradores españoles se les aplicaron quitas sin el respaldo legal europeo que las autorizara de forma específica. España fue en 2012 el conejillo de Indias de la normativa que en los años sucesivos se aprobaría en Europa; primero, una comunicación de la Comisión Europea en julio de 2013 y después, en mayo de 2014, una directiva aprobada por el Consejo y el Parlamento de la UE que, además, en los aspectos relativos a la contribución de los inversores al saneamiento bancario, no entró en vigor hasta enero de 2016.

Es cierto que el Eurogrupo, la institución con menos legitimidad democrática de la Unión Europea, controlado por Alemania, exigió con extrema dureza a España aplicar un sacrificio sin precedentes a los tenedores de preferentes y subordinadas. Pero estas exigencias carecían de base legal. El Gobierno español pudo haberse resistido mucho más, pero cedió y pactó con el Eurogrupo un acuerdo que quedó reflejado en el Memorando de Entendimiento (MoU) de julio de 2012. El MoU fue la base para infligir las pérdidas que se aplicaron a los ahorradores atrapados en estos productos, que en algunos casos alcanzaron el 70%. El Gobierno se negó a que este memorando fuera discutido en el Parlamento español, a diferencia de lo ocurrido en Alemania, Holanda y Finlandia.

La dureza de los recortes contravenía, además, las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que había propuesto que sólo se aplicaran “pequeños recortes”. La propia Comisión Europea reconoció en 2016 que a este país se le aplicó “un régimen jurídico que todavía no había entrado en vigor” y que en relación con los sacrificios de los afectados “España había ido más allá de la práctica común hasta aquel momento”.

Rescate financiero

Por otra parte, la contribución forzosa de los tenedores de preferentes y subordinadas en la capitalización de las entidades financieras fue decisiva para que el Gobierno pudiera reducir la cuantía de la petición del rescate desde 60.000 a 41.300 millones de euros. El Ejecutivo de Mariano Rajoy se resistió desde un principio a pedir el rescate para los bancos españoles por una cuestión de imagen política. El propio presidente había negado incluso que el rescate se fuera a producir en algún momento. El Eurogrupo había ofrecido inicialmente hasta 100.000 millones de euros pensando sobre todo en facilitar toda la financiación necesaria a las entidades españolas para que pudieran devolver completamente los créditos otorgados, principalmente, por los bancos alemanes y franceses.

La aceptación por el Gobierno de unas quitas tan elevadas tampoco fue neutral. El Ejecutivo y los directivos bancarios quizá expresaron mucho pesar por la medida, pero todo el dinero que perdieron los preferentistas no lo tuvieron que devolver las cajas a los afectados. A las entidades les preocupaba bastante menos el desgaste en imagen. Por otra parte, es difícil de justificar que mientras que la banca extranjera recuperó toda su inversión, los pequeños ahorradores sufrieron unas pérdidas tremendas.

España siguió un camino completamente distinto al de Estados Unidos, Reino Unido, Bélgica, Holanda, Alemania y Francia. En estos países, cuando estalló la crisis los gobiernos decidieron rápidamente emplear todo el dinero público que fuera necesario para salvar a sus bancos sin castigar a los ahorradores.

En nuestro país la decisión de cargar sobre las espaldas de los ahorradores fue especialmente grave porque en 2013 cuando se concretaron las medidas que impusieron las quitas ya se sabía que los preferentistas habían sido personas engañadas. Las autoridades conocían que las preferentes se colocaron en muchos casos a ancianos, personas sin conocimientos no ya financieros, sino que en muchos casos carecían de la educación más básica. Los atrapados fueron la generación de los años del trabajo duro de la posguerra, que lograron pequeños ahorros con grandes sacrificios. Estas fueron las víctimas sobre cuyas espaldas se cargó el primer rescate a la banca.

En este sentido fue especialmente censurable la negativa del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) a diferenciar entre inversores institucionales y ahorradores cuando acordó aplicar las quitas a los tenedores de estos productos. Hay que decirlo con claridad: las autoridades sabían muy bien las irregularidades en la comercialización de preferentes, como lo revelan los documentos oficiales.

La desinformación de los clientes bancarios se sitúa en el punto neurálgico de este conflicto. Existe un desequilibrio desproporcionado entre la información que manejan los bancos y la que reciben los ciudadanos. Es lo que los estudiosos llaman “asimetría de la información”. Es la enorme desigualdad existente entre los conocimientos que manejan los poderes financieros y los usuarios de los servicios bancarios. Esta desigualdad ha permitido múltiples abusos como han sido las cláusulas suelo, los swaps o permutas financieras, los intereses de demora desmedidos y los especialmente graves desahucios domiciliarios. La letra pequeña de los contratos ha sido un instrumento que ha jugado siempre en contra de los ciudadanos corrientes.

Hay múltiples muestras de los efectos de esta asimetría en la información. Por ejemplo, cuando los bancos tuvieron conocimiento de que bajarían los tipos de interés corrieron a poner cláusulas suelo en las hipotecas para protegerse de este fenómeno, que conocían por informes oficiales, pero que eran completamente desconocidos por los ciudadanos.

El calvario de los afectados

Por el contenido del fraude, el número de afectados y, sobre todo, por la vulnerabilidad de los mismos, la estafa de las participaciones preferentes ha sido la más grave y perjudicial que se ha producido en este país. Cientos de miles de familias se han visto afectadas con mayor o menor intensidad. Muchas han pasado por un verdadero calvario hasta poder recuperar sus ahorros después de varios años de movilizaciones, protestas y demandas judiciales. Varias decenas de miles de perjudicados han perdido irremediablemente una parte significativa de sus ahorros y otros tantos están todavía pendientes de las sentencias judiciales en el ámbito civil que continuarán dictándose durante 2017 y 2018.

A esta desigualdad en la información ha contribuido en buena parte la falta de diligencia de las autoridades, que no advirtieron con todos los medios a su alcance sobre los posibles riesgos de estos productos. Cuando en otoño de 2011, por ejemplo, se cerró el mercado de las preferentes y los ahorradores no pudieron recuperar su dinero, las autoridades mantuvieron un silencio inexcusable. Los afectados tuvieron que descubrir que sus ahorros habían quedado bloqueados por su propia experiencia o por los avisos de otros afectados y de las asociaciones de consumidores.

Lo ocurrido con esta crisis no ha sido un fenómeno neutral. La indefensión de los clientes se da después de los años de la burbuja crediticia. Entre 1996 y 2010, bancos y cajas cosecharon la friolera de 169.281 millones de euros de beneficios. Con el estallido de la crisis, las entidades financieras, sobre todo las cajas, recibieron 94.755 millones de euros en ayudas directas de capital. Bancos y cajas percibieron, por otra parte, financiación privilegiada del Banco Central Europeo (BCE) a menos del 1%, que en el caso de los españoles llegó a alcanzar los 378.000 millones de euros, además de un trato fiscal excepcionalmente favorable. En medio de un zarzal de relaciones financieras internacionales complejísimas, los tenedores de participaciones preferentes y otros productos similares se vieron forzados a recapitalizar a la banca con sus preferentes y subordinadas aportando casi 15.000 millones de euros.

Las malas prácticas bancarias no han sido un fenómeno exclusivo de España, pero ha existido una diferencia muy notable con relación a otros países. Mientras que en Estados Unidos y el Reino Unido, por ejemplo, los desmanes han sido severamente castigados por los supervisores con multas ejemplares, en este país las sanciones han sido ínfimas. Los diez principales bancos estadounidenses y europeos han recibido multas que en conjunto superaron los 150.000 millones de dólares, entre 2009 y 2015.

En España, en 2014 y 2015, las sanciones totales impuestas por la CNMV fueron inferiores a 23 millones de euros para el conjunto de la banca en cada uno de estos años, a pesar de que las infracciones cometidas fueron calificadas de “muy graves”. Se trata de un castigo ridículo si se tiene en cuenta que el volumen total de participaciones preferentes y obligaciones subordinadas comercializadas entre pequeños ahorradores hasta 2013 ascendió a 42.582 millones de euros.

El poder de la banca

La realidad es que los bancos españoles, especialmente los más grandes, gozan de un poder extraordinario que les ha permitido siempre mirar por encima del hombro a los supervisores. Hay muchas pruebas de ello. En 2015, los bancos sólo rectificaron en un 40% de los casos en que el Banco de España se pronunció a favor de los clientes que habían presentado quejas al supervisor. En el caso de la CNMV, en 2014, las entidades financieras sólo rectificaron en un 7% de los casos en que el supervisor dio la razón a los reclamantes. No es de extrañar, por lo tanto, que la banca española sea la peor valorada del mundo por sus clientes a excepción de Irlanda.

Uno de los aspectos más lamentables para los ahorradores españoles ha sido el desdén de los bancos a la legislación europea, diseñada expresamente para proteger a los inversores. Esta normativa, aprobada en 2004 y vigente en España desde 2007, ha sido infringida sistemáticamente por las entidades financieras. En febrero de 2012, el Grupo de Izquierda Plural presentó una proposición no de ley en la que exigía que los bancos cumpliesen las leyes vigentes. Parece que había que insistir en que las leyes se hacían también para la banca.

Esta historia tiene un aspecto especialmente sangrante cuando se considera que fueron precisamente las cajas de ahorros las que cometieron las mayores tropelías. Excepto dos contadas excepciones, Caixa de Ontinyent y Caixa de Pollensa, las cajas de principios del siglo XXI ya no tenían nada que ver con el origen y la trayectoria social de estas instituciones centenarias.

La dirección de determinadas cajas fue tomada por unos ejecutivos cuya prioridad fue la obtención de beneficios. Para ello emprendieron las inversiones más temerarias, especialmente en el sector inmobiliario, con operaciones altamente especulativas basadas en la adquisición de suelo. La paradoja es que las cajas, que habían tenido unas raíces más sociales por su origen fundacional, se convirtieron en las instituciones más opacas, con un poder cada vez más absoluto en manos de unas cúpulas directivas que ni siquiera estaban sometidas al contrapoder de una junta de accionistas. Las asambleas de las cajas, controladas absolutamente por la dirección, eran reuniones a las que los medios de comunicación tenían prohibido el acceso.

Las transformaciones experimentadas por Caja Madrid, la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), Caixa Catalunya, Caixa Laietana y las cajas gallegas, sólo por citar los casos más significativos, fueron muy representativas. Caja Madrid, bajo la presidencia de Miguel Blesa, desarrolló una gestión especialmente agresiva al realizar la operación más elevada que le permitió captar 3.000 millones de euros en participaciones preferentes en 2009 para recapitalizarse. Todo esto se producía cuando los directivos ya sabían que la entidad estaba sufriendo un grave deterioro económico. Muchos de sus clientes, además, volvieron a ser engañados dos años más tarde con la salida a Bolsa de Bankia, que resultó más ruinosa aún. En total, hubo más de medio millón de perjudicados.

Las malas prácticas están muy bien documentadas. Existen abundantes circulares, correos internos, argumentarios de estas entidades que reflejan la feroz presión a la que sometieron a los empleados para colocar las preferentes a sus confiados clientes. Los bancos y las cajas tenían que recabar capital a cualquier precio, y para ello les valían las preferentes. Se trataba de cubrir las pérdidas de sus insensatas inversiones y el estrafalario tren de vida de sus ejecutivos, con sus elevados sueldos y pensiones. La celebración de los consejos de administración en lugares tan exóticos como India, Shanghai o Ibiza en el caso de la CAM o en Dubai en el de Laietana son bien ilustrativas de un mundo que no tenía nada que ver con una caja nacida para “combatir la miseria pública y fomentar la previsión”.

Entre la diversidad de malas prácticas efectuadas por varias entidades sobresale la manipulación del precio de las preferentes. Aunque estos productos financieros dejaron de emitirse prácticamente en 2009, los bancos y las cajas los continuaron comercializando en los años siguientes a través de un mercado interno, con lo cual mantenían la liquidez inmediata que habían prometido. El problema es que seguían vendiendo estos productos al 100% de su valor nominal cuando su precio real era muy inferior. En ocasiones, sólo representaba el 25% de su valor real. El engaño se convirtió en estafa en bastantes casos.

Las protestas dan sus frutos

Esta crónica dedica una parte relevante a mostrar como las masivas protestas de los afectados fueron fundamentales para recuperar los ahorros. Cuando en otoño de 2011 se produjo el bloqueo de las preferentes (corralito), la noticia se propagó poco a poco por todo el país y a principios de 2012 estalló una oleada de manifestaciones y encierros en ayuntamientos que en algunos casos se prolongaron durante seis meses.

De manera totalmente improvisada surgieron líderes accidentales que organizaron a los afectados y multiplicaron sus acciones. Las protestas de los afectados por preferentes, junto a las realizadas por las Plataformas de Afectados por la Hipoteca (PAH), han constituido un nuevo tipo de movilizaciones que no se registraban en este país desde hacía años. Estas acciones sintonizaban fuertemente con las nuevas sensibilidades políticas nacidas a raíz del 15M.

La extensión de estas protestas forzó a los gobiernos de Galicia y Catalunya y al Ejecutivo de Madrid a buscar algún tipo de solución para rebajar la explosiva tensión social. La respuesta fue establecer un sistema de arbitraje para facilitar la devolución del dinero a los casos más sangrantes. Aunque el arbitraje estuvo manejado y realizado a gusto de los bancos, a través de los consultores que habían contratado, permitió a casi 300.000 afectados recuperar su dinero.

Por otra parte, una de las consecuencias más notables de estas movilizaciones fue que visibilizaron el tipo de víctimas atrapadas y propiciaron una gran concienciación de jueces y magistrados. La presencia de ancianos, enfermos de Alzheimer, analfabetos y personas vulnerables en los tribunales significó en bastantes casos un gran revulsivo para determinados fiscales y jueces. Las reticencias históricas de los jueces a condenar a la banca cambiaron progresivamente ante la gravedad de los abusos descubiertos. Primero fueron los juzgados de Primera Instancia, después las audiencias provinciales y finalmente el Tribunal Supremo los que adoptaron una nueva posición ante los hechos.

En el campo civil, los jueces han acabado poniéndose de parte de las víctimas de manera muy mayoritaria, obligando a las entidades financieras a compensar a los afectados. Bankia, por ejemplo, ha tenido que dedicar ya más de 4.000 millones de euros a satisfacer las demandas de preferentistas y accionistas. Por la salida a Bolsa de esta entidad se llegaron a presentar más 103.994 demandas y reclamaciones extrajudiciales. Se han dictado decenas de miles de sentencias a favor de los clientes. Nunca había ocurrido una cosa parecida en este país.

Dos sentencias del Tribunal Supremo obligando a Bankia a devolver el dinero a los casi 350.000 inversores descolocó a analistas, expertos y al propio Gobierno. A principios de 2015, el ministro de Economía, Luis de Guindos, había anunciado que el importe máximo que tendría que asumir Bankia por las reclamaciones judiciales sería de 600 millones. Tras las sentencias del Alto Tribunal, la entidad optó por reintegrar el dinero directamente a los afectados. En mayo de 2016 ya había devuelto más de 1.200 millones de euros y continuaban las devoluciones.

Esta historia ha puesto de relieve que muchas de las irregularidades tienen todas características de delitos, según se desprende de las querellas admitidas a trámite por los jueces. Desde junio de 2012, se han presentado varias querellas criminales contra los responsables de las entidades financieras y en ocasiones contra los supervisores, que en este último caso no han sido admitidas. Destacan las querellas formuladas por UPyD y 15MpaRato. Los delitos de las acusaciones son bien significativos de la gravedad de los hechos: estafa, estafa de inversores, falsificación de cuentas, administración fraudulenta y maquinación para alterar el precio de las cosas, entre otros. El asunto principal está en manos del juez Fernando Andreu, de la Audiencia Nacional, que ha realizado una investigación asombrosa. Con independencia del resultado final, las indagaciones ordenadas por este magistrado han proporcionado ya documentos clave que han sido determinantes en las sentencias favorables a los afectados en los procesos civiles.

Entre estas pruebas destacan los extensos informes elaborados por los inspectores del Banco de España Antonio Busquets y Víctor Sánchez, que han proporcionado elementos decisivos para comprender las malas prácticas en el funcionamiento de Caja Madrid y Bankia. Los informes tienen especial valor por haberse producido en un clima de fuertes presiones, incluidas las de su propia institución.

Al cierre de este trabajo, el procedimiento penal sigue abierto. Muchos perjudicados se sentirán muy defraudados si la única compensación es la recuperación de sus ahorros tras varios años de litigio. Los afectados exigen un castigo a los responsables de las entidades financieras que les engañaron. La angustia de las víctimas ha sido reconocida en varias sentencias que han condenado a los bancos por daños morales. Muchas personas han enfermado y algunos han perdido la vida a consecuencia de los sufrimientos padecidos.

Esta historia aún no ha terminado. Muchos afectados siguen expresando sus protestas por lo ocurrido. Esta crisis ha elevado considerablemente la conciencia de los derechos de los usuarios en asuntos económicos básicos como son los ahorros. Los ciudadanos están cada día más atentos a las decisiones de los políticos, las autoridades y los tribunales. Este es quizá uno de los pocos aspectos positivos de esta tremenda historia.

['La gran estafa de las preferentes', publicado por la revista Alternativas Económicas, está a la venta en librerías y en formato digital.]

El Juzgado de Instrucción número 3 de Torrelavega ha condenado al BBVA a devolver a un ganadero jubilado de 83 años los 126.000 euros que había invertido en un seguro de vida de renta vitalicia, un producto financiero complejo que le había sido vendido por un exempleado de la entidad aprovechándose de su confianza y sin informarle de los riesgos.

Según relata la sentencia, a la que ha tenido acceso eldiario.es Cantabria, un antiguo trabajador del banco se presentó en el domicilio del afectado con la finalidad de ofrecerle un producto para colocar los ingresos obtenidos de la venta de unas fincas de su propiedad -más de 120.000 euros- por el que obtendría supuestamente una rentabilidad elevada.

Ese mismo día, el demandante acudió en compañía del exempleado del banco, quien le llevó en su propio coche, a una sucursal de Caja Cantabria para solicitar el reintegro de parte de sus ahorros e invertirlos en el producto ofrecido.

Tras recibir el cheque, ambos se desplazaron a la oficina del BBVA, donde una empleada ya había preparado toda la documentación del seguro de renta vitalicia. A cambio de perder la disponibilidad de sus ahorros “durante dos o tres años” percibiría una renta neta mensual superior a los 300 euros, según le indicaron.

Sin embargo, cinco años después, en 2012, cuando el demandante quiso recuperar su inversión se vio obligado, conforme a las cláusulas del contrato, a perder parte de su dinero, recibiendo la cantidad de 93.000 euros. En la operación de rescate perdió un total de 33.000 euros.

En un auto fechado el pasado 13 de junio, la juez Olga Gómez Díaz ha declarado nulo el contrato del cliente defendido por el abogado José Ángel Ecenarro al considerar probado que durante el proceso de contratación el BBVA no cumplió los deberes de información y transparencia que le hubieran permitido conocer al afectado las verdaderas características del producto y en concreto sus posibles pérdidas.

“Manuel, con 73 años en el momento de la suscripción del contrato y con una nula formación y menos aun en materia financiera, (...) fue influenciado por las buenas palabras del exempleado del BBVA”, sostiene la magistrada, que además destaca que el afectado no buscó el producto sino que fue un exempleado del banco quien le propuso dicha contratación acudiendo a su domicilio.

Gómez Díaz reconoce que cada actor debe velar por sus intereses pero subraya que eso no quita para que “pueda y deba exigirse a la entidad bancaria un deber de lealtad hacia su cliente”. En este sentido, añade que dicho principio de confianza o buena fe fue vulnerado por el banco, ya que la información facilitada fue “a todas luces inadecuada e insuficiente”. “Se hizo todo en el mismo día, en no más de 15 minutos, limitándose Manuel a ir firmando los documentos que se le iban ofreciendo”, apunta.

La jueza también pone en cuestión el título del producto “Rentas BBVA-Seguro de Vida”, porque entiende que es engañoso al “estar dirigido a la rentabilidad de intereses para el cliente, dejando al margen el propio concepto de seguro”, cuyo objeto es dar cobertura tanto en caso de superviviencia como en caso de fallecimiento, tal y como recuerda.

“En resumidas cuentas, nos encontramos en presencia de lo que ya se ha analizado en innumerables ocasiones respecto de otros productos bancarios, es decir, el cliente de un evidente perfil ahorrador, guiado por las recomendaciones del empleado de confianza, acepta el tipo de producto que se le ofrecía (...) basándose en una supuesta alta rentabilidad y además reconociéndole una facilidad de recuperación aunque obviando que dichas circunstancias suponían un evidente grado de complejidad”, resume la magistrada.

Argumentos BBVA

La sentencia rechaza todos los argumentos del BBVA, como que el rescate del dinero fue “un acto voluntario”, que la pérdida de parte de la inversión se debió “al momento de crisis económica” o la “falta de diligencia” del cliente por no haberse leído los documentos que se le remitían por correo.

“La mera lectura de la documentación que se aporta no garantiza la comprensión de los términos de evidente carácter difuso, generales y sumamente complejos”, señala.

A este respecto, también reprocha que dichos documentos “no reflejan más que un contrato-tipo sin que conste de manera clara el tipo de producto que se estaba ofreciendo, sin alusión alguna a sus características, riesgos, plazos, posibilidad de cancelación y sin constancia alguna de la adecuación del producto” al tipo de cliente.

“Estrecha vinculación”

En su defensa, BBVA también rechazaba tener ninguna vinculación con el demandante dado que el contrato fue suscrito por la sociedad de seguros del banco (BBVA Seguros). Para la juez, “no hay duda alguna” de la “estrecha relación” entre ambas entidades: “El BBVA era quien, a través de los empleados de la sucursal bancaria de Torrelavega, llevó a cabo toda la actividad necesaria para la comercialización del seguro, es allí donde firmó el contrato, y son ellos quienes informan de su evolución”, asevera.

La sentencia, que reparte el pago de las costas procesales, puede recurrirse en el plazo de 20 días.

La Sección Octava de la Audiencia Provincial de Alicante ha anulado el fallo inicialmente favorable en primera instancia a la entidad Banco Espirito Santo dictado por el Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Benidorm y ha condenado al banco a la devolución de 410.000 euros invertidos en diferentes bonos estructurados y fondos de inversión.

La demandante, una anciana, con su marido enfermo y no experta en inversiones, suscribió a partir de 2005 y hasta 2009 por recomendación de los empleados y asesores de su oficina de BES diferentes bonos estructurados y fondos de inversión, además con la inclusión de la clienta en una SICAV en 2009, suscribiendo para ello unas pólizas de crédito aparejadas del todo innecesarias pues esta cliente disponía de un importante patrimonio. Siempre según el despacho de abogados de Jaime Navarro, el letrado especialista en reclamaciones bancarias, estas inversiones cercanas al millón de euros en estos productos complejos y de alto riesgo le acarrearon pérdidas del 50% de las que no fue debidamente advertida al realizar los contratos.

Según Navarro, la sentencia reconoce que en estas ventas no se informó debida y adecuadamente, tal como prescribe la ley, de todas las implicaciones de la inversión en bonos estructurados y fondos de inversión de riesgo ni de que era innecesario solicitar préstamos y renovaciones de los mismos con la entidad. El BES en estas operaciones actuó en el marco de un contrato de gestión de cartera discrecional en el que la entidad decidía y recomendaba que productos adquirir prestando un servicio de asesoramiento a la cliente.

Sin embargo, según la sentencia, se incumplieron las obligaciones de la debida y completa información exigibles al banco, ya que las explicaciones verbales dadas en las diferentes ventas fueron insuficientes acerca de la verdadera naturaleza de los productos y los contratos escritos eran de difícil comprensión y no especificaban ni detallaban con claridad los enormes inconvenientes de los bonos estructurados y fondos de inversión ni contaban con las advertencias claras sobre los riesgos.

Por ello, la demandante entendió equivocadamente que adquiría productos financieros seguros, con liquidez, rentables y sin inconvenientes. La entidad no le facilitó folletos o anexos informativos que indicasen objetivamente las características y los riesgos tal como prescribe la ley que ha de hacerse en este tipo de comercializaciones bancarias. El BES tampoco consideró realizar una valoración adecuada y correcta previa de objetivos de inversión y conocimientos financieros sobre el perfil de la cliente.

La sentencia anula en consecuencia las compraventas de estos productos estructurados además de anular la participación en la SICAV, ya que considera que no eran productos de inversión adecuados para una persona que, aunque pudiente, no estaba familiarizada ni era experta en este tipo de inversiones.

Tras las últimas reestructuraciones bancarias por la grave crisis financiera que ha afectado a Portugal será la entidad Novo Banco —sucesora del BES— la que finalmente deberá devolver el dinero perdido.

Las irregularidades en la comercialización de Valores Santander no se circunscriben al momento de la colocación inicial del producto en septiembre de 2007. En el informe sobre el caso, que la Fiscalía ha presentado al juez Ismael Moreno de la Audiencia Nacional, también se constata que continuaron incluso entre uno y dos años después. En ese momento ya estaba plenamente operativa la Ley del Mercado de Valores que reforzaba la protección de los inversores.

La CNMV detectó que Banco Santander había creado en 2008 una suerte de “Mercado Electrónico de Renta Fija” interno en el que se casaban las demandas de venta de propietarios de sus bonos convertibles Valores Santander con órdenes de compra de nuevos clientes supuestamente interesados en ese producto de riesgo cuyo precio en el mercado ya no era el nominal que se mostraba en los bonos.

El resultado de aquella investigación propició que el organismo presidido por Elvira Rodríguez solicitara una sanción muy grave con multa de casi siete millones de euros, que ha sido ratificada por la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional. Hasta ahora se desconocía la causa de la multa que trasciende en el documento de Fiscalía al que ha tenido acceso eldiario.es.

La operativa recuerda mucho a la de Caja Madrid con las preferentes, para las que organizó un mercado interno muy similar en la que se vendían estos productos a clientes por un precio muy superior al del mercado.

Las contradicciones a la hora de explicar cómo se gestionó este mercado interno han sido palpables, aseguran las fiscales, también a lo largo de la instrucción del caso de la querella penal contra Banco Santander en la Audiencia.

El banco vendió Valores Santander al 100% de su precio nominal (el precio que pone en el papel de emisión original) cuando su cotización en el mercado ya estaba por debajo.

Los perjudicados por este engaño masivo fueron 3.300 clientes con transacciones valoradas en 48 millones de euros. La gran mayoría eran clientes de las oficinas ubicadas en las zonas de Alcorcón, Córdoba, Alcobendas, Sanlúcar de Barrameda, Madrid y Santo Domingo de la Calzada.

Un error en la red comercial

Un error en la red comercialJuan de Dios Fontecha, en su momento máximo responsable del Área de Tecnología y Operaciones de Banca Comercial, de donde partió la orden a todas las Direcciones Territoriales de la red sobre cómo efectuar la compraventa de Valores Santander, compareció como imputado en la causa penal abierta el 15 de mayo de 2015. En su declaración atribuyó la diferencia en el precio de venta a “un error en la red comercial” descargando así la culpa sobre los trabajadores del banco. Su testimonio está en línea con la opinión del Ministerio Público, que también exculpa a la cúpula para señalar a los trabajadores como responsables de las irregularidades.

En el informe de la CMNV consta que el error en la red fue la explicación que proporcionó Banco Santander en mayo de 2009. En julio de ese mismo año, Banco Santander fue más preciso en la definición del “error operativo” e identificó su origen en “una mala interpretación por parte de algunas oficinas de las instrucciones operativas sobre la realización de compraventas de Valores Santander reconociendo que se había generado un perjuicio para determinados clientes”.

Es en ese momento cuando la entidad se compromete a resarcir el daño asegurando que a los clientes afectados se les reembolsaría “la diferencia entre el precio de mercado en la fecha de la aplicación y el 100% mediante ingreso en cuenta con la misma fecha valor que el adeudo”.

En algunos emails enviados a los directores de las oficinas y a los que ha tenido acceso eldiario.es se pide que se casara al mismo precio “normalmente al 100%”.

La CNMV constató que de todas las operaciones de compra venta registrada entre el 1 de enero de 2008 y el 30 de junio de 2009, solo 11 se habían vendido al precio real del mercado. Todas las demás estaban sobrevaloradas. Eso implicaba una diferencia entre el precio de mercado y el de compra se estimó en unos 14 millones de euros, de los cuales Banco Santander ha compensado 10 millones.

La constatación de esta irregularidad no es considerada suficiente por la Fiscalía para culpar penalmente a la cúpula de banco por el proceso de comercialización de sus Valores Santander.

El Juzgado de Primera Instancia número 11 de Valencia ha anulado los contratos de compra de varios productos financieros de riesgo de Banco Santander que suman 1.200.000 euros de inversión, que fueron suscritos por un matrimonio de clientes de esta entidad. Entre estos productos se encuentran dos Estructurados Santander Inmobiliario Global, un Estructurado Autocancelable, unos Valores Santander, y varios “Fondos Tridente”.

Según la sentencia, se trata de valores de inversión complejos y de alto riesgo de cuyas verdaderas implicaciones no fueron debidamente advertidos los clientes en el momento de su compra entre los años 2007 y 2009. Son además productos de diseño propio del banco recomendados y asesorados por los empleados de la entidad que, sin las debidas advertencias, ocasionaron a los clientes graves pérdidas de más de 844.200 euros, respecto al nominal invertido inicialmente.

Siempre según el despacho de abogados que ha ganado el caso, el de Jaime Navarro, los demandantes son personas con estudios básicos y carniceros de profesión. Clientes de la entidad desde 1989, recibieron a principios de 2007 una importante suma por la venta de unos inmuebles procedentes de una herencia familiar por lo que decidieron confiar en los asesores de Banco Santander la gestión e inversión de su patrimonio económico en productos seguros acordes con su perfil conservador.

El juez en su sentencia indica que el Banco Santander no cumplió con la diligencia e información completa, clara y precisa que le era exigible al proponer al cliente la adquisición de estos Bonos Estructurados, Valores Santander y fondo Tridente.

El matrimonio demandante contrató por error por falta de información de banco, según dicta la jurisprudencia en la materia y como recoge la sentencia: «Dicho de otro modo, en el caso de un inversor no profesional, no basta con que la información aparezca en las cláusulas del contrato y, por lo tanto, con la mera lectura del documento; es preciso que se ilustre el funcionamiento del producto complejo con ejemplos que pongan en evidencia los concretos riesgos que asume el cliente“.

Navarro recuerda que la información al cliente, máxime en productos financieros de riesgo, necesariamente ha de incluir orientaciones y advertencias sobre los inconvenientes asociados a los instrumentos financieros; es imprescindible para que el cliente minorista pueda prestar válidamente su consentimiento, bien entendido que lo que vicia el consentimiento por error es la falta del conocimiento del producto y de sus riesgos asociados, pues el deber de informar adecuadamente pesa exclusivamente sobre la entidad financiera.

Que son los Valores Santander y el Fondo Estructurado Tridente

El letrado, según su comunicado, explicó en el juicio en que consisten los Valores Santander: “El Banco Santander pidió prestado a sus clientes (un bono u obligación es un préstamo de los clientes a los bancos u otros emisores, en esencia) 7.000 millones de euros para financiar la compra del banco holandés ABN AMRO. Se comprometió a devolver el préstamo mediante un interés del 7,50% TAE el primer año y un Euribor más 2,75% después, hasta su vencimiento en octubre de 2012. Al ser obligaciones necesariamente convertibles en acciones (una obligación para el cliente), al vencimiento no nos devuelven el capital invertido, sino acciones. Las acciones que nos entregarán no serán a precio de mercado a fecha del vencimiento, sino en base a un precio fijado al contratar el producto y una prima del 16%. Un pequeño detalle, es que si la acción cae, el cliente cobra con acciones sobrevaloradas; es decir, pierde dinero. Y las acciones perdieron valor y mucho; el canje final se marcó en 12,96 euros la acción, cuando en ese momento cotizaban a menos de 6 euros la acción (…), lo que se tradujo en una pérdida del 55% del capital”.

“Los Valores Santander fueron un ‘producto estrella’ del propio Santander que resultó ser un fiasco por su gran riesgo y que fue colocado indiscriminadamente a casi 130.000 clientes del banco”. Se trata de un producto financiero muy complejo y de elevado riesgo en el que la inversión finalmente se convertía en acciones del banco. El producto fue comercializado masivamente y sin la adecuada información por Banco Santander especialmente entre clientes minoristas y sin conocimientos financieros a los ha ocasionado importantes pérdidas entre el 30% y el 55% de la inversión“, asegura Navarro, especializado en este tipo de asuntos.

El abogado también tiene una opinión negativa del fondo estructurado Tridente. “Consiste en un bono estructurado del propio Banco Santander muy complejo con vencimiento a un año, que está referenciado a la evolución de las acciones de Telefónica, Iberdrola y BBVA y en el que se puede perder gran parte o toda la inversión. Es por tanto un producto financiero híbrido de alto riesgo por sus múltiples variables. Todo lo cual evidentemente tiene una notable repercusión en la correcta diligencia informativa exigible a la entidad bancaria”.

¿Hay o no hay nada que investigar por la vía penal en la venta de las preferentes o, en el caso vasco, de las aportaciones subordinadas de Eroski y Fagor Electrdomésticos?  Pues la respuesta  varía en función de a quién se pregunte. La inmensa mayoría de los afectados considera que la Fiscalía ha permanecido “completamente inactiva”. Por el contrario, para los que no resultan afectados la actitud del Ministerio Público está siendo la correcta porque “no hay nada que investigar”. Sin embargo, hay casos paradigmáticos que hacen pensar en la cuestión.

Es el caso de una reciente sentencia de la Audiencia Provincial de Bizkaia en la que ratifica la dictada por un Juzgado de Barakaldo. En ella se condena al Banco Santander al pago de 20.000 euros por haber vendido un producto “complejo y de riesgo” como eran las aportaciones de Fagor Electrodomésticos  a un matrimonio de ancianos analfabetos 86 años de edad.

Gabriel Torres-Amann es el abogado que ha llevado este caso. “Gregorio y Amelia empezaron a trabajar en las labores del campo a los nueve años y no pudieron recibir estudios de ningún tipo. En 2006 recibieron en casa la llamada de la entonces directora de la Agencia de Cruces del Banco de Santander, quien les incitó a suscribir un producto que, según les indicó, eran ‘Bonos de Empresa’ de Fagor Electrodomésticos por un importe de 20.475 euros”.

En la sentencia, la jueza destaca el incumplimiento por el Banco Santander de las “obligaciones de diligencia, lealtad e información” en la venta de las aportaciones financieras subordinadas de Fagor. Según la sentencia, Amelia y Gregorio “tenían un absoluto desconocimiento de las características y riesgos” de ese producto financiero.

“En mi opinión”, señala Torres-Amann, “vender un producto complejo y de riesgo a unos analfabetos de más de 80 años tendría que haber movido a  la Fiscalía a una investigación, sobre todo cuando hay ya encima de la mesa una gran cantidad de sentencias similares a esta. Se trata de un engaño premeditado en toda regla”.

Sin embargo, “la pasividad de los fiscales está siendo la nota dominante”, lamenta el abogado, quien añade que “hay casos en los que los representantes de los bancos incluso acuden a las residencias de ancianos para que suscriban las aportaciones. Y los mayores, con su buena voluntad lo hacen”.