La Junta de Gobierno Local de Calahorra ha aprobado, esta mañana, la convocatoria para la concesión de ayudas para la rehabilitación y edificación en el Casco Histórico y para la rehabilitación de edificios del resto de la ciudad que tenga una antigüedad superior a 50 años, según el catastro. Se amplía el ámbito de la actuación al casco urbano y se incrementa la cuantía máxima de las ayudas, que pasa de 12.000 a 30.000 euros. 

“Damos un paso más en nuestra apuesta por la rehabilitación y la conservación de los edificios de Calahorra. Queremos que los propietarios de inmuebles de más de 50 años, independientemente de la zona de la ciudad en la que se encuentren, puedan contar con el apoyo del Ayuntamiento para acometer obras de mejora y conservación”, ha destacado el concejal de Urbanismo, Antonio Mazo.

Según los datos de 2021, en Calahorra hay cerca de 1.500 edificios construidos hace más de 50 años, de los cuales unos 1.050 se encuentran en el Casco Histórico y alrededor de 440 en el ensanche de la ciudad. El concejal de Urbanismo ha explicado que quieren facilitar que se puedan realizar actuaciones que, en muchos casos, son necesarias para mejorar la seguridad, la accesibilidad, la eficiencia energética y las condiciones de habitabilidad de los edificios. “Con estas ayudas queremos ayudarles a mejorar y conservar edificios y contribuir, entre todos, a mantener el parque residencial de Calahorra”.

Propietarios de edificios, las comunidades de propietarios legalmente constituidos, usufructuarios de viviendas o locales en edificios divididos horizontalmente y arrendatarios de viviendas o locales en toda la ciudad, así como promotores de viviendas de nueva edificación en el Casco Histórico pueden optar a estas ayudas, que podrán solicitarse en el plazo de 20 días a partir del día siguiente de la publicación de las bases reguladoras de la convocatoria en el Boletín Oficial de La Rioja. 

Aumento de la cuantía de las ayudas 

Las ayudas económicas para la rehabilitación de edificios de más de 50 años de antigüedad situados en el casco urbano serán del 20% del importe de las obras (IVA excluido) y podrán destinarse, entre otras actuaciones, a reformas de cubiertas, refuerzos estructurales, renovación de carpintería exterior e interior y revestimiento, reparación de balcones, aislamientos e impermeabilizaciones.

La mejora de la accesibilidad en edificios construidos hace más de 50 años, tanto en el interior de la vivienda como en las zonas comunes de estos inmuebles, se subvencionará con un 50% (IVA excluido). Serán para obras como sustitución de bañera por ducha, ensanchamiento del paso de puertas, instalación de barras de apoyo en aseos, así como las que faciliten la autonomía de las personas con dificultad visual, motora, auditiva, etc.

Para acceder a este último tipo de ayudas dirigidas a mejorar la accesibilidad será necesario acreditar que al menos existe una persona empadronada con un porcentaje de discapacidad reconocida mayor o igual al 33% o con una edad superior a 65 años. Asimismo, se contemplan ayudas del 75% para la restauración de los elementos arquitectónicos singulares y del 20% para el mantenimiento y la restauración de fachadas de los inmuebles del casco urbano con una antigüedad superior a 50 años.

Novedades para actuaciones en el Casco Histórico

La nueva edificación y la rehabilitación integral de edificios en el Casco Histórico estarán subvencionadas con 56 euros/metros cuadrados útiles de vivienda. La ayuda para mejorar la accesibilidad en los inmuebles ubicados dentro del Casco Histórico se incrementa hasta el 50%, mientras que para reformarlos se cuenta con una subvención del 20%. Los requisitos también son los mismos.

Los propietarios o arrendatarios que quieran rehabilitar locales comerciales en planta baja, situados en esta zona emblemática de la ciudad, recibirán una subvención del 10%. Se incrementa el porcentaje también. Asimismo, las obras de conservación de los elementos arquitectónicos singulares en el Casco Histórico tendrán una ayuda del 75% y del 50% los trabajos de mantenimiento de fachadas como estucos, picados, pintura,… de edificios de este barrio de Calahorra. 

Todas estas ayudas serán compatibles con otras subvenciones para la misma finalidad procedentes de otras administraciones públicas o entes públicos o privados. Las subvenciones serán a fondo perdido y se calcularán sobre el importe total de las obras realizadas, previo informe técnico municipal y la presentación de las facturas correspondientes. La partida presupuestaria para todas estas subvenciones tanto en el Casco Histórico como en el casco urbano para este año asciende a 100.000 euros.

Estas ayudas refuerzan la conservación y rehabilitación del parque edificatorio de Calahorra y facilitan que un mayor número de propietarios pueda acometer obras destinadas a mejorar la seguridad, accesibilidad, eficiencia y condiciones de habitabilidad de sus inmuebles.

Doce personas han resultado heridas de diversa consideración tras un derrumbe en el interior del Bar Tempranillo de la localidad de San Vicente de la Sonsierra. Los hechos han ocurrido sobre las 05:25 de este sábado cuando se ha recibido el aviso del establecimiento.

Según las primeras informaciones recabadas, el incidente se habría desencadenado inicialmente con el colapso del suelo del establecimiento, lo que ha provocado posteriormente el derrumbe parcial del techo. Como consecuencia de ello, entre 25 y 30 personas, según ha informado la Delegación del Gobierno en La Rioja, han quedado atrapadas entre los cascotes, sin posibilidad de abandonar el local por sus propios medios.

En total, hay 12 personas heridas, un hombre con posible fractura en la pierna y herida abierta, las demás con heridas leves. Ya se ha confirmado que no hay ninguna persona fallecida ni que corra peligro su vida, así como ninguna atrapada entre los escombros. En el lugar del suceso se ha atendido a doce personas, seis han atendido trasladadas al Hospital San Pedro de Logroño y dos al centro de Salud de Haro. El resto de heridos han recibido asistencia in situ de carácter leve. No hay personas bajo los escombros y se confirma que no hay ninguna persona fallecida.

El local tenía permiso de apertura hasta las 06:00 de la mañana del presente día. El derrumbe comenzó por la caída del suelo, seguido de la caída del techo del local. En el interior había 50 personas, las cuales salieron por sus propios medios fuera.

Una vivienda contigua al local también ha sufrido el derrumbe de una pared como consecuencia del derrumbe del local. En esta vivienda no había nadie en su interior y, por lo tanto, no hay heridos ni personas atrapadas bajo los escombros.

Dispositivo de emergencias

Ante la gravedad de los hechos, se han desplazado de forma inmediata a la zona cuatro patrullas de la Guardia Civil, cuyas funciones principales han consistido en asegurar el perímetro, garantizar la seguridad ciudadana y coordinarse de manera directa con los servicios de emergencia desplazados al lugar.

Así mismo, han participado dos ambulancias con ocho sanitarios, dos camiones de bomberos, un vehículo 4x4 de bomberos y dos furgones de bomberos. Los efectivos han procedido a realizar tareas urgentes de apuntalamiento del establecimiento, así como minuciosas labores de inspección y búsqueda para descartar la presencia de más personas atrapadas en el interior.

Un técnico de protección civil activó un perro, al lugar, confirmando, finalmente, que no hay ninguna persona bajo los escombros.

En total, han actuado 9 sanitarios, 4 ambulancias, 1 médico, 2 coches de Cruz Roja y 10 bomberos, estos con 2 camiones, 1 todoterreno y 3 furgonetas. También han acudido 1 técnico de protección civil, quien activó el servicio cinológico propio (un perro), arquitectos aparejadores, por los desperfectos en las estructuras del local y de la casa contigua. También han acudió al lugar las patrullas de la Guardia Civil de Badarán, Fuenmayor, Navarrete y una combinada entre San Asensio y Baños.

La localidad riojana de San Vicente de la Sonsierra celebra este fin de semana la edición número 20 de Vintae Wine Fest que ha reunido a más de 950 festivaleros para disfrutar de este evento que comenzó ayer viernes. Desde la organización del festival aseguran que a la hora que ocurrió el suceso ya no quedaba ninguna persona del festival porque los últimos autobuses salieron a las cuatro de la mañana.

La Guardia Civil ha abierto las diligencias pertinentes para esclarecer las causas exactas que han motivado el colapso estructural del inmueble.

Medio año después de que se derrumbara parte de la torre albarana 3 del castillo de Escalona, el Ayuntamiento ha logrado superar los trámites administrativos y técnicos necesarios para empezar, “en los próximos días”, una obra de consolidación de 650.000 euros que se prolongará unos cinco meses. El objetivo, según ha explicado el alcalde, Álvaro Gutiérrez, es frenar el deterioro de la torre en pie, la torre de entrada y el lienzo de muralla que las une.

El alcalde ha valorado el trabajo llevado a cabo para poder comenzar esta intervención, que se alargará aproximadamente durante los próximos cinco meses.

A preguntas de los medios, Gutiérrez apuntó que una vez redactado el proyecto y contar con el visto bueno de la Viceconsejería de Cultura, se han instalado los andamios -entre las dos torres que dan acceso al castillo- durante el pasado mes de agosto.

La primera etapa, ha explicado, se centrará en estabilizar la torre que sigue en pie, la torre de entrada y el lienzo de muralla que las conecta. Se trata de un paso urgente tras el derrumbe parcial que sufrió una de las torres hace unos meses, y busca frenar el deterioro para asegurar la conservación del recinto.

Aunque el plazo oficial de ejecución es de unos cinco meses, desde el Ayuntamiento confían en recortar tiempos: “Creemos que se podrá hacer en algo menos, pero las obras hay que hacerlas bien”, ha puntualizado el alcalde.

No estará lista para las Jornadas Medievales

A Gutiérrez le habría gustado tener este tramo listo para las Jornadas Medievales de este año (previstas para el fin de semana del 16 de octubre), dada la enorme afluencia de gente que acude al patio de armas. Sin embargo, asume que los tiempos no dan: “Tenía ilusión de llegar a las jornadas, pero para esa fecha no van a estar. Quiero pensar que a finales de este año o principios del que viene sí podrán estar terminadas”.

Previamente al inicio de estas obras se llevaron a cabo los trabajos de desescombro de la torre afectada, que no causó heridos pero sí afectó a varios vehículos estacionados en las inmediaciones. El presupuesto total de la actuación ronda los 650.000 euros de financiación.

El Ayuntamiento de Santander ha ordenado el desalojo preventivo del número 8 de la calle Santa Clara y ha solicitado a la empresa propietaria apuntale y adopte las medidas necesarias para garantizar la seguridad estructural del inmueble y evitar riesgos para las personas o los bienes.

En la actualidad, el edificio se encuentra ocupado únicamente por tres viviendas en régimen de alquiler y locales comerciales, ha explicado el Consistorio en un comunicado.

El concejal de Fomento, Agustín Navarro, ha explicado que la empresa propietaria adquirió la totalidad del edificio y, posteriormente, inició unas obras de reforma interior, en las que tiró tabiques que han hecho que no se pueda garantizar la seguridad del edificio. Ante esta situación, se determinó la necesidad de apuntalar el edificio completo y realizar un estudio que permita determinar las actuaciones de refuerzo estructural.

La decisión se adopta tras los informes realizados por los técnicos municipales y la documentación aportada por la dirección facultativa de la obra que se ejecuta en el inmueble. Y es que considera técnicamente necesario mantener desalojado el edificio durante las operaciones de apuntalamiento y estabilización estructural que impliquen intervenir sobre elementos resistentes o realizar transferencias de cargas.

Por ello, el Ayuntamiento ha establecido un plazo máximo de 48 horas para hacer efectivo el desalojo y un plazo de dos semanas para realizar el apuntalamiento completo e incorporar las medidas adicionales que resulten necesarias para garantizar la seguridad.

A propuesta de la dirección facultativa, quien expresó que es necesario que no permanezcan en el interior personas ajenas a las obras a la vista del estado de la estructura, los técnicos municipales han ordenado el desalojo.

“Nuestra obligación es anteponer la seguridad de los vecinos y conseguir que puedan regresar a sus casas cuanto antes y con todas las garantías”, ha señalado Navarro.

Así, el concejal ha asegurado que los servicios municipales realizarán un seguimiento de las actuaciones que se ejecuten durante los próximos días para comprobar el cumplimiento de la orden y verificar que se han adoptado el apuntalamiento y las medidas adicionales necesarias antes de permitir la nueva ocupación de las viviendas.

“Ahora nuestra prioridad absoluta son las personas afectadas. Vamos a exigir a la propiedad que actúe con la máxima rapidez para garantizar la seguridad del edificio y reducir al mínimo posible las molestias y el tiempo que los vecinos tengan que permanecer fuera de sus hogares”, ha matizado.

Ahora, el Ayuntamiento pondrá a disposición de la propiedad y de los inquilinos afectados los servicios sociales municipales, con el fin de prestarles el apoyo y la atención que puedan necesitar durante el tiempo en que deben permanecer fuera del inmueble.

Los derribos de inmuebles históricos en Donostia continúan este verano. Tras el derribo hace una semana del pabellón del colegio Jesuitas, ahora le ha tocado el turno a la villa Gure Baitha, ubicada en Miraconcha y protegida por el Plan Especial de Protección del Patrimonio Urbanístico Construido (PEPPUC), que ha sido demolida. La asociación Áncora ha denunciado el derribo y recuerda que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) confirmó en su día la protección de la edificación, por lo que pedirá que se depuren responsabilidades.

La villa Gure Baitha fue construida en 1913 por Manuel Domínguez Barros para Alfredo Saralegui, fundador del Instituto Social de la Marina. El inmueble contaba con tres plantas, incluida una bajocubierta, además de garaje y terraza. Entre sus elementos más destacados estaba su tejado de cerámica plana con faldones y su aparejo almohadillado de color gris, características que la diferencian de las construcciones de su entorno, donde predominan las galerías y los balcones de madera.

Desde 2018, la villa se encontraba envuelta en una serie de controversias administrativas relacionadas con su protección. Según explica Áncora, ese año la promotora BERME 2007 solicitó su derribo para construir un nuevo edificio con cuatro viviendas y garajes. La solicitud quedó aprobada por silencio administrativo, pero en 2021 se incorporó la villa al catálogo de protección del patrimonio, una protección que continúa vigente. Tras su inclusión en el PEPPUC, la promotora recurrió la catalogación ante los tribunales, pero el TSJPV rechazó el recurso.

Pese a ello, el derribo comenzó este pasado miércoles y se ha culminado. Áncora recalca que los redactores del catálogo consideran la villa Gure Baitha como “un modelo de lo que hoy en día se entiende por arquitectura pintoresca” y un “ejemplo” de las villas de mayor calidad arquitectónica del Paseo de la Fe. La asociación sostiene que la demolición vulnera el principio de inderogabilidad singular de los reglamentos, que impide que una resolución administrativa particular deje sin efecto una disposición de carácter general. Por ello, entiende que “no es posible destruir un bien que el ordenamiento jurídico salvaguarda” y que, antes de ejecutar el derribo, debería haberse producido su descatalogación.

Hace una semana, durante la Semana Grande, Áncora también denunció la demolición del pabellón del colegio Jesuitas. Aunque el inmueble no está protegido —el Ayuntamiento rechazó su solicitud de protección en 2021—, la asociación considera que su desaparición supone perder “el principal vestigio arquitectónico de la historia del colegio”. En el solar está prevista la construcción de una residencia de estudiantes para la Universidad de Deusto, un proyecto que, según Áncora, “hubiera podido implantarse sin necesidad de sacrificar este simbólico edificio”.

Un nuevo hundimiento en Calahorra ha obligado al Ayuntamiento de la localidad a realojar al vecindario afectado, unas tres familias. Tal y como informa el Consistorio, se ha hundido el suelo de una bajera de un inmueble ubicado en la calle El Sol de propiedad privada.

Afortunadamente no se han producido daños personales, solo materiales “lo que obligado al Ayuntamiento a adoptar medias preventivas para garantizar la seguridad de los vecinos”. Las personas afectadas han sido realojadas en viviendas municipales, “garantizando así que puedan disponer de un alojamiento seguro mientras los propietarios del edificio evalúan el estado del inmueble y determinan el alcance de los trabajos necesarios”.

El edificio afectado, explican fuentes del Ayuntamiento, consta de dos bajeras y tres pisos en los que vivían tres familias. Hasta el lugar del hundimiento se han acercado, además de la alcaldesa de Calahorra, Mónica Arceiz; el concejal de Urbanismo, Antonio Mazo; el concejal de Políticas sociales, David Antoñanzas; técnicos municipales; Policía Local y Guardia Civil, así como los propietarios del edificio.

Desde el Consistorio han trasladado un mensaje de tranquilidad recordando que la “prioridad en estos momentos es garantizar la seguridad y el bienestar de las personas afectadas, así como de esta calle de la ciudad”. Para ello, se ha vallado solo la zona que ocupa la fachada del inmueble y se prohíbe aparcar y circular por este tramo de la calle El Sol.

Parte del tejado del antiguo convento de El Carmen de Calahorra se derrumbó este martes por la tarde. Afecta aproximadamente a un tercio de la cubierta del ala suroeste del edificio, aunque por el momento se desconocen las causas y el alcance exacto de los daños.

Según ha explicado este miércoles el ayuntamiento, ha sido una caída de una parte del forjado de la cubierta del edificio producido por la rotura de una de las vigas de cumbrera. El suceso ha ocasiconado, en palabras del consistorio, el rebaje de una pequeña parte de la cubierta del inmueble.

Este combado no ha llegado a afectar a ninguna otra parte del edificio, solo al alero que da al jardín del antiguo convento y no ha llegado a caer al techo de la planta segunda, que es el suelo de la planta bajocubierta. Los técnicos después de inspeccionar el estado de la cubierta han considerado que, por el momento, no es necesario hacer ninguna intervención adicional, al tratarse de un edificio que no está habitado y no haberse producido más daños. “El incidente ha quedado limitado a una parte de la cubierta del inmueble”, subrayan.

El inmueble es propiedad del Ayuntamiento de Calahorra, que lo adquirió a los Padres Carmelitas con el propósito de cederlo al Gobierno de La Rioja para destinarlo a una residencia de mayores, una cesión que, según la información pública disponible, todavía no se ha formalizado.

El Ayuntamiento formalizó el 27 de diciembre de 2024 la compra del antiguo convento de los Carmelitas Descalzos por 1,2 millones de euros, mediante un acuerdo que establecía el pago en cuatro anualidades: 250.000 euros en 2024, otros 250.000 en 2025 y 350.000 euros en cada uno de los años 2026 y 2027.

La operación comprendía una superficie total de 10.288,85 metros cuadrados, incluyendo el antiguo convento, patio y una extensa zona de huerta-jardín. Desde el momento de la adquisición, el Ayuntamiento manifestó su intención de ceder gratuitamente el inmueble al Gobierno de La Rioja para darle un uso sociosanitario de carácter residencial.

Para hacerlo posible era necesario modificar previamente la calificación urbanística de los terrenos, que figuraban como equipamiento privado religioso, para convertirlos en equipamiento público. El Pleno municipal aprobó provisionalmente esa modificación del Plan General en junio de 2025; sin embargo, la cesión no consta todavía formalizada.ç

“El colapso del proyecto político” de la alcaldesa Mónica Arceiz

Para el PSOE este suceso supone, según han dicho, “el colapso del proyecto político” de la alcaldesa Mónica Arceiz, pues aseguran que evidencia la grave falta de gestión y la ausencia de planificación del actual Gobierno municipal. En este sentido, han señalado que la importante inversión de fondos públicos se realizó sobre un inmueble que ya se encontraba en un estado manifiesto de ruina, “desviando recursos económicos vitales que deberían haberse destinado a cubrir necesidades e infraestructuras prioritarias para la ciudadanía calagurritana”.

Según la oposición aseguran que desde el momento de la compra, el propio Ayuntamiento era plenamente consciente de la urgencia de reparar la cubierta del convento para evitar su deterioro progresivo. “Sin embargo, tras casi dos años de absoluto abandono, el equipo de gobierno no ha movido ni una sola piedra ni un solo papel, dejando caducar la necesidad de consolidar la estructura y provocando el desastre que hoy se lamenta”, resaltan.

“Como consecuencia directa de esta inacción política y negligencia en la tutela de los bienes públicos, serán nuevamente los vecinos y vecinas de Calahorra quienes tengan que asumir íntegramente de sus bolsillos la factura de las reparaciones de urgencia”, han afeado, además de recordar que el Ayuntamiento de Calahorra a aprobar por primera vez en su historia un Plan de Ajuste Económico Financiero, que ha tenido que ejecutarse en los ejercicios 2025 y 2026. “Este episodio es la metáfora perfecta del Gobierno de Mónica Arceiz: mucha propaganda, cero gestión y ruina para Calahorra”, concluyen el comunicado.

Mientras los estudiantes y el profesorado del colegio San Ignacio de Donostia –conocido popularmente como Jesuitas– disfrutan de sus vacaciones, el histórico edificio del noviciado ha sido demolido este lunes, en plena Semana Grande. Áncora, la asociación en defensa del patrimonio arquitectónico, ha denunciado el derribo de este inmueble situado en la Calzada Vieja de Ategorrieta, recordando sus esfuerzos por proteger este vestigio del barrio.

Desde Áncora explican que el pabellón de piedra era un inmueble que “destacaba por su calidad constructiva y su monumental fachada principal”, orientada al sur y realizada íntegramente en sillería arenisca. La entidad destaca su gran valor histórico, señalando que con su pérdida “desaparece el principal vestigio arquitectónico de la historia del colegio” y un referente fundamental anclado en la “memoria sentimental y urbana de Ategorrieta”.

La edificación, de cinco plantas y más de 400 metros cuadrados de superficie, fue levantada en 1906 bajo el diseño del arquitecto Juan José Gurruchaga. Surgió originalmente como una ampliación necesaria para el colegio San Bernardo –fundado por los hermanos de La Salle procedentes de Baiona– ante el rápido incremento de las matriculaciones apenas un año después de su inauguración.

En 1928, el pabellón fue adquirido por la Compañía de Jesús, que dio continuidad a su función educativa y transformó progresivamente las instalaciones. Los Jesuitas ampliaron el recinto adquiriendo dos propiedades colindantes con sus jardines, conformando la parcela actual de unos 18.000 metros cuadrados. Este centro formaba parte del conjunto de grandes colegios religiosos, como los Marianistas o la Asunción, que definieron la arquitectura educativa de Donostia de principios del siglo XX.

Alberto Fernández, portavoz de la asociación, señala que la demolición ha resultado inesperada para Áncora, ya que tuvieron conocimiento de la misma en el momento en que se inició el derrumbe. Fernández recuerda que en 2021 solicitaron al Ayuntamiento la inclusión del inmueble en el Plan Especial de Protección del Patrimonio Urbanístico Construido (PEPPUC), mas no fue estimada y han aprobado la demolición. La asociación lamenta que el consistorio donostiarra no haya atendido la solicitud, y denuncia las “dinámicas especulativas alentadas por las instituciones”.

Ahora, tras cinco años desde la desestimación de su protección, el edificio de 120 años de antigüedad dará paso a una residencia de estudiantes para la Universidad de Deusto, también jesuita. Áncora sostiene que este nuevo equipamiento “hubiera podido implantarse sin necesidad de sacrificar este simbólico edificio”. Este derribo se suma a la sustitución de las villas Celay Enea y de Pirineos, situadas en la misma calle y cuyas intervenciones cuentan con el “beneplácito municipal”. Para la asociación, estas tres demoliciones son una prueba del castigo que sufre la zona debido a la fuerte “presión inmobiliaria”, que ya ha acabado en décadas anteriores con otros edificios del conjunto como Villa Brunet Enea o Villa Argentina.

La celebración de las fiestas patronales seguía en Viguera en la madrugada del domingo cuando se derrumbó la medianera de un edificio de cuatro alturas declarado en ruinas hace unos meses, pero de cuyo peligro llevan años alertando los vecinos. Un derrumbe que llega tan solo un año y medio después del colapso del campanario de la iglesia, en febrero de 2025. En ambos casos no se han registrado daños personales, pero el vecindario denuncia que desde el Ayuntamiento “han ignorado por completo” sus quejas. “Nos hemos librado ya dos veces, a la tercera no creo que haya tanta suerte”, teme una vecina.

El derrumbe de este muro ocurrió hacia las 6.30 horas de la madrugada del domingo. Minutos antes, una joven que vive en la casa colindante había acudido a casa, mientras sus amigas le esperaban debajo. Justo al salir, empezó a caer el muro y la joven tuvo que correr. Con la polvareda que provocó el derrumbe, no podía ver a sus amigas por lo que temió que les hubiera pasado algo más grave, lo que le desencadenó un ataque de ansiedad por el que tuvo que ser atendida por una ambulancia. “Es una zona muy transitada, al lado de la plaza, todavía más en fiestas, pues pasan muchos jóvenes”, explica la vecina para describir la magnitud del peligro.

Doce años de derrumbes, tres meses de la declaración de ruina

Por su parte, el alcalde de la localidad, Álvaro Manzanos, asegura estar “preocupado por la situación, intentando que se solvente lo más ágil posible siempre de cara de la máxima seguridad posible y de la legalidad posible”. En concreto, según explica el alcalde, este inmueble, de propiedad privada, fue declarado en ruina el pasado mes de mayo y se había iniciado el procedimiento administrativo para su demolición, que incluye notificaciones a los colindantes, alegaciones, posibles medidas cautelares y licitación para contratar a una empresa para que lo derribe. “Hubo un contencioso por parte de un vecino con unas medidas cautelares y se estaba esperando proceder a la licitación pública”, apunta Manzanos sobre la situación del procedimiento en el momento del derrumbe.

La familia de diez miembros residiendo en ese momento en la casa colindante, fueron desalojados. “Vivimos en el País Vasco y venimos todos los veranos al pueblo, mi padre es de aquí y hace doce años que grabaron los primeros desprendimientos”, advierte una de las personas desalojadas de la vivienda en la que tiene su segunda residencia. En su caso, acaba de llegar a casa en el momento que cayó la medianera y alertó del peligro a gritos a todos los jóvenes que se encontraban en el entorno. “Se veía que a medida que iba pasando el tiempo se iba agrietando y que iba a llegar un momento que se iba a caer”, coincide la afectada de que el desenlace era anunciado.

Todos los días veíamos cómo caían piedras al andamio de seguridad

La situación ha empeorado en los últimos dos años y medio, que es el tiempo que lleva un andamio instalado en la zona. “Ha habido derrumbes todo el tiempo, todos los días veíamos cómo caían piedras al andamio y luego de repente al día siguiente no las veías, probablemente las quitaba para que no constase que estaban”, critica una vecina. Hace unos meses, un menor que subía por esa misma cuesta para coger el autobús escolar se dejó un libro, bajó a por él y, en ese instante, cayó un cascote justo por el punto por el que acababa de pasar. Los vecinos aseguran que desde entonces han mantenido varias reuniones con el Ayuntamiento para exigirle actuaciones inmediatas que no han llegado, incluso iniciaron una recogida de firmas como medida de presión. “Las personas mayores decían que no llegaba a fiestas y de hecho temíamos que las vibraciones de la música de la plaza, a pocos metros del lugar, podrían favorecer el peligro”, señala una vecina.

Las habladurías corren por el pueblo entre las que señalan que el edificio pertenece a una empresa embargada y un dueño insolvente que no puede hacerse cargo de la demolición y quienes apuntan que el ayuntamiento no tiene capacidad económica para llevarla a cabo. El alcalde aclara que a pesar de que el inmueble no sea municipal, tras la declaración de ruina, el ayuntamiento quien pagará la demolición controlada del edificio. Descarta hacer valoraciones de las quejas vecinales y solo apunta que “el Ayuntamiento estaba siguiendo el procedimiento administrativo que no puede saltarse, hay que seguir la legislación y la burocracia que se marca”. No obstante, tras el derrumbe, la situación ha cambiado y ha pasado a ser emergencia: “Dentro de que agosto es una temporada complicada para encontrar una empresa, ahora sí se puede agilizar y vamos a poner todos los medios”.

A ello parece sumarse la dificultad técnica del propio inmueble, un entramado de dos casas antiguas unidas y llenas de recovecos cuya esquina más crítica ha continuado abriéndose tras el colapso. De hecho, este mismo lunes por la noche, la caída de otro trozo provocaba otro despliegue de efectivos. Mientras tanto, la familia desalojada se encuentra dividida entre una casa que les ha ofrecido una vecina y casas de otros familiares, donde continuarán algunos unos días mientras que otros regresarán a Bilbao. Ni ellos ni el Ayuntamiento saben poner fecha a su vuelta a la casa, que no se hará hasta que no sea totalmente seguro: “Hasta que no haya una máquina en la calle y empiece a trabajar, no nos pueden decir fechas”, ha señalado la vecina afectada. “Todavía no sabemos cuándo va a empezar la demolición por lo que no podemos saber cuándo va a terminar, los desalojados volverán en el momento en el que no haya ningún peligro”, añade el alcalde.

El colapso en plena madrugada de fiestas ha reabierto la cicatriz del pueblo que vio caer en segundos la torre de su iglesia hace solo un año y medio. Aquel domingo de febrero por la noche no dejó víctimas. Tampoco lo ha hecho ahora a pocos metros de allí, a pesar del riesgo en una calle muy transitada habitualmente pero todavía más durante las fiestas. Existe nerviosismo y hartazgo entre una parte de los vecinos mientras el consistorio busca contrata a contrarreloj para ejecutar una demolición de urgencia que el vecindario reclamaba desde hace años y que, esta vez sí, debe llegar antes de que sea demasiado tarde.

El derrumbe de una medianera, sobre las 06,30 horas, en el número 4 de la calle Mayor de Viguera provoca un riesgo alto de colapso del inmueble, compuesto por planta baja y tres alturas. Como medida preventiva, se ha procedido al desalojo de una vivienda en la que reside una familia de diez miembros, que dispone de alternativa habitacional, ha señalado el Ejecutivo riojano.

El edificio afectado se encuentra a unos 50 metros de la plaza del municipio. Por motivos de seguridad, permanecen cortadas tres calles, una de ellas una vía principal con un importante volumen de tránsito.

En el lugar intervienen Bomberos de Logroño, Guardia Civil, SERIS y el técnico de Protección Civil de guardia. También se han desplazado el alcalde de Viguera, tres concejales y el arquitecto municipal.

Viguera se encuentra estos días en fiestas y, ante esta situación, se han suspendido los actos previstos. En estos momentos se mantiene una reunión en el Ayuntamiento para determinar las medidas que se adoptarán y trasladar información actualizada sobre la situación tanto a las personas afectadas como al conjunto de la ciudadanía.

ALERTA DE LOS VECINOS

Por su parte, un grupo de vecinos de Viguera han señalado a Europa Press que llevan “desde hace cuatro años mandado escritos al Ayuntamiento para que actúen en ese edificio ante el riesgo que conlleva, ya que pasa mucha gente debajo de los andamios que pusieron”, ha asegurado Eva Pancorbo.

Ha añadido que “ha sido una suerte que no haya pasado nada” con este derrumbe parcial porque “a las horas en las que se ha producido, al estar de fiestas, había mucha gente por la calle, a la que a gritos he estado pidiendo que no pasase por debajo”.

Una casa en estado de abandono se derrumbó este sábado por la tarde en Arrúbal. Pasadas las ocho de la tarde, la Guardia Civil alertó del desplome de una casa en planta baja con sótano en la calle Calleja de Arriba de Bergasa.

El suceso no ha origiando desgracias personales y el desplome ha afectado a toda la techumbre y a una de las paredes de la mencionada edificación. Intervinieron los Bomberos del CEIS y se alertó a Iberdrola.

Continúan las obras de emergencia para la estabilización, recuperación y reconstrucción del recinto amurallado de la Plaza de la Iglesia de San Vicente de la Sonsierra, afectado por el derrumbe registrado el pasado 7 de mayo. La intervención, que se encuentra actualmente en la primera fase de ejecución, combina los trabajos de desescombro selectivo con el seguimiento técnico permanente del estado del conjunto histórico y la ejecución de los estudios necesarios para definir las actuaciones constructivas de las siguientes fases.

Tras la redacción de los preceptivos informes tras el derrumbe, el Gobierno de La Rioja aprobó el 22 de mayo la resolución de emergencia que permitió adjudicar las obras y designar la Dirección Facultativa, la Coordinación de Seguridad y Salud y la empresa contratista encargada de acometer los trabajos. Asimismo, el Centro de Coordinación Operativa ha mantenido reuniones de seguimiento de la evolución de la situación, culminando el pasado 2 de junio con la desactivación del nivel 1 del PLATERCAR una vez garantizada la seguridad del entorno.

Las obras comenzaron el 25 de mayo con la delimitación del perímetro de actuación tanto en la calle Buenavista como en la Plaza de la Iglesia y la implantación de las medidas de seguridad previstas. Desde entonces, se desarrollan labores de desescombro selectivo bajo supervisión arqueológica, que han permitido recuperar las bases topográficas que quedaron sepultadas tras el deslizamiento y reanudar el control técnico del conjunto.

Paralelamente, se está llevando a cabo la recuperación, clasificación e inventariado de los sillares procedentes del derrumbe con el objetivo de facilitar su futura reutilización durante el proceso de reconstrucción.

Los testigos de la iglesia no han detectado incidencias

La Dirección Facultativa realiza visitas periódicas de seguimiento durante las que se supervisan tanto los trabajos en ejecución como los sistemas de control instalados en el conjunto monumental. Las comprobaciones efectuadas hasta la fecha sobre los testigos colocados en la iglesia no han detectado incidencias.

Además, el equipo técnico ha definido ya el alcance de la investigación geotécnica necesaria para avanzar en el diagnóstico de daños y en el diseño de las soluciones constructivas. La campaña de campo, que incluirá sondeos y ensayos especializados en la Plaza de la Iglesia, comenzará en los próximos días.

Dentro de estos trabajos de evaluación, el pasado 10 de junio se completó la instalación de nuevos puntos de control topográfico en distintos elementos de la muralla, los contrafuertes, la torre y los muros de la iglesia. Las primeras mediciones realizadas han permitido obtener información precisa sobre el comportamiento estructural de los elementos afectados por el derrumbe.

Desplazamientos significativos en uno de los contrafuertes

Los análisis realizados por la Dirección Facultativa han permitido identificar desplazamientos significativos en uno de los contrafuertes situados junto a la zona afectada por el derrumbe. Esta circunstancia evidencia la afección sufrida por este elemento como consecuencia del colapso de la muralla y obliga a mantener un seguimiento específico de su comportamiento estructural, contemplándose por ello la posibilidad de que se produzcan nuevos derrumbes y movimientos parciales como consecuencia de la inestabilidad que advierten los técnicos, vista la evolución que evidencia el seguimiento periódico que se lleva a cabo en el área de intervención.

En función de la evolución que reflejen las próximas mediciones, las soluciones constructivas que se definan para las siguientes fases podrían incluir actuaciones sobre el propio contrafuerte, incluida su retirada controlada, siempre con el objetivo de garantizar la seguridad y posibilitar su posterior reconstrucción dentro del proyecto integral de recuperación del recinto amurallado.

Con carácter preventivo, durante esta semana se instalará en la calle Buenavista una barrera de protección de más de dos metros de altura y 18 metros de longitud prevista en la primera fase del proyecto, reforzando así las condiciones de seguridad en todo el entorno de la intervención.

Una vez finalizadas las nuevas mediciones y los estudios geotécnicos previstos, la Dirección Facultativa actualizará la evaluación de daños y concretará las soluciones constructivas que se incorporarán a las siguientes fases de la intervención. Estas actuaciones incluirán las medidas de estabilización necesarias y la definición de los sistemas de contención previstos para garantizar la seguridad y viabilidad de la reconstrucción.

El plan diseñado por el Gobierno de La Rioja contempla una intervención integral que permitirá recuperar la totalidad de los elementos afectados por el derrumbe y asegurar la conservación futura de uno de los conjuntos patrimoniales más emblemáticos de La Rioja.

Susto en Navarrete. Y es que la Guardia Civil ha comunicado este viernes a SOS Rioja del derrumbe parcial en una vivienda en la calle Herrerías de Navarrete.

Desde el Centro Coordinador de Emergencias se ha movilizado a los Bomberos de Logroño y se ha informado al Ayuntamiento de la localidad para la valoración técnica correspondiente. Tras la intervención, los bomberos han explicado que se ha visto afectada una parte del tejado y que han aumentado las grietas en las paredes. Los recursos intervinientes han acordonado la zona para garantizar la seguridad en la vía pública. No se han registrado daños personales.

El Gobierno de La Rioja desactiva la situación operativa de nivel 1 en la urbanización Torresolano de Nalda según el Plan Territorial de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de La Rioja (PLATERCAR). Esto significa que, a partir de ahora, la dirección de la emergencia pasa a ser competencia del Ayuntamiento de Nalda. .

El pasado 4 de mayo se activó el nivel 1 por el riesgo de viviendas por desprendimiento de un muro en esta urbanización. De hecho, diez personas fueron desalojadas de sus viviendas por el derrumbe de un muro en la madrugada de ese lunes que provocó además hundimientos de tierra en la zona.

Desde entonces, 90 familias,120 personas, de la urbanización Torresolano en el municipio riojano de Nalda continúan en vilo. Rioja2 conversó con Renato Vitale, una de esas familias que solo quiere vivir tranquilo en su casa. “Hasta ahora este lugar era un paraíso y se ha convertido en un infierno”. Y es que el colapso de un muro en esta zona residencial ha acrecentado la intranquilidad y el miedo del vecindario que desde hace años está denunciando y advirtiendo lo que finalmente ha ocurrido en esta urbanización ubicada a dos kilómetros del municipio riojano, al otro lado de la carretera de Soria. Por eso no consideran lo ocurrido a principios de mes un accidente, sino la conclusión inevitable de una negligencia prolongada. “No es un problema nuevo; es un problema conocido que lleva años sin resolver”. Y es que durante años, el vecindario ha documentado la evolución de las grietas en el muro de contención. “Hemos acudido al Ayuntamiento de Nalda, hemos hablado con los bomberos... y todas las respuestas que hemos recibido eran tranquilizadoras, pero ha quedado demostrado que no se corresponden con la realidad”.

La situación de esta urbanización es compleja. Y la realidad actual es que el vecindario paga puntualmente sus impuestos de una urbanización que ha sido recepcionada parcialmente por el Ayuntamiento de Nalda y eso se nota en la los servicios que reciben.  El mismo Ayuntamiento que a partir de ahora asume la dirección de emergencias.

Durante todo este tiempo han estado actuando en dicha urbanización los bomberos del Ayuntamiento de Logroño, Guardia Civil, alcaldesa y corporación municipal del Ayuntamiento de Nalda, Arquitecto municipal, Técnicos de Protección Civil del Gobierno de La Rioja, la ERIE Psicosocial del Gobierno de La Rioja, personal de la Dirección General de Infraestructuras, los recursos de emergencias del Servicio Riojano de Salud, Cruz Roja Española, Técnico de Gas Natural e Iberdrola y miembros de empresas privadas de ingeniería.

Por La Rioja acusa al alcalde de Villamediana de permitir el derrumbe de los calados del Barrio de Bodegas ignorando los estudios Sociológico, Histórico, Geológico, Medioambiental y Jurídico existentes para su recuperación. En las últimas horas, los regionalistas han manifestado su intención de informar a la Fiscalía sobre los últimos derrumbes en La Rioja además de pedir la dimisión de Pérez Pastor. Informe en el que también van a incluir al consejero de Política Local, Daniel Osés, y al alcalde del municipio, Rubén Gutiérrez.

En una rueda de prensa, el portavoz de la formación Miguel Gómez Ijalba, explicado que el alcalde de Villemdiana de Iregua, Rubén Gutiérrez (PP) “ha permitido el derrumbe de, al menos, diez calados del Barrio de Bodegas, ignorando los estudios Sociológico, Histórico, Geológico, Medioambiental y Jurídico redactados la pasada Legislatura de forma previa a la aprobación de forma inicial del Plan Director o Plan Especial de Recuperación del Barrio de Bodegas del municipio”.

Así, y a través de la documentación existente, los regionalistas aseguran que “el objetivo del Ayuntamiento, durante la pasada legislatura, era recuperar, impulsar y dinamizar el Barrio de Bodegas de la localidad”. La misma documentación “permitía al Ayuntamiento de la localidad aprobar inicialmente el Plan Especial de Actuación en dicha área”. Sin embargo, “actual equipo de Gobierno municipal del PP ha abandonado el proyecto de recuperación del Barrio de Bodegas permitiendo así el colapso y derrumbe de los calados”. De hecho aseguran que incluso se realizaron “encuentros con los propietarios de los calados y bodegas; una consulta online sobre el Barrio de Bodegas; paseos guiados con vecinos y visitantes, así como estudiantes riojanos y extranjeros de la Universidad de La Rioja”.

En todo este entramado, los regionalistas también hablan de la complejidad del consejero de Política Local, Daniel Osés, entonces presidente del CEIP-Rural. “No dudo en organizar un Congreso Internacional de Barrios de Bodegas en Villamediana ante el relevante proyecto de recuperación iniciado”. Y más culpables. Por La Rioja señala igualmente el “silencio sospechoso” del PR, partido que en la legislatura pasada formaba parte del Gobierno municipal y “partícipe de las iniciativas de recuperación del Barrio de Bodegas. Hoy el concejal del PR es el sustento esencial del equipo de Gobierno del Partido Popular”.

En lo que va de año, diez elementos del Patrimonio Histórico y Arquitectónico riojano “han colapsado en lo que va de año”. Así lo asegura Por La Rioja cuyo portavoz, Miguel Gomez Ijalba, ha pedido la la dimisión del titular de la Consejería de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud, José Luis Pérez Pastor, o el cese por parte de Capelllán por “su negligencia en el cumplimiento de la Ley de Patrimonio que obliga a proteger, conservar y difundir el Patrimonio Cultural, Histórico y Artístico”.

Además, Gómez Ijalba ha avanzado que remitirán un informe a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justica de La Rioja “sobre el reciente colapso y derrumbe de elementos esenciales del patrimonio histórico y arquitectónico de La Rioja por si existieran responsabilidades penales por parte del consejero de Cultura y Patrimonio del Gobierno de La Rioja, José Luis Pérez Pastor”. Y es que recuerdan que durante el gobierno del PP de Gonzalo Capellán, “han colapsado en nuestra región elementos patrimoniales en Viguera, Nalda, Villamediana, Murillo, Alberite, Entrena y San Vivente, y en alguna de estas localidades en más de una ocasión”. 

Gómez Ijalba ha subrayado que una sucesión de derrumbes continuada “evidencia el estado de abandono en que se encuentra el patrimonio histórico, arquitectónico, cultura y artístico de La Rioja por parte del Gobierno de La Rioja”. El portavoz regionalista ha reiterado que “no se trata de un hecho puntual, estamos hablando del colapso de hasta diez elementos patrimoniales riojanos en los últimos cuatro meses”.

Miguel Gómez Ijalba ha responsabilizado directamente al consejero de Cultura -y responsable de Patrimonio-, José Luis Pérez Pastor, “por su actitud de abandono y negligencia a la hora cumplir con la Ley regional de Patrimonio Cultural, Histórico y Artístico que exige la protección, conservación y difusión del patrimonio de La Rioja”.

El portavoz regionalista ha criticado que Pérez Pastor, “desde el área de Turismo habla de promocionar los pueblos riojanos turísticamente, cuando abandona su patrimonio y el Gobierno de La Rioja del PP está generando la mayor despoblación de la Historia. Pérez Pastor tan sólo quiere mostrar ruinas en Fitur”. Gómez Ijalba ha recordado que “los pueblos primero se dotan de servicios básicos de modo que tengan vida y la gente quiera y pueda vivir en ellos; después se conserva y recupera su Historia y su patrimonio y entonces, se promocionan turísticamente por ellos mismos”.

El portavoz regionalista ha recalcado que en el Gobierno de La Rioja en el Partido Popular “estaban todos alertados del riesgo de colapso y derrumbe de los citados elementos patrimoniales y no han tomado medida alguna”. Miguel Gómez Ijalba ha precisado que “el Ejecutivo de Gonzalo Capellán era consciente de la necesidad de actuar urgentemente en estos elementos patrimoniales al menos por dos vías diferentes: por un lado, porque se supone que el consejero de Cultura es conocedor de estas situaciones de riesgo, es una de sus responsabilidades; y, por otra, a través del consejero de Política Local, Daniel Osés, que la pasada Legislatura era presidente del Ceip-Rural y desde ese cargo organizó un Congreso Internacional de Barrios de Bodegas en Villamediana en cuyas conclusiones se determinó la urgencia de intervenir por el mal estado que presentaban dichas estructuras en diferentes municipios”.

Logroño ha clausurado el templo parroquial de Santa María La Mayor de San Vicente de la Sonsierra siguiendo las indicaciones de SOS RIOJA, coordinadora de la emergencia, después de que este jueves se derrumbara un tramo de muralla del recinto fortificado afectada tras el deslizamiento de la ladera que provocó un colapso de la plaza mirador, como consecuencia de las intensas lluvias de los últimos días que han supuesto la acumulación de 100 litros por metro cuadrado. 

Aunque en principio el templo no ha sufrido daños, sus accesos si entrañan peligro de seguridad, por lo que se decreta este cierre hasta nuevas indicaciones. En concreto, el consejero de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud, José Luis Pérez Pastor, desplazado al municipio, ha informado que los testigos que se colocaron ayer en la iglesia de Santa María la Mayor “no han arrojado ningún tipo de movimiento”, por lo que “parece que la iglesia se encuentra asegurada, gracias a que cuenta con una base de roca que no es la misma que la plaza mirador”.

Igualmente, ha señalado que el Gobierno de La Rioja “ya trabaja en la recuperación y reconstrucción del patrimonio de San Vicente de la Sonsierra para lo que se habilitarán los fondos que sean necesarios”. El consejero ha estado acompañado del director general de Cultura, Roberto Iturriaga, junto al alcalde de la localidad, Ramón Ramírez, y responsables de la Diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño y técnicos.

Tras esta visita técnica, miembros de las distintas administraciones han mantenido una reunión en el interior del templo con representantes de empresas especializadas para abordar los siguientes pasos, “que se van a basar en los trabajos geotécnicos previos que se estaban realizando sobre el terreno ante la advertencia de la presencia de grietas”. “En abril se colocaron testigos que no arrojaron ninguna rotura ni movimiento. La lluvia acumulada ha cambiado radicalmente la situación”, han señalado.

En este sentido, especialistas en trabajos en altura ya estaban realizando durante la mañana de este viernes derribos controlados del resto de materiales inestables para evitar desprendimientos. A su vez, se ha tapado con lonas la zona más descarnada de la ladera afectada para favorecer una mejor evacuación de las aguas. 

El consejero José Luis Pérez Pastor ha señalado que el conjunto amurallado de San Vicente de la Sonsierra es un bien en el que “se lleva interviniendo de forma continuada desde hace más de 20 años, recibiendo una inversión continuada que se acerca ya a los 3 millones de euros y que tenía previstas actuaciones para este mismo año”. “No hay más que ver lo cuidado que está el entorno y cómo está canalizada el agua, que es una de las últimas actuaciones ejecutadas. Las necesidades del patrimonio se conocen y se monitorizan, pero a veces la naturaleza va mucho más rápida”, aseguran.

El Gobierno de La Rioja mantiene activado el nivel 1 del Plan Territorial de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de La Rioja (PLATERCAR) tras el derrumbe a mediodía ayer, día 7, de parte de la muralla que rodea el castillo de San Vicente de la Sonsierra y que no produjo daños personales. Por su parte, la Diócesis ha informado que las celebraciones litúrgicas y de culto continuarán a diario en San Roque y los fines de semana en la Basílica del Remedio.

Nuevo derrumbe en La Rioja. En las últimas horas la Diócesis de Calahorra y La Calzada Logroño alertaba de un desprendimiento en el castillo de San Vicente de la Sonsierra. En concreto, desde la Consejería de Cultura confirmaban que el deprendimiento afectó a un tramo de muralla del recinto fortificado. Afortunadamente, no ha habido daños personales.

Y según Izquierda Unida, el Gobierno de La Rioja “conocía la situación de inestabilidad de la muralla del castillo de San Vicente de la Sonsierra”. Cononcía la situción “y no adoptó las medidas necesarias para evitar el derrumbe”. Y es que el diputado de IU en el Parlamento de La Rioja, Carlos Ollero, “hace escasos meses advertimos de esta situación. El Gobierno de Capellán nos respondió que ya había tomado las medidas necesarias y que no había riesgo. El derrumbe de ayer demuestra que esas respuestas estaban muy alejadas de la realidad”.

Desde Izquierda Unida advierten que la zona ya se encontraba vallada con anterioridad al derrumbe, lo que acredita que tanto el Ayuntamiento como el Gobierno regional eran conscientes de la inestabilidad del entorno. “El Gobierno sabía lo que estaba pasando en esa muralla. La pregunta es por qué no se intervino a tiempo. El derrumbe se produjo sobre la vía pública, en una zona transitada a diario por los vecinos y vecinas, y que no haya daños personales que lamentar es una suerte que no exime al Ejecutivo de su responsabilidad. El Gobierno conocía el riesgo, fue avisado, y no actuó”, ha señalado Ollero.

Por todo ello exigen al Ejecutivo regional que asuma íntegramente el coste de la restauración, “inasumible para un municipio del tamaño de San Vicente de la Sonsierra, y que dé respuesta real y sincera a las preguntas de los vecinos y vecinas que la formación ha trasladado al Parlamento sobre qué valoración han realizado los técnicos de patrimonio y protección civil, qué actuaciones previas se llevaron a cabo en la zona, cuál es el impacto económico estimado de la restitución y, sobre todo, cómo piensa financiarla”. IU demanda también saber si el Gobierno tiene previsto suscribir un nuevo convenio con el Ayuntamiento que mejore la inversión y el mantenimiento del recinto.

La formación advierte de que el patrimonio histórico riojano acumula un importante “déficit de mantenimiento” y pide al Ejecutivo que actúe con carácter preventivo antes de que se repitan situaciones similares en otros enclaves. “Esperamos que el Gobierno aprenda la lección y no tengamos que lamentar nuevas pérdidas irreversibles, como ya ocurrió con la torre de Viguera o el Puente Mantible”, ha concluido Ollero.

La Diócesis de Calahorra y La Calzada Logroño ha alertado de un desprendimiento en el castillo de San Vicente de la Sonsierra que se ha producido esta mañana. En concreto, desde la Consejería de Cultura han confirmado que el deprendimiento ha afectado a un tramo de muralla del recinto fortificado. No ha habido que lamentar daños personales.

En concreto, el desprendimiento afecta a la ladera que queda en dirección al río Ebro. Los restos han quedado en el Paseo de la Barbacana. Se observan grietas importantes en la terraza de arriba y el contrafuerte, que se encuentran en bastante mal estado. En estos momentos, los técnicos que se han desplazado hasta el lugar de los hechos están valorando y analizando los daños para evitar más derrumbes y que no afecten a la iglesia o a su torre.

El Gobierno de La Rioja ha activado el nivel 1 del Plan Territorial de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de La Rioja (PLATERCAR) tras el derrumbe provocado a consecuencia, previsiblemente, de las abundantes lluvias de los últimos días. Las causas concretas serán determinadas por los pertinentes informes técnicos una vez finalizados los estudios ya en marcha.

Esta medida implica que un técnico de la Subdirección General de Emergencias y Protección Civil coordinará todas las actuaciones y medios técnicos y profesionales que sean necesarios para proteger a las personas, bienes y al medio ambiente. Se activan de forma inmediata las medidas de control y protección necesarias del entorno, a expensas de los estudios que los técnicos ya han iniciado para averiguar las causas e intervenir de forma urgente.

Esta decisión se ha adoptado tras la visita técnica y las posteriores reuniones mantenidas con responsables de las distintas administraciones, ante la necesidad de comprobar la estabilidad de la zona ante el deslizamiento de la ladera. 

Como consecuencia del desprendimiento, que afecta a la ladera que queda en dirección al río Ebro, los restos de la muralla han quedado repartidos por el Paseo de la Barbacana de la localidad. Los accesos al castillo de San Vicente de la Sonsierra, de titularidad municipal, y al citado paseo se encuentran cortados.

Junto al alcalde de la localidad, Ramón Ramírez, al lugar se han desplazado efectivos del CEIS, Guardia Civil, un Recurso de Emergencias del Servicio Riojano de Salud, una ambulancia de Soporte de Cruz Roja Española, personal de la Diócesis, técnicos de Protección Civil y de Patrimonio, así como el director general de Cultura del Gobierno de La Rioja, Roberto Iturriaga, para comprobar el resultado del suceso y acompañar a los vecinos de San Vicente de la Sonsierra.

Unas 90 familias, 120 personas, de la urbanización Torresolano en el municipio riojano de Nalda continúan en vilo desde el pasado 4 de mayo. La de Renato Vitale es una de esas familias que solo quiere vivir tranquilo en su casa. “Hasta ahora este lugar era un paraíso y se ha convertido en un infierno”. Y es que el colapso de un muro en esta zona residencial ha acrecentado la intranquilidad y el miedo del vecindario que desde hace años está denunciando y advirtiendo lo que finalmente ha ocurrido en esta urbanización ubicada a dos kilómetros del municipio riojano, al otro lado de la carretera de Soria.

Hace seis años que Vitale reside en esta urbanización. “No queremos más promesas, queremos garantías porque no se puede vivir pensando que el suelo se puede caer en cualquier momento”. Por su profesión (médico) está acostumbrado a trabajar con planes de prevención de riesgos: “Aquí hay un riesgo visible y las autoridades competentes no nos han hecho caso”.

Por eso considera que lo ocurrido hace unos días no fue un accidente, sino la conclusión inevitable de una negligencia prolongada. “No es un problema nuevo; es un problema conocido que lleva años sin resolver”, afirma con una mezcla de indignación y fatiga. Y es que durante años, el vecindario ha documentado la evolución de las grietas en el muro de contención. “Hemos acudido al Ayuntamiento de Nalda, hemos hablado con los bomberos... y todas las respuestas que hemos recibido eran tranquilizadoras, pero ha quedado demostrado que no se corresponden con la realidad”.

La situación límite llegó el domingo 3 de mayo. “Ese mismo día, nos seguían diciendo que la situación era segura a pesar de que era evidente lo que iba a pasar” y finalmente pasó. “Nos decían que el muro era seguro, se limitaron a poner una cinta para evitar que pisáramos por ahí”. Pero Vitale y el resto de vecinos no estaban tranquilos: “veíamos que el muro bajaba por centímetros de cinco a siete de la tarde, la evolución era evidente, pero hasta esa noche de domingo, el Gobierno de La Rioja no reconoció que había un riesgo real”. Fue cuando se activó el nivel un del Plan de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de La Rioja y comenzaron a desalojar a vecinos: seis en un primer momento, diez a lo largo del lunes.

Un limbo administrativo y de servicios

La situación de esta urbanización es compleja y en su historia hay varias fechas claves. Julio de 2005. La Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de La Rioja aprobó la modificación puntual del plan parcial del Valle de San Gregorio del municipio de Nalda. Una propuesta a iniciativa de GSI División de Promociones que sería la encargada de promover un complejo de viviendas en un terreno sin desarrollar urbanísticamente.

Diciembre de 2010. Ese año una ingeniería emitió un informe de revisión de la urbanización Torresolano y entre sus conclusiones apuntaba que las redes de saneamiento y agua potable no reunían las condiciones de estanqueidad para poder ser recepcionadas. Y además, advertía de la posibilidad de que aparecieran señales de rotura en taludes debido a las edificaciones. Abril de 2011. El Ayuntamiento de Nalda suscribe el acta de recepción parcial y provisional de las obras de urbanización y se otorgan las primeras licencias de primera ocupación para 63 viviendas unifamiliares.

Diez años después, 2021, el asunto de las grietas y deficiencias constructivas en esta urbanización llegan a la justicia. Y el Juzgado de Primera Instancia número 5 de Logroño da la razón al vecindario y estima la demanda presentada contra la promotora a la que condena a “efectuar la reparación de daños en el bloque de 18 viviendas por un importe de 153.500 euros”. Y además, el fallo al que ha tenido acceso este medio, también recogía que los demandados “debían asumir todos los gastos auxiliares derivados de la ejecución de las obras como alquileres, guardamuebles o cualquier otro”.

Sin embargo, el vecindario de la urbanización no quedó conforme con este fallo y apeló a la Audiencia Provincial. Su argumento principal era que no solo la empresa promotora era responsable, querían ampliar la responsabilidad a Tenedora de Inversiones (TIP) porque se quedó con la urbanización. TIP irrumpe en esta historia en 2012 cuando la promotora original, GSI, pasa por una situación financiera complicada. TIP firma un contrato de subrogación y se convierte así en la promotora urbanizadora del sector que, además de hacerse cargo de los avales y de las obligaciones para terminar las calles y servicios, también se convirtió en propietaria de muchas de las casas que aún no se habían vendido. Por segunda vez, la justicia da la razón al vecindario porque la Audiencia Provincial de Logroño “estima sustancialmente la demanda y condena solidariamente a TIP”. Esta sentencia es de marzo de 2023.

El vecindario de Torresolano paga puntualmente sus impuestos de una urbanización que ha sido recepcionada parcialmente por el Ayuntamiento de Nalada y eso se nota en la los servicios que reciben. “El mantenimiento es más que deficiente, tenemos farolas rotas desde hace meses y la gestión de las infraestructuras es escasa”. Ahora, a todo esto hay que añadir que hay siete viviendas desalojadas y otras dos bajo vigilancia preventiva. “Mi casa quizás es de las menos afectadas, pero hace años que vemos las grietas”, cuenta Vitale. “Puntualmente, pagamos el IBI, entre 400 y 500 euros al año y no recibimos ningún servicio del Ayuntamiento de Nalda. Ni siquiera limpia las papeleras a pesar de que en la última década calculamos que ha recibido más de un millón de euros de impuestos de los vecinos de esta urbanización”, cuenta otro vecino afectado. De la recepción provisional, cuenta, “han pasado ya 14 años y desde el punto de vista jurídico, el Consistorio tiene la obligación de recepcionar la urbanización completa, pero mira hacia otro lado”. La postura más cómoda, asegura, “porque ni se hace responsable de nuestra situación ni obliga a actuar a la empresa”.

Mientras tanto, el tiempo pasa y el vecindario exige una solución inmediata porque advierten de que la situación se va a complicar: “Las siete casas desalojadas pueden ser quince o veinte en cuestión de días”. “Es triste saber que un lugar tan bonito se transforma en un infierno por el descuido de la gente”, lamenta Vitale. Para las 90 familias que habitan este enclave, la prioridad ya no es la estética de sus viviendas, sino la seguridad básica de saber que el suelo que pisan no va a desaparecer bajo sus pies. Y pro esta razón, piden una intervención subsidiaria del Ayuntamiento de Nalda o incluso del Gobierno de La Rioja “porque el problema se puede multiplicar por tres en los próximos días”.

Este medio ha intentado contactar en varias ocasiones con el Ayuntamiento de Nalda, pero hasta la fecha no han atendido a nuestra petición.