Maloma, la joven del Sáhara Occidental nacionalizada española al ser adoptada por un matrimonio de Mairena del Aljarafe (Sevilla) y retenida desde diciembre de 2015 en los campamentos de refugiados saharauis de Tinduf (Argelia), reside desde el pasado mes de junio de nuevo con sus padres adoptivos tras haber regresado a España junto con su marido y sus hijos, según han confirmado a Europa Press fuentes próximas a la joven.

Todo se remonta al 12 de diciembre de 2015, cuando Maloma, natural del Sáhara Occidental pero nacionalizada española al haber sido adoptada por un matrimonio de Mairena, se encontraba en los campamentos de refugiados saharauis de Tinduf, en Argelia, en el marco de un viaje cursado a cuenta de una enfermedad que sufría su madre biológica.

Al reunirse con su familia biológica en los campamentos de refugiados saharauis de Tinduf, según sus padres adoptivos, Maloma habría sido retenida contra su voluntad por sus familiares originales, quienes habrían impedido que regresase a España según lo previsto inicialmente. Sus padres adoptivos alertaban así de que Maloma había sido “secuestrada” por su familia biológica, al no permitir su vuelta a España.

Desde entonces, el caso de Maloma deparó diferentes giros. Y es que si bien la familia española de la joven recordaba que la misma viajó a Tinduf “con billete de vuelta” y habría sido retenida en contra de su voluntad, en febrero de 2017 circulaba un vídeo en el que la propia Maloma negaba en primera persona que estuviese “secuestrada por el Frente Polisario, por Argelia”, por su familia biológica o “por nadie”.

La situación de Maloma

“Estoy aquí porque yo quiero. Es mi deseo estar una temporada con mi gente”, enfatizaba, avisando de que en aquellos momentos se estaba “formando una bola increíble” en torno a su situación, a cuenta del notorio impacto mediático del caso. Posteriormente, y a través de un comunicado, aseguraba que estaba “libre y feliz” y que había “elegido libremente” el lugar donde residir y las personas con quienes “compartir” su vida.

La joven, en cualquier caso, contrajo matrimonio en los citados campamentos de refugiados saharauis y ha tenido descendencia allí, en concreto tres hijos, toda vez que la familia española de Maloma insistía en que antes del último vídeo y de la boda, ella misma habría trasladado, mediante una conversación telefónica, “que estaba deseando volver” a España.

Sea como sea, la familia adoptiva de Maloma avisaba en todo momento de que en los citados campamentos de refugiados saharauis de Tinduf, la joven estaría coaccionada, reclamando insistentemente que pudiese regresar a España para que, en plena libertad y pleno ejercicio de sus derechos como española, declarase “dónde, cómo y con quién quiere vivir”.

La lucha de sus padres adoptivos

Para ello, los padres adoptivos de la joven protagonizaron una prolongada y persistente lucha, traducida en diversas cartas al Gobierno central solicitando su intervención y la repatriación de Maloma; una reunión en diciembre de 2017 con el presidente del Senado, Pío García Escudero; un breve encuentro en enero de 2018 con Mariano Rajoy cuando el mismo era presidente del Ejecutivo central; reuniones con responsables del Ministerio de Asuntos Exteriores; una entrevista en 2019 con Marta Bosquet como presidenta del Parlamento de Andalucía, movilizaciones en la calle y un sinfín de gestiones y solicitudes ante las instituciones.

En diciembre de 2021, con motivo del sexto aniversario de la retención de la joven en Tinduf, José Morales, padre adoptivo de la misma, explicaba a Europa Press que su esposa y él mantenían al menos un contacto habitual con Maloma a través de la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp, conservando la esperanza de que regresase a España.

“Yo pienso que sí”, aseguraba José Morales, confiando en que “algún día” Maloma volviese a España, como finalmente ha sucedido, gracias a lo cual la joven, junto a su marido y sus hijos, se ha reunido con su familia española y se ha instalado con ella.

Tras tres años de secuestro, José Morales y Mª Carmen de Matos han enviado una misiva al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, para que intervenga en el secuestro de la ciudadana española Maloma Morales en el Sáhara.

Le solicitan “su intervención para que nuestra hija pueda expresar en España, libremente y en pleno ejercicio de sus derechos, dónde, cómo y con quién quiere vivir”.

Maloma Morales, española de origen saharaui, fue secuestrada el 12 de diciembre de 2015, durante una visita a sus familiares biológicos en el campamento saharaui de Tinduf (Argelia). Poco antes de su regreso a España, varios familiares la metieron a golpes en un coche, ante los ojos y la impotencia de su padre adoptivo, Pepe Morales, que es quien relata estos hechos.

Los mismos hechos, denunciados ante las autoridades españolas, han sido corroborados por la propia Maloma en al menos dos ocasiones: en una sede de la ONU y ante el periodista de El País Semanal, Pablo Mediavilla. 

Los padres adoptivos de Maloma denuncian que el 23 de enero de este año, Pedro Sánchez les prometió “entrevistarse” con ellos. Explican que “tras numerosos intentos de formalizar esa reunión a través del Sr. Héctor Gómez, responsable de Relaciones Internacionales del PSOE, nunca se programó”.

Durante este tiempo de cautiverio, los padres denuncian que Maloma ha sido víctima de un matrimonio forzado y se ha convertido en madre de una niña de ya diez meses. Como le recuerdan los padres al presidente, tanto la ONU como el Parlamento Europeo se ha pronunciado sobre este caso de “violación de derechos humanos”. El de la ciudadana española, que residía en Mairena del Aljarafe (Sevilla), no es el único. Existen otros casos similares, que han sido denunciados ante las autoridades españolas e internacionales.

Pocos de ellos han logrado regresar a España, tras la presión pública de las familias, como es el caso de  Mahyuba Mohamed Hamdidaf (2014), Azman Mohamed Yahya (2017) o Ljadra Said Hannuha (2018). 

“Un secuestro en toda regla”

Durante una intervención en el Parlamento Europeo de Elisa Pavón, portavoz del colectivo La libertad es su derecho, explicó que  todas las mujeres “llegaron a España siendo niñas en el marco del programa solidario 'Vacaciones en Paz' en torno al año 2000 y tuvieron que prolongar su estancia en España por motivos médicos o por decisión de sus padres biológicos, que quisieron darles mejores oportunidades de futuro a sus hijas”.

Y añadía que “sin embargo, una vez cumplida la mayoría de edad, sus familias biológicas hicieron valer sobre ellas un derecho de propiedad inexistente e ilegal y, aprovechando una de sus visitas a los campamentos, las secuestraron con pretextos netamente machistas, propios de una sociedad radicalizada, patriarcal y tribal”.

Durante el debate en la Comisión, Peter Jahr, eurodiputado del Partido Popular europeo, afirmó que había que “intervenir, sacar a estas ciudadanas de allí, es un secuestro en toda regla. Han sido trasladadas a un lugar del que no pueden salir. Hay que pasar a actuar, imaginen que cualquiera de nosotros está en el desierto y no pasa nada. Necesitamos una respuesta contundente y pido que se recurra a todos los cauces políticos y, si es necesario, amenazar con retirarle los fondos (de ayudas al Frente Polisario). Son nuestras ciudadanas, no podemos dejarlas en la estacada”. 

Ante la gravedad de la situación, los padres de Maloma le piden a Pedro Sánchez que tome medidas económicas y políticas contra los responsables del Frente Polisario en España, por pesar sobre ellos “una denuncia ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas por complicidad y connivencia”.

Le solicitan que hay antecedentes de “decisiones políticas expeditas y contundentes” por parte del Gobierno español. Como en 1985,  “cuando el expresidente Felipe González expulsó a los responsables del Frente Polisario en España por los atentados cometidos contra pesqueros canarios. Ahora, indiscutiblemente, el secuestro de Maloma amerita reacciones similares por parte del Gobierno”.

“Falta de voluntad política” del Frente Polisario

Durante su secuestro, Maloma Morales ha sido casada en matrimonio forzado y ha tenido un bebé, fruto de dicho matrimonio, según denuncian su padres adoptivos. Su caso ha sido denunciado por el Ayuntamiento de Sevilla que exigió en su pleno “la liberación y repatriación” de la ciudadana española y ha sido reconocido por el expresidente Mariano Rajoy y exministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, quien comparó su caso con el de los corresponsales de guerra españoles secuestrados en Siria Antonio Pampliega, José Manuel López y Ángel Sastre.

Además, la ONU ha interpelado a las autoridades saharauis por su caso y el de otras mujeres retenidas ilegalmente, el Parlamento Europeo le ha exigido a España que intervenga para poner fin a su secuestro y organizaciones como Human Rights Watch ha exigido que se respete la libertad de Maloma y ha responsabilizado al Frente Polisario de la situación,  por su falta de “voluntad política para garantizar que esta mujer sea libre”.

“Me tienen encerrada”. Ljadra Said Hannuha logró pedir auxilio hace unas semanas. El mensaje iba dirigido a sus amigos del País Vasco. La joven española de 19 años, de origen saharaui y residente en Deba (Gipuzkoa), le pedía a sus amigos que acudieran a la Policía y denunciaran que su propia familia la había secuestrado en su tierra natal. Así consta en la denuncia interpuesta en la Ertzaintza a la que ha tenido acceso eldiarionorte.es.

Según figura en la denuncia, Ljadra se encuentra secuestrada por su familia, que la quiere obligar “a contraer matrimonio”, tras siete meses de retención ilegal en los campamentos saharauis de Tinduf (Argelia). La chica de nacionalidad española se marchó de vacaciones al Sáhara con su madre para visitar a sus familiares. La estancia debería haber durado un mes. Sin embargo, cuando quiso regresar a España, sus familiares la retuvieron, retirándole el pasaporte y su teléfono móvil.

Hasta el 25 de mayo no pudo dar la primera voz de alarma. Aprovechó que su hermano había regresado a España, para comunicarse con una amiga española. Lo hizo a través del teléfono y la cuenta de Facebook de una amiga saharaui. “No he salido de casa hasta hoy”, confesaba en el mensaje. La ciudadana española denunciaba que su hermano le ha estado “pegando palizas”, la tiene “encerrada e incomunicada” y le pide a la amiga que se ponga en contacto con su amigo Pablo para que denuncie su secuestro ante“ la Policía”.

“Jura que me va a matar”

Pablo acudió el 9 de junio a la comisaría de la Erztaintza en Eibar para denunciar que su amiga Ljadra estaba secuestrada en un país extranjero y que su familia saharaui le estaba “buscando un marido para casarla” en matrimonio forzado. El 7 de julio, Pablo y otras amigas de la víctima organizaron una rueda de prensa y una manifestación para denunciar el secuestro.

Tras hacerse público su caso, la joven volvió a ponerse en contacto con Pablo para pedirle que retirara la denuncia. Temía represalias por parte de su secuestrador. Como consta en la ampliación de la denuncia, su hermano la había amenazado de muerte “Jura que me va a matar”, sentenciaba.

La Delegación Saharaui de Euskadi afirma que han “puesto el caso en conocimiento de nuestras autoridades en los campamentos (saharauis) para averiguar en qué situación se encuentra. Los primeros pasos que hemos dado han sido intentar que el hermano le devuelva su documentación. Tenemos que hablar con la chica y con los familiares y tratar de persuadir a la familia de que, si la chica tiene la voluntad de viajar, le facilite eso en el menor tiempo posible”.

El responsable de dicha delegación, Abdullah Arabi, indica que “es una situación compleja de entender. Nadie niega que se trate de una violación de derechos humanos, si realmente su voluntad es viajar hacia donde quiera. Como Frente Polisario y Estado Saharaui estamos a favor de que cualquier persona que se quiera mover, lo haga con total libertad”.

Y añade que “arrastramos todavía una serie de tradiciones que no concuerdan con lo que defendemos como Estado: los derechos humanos y su libertad personal. Hay familias a las que les cuesta entender esto y se aferran a las tradiciones. Nuestro papel es hacerles entender que eso no concuerda con los valores por los que estamos luchando”.

“Una familia desestructurada y conflictiva”

Eva es amiga de Ljadra desde hace cinco años, fecha en la que la adolescente se mudó al País Vasco, tras haber vivido en otros puntos de España. Corrobora por teléfono que su amiga se encuentra retenida ilegalmente y contra su voluntad a manos de su propia familia. En declaraciones a eldiarionorte.es, Eva asegura que su amiga procede de “una familia desestructurada y conflictiva. Sus padres están divorciados y viven en dos pueblos de Gipuzkoa y Bizkaia. Son siete hermanos, ella vivía con dos de sus hermanas y su madre, mientras que sus hermanos viven repartidos por España, Francia y Marruecos”.

Eva es amiga de las dos hermanas: Luara, que tiene 22 años, y Ljadra, que cumple 20 años el próximo 25 de agosto. Ambas se encuentran en los campamentos saharauis. “Ella me decía que no estaba a gusto allí. Un día vi en una foto (de Facebook) que tenía una alianza en la mano, pero no me contó nada. En mayo ya me dijo que su hermano la tenía encerrada y que la iban a obligar a casarse”, explica.

Durante su retención, Ljadra ha recibido la visita de otros familiares, que la han amenazado de muerte y la han culpado de estar “deshonrando a la familia”. Su amiga de Deba asegura que la ve “muy asustada y tan nerviosa que no puede dormir por la noche. No está nada bien y se quiere volver a España lo antes posible”.

“El Frente Polisario debe hacer cumplir la ley”

El de Ljadra Said no es un caso aislado. El colectivo La libertad es su derecho, La libertad es su derechoque defiende la liberación de otras mujeres en la misma situación que la ciudadana vasca, asegura que está “informado del caso y que está documentándolo para incorporarlo, si fuera preciso, en todas sus acciones diplomáticas, comunicativas y políticas. Es un caso que nos preocupa especialmente, por ser una ciudadana española muy joven”.

Desde la plataforma ciudadana, que aglutina a familias que han denunciado casos similares, aseguran que “el asunto del matrimonio forzado es demasiado serio como para que el Gobierno no tome cartas en el asunto inmediatamente. Creemos que es fundamental que se expulse a los delegados del Frente Polisario que están en España, mientras siga habiendo ciudadanas españolas retenidas contra su voluntad en los campamentos saharauis”.

Elisa Pavón, portavoz de este colectivo, sostiene que el “Frente Polisario no tiene que mediar, esa no es su función. Es la autoridad en los campamentos y, por ello, debe hacer cumplir sus propias leyes, liberando a las mujeres secuestradas y retenidas contra su voluntad y deteniendo, juzgando y castigando a los autores de estas violaciones de derechos humanos. Siguen insistiendo en que es un problema de familias vinculado a tradición, pero no es cierto. Son delitos, claramente violencia de genero, y ante eso sólo cabe la ley”.

Y añade que “si realmente quieren terminar con estas prácticas discriminatorias, que actúen y sienten precedente para que ninguna familia pueda creerse propietaria de sus hijas”.

Denuncias en el Parlamento Europeo

El 19 de junio de este año, el Parlamento Europeo exigió por unanimidad que cinco mujeres en la misma situación fueran puestas en libertad inmediatamente. El caso más sonado de los últimos años ha sido el de Maloma Morales, ciudadana española residente en Mairena del Aljarafe (Sevilla), que lleva secuestrada desde diciembre de 2015 y ha sido sometida a un matrimonio forzado. El mes pasado, la Comisión de Peticiones del Parlamento atendió la solicitud del colectivo La libertad es su derecho. para que las instituciones europeas actuaran contra esta violación de los derechos humanos.

El órgano legislativo le solicitó al Gobierno español que presionara a Argelia para liberar a ciudadanas europeas como Maloma, Hyeiba El Couri o Koria Badbad y mujeres con permiso de residencia en España como Darya Embarek o Nayiba Mohamed. La presidenta de la comisión, Cecilia Wikström, le envió una carta a Federica Mogherini, la alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, para que “interceda, haga de mediadora y mantenga la presión en cualquier contacto”.

El caso de las mujeres retenidas contra su voluntad en los campamentos de Tinduf (Argelia) controlados por el Frente Polisario ha llegado al Parlamento Europeo. La Comisión de Peticiones ha atendido la solicitud de la asociación ‘La libertad es su derecho’ para que las instituciones europeas actúen contra esta violación de derechos humanos contra ciudadanas españolas como la sevillana de origen saharaui Maloma Morales o Hyeiba El Couri y otras jóvenes con permiso de residencia en España como Darya Embarek o Koria Badbad.

Todas ellas habían estado en familias de acogida españolas y, al regresar de visita temporal al Sáhara, fueron retenidas contra su voluntad, según han denunciado las propias víctimas y organizaciones de derechos humanos. El Parlamento Europeo ha activado así los primeros mecanismos comunitarios para que estas jóvenes puedan decidir dónde quieren residir sin coacciones políticas ni familiares.

Por unanimidad, todos los grupos parlamentarios de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo han exigido que las instituciones europeas tomen cartas en el asunto. Cecilia Wikström, presidenta de la Comisión de Peticiones, le ha solicitado a España que dialogue con Argelia para liberar a estas ciudadanas europeas y/o con permiso de residencia en la Unión Europea. “Es su deber”, ha sostenido Wikström sobre la necesidad de que el gabinete de Pedro Sánchez solucione esta situación calificada de “violación de derechos humanos” por eurodiputados de todos los signos.

La presidenta de la Comisión ha ordenado también que se envíe un carta al Frente Polisario solicitándole “el regreso de estas chicas por cualquier medio” y que Federica Mogherini, la alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, “interceda, haga de mediadora y mantenga la presión en cualquier contacto”.

Estradàs: “Aclarar la verdad y liberar a las mujeres”

Rosa Estradàs, del Grupo Popular, ha explicado a eldiario.es Andalucía que las cartas se envían para que Asuntos Exteriores abra una investigación, el gobierno español establezca contactos con Argelia y la Comisión Juncker “esté sobre el tema, para aclarar la verdad y liberar a las mujeres”. Se trata, aclara Estradàs, de una comisión “para presionar. Es la manera que tenemos para que, por unanimidad, se muevan todos los actores. Son especialmente importantes las cartas que enviamos a Mogherini y el Gobierno español. Cuando nos respondan, volveremos al tema para ver qué acciones emprendemos. Es un proceso progresivo”.

La europarlamentaria popular ha asegurado que el tema “es de tal calado en derechos humanos y derechos de la mujer, que nos ha conmovido y la respuesta ha sido unánime. Te aseguro que normalmente no hay tanta unanimidad. Somos el continente de los derechos humanos. Esta petición es oportuna y necesaria y ha llegado al lugar adecuado (el Parlamento Europeo) para que se haga la presión”.

Durante su intervención, Elisa Pavón, portavoz de la asociación que ha solicitado la ayuda europea, ha explicado que todas las mujeres “llegaron a España siendo niñas en el marco del programa solidario 'Vacaciones en Paz' en torno al año 2000 y tuvieron que prolongar su estancia en España por motivos médicos o por decisión de sus padres biológicos, que quisieron darles mejores oportunidades de futuro a sus hijas. Sin embargo, una vez cumplida la mayoría de edad, sus familias biológicas hicieron valer sobre ellas un derecho de propiedad inexistente e ilegal y, aprovechando una de sus visitas a los campamentos, las secuestraron con pretextos netamente machistas, propios de una sociedad radicalizada, patriarcal y tribal”.

“Hay que intervenir, es un secuestro en toda regla”

Durante el debate en la Comisión, Peter Jahr, eurodiputado del Partido Popular europeo, se ha mostrado tajante sobre la situación: “Hay que intervenir, sacar a estas ciudadanas de allí, es un secuestro en toda regla. Han sido trasladadas a un lugar del que no pueden salir. Hay que pasar a actuar, imaginen que cualquiera de nosotros está en el desierto y no pasa nada. Necesitamos una respuesta contundente y pido que se recurra a todos los cauces políticos y, si es necesario, amenazar con retirarle los fondos (de ayudas al Frente Polisario). Son nuestras ciudadanas, no podemos dejarlas en la estacada”.

Josep Maria Terricabras, del Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea, ha hecho hincapié también en que hay que pasar de las palabras a los hechos y ha interpelado a la presidenta Wikström para “ejercer presión sobre los que fueran la raíz del problema, ya sean las familias (que las retienen) o el Frente Polisario”. Al haberse escudado en las tradiciones para justificar estas retenciones ilegales, Terricabras ha recordado que “la relación que tiene a veces se plantea de manera equivocada: se dice que los padres tienen derechos sobre sus hijos. Los que tienen derechos son los hijos y los que tienen deberes son los padres”.

Una situación “angustiosa”

El grupo socialista europeo también se ha sumado al apoyo a estas mujeres, cuyos derechos se han visto conculcados, como en el caso de Maloma, Morales,, que desde hace 30 meses se encuentra retenida contra su voluntad. De este modo, la eurodiputada socialista Inés Ayala ha mostrado su “apoyo absoluto a las peticionarias” y calificar la situación de estas mujeres de “angustiosa”, como ella misma dice haber vivido en su comunidad autónoma, Aragón. “En mi región también ha habido jóvenes que venían a pasar veranos con las familias que, en un momento dado, se han visto imposibilitadas a volver. Siendo personas adultas, no se les ha permitido volver”, basándose, ha dicho, en un planteamiento “cultural” que choca frontalmente con los derechos humanos.

En términos similares se ha expresado Estradàs con eldiario.es, al afirmar que “cuando se produce una situación así, entre tradiciones, honor, costumbres y amenazas, la verdad no aflora. La verdad solo aflora en pequeños momentos y gracias a estas organizaciones”.

“Maloma está bajo coacción”

Elisa Pavón, la portavoz de la asociación que representa a las familias de acogida españolas y exigen la liberación de estas mujeres, le ha recordado a la institución europea que es importante que las mujeres retenidas puedan expresar su voluntad “fuera de los campamentos, lejos de sus captores. Les pido que cuando vean vídeos de Maloma diciendo que no están secuestradas, está bajo coacción, grabados por su hermano, que es el secuestrador. Les pedimos que vuestras palabras se conviertan en hechos. Construyamos un puente para su libertad”.

Al término del debate, Pavón le ha afirmado a este diario que esperan que “las palabras sean ya hechos. Es muy importante esta decisión porque exige a España la intervención en la liberación de ciudadanas europeas, reconociendo que están secuestradas. Además, canalizan toda la interlocución a través de Argelia, deslegitimando al Frente Polisario. Por primera vez, hemos escuchado discursos en un entorno político que refuerzan los derechos humanos, al reconocer que las hijas no son propiedad de los padres, hermanos o maridos. Nuestra petición de intervención de Mogherini ha sido aceptada, respaldada y aplaudida”.

“Me han llamado desde el Gobierno y me han dicho que soy abuelo”. José Morales, padre adoptivo de la ciudadana española Maloma Morales, le ha confirmado así a eldiario.es/Andalucía que su hija ha dado luz este miércoles en el Sáhara, durante su secuestro, reconocido como tal por Naciones Unidas y el Gobierno de España.

Según le han explicado a Morales fuentes oficiales, ha sido “un parto natural y ha sido niña. El Gobierno la considera una española más y, al ser dos españolas, van a reactivar su regreso. Yo espero que esta situación ayude a traerla de vuelta a casa. Lo he dicho siempre, yo no la obligo a nada, sólo pido que vaya a un sitio neutral y declare, sin presiones de ningún tipo, si quiere regresar a España”.

Hace dos años, en diciembre de 2015, el propio José presenció como un hermano, Mohamed Lamin, y otros familiares la secuestraban a golpes, según relata, durante una visita a los campamentos de refugiados saharauis de Tinduf (Argelia), de donde es originaria Maloma. El Ministerio de Asuntos Exteriores, amparándose en la ley de protección de datos, no ha confirmado ni desmentido la información.

Para Pepe Morales, a pesar de que esta información circulaba desde el miércoles por la tarde en las redes sociales, “esta noticia ha sido una sorpresa, porque en los planes de Maloma nunca entró ser madre tan joven. Es una tranquilidad saber que tanto ella como la pequeña están bien, así como que el Gobierno nos haya manifestado que la niña también es una ciudadana española de pleno derecho y, por lo tanto, nos ha dado grandes esperanzas de que van a seguir luchando por ellas, ahora con razón doble”.

En un comunicado a los medios, Morales señala que “ahora aún es más urgente que Maloma sea libre y repatriada. Es impensable que una hija no comparta con sus padres la ilusión de su maternidad. Esto nos lleva de nuevo a lo mismo, a que cuando las cosas se hacen por obligación, no ilusionan. No le han permitido decírnoslo, ni siquiera cuando ha nacido. Damos la bienvenida al mundo a la niña, que es nuestra nieta y deseamos con todas nuestras fuerzas que impere por fin la cordura y que el Frente Polisario actúe y logre que le permitan salir de los campamentos con su hija para ejercer sus derechos libremente, de modo que elija dónde, cómo y con quién quiere vivir”.

Maloma, de origen saharaui, llevaba desde los siete años visitando en verano a los Morales de Matos, pero se quedó en régimen de acogida con ellos a partir de los 12 años. Cuando cumplió la mayoría de edad, solicitó la adopción y la nacionalidad española. Ambos le fueron concedidos. Con su pasaporte español y todos los papeles en regla, se marchó con su padre adoptivo a visitar a su familia biológica, a lo que no visitaba por no tener regularizada hasta ese momento su situación legal en España.

Fue durante esa visita, cuando su familia adoptiva aprovechó para retenerla ilegalmente. La propia Maloma le reconoció a un periodista de El País Semanal, Pablo Mediavilla, que el momento del secuestro sucedió tal y como José Morales explicó tanto en su denuncia ante la Guardia Civil, como los medios de comunicación.

Pasividad política

La recién nacida es fruto de un supuesto matrimonio forzado, que ha tenido lugar durante el secuestro. En concreto, la boda se celebró el 6 de marzo de 2017 en el barrio 4, del distrito de Hausa del campamento de Smara, donde se encuentra el domicilio de su presunto secuestrador, su hermano biológico Mohamed Lamin Takio Hamda, denunciado por José Morales por secuestrarla. Vive allí con su hermano Khaled y su madre Salka.

El padre de Maloma recuerda, por otra parte, que “Maloma nunca ha querido tener hijos. De hecho, una pelea que tuvo con su expareja fue porque ella no quería tenerlos y él, sí”. El Ayuntamiento de Sevilla ha sido una de las últimas instituciones en reclamar “la liberación y la repatriación de Maloma Morales”. Partido Popular, PSOE y Ciudadanos apoyaron una moción para exigirle al Gobierno y la Junta de Andalucía que “avancen en el proceso negociador y adopten las medidas necesarias para la liberación y repatriación de Maloma Morales de Matos”.

Aunque el Ministerio de Asuntos Exteriores siempre ha manifestado que sigue de cerca su caso y realiza las gestiones oportunas, la diputada socialista Zaida Cantera, que sigue el caso desde la Comisión de Exteriores del Congreso de los Diputados, asegura que “el problema sigue siendo el mismo: la pasividad del Gobierno y del Ministerio de Asuntos Exteriores”. Las familias de las secuestradas se han reunido con los grupos parlamentarios del Congreso y el Senado. Desde el Senado, el socialista Joan Lerma cree que “diplomáticamente, el Gobierno (español) puede hacer un esfuerzo mayor”.

Mientras tanto, el Gobierno saharaui es acusado por organizaciones como Human Rights Watch o la asociación 'La libertad es su derecho' de no tener “ni la capacidad ni la voluntad política para garantizar que esta mujer (Maloma) sea libre de elegir si quedarse o irse”. En el caso de La libertad es su derecho directamente tachan a los responsables políticos saharauis de “cómplices” de secuestro.

“Dramática situación”. Así califica el Ayuntamiento de Sevilla la historia de Maloma Morales que desde hace dos años está retenida contra su voluntad en el Sáhara. Un secuestro, reconocido así por Naciones Unidas y el Gobierno de España, contra el que se alza ahora la corporación municipal.

En un curioso cruce institucional, el Partido Popular sevillano (la agrupación a la que pertenece el ministro y exalcalde Juan Ignacio Zoido), junto con el PSOE (el partido gobernante en la ciudad) y Ciudadanos instan al Ministerio de Asuntos Exteriores (de signo popular) y la Junta de Andalucía (gobernada por los socialistas) a que “avancen en el proceso negociador y adopten las medidas necesarias para la liberación y repatriación de Maloma Morales de Matos”. Se quedan fuera de esta declaración institucional tanto Izquierda Unida como Participa Sevilla, la agrupación local ligada a Podemos.

Lejos de los términos tibios empleados por el Ministerio de Asuntos Exteriores para tratar este asunto humanitario enquistado desde hace dos años, el Ayuntamiento de Sevilla reclama la “inmediata liberación y vuelta a casa” de la ciudadana española Maloma Morales. Este diario ha tratado de recabar, sin éxito, la postura del Ministerio de Asuntos Exteriores.

La corporación local no se olvida del medio centenar de mujeres, que según la asociación 'La libertad es su derecho', permanecen retenidas contra su voluntad en los campamentos de Tindouf (Argelia), bajo el poder del Frente Polisario/República Árabe Saharaui Democrática (RASD), tras haber residido en España y que estaban vinculadas con el país, ya fuera con permiso de residencia, tutela o ciudadanía española.

En concreto, el Ayuntamiento de Sevilla pide que se respeten los derechos humanos de los casos denunciados en el Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas: Elkouria (Koria) Badbad, Darya Embarek, Nadjiba Mohamed y Hyeiba El Couri (también nacionalizada española). Además, el Consistorio “expresa su solidaridad” con las familias adoptivas o de acogida de las jóvenes y “secunda” la moción del Ayuntamiento de San Miguel de Salinas (Alicante) en el que se reivindicaba la libertad de Elkouria Badbad.

Sevilla se une así, tal y como recuerda la propia moción, a las declaraciones institucionales de otros ayuntamientos de la provincia, como San Juan de Aznalfarache, Almensilla o Mairena del Aljarafe, de donde es vecina Maloma Morales.

Morales había residido en el Alfarafe sevillano durante doce años hasta el momento de su secuestro. Acogida por una familia mairenera, obtuvo la nacionalidad española poco meses antes de partir a los campamentos de Tindouf para visitar a su familia biológica, junto con su padre adoptivo, José Morales. El 12 de diciembre de 2015, horas antes de dirigirse al aeropuerto, José vio como “entre varios familiares, la agarraron, golpearon y metieron a la fuerza en un coche”. La propia Maloma así lo corroboró en una entrevista en El País Semanal.

“Privada de su libertad”

Como subraya la moción, el padre adoptivo de Maloma “denunció ante las autoridades saharauis, españolas y argelinas esta retención ilegal y por la fuerza, razón por la cual el Ministerio de Asuntos Exteriores emprendió una ardua negociación para su liberación, que continúa hasta el día de hoy, ante el silencio del Frente Polisario y del movimiento solidario asociaciativo español, con las excepciones de dos asociaciones, una cordobesa y otra zaragozana, que se han posicionado abierta y públicamente en favor de la libertad de Maloma y su derecho a decidir su propia vida”.

En la moción se recuerda el calvario sufrido por Maloma, que ha incluido desde una boda forzada hasta un intento de suicidio, pasando una liberación frustrada en abril de 2015. La ciudadana española se encuentra “privada de su libertad y con sus derechos humanos conculcados, al estar incomunicada y aislada, sometida a tratos vejatorios y degradantes demostrables, como haber sido liberada en una intervención militar del Frente Polisario el 21 de abril de 2016 y entregada de nuevo a la familia biológica que la mantenía secuestrada”.

En declaraciones a este diario, José Morales manifestaba en el segundo aniversario del secuestro de su hija adoptiva que llevan “cinco meses sin poder hablar con mi hija. Su móvil no está operativo. Yo llamo al teléfono de su hermano diariamente, pero no lo cogen, descuelgan o lo apagan. Estamos muy preocupados por su salud y su seguridad. Por eso queremos hablar con ella. Cuando una persona hace eso (el intento de suicidio) es que no quiere estar allí”.

Aunque el Ministerio de Asuntos Exteriores siempre ha manifestado que sigue de cerca su caso y realiza las gestiones oportunas, la diputada socialista Zaida Cantera, que sigue el caso desde la Comisión de Exteriores del Congreso de los Diputados, asegura que “el problema sigue siendo el mismo: la pasividad del Gobierno y del Ministerio de Asuntos Exteriores”. Las familias de las secuestradas se han reunido con los grupos parlamentarios del Congreso y el Senado. Desde el Senado, el socialista Joan Lerma cree que “diplomáticamente, el Gobierno (español) puede hacer un esfuerzo mayor”.

Mientras tanto, el Frente Polisario es acusado por organizaciones como Human Rights Watch o La libertad es su derecho de no tener “ni la capacidad ni la voluntad política para garantizar que esta mujer (Maloma) sea libre de elegir si quedarse o irse”. En el caso de La libertad es su derecho directamente tachan a los responsables políticos saharauis de “cómplices” de secuestro.

La historia se ha contado muchas veces en los dos últimos años. Maloma Morales, ciudadana española de origen saharaui, fue a visitar a su familia biológica en los campamentos de refugiados saharauis en Tinduf (Argelia). Le acompañaba su padre adoptivo, José Morales, en cuyo hogar y el de Mari Carmen de Matos había estado acogida durante los últimos 12 años, hasta que ésta, siendo mayor de edad, solicitó la adopción y la nacionalidad española. Todo transcurría con normalidad hasta que, pocas horas antes de partir al aeropuerto, José oyó cómo su hija le pedía auxilio, según él mismo relata. “Entre varios familiares, la agarraron, golpearon y metieron a la fuerza en un coche”. Aquel 12 de diciembre de 2015, comenzó el secuestro de la ciudadana Maloma. Una retención ilegal, penada en España con hasta siete años de cárcel.

¿Está secuestrada Maloma Morales? El Gobierno español, la ONU y la propia Maloma, cuando ha gozado de un espacio de libertad, así lo confirman. El exministro de Exteriores, José Manuel García-Margallo, comparó su situación con la de los periodistas secuestrados en Libia (Antonio Pampliega, José Manuel López y Angel Sastre) en 2016. En declaraciones a este diario, manifestó su “compromiso de seguir trabajando mañana, tarde y noche” por su su liberación.

¿Qué gestiones está llevando a cabo el gobierno español para liberarla? El Ministerio de Asuntos Exteriores, consultado este lunes por eldiario.es/andalucía, asegura que, a lo largo de estos dos años, “se han hecho gestiones tanto con representantes del Frente Polisario en Madrid y Argel, como con otras autoridades a diversos niveles, como el secretario general de Naciones Unidas, para encontrar una solución al caso”.

En abril de este año, el Gobierno español le reconoció por escrito a su familia que la vecina de Mairena del Aljarafe estaba retenida contra su voluntad en el Sáhara. El gabinete de Mariano Rajoy le transmitió a su familia que “desde que el 12 de diciembre de 2015 la Señorita (sic) Morales no pudo regresar a España, el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación trabaja activamente para ejercer la asistencia y la protección consular a la que, como ciudadana española, tiene derecho”. No sólo confirmaban el secuestro, sino la activación de un dispositivo diplomático para asistirla.

Mientras tanto, la familia adoptiva desconoce si Maloma sigue en los campamentos y lamenta la “desinformación” a la que se encuentran sometidos desde que Alfonso Dastis tomó posesión de su cargo como Ministro de Asuntos Exteriores. Les preocupa mucho su salud. Beatriz Sánchez, activista del movimiento prosaharaui que acaba de visitar Smara y otros campamentos de refugiados saharauis, se hace eco de dicha inquietud: “Hemos preguntado allí por ella y nadie sabe nada. En otro campamentos, nos han contado que está muy vigilada, muy controlada y que lo está pasando fatal”.

Una joven saharaui que intentó visitarla este verano y que prefiere mantener el anonimato, por miedo a represalias, confirma la vigilancia extrema a la que ya entonces estaba sometida Maloma. “He intentado visitarla un par de veces (este verano), pero estaba rodeada de gente y, tras preguntarme de qué la conocía y para qué quería verla,no me permitieron verla”.

Gobierno: derecho a decidir “sin coacciones ni presiones”

El Ministerio de Asuntos Exteriores ha subrayado este lunes que el Gobierno español “siempre ha defendido el derecho de Maloma Morales, como mujer adulta, a adoptar libremente su decisión sobre su lugar de residencia, sin coacciones ni presiones de familiares, personas o instituciones”. La propia víctima ha manifestado en varias ocasiones que no se encuentra allí bajo su voluntad, que la secuestraron y que quiere regresar a España. Lo ha hecho en una sede de Naciones Unidas, en conversaciones con sus familiares y amigos a las que ha tenido acceso este diario, y ante un periodista de El País, que logró hablar con ella.“Es la misma historia que ha contado mi padre adoptivo. No lo desmiento”, afirmó Maloma Morales a Pablo Mediavilla, colaborador de El País Semanal, sobre su secuestro el 12 de diciembre de 2015.

El 25 de febrero, Maloma Morales mantuvo una conversación telefónica con sus padres adoptivos y varias amigas de Mairena. Vigilada por otra persona, a la que se oye en ocasiones, la joven Morales le transmitía a sus allegados sevillanos que deseaba volver a España. “Perfecto, me gusta eso”, respondía Maloma cuando sus amigas le contaban que le tenían preparado un plan de vacaciones para este verano. O cuando Maloma le preguntaba por una familiar que estaba a punto de tener a su bebé.

-Maloma: “¿Qué tal Elenita?”

-Mari Carmen: “Muy bien, echándote de menos y diciendo: ”voy a tener la niña y no vamos a estar allí en el hospital“”.

-Maloma: “Esperemos que no…”.

-Mari Carmen: “Esperemos, esperemos… Tú sabes que la otra vez estuvimos allí todas juntas y (esta vez) tenemos que estar también juntas”.

-Maloma: “Sí… es lo que intentamos”.

Meses antes, el 28 de julio de 2016 ya lo había dejado claro ante un diplomático español, Gerardo Fernández-Gavilanes, en una sede de la ONU en Rabuni (Argelia): “Quiero volver a España”. Sin embargo, cada información sobre su secuestro se ha visto enturbiada por vídeos en su mayoría enviados desde el entorno de los secuestradores, en los que Maloma declaraba lo contrario. Los expertos en secuestros consultados por este diario restan credibilidad a este tipo de manifestaciones, ya que entienden que se han realizado bajo la coacción propia de un secuestro: no transmite sus deseos, sino los de secuestradores.

A lo largo de este tiempo, Maloma ha sufrido desde una falsa liberación, hasta una supuesta boda forzada, pasando por un intento de suicidio. Aunque sus padres adoptivos le enviaron su móvil, éste no se encuentra operativo y la joven andaluza permanece incomunicada. José Morales, su padre adoptivo, asegura que llevan “cinco meses sin poder hablar con mi hija. Su móvil no está operativo. Yo llamo al teléfono de su hermano diariamente, pero no lo cogen, descuelgan o lo apagan. Estamos muy preocupados por su salud y su seguridad. Por eso queremos hablar con ella. Cuando una persona hace eso (el intento de suicidio) es que no quiere estar allí”. Aunque dicho suicidio también se puso en tela de juicio, este diario ha podido verificarlo a través de varias fuentes.

En su lucha por traerla de vuelta, la familia española de Maloma Morales ha encontrado varios aliados: otras familias en situaciones similares (hay más de 50 mujeres privadas de libertad, según el colectivo 'La libertad es su derecho'), organizaciones internacionales como Human Rights Watch, el exsecretario general de Naciones Unidas, Ban Ki Moon, o políticos de diverso signo.

Pasividad del Gobierno

Zaida Cantera, diputada socialista, que ha seguido el caso muy de cerca y forma parte de la Comisión de Exteriores del Congreso de los Diputados, subraya que “el problema sigue siendo el mismo: la pasividad del Gobierno y del Ministerio de Asuntos Exteriores”.

La comisión de Exteriores se reunió hace un año con la familia de Maloma y otras mujeres retenidas en el Sáhara, como Darya Embarek, Nadjiba Mohamed y Koria Badbad. Todas ellas chicas jóvenes, mayores de edad, y con permiso de residencia en España, tras años de acogida en familias españolas. Fueron recibidas por diputados del PP, PSOE, Esquerra, Unidos Podemos, PNV, Nueva Canarias y Compromís. Izquierda Unida promovió una Proposición no de ley para que la Cámara Baja apoyara a estas mujeres retenidas contra su voluntad en los campamentos del Frente Polisario. Sin embargo, la Comisión Ejecutiva Federal de Izquierda Unida dio orden de paralizarla, dados los vínculos históricos del partido con la causa saharaui.

Las familias también se han reunido recientemente con representantes del Senado, como el presidente de la Cámara Alta, Pío García Escudero (PP), o Joan Lerma (PSOE). Lerma le ha asegurado a este diario que “parece imposible” que una ciudadana española pueda estar dos años secuestrada en el extranjero, cree que el Senado puede ayudar a que su caso “tenga más repercusión pública” y piensa que “diplomáticamente, el Gobierno puede hacer un esfuerzo mayor” por liberarla.

Según Elisa Pavón, portavoz de La libertad es su derecho, el colectivo que defiende a Maloma y el resto de mujeres retenidas, ese esfuerzo se puede hacer de dos maneras. “Pedimos dos medidas. Que se corten todos los fondos de cooperación y cualquier tipo de apoyo político, institucional y económico al Frente Polisario. También solicitamos que se expulse a los delegados saharauis hasta que las chicas no regresen. Los consideramos cómplices del secuestro de las cinco mujeres, especialmente del de Maloma”.

Frente Polisario: “es un tema entre familias”

El delegado del Frente Polisario en Andalucía, Mohamed Zrug, insiste en que es un “tema entre familias”, una versión que hasta ahora ha mantenido tanto el gobierno saharaui como parte del movimiento prosaharaui: “es un tema entre familias y se ha hecho lo máximo posible para facilitar ese contacto”. El impacto mediático del caso ha supuesto duros enfrentamientos dentro del movimiento solidario del pueblo saharaui. La asociación cordobesa, en mayo de 2016, rebatió que se tratara de un asunto entre familias, afirmando que se trata de “una clara violación de los Derechos Humanos” y denunciando “el silencio cómplice” de la Federación Andaluza (Fandas) con este “secuestro atroz”.

Aseguraban que “en ningún caso pueden ser catalogados como ”temas familiares“ o ”casos puntuales“. ”Nos resultan inaceptables las declaraciones del (ex)delegado del Frente Polisario en Andalucía“, Abidin Bucharaya, quien precisamente le declaró a eldiario.es/andalucía en su momento que el caso Maloma era una ”guerra entre familias“. El presidente de la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla, Fernando Peraita, se manifestó en términos idénticos en Canal Sur este verano, vinculando además la liberación de Maloma con el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui. ”La solución del problema es que los saharauis recuperen su libertad“, señalaba.

Elisa Pavón: “Está pasando un calvario infernal”

Organizaciones internacionales pro derechos humanos como Human Rights Watch (HRW) creen lo contrario: sí se trata de una violación de derechos humanos. Hace un año, con motivo de su primer año de secuestro, HRW criticó al Frente Polisario, porque aunque “ha asegurado reiteradamente que está trabajando para resolver el problema, hasta ahora no ha tenido ni la capacidad, ni la voluntad política para garantizar que esta mujer sea libre de elegir si quedarse o irse”.

Elisa Pavón concluye que “cuando una mujer está tan desesperada, hasta el punto de quererse quitar la vida, es porque su calvario debe ser infernal”.

Unas 2.000 personas han recorrido esta tarde las calles de Mairena del Alrajafe (Sevilla) para pedir que sea liberada Maloma Morales, la vecina de la localidad de nacionalidad española y origen saharaui cuyo secuestro denunció su familia adoptiva el 12 de diciembre de 2015, por parte, presuntamente, de su familia biológica.

Convocados por las siete asociaciones de vecinos de la localidad sevillana, los manifestantes han reclamado una intervención “decidida y contundente” del Frente Polisario y del Gobierno español “para poner fin al secuestro de nuestra hija y se le garantice a Maloma una declaración libre en suelo español para que pueda ejercer sus derechos plenamente”, como señalaba la convocatoria de la movilización.

Una movilización que, además, ha mostrado la solidaridad con la lucha de las otras familias españolas, “que luchan por la libertad y el respeto a los Derechos Humanos de sus hijas de acogida, retenidas contra su voluntad en los campamentos saharauis de Tinduf, en Argelia”.

Tras casi hora y media de recorrido, el padre adoptivo de la joven, José Morales, ha agradecido a los presentes que la hayan apoyado, lamentando que “no podéis ni imaginar lo que se sufre en estas situaciones, la soledad inmensa que sentimos cuando nos paramos a pensar cómo estarán nuestras hijas, qué pensarán, o qué sentirán”.

Un caso en el que “nos invade la impotencia, la rabia y, sobre todo, la incredulidad., porque hemos pasado muchos años vinculados al Sahara, solidarios con su causa y con su pueblo”, recordando que Maloma llegó a España dentro de los programas Vacaciones en Paz, que tienen lugar en verano desde 1996 para acoger a niños saharauis durante los meses de verano por parte de familias españolas“.

Sin embargo, tras llevar varios años en Mairena del Aljarafe, tener nacionalidad española y querer comenzar a estudiar para ser Policía Nacional, “ahora nos dicen que las retuvimos nosotros aquí, que les lavamos la cabeza, que las hemos convertido en personas indignas, nos llaman infieles y traidores”.

“Sus familias biológicas nunca las reclamaron, tampoco pusieron denuncia cuando fueron menores, ni siquiera hubo el más mínimo reproche. Nunca. Pero cuando ya son adultas, las necesitan para casarlas y que tengan hijos, y se adueñan de sus vidas sin importarles lo que ellas quieren, lo que sueñan, lo que desean”, ha dicho.

La movilización de este miércoles forma parte de las que se vienen organizando desde que fue secuestrado el secuestro de la joven, para la que se pide que pueda acudir a suelo español y expresar libremente si quiere quedarse en España o en el Sahara, tras incluso casarse el pasado mes de marzo, un matrimonio al que su familia de Mairena del Aljarafe ha restado credibilidad.

“Niegan que nuestras hijas estén secuestradas y retenidas contra su voluntad en los campamentos saharauis de Tinduf, pero Maloma y Koria fueron secuestradas por sus familias biológicas, y a Darya y Nadjiba les han confiscado su documentación”. Con estas palabras ha iniciado este lunes José Morales, el padre de Maloma, la española secuestrada por su familia biológica en el Sahara en diciembre de 2015, la lectura de un comunicado que ha puesto el epílogo a la concentración celebrada en la playa de Matalascañas para pedir “la libertad de todas las Malomas”.

Ha sido una acción reivindicativa en forma de cadena humana convocada por las familias adoptivas y de acogida de Maloma Morales de Matos, Koria Badbad Hafed, Darya Embarek Selma y Nadjiba Mohamed Belkacem, una parte de las 50 mujeres aproximadamente retenidas, según sus familias, contra su voluntad en los territorios de su origen, a pesar de haber expresado su voluntad de vivir libremente en España.

En el caso de Maloma se trata, además, de una mujer con nacionalidad española. Es, actualmente, el único caso de secuestro denunciado de una española en el extranjero.

Con unas 500 personas que han formado la cadena humana, la acción se ha iniciado a las 20:00 horas en el paseo marítimo de la playa onubense, con la participación de personas de toda España que pasan sus días veraniegos en esta zona del litoral andaluz, que han querido, sin conocerlas en persona en muchos casos, mostrar su apoyo a las familias de las chicas.

Un acto que, según José Morales -dando voz a todas las familias-, “pretende incidir en la situación de estas cuatro jóvenes de origen saharaui secuestradas y retenidas contra su voluntad por sus familias biológicas en los campamentos saharauis de Tinduf, en Argelia”. No tienen libertad, no tienen derechos, están allí por la fuerza, por decisión unilateral de padres y hermanos, que defienden que las mujeres son de su propiedad“, explica el manifiesto firmado por los afectados por estos casos de retención de personas o incautación ilegal de documentación.

“Basta ya. Es una violación de los derechos humanos”

Las familias han gritado “basta”, porque “privar a mujeres mayores de edad de su libertad es una violación de derechos humanos que no se puede permitir que se siga negando, ocultando y justificando”, lamentando que “el Frente Polisario es incapaz de imponer su autoridad para hacer cumplir sus propias leyes y la legislación internacional de derechos humanos”, pero “la causa política no puede ni debe seguir amparando actitudes de familias saharauis que secuestran y retienen a mujeres adultas impunemente”.

“Maloma ha cumplido 20 meses secuestrada y nadie hace nada. Toda España sabe ”'dónde está Juana', escondida en la casa de muchos ciudadanos... pero, ¿quién sabe dónde están Maloma, Darya, Koria y Nadyiba?“, ha expresado Morales, concretando que ”con esta cadena humana recordamos que la unión hace la fuerza, y que juntos, unidos y comprometidos, reivindicamos la libertad y los derechos de las mujeres retenidas contra su voluntad en los campamentos saharauis de Tinduf, sin excusas“.

En una nueva alusión a los responsables políticos de los campamentos, Morales ha dicho que desde el Frente Polisario “constantemente reclama para el pueblo saharaui la libertad, pero no se le reconoce a muchas mujeres jóvenes que han vivido más de una década en España. Siendo menores nadie les preguntó, y ahora, siendo adultas, tampoco”.

Ante el grupo de personas que han participado en la cadena humana y muchos bañistas que se han sumado a la lectura del manifiesto, los convocantes han lamentado que a las mujeres retenidas “se les impone una vida sometidas, obligadas, relegadas a los hombres de la familia, sin opciones. No hay derecho a que lo nieguen para proteger una causa política”.

Por eso, reclaman al Frente Polisario que traslade a las cuatro a la embajada española en Argel, para que expresen libremente “dónde y cómo quieren vivir sus propias vidas, sin coacciones, sin presiones, pero con seguridad y garantía de que podrán llevar a cabo su decisión, sea cual sea”, explica Morales, que acusa al Polisario y al Gobierno español de fallarles, y a este último le exige “que aparque ya el diálogo de negociación y pase a la acción. Que se expulse a los delegados del Frente Polisario en España, que vuelvan a los campamentos a vivir tan libres como nuestras hijas”.

Por último, un llamamiento a las jóvenes: “Que el miedo no las venza, ni les haga perder la esperanza. Esta cadena humana también es para recordarles a ellas que no están solas y que no pararemos hasta lograr su libertad”.

Estimados amigos,

Hoy se cumple un año desde que Maloma declaró en la sede del ACNUR en los campamentos saharauis de Tinduf (Argelia) que su deseo era “volver a España”. Lo hizo a solas con el ministro consejero de Política de la Embajada de España en Argel, Gerardo Fernández-Gavilanes. Cinco minutos de conversación a solas, aunque en la puerta esperaban los familiares y miembros de la tribu de Maloma, que nunca han respetado la decisión de mi hija, ni han permitido que ejerza su derecho a llevar a cabo su decisión. Ella lleva ya más de 19 meses secuestrada.

Contamos los días desde que Maloma fue secuestrada por su hermano mayor, Mohamed Lamine Takio Hamda, el pasado 12 de diciembre de 2015 y ya suman 594 días de secuestro mientras nuestro Gobierno continúa “negociando” no sabemos qué ni cómo. El año pasado, teníamos un estrecho contacto con los altos cargos del Ministerio de Asuntos Exteriores, tanto en España con el Director General de Asuntos Consulares, Cristóbal Valdés, el Secretario de Estado, Ignacio Ybáñez, y hasta con el propio el ministro, José Manuel García-Margallo, como en Argelia, a través del Cónsul, Cristian Font. Doce meses después, ninguno permanece en su cargo.

El nuevo ministro, Alfonso Dastis, ha cambiado a todos a un nuevo destino y los sustitutos, incluido él, mantienen las distancias con nosotros, aun siendo como somos la familia de la única mujer española secuestrada actualmente en el Exterior. Sólo la nueva Directora General de Asuntos Consulares, María Victoria González, nos ha recibido una vez en un encuentro en el que, como siempre, no se nos facilitó información respecto a dicha negociación.

En pocos días todos se irán a disfrutar de sus vacaciones. Me siento impotente y desasistido, porque no tengo contacto directo con ningún miembro del Ministerio de Asuntos Exteriores y, si algo ocurriera con Maloma en el transcurso del mes de agosto, no tengo forma de informar a las autoridades. Es algo absolutamente incomprensible… Hace meses que planteamos al Gobierno que gestionara un encuentro en el aeropuerto de Tinduf con Maloma, en el que estuviéramos presentes las dos familias, representantes del Frente Polisario, de la Embajada española y del ACNUR, para que ella pudiera tomar una decisión a solas, con su pasaporte, un pasaje aéreo y un avión esperando. Maloma debe no sólo decidir, sino poder ejercer su derecho a llevar a cabo su decisión, sea cual sea, con total garantía. También hemos solicitado que esta oportunidad se les brinde también a Darya, Nadjiba y Koria, que son otras tres jóvenes que están denunciando su retención contra su voluntad y su deseo de regresar a España. Ni siquiera sabemos si están gestionando algo en esta dirección.

En definitiva, hoy os escribo para denunciar que el Gobierno nos tiene desasistidos, no sólo desde el Ministerio de Exteriores, sino el propio presidente Rajoy, a quien escribimos una carta el pasado 26 de junio y ni siquiera ha acusado recibo de la misma. Esta semana todos los partidos políticos han firmado por unanimidad un Pacto de Estado contra la Violencia contra la Mujer, al amparo del Convenio de Estambul del Consejo de Europa, que define la violencia contra la mujer como “aquella que implique daños o sufrimientos de naturaleza física, sexual, psicológica o económica a una mujer” y reconoce la violencia contra la mujer como “una violación de los Derechos Humanos y una forma extrema de discriminación”. ¿Por qué ningún partido ha mencionado siquiera el secuestro de Maloma? ¿Qué tiene que pasarle para que España se fije en su situación y actúe?

Maloma acaba de cumplir 24 años. Sigue incomunicada, porque no le permiten utilizar el teléfono que le enviamos y siempre hay que insistir durante semanas para que su hermano atienda nuestra llamada y le permita hablar. Para verla, también hay que pedir autorización a la familia. Hasta el cónsul tiene que esperar semanas cuando ha ido a verla, porque tienen que facilitarle “visado” para entrar en los campamentos. Una persona que está sometida a ese trato vejatorio, vigilada y sometida a las decisiones de su hermano, no es libre. Maloma no es libre y nadie está haciendo nada por ayudarla, ni a ella como española ni a otro medio centenar más que vivien en nuestro país y están retenidas impunemente en los campamentos saharauis de Tinduf.

Os pido por favor que no la olvidéis.

Muchas gracias por vuestra atención y apoyo,

Pepe Morales es el padre adoptivo de Maloma Morales

Nervioso, extremadamente delgado y con cierta dificultad para comunicarse. Azman Mohamed ha sobrevivido a una retención ilegal en mitad del desierto. Así lo denunció el pasado 17 de octubre. Cuatro días después de Navidad, mandó un nuevo mensaje de auxilio, asegurando que se encontraba bajo un férrea vigilancia. Su familia biológica, a la que había ido a visitar en verano, le había confiscado dos meses antes su pasaporte español y no podía salir de los campamentos de refugiados saharauis de Tinduf (Argelia).

A sus 25 años, este ciudadano español, de origen saharaui y residente de la provincia de Sevilla, ha sufrido en sus propias carnes un delito penado en España con hasta siete años de cárcel. No es un caso aislado, sino tan habitual, que las familias que acogen a jóvenes saharauis en España, contabilizan hasta medio centenar de casos. El propio Azman recuerda que “ni el Corán, ni la religión, ni las leyes permiten que te requisen tu documentación. A una persona mayor de edad no puedes retenerla: va contra la religión y las leyes”.

Azman pudo regresar a España el pasado viernes. Lo hizo tras 7 meses de retención ilegal. Ahora trata de reponer fuerzas en el chalet de Sanlúcar la Mayor en el que vive con sus padres de acogida, a base de largas siestas, pucheros y carrillada. Cuando pisa la calle, los vecinos de la localidad sevillana lo paran a cada paso para preguntarle por su estado de salud y darle la bienvenida. Se siente abrumado. Desconocía las dimensiones de un caso con una enorme repercusión mediática y que ha venido a confirmar que el de Maloma no es un caso aislado.

Azman ha regresado por fin al lugar en el que ha vivido durante los últimos 14 años. Según su familia de acogida, se muestra especialmente cariñoso y, al contrario que en otros casos de mujeres y hombres retenidos en el Sáhara, ha accedido a hablar sobre lo ocurrido con un medio de comunicación. Lo normal, en estos casos, es que impere el silencio, el miedo y, en el caso de que hablen, lo hacen desde el anonimato.

El joven reconoce que lo denunciado por su familia española es cierto y que el 17 de octubre sus familiares biológicos “me retuvieron y me quitaron los papeles”, cuando se dirigía a Tinduf para regresar a España. “Yo tenía el vuelo comprado y tenía idea de volver”, subraya. Asegura que su familia biológica lo sacó del coche a la fuerza, corroborando así la denuncia interpuesta por su familia de acogida. Es consciente de que han cometido contra él “un delito, que está castigado con cárcel”.

“Mi deseo era volver a España”

Admite que los meses en el desierto “no han sido fáciles” y que ha llorado mucho. Se debate entre su situación de víctima y el hecho de que los victimarios hayan sido sus propios familiares, a los que trata de comprender y hasta justificar. Según el sanluqueño, lo que pretendía su familia era que él conociera “su cultura, su nivel de vida, lo que les gusta y lo que no les gusta. Son gente que no tiene estudios, que están mucho más atrasados que nosotros. ¿Cómo lo iban a hacer? Lo que tenían en sus manos era (confiscarme) los papeles”. Él insiste, eso sí, en que siempre manifestó que “mi deseo era volver a España y yo decía con mucho orgullo que quería volverme, porque tenía mi vida aquí”.

Cuando su familia lo retuvo ilegalmente, Azman huyó de la casa familiar, situada en la wilaya de El Aaiun, y se marchó a la de Smara, donde ha estado “viviendo y trabajando en la tienda de un amigo. Me fui de casa, porque cuando no estás cómodo en un sitio, intentas buscarte otro”.

Vigilado, maltratado y humillado

Más de dos meses después de la retención, el 29 de diciembre, Azman se comunicó con uno de sus hermanos de acogida a través de un audio de Whatsapp. En él aseguraba que se sentía vigilado, maltratado psicológicamente y humillado. “Aquí está todo el mundo en (mi) contra. Estoy malísimo, he perdido no sé cuántos kilos. No puedo comer nada, porque todo me sienta fatal (…). Me están haciendo la vida imposible. Antes que estar aquí, prefiero estar muerto”, se lamentaba.

Ahora, se contradice a sí mismo y afirma que en los campamentos, donde “tenemos comodidades, corriente eléctrica y la tecnología ha avanzado muchísimo”, “se vive verdaderamente bien, pero te cuesta mucho acostumbrarte a su cultura y estilo de vida”.

La religión y la desigualdad entre hombres y mujeres han sido dos de los aspectos que más han llamado su atención. De hecho, Azman menciona la religión en varias ocasiones durante la conversación, subrayando que es lo que marca los tiempos y el estilo de vida del desierto. “La religión está antes que nada”, remarca. Azman admite que en España no había ido “ni una vez a la mezquita, porque me consideraba (creyente), pero no lo puse en práctica hasta que llegué allí”.

Cuando Azman partió al Sáhara, Maloma Morales llevaba más de ocho meses secuestrada por su familia biológica. Reconoce que estaba al corriente del problema de las retenciones ilegales, pero que “no se me pasó por la mente” que le pudiera ocurrir lo mismo. Cuando su familia le confiscó su documentación impidiéndole así regresar a España, algunos empezaron a llamarlo Malomo. “Allí me llamaban el Malomo. Lo hacían pocas personas y al principio me dolía, pero luego me dio igual”, afirma. Había tres aspectos que lo asemejaban a Maloma: era un ciudadano español, procedía de la provincia de Sevilla y se encontraba retenido contra su voluntad por su familia biológica. Azman veía a Maloma “de lejos y se me antojaba hablar con ella, pero no lo hice, porque culturalmente no está bien visto que un hombre se acerque a hablar con una mujer”.

Durante su retención, afirma que miembros del gobierno saharaui se entrevistaron con él y le trasmitieron “tranquilidad”, pero que el gobierno español “no se ha puesto en contacto conmigo” en ningún momento. A nivel oficial, sólo recibió la visita de la eurodiputada de Izquierda Unida, Marina Albiol, pero “no recuerdo la conversación” que mantuvo con ella. Según su familia de acogida, el Frente Polisario les pidió silencio y que no interpusieran denuncias.

“Ahora no sé lo que voy a hacer con mi vida”

Antes de su retención, Azman trabajaba de camarero en un restaurante sanluqueño. De momento, no se ha planteado volver a su empleo anterior. “Ahora no sé lo que voy a hacer con mi vida. Me han salido muchos proyectos en el Sáhara y en Argelia, pero lo que quiero es tomarme un tiempo de respiro con mi familia. Después de todo este tiempo, quiero disfrutar de ratos con mi madre de aquí”, desgrana. Asegura que ni se le “ha pasado por la cabeza” emprender acciones legales contra su familia biológica, y que por él “se quitaba (la denuncia interpuesta por su secuestro), porque yo ya estoy aquí”.

El joven celebra ahora su regreso sumido en un cierto estado de shock. “Me parece mentira que esté otra vez aquí. Cuando me encuentro a la gente, me cuesta mucho entablar conversaciones. Llegué por sorpresa a Sevilla y mis amigos estaban esperándome, no sé cómo se enteraron. Me llevó tres o cuatro horas poder entrar en mi casa. Estoy muy contento con todo y en shock, ya que aún me cuesta asimilar que estoy por aquí. El reencuentro ha sido impresionante”, concluye.

El Gobierno central ha comunicado este martes a la familia de Maloma Morales -la española de origen saharaui secuestrada según su familia adoptiva en el Sahara hace 17 meses por su familia biológica- que le hará entrega de su pasaporte custodiado en el consulado de España en Argel.

Así se lo ha comunicado este martes en una reunión la Directora General de Españoles en el Exterior y Asuntos Consulares, María Victoria González, a los padres adoptivos de Maloma, José Morales y Mari Carmen de Matos, con los que se ha reunido a petición de estos.

Morales ha dicho a Efe que González “nos ha mostrado su interés en el caso de Maloma, que ha definido como prioritario y lo considera que un paso fundamental e indispensable”. No obstante, “le hemos explicado que, partiendo de la base común de que carece de libertad y de capacidad de libre decisión, Maloma no puede ejercer su derecho de viajar cuando quiera, tenga o no pasaporte”.

Por ello, los padres le han insistido en que “lo fundamental es resolver su secuestro, que está denunciado y reconocido, pero no resuelto”, para añadir que “no creemos que sea una buena idea entregarle un pasaporte para que se lo quiten, pero le hemos transmitido nuestras inquietudes, que la Directora General ha recogido con interés.

Morales ha informado a la representante del Gobierno central de que su familia en Sevilla va a responder a su deseo de que tenga su teléfono móvil, que se le va a hacer llegar desde Mairena del Aljarafe, ya que su padre se quedó con él, junto a su bolso, cuando, según explica, fue secuestrada en diciembre de 2015 a punto de tomar el vuelo de vuelta camino de España tras una visita a su familia biológica en los campamentos de refugiados del Sahara en el sur de Argelia.

La joven comenzó a tener contacto con Sevilla a los 7 años de edad mediante los programas de vacaciones para niños saharauis y a partir de los 12 años fue recibida en acogida con el consentimiento de la familia biológica. Al cumplir los 18 decidió quedarse en España. Y pidió a los Morales que la adoptasen.

Sin embargo, el 5 de diciembre de 2015 acudieron al Sahara a ver a su familia biológica y el padre de acogida regresó a Mairena del Aljarafe sin ella ante la negativa de sus familiares de dejarla en libertad.

La joven estudiaba bachillerato para comenzar a opositar a la Policía y el padre siempre ha defendido que su integración en la sociedad española “es total”.

José Morales ha comunicado en la misma reunión que el próximo lunes 22 de mayo familias adoptivas y de acogida de jóvenes españolas y de origen saharaui, residentes en España retenidas en el Sahara, como Nadjiba Mohamed Belkacem (Rociana del Condado-Huelva), Koria Badbad Hafed (San Miguel de Salinas-Alicante) y Darya Embarek Selmahan (María Jiménez-Tenerife), se concentrarán en Madrid para pedir su liberación, en algunos casos sin haber tenido la posibilidad en varios años de regresar a sus casas.

Con lo puesto, una mochila y su pasaporte español. Así ha regresado Azman Mohamed a España tras siete meses de retención ilegal en los campamentos de refugiados saharauis de Tinduf (Argelia) a manos de su familia biológica. El ciudadano español de origen saharaui ha llegado a Sanlúcar la Mayor (Sevilla) esta tarde y ha sido recibido por su familia de acogida.

Carmen Moreno Morales, su hermana de acogida, le ha comunicado a eldiario.es Andalucía que Azman se encuentra demacrado pero “muy feliz y agradecido por todo lo que se ha hecho”. Carmen asegura que “no nos lo podemos creer, estamos en shock y en un momento de felicidad extrema. Estamos muy agradecidos a todos”.

La hermana de acogida, que denunció su secuestro hace un mes en la Subdelegación del Gobierno y ha sido la portavoz de la familia, asegura que seguirá apoyando a aquellas familias de hombres y mujeres retenidos contra su voluntad en los campamentos saharauis y que, según datos no oficiales ofrecidas por las familias de acogida españolas, es de al menos un centenar de personas, principalmente mujeres.

Azman se convertía hace un mes en el segundo español de origen saharaui privado de libertad en los campamentos saharauis de Tinduf, al igual que Maloma Morales de Matos, que lleva secuestrada por su familia biológica desde diciembre de 2015, como siguen denunciando sus padres adoptivos y el Gobierno de España ha reconocido por escrito.

En la denuncia se aportaba la transcripción de un audio en el que Azman asegura que no pudo llegar al aeropuerto para regresar a España, porque “mi padre, mi madre y mi tío me agarraron para sacarme del coche. Lo han conseguido y me han quitado la mochila con el pasaporte”.

En un audio de Whatsapp enviado por Azman a su familia el 29 de diciembre, al que tuvo acceso este diario, el joven de 25 años asegura que la situación “me tiene machacado, humillado, como si fuera un niño de seis años. Todo el día vigilado, que si me muevo o no me muevo. Es una situación que no se la deseo a nadie”.

“Que tu propia familia te haga estas cosas”

Por aquel entonces, Azman se lamentaba de llevar “cuatro meses aquí metido, pero no puedo hacer nada. Me están haciendo la vida imposible. Antes prefiero estar muerto. Todo el mundo te humilla. Hay que hacer algo, esto no puede ser... que tu propia familia te haga estas cosas”.

Al igual que en el caso de Maloma y otras mujeres secuestradas, las autoridades saharauis le exigieron silencio a la familia, mientras supuestamente resolvían la retención ilegal. La denuncia de la familia de acogida de Azman apuntaba a al delegado del Frente Polisario en Andalucía, Abidin Bucharaya, que conocía el caso desde el primer momento y habló de “un conflicto familiar”, según la denuncia, para definir un delito, que en España está penado con hasta siete años de cárcel, como “un conflicto familiar”.

El español de origen saharaui lleva 14 años viviendo en Sanlúcar la Mayor (Sevilla) con una familia de acogida y ha podido obtener la nacionalidad española tras haber acumulado varios permisos de residencia. Tenía 11 años cuando se quedó en España para estudiar. Así lo solicitó su familia biológica, que “firmó anualmente un documento de cesión de tutela del menor a favor de la familia de acogida”, tal y como ha verificado este diario. El sanluqueño visitaba con cierta regularidad a su familia, que vive en la wilaya de El Aaiun, una de las provincias en las que se dividen los campamentos de refugiados saharauis.

No son casos aislados

Maloma Morales, Nahjiba Mohamed y Koria Badbad permanecen retenidas contra su voluntad en el Sáhara, como confirma la ONU. Según datos no oficiales, hay medio centenar de mujeres que, a pesar de tener permiso de residencia en España, han sido retenidas ilegalmente en el Sáhara cuando visitaban a sus familias biológicas.

Tanto Naciones Unidas como Human Rights Watch se han hecho eco de estos casos. Varias familias han presentado una denuncia ante el Alto Comisionado de Derechos Humanos de Ginebra contra el Frente Polisario y Argelia, país donde se ubican los campamentos de refugiados saharauis, ante la inacción ante estos delitos.

“Tengo que hacer las cosas así. Otra manera no tengo”. Es, quizá, la frase más llamativa que se puede extraer de una de las conversaciones que Maloma Morales, la joven española de origen saharaui cuyo secuestro por su familia biológica fue denunciado en diciembre de 2015, tuvo con su madre hace unos días, y que pudo ser escuchado este jueves en una rueda de prensa.

Hartos de esperar que su hija vuelva a casa y de que ella responda con monosílabos cuando le preguntan sobre su situación en los campamentos de refugiados en el desierto, José Morales y Carmen de Matos, los padres sevillanos de la joven, comparecieron en el Ayuntamiento de su localidad, Mairena del Aljarafe (Sevilla), para pedir al Gobierno central una “acción contundente” para la liberación de su hija.

Sin que ningún representante político del Ayuntamiento les acompañase, aparte de otras cuestiones puestas sobre la mesa, ambos dieron a conocer las grabaciones de varias conversaciones entre ellos y Maloma, y en uno de ellos en concreto se la escucha decirle a sus padres que si no puede dar explicaciones sobre su secuestro o no les invitó a su boda fue porque “tengo que hacer las cosas así. Otra manera no tengo”, mientras que cuando le pregunta si quiere volver a España, ella responde: “Quiera o no quiera, ese es otro tema”.

La secuencia de algunas de esas conversaciones es la siguiente:

Padre: “¿Es normal que no avisaras de la boda?”

Maloma: “No es un tema simple, ni sencillo...”.

Padre: “Pero cuando me casé, quería tener a mi padre y mi madre al lado. Es que es absurdo”.

Madre: “Es que nosotros ya no somos sus padres. Nos ha dolido mucho lo que has hecho”.

Maloma: “No empieces tú ahora. Tengo que hacer las cosas así. Otra manera no tengo”.

Padre: “Vale, entendido”.

Padre: “¿Quieres volver?

Maloma: “Quiera o no quiera ese es otro tema. No estoy secuestrada, y el día que me quiera pues me voy a ir”.

Madre: “Eso es mentira, tú estás secuestrada. Y déjame hablar, porque ya me da igual lo que sea. Maloma, tú no sales sola, no tienes móvil, te han obligado a casarte... Tú estás secuestrada”.

Padre: “Te lo voy a repetir otra vez...”.

Maloma: “Ahora mismo no”.

Padre: “Vale, entendido”.

Son muchos los mensajes que sus padres han querido lanzar en esa convocatoria de prensa, aunque sobre todo, Morales asegura no entender “como es posible que mi hija lleve 17 meses secuestrada y que haya casos en los que se tarda una semana y en este ha fracasado el Gobierno”. Lo dijo en referencia a María Jimena Rico, la joven de Torrox (Málaga) que estuvo desaparecida en Turquía junto a su novia egipcia, Shaza Ismail. “Es increíble que en un país como ese se haya actuado tan eficientemente y no se sea capaz de intervenir en un lugar que ni siquiera es una nación”.

“Quiero saber qué van a hacer, lo exijo, y hace siete meses que le tengo pedida una reunión al ministro Dastis y no me atiende, porque quiero saber qué fuerza tiene el Frente Polisario para que España actúe en cualquier parte del mundo y no en el Sahara”, asegurando que “el Frente Polisario tardó 15 días en dar un permiso al cónsul en Argel, la máxima autoridad tras el embajador, para que le pudiese entregar un teléfono a Maloma”.

Con todo, hay muchas cosas que no le cuadran a la familia, que lamenta, entre otras cosas, que no haya dirigentes políticos en España, “en ninguna administración”, que se hayan mostrado abiertamente dispuestos “a liberar a una ciudadana española secuestrada”.

Y es que, mientras los padres de Morales hablaban ante la prensa de su hija secuestrada, el Grupo Socialista en el Senado se comprometía a trabajar en una serie de reivindicaciones que le hicieron llegar representantes del pueblo saharaui. Indigna especialmente a los Morales que se vaya a trabajar para “sacar adelante programas de Igualdad de género”, cuando “una mujer española está secuestrada, sin que a nadie le importe su derecho a la igualdad, y sin que nadie mueva un dedo por ella”.

Concentración nacional

La rueda de prensa de este jueves forma parte de una serie de acciones llevadas a cabo por las familias de adopción y de acogida de jóvenes españoles y de origen saharaui residentes en España retenidos en el Sahara, que el lunes día 22 de mayo se concentrarán en Madrid para pedir su liberación, en algunos casos sin haber tenido la posibilidad en varios años de regresar a sus casas.

La concentración ha sido organizada por la plataforma 'La Libertad es su derecho', que a nivel nacional defiende los intereses de familias que han denunciado en los últimos años que los jóvenes que convivían con ellos de forma estable han sido retenidos por sus familias biológicas cuando han ido a visitarles al Sahara, sin que les hayan permitido regresar.

El objeto de la concentración, según el escrito remitido a la Delegación del Gobierno en Madrid, que ya la ha autorizado, es “reivindicar la libertad y los derechos de dos ciudadanos españoles de origen saharaui y de casi medio centenar de residentes en nuestro país que actualmente se encuentran retenidos contra su voluntad por sus familias biológicas en los campamentos saharauis de Tinduf, en Argelia, privados de su libertad y sus derechos”.

El mismo escrito critica “la inacción de las autoridades del Frente Polisario y de los Gobiernos de España y Argelia, y se trata de un plante de familias para llamar la atención, de manera pacífica, sobre la situación de estas mujeres y hombres y para exigir al Ministerio de Asuntos Exteriores su intervención para la inmediata liberación y repatriación de cinco de ellos.

Entre estos casos sobresale el de Maloma. Muchos de ellos han sido denunciados ante las autoridades españolas y ante el Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, a través del Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias“.

Es por ello que la concentración se realizará frente a la sede del Ministerio, donde se leerá un manifiesto, con la previsión de una duración máxima de dos horas y una participación prevista de un centenar de personas.

El Gobierno ha reconocido por escrito, por primera vez, que la joven ciudadana española Maloma Morales se encuentra retenida ilegalmente en los campamentos de refugiados controlados por el Frente Polisario. La Presidencia del Gobierno le ha transmitido a la familia de Maloma que “desde que el 12 de diciembre de 2015 la Señorita (sic) Morales no pudo regresar a España, el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación trabaja activamente para ejercer la asistencia y la protección consular a la que, como ciudadana española, tiene derecho”.

Es decir, en su escrito, el gabinete de Mariano Rajoy no sólo reconoce que Maloma se ha visto retenida contra su voluntad, sino que ha activado un dispositivo diplomático para asistirla, como le corresponde a cualquier ciudadano español que vea conculcado sus derechos o tenga cualquier tipo de problema grave en el extranjero.

Asimismo, la Presidencia del Gobierno reconoce que tanto la dirección general de españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares y Migratorios (dirigida por Cristóbal Valdés), como el Consulado de España en Argel (cuyo cónsul es Cristian Font) y “otras autoridades”, han mantenido “contactos regulares con la interesada”.

El anterior ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, ya comparó hace un año la situación de Maloma con la de los corresponsales de guerra españoles secuestrados en Siria (Antonio Pampliega, José Manuel López y Ángel Sastre).

Recogida de firmas para presionar al Frente Polisario

El Gobierno le ha remitido esta carta, tanto a la coordinadora de las familias de acogida de mujeres secuestradas en el Sáhara, como a las familias adoptiva de Maloma Morales y de acogida de Darya Embarek, Nahjiba Mohamed y Koria Badbad.

La carta, fechada el 19 de abril, responde a la entrega de más de 4.000 firmas que solicitaban “la suspensión de todas las ayudas de carácter no humanitario, así como el apoyo institucional y político, al Frente Polisario y al movimiento solidario de Asociaciones de Amistad con el Pueblo Saharaui hasta que sean puestas en libertad la española Maloma Morales de Matos y las otras 49 mujeres de origen saharaui residentes en España retenidas contra su voluntad en los campamentos saharauis de Tinduf (Argelia)”.

Las otras mujeres cuentan con permiso de residencia en España (en el caso de Koria se encontraba bajo la tutela de la Comunidad Valenciana en el momento de su secuestro), pero el Gobierno asegura que, al no tener la nacionalidad española o no estar adoptadas por familias españolas (como en el caso de Maloma), “nos impide ejercer la protección consular y reduce la fuerza de nuestros argumentos”.

El gabinete de Rajoy confía en que su situación se solucione “con urgencia y se respete su libertad de decisión” de volver a España, como han manifestado en innumerables ocasiones tanto a familias, autoridades, y a organizaciones no gubernamentales.

Se mantienen los programas de ayuda

Aunque la recogida apela específicamente “a la suspensión de las ayudas de carácter no humanitario”, el Gobierno soslaya la petición, asegurando que mantendrán “los programas de ayuda humanitaria a los refugiados” saharauis, algo que no se había solicitado. La Diputación de Valencia ya presionó de esa manera al gobierno saharaui, cuando otra ciudadana española de origen saharaui, Mayuba Mohamed, estuvo tres meses secuestrada por su familia biológica hasta octubre de 2014. Dos semanas después, Mayuba estaba de vuelta en España. “Por desgracia, para que (el Frente Polisario) actúe, les tienen que retirar las ayudas. De allí no se escapa nadie”, señala Batiste Llopis, padre de acogida de Mayuba, a este diario. El Gobierno español apela a los “vínculos afectivos e históricamente irrenunciables con el pueblo saharaui” para no dar una respuesta positiva a la petición popular.

En el escrito que acompaña la recogida de firmas, las familias de mujeres secuestradas subrayan que Maloma Morales, al igual que el resto de mujeres retenidas, se encuentra privada de libertad por la fuerza, privada del reconocimiento de su identidad jurídica (al no reconocerse su identidad jurídica), se encuentra sometida a trato cruel y degradante y está privada de su derecho a circular libremente, así como de su libertad de expresión y de religión.

Además, Maloma Morales, según denunció su familia española de adopción, fue forzada el pasado mes de marzo a casarse en matrimonio de conveniencia. Ellos recuerdan que “Maloma no es libre” y que, por tanto, no pueden creer que acepte “este matrimonio por voluntad propia”.

Este diario no ha obtenido respuesta de las autoridades saharauis acerca de su posición sobre el caso. Hasta la fecha, han mantenido que se trata de “una guerra entre dos familias” y no de un delito (penado en España con hasta siete años de prisión) y una violación de derechos humanos.

Preocupación por el deterioro de los derechos humanos

Human Rights Watch (HRW) ha mostrado su preocupación por el deterioro de los derechos humanos en Argelia, país donde se encuentran los campos de refugiados saharauis de Tinduf. Lo hizo a principios de abril, de cara al Examen Periódico Universal de Argelia (mecanismo del que se vale la ONU para mejorar los derechos humanos de una cuarentena de países). HRW alude, entre otras graves violaciones de los derechos humanos, “a la situación de las mujeres saharauis en Tinduf”.

“Una serie de familias en los campos de refugiados saharauis en Argelia impiden que mujeres adultas que quieren abandonar los campos, puedan hacerlo. A pesar de que ha prometido que resolvería los casos, el Frente Polisario se ha mostrado incapaz de garantizarle a estas mujeres la libertad de regresar a España, donde residen legalmente”.

La única vez que la joven de Mairena del Aljarafae ha tenido la ocasión de expresarse con libertad durante este año y medio, Maloma manifestó su deseo de regresar a España. Así lo ha hecho en más de una ocasión cuando ha hablado telefónicamente con su familia y amigos de España. Human Rights Watch no es la única organización que ha denunciado la situación de estas mujeres con residencia en España. El año pasado, Naciones Unidas incluyó su caso en un informe sobre violación de derechos humanos en el Sáhara y su ex secretario general, Ban Ki-Moon, interrogó personalmente al fallecido presidente saharaui, Mohamed Abdelaziz, por las mujeres retenidas.

Asimismo, la semana pasada, la familia de acogida de otro ciudadano español, Azman Mohamed, también vecino de la provincia de Sevilla, denunció que se encontraba retenido contra su voluntad por su familia biológica en los campamentos de Tinduf. La carta del Gobierno no hace mención a su caso.

Se ha producido una nueva denuncia por secuestro por parte de la familia de acogida de un ciudadano español en el extranjero. Como en el caso de Maloma Morales, Azman Mohamed Yahya ha sido retenido contra su voluntad por su familia biológica, según consta en la denuncia puesta ante la Guardia Civil por su familia de acogida. Los hechos tuvieron lugar el pasado 17 de octubre en los campamentos de refugiados saharauis de Tinduf (Argelia).

Según figura en la denuncia a la que ha tenido acceso eldiario.es/andalucía, el joven español de origen saharaui se encontraba de visita familiar en los campamentos, cuando su familia biológica lo secuestró, impidiéndole regresar a España. La denuncia aporta la transcripción de un audio en el que Azman asegura que no pudo llegar al aeropuerto para regresar a España, porque “mi padre, mi madre y mi tío me agarraron para sacarme del coche. Lo han conseguido y me han quitado la mochila con el pasaporte”.

Según este relato, le sustrajeron la documentación y después su teléfono móvil “para que no pudiera contactar con su familia española” -dice la denuncia- permaneciendo “retenido en la jaima (tienda de campaña típica saharaui) y aislado de todo el mundo más de diez días”. Desde entonces, hace ya seis meses, se encuentra retenido contra su voluntad en los campamentos de refugiados, ya que no tiene documentación, asegura la familia. 

En un audio de Whatsapp enviado por Azman a su familia el 29 de diciembre, que ha verificado este diario, el joven residente de Sanlúcar la Mayor (Sevilla) asegura que la situación “me tiene machacado, humillado, como si fuera un niño de seis años. Todo el día vigilado, que si me muevo o no me muevo. Es una situación que no se la deseo a nadie”.

Mohamed añade en ese audio que lleva ya “cuatro meses aquí metido, pero no puedo hacer nada. Me están haciendo la vida imposible. Antes prefiero estar muerto. Todo el mundo te humilla. Hay que hacer algo, esto no puede ser... que tu propia familia te haga estas cosas”.

Azman había viajado a la wilaya (provincia) de El Aaiún, en los campamentos de refugiados saharauis, para visitar a sus padres el 30 de agosto y tenía un billete de vuelta para el 12 de septiembre, explican en la denuncia. Sin embargo, su familia comenzó a hacerle “chantaje emocional”, según el joven ha relatado a su familia de acogida, y decidió prolongar su estancia un mes y medio más.

Como ha ocurrido con Maloma Morales y otras mujeres retenidas contra su voluntad en el Sáhara, la familia española denuncia que el Frente Polisario le ha exigido silencio. En este caso, la denuncia apunta al delegado del Frente Polisario en Andalucía, Abidin Bucharaya, que conoce el caso desde el primer momento. Como en otras ocasiones, Bucharaya define este delito, que en España está penado con hasta siete años de cárcel, como “un conflicto familiar”. Este diario ha contactado con Bucharaya, quien ha afirmado que el Frente Polisario no hace declaraciones sobre este tema.

Según explica la familia Moreno Morales en la denuncia, el delegado del Frente Polisario en Andalucía les transmitió que “no hay que verlo ni contarlo como un delito, sólo como un conflicto familiar que se resuelve dialogando. No hay que poner denuncias, ni hacerlo mediático, ya que eso empeoraría la situación. El padre y su familia sólo quieren que recupere su cultura y su idioma”. A pesar de haber ido en varias ocasiones a los campamentos “con multitud de promesas”, Bucharaya no ha logrado solucionar la situación, manifiestan con decepción desde la familia de acogida.

Azman, sumido en “una profunda depresión”

Ante la falta de acción de las autoridades saharauis para solucionar el problema, Carmen Moreno, la hermana de acogida de Azman, se presentó por sorpresa en los campamentos saharauis el pasado 25 de febrero.

Según su testimonio, lo ha encontrado sumido en una “profunda depresión”, que le está provocando la caída de cabello y una pérdida de peso excesiva. Su mediación ha permitido que Azman recuperara en aquel momento su móvil, pero no el pasaporte ni el DNI, porque su padre biológico aseguró que “no te voy a dar la documentación, tienes que quedarte con nosotros quieras o no, para aprender tu cultura, tu idioma, conocer a la familia y hacerte cargo de ella”, según consta en la denuncia.

Azman ha logrado escapar de su domicilio familiar, pero no puede abandonar los campos de refugiados saharauis, ya que le han requisado la documentación. Está residiendo en el campamento de Smara, donde vive y trabaja en el negocio familiar de un amigo. Smara es el mismo lugar en el que Maloma Morales, ciudadana española, y Nahjiba Mohamed, ciudadana saharaui con permiso de residencia en España, se encuentran retenidas contra su voluntad según informes de la ONU.

La familia de su amigo le ha proporcionado un teléfono móvil argelino, que “sólo atiende ocasionalmente”, porque “no se fía” y porque “se derrumba si habla con su familia española”, explica la familia de acogida.

El español de origen saharaui llevaba 13 años viviendo en Sanlúcar la Mayor (Sevilla) con una familia de acogida y pudo obtener la nacionalidad española tras haber acumulado varios permisos de residencia.

Azman contaba 11 años cuando se quedó en España para estudiar. Así lo solicitó su familia biológica, que “firmó anualmente un documento de cesión de tutela del menor a favor de la familia de acogida”, tal y como ha podido comprobar este diario. El sanluqueño visitaba con cierta regularidad a su familia, que vive en la wilaya de El Aaiun, una de las provincias en las que se dividen los campamentos de refugiados saharauis.

Otros casos de personas retenidas ilegalmente

Su caso se une al de Maloma Morales, Nahjiba Mohamed y Koria Badbad, que permanecen retenidas contra su voluntad en el Sáhara, como confirma la ONU. Según datos no oficiales, hay medio centenar de mujeres que, a pesar de tener permiso de residencia en España, han sido retenidas ilegalmente en el Sáhara cuando visitaban a sus familias biológicas.

Tanto Naciones Unidas como Human Rights Watch se han hecho eco de estos casos y exigido responsabilidades a las autoridades saharauis, que hasta la fecha se han limitado, como en el caso de Azman y Maloma, a señalar que se trata de un conflicto doméstico. Varias familias han presentado una denuncia ante el Alto Comisionado de Derechos Humanos de Ginebra contra el Frente Polisario y Argelia, país donde se ubican los campamentos de refugiados saharauis. 

En el aniversario del secuestro de Maloma, Human Rights Watch denunció con dureza que “hasta ahora (el Frente Polisario) no ha tenido ni la capacidad, ni la voluntad política para garantizar que esta mujer sea libre de elegir si quedarse o irse”.

Con impotencia y dolor. Así anuncia Pepe Morales “el matrimonio de conveniencia” al que se someterá este sábado a Maloma, su hija adoptiva, que lleva secuestrada desde hace 14 meses en el Sáhara por su propia familia biológica.

“No podemos creer que Maloma esté aceptando este matrimonio por voluntad propia, por muchos vídeos y fotografías que mañana inunden las redes sociales, en un claro gesto de victoria. Maloma no es libre y no se casa, la casan”, sentencian.

Morales denuncia que la boda se celebrará en el municipio de Smara, uno de los campamentos de refugiados saharauis de de Tinduf (Argelia), “para someter a Maloma definitivamente y para siempre”. Insiste en que “la familia biológica prometió que Maloma volvería antes de diciembre pasado, pero que antes ”tenía que recuperar su reputación“ para salvar el ”honor“ de la familia y de la tribu”.

La familia Morales de Matos denuncia que, con tal fin, “le han encontrado un hombre dispuesto a colaborar a destruir su pasado, a borrar cualquier huella de su vida en España y, por supuesto, a modelar su presente y su futuro a conveniencia”. 

El movimiento prosaharaui español, en el que la familia española de Maloma ha encontrado contados apoyos desde que el secuestro (descrito así por la ONU y Human Right Watch) tuvo lugar en diciembre de 2015, se encuentra en estos momentos en los campamentos de refugiados saharauis. Morales denuncia que “todos son conocedores de los hechos, y lejos de denunciarlos, van a participar de esta nueva violación de los Derechos Humanos de Maloma. Muchos de ellos lo harán, además, de manera presencial, participando plenamente de este atroz delito de manera cómplice y cobarde”.

Exigen intervención del Gobierno

La familia de Maloma apela a que el Gobierno intervenga ante esta nueva violación de los derechos fundamentales de una ciudadana española, privada de libertad contra su voluntad, tal y como han denunciado en numerosas ocasiones organismos como Naciones Unidas o Human Rights Watch. La propia Maloma ya expresó el pasado verano su deseo de regresar a España en una sede de la ONU en Rabuni (Argelia).

De ese modo, señalan que “el Gobierno debe actuar con contundencia y cumplir también su obligación de salvaguardar los Derechos Humanos de Maloma,  haciendo todo lo necesario para acabar con el martirio a la que la someten sus secuestradores. La presión ahora sí debe ser efectiva sobre las autoridades del Frente Polisario, responsables cómplices de esta muerte en vida de mi hija, para que hagan cumplir sus propias leyes y la liberen de una vez por todas. No se puede tolerar tanta impunidad”.

El Frente Polisario, “incapacitado” para liberarla

Maloma Morales de Matos, nacida Maaluma Takya Hamda como recuerda HRW, es una ciudadana española de origen saharaui. Tras pasar una década acogida en una familia española de Mairena del Aljarafe (Sevilla), decidió que quería ser adoptada por ésta cuando cumplió la mayoría de edad. Cuando obtuvo la nacionalidad y el pasaporte español, Morales viajó a los campamentos de refugiados saharauis de Tinduf (Argelia) con su padre adoptivo, José, para visitar a su familia biológica. El último día de la visita, su familia la introdujo en un coche y la secuestró, según el testimonio de su padre adoptivo.

Según señala Human Rights Watch, la familia biológica de Maloma “asegura que ella desea quedarse con ellos en el campamento. Sin embargo, Morales no ha podido llegar a una zona neutral para manifestar allí libremente su preferencia”. 

Human Rights Watch ya criticó en su momento que el Frente Polisario, la autoridad gubernamental que gobierna los campamentos, “ha asegurado reiteradamente que está trabajando para resolver el problema, ”hasta ahora no ha tenido ni la capacidad, ni la voluntad política para garantizar que esta mujer sea libre de elegir si quedarse o irse“.

Desde diciembre, el Congreso de los Diputados prepara una iniciativa no de ley para respaldar tanto a Maloma Morales, como al medio centenar de mujeres saharauis que, según datos no oficiales, han sido privadas de libertad por sus familias siendo mayores de edad.

Ni la cultura ni las tradiciones están por encima de los derechos humanos. Así lo recuerda la organización internacional pro derechos humanos Human Rights Watch (HRW) en el aniversario del secuestro en el Sáhara de la ciudadana española Maloma Morales.

“Ha pasado un año desde que una joven decidió visitar durante una semana a su familia en un campamento para refugiados saharauis en Argelia y, desde entonces, según reportes, no la han dejado regresar a España”, indica la ONG en un comunicado al que ha tenido acceso eldiario.es Andalucía.

Maloma Morales de Matos, nacida Maaluma Takya Hamda como recuerda HRW, es una ciudadana española de origen saharaui. Tras pasar una década acogida en una familia española de Mairena del Aljarafe (Sevilla), decidió que quería ser adoptada por ésta cuando cumplió la mayoría de edad. Cuando obtuvo la nacionalidad y el pasaporte español, Morales viajó a los campamentos de refugiados saharauis de Tinduf (Argelia) con su padre adoptivo, José, para visitar a su familia biológica. El último día de la visita, su familia la introdujo a golpes en un coche y la secuestró, según el testimonio de su padre adoptivo.

Según señala Human Rights Watch, la familia biológica de Maloma “asegura que ella desea quedarse con ellos en el campamento. Sin embargo, Morales no ha podido llegar a una zona neutral para manifestar allí libremente su preferencia”.

La autoridad gubernamental que gobierna los campamentos de refugiados es el Frente Polisario. La organización carga con dureza contra ellos porque, aunque “ha asegurado reiteradamente que está trabajando para resolver el problema, ”hasta ahora no ha tenido ni la capacidad, ni la voluntad política para garantizar que esta mujer sea libre de elegir si quedarse o irse“.

La “incapacidad” del Frente Polisario

A lo largo de este año, los dirigente saharauis han insistido en que se trata de un asunto “puntual, entre dos familias” o “una guerra entre dos familias”, tratando así de limitar su responsabilidad en este caso o los de Koria, Darya y Nadjiba, a cuya liberación el Congreso de los Diputados español acaba de dar su primer respaldo.

La organización afincada en Nueva York critica la “incapacidad que ha demostrado (el Frente Polisario) para poner fin a situaciones similares que han vivido, por lo menos, otras dos mujeres saharauis con residencia legal en España y cuyas familias en los campamentos de refugiados se han negado, durante casi tres años, a dejarlas salir. Se trata de Darya Embarek Selma, de 27 años, y Nadjiba Mohamed Belkacem, de 25. Cada una confirmó recientemente a Human Rights Watch su deseo de regresar inmediatamente a España”.

La ONG recuerda que el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, abordó este año el tema de las retenciones ilegales de estas mujeres con el fallecido secretario general del Frente Polisario, Mohamed Abdelaziz y que su sucesor, Brahim Ghali, imputado por genocidio por la Audiencia Nacional, habló hace más de dos años con HRW sobre otra mujer secuestrada cuando éste era embajador en Argelia.

“Ghali expresó que si bien el objetivo es que la mujer pueda tomar la decisión, la ”sociedad patriarcal“ saharaui con sus ”tradiciones“, ”cultura“ y ”lazos familiares complejos“ hacen necesario abordar la situación con extremo cuidado”, señalan.

Sarah Leah Whitson, responsable de Oriente Medio en la organización, concluye que “las tradiciones y la cultura merecen respeto, pero no cuando permiten que una familia retenga a un adulto contra su voluntad. La falta de acción efectiva del Polisario en estos casos pone en tela de juicio su proclamado compromiso con la igualdad de derechos de la mujer”.

“Quiero volver”. El mensaje de Maloma Morales ha sido claro: quiere regresar a España. La española de origen saharaui ha podido expresar por fin su voluntad en la sede del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en Rabuni (Argelia), según la plataforma por la liberación de Maloma y otras mujeres saharauis secuestradas 'La Libertad es su derecho'.

Fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores han confirmado a eldiario.es Andalucía que el gobierno ha mantenido “contactos” con ella y está informando de manera “puntual” tanto a la familia adoptiva, que reside en Mairena del Aljarafe (Sevilla), como a la propia presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz.

Tras ocho meses retenida contra su voluntad por su familia biológica en los campamentos de refugiados de Tinduf (Argelia), según denuncia la propia ONU, las autoridades internacionales y españolas han podido conocer su deseo de volver a España. Y lo más importante: lo ha hecho en un lugar neutral y en el que no estaba sometida a ninguna presión.

Maloma ya había hablado antes. La primera vez fue durante una conversación telefónica con familiares y amigos a finales de diciembre, en la que les rogó que “no me dejéis aquí, que me muero”. A partir de entonces, todas sus comunicaciones, ya fueran mediante llamada telefónica o vídeo enviado por redes sociales por el entorno de la familia biológica, se hicieron bajo coacción a juicio de su familia.

En uno de esos vídeos llegó a manifestar que “nadie me tiene secuestrada” pero, según indicó en su momento su familia adoptiva y expertos consultados por este diario, sus gestos delataban que se encontraba bajo la coerción de sus captores. En una llamada telefónica posterior, hizo saber de manera velada a sus familiares y amigos cuánto deseaba volver.

La pregunta ya no es por tanto si la joven de 23 años quiere regresar a España o quedarse en los campamentos de refugiados saharauis, sino cuándo volverá.

Ocho meses de retención ilegal

La última vez que Pepe Morales, su padre adoptivo, vio a su hija fue el 12 de diciembre de 2015. Ambos habían ido a visitar a su familia biológica en Tinduf, pero, pocas horas antes de partir, Pepe asegura que vio cómo entre varios familiares la introducían a la fuerza en un coche.

Maloma se encontraba visitando a su familia biológica tras una década sin verlos: llevaba desde los 12 años acogida en casa de los Morales de Matos pero, debido a la alegalidad con la que se gestionaban este tipo de acogidas solidarias hace diez años, Maloma se había quedado sin documentación y no podía salir de España.

Lo pudo hacer por fin con 22 años, después de haber decidido que Pepe y Carmen la adoptaran y tras obtener la nacionalidad y el pasaporte español. Deseaba ser policía nacional. Su vida en Mairena del Aljarafe (Sevilla) quedó truncada aquel 12 de diciembre.

Desde la plataforma para su liberación culpan a su hermano de la situación de privación de libertad de movimientos en la que se encuentra Maloma, ya que “ejerce la autoridad masculina en la familia en ausencia de su padre (fallecido cuando Maloma tenía 4 años) y se ha erigido en dueño de la vida de Maloma, excediéndose en sus facultades hasta conculcar los derechos de la joven”.

Tanto la ONU como la organización Human Rights Watch han denunciado la retención ilegal de Maloma ante la opinión pública y las autoridades. “Retener a alguien contra su voluntad es un delito. No importa su nacionalidad”, ha señalado la organización pro derechos humanos. 

El Frente Polisario la liberó de manera fallida a finales de abril y desde entonces no ha logrado hacer prevalecer la legalidad ante la familia y la tribu de Maloma, la más numerosa de los campamentos saharauis, que ha llegado a apelar a la sharia para oponerse a su puesta en libertad. En estos momentos las autoridades saharauis, según diversas fuentes consultadas, están colaborando de manera activa en su liberación tanto con el gobierno español, como con diputados socialistas españoles, mediando así “por una pronta y rápida solución”.

Una práctica habitual

El caso ha destapado ante la opinión pública que el de Maloma no es el único y que se trata de una práctica habitual: las familias saharauis aprovechan las visitas a los campamentos de refugiados de sus hijas, siendo ya mayores de edad, y las retienen contra su voluntad, a pesar de que éstas manifiestan su deseo de regresar a España.

Human Rights Watch recuerda que en la actualidad “hay al menos dos mujeres adultas en los campamentos, cuyas familias las han retenido contra su voluntad y sin intervención efectiva por el Frente Polisario, la autoridad de Gobierno en los campamentos”. Cita los casos de Darya Embarek Selma, de 27 años, y Nadjiba Mohamed Belkacem, de 24.

Según datos no oficiales, en la actualidad hay un centenar de mujeres en la misma situación de Maloma. Al no tener nacionalidad española, el Gobierno no las reclama a las autoridades saharauis y su situación no tiene visos de resolverse.

Una semana de negociaciones estériles entre el Gobierno español y el Frente Polisario para que Maloma vuelva a España. La familia adoptiva de Maloma Morales, la ciudadana española de origen saharaui que lleva más de cinco meses retenida contra su voluntad por su familia biológica en los campamentos de refugiados de Tinduf (Argelia) según denuncian la ONU y Human Right Watch, ha afirmado este martes que el cónsul español en Argel, Cristian Font, “lleva una semana en los campamentos y no ha conseguido ver a Maloma, ni entrevistarse con su familia, que la mantiene retenida en la casa familiar del campamento de Smara”.

Ismael Arregui, pareja de hecho de Maloma, y José Morales y María del Carmen Matos, padres adoptivos de ella desde 2014, aseguran en un comunicado que “el Ministerio de Asuntos Exteriores sólo nos ha informado de que el Cónsul ha mantenido una reunión con el Ministro saharaui de Justicia y Asuntos Religiosos, Ahmed Lehbib Abdi, y con el de Juventud, Mrabih El Mami, que es el máximo responsable de la organización del programa Vacaciones en Paz, aunque no nos han dado información alguna respecto al contenido o los resultados obtenidos en dicha reunión”.

En declaraciones a eldiario.es/andalucía, culpan al Frente Polisario, autoridad gubernamental saharaui en los campamentos, de bloquear el encuentro entre el cónsul y Maloma, para permitir así su liberación. La familia señala que la tribu de Maloma, Rguibat Ouled Mousa, “mantiene una postura errática e intransigente y que no permite ni acepta que ella, como mujer adulta que es, pueda decidir libremente”.

Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores confirman que el cónsul sigue en los campamentos y que se encuentra en contacto con las autoridades del Frente Polisario. Ni confirman ni desmienten que las autoridades saharauis hayan impedido que Font se reúna con Maloma. “No hay ni un día que este caso esté encima de la mesa, es un asunto de máxima prioridad”, han indicado.

Las llamadas de Maloma fueron “paños calientes”

Tras lograr hablar con ella en dos ocasiones la semana pasada, denuncian que las llamadas “sólo fueron paños calientes para intentar que abandonemos nuestra lucha por su libertad. Desde entonces, no hemos logrado volver a contactar con ella. No le han dado un teléfono como dijeron y, por eso, tenemos que llamar al de su hermano mayor, Mohamed Lamine, que cuelga cada vez que intentamos comunicarnos”.

Desde que Maloma fue introducida por la fuerza en un coche por dos primos y su hermano el 12 de diciembre de 2015, según denuncia Pepe Morales, que fue testigo del supuesto secuestro, la familia adoptiva apenas ha contado con el apoyo del movimiento prosaharaui español o de de la delegación española y andaluza del Frente Polisario. Así, denuncian que en un acto en Madrid celebrado este lunes, “la Delegada saharaui en España, Jira Bulahi; el presidente de la Coordinadora Estatal de Asociaciones Solidarias con el Sahara – CEAS, Pepe Taboada; y el Delegado saharaui en Madrid, Abdullah Arabi, siguieron negando la existencia de retenciones ilegales contra la voluntad de las mujeres en los campamentos y, por supuesto, desmintieron el secuestro de Maloma”.

El caso de Maloma es la punta del iceberg, afirman, de hasta un centenar de casos recogidos de forma no oficial por otras familias de acogida españolas que se han visto afectadas por la retención de mujeres que pasaron años en su casa y que, en visitas a sus familias en el Sáhara, se vieron retenidas contra su voluntad, a pesar de ser mayores de edad, contar con permiso de residencia en España y haber expresado su deseo de continuar viviendo en España.

Una violación de los derechos humanos

La familia de Maloma exige por ello “el debido respeto que merecen los Derechos y la Libertad de Maloma y las demás mujeres retenidas ilegalmente en los campamentos por sus familias biológicas”. Tanto Naciones Unidas como organizaciones de defensa de los derechos humanos, como Human Rights Watch, han denunciado públicamente o ante el Frente Polisario que este tipo de violaciones de los derechos humanos se estén llevando a cabo en territorios que se encuentran bajo su autoridad, como es el caso de los campamentos de Smara.

Asimismo, denuncian que están siendo “objeto de una campaña de descrédito intolerable y vergonzosa, con ataques directos en las redes sociales con acusaciones muy graves que vamos a denunciar ante la Policía” y que se sienten “desprotegidos” solo por "perseverar en la defensa de que la libertad de las mujeres es esencial en un Estado que presume de ser democrático, como es la República Árabe Saharaui Democrática que gobierna el Frente Polisario y que España no reconoce como tal”.

Ismael Arregui lamenta en el comunicado que “el Gobierno español no se haya posicionado públicamente respecto al secuestro y retención contra su voluntad de mi pareja, como tampoco lo han hecho ninguno de los partidos políticos españoles, aunque sí algunos de sus miembros”.

Zaida Cantera, diputada socialista y ex militar que denunció a su superior por acoso sexual, mantuvo la semana pasada un enfrentamiento por Twitter con un veterano del Polisario y le declaró a este diario que está dispuesta a interceder personalmente por Maloma. “Yo le pago el billete de mi bolsillo, voy allí a recogerla y que me diga aquí, sin ningún tipo de presión, dónde quiere vivir. Si no quiere estar en España, yo misma le pago el billete de vuelta. Hoy por hoy, todos los indicios me dicen que esta mujer no es libre”, sostuvo.

Arregui concluye exigiendo que “nuestro Gobierno y todos los representantes políticos deben defender con uñas y dientes los Derechos Humanos de una ciudadana española, por encima de intereses de otra índole, y traerla de vuelta para que ella, libre e individualmente, sin presiones de ninguna clase, pueda decidir su propio futuro. Maloma debe ser puesta en libertad ya, sin excusas, y el Gobierno español y Frente Polisario deben afrontar la realidad de esta situación y adoptar medidas urgentes para solucionarlo y que no se vuelva a producir”.