El ruido de los combates alcanzó el corazón del poder en Sudán en la madrugada del 15 de abril de 2023. El palacio presidencial, así como los aeropuertos de Jartum y Merowe, se convirtieron en los primeros escenarios de los enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas de Sudán (FAS) y las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR). Lo que comenzó como una lucha de poder entre dos cúpulas militares y señores de la guerra —Mohamed Hamdam Dagalo, líder de las FAR, y Abdelfattah al Burhan, líder de facto y jefe del ejército de Sudán— se ha transformado, tres años después, en una de las mayores crisis humanitarias, con reiteradas vulneraciones de los derechos humanos, y en un conflicto regional que incluye a aliados extranjeros.

Mariam tenía 18 años cuando fue violada por un grupo de hombres armados mientras iba a buscar agua en El Fasher, en Darfur del Norte. No lo contó en casa. Unas semanas después, durante la huida de la ciudad, su familia descubrió que estaba embarazada. “Tenía miedo, por eso no lo conté”, explicó más tarde a Plan International, una organización no gubernamental que defiende los derechos de la infancia y la igualdad de las niñas en Sudán y en más de 80 países en el mundo.

La historia de Mariam se repite en un país donde, tres años después del inicio de la guerra, más de nueve millones de personas han sido desplazadas dentro de Sudán y más de 30 millones dependen de ayuda humanitaria. Hay regiones en una situación más crítica como es el caso de Darfur y Kordofán, con elevados niveles de emergencia alimentaria y riesgo de hambruna tras el colapso de los mercados y el bloqueo de las rutas comerciales.

Del golpe fallido a “archipiélago de guerras”

“El conflicto empezó como un golpe palaciego fallido y se ha convertido en un archipiélago de guerras civiles interconectadas”, explica a elDiario.es el analista geopolítico y director del Centre for Global Peace and Development en Sudán, Elhadi Abdalla Mohamed.

Dicha evolución es vital para entender el conflicto en Sudán hoy. No hay un único frente ni actor, sino múltiples guerras superpuestas en Jartum, Darfur, Kordofán o el Nilo Azul, donde operan las fuerzas paramilitares, el ejército sudanés, las milicias locales y las redes armadas relacionadas con economías ilícitas. Aun así, y como señala Abdalla Mohamed, lo lógica original no ha desaparecido. “El conflicto en Sudán sigue siendo una lucha contra el control del aparato coercitivo del Estado y de las rentas asociadas a él”, explica.

En estos tres años también han cambiado las formas de combatir. El conflicto ha pasado de combates urbanos caóticos a campañas más prolongadas, territoriales y tecnológicamente más complejas. “Ahora vemos una guerra de desgaste, con uso extensivo de drones, asedios prolongados y ataques sistemáticos contra infraestructuras y corredores de suministro”, explica el analista.

El conflicto en Sudán sigue siendo una lucha contra el control del aparato coercitivo del Estado y de las rentas asociadas a él

Elhadi Abdalla Mohamed — Director del Centre for Global Peace and Development en Sudán

El asedio de El Fasher ilustró este cambio. Desde abril de 2023 hasta octubre de 2025, cientos de miles de personas quedaron atrapadas en la ciudad sin acceso a alimentos ni agua. “Nuestra vida sucedía en los túneles, sin comida y sin agua”, recuerda anónimamente una trabajadora humanitaria. “Cuando se agotaron los recursos, la mayoría de la gente se vio obligada a comer el cuero de los animales muertos para sobrevivir”, añade.

Abdalla Mohamed advierte que “la economía de guerra ya no es un efecto secundario, sino parte del motor del conflicto”. El control de recursos como el oro, las rutas comerciales o las zonas agrícolas permiten financiar a los actores armados, mientras el saqueo, la extorsión y el control de carreteras se integran en la vida cotidiana.

Un conflicto que se alimenta desde el exterior

Según el Observatorio de Complejidad Económica, una plataforma de análisis visual de datos, Sudán está entre los 50 países más importantes en la exportación mundial de petróleo, que es a su vez el cuarto producto más exportado del país. Pero el petróleo no es todo. Sudán alberga en su suelo hierro, cobre, zinc, tungsteno, goma arábiga y oro (es el tercer extractor de oro más importante del continente africano), entre otros, y siendo este último la moneda de cambio con sus socios extranjeros.

“No estamos ante dos bloques enfrentados, sino ante redes de patrocinio superpuestas”, señala Abdalla Mohamed. En ese entramado, y con el oro por bandera, Emiratos Árabes Unidos ha sido acusado de apoyar a las fuerzas paramilitares a través de canales vinculados al comercio del oro y redes transfronterizas, al mismo tiempo que Egipto respalda al Ejército sudanés por cuestiones de seguridad y control del río Nilo. Otros países del Golfo, Turquía o potencias occidentales también mantienen intereses propios en Sudán.

Cuando se agotaron los recursos, la mayoría de la gente se vio obligada a comer el cuero de los animales muertos para sobrevivir

Una trabajadora humanitaria

Según el director del Centre for Global Peace and Development en Sudán, esta injerencia extranjera y apoyos cruzados prolonga el conflicto: “Los actores sudaneses no son pasivos, explotan estas rivalidades para sostener la guerra”. Al mismo tiempo, la ausencia de coordinación internacional ha limitado los intentos de mediación. “Ha habido demasiados procesos paralelos y sin consecuencias reales cuando se violaban los acuerdos”, señala el analista, en referencia a iniciativas como las negociaciones de Yeda, en Arabia Saudí.

Colapso humanitario

El impacto humanitario del conflicto en Sudán es masivo. Más de 30 millones de personas necesitan asistencia y el país africano vive la mayor crisis de desplazamiento y hambre de todo el mundo.

El desplazamiento interno supera ya los nueve millones de personas, especialmente concentrados estos movimientos en zonas como Darfur, Kordofán y el estado de Jartum que, a su vez, han sido los principales epicentros del combate. Las rutas de huida siguen patrones similares desde áreas urbanas como Jartum o El Fasher hacia zonas rurales aparentemente más seguras o hacia localidades como Tawila, en Darfur del Norte.

El desplazamiento no se limita al interior del país. Según datos de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), más de 3 millones y medio de sudaneses han cruzado las fronteras de su país en los últimos tres años. Egipto es el principal país de acogida, con 1,5 millones de refugiados, aunque sólo alrededor de la mitad están registrados como tales. Le sigue Chad, con más de 900.000 refugiados, procedentes sobre todo de la región sudanesa de Darfur. A Sudán del Sur han vuelto más de 800.000 ciudadanos de este país que habían huído anteriormente a Sudán, además de casi medio millón de refugiados sudaneses.

Los centros hospitalarios y educativos están prácticamente inoperativos en gran parte del país. Los centros de salud carecen de personal, medicamentos y capacidad operativa, incluidos servicios básicos de atención a víctimas de violencia. Según datos aportados por Plan International, solo un 3,3% de adolescentes tiene acceso a anticonceptivos y una proporción similar dispone de productos de higiene menstrual. La educación también ha sufrido un batacazo. En las zonas más afectadas, el 75% de los adolescentes están fuera del sistema educativo.

Violencia sexual: una práctica extendida

La violencia sexual en el conflicto de Sudán aparece en todos los informes de organizaciones no gubernamentales y centros de análisis e investigación. En las zonas analizadas en Darfur, Plan International apunta que las adolescentes identifican el abuso psicológico, el matrimonio infantil, la explotación sexual, el acoso y la violación como las formas más comunes de violencia de género, siendo las dos primeras las más extendidas, con un 18% y un 16%, respectivamente.

Las cifras reflejan, además, un entorno en el que la violencia es estructural y salpica la vida cotidiana. Algunos testimonios relatan que actividades básicas como recoger agua o leña se consideran de alto riesgo por la presencia de grupos armados. Por otro lado, la trabajadora humanitaria anónima describe violaciones masivas durante los desplazamientos, incluidas menores que quedaron embarazadas sin atención médica.

Abdalla Mohamed subraya, por su parte, que este tipo de prácticas no pueden entenderse como episodios aislados, sino como parte de una dinámica más amplia de violencia contra civiles que incluye asesinatos, hambre inducida y ataque sistemáticos contra la población civil.

Es una playa del norte de Europa, pero la estampa que se podría creer típica, con gente tumbada en hamacas tomando el sol, se ha visto sustituida por un ir y venir de policías y militares, por gritos y carreras, por broncas y amenazas y llantos de desesperación. A una mujer, con su hijo en brazos, se le dibuja un gesto de pena en el rostro mientras ve cómo la silueta de una barca, que era toda su esperanza para cruzar el canal de la Mancha y llegar desde Francia hasta Inglaterra, se va difuminando en el horizonte. La embarcación, en la que tenía derecho a viajar después de haber abonado un abusivo pago de más de 2.500 euros, se aleja y, con ella, la esperanza de prolongar un viaje que había emprendido cientos y cientos de kilómetros más al sur.

Es una de las estampas —y no solo las hay fijas, porque las fotografías van acompañadas de vídeos— con las que Sergi Cámara ha documentado la realidad con la que se dan de bruces los migrantes. “Se da una paradoja: estamos poniendo fronteras a la llegada de los migrantes, pero tampoco se les está dejando salir de Europa para ir a Inglaterra”, lamenta. Asegura que los anglosajones están bañando con millones de euros a Francia para que ejerza de “portero de discoteca” y reduzca el flujo migratorio con dirección norte. “Esta es la Europa fortaleza. Estamos militarizando las fronteras, poniendo policías y militares. Cada vez está habiendo más violencia contra estas personas migrantes”, asegura. Según datos brindados por él mismo, el año pasado murieron 84 personas en la ruta del canal de la Mancha, catorce de ellas menores.

Las playas de Dunquerque, donde se desarrollan estas escenas, son apenas uno de los muchos puntos rojos que inundan el mapa de coberturas periodísticas que Cámara ha ido confeccionando a lo largo de los años. Esta semana ha participado en la undécima edición de las jornadas de 'Periodismo a pie de calle' que se celebran en el palacio de congresos Europa de Vitoria. Su historia se retrotrae hasta 2004. Estaba tomando un café cuando un breve de periódico llamó su atención sobre la valla de Melilla. Al cabo de una semana, con los pocos ahorros que tenía y doce carretes, se presentó allí. “Un breve en un periódico se convirtió en un trabajo de diez años”, rememora. De forma paralela a su biografía, la valla de Melilla ha ido creciendo con él, y se ha encargado de dar a conocer historias personales y documentar agresiones y otras violaciones de derechos. “La fotografía tiene un gran poder de concienciación. Yo no pretendo cambiar el mundo con una foto, pero me interesa que algunas mentes hagan clic”, asevera.

“Cada año se construyen más muros”

Ante un auditorio muy nutrido de oyentes, Cámara ha trazado un viaje por una Europa que tacha de fortificada. “Cada año se celebra en la puerta de Brandenburgo la caída del muro de Berlín con fuegos artificiales, pero cada año se construyen más muros en Europa”, comenta, con ironía. “Estamos contratando a porteros de discoteca de la cresta europea para que no les dejen [a los migrantes] entrar a la fiesta europea. Como no se hace en territorio europeo, se tapan los ojos y nadie dice nada”, lamenta. Son personas, y Cámara lo tiene bien documentado a través de decenas de testimonios, que dejan atrás no solo una vida y una biografía, sino también a familiares y amigos. Cruzan desiertos, andan miles de kilómetros, llegan a montañas nevadas del centro de Europa para las que no están adecuadamente pertrechados y se topan al cabo de toda la odisea con una policía que los bloquea y los expulsa con gases lacrimógenos. Y hay un importante componente psicológico también, pues muchos de esos Ulises que recorren kilómetros y kilómetros llevan poca carga material a las espaldas, pero una responsabilidad muy grande para con los familiares que han dejado atrás. “Están con la presión de llegar y trabajar y algunos se quedan sin poder ir ni hacia adelante ni hacia atrás. Algunos se desesperan y se acaban suicididando”, retrata.

Ceuta, Melilla, el Mediterráneo, Lesbos, Turquía, los Alpes entre Italia y Francia, Horgos entre Serbia y Hungría, Dunquerque, el Kurdistán iraquí... Son puntos marcados en rojo en el mapa de trabajos de Cámara, un documentalista al que en Vitoria se ha presentado como alguien para el que valen más un par de botas acompañadas de trabajo duro y dedicación que una buena cámara. Inspirado siempre por el trabajo de compañeros como Cristina García Rodero y Gervasio Sánchez, en 2020 publicó el libro 'Negro' sobre su trabajo en la valla de Melilla. Sus fotografías y vídeos le han merecido la concesión de los premios José Couso y el de Periodismo Solidario Memorial Joan Gomis.

Cámara opta por no esconderse tras sus fotografías, sino que eleva la voz ante el auge de los discursos de odio. “Se criminaliza a personas por buscar una vida mejor con el objetivo de generar miedo y ganar votos y unas elecciones”, lamenta. “El término 'mena' se utiliza ya como un término discriminatorio: ya no es un menor no acompañado, porque la ultraderecha ha conseguido meternos el miedo”, expresa. Ante esto, la alternativa, dice, es dar a conocer y hacer esfuerzo por informarse. Su trabajo, eso sí, no es sencillo en el plano psicológico y en ocasiones se requiere de apoyo psiquiátrico. Para quien ve sus fotografías, es posible que los rostros que figuran en ellas sean simplemente eso, rostros, pero para él tienen una significación mucho mayor: son personas, con su vida y sus experiencias, con las que ha conversado y que se le quedan fijadas en la mente mucho tiempo después. “Se queda mal cuerpo, pero son cosas que se tienen que saber. Entiendo que cada persona tiene su vida y sus problemas, pero lo cierto es que hay personas que prefieren no ver y mirar hacia otro lado”, lamenta.

Hasta el 14 de septiembre, puede verse en el exterior del palacio de congresos una exposición de Cámara, titulada 'Éxodos', con fotografías de diferentes lugares en los que ha llevado a cabo coberturas. “Cada día, miles de personas dejan atrás su hogar. No por elección, sino por necesidad. Huyen de la guerra, del hambre, de la violencia. Caminan con lo poco que pueden cargar, llevando en los brazos a sus hijos e hijas y en el alma la esperanza de un lugar seguro. Se les criminaliza, se les utiliza para generar miedo y odio por el solo hecho de buscar un futuro mejor para ellas y sus familias, como haríamos todos nosotros. Es un viaje de resistencia, de dignidad, pero en el que también mueren miles de personas”, se explica en uno de los paneles. Hay instantáneas de Irún, Serbia, Hungría, Colombia, Panamá y Estados Unidos, entre otros lugares.

La Diputación de Bizkaia, a través del proyecto Gohiabe, ha atendido entre 2024 y lo que va de 2025 a 725 personas refugiadas, un 70% de ellas familias con menores a su cargo. Goihabe se trata de un proyecto que se puso en marcha en el año 2016 a través de cuatro entidades: Cruz Roja, Zehar-Errefuxiatuekin, Fundación Ellacuría y Fundación Lagungo. Este recurso foral ofrece atención integral y acompañamiento social, y se dirige especialmente a personas en situación administrativa irregular tras haber visto denegada su solicitud de protección internacional. Su objetivo es dar continuidad a los procesos de las personas solicitantes, beneficiarias o denegadas de la protección internacional que de otra forma quedarían en estado de vulnerabilidad y vivirían un retroceso en sus itinerarios de inserción. “Este programa permite alargar itinerarios, fortalecer capacidades y fomentar la autonomía e independencia de las personas participantes”, informan.

En 2024, Goihabe atendió a 401 personas, y en lo que va de 2025 (hasta el 18 de junio), a otras 324. De ellas, el 71% en 2024 y el 70% en 2025 formaban parte de unidades familiares: 112 familias en 2024 (285 personas) y 77 familias en 2025 (227 personas). El resto, 213 personas (116 en 2024 y 97 en 2025), fueron atendidas individualmente. En cuanto a la distribución por sexo, en 2024 se atendió a 223 hombres (56%) y 178 mujeres (44%). En 2025, los hombres representaron el 60% (195 personas), y las mujeres el 40% (129). El 28% del total son menores de edad acompañados, tanto en 2024 (112 personas) como en 2025 (92 personas). Entre un 18 y un 19% tenían entre 18 y 25 años (72 en 2024 y 63 en 2025). Las personas mayores de 65 años supusieron un 2% en ambos ejercicios (8 y 6 personas, respectivamente).

“Son personas que huyen de la guerra y la amenaza. Es el miedo y la indefensión lo que impulsa sus desplazamientos. Y, a menudo, lo que encuentran es desarraigo y desamparo. Son personas que huyen sin nada. En Bizkaia les ofrecemos dignidad y apoyo real, ha señalado la diputada foral de Empleo, Inclusión Social e Igualdad, Teresa Laespada, que ha presentado los datos este lunes haciendo referencia al marco del Día Mundial de las Personas Refugiadas, que fue el pasado 20 de junio.

Respecto a la procedencia de las personas refugiadas que llegan a Bizkaia, el perfil por nacionalidades se ha mantenido estable: Colombia encabeza la lista en ambos años, con 100 personas en 2024 y 80 en 2025 (25%). Le siguen Marruecos (67 personas en 2024 y 61 en 2025, entre un 17 y un 19%) y Venezuela (50 en 2024 y 35 en 2025, entre el 11 y el 12%). En lo que respecta al ámbito laboral, 38 personas han participado hasta la fecha en procesos de inserción sociolaboral. De ellas, 8 han accedido ya a un empleo, mientras que el resto continúa desarrollando competencias personales, digitales y sociolingüísticas en itinerarios formativos.

Durante el año 2024, el programa Goihabe contó con una inversión foral de 395.000 euros. A esta cifra se sumaron 50.000 euros adicionales a través del programa Zaiatuz, centrado en el acompañamiento al empleo. “La atención de Goihabe, integral y sostenida en el tiempo, se extiende al conjunto de las personas que llegan a nuestro Territorio Histórico huyendo del horror, al margen de su lugar de origen”, ha concluido Laespada.

“Tuve que dejar mi país por motivos políticos, porque trabajaba como asesor de una activista que lucha en República de Guinea contra la violencia de género, la mutilación genital femenina o los matrimonios forzados. No me quedó más remedio que salir de mi país para salvar mi propia vida”. Son las palabras de Ibrahima Traoré, refugiado guineano licenciado en Ciencias Políticas que ahora está afincado en Toledo.

Traoré explica que su propia familia provocó que tuviese que convertirse en refugiado. “Conspiraron contra mí, porque hablar y estar en contra de temas como la mutilación femenina o los matrimonios forzosos es como tentar a la normativa y a la ley, más siendo un chaval joven. Mi familia fue el detonante, pero después se convirtió en un problema de Estado”. Explica que fue beneficiario de protección internacional, ya que no puede volver a su país por la persecución que sufre.

Llegó a España en 2018, primero a Guadalajara y después se ha establecido en Toledo, donde continúa trabajando como voluntario en diferentes organizaciones sin ánimo de lucro. Ibrahima va a presentar próximamente su libro Diplomacia, diplomacia de defensa: seguridad colectiva y defensa común del África negra contra dominaciones externas, y lo hará el 26 de junio a las 18:30 en la Biblioteca de Castilla-La Mancha que se ubica en el Alcázar de Toledo.

Ha sido uno de los participantes en un encuentro de sensibilización ciudadana celebrado en Toledo, en el marco del Día de las Personas Refugiadas, que se celebra el 20 de junio. Varias organizaciones sin ánimo de lucro se daban cita en el parque escolar limítrofe al Circo Romano en la ciudad.

El encuentro, además de servir como espacio para que la ciudadanía conozca las historias de estas personas refugiadas, también ha funcionado como zona de reunión para todas aquellas personas que comparten una historia: se vieron obligadas a abandonar su país para buscar una vida con mejores condiciones o porque su vida peligraba. Aprovechaban para participar también en diferentes actividades como un taller de henna, el juego de la petanca, un bingo o un taller de decoración de bolsas de tela -también conocidas como totebags-.

La jornada ha sido organizada por Cruz Roja Española, Movimiento por la Paz, Provivienda, Accem, Diaconía, Cáritas y Médicos del Mundo.

Testimonios de refugiados y migrantes en Toledo

Al igual que Ibrahima, Miguel Valdivieso se convirtió en un preso político en Venezuela y tuvo que abandonar su país. Señala que vino a España hace seis meses después de solicitar asilo político porque era dirigente de un partido político en aquel país, compañero de María Corina Machado -también exiliada en España-. “Cualquier persona disidente del régimen es perseguida en mi país. Después de las elecciones del 28 de julio de 2024 tuve que salir por lo que se denomina un 'Camino Verde'. Desde entonces, por el estrés que sufrí durante la persecución padezco hipertiroidismo”, explica. Además, relata que sus compañeros que no pudieron salir ahora están en prisión.

Varias personas han compartido su historia con elDiario.es Castilla-La Mancha, como Codou, una joven senegalesa de veinte años que llegó a España en 2023. “Salí de Senegal en un barco y tardé siete días en llegar hasta Tenerife.” Nos explica que después fue a Barcelona y finalmente se estableció en Toledo, gracias a Cruz Roja. “Estoy aprendiendo español, poco a poco. Empecé en Barcelona, pero es bastante difícil. Estoy buscando trabajo, yo estudié hostelería y pastelería, así que me gustaría trabajar de eso”, comenta.

Llegué con mi tía en un barco junto a otras cincuenta personas, más o menos. Fue muy difícil

Mariam — Migrante senegalesa

Otra joven senegalesa que ha participado en este encuentro es Mariam, de 18 años. Nos explica que llegó a España en septiembre de 2023, concretamente a El Hierro: “Llegué con mi tía en un barco junto a otras cincuenta personas, más o menos. Fue muy difícil”, comenta dirigiendo la mirada al suelo, como si se sintiese incómoda recordando ese episodio de su vida. Sin embargo, cada vez conoce más el idioma y ha aprendido a hablarlo con bastante fluidez. Durante la conversación nos explica que le gustaría estudiar peluquería y estética y trabajar como manicurista.

En el caso de Vlodomir, un médico ucraniano de 68 años, que vivía en Yalta (Crimea) cuenta que se marchó huyendo del conflicto entre su país y Rusia que todavía sigue latente. Está en España desde hace diez meses: “Me fui porque no sé cuándo acabará la guerra. Estoy solo, no tengo a nadie allí, no me queda familia. Vine avión, aunque también en coche y autobús”, explica, aunque todavía encuentra bastante barrera con el idioma.

Me fui porque no sé cuándo acabará la guerra. Estoy solo, no tengo a nadie allí, no me queda familia. Vine avión, aunque también en coche y autobús

Vlodomir — Refugiado ucraniano

Krisley, una venezolana de 38 años, decidió abandonar su país para buscar una vida mejor. “La escasez de los recursos me sobrepasó. Tenía tres trabajos y cubría doce horas laboralmente, algo que era completamente insostenible. No sabía si venir a España o a Estados Unidos, pero elegí España porque no quería pasar por los problemas que existen en la frontera”.

Dejó Venezuela en noviembre de 2023 y desde entonces ha tenido varios trabajos para poder mantener a sus padres que sufren enfermedades degenerativas. “En Venezuela la sanidad es privada y es muy costosa, sobre todo cuando son patologías que conllevan muchos cuidados”.

Tuve malas experiencias, en empleos donde no me pagaron o tuve problemas de violencia, pero ahora con el programa de la organización en la que estoy quiero volver a encontrar un trabajo digno

Krisley — Migrante venezolana

En su relato dice que para las personas migrantes encontrar un empleo es complicado en España: “Tuve malas experiencias, en empleos donde no me pagaron o tuve problemas de violencia, pero ahora con el programa de la organización en la que estoy quiero volver a encontrar un trabajo digno”.

Carlos de la Puente: “El refugio es un derecho”

Desde las diferentes organizaciones sin ánimo de lucro que han estado presentes en este encuentro social han explicado las diferentes iniciativas con las que cuentan para ayudar y posibilitar la integración de los refugiados y migrantes en la sociedad. Cruz Roja Española, Accem, Provivienda, Movimiento por la Paz y Diaconía llevan a cabo el 'Programa de acogida para solicitantes y beneficiarios de protección internacional'. Se trata de un programa con casi 500 plazas de acogida, de las cuales en Cruz Roja Española cuentan con 75 en Castilla-La Mancha.

El referente de Cruz Roja Española en Toledo, Carlos de la Puente, ha explicado que “el refugio es un derecho. Nadie se va de su país porque quiere, sino para labrarse un futuro mejor y sobre todo olvidar lo que han pasado”. Además, subraya que para ser beneficiario de la protección internacional “hay que cumplir los requisitos que marca la Ley de Asilo, como por ejemplo venir de un ambiente de guerra, ser una persona que pertenece al colectivo LGTBIQ+ en países donde está penado por ley y se es perseguido, y también por asuntos políticos o religiosos”, explica.

El programa de acogida lleva activo desde 2016 y en Cruz Roja Española han atendido “en torno a mil personas”, señala De la Puente. Además, expone que en los últimos meses “la mayoría de personas migrantes y refugiados que llegan son personas solas o familias monomarentales de Sudamérica”.

Tanto Mariam como Vlodomir forman parte de un programa de asilo de la Plataforma de Acción Social Diaconía, ubicado en la localidad toledana de Seseña, que posibilita la inclusión de las personas refugiadas en la sociedad y, que en este caso, les están enseñando español.

Patricia Cerrada, profesora de castellano de esta plataforma nos cuenta que actualmente tiene un grupo de seis personas de diferentes edades con los que desarrolla varias actividades para aprender nuestro idioma: “Aprender nuestra lengua es lo más importante para ellos, ya que eso les va a dar acceso a tener un empleo, tener una vivienda o poder seguir estudiando”, explica. Se trata de clases “muy personalizadas, es muy íntimo y cómodo para ellos, porque lo hacemos en un salón, tomamos un café o merendamos. Tenemos personas de muchas nacionalidades y este entorno les ayuda a apoyarse los unos con los otros”.

El condominio más pequeño del mundo, de apenas 2.000 metros cuadrados, se encuentra en España. Al menos hasta el próximo 1 de agosto. Entonces, pasará a ser francés. Lo será hasta el siguiente 1 de febrero, cuando vuelva a ser español. Este pimpón de nacionalidades es la característica más pintoresca de la Isla de los Faisanes, un trozo de tierra en el río Bidasoa, entre Hendaya e Irún, que cambia de soberanía cada seis meses. Lo hace con una ceremonia militar donde ambos países se intercambian el poder sobre el islote.

El cambio de soberanía homenajea, de alguna forma, los dos sucesos más importantes que ocurrieron en la isla, la firma del Tratado de Paz de los Pirineos en 1659, y su ratificación por el compromiso contraído entre Luis XIV y la infanta María Teresa. Aunque parezca algo simbólico, el que cada seis meses pertenezca a un país implica ciertas cosas. “El cambio es algo que no tiene una consecuencia práctica efectiva. No está habitada la isla. Pero imaginemos que hubiera un delito. O que aparece un cadáver. Pues dependiendo del semestre se aplicaría uno u otro Código Penal”, ponía como ejemplo Guillermo Echenique, subdelegado del Gobierno español en Gipuzkoa, en un reportaje sobre la Isla de los Faisanes en elDiario.es.

El director y guionista Asier Urbieta parece haber cogido esa declaración y haberle dado una vuelta de tuerca, ¿qué pasaría si apareciera un muerto justo en el cambio de guardia entre un país y otro?, ¿de quién sería ese muerto? Y, para rizar el rizo, ¿qué pasaría si ese muerto fuera un migrante africano que intentaba cruzar el Bidasoa? Con esa pregunta introduce otro elemento actual, pero desconocido para casi todo el mundo, y es que muchos inmigrantes intentan llegar a Francia cruzando el río, muriendo por el camino, un pequeño estrecho que contó en su documental Bidasoa 2018 - 2023 Fermín Muguruza. En 2021, diez personas fallecieron en sus aguas. Se estima que más de 60.000 inmigrantes han pasado por allí desde 2018.

Todo ello forma parte de La Isla de los Faisanes, el drama social dirigido por Urbieta —que ha llegado este fin de semana a los cines— que coge esa hipótesis, un muerto que nadie quiere en un islote que cambia de soberanía, para hablar del racismo institucional y sistémico y de la falta de acción de Europa ante estos problemas. Todo partió de una noticia en un periódico, un muerto en el Bidasoa. Fue a partir de ese momento cuando comenzó a leer y conocer todo el flujo migratorio que traían sus aguas. 

Durante el proceso de documentación del filme murieron 10 personas. Siete ahogadas y tres arrolladas por el tren entre Hendaya e Irún. Ahí surgió su pregunta y la idea de colocar ese lugar casi mitológico que conocía de su infancia, La isla de los Faisanes, como “una metáfora que servía para hablar de las fronteras”.

Un dilema moral

Para contar todo ello, la película coloca el foco en una pareja que vive en Irún. Él es negro y sufre el racismo institucional cada vez que cruzan el puente hacia Hendaya a ver a unos amigos. Un día, ven en el borde del Bidasoa a dos personas migrantes ahogándose. Mientras que ella —Jone Liaspur, ganadora del Goya por Ane— se tira a ayudar, él —Sambou Diaby— se queda paralizado. Uno de los dos extranjeros muere en el agua. El muerto que luego aparecerá en la Isla de los Faisanes. Eso introduce un dilema moral muy potente en el filme, ese ¿tú que hubieras hecho? Que en esta ocasión tiene un agravante racial.

Por desgracia hay muertos de primera y muertos de segunda según los intereses políticos que puedan tener los medios de comunicación en ese momento

Asier Urbieta — Cineasta

“Quería lanzar esa pregunta al espectador, qué haría él, si se lanzaría o no, porque es algo que tienes que decidir en tres segundos. A veces tienes unos ideales, unos principios, pero cuando trabaja el inconsciente te puedes llevar un chasco. Quiero que la gente se pregunta por su posición en el mundo, si actuaría o sería un mero espectador. Ahí entra la responsabilidad individual, que si la unimos la convertimos en una responsabilidad colectiva y podríamos hacer mucho más”, cuenta el cineasta.

Para el director, lo que ocurre muestra que somos una sociedad que mientras la realidad no le salpica a la cara nos quedamos en las buenas intenciones. A la hora de actuar la mayor parte se quedaría en la orilla en vez de saltar. “Los personajes viven de espaldas a la emergencia migratoria, pero se lo encuentran delante de sus morros y ahí toca reaccionar”, dice sobre su propuesta narrativa y explica por qué le parecía importante que fuera una pareja interracial: “Nos parecía interesante, y que la persona que no saltara fuera la persona negra. Eso da una profundidad mucho más grande a la película”.

A través de su personaje, además, se muestra el racismo cotidiano lleno de “detalles que están cogidos de la realidad”. “Hay una escena que es algo que me pasó a mí, y es que vi como a una persona negra le pidieron que pagara un café antes de dárselo, algo que no hacían con ningún otro cliente. Quería que abriéramos los ojos a esas pequeñas cosas cotidianas en las que se trata diferente al que no es como nosotros”, señala.

Con el filme también evidencia cómo una realidad parece que no existe si los medios no ponen el foco en ella. “Suele pasar con estos focos mediáticos. Hablamos todos de Ucrania un tiempo y luego nos olvidamos, y con el Bidasoa pasa que no es el punto más caliente de la migración, y el foco no está en esta frontera sino en otros lugares. Creo que sí, que, por desgracia, hay muertos de primera y muertos de segunda según los intereses políticos que puedan tener los medios de comunicación en ese momento”, critica Asier Urbieta.

Si su película plantea que como ciudadanos hay que tomar la decisión de actuar o no actuar, como cineasta Urbieta se plantea el mismo debate, aunque en su caso la decisión “sale de una manera natural”: “Hay temas que me interesan y quiero contarlos. A veces es una denuncia sobre algo que está ocurriendo, como me pasó con la serie Altsasu y me ha ocurrido con esta película, porque para mí el cine puede ser un motor de cambio, un lugar de reflexión y una forma de llegar al público. Estamos inmunizados a lo que cuentan los medios, a los datos, pero con la película queríamos emocionar y hacerles reflexionar”.

Un día de hace casi dos meses la historia de Siria cambió de repente. Bashar Al Ashad se exilió a Rusia después de 14 años de guerra civil, después de 24 años en el poder y después de más de 50 años de régimen autoritario, si sumamos el suyo al de su padre. Dos meses después, Siria tiene nuevo presidente: Ahmad Al Sharaa.

Con el mandatario sirio estuvo hace unas semanas el jefe de la información internacional de elDiario.es, Andrés Gil. Además, escuchamos a Fadi, un ciudadano sirio que vive en Damasco y que ha vivido todo este proceso y más de diez años de guerra. Acabamos hablando con la periodista de elDiario.es Francesca Cicardi, que también ha viajado a Siria para conocer la realidad de un país que se enfrenta a una reconstrucción total.

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Con el objetivo de informar y facilitar la contratación de personas refugiadas y beneficiarias de Protección Internacional y Protección Temporal, desde la organización Zehar Errefuxatuekin han recopilado información sobre las diferentes situaciones administrativas en las que pueden encontrarse estas personas y sus derechos laborales correspondientes. Las personas solicitantes y beneficiarias de Protección Internacional y Protección Temporal están autorizadas para trabajar en función de la situación administrativa en la que se encuentren. Dicha autorización para trabajar no tiene restricciones en cuanto a ámbito geográfico ni a sector de actividad. Estas son las diferentes situaciones administrativas en las que se pueden encontrar las personas solicitantes y beneficiarias de Protección Internacional y Protección Temporal:

1) Manifestación de voluntad de presentar solicitud de protección internacional

Cuando la persona se encuentra regularmente en España porque ha manifestado su voluntad de presentar la solicitud de protección internacional pero aún no la ha formalizado. En este caso todavía no cuenta con autorización para trabajar.

2) Presentación de solicitud de protección internacional 

Cuenta con autorización para trabajar desde la fecha que se indica en el primer párrafo de advertencias. Mantendrá su condición de solicitante de protección internacional hasta que tenga una respuesta definitiva a su solicitud, aunque este documento tenga una validez de 9 meses.

3) Documento acreditativo de solicitante de protección internacional en tramitación (Tarjeta roja)  

Con este documento, la persona cuenta con autorización para trabajar, sin embargo, mantendrá su condición de solicitante de protección internacional hasta que tenga una respuesta definitiva a su solicitud, aunque este documento tenga una validez de un año.

4) Presentación de solicitud de protección temporal para personas desplazadas (Ucrania)

Se trata de un caso específico para los refugiados que huyen de la guerra de Ucrania. Ocurre cuando la persona ha solicitado protección temporal porque viene huyendo de la guerra en Ucrania, pero no tiene por qué ser nacional de Ucrania, basta con que tuviera permiso de residencia en dicho país cuando estalló el conflicto. En este caso la persona cuenta con autorización para trabajar a partir de las 24 horas desde que obtiene este documento.

5) Resolución de protección internacional

Cuando las personas solicitantes de protección internacional o temporal ven resuelta su solicitud, se les entrega una resolución en la que se indica el tipo de protección que se les concede

La concesión de cualquiera de las cuatro protecciones lleva aparejada la autorización para trabajar y el derecho a recibir una Tarjeta de Identidad de Extranjero (TIE) que acredite la protección concedida.

6) Solicitantes de protección internacional en vía de recurso contra la Denegación

Las personas solicitantes que ven denegada su solicitud de protección internacional no necesariamente pierden su autorización para trabajar. Pueden interponer un recurso contra la resolución que deniega su solicitud y en el mismo solicitar la suspensión de dicha resolución hasta que se resuelva el recurso. En ese caso mantendrían su derecho a trabajar en España. Puede comprobarse fácilmente esta situación mediante un justificante que acredite haber interpuesto dicho recurso.

Para más información al respecto la ONG Zehar Errefuxatuekin dispone de un servicio jurídico en el teléfono 747 497 434 y el correo electrónico info@zehar.eus

La ONG Zaporeak recogerá arroz para las personas refugiadas que se encuentran en las islas griegas durante las regatas de la Bandera de La Concha en Donostia, este próximo domingo y el siguiente.

En un comunicado recogido por Europa Press, Zaporeak ha señalado que montará un puesto de recogida de arroz durante las regatas en el Boulevar donostiarra “para llenar metafóricamente esas traineras, tan parecidas a las pateras en las que llegan las personas solicitantes de asilo a Lesbos y darle la vuelta”.

“Que los barcos en las que llegan o naufragan en la isla se conviertan en traineras de colores, llenas de arroz y con gritos de ánimo y solidaridad de todos los seguidores de las regatas”, han explicado desde la ONG. En el puesto también se podrá adquirir material de 'merchandising' de Zaporeak en apoyo a las personas refugiadas.

El pasado viernes, la ONG Salvamento Humanitario denunciaba que la Generalitat Valenciana reclamaba al barco 'Aita Mari', que utiliza como base para sus rescates en el Mediterráneo el puerto castellonense de Borriana, 63.300 euros en concepto de tasas portuarias por la modificación del reglamento que suprime la exención de tasas que “existía hasta ahora” en la Ley 2/2014 de Puertos. Esta liquidación corresponde a los últimos cuatro años, ya que se aplicaría la eliminación con efecto retroactivo.

El Consell, por su parte, expresó su “voluntad de diálogo permanente” con las embarcaciones humanitarias, y aseguró que “siempre” se les garantizaría el amarre en los puertos valencianos “sin ningún tipo de veto”, aunque sí “cumpliendo la normativa en vigor”. Según explicaban, la decisión del Botànic de no cobrar estas tasas a determinadas entidades “se hizo sin ningún tipo de motivación y sin aprobar resolución alguna”, por lo que se trataba de una decisión “sin amparo legal” en la que “se limitaban a dejar caducar los expedientes”.

Exención en vigor

En el artículo 22 de la ley de acompañamiento de 2016, el Botànic -entonces formaban parte del Gobierno de Ximo Puig el PSPV y Compromís- modificó el artículo 4.4 de la Ley 1/1999, de 31 de marzo, de la Generalitat Valenciana de tarifas portuarias. Esta modificación, en Vigor desde entonces porque no ha sido rectificada por el Consell de Carlos Mazón ni en la ley de acompañamiento de 2023 ni en el decreto ómnibus del pasado 9 de julio, explica que quedan exentos de pago de las tarifas portuarias: “el material y las embarcaciones de la Cruz Roja Española dedicados a las labores propias que tiene encomendadas la institución , y de otras entidades de carácter humanitario, sin fines lucrativos y legalmente constituidas, que por necesidades de funcionamiento deban situarse en el dominio público portuario, previa comunicación a la Administración portuaria”, además de “los barcos de guerra y aeronaves militares españolas […]” y “el material de la autoridad portuaria y las embarcaciones de la Administración […]”. También otorga potestad al conseller de turno para establecer “exenciones o bonificaciones en las tarifas para actividades sin ánimo de lucro, de relevante interés humanitario o social”.

En 2015, con el Partido Popular de Alberto Fabra en la Generalitat, una ONG pide la exención de la tasa y la Conselleria solicita un informe a la abogacía de la Generalitat, que apunta que se puede hacer una resolución eximiendo del pago, aunque recomienda una modificación de la ley de 1999. Sin embargo, este cambio legislativo no se produce hasta 2016, ya con el Botànic en la Generalitat, debido a las peticiones realizadas por las ONGs que desarrollan labores humanitarias de salvamento en el Mediterráneo, una normativa que no ha sido derogada. El informe de la Abogacía explicaba que se debe regular por ley “El establecimiento, modificación, supresión y prórroga de las exenciones, reducciones, bonificaciones, deducciones y demás beneficios o incentivos fiscales”, que es lo que se hizo con la modificación del texto normativo de 1999.

Lo único que aparece en el decreto-ley de simplificación administrativa, el conocido como decreto ómnibus del 9 de julio pasado, es una actualización de las tasas por medio de una modificación del artículo 48 de la ley de 1999 que únicamente afecta a la base impositiva de las tasas y que no hace referencia alguna a la derogación de la exención, que por tanto sigue en vigor.

El Consell dice que la ley se refiere a “pequeñas estancias”

La Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, consultada por elDiario.es, asegura que mantiene una “estrecha relación” con los diferentes actores portuarios, entre ellos embarcaciones de ayuda humanitaria, y se limita a “cumplir la ley y la normativa en vigor”. En este sentido, destacan que “siempre que alguna embarcación de este tipo ha solicitado amarre, se ha priorizado esa petición de tal forma que siempre han podido guarecerse en los puertos de la Generalitat”. “De hecho -insisten-, se ha priorizado su petición sin ningún tipo de veto”.

Así, el Gobierno de Mazón sostiene que el Botànic “decidió dejar de cobrar estas tasas a determinadas entidades”, y añade: “Lo hizo con una una decisión sin amparo legal en la que se limitaba a dejar caducar los diferentes expedientes, lo que generaba un problema de seguridad jurídica al cuerpo funcionarial”. ⁠Lo que se ha hecho ahora, defienden, es “regularizar la situación que carecía de soporte administrativo y aplicar la misma ley. En ningún caso se ha modificado la normativa con el decreto de simplificación administrativa en este sentido, que simplemente se limitó a actualizar las tasas de luz y agua a abonar”.

Según explican, las necesidades de funcionamiento a las que se refiere la modificación del artículo 4 de la ley 1/1999 se refieren a “breves estancias para realizar tareas de, por ejemplo, aprovisionamiento; por tanto, no se establece que estén en vigor exenciones de forma generalizada para este tipo de embarcaciones”. “Ha sido habitual durante los últimos años que el recalado se extendiese durante periodos que superaban los dos meses en los que la entidad no tenía actividad”, matizan. Por ello, consideran que no se trataba de “meras necesidades de funcionamiento”, sino que se trataba de “establecer como base permanente” los puertos de Vinaròs y Borriana.

La Generalitat reitera que existe una “voluntad de diálogo permanente” con las embarcaciones humanitarias y que “siempre se les va a garantizar que puedan recalar en los diferentes puertos de la Comunitat Valenciana sin ningún tipo de veto, pero sí cumpliendo la normativa en vigor”. “Se pueden recurrir las tasas que se han cobrado si se considera que eran estancias contempladas y comunicadas y se analizará la situación caso a caso”, insisten.

“Criminalizar” la labor humanitaria de las ONGs

La diputada socialista María José Salvador censura que el Gobierno de Carlos Mazón “se salta la ley, y prefiere criminalizar la labor humanitaria que realizar las ONG, los barcos de rescate que salvan vidas en el Mediterráneo”, e insiste en que el president y el Partido Popular “han asumido el marco ideológico de Vox sin ningún pudor; sin ir más lejos, reclamando el pago de tasas portuarias a un barco de rescate, cuando la Ley los declara exentos desde el 1 de enero de 2017, ya que el Consell de Ximo Puig aplicó esta exención en la Ley de Acompañamiento de 2016”. 

Por último, Salvador lamenta que Mazón “no necesita a Vox para asumir el marco de la extrema derecha, y este es un ejemplo. Pedimos que rectifique y aplique la ley vigente, lo contrario se podría acercar a la arbitrariedad y a la prevaricación”.

Divendres passat, l’ONG Salvament Humanitari denunciava que la Generalitat Valenciana reclamava al vaixell Aita Mari, que utilitza com a base per als seus rescats a la Mediterrània el port castellonenc de Borriana, 63.300 euros en concepte de taxes portuàries per la modificació del reglament que suprimeix l’exempció de taxes que “hi havia fins ara” en la Llei 2/2014 de ports. Aquesta liquidació correspon als últims quatre anys, ja que s’aplicaria l’eliminació amb efecte retroactiu.

El Consell, per part seua, va expressar la seua “voluntat de diàleg permanent” amb les embarcacions humanitàries i va assegurar que “sempre” se’ls garantiria l’amarrament en els ports valencians “sense cap mena de veto”, encara que sí “complint la normativa en vigor”. Segons explicaven, la decisió del Botànic de no cobrar aquestes taxes a unes entitats determinades “es va fer sense cap mena de motivació i sense aprovar cap resolució”, per la qual cosa es tractava d’una decisió “sense empara legal” en què “es limitaven a deixar caducar els expedients”.

Exempció en vigor

En l’article 22 de la llei d’acompanyament del 2016, el Botànic –llavors formaven part del Govern de Ximo Puig el PSPV i Compromís– va modificar l’article 4.4 de la Llei 1/1999, del 31 de març, de la Generalitat Valenciana de tarifes portuàries. Aquesta modificació, en vigor des de llavors, perquè no ha sigut rectificada pel Consell de Carlos Mazón ni en la llei d’acompanyament del 2023 ni en el decret òmnibus del 9 de juliol passat, explica que queden exempts de pagament de les tarifes portuàries: “el material i les embarcacions de la Creu Roja Espanyola dedicats a les tasques pròpies que té encomanades la institució , i d’altres entitats de caràcter humanitari, sense finalitats lucratives i legalment constituïdes, que per necessitats de funcionament hagen de situar-se en el domini públic portuari, prèvia comunicació a l’Administració portuària”, a més dels “vaixells de guerra i aeronaus militars espanyoles […]” i “el material de l’autoritat portuària i les embarcacions de l’Administració […]”. També atorga potestat al conseller de torn per a establir “exempcions o bonificacions en les tarifes per a activitats sense ànim de lucre, de rellevant interés humanitari o social”.

El 2015, amb el Partit Popular d’Alberto Fabra en la Generalitat, una ONG demana l’exempció de la taxa i la Conselleria sol·licita un informe a l’Advocacia de la Generalitat, que apunta que es pot fer una resolució eximint del pagament, encara que recomana una modificació de la llei del 1999. No obstant això, aquest canvi legislatiu no es produeix fins al 2016, ja amb el Botànic en la Generalitat, a causa de les peticions fetes per les ONG que desenvolupen tasques humanitàries de salvament a la Mediterrània, una normativa que no s’ha derogat. L’informe de l’Advocacia explicava que s’ha de regular per llei “l’establiment, la modificació, la supressió i la pròrroga de les exempcions, les reduccions, les bonificacions, les deduccions i altres beneficis o incentius fiscals”, que és el que es va fer amb la modificació del text normatiu del 1999.

L’única cosa que figura en el decret llei de simplificació administrativa, el conegut com a decret òmnibus del 9 de juliol passat, és una actualització de les taxes per mitjà d’una modificació de l’article 48 de la llei de 1999 que únicament afecta la base impositiva de les taxes i que no fa cap referència a la derogació de l’exempció, que, per tant, continua en vigor.

El Consell diu que la llei es refereix a “estades breus”

La Conselleria de Medi Ambient, Infraestructures i Territori, consultada per elDiario.es, assegura que manté una “relació estreta” amb els diferents actors portuaris, entre els quals embarcacions d’ajuda humanitària, i es limita a “complir la llei i la normativa en vigor”. En aquest sentit, destaquen que “sempre que alguna embarcació d’aquest tipus ha sol·licitat amarrament, s’ha prioritzat aquesta petició de tal manera que sempre han pogut arrecerar-se en els ports de la Generalitat”. “De fet –insisteixen–, s’ha prioritzat la seua petició sense cap mena de veto”.

Així doncs, el Govern de Mazón sosté que el Botànic “va decidir deixar de cobrar aquestes taxes a unes entitats determinades”, i afig: “Ho va fer amb una decisió sense empara legal en què es limitava a deixar caducar els diferents expedients, cosa que generava un problema de seguretat jurídica al cos funcionarial”. ⁠El que s’ha fet ara, defensen, és “regularitzar la situació que mancava de suport administratiu i aplicar la mateixa llei. En cap cas s’ha modificat la normativa amb el decret de simplificació administrativa en aquest sentit, que simplement es va limitar a actualitzar les taxes de llum i aigua a abonar”.

Segons expliquen, les necessitats de funcionament a què es refereix la modificació de l’article 4 de la Llei 1/1999 es refereixen a “estades breus per a fer tasques, per exemple, d’aprovisionament; per tant, no s’estableix que estiguen en vigor exempcions de manera generalitzada per a aquesta mena d’embarcacions”. “Ha sigut habitual durant els últims anys que el recalat s’estenguera durant períodes que superaven els dos mesos en què l’entitat no tenia activitat”, matisen. Per això, consideren que no es tractava de “meres necessitats de funcionament”, sinó que es tractava d’“establir com a base permanent” els ports de Vinaròs i Borriana.

La Generalitat reitera que hi ha una “voluntat de diàleg permanent” amb les embarcacions humanitàries i que “sempre se’ls garantirà que puguen recalar en els diferents ports de la Comunitat Valenciana sense cap mena de veto, però sí complint la normativa en vigor”. “Es pot recórrer contra les taxes que s’han cobrat si es considera que eren estades previstes i comunicades i s’analitzarà la situació cas per cas”, insisteixen.

“Criminalitzar” la tasca humanitària de les ONG

La diputada socialista María José Salvador censura que el Govern de Carlos Mazón “se salta la llei i prefereix criminalitzar la tasca humanitària que fan les ONG, els vaixells de rescat que salven vides a la Mediterrània”, i insisteix que el president i el Partit Popular “han assumit el marc ideològic de Vox sense cap pudor; sense anar més lluny, reclamant el pagament de taxes portuàries a un vaixell de rescat, per bé que la llei els declara exempts des de l’1 de gener de 2017, ja que el Consell de Ximo Puig va aplicar aquesta exempció en la llei d’acompanyament del 2016”.

Finalment, Salvador lamenta que Mazón “no necessita Vox per a assumir el marc de l’extrema dreta, i aquest n’és un exemple. Demanem que rectifique i aplique la llei vigent, el contrari es podria acostar a l’arbitrarietat i a la prevaricació”.

La ONG Salvamento Marítimo Humanitario denuncia que la Generalitat reclama al barco 'Aita Mari', con base en el puerto castellonense de Borriana, un total de 63.300 euros en concepto de tasas portuarias, al “modificar el reglamento suprimiendo la exención de tasas que existía hasta ahora” en la Ley 2/2014 de Puertos.

La organización asegura que el Consell pretende aplicar con efecto retroactivo la modificación de la ley que elimina la exención de tasas para este tipo de barcos, que se aprobó en junio de 2024, realizando una liquidación de tasas de los últimos cuatro años.

“Han puesto en marcha el proceso recaudatorio de las tasas que estamos exentos, pero que ahora al liquidarlas retroactivamente de forma ilegal debemos pagar para evitar recargos por impagos y el embargo de los avales que tienen frente a la hacienda pública nuestros agente marítimos. El importe de dicha liquidación, hasta ahora y sin recargos es de 63.300 euros solo para el barco 'Aita Mari'”, expone.

Ante esta situación, la ONG advierte que la aplicación de las tasas dificultará “muchísimo” las próximas misiones del 'Aita Mari', la siguiente prevista para octubre.

Por contra, destaca que el anterior gobierno del Botànic dispuso en su ordenamiento jurídico que quedaban exentos del pago de las tarifas portuarias “el material y las embarcaciones de la Cruz Roja Española dedicados a las labores propias que tiene encomendadas esta institución, y de otras entidades de carácter humanitario, sin fines lucrativos y legalmente constituidas, que por necesidades de funcionamiento deban situarse en el dominio público portuario, previa comunicación a la Administración portuaria” (artículo 4.2 de la Ley 1/1999 de Tarifas Portuarias, en su redacción dada por el artículo 22 de la Ley 13/2016 de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera y de organización.

“Durante los últimos años, la flota civil de rescate ha encontrado en los puertos de la Generalitat Valenciana un lugar amigo de refugio. En los puertos de Borriana y Vinaròs (Castellón) las tripulaciones de los barcos de rescate y ayuda humanitaria tenían un lugar para descansar y hacer las labores de mantenimiento para tener los barcos en condiciones óptimas para operar”, manifiesta.

Además, la entidad critica que “era una vieja reclamación de Vox expulsar a los barcos de ayuda humanitaria de los puertos valencianos y una de sus primeras acciones --cuando formaba parte del Consell junto al PP antes de abandonar los gobiernos autonómicos el mes pasado-- ha sido modificar el reglamento suprimiendo la exención de tasas que existía hasta ahora”.

Y reprocha: “Estos son los hechos concretos en los que se traduce la agenda racista y xenófoba de la extrema derecha. En ella todo vale para conseguir sus fines, ellos son los que deciden quién vive y quién muere, qué vidas se deben sacrificar, que ayuda humanitaria es válida y cuál se debe entorpecer y criminalizar”.

“Voluntad de diálogo permanente”

El Gobierno valenciano, por su parte, muestra su “voluntad de diálogo permanente” con las embarcaciones humanitarias y asegura que “siempre se les va a garantizar que puedan recalar en los diferentes puertos de la Comunitat Valenciana sin ningún tipo de veto, pero sí cumpliendo la normativa en vigor”.

Fuentes del departamento que dirige Vicente Martínez Mus como conseller subrayan que “la Generalitat mantiene una estrecha relación con los diferentes actores portuarios, entre ellos embarcaciones de ayuda humanitaria, y se limita a cumplir la ley y la normativa en vigor”.

Además, señalan que “siempre que alguna embarcación de este tipo ha solicitado amarre, se ha priorizado esa petición de tal forma que siempre han podido guarecerse en los puertos de la Generalitat”.

Ahora bien, desde Conselleria sostienen que el anterior gobierno del Botànic “decidió dejar de cobrar estas tasas a determinadas entidades, pero lo hizo sin ningún tipo de motivación y sin aprobar resolución alguna”.

“Por tanto, era una decisión sin amparo legal en la que se limitaba a dejar caducar los diferentes expedientes”, recalcan, y defienden que “lo que se ha hecho ahora es regularizar la situación que carecía de soporte administrativo y aplicar la misma normativa que lleva en vigor durante los diferentes años”.

Por último, Medio Ambiente indica que “en este caso particular se pueden recurrir las tasas que se han cobrado y se analizará la situación caso a caso”.

Sally Hayden (Dublín, 1989) es una periodista ampliamente galardonada por una investigación que cambió su vida y la de decenas de personas presas en centros de detención en Libia, cuyo delito simplemente había sido intentar cruzar el Mediterráneo. Diversos años de trabajo se han concentrado en el libro 'Cuando lo intenté por cuarta vez, nos ahogamos' (Capitán Swing, 2024), un título que hace referencia a la historia de un chico somalí que perdió a la mitad de su familia en un naufragio. Lo intentó una quinta vez y, finalmente, lo consiguió. Solo y asustado, pero lo consiguió.

Hayden atendió a elDiario.es en la sede del Instituto Europeo del Mediterráneo (IEMED) de Barcelona, donde presentó su investigación, en la que da una nueva perspectiva de lo que sucede a las personas que tratan de llegar a Europa.

Todo empezó con un mensaje de Facebook. ¿Qué decía?

“Hola, hermana Sally. Necesitamos tu ayuda. Vivimos en malas condiciones en una prisión libia. Si tienes tiempo, te contaré toda la historia”. Accedí, aunque no sabía si podría ayudar, y el prisionero me contó que estaba con centenares de personas en lo que describió como una cárcel pero resultó ser un centro de detención en medio del fuego cruzado de una guerra. Necesitaban ayuda urgente.

Contacté a un periodista que estaba en Libia y le dije: “Sé que va a sonar extraño, pero ¿puede ser que haya centenares de personas migradas en este barrio, en algún tipo de prisión?”. Me lo confirmó todo y me dijo que era un centro de detención de migrantes. Aquello iba en serio, así que empecé a contactar con ONG, cualquiera que hubiera estado allí y me pudiera contar qué estaba pasando. La respuesta era siempre la misma: que mi información era correcta, pero que no podían hacer nada.

¿Y luego?

Le dije al hombre con el que estaba en comunicación que me diera más información, localizaciones de GPS, fotografías... Cualquier cosa que pudiera confirmar su historia. Ellos no paraban de pedirme que le contara al mundo lo que les pasaba, pero yo en aquel momento era freelance y puede ser muy difícil que un medio te publique un reportaje. Así que empecé a subir las fotos y las historias a Twitter: conseguí millones de reproducciones y eso hizo que mi nombre se volviera conocido. Mi número de teléfono iba circulando y acabé en contacto con decenas de personas de diferentes centros de detención. Seguí publicando y hablando con ellos. Así pasé tres años de mi vida.

Al principio del libro culpa a la Unión Europea de lo que sucede en esos centros de detención en Libia. ¿Por qué?

No diría que la culpo, simplemente es que en 2017 la UE empezó a apoyar a la guardia costera libia para que interceptara balsas de migrantes y refugiados antes de que llegaran a Europa. Es una manera de esquivar la ley internacional porque los buques europeos no pueden devolver a la gente a Libia, pero los libios, sí. La UE, básicamente, vigila y localiza los botes e informa a la guardia libia, a la que apoya con entrenamiento y equipo. En algo más de cinco años, más de 130.000 personas han sido capturadas así.

Todos fueron trasladados a centros de detención, que han sido comparados acertadamente con campos de concentración. Y todo ello es resultado directo de las políticas anti inmigración de la UE. Descubrir esto, para mí que soy europea, fue muy duro porque fue una constatación de que, aunque veíamos la migración y la tortura de refugiados como un problema lejano, es en realidad consecuencia directa de nuestras políticas.

Los europeos deberíamos preguntarnos constantemente cómo puede ser que las muertes en el Mediterráneo nos den igual

En 2014 los medios se empezaron a llenar de historias de personas que morían en el mar o de su situación de precariedad, los que consiguen llegar a Europa. ¿Cree que nos hemos insensibilizado?

Sí, de hecho escribí un artículo para el 'New York Times' sobre la normalización de la muerte masiva. Cerca de 29.000 personas han desaparecido o muerto en el Mediterráneo desde 2014. Y eso son las cifras oficiales, así que son a la baja. Cuando los gobiernos o los medios de comunicación hablan sobre la crisis migratoria, en realidad, denotan cómo los europeos se sienten lidiando con este fenómeno. Cuando te das cuenta de que todas estas personas que mueren tienen sueños y familias, los números se vuelven insoportables. Los europeos deberíamos preguntarnos constantemente cómo puede ser que las muertes en el Mediterráneo nos den igual. Deberíamos enfrentarnos a estas cifras cara a cara.

La UE aprobó en diciembre un pacto sobre migraciones y asilo más duro, sin una gran respuesta ciudadana. ¿Cómo se puede combatir esta apatía?

Cuando empecé este trabajo, realmente creía que los políticos no sabían lo que estaba ocurriendo, así que quise documentarlo para hacérselo notar. Luego resultó que sí lo sabían. Hablé con muchos y la respuesta era siempre la misma: “Sí, es horrible, pero es lo que la ciudadanía europea quiere”. Si el pueblo fuera consciente de lo que suponen estas políticas, reaccionaría. Pero la gente en el poder se asegura de usar términos deshumanizantes como “gestión migratoria”. Incluso el término “migración” es deshumanizador porque separa el acto de la persona que lo ejerce. Eso nos incapacita para ver los abusos.

¿Cree que la falta de respuesta ciudadana tiene que ver más con el racismo o con la ignorancia? La reacción ante la llegada de refugiados ucranianos fue muy diferente a la que hubo con los que vienen de África.

Hay muchísimo racismo, pero también creo, aunque no puedo hablar por todo el mundo, que hay desconocimiento sobre el papel que nuestros países juegan. Casi todas las personas que conocí en Túnez que intentaban llegar a Europa venían de una antigua colonia europea. En Senegal un pescador me dijo que los buques extranjeros, incluyendo los europeos, son la razón principal por la cual no pueden subsistir. En Somalia han sufrido una sequía que ha matado a decenas de miles de personas y muchos otros han tenido que migrar como consecuencia de un cambio climático que ellos no han provocado. Y luego les juzgamos por querer irse.

La cobertura de los medios sobre África suele ser mala, peor que la del resto del mundo, y eso lleva a la deshumanización. La gente que me escribía desde campos de detención venían de contextos muy diferentes y países distintos, pero todos han sido agrupados en el mismo saco y llamados igual: migrantes. Pero lo único que tienen en común es que no pueden financiarse un viaje a Europa en condiciones.

En esos centros de detención describe tortura, restricciones en la comida, palizas, malas condiciones sanitarias. ¿Qué pasaba ahí dentro?

Cada centro de detención era una versión diferente del infierno. Documenté inanición, negligencia médica, violencia sexual, tortura, represión, extorsión... Muchos tipos de abusos. Cada vez que pensaba que la situación no podía ser peor, algo malo pasaba. Sigo preguntándome cuánta gente muere ahí. Porque aunque los políticos europeos digan que colaboran con la guardia costera libia para interceptar balsas y salvar vidas en el mar, nadie cuenta cuántas de estas personas murieron al regresar a Libia. He preguntado esto a gente de la UE, a autoridades libias... Y nadie lo sabe.

Pero los centros de detención no son CIE. Según lo cuenta en el libro, están gestionados por criminales.

Son contrabandistas, correcto. No llegué a conocerlos a todos, pero eran personas sádicas, cada uno conocido por una particularidad. A uno le gustaba especialmente torturar a los presos, a otro abusar sexualmente de ellos y uno era conocido por su afición a las apuestas.

Ahí es donde acaban migrantes engañados por personas que les aseguran que les ayudarán a cruzar el mar y otros que ya lo han intentado y han sido interceptados. Y, una vez dentro, se les somete a extorsión. ¿Qué pasa con ese dinero?

Esa es una gran pregunta para la que no tengo respuesta. Es un círculo vicioso: se les tortura para que paguen, se envían vídeos y fotografías a sus familiares para que envíen cada vez más dinero. Cuando pagan suficiente, se les facilita un pase en una de las balsas que cruzan el mar. Las mismas que serán interceptadas por la guardia costera y cuyos pasajeros, si sobreviven, volverán al centro de detención. Y así hasta que lo consigan o naufraguen, que es lo que le pasó al chico cuyo testimonio pone nombre al libro.

He intentado saber qué pasa con el dinero que se paga a los contrabandistas, pero muchos de ellos han acabado en Dubai, donde se les pierde el rastro. Sería genial incautar el dinero y usarlo para compensar a las víctimas y sus familias.

A todo esto, ¿cuál es el rol de las ONG o instituciones como Acnur (Agencia de la ONU para los refugiados)?

Pueden llegar a trabajar en alguno de los centros de detención, pero sin mucho margen de maniobra. En el libro me centro en Acnur; muchas de mis fuentes trabajan ahí y me decían que estaban muy incómodos porque sentían que la ONU les utilizaba. No les gustaba tener que ver las barbaridades que ocurrían en los centros sin poder denunciarlo. Y es que la Acnur recibe fondos europeos y a ellos se les impedía hablar libremente sobre las consecuencias de las políticas de la UE. Así que entendí que no siempre te puedes fiar de los informes de la ONU sobre la situación de los refugiados...

He entendido que no siempre te puedes fiar de los informes de la ONU sobre la situación de los refugiados

Dedica buena parte de su investigación al proceso migratorio, pero me gustaría hablar de lo que sucede antes. Ha trabajado en diversos países en los que vivir es, dice, simplemente imposible. ¿Cómo es la vida de un joven que nace ya pensando en migrar?

Me centro mucho en Eritrea, que se ha descrito como la Corea del Norte de África. A la gente que nace allí se le exige realizar un servicio militar indefinido que, en algunos casos, no acaba nunca. Así que muchos intentan escapar del país mientras son adolescentes. La mayoría de los que conocí decían que se iban en busca de “libertad”. Es muy duro para la gente que hemos vivido en democracia entender cómo de horrible es una dictadura tan represiva, en la que siempre tienes la paranoia de que tus vecinos pueden estar delatándote, que puedes ser detenido por cualquier cosa, torturado en cualquier momento.

Que los jóvenes se presten a iniciar un viaje del que ya conocen las consecuencias da buena muestra del infierno que deben vivir en sus países de origen.

Mucha gente piensa que los migrantes hacen estas travesías sin entender el peligro. La mayoría conoce y entiende los riesgos, pero no tienen otra opción. Muchos preferirían quedarse cerca de sus familias, en Libia o Sudán, pero no pueden: las fuerzas de seguridad extorsionan y maltratan constantemente a los migrantes de Eritrea, precisamente porque conocen su desesperación. No hay nada que puedan hacer, no tienen derechos legales y corren el riesgo de ser deportados de vuelta si se quejan. Así que su única opción es seguir moviéndose. Y eso es así generación tras generación.

Su investigación ha sido citada en una comisión de la Corte Penal Internacional en la que se investiga la presunta participación de políticos y funcionarios europeos en crímenes de lesa humanidad. ¿Ha cambiado algo?

Es difícil de decir porque el sistema y la situación siguen igual. Pero hay más conciencia. Y si voy a niveles más pequeños, hay personas cuyas vidas sí han cambiado. Gente que estaba en centros de detención han conseguido llegar a Europa y han iniciado una nueva vida. Hace poco me reencontré con una pareja que ahora vive en Suiza y acaba de tener un bebé. Algunos tienen trabajos, han aprendido diversas lenguas europeas y tienen estudios.

No puedo decir que nada ha cambiado. Pero también diría que este es un momento terrible para el mundo y que la criminalización hacia los migrantes ha crecido en demasía, hasta el punto que se han convertido en el chivo expiatorio para todo. Tenemos que preguntarnos cómo hemos permitido esto y por qué cada día es más fácil desconectar de las consecuencias humanas de las políticas de nuestros gobiernos.

No la veo muy optimista de cara a las elecciones europeas de junio...

Bueno, la migración se está usando para ganar rédito político en muy poco tiempo. Y está costando una millonada. Europa está gastando una cantidad exageradamente enorme de dinero para, básicamente, intentar frenar la migración y lo que mi investigación demuestra es que eso está apuntalando y financiando dictaduras, milicias y diversos sistemas que oprimen a la población de tal manera que incrementa el número de gente que necesita migrar. Esto va a traer una desestabilización mundial enorme en unos años.

Hablaba antes de cómo ha cambiado la vida de la gente que le escribió ese mensaje de Facebook. ¿Cómo fue para usted saber que tenía, prácticamente, la vida de esas personas en sus manos?

Siempre hice lo que hice porque no había otra opción. Soy periodista, no activista ni abogada. En todo momento le dije a esas personas que no podía ayudarlas directamente, pero tenía claro que todo lo que me contaban debía hacerse público. No creo que hubiera sido capaz de mirar a otro lado desde el momento en que supe que esto estaba pasando como resultado de políticas europeas.  

Kateryna Kaminska llegó a Bilbao en 2014 tras la invasión de Rusia en Crimea, ciudad que está a una hora de su pueblo natal. Una década después recuerda cómo fue el momento de tener que abandonar su hogar. “Por las calles pasaban tanques y yo tenía un niño pequeño. Lo único que quería era que mi niño estuviese en un lugar seguro. Así, mi destino fue Bilbao, donde los dos estamos en paz. Para mí, son dos años de guerra en Ucrania, pero diez de resistencia”, señala en una entrevista con este periódico.

Kaminska tiene dos carreras, Economía y Filología, y pudo encontrar trabajo gracias a la ayuda de asociaciones de refugiados, lo que le hizo entender lo complicado que sería rehacer su vida sin ayuda en un país desconocido y sin hablar el idioma. “Comprendo lo difícil que es venir aquí para las mujeres con niños, sin el idioma, sin diplomas homologados, red de contacto ni vivienda. Por eso sabía que tenía que hacer algo”, explica.

Así creó UkraniaSOS, una asociación que comenzó ofreciendo ayuda laboral y apoyo social a las personas que llegaran de Ucrania huyendo de la guerra, pero que dada la red de contactos que han creado se ha abierto a todo tipo de migrantes. “No existe un libro en el que ponga cuándo terminará la guerra ni cómo hay que actuar en época de guerra. Por eso nos hemos juntado varias personas con familias en Ucrania y hemos realizado un plan de acción para ver cómo podemos ayudar. Somos personas voluntarias que residimos en Euskadi y realizamos ayuda humanitaria, apoyamos en la búsqueda de vivienda, de empleo y damos clases en castellano”, explica.

Para nuestra mentalidad es muy importante trabajar y sentirse útil para la sociedad. Buscamos ser independientes y no llegar y depender de ayudas

Desde su creación, han acompañado a cerca de 4.000 personas y, a día de hoy, siguen recibiendo familias provenientes de Ucrania. “Muchas personas de lugares que aún están bombardeando deciden venir a Euskadi porque saben que estamos nosotros y que podemos ayudarles con la búsqueda de empleo. Para nuestra mentalidad es muy importante trabajar y sentirse útil para la sociedad. Buscamos ser independientes y no llegar y depender de ayudas. Para ello nos está apoyando mucho el Gobierno vasco y la Diputación Foral de Bizkaia”, reconoce.

UkraniaSOS está compuesto por cinco personas y más de 200 voluntarios. El acompañamiento que ofrecen es completamente personalizado y depende de si la persona que llega domina el idioma, tiene estudios homologados o menores a su cargo. “Hay casos de mujeres que no saben absolutamente nada de castellano y empiezan a trabajar en limpieza, pero en cuanto aprenden, pueden aspirar a trabajos mejor pagados, como de administrativa o depende de lo que le guste y quiera hacer. Tenemos a mujeres que eran ingenieras y que después de aprender el idioma y homologar sus títulos han conseguido ser ingenieras aquí. La realizad es que el 90% de las personas que acompañamos son mujeres y ya 300 de ellas han encontrado trabajo”, reconoce.

Gracias a esta experiencia y a la red de contactos con empresas que han creado, UkraniaSOS se ha abierto a colaborar también con personas migrantes de otros países. “Han llegado a la asociación personas de Afganistán y de Marruecos e incluso personas de Euskadi que no encuentran trabajo. Nos piden ayuda y tienen muchas ganas de trabajar por lo que cuando las empresas con las que estamos colaborando nos envían solicitudes de empleo, las compartimos entre quienes las necesite”, explica.

En Ucrania todos los días puedes morir, no sabes qué esperar allí. Un día hay bombardeos, al siguiente silencio

Sobre cómo está la situación a día de hoy en Ucrania tras la invasión de Rusia Kaminska asegura que es “inestable”. “Todos los días puedes morir, no sabes qué esperar allí. Un día hay bombardeos, al siguiente silencio. Lo que pasa en mi zona, cerca de Crimea, por ejemplo, es que no solamente están destrozados los edificios y las casas, también la economía, porque estando la situación como está no hay trabajo. Hay zonas a las que la guerra no ha afectado mucho, pero otras en las que ya no hay infraestructuras para vivir. Es muy duro”, reconoce.

Preguntada por si considera que el mundo ha dejado de mirar a Ucrania después de más de dos años de guerra, Kaminska explica que “la sociedad está cansada”. “Nadie se esperaba una guerra en Europa, era algo impensable en este tiempo tan moderno. Al principio pensábamos que en dos semanas se acabaría, pero fueron pasando los meses y la guerra no acaba. Por eso creo que la gente está cansada de las malas noticias, queremos que pasen cosas buenas, tener esperanza, porque todos estamos agotados psicológicamente. Queremos la paz”, indica.

En ese sentido agradece la acogida de Euskadi para poder “sentir paz en un lugar lejos de su hogar”. “La acogida aquí ha sido espectacular, los vascos nos han abierto sus puertas y sus corazones. Aquí hay muchas oportunidades para las personas que llegan, no solamente desde Ucrania, sino de otros lugares del mundo también. Nos ofrecen formaciones gratuitas, clases de castellano y euskera y las personas migrantes pueden reinventarse. El sistema educativo ha acogido a todos los niños ucranianos, el sistema sanitario es gratuito una vez estás empadronado. Eso lo valoramos muchísimo porque es algo que no teníamos en nuestro país. Nos están llegando llamadas de personas ucranianas en Francia y Alemania que quieren venir porque en Euskadi hay más apoyo”, reconoce.

En Euskadi hay muchísimo trabajo, no conseguimos cubrir todas las ofertas de trabajo que nos llegan de muchas empresas

Una de las razones del éxito de su asociación, según explica, es que la acogida sea realizada por personas migrantes del mismo país. “En cualquier acogida de migrantes deben trabajar migrantes de la misma nacionalidad. Por ejemplo, para poder integrar a personas de Marruecos, tiene que trabajar una persona de allí que lleve años viviendo en Euskadi. Esto es importante porque así conoce la cultura de la persona que viene y también esta. Así puede explicar de primera mano todas las costumbres que hay y puede guiar mejor a las personas cuando existan choques culturales, que existen y a todos nos han pasado”, señala.

Si Kaminska tuviera que lanzar un mensaje a las personas que están en contra de acoger a migrantes, les diría que “la interculturalidad enriquece”. “Nos hace mejor personas, nos hace entender el mundo. La realidad es que, al menos en Euskadi, hay muchísimo trabajo. No conseguimos cubrir todas las ofertas de trabajo que nos llegan de muchas empresas. Los migrantes no quitan el trabajo que hay. Eso es mentira. Lo que hacen es formarse y estudiar para acceder a los puestos que quieren porque hay muchísimas oportunidades para todos, solo hay que salir y buscarlas”, concluye.

PARTE 1. Lesbos, principio y fin

23 de junio de 2022. Lesbos

Rezwana es una diminuta mancha negra en medio de un erial de yerba alta y seca. El sol, que cae en picado sobre su cabeza, borra la sombra. Desde lejos, parece inmóvil.

Quiero quedarme sola, por favor. Sola. Solo un rato.

La dejamos sola, mirándola desde una distancia infranqueable de un puñado de metros. Ella, allí sentada, ella que dobla la espalda, una pequeña mancha negra que se recoge sobre sí misma hasta cubrir otra minúscula mancha blanca. Una lápida. Un rectángulo de mármol plantado en la tierra, con unas palabras y unos números. «Άγνωστη Γυναίκα», mujer desconocida. Un par de metros más allá, hay otra. «Άγνωστο Κορίτσι», niña desconocida. En la explanada, enclaustradas entre olivos seculares, con sus ramas torcidas como brazos dolientes elevándose hacia el cielo, hay decenas de lápidas como estas. «Άγνωστος», desconocidos. Hombres, mujeres, niños.

Rezwana desliza lentamente la mano sobre el mármol. La caricia tan deseada, que no podrá ser nunca más. Limpia el mármol con el agua de una pequeña botella de plástico. Baña la tierra, baña los ramilletes de siemprevivas que hemos traído y, con las uñas, trata de arrancar las raíces de la yerba para dejar más espacio libre alrededor de las dos lápidas. Son las únicas que han sido liberadas de la maleza, antes de nuestra llegada. Las dos personas que identifican ya no son nombres desconocidos. Se llamaban Negin y Fátima, tenían once y treinta y siete años y murieron hace siete, el 28 de octubre de 2015.

Nos acercamos a las tumbas y le mojo el pelo con agua. El resto de la cara está bañada en lágrimas que gotean sobre las lápidas y sobre sus manos. «Hace demasiado calor», le digo.

Un rato más, por favor.

¿Por qué? ¿Por qué yo estoy viva y ellos no? ¿Qué podría haber hecho para salvar al menos a uno de ellos? ¿Por qué tenían que morir así? ¿Por qué tuvieron que morir aquí?

Al caer la noche, desde el balcón de mi habitación del hotel, las luces del puerto de Mitilene reflejadas en el mar parecen una mancha de Rorschach. Yo no tengo respuestas racionales, Rezwana. Solo hemos encontrado un fragmento de realidad: murieron y están aquí. Podían no haber muerto así, podían no haber sido enterrados aquí, podían haber llegado sin arriesgar su vida en el mar. No pudieron. Lo único que sabemos es que están aquí. En Lesbos.

*

Es la primera vez que Rezwana vuelve a la isla. Nos habíamos prometido ir juntas si llegábamos a tener una respuesta que realmente nunca pensamos que conseguiríamos.

Nuestras vidas se habían cruzado sin cruzarse hace siete años. Eran los meses más duros de la llamada «crisis de los refugiados». A Europa se le secarían pronto las lágrimas derramadas por la imagen del pequeño Alan Kurdi, el niño de tres años que se ahogó junto a su madre y su hermano mientras intentaban cruzar el mar Egeo, huyendo de la guerra en Siria. El 2 de septiembre de 2015, el día que encontraron el cadáver del chiquillo boca abajo en una playa de la localidad turca de Bodrum, como si estuviera durmiendo, recibí la noticia en la otra orilla. «A Lesbos se llega, pero luego de Lesbos no se sale nunca, por muy lejos que te hayas ido», me habían avisado.

Unas semanas después de la muerte del pequeño, cuando ya se esfumaba el eco de las palabras de desesperación de su padre, llegó la noticia de un accidente de enormes dimensiones. Un barco de madera, con más de trescientas personas a bordo, se había hundido a unos tres kilómetros de Lesbos.

Era el 28 de octubre de 2015.

Los registros oficiales contabilizaron 274 supervivientes y, al menos, cuarenta y tres muertos —diecisiete hombres, seis mujeres, diecinueve niños, un bebé— y un número indeterminado de desaparecidos. En el barco viajaba Rezwana con sus padres, Naseer y Fátima, su hermana Negin, su hermano Hadith, de cinco años, y su hermana Mehrumah, de catorce meses. Solo Rezwana sobrevivió. Huérfana a las puertas de Europa.

*

20 de agosto 2021. Atenas

Después de meses de videollamadas en plena pandemia de covid, aterrizo en Atenas para cumplir con la promesa de ir a verla tan pronto como las restricciones de viaje lo permitiesen. A la salida de la estación de metro Acrópolis, rodeada por el trajín de turistas en este primer verano pospandémico, Rezwana aparece con un paquete de pasteles recién comprados en su panadería favorita. Nos abrazamos como dos amigas que se reencuentran después de mucho tiempo. Tengo la sensación de conocerla desde siempre. Me da igual lo retórico y convencional que pueda sonar esto, porque es así.

Mientras paseamos por la calle Dionisio Areopagita, justo a los pies de la colina de la Acrópolis, los relatos que Rezwana esbozó en nuestras llamadas telefónicas empiezan a coger forma, a vestirse de detalles, imágenes y sensaciones. Es el prólogo de la conversación larga y pausada a la que nos habíamos emplazado para cuando estuviéramos juntas.

*

Aquí estamos ahora, en su habitación, en un piso de la segunda planta de un edificio de Kallithea, un municipio al sur del área metropolitana de Atenas que yo conocí en 2012, uno de los años más duros de la Gran Recesión, y donde ella, en el último año y medio, ha tenido que aprender a reconstruir su vida, pieza por pieza. Dos osos de peluche descansan sobre la cama con las sábanas estampadas en flores, y unos pajaritos de plumas cuelgan de una pared cerca de un corazón dorado. Sobre la mesa que hace de escritorio hay apilados varios libros, algunos en sueco.

¿Por qué? ¿Por qué yo estoy viva y ellos no? ¿Qué podría haber hecho para salvar al menos a uno de ellos? ¿Por qué tenían que morir así? ¿Por qué tuvieron que morir aquí?

Recorrer la vida de Rezwana a partir del día del naufragio es remover una pena que ha tenido que aprender a contener. Cuando su relato se adentra en los recuerdos más dolorosos, le pregunto si quiere parar. No quiere. Es como si hubiera esperado demasiado tiempo para poder contarlo todo, sin frenos, sin temor a ser juzgada, sin miedo a las consecuencias de sus palabras. Me atraviesa la sensación de ser inoportuna y culpable. Tengo delante de mis ojos a una joven a punto de cumplir veinte años y, sin embargo, solo consigo ver a la niña de trece que llegó muerta de frío y de miedo a la orilla de Europa, sin saber aún que nunca volvería a ver su familia.

Nos habían dicho que tardaríamos treinta y cinco minutos. El mar al principio parecía tranquilo. Cuando pasaron unos quince o veinte minutos, nos encontrábamos en la mitad del recorrido. Mi madre rezaba y yo también. Mi padre, que había dejado de fumar hacía años, se había encendido un cigarrillo. Era un barco de dos pisos. Mucha gente. Estábamos los unos pegados a los otros.

De repente vimos que empezaba a entrar agua. Mi familia estaba en la que tenía que haber sido la cocina del barco. Solo cabíamos nosotros seis allí. Al entrar, mi madre vio que había unos pepinos y cogió uno para mí y mi hermana. Mi padre decía que no los tocara, que no era algo nuestro y mi madre le mandó callar porque a nosotras nos gustaban mucho los pepinos y no habíamos comido nada aquel día.

Mi madre estaba cerca de la puerta de esa cocina. Yo cerré los ojos y ella también. Media hora pasaría rápido. Rezábamos por nuestra familia. De pronto mamá dijo: «Levantaos porque el agua está subiendo».

Fue cuestión de segundos. Ella cogió la mano de mi hermano y se fue hacia el pasillo para tratar de subir a la segunda planta. Pero cuando se estaba acercando a la escalera se oyó un estruendo y nos tiramos al mar. Desde aquel momento les perdí de vista.

Yo estaba en el agua. No los veía. Había un hombre que me empujaba hacia abajo para permanecer él a flote. Yo no podía hacer nada. Mi padre era mi héroe, en aquel momento pensé en él y en que viniera a rescatarme y a matar a ese hombre que intentaba hundirme. No sé cómo, pero conseguí zafarme. Y vi a mi padre. Me dijo: «No sueltes esa madera». Fue cuando me di cuenta de que estaba agarrada a un trozo de madera del barco. Él sujetaba a mi hermana pequeña, la tenía sobre su cabeza. Es la última imagen que tengo de él.

Recuerdo los últimos besos y no sabía que serían los últimos. Ahora puedo recordar. En el viaje desde Estambul a Esmirna, durante toda la noche, tuve en mis brazos a mi hermano. Finalmente habíamos encontrado sitio en el autobús y no estábamos sentados en el suelo. Mi padre quería que estuviéramos cómodos. Mi hermano Hadith estuvo conmigo todo el tiempo. Todos quieren lo mejor para sus hijos y yo tenía este sentimiento hacia mis hermanos. Siempre que veo ahora a un niño de su edad pienso en él, pienso en mis hermanas. Ellos también podían haber tenido esta vida, estar a salvo.

Me rescataron unos pescadores que estaban en una embarcación pequeña. Yo estaba mirando hacia un barco grande que se acercaba y pensaba que llegaría para salvarnos. Dicen que cuando te vas a morir te pasa por la cabeza tu vida y las personas a las que quieres. Yo esto lo viví. Al mismo tiempo pensaba: me salvaré, sobreviviré. Me venían a la cabeza las imágenes de mis primos a los que quiero tanto, pero a la vez trataba de sobrevivir, me agarraba a ese trozo de madera. Después de media hora, o quizá fuera menos porque yo no sabía nadar y me parecía eterno, vi ese barco pequeño que llegaba. Empezaron a coger a los niños y las mujeres y pensé que mi familia estaría allí. De repente sentí algo que me agarraba por la espalda. Un arpón. Eran los pescadores de ese barco pequeño.

Me arrastraron y me subieron a cubierta. Yo tenía una pequeña mochila, con la leche y los pañales para mi hermanita, el móvil, unos dátiles y un diario que mi madre había regalado a mi padre cuando se habían comprometido. Mi padre había escrito allí durante los años en los que estuvieron separados, cuando él se fue un tiempo con su familia a Irán. Era muy importante este diario. Pero yo no podía hablar. Miraba alrededor sin poder hablar. El pescador me quitó esa pequeña mochila para ayudarme, sé que lo hicieron por mi bien, pero yo perdí ese diario que era muy importante. En el barco había ya otros dos hombres que no sé si estaban vivos… Me sentía mal por el agua que había tragado. Vomité. Tenía pequeños moratones. De repente un helicóptero sobrevoló nuestras cabezas y movió el aire, yo tuve tanto frío que pensé que me moría.

Le rezaba a Dios pidiendo que protegiera a mis padres. Era de noche y llegó un barco de la guardia costera griega, me subieron allí y me llevaron hasta la orilla. Y recuerdo que empecé a andar en medio de los cuerpos de gente que se había muerto. Oía a un niño llorar y me acercaba para ver si era mi hermana.

Tengo guardada la ropa que llevaba esa noche. Fui a recuperarla después de que me ayudaran a ponerme algo seco, porque me acordé de que mi madre me había prendido un pequeño saquito de algodón a la camiseta interior con un imperdible del pelele de mi hermanita.

Le rezaba a Dios pidiendo que protegiera a mis padres. Era de noche y llegó un barco de la guardia costera griega, me subieron allí y me llevaron hasta la orilla. Y recuerdo que empecé a andar en medio de los cuerpos de gente que se había muerto

Rezwana está sentada a los pies de su cama y yo enfrente, en la única silla de la habitación. Se levanta y de un pequeño joyero, colocado sobre una mesita, saca dos anillos de oro. Uno parece una alianza, otro tiene forma de lazo con una piedra azul marino en el centro.

Mis padres habían vendido sus alianzas para poder acabar la casa, la misma casa que luego vendieron para reunir el dinero para ir a Europa. Mi padre, tiempo después, compró dos anillos nuevos y un brazalete. Recuerdo aquel día, cuando él llegó a casa y se los dio a mi madre. Éramos todos felices. «¡Ahora celebramos junto a nuestros hijos!», dijo mi mamá.

Cuando estábamos en Turquía, antes de salir para Grecia, ella volvió a ponerse las joyas, pero los anillos no le cabían porque había engordado algo y le molestaban. Entonces con un pañuelo de algodón formó un saquito, los puso allí dentro, hizo unos nudos rápidamente y me lo cosió a la camiseta. Lo recuerdo como si fuera ayer. Guardé ese saquito sin abrirlo, hasta hace dos años. Había esperado tanto porque no quería deshacer los nudos que mi madre había hecho con sus propias manos. Para mí era algo sagrado. Cuando la echaba de menos, simplemente miraba a ese saquito y pensaba que era lo que me quedaba de ella y lo tocaba. Al final lo he abierto. Y me he puesto los anillos.

Se los pone y me enseña sus manos. No son ya las de una niña sino de una mujer que se parece mucho a su madre. Durante mucho tiempo esos anillos han sido lo único que le quedaba de ella, y el imperdible lo único que le quedaba de su hermana pequeña.

*

Cuando llegué al puerto, Charly estaba allí. Nos miramos. Se acercó y me ayudó a bajar del barco. Y me abrazó. Vi que estaba la Cruz Roja y quería ir para decir que había perdido a cinco miembros de mi familia. Charly me ayudó a cambiarme, a quitarme la ropa mojada. Yo tenía el saquito con los anillos allí y lo olvidé. Fuimos a un almacén donde estaban todos los refugiados y la gente lloraba y se abrazaba… Esperaba que de un momento para otro aparecieran mis padres y mis hermanos. Con Charly dimos vueltas intentando encontrarles, pero no estaban en ningún lugar, ninguno de ellos.

Charly me tenía en su regazo. Yo tenía la regla y sentía mucho dolor. No podía hablar, me fui al servicio y lloraba, lloraba sin parar. Ella estuvo conmigo todo el tiempo y yo tenía la cabeza sobre sus piernas y miraba hacia la puerta del almacén esperando a que mi madre o mi padre entraran. Recuerdo que me dijo cómo se llamaba y que tenía veintiséis años… Y de repente me acordé de mi ropa, del saquito con los anillos que mi madre me había prendido a la camiseta con el imperdible. Fui a mirar en el lugar donde los habíamos dejado y recuperé mis cosas. Había un traductor afgano que se quedó con nosotras. Me trajeron pollo y Coca-Cola, pero yo no podía comer. Charly me animaba: «Come, bebe algo». Pero yo solo podía llorar. No recuerdo si en algún momento me quedé dormida. De vez en cuando íbamos al puerto de Molyvos y luego volvíamos al almacén.

Cuando pienso en Charly pienso en un abrazo. Ella fue la primera que me dio un abrazo cuando yo estaba toda mojada y acababa de perder a mi familia. Me dio ropa limpia, me dio de comer. Yo no podía ni hablar aquella noche. Lloraba sin más. No podía ni gritar. Ella me acariciaba la cabeza. Cuando pienso ahora en aquellos momentos, pienso en su abrazo. I’m so in love with her.

Rezwana se ilumina cuando habla de Charly.  

*

Charlotte Vestli, «Charly», fue la primera persona que me contó la historia de Rezwana.

Charly llegó a Lesbos con veintiséis años como voluntaria de la pequeña organización humanitaria noruega A Drop in the Ocean, una gota en el océano. En algunas de las imágenes de los desembarcos de aquellos días, destaca con su figura esbelta y su larga melena de un rubio muy claro.

Por aquel entonces yo trabajaba como oficial de seguridad en el Ayuntamiento de Oslo y mi vida era currar, ir de fiesta, currar e ir de fiesta… No tenía mucha idea de lo que ocurría en el resto del mundo, ni mucho interés en la política, la historia o la geografía.

Una noche del 15 de agosto de 2015 empecé a leer sobre lo que estaba pasando en Lesbos y vi que había turistas que pedían ayuda. Yo quería recaudar dinero, pero allí hacían falta manos y donaciones materiales. Me quedé leyendo toda la noche hasta que sonó el despertador. No podía dejar de pensar en ello. Así que recaudé algo de dinero y materiales que se necesitaban allí, pedí dos semanas de vacaciones a mi jefe y llegué a la isla el 15 de septiembre. No pensé en absoluto en volver a casa, todo lo demás me parecía inútil y mis ojos se abrieron al mundo que había fuera de mi vida segura en Oslo. Volví a llamar a mi jefe dos meses después para disculparme por no haber vuelto, pero él mientras tanto había visto en las noticias lo que hacía en Lesbos y no tuvo problema en buscar un remplazo para mi puesto, al que yo pude volver en 2017 cuando estaba embarazada.

Hablé con Charly por primera vez a principios de noviembre de 2015. Yo había decidido escribir un reportaje que contara, a través de la niña del naufragio, la historia de los miles de menores no acompañados que había en la ruta hacia Europa. A Rezwana, para proteger su identidad, la llamamos Najam. El artículo salió publicado el 8 de noviembre, diez días después de aquella tragedia. Yo no conseguía quitarme esa historia de la cabeza. Dejé a Charly un mensaje días después y volví a preguntar por Rezwana: How is she doing? Luego perdimos el contacto durante un tiempo, pero yo seguía pensando en Rezwana: cada 28 de octubre me acordaba de ella y de aquel naufragio.

A Charly la conocí a través de la familia Kempson —Eric y Philippa—, un matrimonio británico que se afincó hace veinte años en la costa norte de Lesbos, en la bahía de Eftalou y muy cerca de Molyvos, el puerto al que llegó Rezwana tras ser rescatada.

Los Kempson habían sido testigos desde hacía años de las llegadas de lanchas que cruzaban el Egeo desde Turquía, y de cómo su número aumentaba a medida que se recrudecía la guerra de Siria. En febrero de 2015 se dieron cuenta de que algo estaba cambiando. Ya no llegaban solo hombres jóvenes, sino familias enteras, muchas mujeres y niños. Cuando los conocí, en septiembre de aquel año, había días en los que llegaban hasta cincuenta lanchas.

Todas las mañanas, al amanecer, Eric se subía a una pequeña colina y se ponía a escrutar el horizonte con unos prismáticos. Cuando divisaba a lo lejos unos puntos negros que se aproximaban y se agrandaban, trataba de adivinar la trayectoria y se lanzaba con su Twingo azul a una carrera alocada por vías sin asfaltar para alcanzar el punto de la costa donde, minutos después, llegarían las lanchas.

Durante meses, él, su mujer, su hija y los otros vecinos de la zona fueron el primer auxilio para los miles de refugiados que llegaban. Luego, a medida que la crisis crecía, el norte de la isla se convirtió en el destino de voluntarios desde toda Europa y la casa de los Kempson fue su cuartel general. La situación se envenenaría desde entonces: Eric y Philippa recibieron amenazas de grupos de extrema derecha y presiones de una parte de la población local que empezó a volverse en contra de la acogida de refugiados. El acoso les obligó a cambiarse de casa y, en años posteriores, a soportar una avalancha de demandas y multas. El suyo no era un caso aislado, sino el ejemplo de la progresiva criminalización en Europa de quienes ayudan a migrantes y refugiados.

«Las pequeñas gotas hacen un gran océano, créeme», me había dicho Eric Kempson para explicarme por qué hacía lo que hacía. Charlotte, «Charly», era una de esas gotas.

Me avisaron de que estaba llegando mucha gente en un barco. Fuimos al punto de observación desde donde normalmente nos avisaban los Kempson. Empecé a mirar con los prismáticos y, mientras hablábamos de qué hacer, vimos que el barco se había hundido y que la gente flotaba en el mar. Estaban bastante lejos. Había que avisar a los otros barcos que estaban allí, a las otras ONG…

Minutos después me llegó otro mensaje: «Cualquiera que sepa hacer reanimación cardiopulmonar que se vaya al puerto». Yo ya había pasado por esto. Sabía que el puerto de Molyvos no era suficientemente grande para todos los voluntarios: de mi organización solo iríamos los que teníamos conocimientos médicos. Y fui. No recuerdo cuánto tiempo pasó antes de que empezaran a llegar los barcos con la gente rescatada.

Hay muchas cosas que no recuerdo exactamente, mezclo las horas. No comí ni dormí en todo el día. El puerto se llenó de gente, muchos niños. Había voluntarios practicando maniobras de reanimación. Uno de los médicos consiguió revivir a un niño. Yo estaba en el coche intentado que otro pequeño entrara en calor. «No te mueras ahora, no te mueras», le repetía. Solo había dos ambulancias y los casos más graves había que trasladarlos a Mitilene, la capital de la isla, a setenta kilómetros de allí. Había que elegir a quién salvar. Entre quienes no daban señales de vida y alguien que llegaba llorando, elegías al que parecía tener más posibilidades. Era el caos.

Luego, de repente, vi a Rezwana sentada en el borde de un barco. Vi que estaba tratando de bajar y la ayudé. Hacía mucho frío. A partir de allí, toda mi atención fue para ella y empecé a descuidar todo lo demás.

Aunque no hablaba inglés, consiguió explicarme que estaba buscando a sus padres. Y una de las cosas que recuerdo muy bien es que yo pensaba que tenía que encontrar ropa seca para ella. Pero era muy difícil convencer a las chicas para que se cambiaran en el puerto. Empecé a pensar en cómo hacerlo. Ella no quería quitarse la ropa mojada para cambiarse y recuerdo que tuve casi que sacársela a la fuerza porque hacía mucho frío… Encontré unas sillas y otras personas me ayudaron a poner unas mantas de emergencia para hacer como un biombo, conseguimos que se cambiara.

Me di cuenta de que la niña no conocía a nadie alrededor y de que necesitaba desesperadamente a alguien. Me quedé con ella y, mientras trataba de encontrar intérprete, trataba de comunicarme a través del traductor de Google. Entendí, poco a poco, que había perdido a sus padres y a sus hermanos. Se decidió reunir en un mismo lugar a los que habían perdido a alguien. Fui con ella e intenté que comiera algo, al menos algo de chocolate. Ella adora el chocolate…, pero no quería.

A menudo se hacía el silencio y, de pronto, alguien lloraba de alegría porque había encontrado a un familiar. Nadie de su familia apareció esa noche.

Al día siguiente fuimos a la Cruz Roja para registrar los nombres de sus padres, sus hermanas y su hermano. Llamamos a los hospitales, pero nada. La dejé con la gente de Cruz Roja y me fui un rato para ducharme, pero creo que no llegué a hacerlo: un compañero me llamó porque había entrado en una carpa donde habían metido a los muertos y estaba en shock. Volví al puerto. Llegó un autobús. Los que estaban a cargo del traslado nos dijeron que, entre el mediodía y las tres de la tarde, llegarían más autobuses para llevar a la gente a Mitilene. Me dijeron que la niña se tenía que subir sola y que ya se encargaría alguien de ella. Rezwana me seguía llamando: «Charly, Charly». Dije que de ninguna manera se podría quedar sola, que alguien tenía que acompañarla, que no estaban entendiendo lo que había pasado. Recuerdo que dije: «Sé que hay muchos casos graves aquí, pero no hay nadie que haya perdido a todos como ella…, y es una niña».

Me dijeron que no tenían a nadie que pudiera ir con ella. Contesté: «Entonces voy yo». Seguían diciendo que no podía ser, que el autobús era solo para los refugiados. Me planté. Les dije que o me dejaban subir a mí también o ella no iba. Al final me autorizaron. En el autobús ella no hablaba. Me cogía la mano y miraba por la ventanilla.

Yo era en aquel momento la coordinadora de mi grupo. Lo dejé todo. Me despreocupé de los demás compromisos. Pensé que tenía que estar con ella, que ese era mi lugar.

Cuando llegamos a Mitilene, nos dejaron en una parte vallada del puerto y nos dijeron que esperáramos allí. Hacía mucho frío, soplaba un viento fuerte y no había dónde protegerse. Había muchísima gente esperando. Los responsables del registro decían que cogerían primero a los vulnerables, pero Rezwana quedó para el final. Luego me dijeron que la mandarían al campo de Moria, que ya entonces era un desastre. De nuevo, me planté. «No, ella no va a ir allí y si va, voy yo también». Les propuse que la mandaran a Pikpa, un centro para los casos más vulnerables, gestionado por voluntarios y con un ambiente mucho más familiar y acogedor que Moria.

Era ya medianoche y estaba oscuro. Al final conseguí que se la llevaran a Pikpa, junto a una familia afgana. Al día siguiente fui allí para visitarla, para saber qué tal estaba. Fui prácticamente a diario. Hasta que un día llegué y me dijeron que la habían trasladado a Atenas, que ella no tenía móvil y que no estaban autorizados a decirme dónde la habían llevado. Me desesperé. No paraba de pensar en que ella imaginaría que yo la había abandonado. Nadie me quería decir nada.

La paulatina llegada a Alemania de cientos de miles de solicitantes de asilo en los últimos meses ha supuesto un desafío para el Ejecutivo que muchos comparan con el que asumió en su momento la canciller conservadora Angela Merkel con su célebre y voluntarioso: “Podemos hacerlo”. Una afirmación que hizo a finales de agosto de 2015 poco antes de anunciar su política de 'puertas abiertas'. A lo largo del año siguiente, más de un millón de personas solicitaron asilo en el país.

Las peticiones de asilo han aumentado un 78% en los primeros siete meses de 2023 (150.000 solicitudes en el primer semestre) respecto al mismo periodo del año pasado, según los datos oficiales. Además, en el último año el país ha acogido a alrededor de un millón de refugiados ucranianos que no se incluyen en los datos de petición de asilo porque se les concede de manera automática. En cuanto a los cruces ilegales de frontera, en agosto se dispararon un 66% respecto al mismo mes de 2022.

Pero la Alemania de 2015 y 2016 no es la misma que la de hoy. Hace ocho años, con la llegada de más de un millón de demandantes de asilo –en su mayoría procedentes de la guerra civil de Siria–, Merkel sorprendió liderando un país que mostró su capacidad, esfuerzo y solidaridad al acoger a esos refugiados. Ahora, sin embargo, la posición del Gobierno liderado por el socialdemócrata Olaf Scholz es diferente.

Esta semana, el Ejecutivo de coalición –formado por socialdemócratas, verdes y el Partido Democrático Libre– ha endurecido su posición y ha introducido nuevos controles fronterizos con Polonia y la República Checa, según anunció la ministra de Interior, Nancy Faeser. “Si no protegemos mejor las fronteras exteriores, entonces las fronteras abiertas dentro de la UE están en peligro”. La explicación oficial es la lucha contra los traficantes de personas: “Queremos prevenir los movimientos evasivos de los traficantes con controles flexibles y móviles en distintos puntos”.

El Gobierno alemán también ha anunciado este viernes un acuerdo con Polonia y República Checa para realizar patrullas conjuntas con la policía federal en territorio de estos dos países. “Además, estamos formando un grupo operativo conjunto para garantizar la máxima presión investigadora sobre las bandas de traficantes”, ha dicho la ministra.

Al margen de lo que puedan hacer organizaciones humanitarias, la élite política de 2023 quiere cerrar las “puertas abiertas” que dejó Merkel. “Son muchos los que vienen a Europa y a Alemania, los números han crecido de forma dramática”, decía Scholz hace unos días. “Quien llega a Polonia debe ser registrado allí y, allí, llevar a cabo el proceso de demanda de asilo”, decía el canciller sobre los nuevos controles.

Andrea Schlenker, responsable del área de inmigración e integración de la ONG Cáritas Alemania, señala a elDiario.es que la respuesta que se ha dado al drama de los ucranianos ha estado marcada por “muchas soluciones pragmáticas”. Pero eso no ha supuesto que el debate público se haya llevado a un terreno “constructivo”. “El debate es desolador. Muchos se dejan llevar (de nuevo) por ruidosos populistas de derechas que no ofrecen soluciones reales”, lamenta Schlenker.

El diario Bild, el periódico más leído del país, lleva semanas hablando de que el país vive una “crisis de refugiados” como la de 2015 y 2016. La situación es tal para las administraciones locales que ya son habituales las quejas de responsables de Interior de estados federados sobre las carencias con las que se está haciendo frente a la situación migratoria.

En el Land de Brandenburgo, el estado federado que envuelve a Berlín, según estimaciones de Interior, en agosto entraron en centros de acogida 35 migrantes al día. En septiembre han llegado 57 diarios.

La migración irregular es otro de los temas que viene a complicar el debate sobre el asilo en Alemania. Se suele describir como otro problema acuciante. Las cifras sobre migración bailan por su propia naturaleza. Pero, según fuentes policiales citadas por el diario conservador Die Welt, en los primeros ocho meses del año se han contado 71.000 entradas “no permitidas en el país”. En 2022, fueron casi 92.000.

Otras medidas

Scholz y la conservadora Unión Demócrata Cristiana (CDU) han acercado posiciones de un tiempo a esta parte en materia migratoria. Por lo visto, el canciller no quiere lanzarse a tomar medias así sin el principal partido de la oposición.

Además de los controles “flexibles y móviles”, otras medidas contra la migración comienzan a tener cierto peso en el debate público. Por ejemplo, en Sajonia, estado federado del este alemán, se ha escuchado al presidente, el democristiano Michael Kretschmer, apostar por reducir los 410 euros de ayudas mensuales que reciben los demandantes de asilo.

Este verano, el político de la CDU Thorsten Frei, responsable del grupo parlamentario democristiano en el Bundestag, plantea incluso la abolición del derecho individual de asilo y su sustitución por una “garantía institucional”. “Resulta aterrador cómo incluso políticos pertenecientes a partidos cristianos abogan por medidas inhumanas”, lamenta Schlenker, de Cáritas.

“Ofensiva de expulsiones”

En el FDP, socio tradicional de la CDU que actualmente integra el Gobierno de Scholz, los hay que han propuesto una “ofensiva de expulsiones” de inmigrantes, empezando por los que “hayan cometido delitos” y “los que no tengan motivos para quedarse”. “Nuestras capacidades son limitadas y muchos municipios ya están muy sobrecargados para alojar y atender a los solicitantes de asilo”, ha declarado al diario Rheinische Post el secretario general de la formación liberal, Bijan Djir-Sarai, político alemán de origen iraní.

En la coalición que lidera Scholz, Los Verdes tienen la imagen de partido más comprometido con las causas humanitarias. Sin embargo, esa imagen parece estar desvaneciéndose con declaraciones que preparan a su electorado y militantes para “decisiones moralmente difíciles”, según la expresión utilizada por una de sus principales figuras en el Gobierno, Robert Habeck, vicecanciller y ministro de Energía.

Habeck, Scholz y compañía están empeñados en que no se piense en otra cosa que difiera de lo que prometieron cuando firmaron el acuerdo de coalición tras las elecciones de septiembre 2021. En ese documento se lee: “Reduciremos la migración irregular y posibilitaremos la migración regular”.

La población alemana, por otro lado, parece apoyar todo esfuerzo que vaya en esa dirección. Hasta el 83% de los alemanes piensa que los políticos deben tomar medidas para reducir el número de migrantes en el país, según una reciente encuesta publicada en el Der Spiegel. Esa influyente publicación ha dedicado su portada y páginas centrales del penúltimo número de septiembre a la política de asilo en Alemania. “¿Podemos hacerlo otra vez?”, se lee en su primera página.

Cuando comenzaron los bombardeos, Genadi Hyusunts acababa de llevarse del hospital a su hijo de cuatro días. A las pocas horas, tuvo que trasladar a toda prisa al recién nacido, a su mujer y a sus otros seis hijos al refugio de su ciudad, Martakert, situada en la región de Nagorno Karabaj, que ha pasado tres décadas en la primera línea del conflicto con Azerbaiyán.

Sus hijos y su esposa, que da el pecho al bebé, tuvieron que pasar días de hambre y de insomnio en un sótano abarrotado mientras Genadi se iba al frente como parte de la defensa desesperada por una tierra que los armenios consideran su patria ancestral.

“No teníamos un lugar donde dormir, no sabíamos lo que era una cama y en los últimos días no teníamos nada que comer”, cuenta su hermana, Gayane Shagants. “En los últimos días nos moríamos de hambre”.

Genadi Hyusunts y su familia forman parte de los más de 65.000 desplazados que han abandonado Nagorno Karabaj desde el domingo. Dice que su recién nacido está sano pese a la terrible experiencia, pero su rostro se ensombrece cuando le preguntan por el breve período que pasó en el frente antes de que las fuerzas de defensa de Nagorno Karabaj depusieran las armas y se terminaran los más de 30 años de autogobierno de la etnia armenia.

“No puedo hablar de eso”, responde con tono sombrío..

El presidente de la autoproclamada república de Nagorno Karabaj, Samvel Shajramanián, ha decretado este jueves la disolución de la entidad separatista en territorio de Azerbaiyán. “Todos los órganos estatales y las organización dependientes de ellos deben disolverse antes del 1 de enero de 2024, y la república de Nagorno Karabaj (Artsaj) deja de existir”, señala el decreto recogido por medios armenios.

El documento firmado por Shajramanián señala que los habitantes de Nagorno Karabaj, incluidos los que se encuentran fuera de su territorio, deben tomar nota de las condiciones presentadas por Azerbaiyán para la reintegración para luego “decidir individualmente” si permanecen en Nagorno Karabaj o regresan a él.

La capitulación de la república de Nagorno Karabaj ha provocado el éxodo de karabajíes hacia Armenia. Más de la mitad de la población del enclave, estimada en unos 120.000 mil habitantes, ha abandonado desde el domingo sus hogares y se ha trasladado a Armenia. Según el portavoz del primer ministro armenio ya han llegado al país más de 65.000 desplazados.

Huida a Goris

A poco más de una semana de esa rendición, Genadi y su familia están en el centro de Goris, una ciudad turística armenia cerca de la frontera, que se ha convertido en el epicentro del éxodo de desplazados karabajíes, que podrían alcanzar las 120.000 personas. A la ciudad llegan cada hora cientos de refugiados de una caravana que comienza en Stepanakert, capital de Nagorno Karabaj, y que va serpenteando durante casi 100 kilómetros hasta la montaña que conduce a Armenia.

Las ciudades armenias de la frontera han acogido a miles de refugiados y corren el riesgo de verse desbordadas, con los hoteles y albergues totalmente ocupados y los refugiados agolpándose junto a los centros municipales con sus pertenencias atadas en lo alto de sus coches.

Desde la parte de atrás de una ambulancia, dos ancianos con discapacidad son trasladados sobre colchones hasta una oficina de administración local, donde se unen a cientos de personas que están registrándose como desplazados. Mientras empieza a llover con fuerza, una niña llora en una esquina del centro de Goris agarrada del pantalón de su madre que, de pie, sostiene un paquete envuelto en plástico.

“Pasé treinta años construyendo mi casa y lo único que tengo conmigo es esta bolsa (...) Mi casa está en esta bolsa; deberían estar muy felices de que nos hayamos ido porque les hemos dejado nuestros hogares”, dice Gayane. “Mi riqueza está conmigo; el resto no me importa”, dice su hermano Genadi refiriéndose a sus hijos.

La historia de Gayane y Genadi es solo una de las muchas protagonizadas por los miles de refugiados que desde la línea del frente con Azerbaiyán están llegando a Armenia en un éxodo de dimensiones históricas. Muchos de los que están cruzando por el corredor de Lachin (que llevaba diez meses bloqueado por las fuerzas azerbaiyanas) ya se vieron obligados a abandonar sus hogares en conflictos anteriores.

“Ya he vivido mi tercera guerra”, dice Anna Hakobyan, una mujer de unos 70 años que ha sido evacuada junto a su madre, Lucía (90). “Nunca regresaré; para mí ya es suficiente”, añade desde el vestíbulo del hotel Goris, donde ella y su madre están sentadas en sillas de ruedas.

Las habitaciones del hotel están todas reservadas para dar cobijo a los cientos de refugiados que llegan a la ciudad desde Nagorno Karabaj. Anna y Lucía se cogen de la mano, la madre le masajea la palma de la mano para consolarla cuando rompe a llorar al recordar la tumba de su hijo, que se ha quedado en Nagorno Karabaj.

Anna cuenta que ella y su madre también se escondieron en el sótano de la casa cuando empezaron a caer las bombas en su pueblo, Khanapat, cerca del frente. “Íbamos y veníamos al búnker, íbamos y veníamos, y ya ves que mi madre apenas puede caminar”, dice.

Cuando los ataques empezaron a alcanzar la ciudad, el Ayuntamiento ordenó la evacuación a un aeropuerto local bajo la protección de las fuerzas de paz rusas. Aunque allí estaban a salvo de los bombardeos, durante días Anna y su madre se vieron atrapadas y sin comida en la terminal, mientras otros cientos de personas se veían obligadas a dormir en el campo y sin cobijo.

“Allí estuvimos días sentadas y sin pan, pero al menos estábamos dentro de la terminal”, dice Anna. “La gente llevaba días tirada en la hierba, cortando leña para hacer fuegos, buscando cualquier cosa para comer”.

El influjo de refugiados parece no dejar de aumentar. En la noche del domingo se abrió la carretera para los refugiados de Stepanakert, desencadenado la posible llegada a Armenia de otras decenas de miles procedentes de la capital de Nagorno Karabaj.

La ciudad se ha estado vaciando, según la periodista independiente Siranush Sargsyan, que ha informado sobre el bloqueo y la guerra de Nagorno Karabaj, desde Stepanakert. En una videollamada con el periódico The Guardian, la periodista muestra imágenes de lugareños haciendo cola para subirse a minibuses y atascos por los coches que abandonan la ciudad.

Los más propensos a quedarse son los ancianos, explica, mientras sus hijos y nietos les ruegan que se marchen antes de que Azerbaiyán tome el control total de la ciudad. “Debemos irnos”, dice Sargsyan. “Aquí con los azerbaiyanos no hay vida para nosotros”.

Familias separadas

Son muchos los que han tenido que dejar atrás a sus familias. Yerazik, que pide ser identificada solo por su apodo, huyó de Nagorno Karabaj días después de que los proyectiles destruyeran el colegio de su aldea, desde el que los niños habían sido enviados a un refugio unas pocas horas antes.

Su hijo rechazó marcharse, trabaja para la autoridad local de emergencias y dijo que debe continuar recuperando los cientos de cadáveres que hay por todo el territorio, en campos y posiciones militares. “Lloraba cuando nos íbamos, diciendo: '¿Cómo vais a dejar el pueblo y esta tierra? Me convertiré en ciudadano azerbaiyano pero me quedaré en mi tierra'”, recuerda Yerazik.

La mujer dice que no podrá hacer ningún plan hasta que su hijo se una a ella. “Estamos perdidos. No tenemos casa, ni parientes, ni un lugar adonde ir”.

Mientras su marido se iba al frente, Narine Khachataryan también pasó cinco días junto a sus cinco hijos durmiendo en un campo por fuera del aeropuerto próximo a Stepanakert. Dice que dormían sobre el suelo con mantas que les daban los lugareños y que comían raciones militares entregadas por las fuerzas de paz de Rusia.

“Mi marido participó en la defensa del pueblo; durante tres días no llamó y, cuando llamábamos nosotros, el teléfono no estaba disponible; todos pensábamos que había muerto, los niños lloraban”, cuenta Khachataryan. “Al cuarto día, llamó al teléfono de otra persona y dijo que todo iba bien, que pronto regresaría”.

El domingo, cuando les comunicaron que serían evacuados a Armenia, sus hijos recibieron con tristeza la noticia. “Se sintieron fatal cuando se enteraron de que podíamos marcharnos”, tras la apertura del corredor que estuvo bloqueado durante diez meses, dejando a Nagorno Karabaj con una gran escasez de comida y combustible. “Les dije que iríamos a Armenia y que regresaríamos; no les dije que nos íbamos para siempre porque estaban llorando”, dice la madre.

El pasado domingo se subieron por fin a los autobuses. Antes de partir, taparon las ventanillas y sentaron a los niños en el suelo por si los alcanzaba una bomba. Ya en Armenia, Khachataryan cuenta que está buscando un lugar para vivir en paz. “Me gustaría tener una casa propia en el pueblo, un jardín para cultivar y para alimentar a mis hijos”.

Traducción de Francisco de Zárate.

Los cientos de miles de personas que tratan de cruzar cada año el Río Bravo, el último tramo de la ruta migratoria más mortal hacia Estados Unidos, enfrentan una infinidad de peligros. En sus fuertes e impredecibles corrientes, contaminadas por aguas residuales y cargadas con plantas y restos de objetos, se ahogan cada año más de 200 migrantes. A ello se le suma la agresiva política millonaria impulsada por el gobernador de Texas, Greg Abbott, quien está desafiando los límites de la ley federal con su instalación de concertinas, la creación de una patrulla fronteriza estatal y la deportación de migrantes mediante autobuses hacia estados demócratas.

A estos obstáculos, se les ha añadido este fin de semana un nuevo peligro: el Gobierno de Texas ha comenzado a instalar un muro flotante en el Río Bravo para evitar el paso de migrantes indocumentados. Esta barrera estará conformada por decenas de boyas gigantes, de entre 1,2 y 1,8 metros, ancladas al fondo del río y unidas bajo el agua por un conjunto de redes. En total, la operación está valorada en más de un millón de dólares. El sábado se colocó el primer tramo de 300 metros en Eagle Pass, que hace frontera con la ciudad mexicana de Piedras Negras. En esta zona, la segunda con mayor entrada de personas, la patrulla fronteriza identificó el pasado año hasta 270.000 encuentros con migrantes que habían cruzado el río hacia EEUU.

En lo que llevamos de año, 44 migrantes han muerto ahogados en Eagle Pass, según datos de la policía de Texas. Organizaciones de derechos humanos denuncian que este muro flotante añadirá una capa más de peligrosidad al cruce fronterizo. Según argumenta Amnistía Internacional, se transformará en más muertes ya que los migrantes, que siguen entrando al país en cifras récord tras la caída del Título 42, tratarán de cruzar el río de todos modos.

“Hoy comienza la instalación de una nueva barrera marina en el Río Grande (río Bravo para la América hispanohablante)”, anunció el viernes Abbott a través de Twitter. Un día antes, tras firmar seis controvertidas leyes sobre inmigración ―incluida una que designa a los cárteles mexicanos como “grupos terroristas”―, el gobernador argumentaba: “Estamos garantizando la seguridad de la frontera en la misma frontera. Estas boyas nos permitirán impedir que llegue más gente”.

Abbott no hizo ninguna referencia al riesgo que estas boyas supondrán para aquellos que intenten cruzar el río, así como a sus impactos medioambientales. Desde la llegada de las primeras boyas, activistas climáticos se han estado manifestando a ambos lados del río, denunciando el impacto que tendrán las redes submarinas sobre la fauna que lo habita. “Hay ciertos animales que se quedarán atrapados en estas redes y no podrán salir”, lamentó Tricia Cortez, la directora ejecutiva del Centro de Estudio Internacional de Río Grande.

El muro excede las competencias de Texas

La colocación de boyas en la frontera choca con un tratado firmado en 1970 entre EEUU y México “para mantener al Río Bravo como frontera internacional”. En él, ambos países firmaron que deben estar de acuerdo si uno de los dos quiere construir una estructura que pueda afectar al cauce del río. Una aprobación que, al igual que ocurrió con la ampliación del muro de Donald Trump, no ha recibido el beneplácito de México.

En este sentido, la Comisión Federal de Límites y Aguas Internacionales (IBWC, en inglés), cuya jurisdicción incluye la supervisión de los tratados entre EEUU y México, dijo en un comunicado que está “estudiando” las acciones de Texas “para determinar si afectan a los tratados de delimitación de la frontera, control de inundaciones y distribución del agua, lo que incluye el Río Grande, y de qué manera”.

La instalación de boyas también choca con la ley federal, pues sobrepasa las competencias de los estados en materia migratoria. Según recordó Karine Jean-Pierre, “la aplicación de las leyes de inmigración compete a las autoridades federales y los estados no deberían estar tomando decisiones o entrometiéndose en ellas. Especialmente el gobernador de Texas, Abbott, que tiene un historial de causar caos y confusión en la frontera”.

Demanda civil de un propietario de canoas

El plan del ultraconservador Abbott ya ha recibido su primer revés legal. Jessie Fuentes, propietario de la empresa Epi's Canoe and Kayak Team, que ofrece tours por el Río Bravo en la zona de Eagle Pass, presentó una demanda contra el Estado y las autoridades de Texas relacionadas con la instalación de estas boyas. Alega que este muro dañará su negocio ya que limitará el acceso al río, imposibilitando la realización de sus tours.

Además, “va en detrimento del caudal del río, de su ecología, de la fauna y la flora. Todos los aspectos de la naturaleza se ven afectados cuando se introduce algo que no pertenece al río”, dijo Fuentes. Su abogado, Carlos Flores, aseguró a AFP que el gobernador “no tiene la autoridad legal” para instalar estas boyas, que asegura que “tendrán que ser retiradas por orden judicial”, ya que no tienen la autorización de las entidades federales.

“Nos veremos en los tribunales”, respondió, desafiante, Abbott a través de Twitter: “Esto va a llegar al Tribunal Supremo. Texas tiene el derecho constitucional de asegurar su frontera”. En la demanda de Flores no entra solamente el gobernador: también Steve McCraw, director del Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS), la Guardia Nacional de Texas y el Departamento Militar.

“La situación en Palestina es muy alarmante”, explica Raquel Martí, directora ejecutiva de la Agencia de Naciones Unidas para la población refugiada de Palestina, UNRWA. El equipo se prepara para viajar a Gaza y a distintas zonas de Cisjordania para recoger testimonios y documentación de las personas afectadas por un conflicto “cronificado” en la zona. Martí iba a participar en un foro público en la Biblioteca de Castilla-La Mancha este lunes 20 de junio, Día del Refugiado, que debió cancelarse debido al incendio que afectó a una de las plantas del edificio. “Estamos preocupados por la falta de foco político”.

La también docente experta en Oriente Próximo y Cooperación Internacional explica que 69 personas han sido asesinadas por el ejército israelí sólo este año y que se ha iniciado una de las “mayores transferencias forzosas de población”, en la zona de Masafer Yatta al sur de Hebrón; se trata de una serie de poblados principalmente de población beduina. “Israel ha creado un campo de tiro en una zona en la que vive esta población palestina desde antes de 1948”, explica Martí. Se trata, insiste, de 1.200 personas amenazadas por la expulsión de sus viviendas, lo que afecta a unos 500 niños y niñas, en la “mayo expulsión” ocurrida desde 1967.

“Es algo absolutamente brutal y difícil de asimilar”

“Hemos visto el asesinato de la periodista de Al-Jazeera y recibimos noticias de chicos jóvenes a manos del ejército israelí. Ayer (domingo) se asesinó a tres chavales. Estamos viendo que la situación es crítica en Gaza”, recalca la directora ejecutiva de UNRWA. Esto, tras quince años de bloqueo sobre Palestina, recuerda, algo que lamenta “no se ha recogido en los medios de comunicación”. “Hablamos de personas que viven desde hace quince años encerradas en la que se conoce como la cárcel al aire libre más grande del mundo, y esto lo unimos al informe de Save The Children, demoledor, que señala que un 80% de los niños y niñas sufren trastornos mentales en Gaza”, afirma.

Este documento, señala Martí, explica que la mitad de los y las menores de Gaza han pensado en suicidarse, y que tres de cada cinco se han autolesionado. “Es algo absolutamente brutal y difícil de asimilar”, recalca.

En cuanto a la situación de Cisjordania, la directora de UNRWA lamenta que durante 2021 se asesinó a 84 palestinos y el recuento de heridos asciende a las 9.600 personas. “Son cifras realmente alarmantes, y debemos unirlo a la violencia de colonos israelíes que se ha disparado muchísimo. Es una situación en la que se están violando constantemente los derechos de la población palestina, y existe un silencio internacional abrumante”, resalta.

Ahora, ¿de dónde viene este silencio? “La atención mediática, política y de solidaridad de la ciudadanía se ha volcado con Ucrania, y sólo se pone el foco en esta guerra porque se está produciendo en territorio europeo y tiene mucho interés para políticos y medios de comunicación”, explica Martí. Sin embargo, advierte, los daños colaterales de la guerra en Ucrania también están afectando al resto de las personas refugiadas.

“Los refugiados necesitan del grano y de la energía de Ucrania y de Rusia, y esto afecta sobremanera su situación, porque carecen de reserva de grano y de fuentes propias de recursos energéticos. Se están incrementando los precios de alimentos y transportes una barbaridad”, recalca. De hecho, señala que la cesta de alimentos que reparte UNRWA a más de 1,6 millones de personas, se ha incrementado en un 49% y los gastos de transporte de los mismos alimentos se ha encarecido en un 29%. “Los precios se están disparando”, señala.

Para la población palestina, insiste, la situación es “terrible” debido a la crisis estructural y las distintas crisis humanitarias que se están viviendo. “También vemos que la comunidad internacional sufre un cansancio porque hablamos de una crisis crónica. Es lo que se vive en Oriente Medio, que es lo que ha hecho que medios, donantes y políticos estén cansados de recibir siempre las mismas noticias. Además, se están derivando fondos a Ucrania y se están dejando sin cubrir las necesidades acuciantes de Oriente Medio”

A esto suma que la ciudadanía se ha movilizado “mucho” en la crisis con Ucrania y ha perdido el interés en poner el foco en otras situaciones y conflictos. “Es algo que también estamos viviendo en general las organizaciones y las ONG. Pero con la guerra de Ucrania hemos visto renacer el derecho internacional, lo que sería el primer paso para reconocer el conflicto palestino”, señala. Aunque reconoce que España ha aumentado los fondos para UNRWA, explica que hace falta un posicionamiento político en relación a Palestina. “No podemos estar clamando al cielo porque Rusia invade Ucrania y no estamos diciendo nada sobre la ocupación israelí sobre Palestina”, concluye.

Khatera Dadfer, defensora de los derechos de mujeres y niñas en Afganistán, llegó a Euskadi hace 10 meses huyendo junto a su hija del régimen talibán. Fernanda Falcao, enfermera y activista trans, tuvo que marcharse de Brasil por la violencia que sufría. Skarlet Khamad, estudiante de traducción e interpretación, lleva desde marzo como refugiada tras salir de su país por la guerra de Ucrania. Las tres llegaron a España para salvar su vida, dejando atrás todo lo que habían vivido hasta el momento. Ahora, como refugiadas y solicitantes de asilo, en el caso de Falcao, buscan trabajar y estudiar para poder salir adelante. Al igual que ellas, 1.234 personas han solicitado asilo en Euskadi, 459 en Bizkaia, 408 en Gipuzkoa y 367 en Álava, la mayoría de ellas, procedentes de Venezuela y Colombia. La negativa a ofrecerles protección es prácticamente sistemática.

“Hay muchos países islámicos, pero Afganistán es el único donde las niñas no pueden estudiar y las mujeres no pueden trabajar. Como mujer afgana tuve muchos problemas porque trabajé por los derechos humanos y en contra de la violencia contra las mujeres y las niñas. Tenía miedo de los talibanes, porque no querían cambiar, ni dar derechos a las mujeres y niñas. Son los enemigos de la libertad y de los derechos humanos, por eso mi vida era tan difícil en Afganistán. Tuve que estar encerrada en una habitación dos meses con mi hija. No tengo más familia. Con ayuda de una periodista pudimos salir de allí y estoy muy feliz, he empezado mi vida de cero, pero todavía no he conseguido olvidar lo que fue salir de Afganistán y el miedo que sentí”, ha asegurado Khatera Dadfer en un encuentro realizado entre la Comisión Española de Ayunta al Refugiado (CEAR) y Zehar Errefuxatuekin, celebrado en Bilbao. Tras pronunciar esas palabras ha tenido que abandonar la sala conmovida por volver a revivir su historia.

No se puede explicar con palabras el miedo que siente una persona cuando bombardean su pueblo y su casa. Es un miedo de verdad, porque puedes morir y puede morir toda tu familia

Skarlet Khamad — Refugiada ucraniana

Debido a la crisis de Ucrania, el balance de personas llegadas a España ha aumentado. En el caso de Euskadi, 1.666 personas han sido atendidas desde febrero, un 70% de ellas, mujeres. 942 han sido atendidas en Bizkaia, 239 en Álava y 485 en Gipuzkoa. Según ha informado Elena Valverde, coordinadora territorial de CEAR, las atenciones han sido de todo tipo desde derivaciones a recursos de primera acogida hasta consultas o tramitaciones de ayuda. Skarlet Khamad es una de esas personas. En su caso, pudo huir de su pueblo, cerca de Kiev, gracias a las relaciones que mantenía en Euskadi con una familia a la que visita cada verano. Khamad habla un perfecto español y está terminando su último año de carrera de traducción e interpretación.

“A las 04.40 de la mañana empezamos a escuchar sonidos raros, pero al principio no te lo crees. Solo te lo crees cuando ves los bombardeos con tus propios ojos, entonces te das cuenta de que solo te queda salvar tu vida. No se puede explicar con palabras el miedo que siente una persona cuando bombardean su pueblo y su casa. Es un miedo de verdad, porque puedes morir y puede morir toda tu familia. Las personas que llegamos aquí agradecemos la ayuda que nos dan, llegamos perdidos y necesitamos seguridad y ayuda psicológica”, ha explicado la joven ucraniana.

Ser mujer en Brasil es difícil, pero en mi caso aún tengo más vulnerabilidades porque soy trans, negra, pobre y vengo de una zona muy tradicional

Fernanda Falcao — Solicitante de asilo brasileña

Fernanda Falco, al igual que las demás, también ha vivido la violencia en primera persona. En su caso, confiesa que estaba segura de que iba a morir. Enfermera de profesión, destinó gran parte de su vida a luchar por los derechos de las personas LGTBI de Brasil, en especial, las mujeres trans como ella. “Lucho por todas las que ya no pueden, por todas las que han matado. He trabajado como funcionara facilitando programas para personas LGTBI. Ser mujer en Brasil es difícil, pero en mi caso aún tengo más vulnerabilidades porque soy trans, negra, pobre y vengo de una zona muy tradicional. Allí a las mujeres trans no se les mata con un tiro, se les tortura, se les arrancan los pechos y los genitales. A mí me arrancaron dientes y el pelo, hay un odio muy grande. Solo queremos tener el derecho de vivir, de salir a la calle, de poder ser un ser humano”, ha confesado para después asegurar que por fin se siente “respetada, libre y tranquila”.

Las responsables de CEAR y Zehar Errefuxatuekin han insistido en que las rutas por las que las personas migrantes llegan a España cada vez son más peligrosas. Según el informe 'Las personas refugiadas en España y en Europa' realizado con datos de 2021, la mayoría de los migrantes, un 78% llevan por vía marítima y 2.048 perdieron la vida tratando de llegar a España. En Euskadi, según ha destacado la directora de Zehar, Arantza Chacón, en menos de un año cuatro personas han fallecido tratando de cruzar el río Bidasoa, una persona se suicidó en Irún y otras tres más, arrolladas por un tren en el sur de Francia, tras haber cruzado la frontera desde Euskadi.

En el caso de Ucrania se ha visto claramente como cuando hay voluntad política se puede acoger a las personas refugiadas y garantizar su protección; nunca antes se había aplicado de esta manera en otros conflictos

Arantza Chacón — Directora de Zehar Errefuxatuekin

“En el caso de Ucrania se ha visto claramente como cuando hay voluntad política se puede acoger a las personas refugiadas y se puede garantizar su protección. Nunca antes se había aplicado de esta manera a pesar de haber otros conflictos como Siria o Afganistán, entre otros. La mayoría de las personas que llegan a Euskadi solicitando protección internacional pasan por una carrera de obstáculos que dificulta enormemente su incorporación a la sociedad, primero porque los trámites de protección internacional son farragosos, pero también porque la mayoría de las respuestas son denegadas”, ha concluido Chacón.

Para denunciar la situación de las personas migrantes, garantizar que puedan llegar a Euskadi sin poner su vida en riesgo y terminar con “una política de fronteras al servicio de los intereses económicos de los países receptores”, así como asegurar el acceso a la vivienda, prestaciones sociales, educativas, sanitarias y culturales, desde las dos organizaciones han llamado a secundar la manifestación que tendrá lugar el próximo lunes, 20 de junio, Día Internacional de las Personas Refugiadas en las tres capitales vascas. La protesta, bajo el lema 'Seamos refugio. Acoger sin discriminar' comenzará el domingo a las 12.00 en Donostia desde el Aquarium y el lunes en Bilbao y Vitoria a las 19.00 desde el Teatro Arriaga y la plaza de la Virgen Blanca, respectivamente.

La estampa de la semana la dejó el miércoles: tras 699 días, la mascarilla dejaba de ser obligatoria en la mayor parte de los espacios interiores. Hubo dudas, quienes optaron por quitársela y quienes decidieron seguir llevándola pese a no estar sujetos ya a la norma que obligaba a su uso hasta entonces. Más allá de las mascarillas y de la pandemia, en la UPV/EHU se han registrado esta semana temperaturas de hasta 16 grados. De hecho, la gerencia se ha visto obligada a poner fin a su plan de ahorro energético ante las quejas de estudiantes y sindicatos. Y hay también pesetas de Euzkadi de 1937 y otras cuantas instantáneas destacadas.