¿Qué es Satán para sus acólitos, un demonio maléfico o un líder librepensador? Aunque para la inmensa mayoría la primera respuesta es la imagen que viene a la mente nada más pronunciar el nombre de Lucifer, hay quienes se decantan por lo segundo sin dudarlo. El diablo tiene club de fans, y no es que acabe de nacer. Satanistas de España lleva cinco años registrada como asociación oficial en el listado de organizaciones que custodia el Ministerio de Interior. Un disparate para muchos, pero algo que ellos entienden como lo lógico y natural. Ahora su objetivo es llegar al gran público y “tumbar prejuicios”, como su propio cabecilla expresa. Satanás es su fuente de inspiración, un símbolo de crecimiento y espíritu crítico que quieren compartir. Así que han decidido intentarlo por todo lo alto: creando la primera Feria Siniestra de la capital, que tendrá lugar el próximo 1 de diciembre en el interior de la Sala Madriz Eventos, en la calle Embajadores.

Merchandising oscuro o, como ellos lo llaman irónicamente, “cachivaches del demonio”. Artesanías únicas basadas en leyendas o cuentos satánicos. Figuras inspiradas en videojuegos o fanarts (ilustraciones basadas en un universo real o ficticio creado por un tercero, pero que elabora algún seguidor) de temática siniestra o de monstruos e incluso talleres de ganchillo. Todas las actividades, además de seis ponencias anunciadas, coronarán este evento pionero que organiza una peculiar asociación.

Se abordarán muchos temas relacionados con el mundo del satanismo, y en los coloquios se harán desde introducciones a este movimiento y al Sendero de la Mano Izquierda, uno de los conceptos más populares entre los grupos esotéricos, hasta abordar el tratamiento del diablo y su universo en los true crimes, tan sonados en los últimos tiempos. Lo harán de la mano de invitados como el periodista Javier Cavanilles, que dará una conferencia telemática a mediodía. Habrá también una charla sobre cómo el satanismo puede ayudar a crecer de manera espiritual, que impartirá una monitora de meditación y mindfulness.

El presidente de Satanistas de España, Miguer Pastor, se muestra orgulloso de reunir a tantos perfiles que “difícilmente tendrían cabida en una feria convencional”. Es lo que sostene en declaraciones a Somos Madrid días antes de inaugurar su pequeño festival. El líder del movimiento es también doctor en Ciencia de las Religiones, y espera que el domingo suponga un antes y un después a la hora de llegar a un público generalista. “Queremos que vengan personas ajenas a la organización, que conozcan lo que hacemos y lo que pensamos y, tal vez, dejen caer prejuicios que muchas veces se asocian a esta religión”, explica Pastor, que determina así lo que es para él el satanismo: una religión.

Pero, ¿qué piensan realmente los adoradores del maligno? Básicamente, ponen bajo sospecha que Satanás fuera realmente el villano de la película. “Dios es el malo de esta historia. Era un maltratador”, sentencia convencido. Matiza que eso no implica que sus creencias sean iguales a las del cristianismo, solo que a la inversa, y distancia a estas prácticas del relato popular tan conocido de Jesucristo y sus apóstoles. En resumidas cuentas, y aunque señala hondas diferencias entre cada seguidor de Lucifer, el demonio es para ellos una fuente de inspiración y un “símbolo de orgullo, de amor propio, rebeldía y espíritu crítico”.

Es lo que expone el presidente de la primera y única asociación que los acoge en España, y reivindica que muchas de las actitudes que se atribuyen a Dios en la Biblia serían tildadas de “maltrato” si se originaran en nuestros tiempos. “No creo que el amor que ofrece sea algo sano, porque solo lo muestra si se hace todo bajo sus términos. Si no sigues el camino del señor, acabas siendo castigado”, justifica, llevando a ejemplos como el relato bíblico de Abraham, que cuenta cómo este engañó a un pastor para hacerle creer que debía matar a su propio hijo a cambio de demostrar lealtad. En realidad solo era una prueba de fe, y Dios detuvo al hombre cuando estaba a punto de ejecutar a su vástago.

Satanistas de España asume la percepción negativa que buena parte de la sociedad tiene sobre sus creencias. Pero no son pocas las veces que se han rebelado contra esta condición. En diversas ocasiones, también en sus propias redes sociales, Miguel Pastor ha defendido que no solo bastanta con reconocerles como asociación oficial, sino que deberían incluirles también en el registro de entidades religiosas.

Es ahí donde aparecen las doctrinas más comunes en España, desde el cristianimo hasta el islam. Así que presionan todo lo que pueden para algún día estar inscritos. Pastor asegura que la solicitud oficial ya la han remitido al Ministerio competente, aunque muestra abiertamente sus sospechas sobre el proceder de la administración. “No voy a poner ejemplos concretos, pero hemos sido testigos de resistencias sospechosas”, dice, por parte de las autoridades.

“El mensaje que se desprende es que el funcionariado está más politizado de lo que pensábamos”, afirma, en un dardo a los empleados públicos. “Nos hacen dudar, pero creemos que el Gobierno no nos quiere como religión oficial por motivos puramente electorales”, ataca. Esta reivindicación ya aparecía en su cuenta de Instagram, donde hablaba de un sistema “piramidal” para la consolidación de entidades religiosas y pedían apoyo a su comunidad.

El Gobierno no quiere que seamos una religión oficial y es por motivos electorales

Sobre el acto que ahora celebran, y con el que esperan ampliar su repercusión, aseguran que el local está alquilado para la ocasión y que su propietario es “perfectamente consciente” de lo que se va a organizar allí. El último evento de cierto calibre que recuerda también fue en Madrid, en un acto celebrado en la Universidad Complutense. Fue allí donde, dice, se dio cuenta del rechazo que producían sobre todo entre “grupos estudiantiles vinculados a la falange”, que trataron de boicotear el acto.

Pastor también ha aparecido en canales con cierta difusión como el de La gata de Schrodinguer, alias de la creadora de contenido y periodista científica Rocío Vidal, que actualmente reúne a casi 900.000 seguidores en Youtube. En su haber colectivo, los satanistas tienen algunos referentes populares que resultan de gran importancia en su credo, como el ancestral poema de John Milton titulado El paraíso perdido, una epopeya clásica de la literatura inglesa que habla de cómo Dios permitió tanto sufrimiento a Adán y Eva al expulsarlos del Edén.

Pese a sus argumentos, ven muy lejos el momento de constituirse como religión oficial. “Nos aprobaron como asociación en 2019, cuando [Mariano] Rajoy estaba en el gobierno, y ya fue un gran paso. Si algún ministro aceptara que somos una entidad religiosa tendrían que darnos los mismos derechos que al cristianismo, por ejemplo. Podría hablarse de satanismo en clase y recibiríamos financiación pública. Y eso, claro está, armaría un revuelo tremendo al que nadie quiere enfrentarse”, concluye.

La amnistía fiscal del Gobierno de Canarias a las Sociedades Anónimas de Gestión de Estibadores Portuarios (SAGEP), incluida en el proyecto de presupuestos de 2019, ha encendido la mecha en el seno de la Agencia Tributaria Canarias (ATC). A pesar del hermetismo que aún reina en el organismo autonómico, los mensajes que trascienden al exterior evidencian un profundo malestar entre los inspectores, desde aquellos que ejecutaron las actuaciones  para reclamar la deuda a la estiba, ahora desacreditados por el propio Ejecutivo regional, hasta altos cargos de la Hacienda canaria. Incluso de la estatal.

Las fuentes internas y externas consultadas por este periódico coinciden. Se trata de una actuación inédita que amenaza con sentar un peligroso precedente en materia tributaria. “Lo más grave es el mensaje que se transmite a los funcionarios. Si los empresarios creen que tienen razón, que acudan a los tribunales”, expone una fuente de peso en la Agencia Tributaria de España.

Al oscurantismo que ha presidido la actuación de la Viceconsejería de Hacienda en torno a la condonación de deudas a la estiba por el concepto del Impuesto General Indirecto Canario (IGIC), se le unen las dudas jurídicas y las irregularidades advertidas por expertos en las materia. Estas son algunas de las claves:

1. Una condonación inédita

Lo reconoce el propio Gobierno de Canarias cuando trata de justificar el perdón a las sociedades de estiba. La disposición adicional 43 de las cuentas canarias para el próximo ejercicio regula “un supuesto excepcional” de condonación tributaria de deudas. Aunque se trata de un mecanismo previsto en la Ley General Tributaria de 1991 (revisada en 2003), no se recuerdan precedentes. “Es la primera vez que se hace”, asegura un representante sindical de la Hacienda canaria que asegura desconocer los motivos.

“Antecedentes (en toda España) hay pocos, por no decir ninguno. Esto es una amnistía, no deja de ser una amnistía. Una cosa es condonar sanciones, que para eso hay otras competencias y sí que es más habitual, y otra, condonar deudas tributarias. Lo cierto es que es excepcional, no es algo habitual”, redunda Carlos Cruzado, presidente de los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha).  

La Viceconsejería de Hacienda se ha escudado en una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), de mayo de 2017, para tumbar, “independientemente de su firmeza”, las actas de inspección contra las empresas  de estiba. Dice que lo hace amparada en el “principio de confianza legítima”, que define como “un deber de comportamiento de la administración que consiste en la necesidad de observar en el futuro la conducta que sus actos anteriores hacían prever y aceptar las consecuencias vinculantes que se desprenden de sus propios actos”.

Es decir, vaticina que, en virtud de esa resolución judicial de la UE que exime del pago del impuesto sobre el valor añadido a determinadas operaciones vinculadas a la carga y descarga de buques afectos a la navegación marítima internacional, los tribunales españoles darán la razón a las empresas y anticipa el perdón, en contra del criterio de los técnicos de Hacienda, para evitar un proceso judicial y pagar intereses de demora.

2. A espaldas de los funcionarios

La decisión del Gobierno de Canarias  ha causado perplejidad entre los funcionarios de su Agencia Tributaria, a quienes, en palabras de un auditor de cuentas, “les lava la cara de forma deplorable”. “No nos han trasladado nada”, afirman las fuentes consultadas, que añaden que “de la directora” del ente autonómico “hacia abajo” nadie supo de la amnistía hasta que fue descubierta en los presupuestos regionales.

El sigilo y el oscurantismo con el que Hacienda ha actuado hasta ahora con respecto a esta condonación de deuda tributaria no ha hecho más que alimentar las suspicacias. Según ha puesto de manifiesto Podemos, la consejera del ramo, Rosa Dávila, no hizo referencia a esta medida ni en la presentación de los presupuestos para el próximo ejercicio ni en el debate de toma en consideración.

También ha ocultado, tanto en la propia redacción de la disposición adicional como a preguntas formuladas por Canarias Ahora, el importe de esa deuda, aludiendo a que se trata de “información reservada”. La cifra que ha trascendido, y que ha podido ser confirmada por este periódico a través de otras vías, es de 13 millones de euros, de los cuales la gran mayoría, 10, corresponden a las empresas de estiba del Puerto de La Luz y de Las Palmas, que tiene el mayor movimiento de contenedores. “La respuesta que da (el Gobierno de Canarias) de que está sometido al deber de silencio de la Agencia Tributaria no la termino de ver. Tendría que estar cuantificada (la deuda), según la Ley General Tributaria”, advierte el presidente de Gestha, Carlos Cruzado.

El procedimiento tributario que ha desembocado en la condonación de la deuda vía presupuestos se inició hace más de un año, aunque la Consejería de Hacienda no ha facilitado tampoco, a pesar de los requerimientos de este periódico, la fecha del inicio de la actuación inspectora ni de la consulta vinculante realizada por las sociedades de gestión de estibadores portuarios y contestada por el Ejecutivo el 22 de diciembre de 2017, una consulta en la que se apoya para respaldar el perdón.

Los recelos en el sector se han incrementado además al conocer que el abogado que ha asesorado a la SAGEP es Víctor Díaz, exconsejero de Empleo del Gobierno canario (entre 1995 y 1999), hermano del actual alcalde de La Laguna, José Alberto Díaz, y letrado defensor del presidente canario, Fernando Clavijo, en el caso Grúas, en el que figura en calidad de investigado el actual regidor de la ciudad.

3. La justificación legal y el principio de justicia tributaria

El artículo 75 de la Ley General Tributaria establece que las deudas solo podrán condonarse a través de una ley, “en la cuantía y con los requisitos que en la misma se determinen”. El presidente de Gestha explica que la normativa estatal, que es de aplicación en este caso porque la canaria no entra en este aspecto en concreto, establece la posibilidad de perdonar las deudas siempre que se haga por ley, por lo que está permitido hacerlo a través de los presupuestos, que tienen ese rango. “No sé si políticamente está justificado o no, pero legal es siempre y cuando se recoja y se apruebe en una ley”, expone.

La disposición adicional 43 deja, sin embargo, algunos interrogantes y una irregularidad que los expertos consultados consideran evidente. La Ley General Tributaria expone con claridad que, además de tramitarse a través de una ley, debe quedar claro cuáles son los requisitos de la condonación y la cuantía de la deuda. Y el Gobierno de Canarias no ha especificado en los presupuestos una cifra que sigue ocultando. “Ahí podría haber un fallo, un problema, porque la ley dice que se establecerá de acuerdo a unos criterios y a una cuantía. Tendría que estar cuantificada (la deuda), desde luego”, afirma Carlos Cruzado.

El presidente de los técnicos de Hacienda entiende, no obstante, que la condonación de deuda tributaria “choca bastante” con el principio de justicia tributaria recogido en el artículo 31.1 de la Constitución, según el cual todos los ciudadanos españoles “contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá carácter confiscatorio”.

“La ley lleva muchos años en vigor y no ha sido declarada inconstitucional y, por lo tanto, ese apartado que establece la posibilidad de condonación es, en principio, legal. Sin embargo, no se ajusta mucho a lo que dice el artículo 31.1 de la Constitución. Muy justificada debería de estar (la condonación), cualquier amnistía choca con ese principio”, expone Cruzado.

La amnistía fija un plazo de seis meses, a partir de los aprobación de los presupuestos, para devolver las cantidades ya ingresadas por las sociedades de estiba como consecuencia de las actas de inspección firmes. Si se excede ese periodo,  comenzarán a abonarse intereses de demora.

4. El debate de fondo y la fórmula de la SAGEP

En el debate de fondo sobre la exención fiscal del IGIC a las sociedades de estiba, y en la disparidad de criterios entre los inspectores fiscales de la Agencia Tributaria Canaria y la Viceconsejería de Hacienda del Gobierno regional, emerge la fórmula que ha regido a las SAGEP hasta este mismo año. El modelo de estas sociedades anónimas ha consistido, desde su creación, en la puesta de trabajadores portuarios a disposición de las propias empresas de estiba, que son, a su vez, accionistas de la SAGEP. En el principal puerto de Canarias en tráfico de contenedores, el de Las Palmas, son cuatro los socios: OPCSA, La Luz Market, Boluda y Gesport.

El artículo 12.5 de la Ley 20/1991 de modificación de los aspectos fiscales del REF establece una serie de exenciones en el pago del IGIC para determinadas operaciones en relación con la carga y descarga de buques afectos a la navegación marítima internacional. El criterio seguido durante los últimos años por la inspección fiscal en Canarias es aplicar esta exención solo a aquellos casos en los que el destinatario del servicio es el propietario del buque o el armador. La fórmula de la SAGEP es, en realidad, una subcontratación, por lo que las sociedades estarían obligadas a abonar el impuesto a la Hacienda canaria por la cesión de personal, según la interpretación de los técnicos de la ATC. En este mismo sentido se pronuncia una sentencia de 2005 de la Audiencia Nacional sobre un conflicto relacionado con la Sociedad de Estiba del Puerto de Gijón.

La Viceconsejería de Hacienda defiende, en cambio, otra postura. En su respuesta a la petición de consulta vinculante de una sociedad de gestión, de la que aún no se conoce ni autoría ni fecha, el Ejecutivo regional sostiene la tesis de que la exención debe ser objetiva, es decir, que debe aplicarse en función de la naturaleza del servicio y no del destinatario, un argumento que extiende el perdón en el pago del impuesto a los servicios subcontratados. Hacienda se apoya para ello en la ya mencionada sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

5. No satisface ni a los amnistiados

Lo cierto es que la amnistía fiscal decretada por el Gobierno de Canarias no ha contentado ni siquiera a los propios beneficiarios, a las sociedades de estiba, que consideran que la deuda nunca debió considerarse como tal. Y es que el reconocimiento de que existió y su condonación implica una modificación contable, un incremento en su cuenta de resultados que tiene repercusión en la liquidación del Impuesto de Sociedades (IS) para el próximo ejercicio.

La condonación de 13 millones de euros deberá ahora computarse como beneficio en las cuentas de las empresas, que deberán tributarla, por tanto, al 30%, lo que les obliga al pago de cerca de cuatro millones de euros. El ahorro, en cualquier caso, sería de nueve millones.

De nuevo crisis sobre crisis en el museo TEA Tenerife Espacio de las Artes (del Cabildo de Tenerife), y ya van unas cuantas para el aún corto periodo de vida de este recinto artístico público, e incluso todavía sin resolver de forma definitiva qué va a pasar con el nombramiento inicial como director artístico del museo de Gilberto González, un concurso público que ha sido recurrido por varios aspirantes a ese mismo cargo ante la supuesta existencia de una retahíla de irregularidades.

Ese proceso administrativo de selección de una asistencia técnica aún no se ha cerrado de manera definitiva, pero María Isabel (Maisa) Navarro, catedrática de Arte Contemporáneo en la Universidad de La Laguna (ULL) y consejera no capitular de TEA desde el inicio de su actividad, ya no tiene intención de saber qué pasará con él al menos formando parte del consejo de administración de esa entidad insular.

Maisa Navarro, tras diez años en el principal órgano ejecutivo de ese museo del Cabildo, ha dicho basta y se ha ido: ha dimitido. Lo ha hecho este martes, en la reunión del consejo de administración que se había convocado por la mañana. Su renuncia es irrevocable, y la pérdida, a decir del consejero de Podemos en TEA Julio Concepción, “enorme”, por su “capacidad intelectual, sus conocimientos de arte y sus valores personales”.

Tal y como refleja Maisa Navarro en la carta en que explica los motivos de su dimisión, a la que ha tenido acceso Tenerife Ahora y que fue leída en la reunión del consejo de este martes, la catedrática de la ULL se va por no compartir, entre otros asuntos, cómo ha sido la convocatoria reciente para decidir la dirección artística de TEA, inicialmente concedida a Gilberto González.

González había sido consejero del museo hasta octubre de 2016 y el concurso público abierto para elegir ese cargo ha sido recurrido por varios aspirantes. Hasta que no se resuelvan los recursos presentados, la dirección de TEA ha dicho que no confirmará tal nombramiento. El asunto incluso puede llegar al juzgado de lo Contencioso-Administrativo.

En la misiva de despedida de Maisa Navarro (una de las especialistas más relevantes en arte contemporáneo canario y con diez años, desde el inicio de TEA, en su consejo de administración, en este caso como consejera no capitular -miembro no nato-), la también profesora de la ULL expone que “en los dos últimos años [en TEA] se fueron produciendo diversos hechos a través de los cuales fueron modificándose los procedimientos seguidos previamente, tanto en cuanto a los métodos de las convocatorias como en el acceso a la documentación correspondiente a las actas y a otros documentos relativos a los acuerdos adoptados y, de manera específica, sobre la información previa necesaria para los procesos correspondientes a las sucesivas convocatorias de puestos técnicos, tanto del gerente como de las programaciones de la Bienal de Fotografía Isla de Tenerife”. Navarro señala, “de manera especial, la convocatoria reciente para la dirección artística de la entidad”, en clara alusión a la cuestionada selección de Gilberto González, un proceso recurrido por otros candidatos al puesto.

La catedrática de Historia del Arte añade que, “habiendo sido en todos los casos daciones de cuenta posteriores a los procesos anteriormente mencionados, considero que la participación de los miembros del consejo no ha quedado garantizada; por ello, creo que, no siendo mi misión la fiscalización de los procedimientos seguidos por la entidad, es más adecuado que presente mi dimisión como miembro del consejo de administración de TEA”. 

Julio Concepción aplaude el trabajo de la catedrática

El consejero capitular (miembro nato) del grupo Podemos en el consejo de administración de TEA valoró este martes la dimisión de la catedrática de Historia del Arte y señaló que Maisa Navarro se refiere, aunque no lo diga de manera directa, a la existencia de “oscurantismo en la gestión del museo” y a la “falta de transparencia en procesos clave para el futuro de la institución artística pública”, recalcó el representante político.

Concepción indicó que la salida de Maisa Navarro es la “pérdida de una persona muy valiosa”, con “valores personales incuestionables”. El consejero insular de Podemos habló de comportamiento “exquisito y ético” de la catedrática de la ULL y aludió a las “dudas” que ella ha mostrado en la gestión pública del museo. También se refirió a la honda crisis que afecta al centro del Cabildo de Tenerife en los dos últimos años, sobre todo de 2016 en adelante.

En la carta de dimisión, Maisa Navarro traslada “su agradecimiento” a los consejeros de TEA y de manera particular al director insular de Cultura y presidente del museo, José Luis Rivero, de CC, al que también “agradece la confianza depositada” en ella.

Empezó como un caso aislado: los opositores al cuerpo de profesores de Secundaria de Murcia alzaron la voz contra los resultados de las pruebas cuando comprobaron el inusualmente alto, según ellos, número de suspendidos en las pruebas, muchos de ellos con unos y ceros pese a contar con amplia experiencia laboral previa en el área sobre la que respondieron en los exámenes.

Parecía un problema murciano. Pero pronto se supo que no estaban solos. En Madrid, Extremadura, Andalucía o Castilla La Mancha, entre otras regiones, estaba ocurriendo lo mismo. Muchos suspensos, tantos como para que, en algunas especialidades, ni siquiera se vayan a ocupar todas las plazas convocadas porque la criba de la primera prueba ha provocado que hayan pasado menos aspirantes de los que serían necesarios para ocuparlas todas.

“Resulta un poco sorprendente”, valora, prudente, Maribel Loranca, secretaria general de Educación de UGT, “sea una situación común o circunstancial de algunas comunidades, sorprende”. Los exámenes eran distintos en cada comunidad autónoma.

La polémica ha ido creciendo en la fase de reclamaciones, que ha tenido lugar en muchas regiones entre la semana pasada y esta. Los mismos tribunales que han evaluado las pruebas han sido los encargados de gestionar estas revisiones. Y nadie conoce los criterios con los que se han evaluado los exámenes en primera instancia y con los que se han revisado después. Suben la nota o no (lo más habitual) sin explicaciones, sin enseñar las pruebas ni señalar aciertos o errores. “Oscurantismo”, lo llaman los opositores, una práctica chocante para unos profesionales, que están ejerciendo de interinos en muchos casos, acostumbrados a corregir y atender reclamaciones de otra manera, según señalan los afectados.

¿Qué ha pasado este año para que haya habido tantos suspensos, tantas quejas? Nadie lo sabe. Algunas de las fuentes consultadas lanzan teorías, pero con la boca pequeña y sin atreverse a asegurarlo: tribunales saturados, sin tiempo para corregir adecuadamente todos los exámenes o un sistema de acceso obsoleto; una falta de información sobre los criterios de corrección y evaluación que tiene a los opositores en la incertidumbre a la hora de realizar las pruebas se revelan como los posibles problemas.

La escabechina

Los datos que han ido recogiendo los opositores parecen confirmar al menos el alto número de suspendidos en según qué disciplinas y comunidades. En Murcia, en Inglés aprobaron la primera fase el 15% de 948 aspirantes. En Matemáticas han sido 40 de 450 y en Física y Química solo 51 personas han pasado a la segunda fase en una especialidad que ofrece 60 plazas: no se llenará.

En Madrid, parecido. Opositores de diferentes especialidades han contado a este diario que han participado en tribunales que han aprobado a 21 personas de 98 candidatos (Lengua), 15 de 89 (Geografía), 5 de 83 (Inglés) o 4 de 56 (Cocina y Pastelería, de FP).

Situaciones similares se han dado en Extremadura, Castilla La Mancha o Aragón, aseguran opositores de estas regiones.

La mayor frustración para los opositores, según han explicado a este diario varios de ellos, es la falta de transparencia de todo el proceso. “Salí contenta del examen, fue mejor de lo que esperaba”, cuenta una participante en Madrid en la especialidad de Geografía e Historia. “Pensaba aprobar el tema. No estaba segura respecto a los prácticos, ya que me habían parecido relativamente fáciles y, comparando mi nivel con el de compañeros que llevan más años, pensaba que quizá los suspendiese. Mi sorpresa ha sido enorme cuando salieron las notas y, ponderadas, no llegan al 1”, escribe.

“No esperaba aprobar el práctico con nota, pero no puse ninguna barbaridad, no me expreso mal, no tengo faltas de ortografía (que es el argumento que esgrimen los tribunales para justificar los ceros, unos y doses en las calificaciones). No sé en base a qué texto se ha corregido mi tema (al carecer de temario oficial) y me gustaría saber los criterios”, concluye.

Esta explicación, cambiando la especialidad y las notas, la repiten opositores en todas las comunidades autónomas que se han visto afectadas por esta polémica.

El oscurantismo

“Me gustaría saber los criterios”, escribía la opositora. Miles de aspirantes suscribirían esa afirmación. Este oscurantismo y opacidad con los criterios de corrección y evaluación ha sido señalado por todos como el gran problema con esta convocatoria. En muchas comunidades nadie sabía qué puntuaba y qué no, qué valoraba un tribunal y qué restaba.

“Los opositores conocen bastante tarde cuáles son los criterios, y eso cuando los conocen”, confirma Loranca, de UGT. “Los criterios de corrección deberían ser claros, públicos, y fijarse con mucho tiempo”, valora José María Ruiz, secretario de Función Pública de CC.OO. “Pero suelen ser muy generales [cuando los hay] y la gente no sabe a qué atenerse. Está pasando en muchas comunidades”, explica.

La situación no mejoraba a la hora de reclamar. Una afectada explica que realizó el proceso online y el sistema le devolvió un mensaje informático avisando de que la reclamación habría sido aceptada si en la publicación de notas definitivas hubiera algún cambio. Si no aparecen cambios, “tienes que realizar un acto de fe de que alguien ha revisado tu examen”, explica. Otros compañeros que las cursaron presencialmente tuvieron el mismo éxito. “Las reclamaciones se presentaban el lunes de 9 a 12 y a las 12.30 se publicaban las notas definitivas”, cierra. La conclusión la deja para cada uno, pero lamenta: “Nos quedamos con una calificación que no merecemos y sin ninguna explicación, ni criterio calificativo, por lo tanto estamos abocados a realizar los mismos errores en la próxima convocatoria”.

En Murcia, donde primero se hizo público el problema y están más organizados a nivel colectivo a través de la plataforma 7JOposicionesJustas, amenazan con llegar hasta el final con las reclamaciones. “El gran problema es la falta de motivación de las calificaciones porque los tribunales dicen que no tienen obligación de publicarlo”, corrobora José Mateos, el abogado de la plataforma.

Murcia se escuda en una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la región, que amparaba estas prácticas bajo el argumento de que los criterios de evaluación estaban publicados en su página web, explica Mateos. “Pero para mí es insostenible que el TSJ venga a decir que la autoridad no tiene por qué explicar los fallos de un examen porque estén publicados los criterios, cuando nadie garantiza que el tribunal los haya aplicado”, se cuestiona.

Sin embargo, alerta Mateos, también existe una sentencia del Tribunal Supremo que daría la razón a los reclamantes. Un fallo de la Sala de lo Contencioso Administrativo de 31 de julio de 2014 dio la razón a un demandante en un proceso similar y argumentaba que “siendo en principio válida esta forma de medir o valorar el resultado de las pruebas en los procesos selectivos [en referencia a simplemente publicar la calificación], el hecho de que en estas solamente se haga referencia a una puntuación determinada no será bastante cuando el interesado la discuta”.

Con esta sentencia bajo el brazo, sostiene Mateos, los afectados de Murcia acudirán hasta la última instancia que la justicia les permita si no se hacen públicos los exámenes y los criterios de corrección aplicados. En Extremadura, en un caso similar, la Consejería ha pedido a los tribunales que apliquen esta transparencia y publiquen los exámenes, pero los los tribunales son soberanos y no tienen la obligación. En Madrid, un grupo de afectados intenta organizarse y evaluar sus opciones. En una reunión prevista para la tarde del martes iban a intentar alcanzar una postura común, y varios de los participantes se mostraban partidarios de reclamar también hasta el final.

Un sistema ¿obsoleto?

“Ya le dijimos al anterior secretario de Estado, Marcial Marín, que pasaría esto”, se lamenta José María Ruiz, de CC.OO. “Hay que darle un vuelco al modelo de acceso, porque la gente que se presentado ahora ya lo había hecho otras veces. ¿Qué pasa, se han vuelto todos tontos de repente, por decirlo mal y pronto?”, sostiene.

Entre sus propuestas, que las pruebas no sean eliminatorias como ahora para evitar “las cribas” y permitir a los aspirantes superar un posible error en las primeras fases. Desde UGT coinciden con la apreciación, y añaden otro problema: “Los tribunales trabajan en muy malas condiciones, no tienen el tiempo ni los recursos necesarios para hacer bien su trabajo. Tendrían que haber habilitado más tribunales para que tuvieran menos exámenes que corregir cada uno”, señala Loranca. Ruiz es partidario de limitar el número de opositores por tribunal.

¿Ha habido algún tipo de consigna para cribar a los aspirantes y dejar una segunda fase más asumible para los tribunales? Desde los sindicatos no se atreven a afirmar tanto. “Quiero creer que no, pero está claro que los tribunales están saturados”, insiste Ruiz. “No tenemos información en ese sentido, pienso que no”, coincide Loranca. “No puedo afirmarlo porque no tengo pruebas, pero es sangrante el número de suspensos en relación a otros procesos”, elude mojarse el abogado Mateos.

Para cerrar, Loranca matiza. “Es verdad que este proceso ha generado muchas expectativas” tras años sin convocarse oposiciones. “Y a veces el resultado genera mucha frustración”, valora. Tanto UGT como CC.OO. están analizando los datos en busca de anomalías, pero probablemente la cosa se quedará como está al menos hasta que acabe del todo el proceso y se sepa cuántas plazas se han quedado sin asignar finalmente. En Madrid, de momento, el vicepresidente, Pedro Rollán, anunció este martes que si hace falta harán otra convocatoria para completar las plazas. También que aumentará el cupo para la próxima convocatoria en 800 plazas más.

El presidente de Nueva Canarias (NC), Román Rodríguez, afirmó este sábado que en la actuación del presidente Fernando Clavijo en la ley del Suelo hay “oscurantismo” y aseguró que el Gobierno ha hecho dejación de sus responsabilidades al renunciar a competencias previstas en el Estatuto.

Román Rodríguez asegura en un comunicado que con esta ley se incumple el Estatuto de Autonomía al abandonar el Gobierno regional las competencias exclusivas definidas en los artículos 30 y 32 del texto estatutario, y afirma que el proceder de Clavijo ha sido “poco transparente y menos participativo”.

Afirma que el Gobierno regional ha aprobado el anteproyecto “incluso sin que los propios socios del PSOE lo conocieran, tal y como reconocieron ellos mismos”.

El “personalismo” de Clavijo y el “ninguneo” al que somete a los socialistas, en opinión de NC, también se reproduce en esta norma, pues la “devaluación” de las potestades autonómicas de planeamiento para la ordenación de los recursos naturales, territoriales y urbanísticos, según Rodríguez, supone un “claro incumplimiento” del pacto de gobernabilidad.

El también portavoz parlamentario de NC asevera que también se fomenta el debilitamiento de las potestades de los cabildos insulares y la traslación de la mayor parte de la responsabilidades a los ayuntamientos, con los consecuentes riesgos derivados de sus insuficiencias técnicas, administrativas y jurídicas para afrontar en solitario casi todas las competencias.

“Vamos hacia un modelo en que cada territorio municipal se gobierna por su cuenta, sin previos controles de legalidad y escasos informes vinculantes”, según Rodríguez.

Todos los municipios de Gran Canaria, excepto San Mateo y Mogán, han avisado este viernes de que no renunciarán a los fondos IGTE que les correspondan, y cuya cuantía aún desconocen, cosa que no ocurre a otros del Archipiélago, pese “al maltrato y el oscurantismo” con los que, a su juicio, gestiona su distribución el presidente regional, Fernando Clavijo.

Así lo han manifestado en una rueda de prensa el comisionado insular de Gran Canaria en la Federación Canaria de Municipios (Fecam), Óscar Hernández, también alcalde de Agüimes, además de los regidores de Santa Lucía, Dunia González; Moya, Poli Suárez e Ingenio, Juan Díaz.

Los ediles, a los que han acompañado una representación de los municipios grancanarios restantes que se oponen a la forma con la que Clavijo ha gestionado este asunto, debido a la falta de transparencia y claridad con la que se ha explicado el reparto de estos fondos a unos y otros municipios y cabildos, han explicado de esta forma su ausencia este viernes en la asamblea que la Fecam celebra en Santa Cruz de Tenerife para conocer los proyectos que el Gobierno canario financiará con cargo al IGTE.

Independientemente de lo que se acuerde en este encuentro, al que asiste Clavijo, los municipios y el Cabildo de Gran Canaria no renunciarán a proponer proyectos susceptibles de financiarse con estos fondos, si bien lamentan que desconozcan aún la cuantía que les corresponden porque ello ha impedido iniciar los trabajos previos a su presentación.

Tanto Hernández, como González, Suárez y Díaz han reiterado que “defienden los intereses del municipalismo canario” y han asegurado que rechazan la intención que, en su opinión, ha tenido Clavijo con “su mensaje dual” que ha permitido, han dicho, que hace tres meses algunos municipios y cabildos conozcan la cuantía de los fondos que le corresponden y otros, como la mayoría de los de Gran Canaria y el cabildo de esta isla, no.

Además de subrayar que Gran Canaria “se niega a recibir cada año veinte millones de euros menos” de los que le correspondería de aplicarse los criterios REF en el reparto de estos fondos IGTE, los ediles han reiterado su predisposición a “buscar consensos y rechazar imposiciones” del Gobierno regional.

Todos han reprochado a Clavijo que haya hecho un uso partidista de esta cuestión y le han exigido que la distribución de fondos que se determine atienda a criterios de igualdad y a la realidad socioeconómica de cada territorio.

En opinión de los alcaldes grancanarios, con su reunión de este viernes con la Fecam, Clavijo pretende “escenificar un acuerdo que no existe con todos los ayuntamientos de Canarias”.

Poli Suárez ha criticado que el presidente canario pretenda “usar los ayuntamientos a su antojo con un reparto arbitrario que promueve y fortalece el clientelismo político”.

Además, han destacado que hasta ahora la Fecam no ha adoptado acuerdo alguno con el Gobierno regional que carezca de ficha financiera, lo que, sin embargo, se pretende ahora.

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Seseña, Luis Domínguez, ha hecho pública una sentencia que obliga al alcalde de la localidad, Carlos Velázquez (PP), a entregar documentación solicitada por el PSOE referente a contrataciones y despidos del Consistorio. Con ello ha querido también denunciar “el oscurantismo y la opacidad” con la que continúa gobernando Velázquez el Ayuntamiento, poniendo como ejemplo la ausencia del portal de transparencia en la página web municipal, “que está obligado a poner a disposición de los ciudadanos”.

En referencia a la sentencia judicial, el juzgado contencioso administrativo número 3 de Toledo ha condenado al alcalde de Seseña por haberse negado a facilitar información al Grupo Municipal Socialista sobre las contrataciones y despidos que el Gobierno del PP realizó en la anterior legislatura en la empresa municipal Seymsa. Con ello ha fallado a favor de la denuncia que los socialistas presentaron en mayo de 2012 ante la negativa de los 'populares' a poner a su disposición una relación detallada del personal contratado y despedido a partir del 1 de julio de 2011.

El PSOE solicitó esta información ante la “constatación de que se estaba utilizando a esta empresa municipal para contratar a familiares y personas muy cercanas al equipo de Gobierno, como la hermana de la concejala de Ordenación de Territorio y Servicios, y despidiendo de manera discrecional a personal porque tenían vinculaciones políticas diferentes a las suyas”. Ahora, volverá a pedir esos datos “con una sentencia condenatoria contra el alcalde”.

Según ha recordado Domínguez, esta denuncia es una de las muchas que el Grupo Municipal Socialista presentó a lo largo de la pasada legislatura en los tribunales de justicia e incluso ante la Defensora del Pueblo ante el “oscurantismo, la falta de transparencia y el entorpecimiento a la labor de oposición” con que Carlos Velázquez gobernó en el Ayuntamiento y que está “volviendo a aplicar” desde que ha vuelto a ser alcalde tras las elecciones de mayo de 2015.

Señala que “por primera vez no se han llevado los pliegos a comisión" y subraya que “es sorprendente que a día de hoy prácticamente no se haya dado publicidad a este procedimiento".

El grupo Popular en el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, a través de la concejala Marta Poggio, se ha manifestado “en contra del oscurantismo que el equipo de Gobierno capitalino (PSOE y CC) ha mostrado en relación a la tradicional subasta de los quioscos, autobares, espacios para la venta de mojitos de la Plaza de España y puestos pequeños de carnavales”, señala el PP en un comunicado. La concejala ha explicado que “por primera vez no se han llevado los pliegos a comisión para que sean analizados y debatidos por todas las fuerzas políticas y se pudieran aportar las ideas correspondientes para mejorar los documentos”. Ha subrayado que “tampoco se les ha entregado, como era costumbre en la institución, las bases de concurrencia de los mismos”.

Poggio indica que “es sorprendente que a día de hoy prácticamente no se haya dado publicidad a este procedimiento, que tanta repercusión tiene para Santa Cruz de La Palma en una de sus fiestas principales como son los carnavales”. Y añade que “la poca información que se trasladó en el Pleno ante las preguntas del PP es que la puja se llevará a cabo el día 25, por lo que es muy llamativo que cuatro días antes la única comunicación ‘pública’ haya sido una entrada en la página de Facebook del Ayuntamiento capitalino, por lo que entendemos que la información suministrada a los ciudadanos es casi inexistente por no decir nula”. En la nota se apunta que “es importante recordar que no todos los ciudadanos tienen redes sociales o no siguen este perfil”.

“A día de hoy no existe en la página Web anuncio de las bases ni la publicación como en años anteriores con lo que es evidente que el interés del equipo de Gobierno por poder contar con el mayor número de empresarios del sector de la hostelería es mínimo”, ha indicado.

Además, Poggio ha afirmado que “cuando un equipo de Gobierno como el de Santa Cruz de La Palma se posiciona en este ocultamiento de información, lo que lleva a pensar en algunos casos es que pueda haber intereses ocultos y de preferencia de unos sobre otros”. “Es muy sorprendente lo que está pasando y desde el PP abogamos, como lo hicimos cuando tuvimos responsabilidades de Gobierno, por una puja abierta a todo aquel que quiera participar poniendo todos los medios posibles para dar a conocer este procedimiento y con la máxima publicidad”, dijo. “Para que un proceso sea considerado abierto, se debe dar la máxima difusión posible, cosa que en este caso no se está realizando”, agregó.

La concejal además ha recordado que “es preocupante la falta de transparencia que socialistas y nacionalistas están llevando a cabo con un evento de tanta trascendencia para Santa Cruz de La Palma como es la festividad de Carnaval, en la que no se le está facilitando prácticamente información a los grupos de la oposición pero tampoco a los ciudadanos y vecinos que tienen derecho a ella”.

El PP “invita a todos los interesados en participar en estas pujas, a que se personen de forma urgente en las oficinas municipales para solicitar las bases o pliegos de estos quioscos puesto que apenas quedan días laborables para presentar las instancias con aquellos requisitos que sean demandados por el grupo de Gobierno”.

El Partido Popular en la Villa de Mazo, a través de su portavoz, Damaris Ferraz, ha mostrado “su preocupación por el oscurantismo con el que se ha llevado hasta ahora el Plan General de Ordenación del territorio que, en lugar de ser abordado desde el propio Consistorio, Mazo ha sido intervenido urbanísticamente y es el Gobierno de Canarias el que durante estos últimos años ha estado elaborando este documento supletorio”, señala el PP en un comunicado.

La portavoz de los populares, en la nota, recuerda que “desde el año 2012 por sentencia del Tribunal Supremo se anuló el Plan General existente hasta entonces lo que ha supuesto un importante varapalo para el municipio”. En aquel entonces “se nos trasladó que se entregaría esta materia al Gobierno Autonómico porque era la garantía de que en tres años tendríamos un nuevo plan y cuando ya vamos casi a llegar al cuarto año ese plan no existe”.

Damaris Ferraz ha explicado que esta “situación está suponiendo una importante parálisis en el municipio que si ya de por sí los vecinos de Mazo saben lo complicado de realizar cualquier actuación allí, ahora sin la herramienta de ordenación correspondiente, todo es mucho más tedioso y complejo”.

No obstante, la portavoz ha indicado que espera que “el nuevo equipo de Gobierno local se aleje del oscurantismo de la anterior alcaldesa” y como ya les “ha pedido en el anterior pleno, den un giro radical en esta materia, abriéndolo a la oposición y optando por un documento participado. ”El Plan General de Ordenación es una pieza clave para cualquier municipio y sin duda debe contar con el máximo consenso político y la mayor participación ciudadana posible“, ha manifestado Ferraz.

Por su parte, el presidente local del PP, Luis Roberto Cabrera, insiste en que “Nieves Lady Barreto se comprometió a que en tres años se contaría con el documento y ya estamos llegando casi al cuarto y no se cuenta con él”. Además Cabrera indica que “es lamentable que la alcaldesa haya salido huyendo de Mazo dejando el pueblo que le dio la confianza de Gobernar completamente abandonado y con muchos de sus compromisos a medias”.

Cabrera también plantea que “es verdaderamente paradójico como aquella que no ha sido capaz de ordenar su territorio sea ahora la responsable Política Territorial en la Comunidad Autónoma”. “Lo que esperamos es que se acuerde en su nueva responsabilidad de sus promesas incumplidas en el pueblo que dejó atrás y haga todo lo que pueda para que Mazo salga del abismo al que lo llevaron sus años de Gobierno”, ha concluido Cabrera.

El consejero advierte que “recurriremos jurídicamente por tierra, mar y aire” que los aeropuertos canarios caigan en manos privadas

El consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial, Domingo Berriel, ha asegurado en el Parlamento que “la unilateralidad y el oscurantismo” son las características del proceso de privatización de Aena por parte del Gobierno central.

Por eso, y porque “no hemos sido nosotros los que hemos cerrado la puerta de la negociación”, el Ejecutivo canario “recurrirá por tierra, mar y aire” ante la Justicia todos los pasos que se lleven a cabo para privatizar los aeropuertos canarios.

“El único camino que no es queda es el jurídico, estoy cansado de perder dinero viajando a Madrid, porque no nos escuchan, no nos consultan”, dijo Berriel.

El consejero, que compareció a propuesta del presidente del Grupo Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), José Miguel Ruano, ha insistido en que “todas las decisiones del Estado se han hecho por urgencia y escasa publicidad”.

Berriel ha insistido en que el Gobierno central aún no ha respondido a la solicitud del Ejecutivo canario para convocar la Comisión Bilateral Canarias-Estado para negociar el traspaso de competencias de los aeropuertos al Archipiélago, pese a que se pidió el pasado mes de julio.

Recentralización

Debido a estas circunstancias expresadas por el consejero, Ruano se preguntó “si el problema no será que no se quiere segregar el sistema aeroportuario canario del resto del paquete porque es de los que más beneficios genera”.

El diputado nacionalista insistió en que la visión “recentralizadora” del PP no solo está complicando las relaciones entre partidos políticos o instituciones, “sino entre los canarios con respecto al resto de España”, por lo que pidió a los conservadores que “reconsideren su actitud”.

Por su parte, el socialista Julio Cruz ha insistido en que se pone en peligro la cohesión territorial del Archipiélago, pues “¿a un fondo de inversión internacional le puede interesar que el aeropuerto de La Gomera deba estar abierto a las 18:00 horas?”

Para el socialista, los aeropuertos de las islas no capitalinas “corren el riesgo de desaparecer” si su gestión cae en manos privadas.

“El Gobierno quiere darle el negocio a unos pocos, a dedo y con oscurantismo”, afirmó Cruz.

Política de Estado

El conservador Manuel Fernández fue el encargado de contrarrestar sin éxito los argumentos del Gobierno y el resto de grupos parlamentarios: “no es una confrontación de Madrid versus Canarias, es una política de Estado”.

“Una política de Estado debería conllevar una política diferenciada hacia Canarias”, replicó Ruano al portavoz del PP.

Fernández insistió en que “la privatización que se está llevando a cabo ahora es la que quiso poner en marcha Zapatero en el año 2010”, una operación que entonces si era apoyada, según su opinión, por los socialistas canarios.

“No buscamos la confrontación, pero no se nos puede tirar una maceta a la cabeza y encima tener que pedir perdón”, contestó el consejero a Fernández.

Por ello, advirtió que “frente la imposición sistemática y el ninguneo al Gobierno de Canarias, solo cabe la vía judicial”.