El exalcalde de Astillero, Carlos Cortina (PP), ha ganado una pequeña batalla judicial dentro de la complicada encrucijada que afronta desde finales de la pasada legislatura. La Audiencia de Cantabria ha rechazado el recurso de apelación presentado por el Ayuntamiento y por el secretario municipal por el que pretendían imputarle un nuevo delito de prevaricación vinculado al complemento salarial aprobado en 2013 en favor de un empleado de las instalaciones deportivas municipales.

Aquel complemento de productividad, que ascendía a 546 euros mensuales, fue aprobado por Cortina pese a contar con el informe negativo del interventor del Ayuntamiento. Sin embargo, la Audiencia considera que dicha conducta “no es penalmente relevante”, si bien da un pequeño tirón de orejas al exregidor municipal al entender que pudiera llevar una “corrección” conforme al derecho administrativo.

De este modo, en un auto fechado el pasado 11 de octubre al que ha tenido acceso eldiario.es, la Audiencia se pronuncia en el mismo sentido que ya lo habían hecho el Juzgado de Instrucción número 3 de Santander y el Ministerio Fiscal. Sostiene este órgano judicial que “no se trata de una decisión aislada”, sino que fueron varios los empleados municipales a los que desde el año 2008 se les asignaron incrementos retributivos.

En el caso concreto que se ha enjuiciado, la Audiencia señala que a este trabajador se le encomendaron nuevas actividades y tareas que no tenía inicialmente asignadas y descarta por ello que el aumento salarial se debiera a un trato de favor por afinidad política.

Pendientes del último recurso

No obstante, Cortina todavía tiene abierta la causa judicial que le retiró de la política y que tiene que ver con la contratación supuestamente irregular de una persona vinculada a su partido político, a la que pagó con cargo a las arcas públicas cerca de 100.000 euros entre los años 2007 y 2010 para elaborar la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del Ayuntamiento, un desempeño para el que no estaba cualificada y que nunca llegó a concluir.

Por ello, en su escrito de calificación, la Fiscalía pide para el dirigente 'popular' diez años de inhabilitación por un presunto delito de prevaricación administrativa continuada, mientras que para la persona a la que contrató reclama un año de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio y una multa de 160.000 euros por un delito de tráfico de influencias. Además, para ambos solicita una indemnización para el Ayuntamiento de Astillero de casi 100.000 euros más intereses en concepto de responsabilidad civil solidaria.

Esta causa está pendiente de que la Audiencia se pronuncie sobre los recursos de apelación interpuestos por los acusados, que denuncian una vulneración de su derecho de defensa al considerar que el juez instructor del caso no se ha pronunciado sobre determinadas pruebas. Ambos recursos deberían haber sido resueltos durante la primera semana de julio, en que la Audiencia señaló fecha para su deliberación y votación, y suponen la última oportunidad del dirigente del PP pasa salvarse de la apertura de juicio oral.

El presidente de Nuevas Generaciones del PP y concejal de Astillero, Javier Fernández Soberón, ha anunciado este viernes que abandona el partido tras siete años de militancia. Lo ha hecho en una rueda de prensa en la que ha achacado esta “difícil pero meditada decisión” a dos razones. Por un lado, al “inmovilismo” y a la “falta de ritmo” de la formación en el municipio, lo cual ha vinculado a la situación procesal del exalcalde y portavoz, Carlos Cortina, imputado por un delito continuado de prevaricación.

Y, por otro, a los distintos “vetos” que ha impuesto la dirección regional de su propio partido contra los acuerdos adoptados en la Junta Local y contra su persona “por la única razón” de haber apoyado a Ignacio Diego en el último y polémico Congreso regional que acabó con el liderazgo del expresidente de Cantabria frente a María José Saénz de Buruaga por tan solo cuatro votos de diferencia.

Junto a Soberón se marchan otros tres cargos del PP de Astillero: la también edil Bella Gañán; Alejandro Hoz, que es miembro de la Junta Vecinal de Guarnizo y secretario de Deportes de Nuevas Generaciones España; y Miguel Ortega, vicesecretario de la organización juvenil y miembro de la Junta Local del PP de Astillero y de la Junta Directiva regional. Tanto Soberón como Gañán dejarán el grupo municipal popular, que quedará representado por cuatro concejales, y continuarán su labor en el Consistorio como ediles no adscritos.

En su intervención ante los medios de comunicación, Soberón ha asegurado que su salida y la de sus compañeros está motivada “única y exclusivamente por motivos locales y no por conflictos del Congreso regional”, aunque finalmente ha reconocido que se trata a “una combinación” de ambas. Y es que, como él mismo ha apuntado, los vetos de la dirección regional del partido están estrechamente ligados a su apoyo a Ignacio Diego.

Como ejemplo de ello ha citado el intento frustrado de materializar una renovación en la dirección local del PP para relevar a Cortina y la negativa a explorar una moción de censura contra el alcalde regionalista Francisco Ortiz después de que este rompiera el pacto con el PSOE. Según ha expuesto Soberón, ambas cuestiones fracasaron debido a la injerencia de la dirección regional.

En el caso del relevo de Cortina, ratificado en una junta del comité local celebrada en diciembre, ha afirmado que el actual portavoz municipal trasladó en dicha reunión que Sáenz de Buruaga “no iba a aceptar que él liderase” la formación “porque estuvo al lado de Nacho Diego” durante el proceso congresual. “Es decir, la señora Buruaga primero vetaba una decisión que nacía desde el propio PP de Astillero y segundo, vetaba todo lo que fuera cercano a Nacho Diego”, ha criticado.

En cuanto a la moción de censura, Soberón ha señalado que la presidenta regional del PP prohibió dialogar con PSOE e IU, pese a que ambas formaciones “tendieron la mano”, para evitar que el posible cese del alcalde regionalista pudiera coartar en el futuro un pacto con Revilla tras las elecciones de 2019. “Se nos prohibió promover ni participar en diálogos con otras formaciones políticas que no fuera la del actual alcalde del PRC”, ha asegurado el concejal, quien por el contrario ha defendido que el futuro del municipio “debe decidirse desde Astillero”.

De igual forma, también ha cuestionado que la respuesta del PP a la posible moción de censura fuera pedir al PSOE e IU que “se retiraran como acusación particular” en la causa judicial abierta contra Cortina. “Es muy triste que ante esta situación, en el pueblo sólo haya quedado que la actitud por parte del PP es la de anteponer los intereses personales, en vez de trabajar en proponer ideas en beneficio de nuestros vecinos”, ha lamentado.

También como prueba del nulo interés del PP por desalojar a Ortiz de la Alcaldía en lo que ha sido una legislatura “en blanco” es que la reunión de la junta local para valorar la excepcional situación del municipio no se produjo hasta un mes después de que fuera solicitada por tres quintas partes de sus miembros, ahogando así cualquier posibilidad de acuerdo.

“Queremos trabajar por Astillero y Guarnizo y no nos dejan. Buruaga veta en Astillero a los que apoyamos a Nacho Diego, prohíbe el diálogo con otras fuerzas políticas aunque esto suponga mejoras para nuestros vecinos y prioriza los pactos con el PRC al interés general de nuestro pueblo”, ha resumido Soberón sobre los motivos de su marcha, a los que ha sumado que en los últimos años el ritmo de trabajo del PP a nivel local no ha sido el suficiente.

Sobre esto último, ha añadido que tras perder cuatro concejales en 2015 y el gobierno local por el pacto entre PRC y PSOE, un grupo “joven” e “ilusionado” de personas decidió “dar un paso al frente” para trabajar y “volver a convencer e ilusionar” a los vecinos de Astillero. Sin embargo, “no nos han dejado hacer” desde la dirección regional del PP, a la que acusa de ser “un gran lastre” y provocar la “desilusión” de la “inmensa mayoría” de los afiliados.

Respuesta de la dirección

La respuesta de la dirección regional del PP a las declaraciones de Fernández Soberón no se han hecho esperar. El diputado Íñigo Fernández, mano derecha de Buruaga, ha atribuido la marcha a la pretensión del concejal por promover una moción de censura en Astillero en contra del grupo municipal, de la junta local y de la propia dirección regional, y como “un atajo” para ser alcalde, ya que se habría propuesto a sí mismo de candidato.

“A Soberón le ha podido la ambición”, ha asegurado Fernández a preguntas de los periodistas ha defendido que el PP cree que en este momento no se dan las “condiciones” necesarias ni es “oportuno” promover y negociar una moción de censura en ese municipio, por lo que ha considerado que es Soberón quien “impone” su criterio al partido sin que haya “autorización” o “acuerdo” para dar el paso.

Izquierda Unida de Astillero ha supeditado “cualquier conversación” sobre una posible moción de censura al alcalde, el regionalista Francisco Ortiz, que desde hace casi dos semanas gobierna en minoría tras romper el pacto con el PSOE, a la dimisión del portavoz del PP y exregidor del municipio, Carlos Cortina, imputado por supuestas irregularidades en su gestión.

La portavoz de IU en el Consistorio, Leticia Martínez, se ha mostrado dispuesta a abordar con el resto de partidos de la oposición la situación en el Consistorio, más tras la “preocupación” que dice que les están trasladando los vecinos.

Para la formación de izquierdas “solo existen dos opciones”: la cuestión de confianza o la moción de censura. De la primera ha recordado que IU ha instado en repetidas ocasiones a que se proceda, pero solo puede ser por iniciativa del propio regidor, algo que ha rechazado Ortiz “movido por la soberbia y autoritarismo que han hecho al PRC quedarse solo en el municipio”.

Así, la “aritmética” municipal únicamente permite la moción si PP y PSOE “están dispuestos a ir de la mano”, ya que ha de salir adelante por mayoría absoluta del Pleno. “Nos encantaría poder tener más peso en el Ayuntamiento”, admite Martínez, en alusión a la representación de IU, que cuenta con dos de 17 concejales en la Corporación.

Frente a ello, subraya la “voluntad” de su partido para que la situación actual en el Ayuntamiento “se desbloquee”, y supedita las posibles conversaciones sobre dicha moción a que Cortina dimita, por estar imputado y pendiente de que se fije fecha de juicio por irregularidades durante su gestión, en un caso en el que la Fiscalía pide 10 años de inhabilitación y en el que IU es acusación particular.

Por tanto, “cualquier negociación pasa por la marcha de Carlos Cortina de la vida pública municipal”. “Y no nos vale otra opción como echarle del PP, que eso es una cuestión interna de los populares: ha de estar fuera de la Corporación”, aclara Martínez, que también advierte de que IU “no va a retirar, de ningún modo, la acusación”.

“Si queremos cambiar de alcalde y de gobierno no podemos pasar de un gobierno con un alcalde autoritario pero sin sospecha judicial a un gobierno en el que uno de sus miembros sea Cortina”, asevera al respecto.

A partir de esta premisa, en IU estarían “dispuestos a hablar de otros temas”, entre ellos que se recojan varias líneas de su programa electoral, porque “lo importante es que no solo cambien las caras, sino también las políticas”.

El proceso judicial en el que está inmerso el exalcalde de Astillero, Carlos Cortina, por la supuesta contratación irregular durante varios años de Rosa Nozal, vinculada al PP y hermana de una funcionaria municipal, continúa avanzando. La Fiscalía ya ha formulado escrito de calificación y pide para el dirigente 'popular' diez años de inhabilitación por un presunto delito de prevaricación administrativa continuada.

Asimismo, el Ministerio Público solicita para Nozal un año de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio y una multa de 160.000 euros por un delito de tráfico de influencias. Igualmente, reclama para ambos en concepto de responsabilidad civil solidaria una indemnización para el Ayuntamiento de Astillero de 98.749,96 euros más intereses.

El escrito de calificación, al que ha tenido acceso eldiario.es, se muestra muy duro con la gestión del que fuera alcalde de Astillero desde 2006 a 2015, al que recrimina el “perjuicio económico” causado a las arcas municipales. Según señala el Fiscal, Nozal se valió de la “relación cercana” que mantenía con Cortina, “gracias a su pertenencia al mismo partido político y por trabajar su hermana desde hace años como persona de confianza del alcalde”, para conseguir una ocupación laboral que le reportó “beneficios económicos estables y seguros durante varios años”.

En concreto, esta persona ingresó del Ayuntamiento entre enero de 2007 y abril de 2010 casi 100.000 euros, y ello pese a que “no tenía la cualificación profesional adecuada” para las tareas que se le encomendaron ni “ninguna experiencia en el sector público” y “sin desempeñar un trabajo real y efectivo” durante este tiempo.

El Fiscal apunta además que se trató de una contratación irregular, ya que el exalcalde fraccionó la duración y el importe de los contratos “con la finalidad de eludir el procedimiento previsto” en la ley. En este sentido, subraya que fue una “decisión contractual” de Cortina “sin soporte alguno”, que “contravino de forma frontal y manifiesta la regulación legal en materia de contratación pública”.

De este modo, Nozal giró en esos casi tres años un total de 38 facturas por importe de 98.794,96 euros, “sin otro fundamento que la voluntad de Carlos Cortina, quien antepuso su interés a la finalidad de servir con objetividad a los intereses municipales, en perjuicio del erario público y con claro beneficio patrimonial de la acusada”.

Contratada “sistemáticamente”

El Fiscal también relata que en abril de 2010 el interventor municipal advirtió al responsable del Ayuntamiento de esta situación irregular y propuso el inicio de un procedimiento para sacar a concurso público el cometido atribuido a Rosa Nozal, “pero no se llevó a efecto”.

“La acusada ha seguido siendo contratada sistemáticamente dada su vinculación con el responsable municipal (...) hasta el año 2015, año en que cambia la titularidad del Ayuntamiento” al perder el PP la mayoría en las elecciones municipales y fraguarse un gobierno de coalición PRC-PSOE.

Por todo ello, la Fiscalía pide que se abra juicio oral ante el Juzgado de lo Penal, que se compruebe la solvencia económica de los acusados y que se establezca la fianza correspondiente para Cortina. Contra dicho escrito, las partes implicadas pueden interponar un recurso de reforma en el plazo de tres días hábiles desde su notificación. Por su parte, las acusaciones han demandado que se añada a este proceso judicial los pluses de productividad abonados desde 2013 a Agustín Pérez -también miembro del PP local- como ayudante de las instalaciones deportivas.

Polémica en el Comité Local

La causa contra Cortina se abrió en abril de 2015 en el Juzgado de Instrucción número 3 de Santander a raíz de una denuncia presentada por el secretario del Ayuntamiento, José Ramón Cuerno, a la que se adhirieron como acusación particular los partidos de la oposición IU y PSOE y, posteriormente, el propio Ayuntamiento de Astillero.

Tras perder ese año la mayoría absoluta, Cortina ejerce esta legislatura como concejal de la oposición. Este profesor lleva como edil de Astillero cerca de 25 años. Entre 1987 y 1991 estuvo en la oposición, siendo número dos de Ignacio Diego, con Alianza Popular y Partido Popular. En 1995, con la victoria por mayoría absoluta del PP, fue elegido teniente de alcalde, y en noviembre de 2006 fue designado como alcalde tras el nombramiento de Ignacio Diego como presidente del PP de Cantabria.

Un grupo destacado de militantes del PP en el municipio ha pedido a Cortina que dé un paso a un lado y deje espacio a nuevos responsables políticos dada su situación judicial y el desgaste que ha sufrido. Así se puso de puso de manifiesto en una Junta local del partido celebrada a finales del año pasado con el objetivo de renovar los cargos orgánicos.

Dicha petición salió adelante por una amplia mayoría, con el único voto en contra del propio Cortina. Sin embargo, este relevo no se ha producido ya que debe ser ratificado en última instancia por la dirección regional que encabeza María José Saénz de Buruaga.

El exalcalde de Astillero, Carlos Cortina, está muy cerca de ser juzgado por prevaricación administrativa, tráfico de influencias y apropiación indebida. El Juzgado de Instrucción número 3 de Santander ha dictado un nuevo auto en el que acuerda continuar adelante con la tramitación de las diligencias previas y da traslado a la Fiscalía y a las acusaciones para que en el plazo máximo de días hábiles soliciten la apertura de juicio oral contra el dirigente del PP.

La Audiencia de Cantabria ya había dejado al exregidor municipal al borde del banquillo tras rechazar el pasado mes de julio su recurso de apelación y dejarle sin instancias a las que recurrir para intentar frenar el proceso judicial en el que está inmerso desde el año 2013. Cortina, que es concejal de Astillero desde 1995 y que fue alcalde entre 2006 y 2015, está siendo investigado por la contratación supuestamente irregular durante más de tres años de Rosa Nozal, hermana de una trabajadora municipal vinculada a su partido, a la que pagó con cargo a las arcas municipales casi 100.000 euros.

El auto del juez Fernando Vegas, al que ha tenido acceso en exclusiva eldiario.es y que está fechado el 13 se septiembre, es rotundo y deja un futuro poco halagüeño para el dirigente popular. El dictamen judicial describe cómo Nozal encadenó con el Consistorio astillerense entre enero de 2007 y abril de 2010 varios contratos por los que ingresó 98.749,96 euros pese a que “las prestaciones eral realmente inexsistentes”, no había causas que lo justificaran y no existía cobertura legal para su abono.

Los contratos

Según describe el juez, el primer contrato se produjo en enero de 2007, cuando el Ayuntamieto de Astillero aprobó un gasto de 12.00 euros para la contratación de Rosa Nozal “en calidad de personal técnico con el cometido de realizar la definición y análisis de procedimientos administrativos” por un periodo de seis meses. Sin embargo, acabó percibiendo 14.500 euros, 2.500 euros más de lo aprobado.

Posteriormente, entre enero y mayo de 2008, “sin aprobación de gasto”, Nozal continuó prestando servicios para la administración pública y emitió cinco facturas por importe de 2.900 euros cada una que le fueron abonadas. Tres meses más tarde, el Consistorio le adjudica un nuevo contrato menor para la realización de “idéntico trabajo al anteriormente efectuado” por valor de 17.400 euros.

Al año siguiente, entre agosto y diciembre de 2009, vuelve a emitir facturas que suman 20.307 euros, en las que hacía constar como concepto “plan formativo y apoyo a la empresa de valoración de puestos de trabajo”. Finalmente, en los cuatro primeros meses de 2010 facturó 46.400 euros en concepto de consultoría.

El juez considera que Cortina “era conocedor de la falta de cobertura legal para que Rosa Nozal continuara prestando servicios para la Corporación, pues excedía del periodo de tiempo inicial del contrato y las prestaciones objeto del mismo eran realmente inexistentes, pese a lo cual el alcalde, a sabiendas de la inextencia de causa que lo justificara, continuó dando órdenes de pago de las facturas”.

El exalcalde de Astillero, Carlos Cortina (PP), se sentará en el banquillo de los acusados después de que la Audiencia Provincial de Cantabria haya rechazado la última baza que le quedaba para evitar la apertura de juicio oral. El auto al que ha tenido acceso eldiario.es, con fecha del pasado 28 de junio, desestima los recursos de apelación interpuestos por el exregidor y por Rosa Nozal, presentados días después de que el Juzgado de Instrucción número 3 de Santander hiciera lo propio con otro recurso contra su imputación por un presunto delito de prevaricación administrativa.

La justicia investiga, a raíz de una denuncia interpuesta por el secretario municipal a la que se sumaron IU y el PSOE, la contratación por parte del Ayuntamiento de Astillero de Rosa Nozal, hermana de una funcionaria próxima al PP a la que la administración pública pagó entre 2007 y 2010 cerca de 100.000 euros para que elaborara la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), una tarea que nunca llegó a concluir. La contratación se realizó a través de la reiteración de contratos menores y en contra de los informes de los servicios municipales, lo que podría constituir un delito de prevaricación.

El documento, consultado por eldiario.es, sentencia que el Ayuntamiento de Astillero contrató durante más de tres años a Rosa Nozal quien, en el periodo comprendido entre enero de 2007 a abril de 2010, emitió 38 facturas por un importe de casi 100.000 euros que le fueron abonadas. “Las facturas y los documentos de abono ratifican los indicios de delito”, recoge.

“De enero a junio de 2007 se le abonó por parte del Ayuntamiento un importe superior a la propuesta de gasto aprobada: 14.500 euros en lugar de 12.000”, según el texto judicial.

Asimismo, este órgano asegura que Nozal “no podía estar más de un año” puesto que su trabajo “era de campo, no especializado”, por lo que ese tiempo, “era más que suficiente para la elaboración de la relación de puestos de trabajo, y si se hubiese necesitado más tiempo, el procedimiento tenía que haber sido mediante licitación”.

Tras la elaboración de la relación de puestos, comenzaba la valoración de los mismos para la cual “se había contratado una nueva empresa”, pues era un trabajo “especializado” para la cual Nozal “no estaba capacitada”. La recurrente fue contratada de nuevo “unilateralmente” por el Ayuntamiento, en este caso, como técnico de apoyo en la gestión de recursos humanos para lo cual el Consistorio “no acredita ni su necesidad, ni en qué consistía su tarea, ni si se desempeñaron dichos servicios”.

Por todo ello, la Sala desestima los recursos de apelación y sentencia que no cabe recurso alguno contra ellos, hecho que desembocará en la apertura de juicio oral por parte del juzgado.

Largo proceso

Cortina, que ya fue interrogado en calidad de testigo, presentó un recurso, que fue desestimado, contra la resolución dictada el pasado 26 de septiembre en la que el Juzgado denegaba su petición de sobreseer la causa.

El exalcalde fue imputado en el momento más inoportuno de su carrera política. Profesor en el Colegio Puente, el dirigente del PP forma parte de la Corporación municipal desde el año 1995. Después de una década como primer teniente alcalde, en 2006 accedió a la alcaldía debido a la renuncia de Ignacio Diego, quien asumió la candidatura del PP a la Presidencia del Gobierno de Cantabria.

Fue en abril de 2015, un mes antes de las elecciones municipales y tras una legislatura complicada -asolado por las críticas especialmente por la gestión en la reclamación judicial del IVA en la venta de una parcela que acabó en una sanción millonaria contra el Ayuntamiento-, saltaba la noticia de su imputación, adelantada en exclusiva por este diario. En mayo, el acuerdo PRC-PSOE acabaría con un largo reinado de los populares en el municipio.

Desde entonces y hasta hoy, el proceso judicial que apartó a Cortina de la alcaldía -aunque mantiene su acta como concejal- se ha ido alargando por los continuos recursos que ha ido presentando contra su imputación, hasta concluir en este último, sobre el que no cabe volver a recurrir.

Reacciones

Izquierda Unida Astillero pide la dimisión de Cortina por “enésima vez”. En un comunicado, la concejala de IU Astillero y coordinadora de IU Cantabria, Leticia Martínez, subraya que llevar este asunto a los tribunales era “una obligación moral y legal”, de ahí que se sumaran como acusación. “El auto es claro en referencia a los hechos denunciados”.

“En IU hemos perdido la cuenta de las veces que pedimos la dimisión de Cortina como cargo público, así que lo exigimos de nuevo, por enésima vez”, apunta la concejala.

Martínez resalta que junto a sus compañeros de IU, tanto a nivel municipal como autonómico, denunciarán “cualquier perjuicio que se haga a las arcas públicas o cualquier maltrato a los trabajadores y las familias”.

Malas noticias para Carlos Cortina. El dirigente del PP y exalcalde de Astillero está un paso más cerca de sentarse en el banquillo de los acusados después de que el Juzgado de Instrucción número 3 de Santander haya rechazado el recurso que presentó contra su imputación por un presunto delito de prevaricación administrativa.

Éste órgano judicial investiga, a raíz de una denuncia presentada el secretario municipal a la que se sumaron IU y el PSOE, la contratación por parte del Ayuntamiento de Astillero de Rosa Nozal, hermana de una funcionaria próxima al PP a la que la administración pública pagó entre 2007 y 2010 cerca de 100.000 euros para que elaborara la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), una tarea que nunca llegó a concluir. La contratación se realizó a través de la reiteración de contratos menores y en contra de los informes de los servicios municipales, lo que podría constituir un delito de prevaricación.

Cortina, que ya fue interrogado en calidad de testigo, presentó un recurso contra la resolución dictada el pasado 26 de septiembre en la que el Juzgado denegaba su petición de sobreseer la causa. Ese recurso ha sido ahora desestimado y deja muy cerca del banquillo al dirigente popular.

En este nuevo auto fechado el 7 de diciembre, al que ha tenido acceso eldiario.es Cantabria, el magistrado Fernando Vegas García considera que las alegaciones de Cortina y de Rosa Nozal, que también está imputada, “no desvirtúan la legalidad” de sus resoluciones y ratifica las mismas “en todos sus extremos”.

De este modo, el juez otorga a los denunciados un plazo de cinco días para presentar un nuevo recurso de apelación subsidario, esta vez ante la Audiencia Provincial de Cantabria. Se trata del último cartucho que le queda al exregidor municipal para intentar evitar la apertura de juicio oral. En caso de que su escrito sea nuevamente rechazado, Cortina será juzgado, enfrentándose a una posible condena de inahibilitación para cargo público.

Un largo proceso judicial

Cortina fue imputado en el momento más inoportuno de su carrera política. Profesor en el Colegio Puente, el dirigente del PP forma parte de la Corporación municipal desde el año 1995. Después de una década como primer teniente alcalde, en 2006 accede a la alcaldía debido a la renuncia de Ignacio Diego, quien asume la candidatura del PP a la presidencia del Gobierno de Cantabria.

Fue en abril de 2015, un mes antes de las elecciones municipales y tras una legislatura complicada -asolado por las críticas especialmente por la gestión en la reclamación judicial del IVA en la venta de una parcela que acabó en una sanción millonaria contra el Ayuntamiento-, saltaba la noticia de su imputación, adelantada en exclusiva por este diario. En mayo, el acuerdo PRC-PSOE acabaría con un largo reinado de los populares en el municipio.

Y un año y medio más tarde, el proceso judicial que apartó a Cortina de la alcaldía -aunque mantiene su acta como concejal-, todavía continúa en fase de instrucción. Los recursos presentados por el exalcalde, que ha llegado hasta la Audiencia Provincial sin éxito, a la que recurre ahora de nuevo, han demorado la apertura de juicio oral, una situación que cada vez parece más cercana.

Francisco Ortiz (Astillero, 1968) tiene el honor y la responsabilidad de ser el primer candidato del PRC en alcanzar la alcaldía de Astillero, el sexto municipio más grande de Cantabria por población. Fue el pasado 13 de junio de 2015, fecha que lleva grabada en la memoria, cuando este empresario se convirtió en el máximo responsable de la Corporación tras firmar con el PSOE un pacto de gobierno. El PP, después de 20 años de gozar de mayoría absoluta, quedó relegado a la oposición junto a los dos ediles de IU.

Desde entonces sigue la marcha de su empresa “muy en la distancia” y está volcado “full time” en las tareas de gobierno. En una entrevista concedida a eldiario.es para hacer balance del primer año de legislatura, Ortiz destaca la apuesta de regionalistas y socialistas por potenciar los servicios sociales, así como la cercanía con los vecinos. “Desde que estamos aquí, la atención al ciudadano ha mejorado en un 500%”, asevera.

Durante la conversación, se muestra firme, sincero, sin tener miedo a que sus declaraciones puedan molestar, y muy convencido de las decisiones tomadas y de los pasos a seguir en estos tres años que le quedan por delante hasta una nueva cita electoral. Entre los retos que se marca están seguir mejorando los servicios esenciales, especialmente la recogida de basuras y el mantenimiento de parques y jardines, y potenciar las infraestructuras deportivas. Todo ello cumpliendo de forma escrupulosa la legalidad, tal y como insiste en subrayar. “Hemos venido aquí para marcar la diferencia; no estamos a favor de los amiguismos que han caracterizado a anteriores gobiernos”, incide.

Hace algo más de un año que el nuevo equipo de Gobierno tomó las riendas del Ayuntamiento. ¿Cree que los vecinos han notado el cambio?

Sí, unos para bien y otros para mal. Lógicamente si recojo las sensaciones de aquellos que votaron al actual equipo de Gobierno están ilusionados; los que optaron por PP e IU evidentemente se manifiestan en contra de nuestra línea de trabajo, pero a nosotros eso no nos tienes que despistar. Tenemos bien claro que hemos venido aquí para marcar la diferencia con los anteriores equipos del PP, no estamos a favor de los amiguismos. Nuestra línea de actuación es la legalidad 100%, pese a quien pese. Ni vamos a dar prebendas a nuestros afines políticos ni vamos castigar a aquellos que manifiestan su querencia por otras siglas. Estamos aquí para poner en marcha proyectos de rigor, control en el gasto y que todo esto sea muy transparente.

¿De qué está más satisfecho en este año de trabajo?

Parece que queda lejos pero el enganche a la autovía del agua se ha conseguido estando el PRC y el PSOE en el equipo de gobierno local y autonómico, por mucho que ahora vengan a decir que estaba hecho. Ha sido, además, un acuerdo ventajoso tanto en calidad para los vecinos como para las arcas del Consistorio, y el problema de la cal en el agua hoy por hoy está solucionado.

¿Más hitos? Por ejemplo, la tan temida y tan deseada por otros Relación de Puestos de Trabajo (RPT). Ya se están dando los primeros pasos con la empresa y con los sindicatos, y pretendemos avanzar de común acuerdo. Esperemos que prime la sensatez y que lleguemos a un acuerdo satisfactorio para todas las partes, de modo que los empleados del Ayuntamiento puedan contar con unas funciones bien definidas y que tengan la garantía de que eso está escrito en un papel y no al arbitrio del alcalde en cada momento.

En cuanto al Plan General de Ordenación Urbana bien es verdad que nos gustaría que avanzase más deprisa, pero los plazos son los que son. Sabemos que es otro de los hitos que debería conseguirse en esta legislatura.

¿Y de qué está menos satisfecho?

Estamos muy preocupados por algunos servicios esenciales. No estamos satisfechos con el nivel de limpieza que tienen nuestras calles ni con el nivel de mantenimiento y conservación que tienen nuestros parques y jardines. El servicio que estamos prestando actualmente a los ciudadanos no es el que se merecen, y ahí tenemos que trabajar de forma decidida. Estamos estudiando todos los pliegos y sabemos que en algunos de los casos los contratos no se están cumpliendo. Hay que ejercer esa labor de control, renegociar esos convenios o, en su momento, sacar de nuevo los servicios a concurso.

¿Ha influido la situación en que se encontraron el ayuntamiento en la gestión del actual equipo de Gobierno?

A algunos les ha molestado que dijera que nos encontramos un presupuesto agotado y un ayuntamiento endeudado, pero eso no lo digo yo ni el actual equipo de gobierno; lo dicen los propios servicios de intervención, que han manifestado que pasamos el nivel de sostenibilidad financiera por los pelos. Estamos intentado que aumente ese margen de seguridad, aunque es difícil porque no tenemos intención de aumentar la presión fiscal a los vecinos y, sin embargo, sí queremos conseguir mejores servicios. Eso solo se puede conseguir optimizando la eficacia de las concesiones y llevando un control estricto de los trabajos que se realizan por las propias empresas y los trabajadores.

¿Cuáles son los principales necesidades que a su juicio tiene el municipio?

Nosotros tenemos intención de seguir apostando por mejorar la prestación de servicios sociales, como el ticket social o las ayudas al estudio. En esto la apuesta ha sido importante desde el principio y tenemos que seguir ahí mientras se mantenga esta situación de debilidad económica para muchas familias del municipio.

Y aunque sea un poco repetitivo los servicios esenciales no pueden olvidarse porque un ayuntamiento está ante todo para que las calles estén limpias, para que el agua que se suministre sea de calidad, para que el alumbrado público funcione, para que los parques estén limpios, para que haya un transporte y una seguridad vial en las calles…

También el deporte base tiene mucha importancia. Sabemos de las deficiencias y limitaciones de las instalaciones de La Cantábrica y ahí el concejal de Deportes y el equipo de Gobierno compartimos la necesidad de seguir invirtiendo y de conseguir espacios para esas multiactividades que demandan nuestros vecinos.

Respecto a la piscina exterior se habló en su día de un proyecto para cubrirla. ¿Esa idea sigue en mente del equipo de Gobierno?

Sí, sí. Sabemos que el esfuerzo inversor va a tener que ser grande y hemos hablado con las consejerías que podrían colaborar en su financiación pero, lamentablemente, no hemos encontrado el eco que podíamos esperar. También sabemos de primera mano las penurias que está teniendo el Gobierno, pero nosotros no hemos dejado eso de mano y tampoco vamos a dejar de reivindicar el tren tram -la conexión Astillero-Sarón-, y distintos proyectos que ya hemos plasmamos en nuestro ideario electoral. No hemos tirado la toalla en ninguno de ellos; una legislatura de cuatro años es una regata de cuatro largos y acabamos de dar la primera ciaboga.

En cuanto al Parque Digital han manifestado su deseo de llevar a cabo allí un skate park. ¿Habían analizado antes la posibilidad de sacar provecho de ese Parque?

Tanto el PRC como el PSOE hemos sido muy críticos con esa ‘megainversión’ que nunca llegó a tener utilidad pública. Nunca ha estado abierto, salvo escasos meses allá por el año 2010 y fracasó. Ahora se abrió en periodo preelectoral en una maniobra claramente publicitaria del PP, pero ni el exalcalde Cortina ni el expresidente Diego fueron capaces de ponerlo en marcha. No olvidemos que este proyecto parte del exalcalde Diego y cuando ejerce la presidencia del Gobierno tampoco apuesta por esa infraestructura como punto de encuentro cultural o educativo.

Hay que distinguir el espacio como tal y la propia maqueta. La maqueta ahora mismo es la que estorba. Sin embargo, alrededor hay unos edificios, hay un graderío, hay un parque infantil, una zona de picnic que eso es perfectamente aprovechable como espacio de ocio, que es lo que pretendemos. El skate park nos ha parecido una buenísima idea porque conjugamos la demanda por parte de determinados colectivos juveniles con una subvención de la Consejería de Turismo.

Astillero no pretende otra cosa que tener un skate park como tiene Camargo o Santander, no vamos a inventar nada nuevo.

Hablando de ocio juvenil. Como sabe, los jóvenes daban uso los fines de semana a las parrillas que están junto al remo y ahora se ha restringido ese uso.

Decía al principio que apostamos por la legalidad y eso tiene una cara ‘A’ y una cara ‘B’. El Ayuntamiento no ha inventado la ley nacional que prohíbe consumir alcohol en la calle. Si unimos que,además de consumir alcohol, muchos que allí se concentraban hacían otros asuntos de vandalismo y encima eran menores, me lo ponen peor que peor. ¿Hay que buscar espacio de ocio para los jóvenes? Sí, pero dentro de la legalidad.

También tengo que decir que he estado a pie de parrilla, he hecho un sondeo y me encuentro con una chica de Laredo, un chico de Maliaño, a otro chico de Astillero y otro de Villaescusa. Astillero era un punto de alcohol libre para los jóvenes y eso no se puede tolerar, y encima nos dejaban el pueblo hecho una mierda. No son responsables, porque si por lo menos consumieran y lo dejaran limpio…

Voy a seguir con otros temas que han estado recientemente en el candelero y que han generado algunas críticas: el cierre de las piscinas descubiertas.

El horario de las piscinas no se toma ahora; la decisión se empezó a fraguar en septiembre de 2015, cuando bajé con el concejal de Deportes y vimos cómo la piscina descubierta tenía tres socorristas mirándose los unos a los otros. Eso pasó durante bastantes días de septiembre del 2015. ¿Qué hicimos? Pues, creo que con muy buen criterio, se ha optado por abrir una semana antes este año y se ha cerrado una antes.

¿Y no nos damos cuenta de que han entrado más de 3.500 personas en las piscinas cubiertas? ¿Qué se ha reducido este año de 30 a 15 días el periodo que han estado cerradas?

Nosotros hacemos el cuadrante de las personas que trabajan en las instalaciones deportivas en junio y creo que ni la AEMET nos podía haber dicho lo que iba a hacer en los primeros días de septiembre. Aun con todo, creo que la decisión está bien tomada. Quejas ha habido pocas, por no decir una y se ha recibido a la persona porque aquí atendemos a todo el mundo.

Y eso me gustaría recalcarlo. En este Ayuntamiento, desde que estamos aquí nosotros, la atención al ciudadano ha mejorado en un 500%, y lo dicen los ciudadanos y los propios empleados públicos.

Pero una cosa es que solo haya habido una queja formal y otra que no haya más usuarios que compartan esa crítica, ¿no cree?

Nosotros, por supuesto, estamos atentos a las redes sociales pero siempre hemos dicho que no nos van las quejas en el bar. A todos los vecinos les invito a trasladarnos la patata caliente, que pongan la reclamación por escrito en el Ayuntamiento o a través de la línea verde, y a partir de ahí vamos a ir canalizando las respuestas.

Por cerrar otro de los temas que han estado ahora en boca de los vecinos: ¿cuál es la situación del estanque de La Cantábrica? ¿Se está trabajando en una solución?

Se están tomando soluciones. Ya he dicho que no estamos contentos con el nivel de limpieza del que gozan nuestras calles y esto lo extiendo al mantenimiento de las zonas verdes. Hay una empresa que tiene encargada la limpieza de ese espacio, que es la actual concesionaria de parques y jardines. A lo mejor nosotros no hemos estado todo lo vigilantes que tenemos que estar; ahora bien, se han dado unas circunstancias especialmente duras: altas temperaturas y escasa pluviometría, y eso no lo puede negar nadie, lo que ha empeorado la situación.

Se han dicho muchas tonterías y en redes sociales a nadie se le pide ninguna acreditación para opinar; no deja de ser la plaza en pueblo en que a veces el que más alza la voz, más se le escucha, pero eso no quiere decir que tenga razón.

Estamos haciendo, por recomendación de los servicios técnicos municipales, aporte de agua, y ya nos estaban criticando porque se acopiaba de la red. ¿Y de dónde vas a traer el agua? No es agua salada que podamos verterlo de la ría, es agua dulce que viene de la red. Y también veremos el costo porque son unos cuantos miles de metros cúbicos. Hay que empezar a echar números y a ser serios, y saber que el agua clorada después de 24 horas ya ha perdido el cloro. Se han dicho chorradas como que hay que dragarlo, pues no, los técnicos no han dicho que ahí hay biomasa y no se puede remover; otros dicen que hay que dar de comer a las aves, pues tampoco, porque la fauna es silvestre.

Estamos trabajando en ello con técnicos de Seo-Birdlife y de los servicios municipales. Tampoco descartamos cambiar el modo de gestión de ese espacio. A lo mejor hay que pensar que tal y como se está haciendo hasta ahora, de la mano de la empresa de parques y jardines, no es lo más idóneo.

Imagino que estén trabajando ya en los próximos presupuestos. ¿Habrá novedades? ¿Algún proyecto nuevo?

Aun es un poco pronto. Las distintas concejalías están elaborando una lista con las actuaciones que les gustaría llevar a cabo el próximo año. Megaproyectos no. Procuramos trabajar en el día a día con los pies en el suelo, sabiendo de nuestras necesidades pero también de los recursos con los que contamos. No nos gusta hacer propuestas baldías. Ahora mismo estamos centrados en la gestión, mirando cara a cara a los vecinos y diciéndoles que igual todo no se puede hacer este año.

Para acabar, ¿algún mensaje que quiera enviar a los vecinos?

Los despachos de los concejales y del alcalde están abiertos de par en par para cualquier vecino, como se ha podido comprobar en este año. Estamos echando muchas horas, muy a gusto e ilusionados, y con ganas de conseguir cosas. Vamos a seguir trabajando dentro de la legalidad, porque apartarse de ahí trae unas consecuencias que ya hemos visto. No hay que mirar más que al líder de la oposición local; no me quisiera encontrar por nada del mundo en la situación del exalcade. Y para ello tenemos que ser prudentes y actuar siempre de acuerdo a los informes de los técnicos.

Al hilo de esto, ¿cree que Cortina debería dimitir una vez que la Audiencia ha rechazado su recurso y que es muy probable que se abra juicio oral por presunta prevaricación?la Audiencia ha rechazado su recurso

Prefiero no dar consejos al señor Cortina de lo que tiene que hacer; si se sienta en el banquillo será una decisión personal y en todo caso de su grupo político. Si soy sincero, yo no sé qué haría en su pellejo pero lo tiene un poquito complicado. Desde luego que lo que no puede aducir es desconocimiento de la vida política, 28 años en el Ayuntamiento dan para mucho, y que cometa errores un recién llegado podría ser, pero alguien que estuvo en labores de gobierno diez...

El círculo de Podemos Astillero-Camargo cree que el ex alcalde de Astillero y portavoz del PP, Carlos Cortina, debería dimitir tras conocerse que la Audiencia Provincial ha confirmado el auto de imputación por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias, por irregularidades en la contratación y pagos a la hermana de una trabajadora municipal, a la que se encargó la elaboración de la relación de puestos de trabajo (RTP).

A juicio de Podemos Astillero-Camargo, “Cortina debería no haberse presentado a las elecciones hasta que este proceso estuviese finiquitado”. “Cualquier indicio de ilegalidad debe obligar a los cargos políticos a retirarse hasta que finalicen los procesos, es lo mínimo”, ha considerado la formación.

Podemos Astillero-Camargo cree que “el PP ya ha hecho el suficiente daño al Ayuntamiento de El Astillero”. Y es que, ha recordado, “el anterior contencioso en el que también estaba implicado Cortina finalizó con sentencia firme del Supremo en 2012, que condenó al Ayuntamiento al pago de 632.000 euros por no haber abonado el IVA en una enajenación de terrenos públicos ubicados en Morero, operación realizada en 2003”.

“El Astillero merece unos gobernantes que velen por los intereses de las personas, sin intereses personales ni redes clientelares que satisfacer”, ha concluido.

Carlos Cortina ha obtenido un nuevo revés judicial. La Audiencia de Cantabria ha desestimado el recurso de apelación presentado por el exalcalde de Astillero y mantiene su imputación por un presunto delito de prevaricación y tráfico de influencias.

La Audiencia rechaza así sobreseer la causa, como pedía Cortina, y ratifica el auto del 20 de mayo de 2015 del Juzgado de Instrucción número 3 de Santander, que investiga la contratación supuestamente irregular de la hermana de una funcionaria del Consistorio.

A través de la reiteración de contratos menores y en contra de los informes de los servicios municipales, el Ayuntamiento pagó entre 2007 y 2010 a Rosa Nozal cerca de 100.000 euros para que elaborara la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), una tarea que no llegó a concluir.  

En una sentencia fechada el 11 de julio, a la que ha tenido acceso eldiario.es Cantabria, la Audiencia de Cantabria se muestra muy dura con la gestión del dirigente del PP en este caso. 

La magistrada María Rivas de Antoñana destaca que “no constaba cobertura legal para la contratación de Rosa Nozal”; que las cantidades abonadas “exceden los límites aplicables a un contrato menor”; que “no se tramitó expediente de contratación y su contratación se mantuvo en el tiempo durante cuatro años”.

Igualmente, cuestiona la “indefinición del objeto del contrato”, así como el pago “por tareas no realizadas”, tal y como ya había puesto de manifiesto el interventor municipal.  

Por todo ello, el órgano judicial asevera que “concurren indicios de una contratación arbitraria y contraria a la legalidad” y, de este modo, subraya que la instrucción de la causa está justificada, lo que motiva la desestimación del recurso presentado por el exalcalde y la vuelta del caso al Juzgado número 3 de Santander, que puede continuar la instrucción o bien emitir un auto de apertura de juicio oral.

“Exceso en sus funciones”

La Audiencia también ha desestimado los recursos presentados por Rosa Nozal contra su imputación y por el secretario municipal, José Ramón Cuerno Llata, contra la desimputación de la empleada municipal Paz Nozal.

Aunque aprecia un “exceso en el ejercicio de las funciones” de Paz Nozal en el Ayuntamiento, ya que eran de mera gestión administrativa, comparte el criterio del Juzgado de Instrucción por cuanto “no usurpa las funciones del secretario o del interventor, limitándose a discrepar con éstos mediante informes no vinculantes”.

La gestión administrativa y contable del anterior alcalde de Astillero, Carlos Cortina (PP), vuelve a estar en entredicho. En esta ocasión, por el pago de algo más de 66.000 euros a cuatro policías locales por un plus de productividad que no está justificado ni fue aprobado por el órgano competente -el Pleno municipal-, sino que se realizó “de forma arbitraria”, lo que podría ser constitutivo de un delito de prevaricación.

Así lo hacen constar el secretario municipal y el interventor en sendos informes a los que ha tenido acceso eldiario.es Cantabria, realizados a petición del nuevo equipo de Gobierno (PRC-PSOE) a raíz de que otros dos policías hayan solicitado estos complementos salariales por comparación con sus compañeros.

En junio de 2008, el Ayuntamiento aprobó con carácter transitorio, mientras se implantaba la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), una productividad para el personal del Consistorio. Dicha resolución fue “superada” y “soslayada” por “acuerdos verbales” entre el exalcalde y una parte de la representación sindical de la Policía Local, quienes en 2011 pactaron un sobresueldo anual de 3.305 euros para cuatro oficiales del Cuerpo.

Estas negociaciones no constan por escrito ni se elevaron al Pleno para que, según marca la ley, se estableciera los criterios y la regulación de estos pagos. Tampoco se requirió el preceptivo informe de intervención. El alcalde simplemente se limitó a consignar los créditos anuales a este fin.

Así, el secretario municipal señala en su informe que los incrementos retributivos de estos cuatro cabos de la Policía carecen de una valoración objetiva y de justificación y no fueron ni fiscalizados ni regulados por el Pleno, por lo que asegura que se trata de suplementos salariales “ilegales”.

En este sentido, recuerda que para autorizar una retribución especial es necesario determinar las características de los puestos, hacer una valoración, especificar la actividad extraordinaria a realizar y el interés y motivación de la decisión, unos trámites que Cortina se pasó por alto.

Además, destaca que en un caso similar y a través de “multitud” de informes ya había advertido al exalcalde que ese procedimiento era ilegal. También el interventor había hecho lo propio formulando reparos. “No puede pues, alegarse desconocimiento alguno en esta materia por parte de los órganos de gobierno”, afirma el funcionario.

En consecuencia de todo ello, el interventor sostiene que el Ayuntamiento debe denegar la petición de los dos agentes y paralizar y suspender el pago de los sobresueldos a los cuatro oficiales, mientras que el secretario municipal va más allá y apunta que podría tratarse de un delito de prevaricación. Por ello, insta al nuevo equipo de Gobierno a poner los hechos en conocimiento del Ministerio Fiscal.

“Al margen del proceso reglado”

Ante estas notas de reparo, el nuevo equipo de Gobierno ha paralizado “de forma inmediata” el abono de esas productividades para las cuales “no se siguió la tramitación oportuna”, según explica en declaraciones a este diario el actual alcalde, Francisco Ortiz.

“No ha sido ordenado por ningún órgano, no es un acuerdo plenario, no hay decreto de alcaldía ni una resolución de Junta de Gobierno, es decir, no hay nada formalmente. Fue un acuerdo al margen de cualquier informe jurídico y de cualquier tipo de informe del servicio de intervención. Eso es lo más grave de todo”, subraya el regidor municipal.

De este modo, los socios de gobierno han optado por paralizar “de forma inmediata” el pago de esas retribuciones y por no abrir ningún proceso negociador para el abono de productividades especiales a ninguno de los servicios municipales, ya que el Ayuntamiento se encuentra inmerso en la contratación de una empresa que elabore el análisis y la valoración de los puestos de trabajo, un proceso administrativo que esperan cerrar “en los próximos días”.

En esta línea, Ortiz subraya que el equipo de Gobierno “no comparte en absoluto los modus operandi” del anterior gobierno municipal. “Nosotros huimos desde el primer momento de los acuerdos verbales, al margen de todo procedimiento reglado, como tiene que ser”, sostiene.

Nuevo varapalo

Los informes del secretario y del interventor suponen un nuevo varapalo para Cortina, que se encuentra actualmente imputado por un posible delito de prevaricación y tráfico de influencias por supuestas irregularidades en la contratación de la hermana de una trabajadora municipal, a la que en 2007 encargó, precisamente, elaborar la Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento. Una tarea que no concluyó a pesar de percibir casi 100.000 euros.

Cortina ha sido alcalde de Astillero entre los años 2006 y 2015. En las últimas elecciones municipales celebradas en mayo de ese año, la candidatura del PP perdió casi 20 puntos porcentuales de apoyo y con ello la mayoría absoluta, lo que propició un pacto de gobierno entre regionalistas y socialistas.

Este diario ha intentado recabar la versión de los hechos del exalcalde popular aunque no ha sido posible al no obtener respuesta por parte del Gabinete de Prensa de su partido.

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Astillero ha denegado una reclamación efectuada por un estudio de ingeniería para el pago de 33.652 euros en concepto de honorarios pendientes por la redacción del proyecto de construcción de la 2ª fase del puerto deportivo, 'Dársena Orconera', que supuestamente había sido contratada “de forma verbal” por los ex alcaldes Ignacio Diego y Carlos Cortina, ambos del PP.

El equipo de gobierno (PRC- PSOE) ha valorado este caso, del que indica que “no será el último de estas características”, como un ejemplo más de la “modélica” gestión que en materia de contratación pública ha desempeñado el Partido Popular durante su gobierno.

Según el estudio de ingeniería, en el año 2003 Ignacio Diego habría encomendado a dicho estudio de ingeniería la redacción del proyecto de construcción “sin que conste ni aporte acuerdo alguno ni contrato de dicha encomienda”.

Durante los años 2011 a 2014, a petición del Ayuntamiento, la empresa realizó una serie de informes sobre el calado de la Dársena Orconera que fueron presentados ante la Autoridad Portuaria para conseguir reducciones del 50 por ciento en tasa de embarcaciones deportivas de recreo, además de un estudio de viabilidad de la propia Dársena y documentación sobre los vertidos de los materiales que habría que dragar.

De este modo, el reclamante indica que se emitió factura en 2014 por importe de 33.652 euros “por encargo de la alcaldía en la persona de Carlos Cortina”.

Ante los antecedentes de hecho, el Ayuntamiento de Astillero ha procedido a desestimar tal reclamación ya que dichos encargos, como indica el propio reclamante, fueron efectuados por los dos ex alcaldes- Diego y Cortina- “de manera verbal” y “dichos trabajos no fueron objeto de procedimiento administrativo de contratación ni existe documento formalizado, ni recepción ni presentación con registro de entrada por la empresa reclamante del proyecto”.

El Juzgado de Instrucción nº 3 de Santander ha confirmado la imputación del alcalde de Astillero y candidato del PP a la reelección, Carlos Cortina, por un posible delito de prevaricación administrativa, al que añade otro de tráfico de influencias, por irregularidades en la contratación y pagos a la hermana de una trabajadora municipal, a la que se encargó la elaboración de la relación de puestos de trabajo (RPT) y que también está imputada en la causa.

En un auto fechado el 20 de mayo, el magistrado Fernando Vegas rechaza la petición de sobreseimiento formulada por el alcalde, al entender que existen “indicios de irregularidad”. En este sentido, el auto señala que “no consta cobertura legal” para la contratación de esta persona, a la que el Ayuntamiento ha estado abonando facturas durante “nada menos” que cuatro años por un importe de casi 100.000 euros, y ello pese a que la relación de puestos de trabajo para la que fue contratada “no se ha realizado”.

El juez considera que el alcalde, que declaró como imputado a petición del fiscal el pasado 28 de abril, “era consciente” de que la contratación de esta persona “era superflua” y, consiguientemente, autorizó “pagos indebidos” con cargo a las arcas municipales, favoreciendo así sin causa a dicha contratada, a la que también le ha sido desestimada su solicitud de sobreseimiento.

El magistrado entiende que el proceder de Cortina puede constituir delito de prevaricación administrativa al haber mantenido una contratación adjudicada de forma “arbitraria y con apariencia de ilegalidad y fraudulenta”; y de tráfico de influencias, por “influir” en un funcionario para obtener una resolución favorable.

Por ello, el juez entiende que procede continuar el procedimiento y la práctica de diligencias, considerando pertinente la declaración como testigos de las tres personas que han ejercido como interventores del Ayuntamiento entre 2007 y 2010, solicitada por el fiscal. El magistrado sí acepta el archivo provisional de las actuaciones respecto a la hermana de la contratada.

La oposición pide su dimisión

Tras confirmarse su imputación, IU, PSOE y UPyD han pedido al alcalde y candidato del PP en sendos comunicados de prensa que asuma sus responsabilidades y presente su dimisión. 

Para Izquierda Unida, “cada vez es más patente y necesario que los caciques sean barridos de los ayuntamientos” y, en este sentido, ha hecho un llamamiento a aprovechar la oportunidad que se presenta el domingo para “echarlos” y “decir que queremos transparencia, democracia, participación, y recuperar el Ayuntamiento para los verdaderos dueños, los vecinos”.

Además, la formación de izquierdas ha recordado que la primera propuesta de su programa, si cuentan con la confianza necesaria de los vecinos, “es hacer una auditoría para publicar la situación económica del Ayuntamiento, abrir ventanas y levantar alfombras” y “acabar con los 'dedazos'”. 

El PSOE, que al igual que IU ejerce de acusación particular en este proceso judicial, ha exigido al alcalde que “si le queda un mínimo de dignidad, presente de forma inminente su dimisión y renuncie a su candidatura”. “Astillero no se merece que el actual alcalde y candidato a las próximas elecciones municipales lleve sobre sus espaldas la imputación de dos delitos cuyas penas son la inhabilitación para cargo público, en el caso del primero, y prisión entre seis meses y dos años en el caso de tráfico de influencias”, afirman. 

Los socialistas señalan que “han sido reiteradas las denuncias e irregularidades que, desde hace años, se producen en materia de contratación, y el oscurantismo y falta de transparencia de que hace gala el PP en esta materia”. “Ahora se podrá demostrar que además de irregulares, estas actuaciones eran ilegales, como ha venido manteniendo reiteradamente el PSOE”, añade.

También UPyD ha pedido a Cortina que renuncie a su candidatura porque “Astillero se merece estar dirigido por una persona libre de sospecha” y “sin sombras”. Además, el partido magenta ha recordado que “en UPyD una persona con los antecedentes de imputación que tiene el alcalde de El Astillero no podría estar en las listas”.

El alcalde y candidato del PP en Astillero, Carlos Cortina, ha declarado este martes en el Juzgado de Instrucción número 3 de Santander como imputado por un presunto delito de prevaricación administrativa y tráfico de influencias por la contratación supuestamente irregular de una persona próxima a su partido entre los años 2007 y 2010. En concreto, se trata de Rosa Nozal, hermana de la responsable de Personal del Consistorio.

Ha sido una declaración muy larga, por espacio de casi tres horas, en las que Cortina ha contestado a las preguntas de la Fiscalía y a las de los abogadas de la acusación particular -PSOE e IU-, del denunciante -el secretario municipal del Ayuntamiento- y del suyo propio, que curiosamente es el mismo que el de las hermanas Nozal. También ha intervenido la letrada del Consistorio.

Según han relatado fuentes judiciales a este diario, el alcalde ha llegado con la lección muy bien aprendida. Ha sido muy exhaustivo en las respuestas y ha estado 'suelto', tanto que en alguna ocasión ha sido llamado al orden por el magistrado al desviarse del caso, especialmente en los momentos más peliagudos.

Durante su intervención, Cortina no ha negado que Rosa Nozal actuara como interventora del PP en las elecciones del año 2011, y tampoco ha aclarado si ésta persona ha seguido trabajando para el Ayuntamiento o alguna entidad del mismo después de que en el año 2010 fuera cesada tras los reparos formulados por el interventor.

Respecto a su relación con el secretario municipal, de quien partió la denuncia, el alcalde ha afirmado que mantienen una relación cordial, algo que choca con las declaraciones que había hecho públicas 24 horas después de conocerse su imputación. En un comunicado enviado a los medios, el regidor cargó duramente contra el funcionario, al que acusó de haber “manipulado” documentos y de “tergiversar los hechos”.

El momento más farragoso para el 'popular' ha llegado cuando ha tenido que explicar por qué tras el cese de Rosa Nozal no se inició un procedimiento formal de contratación si el trabajo para el que había sido contratada no había concluido y era tan importante para el Ayuntamiento. En este sentido, fuentes judiciales afirman que no ha sabido explicar los cerca de 100.000 euros que se han pagado a Nozal y que “no han servido para nada”.

En su defensa, Cortina ha insistido en que no ha firmado ningún documento susceptible de ser prevaricador, alegando que los interventores anteriores no habían puesto reparos a la contratación de esta persona.

Al acabar el interrogatorio, el abogado del candidato del PP ha anunciado que solicitará el sobreseimiento de las actuaciones. Incluso, ha llegado a pedir expresamente al juez que por razones de tipo electoral, “en lo que pudiera” archivase la causa antes de la celebración de los comicios autonómicos y municipales, que tendrán lugar el próximo 24 de mayo.

El plazo para que las partes presenten alegaciones es de cinco días. A partir de entonces todo quedará en manos del juez, que puede dictar auto de continuación o auto de sobreseimiento, ambos recurribles.

“Clientelismo político”

Para el alcalde, su declaración ha sido “clarificadora” y ha servido para “desmontar” el “despropósito” que, en su opinión, ha supuesto su imputación. Así lo ha manifestado al término del interrogatorio, al que ha respondido “con naturalidad”. “No he dejado ninguna pregunta sin responder”, ha dicho.

Así, Cortina ha insistido en que “lo único” que hay en este asunto son “manipulaciones de datos y falsedades”. “No cometí ningún error”, subraya.

Desde la oposición destacan que los hechos son irrefutables: se ha pagado a una persona más de 100.000 euros por un trabajo que en tres años y medio no ha completado. Y, además, su contratación se realizó “sin cobertura legal” y ha estado motivada por su vinculación con el Partido Popular y no por sus méritos profesionales como, a su juicio, ha quedado sobradamente demostrado.

“Es un caso clarísimo de clientelismo político. Se mete a la hermana de una persona que lleva once años trabajando en el Ayuntamiento, simpatizante del PP, con una licenciatura en Sociología y mínima experiencia profesional para realizar la relación de los puestos de trabajo de un Ayuntamiento, una tarea propia de consultores y especialistas en administración y organización empresarial. Y ello a través de reiterados contratos menores para no tener que hacer un concurso público”, concluye una fuente cercana al caso, que cree que el gasto hubiera permanecido en el tiempo si el secretario y la oposición no lo hubieran denunciado.

El pasado día 23, una noticia sorprendió a los vecinos de Astillero: el alcalde del municipio, Carlos Cortina, había sido imputado por un presunto delito de prevaricación. La denuncia, que no había trascendido a los medios de comunicación, partió de un funcionario del Ayuntamiento y está motivada por la contratación supuestamente irregular de una persona próxima al PP entre los años 2007 y 2010. A la causa, que se encuentra en fase de diligencias previas, se sumaron los partidos en la oposición IU y PSOE. Cortina, que es alcalde desde el año 2006 y que aspira a renovar la confianza de los ciudadanos otros cuatro años más, declarará ante el juez este martes.  

A punto de concluir la actual legislatura, el candidato a la Alcaldía de Izquierda Unida, Raúl Magni, analiza la imputación del regidor municipal y realiza un balance negativo de la gestión de los ‘populares’. Aunque siempre ha estado interesado en política, es militante desde hace tan sólo cuatro años. Animado por vecinos y compañeros de partido, ha decidido dar un paso adelante y 'saltar' de la base a encabezar la lista. Este Técnico en Actividades Físicas y Animación Deportiva se define como una persona “humilde”, que comenzó de nuevo a trabajar en febrero después de permanecer un año en el desempleo.

¿Qué valoración hace de la imputación del alcalde?

Hasta que dictamine el juez no se le puede acusar, aunque la verdad es que, con su historial, que le hayan imputado es muy significativo, por mucho que él diga que tiene la conciencia muy tranquila. Nosotros creemos que es culpable de prevaricación. Por eso, desde Izquierda Unida Astillero-Guarnizo hemos hecho un importante esfuerzo económico denunciando el caso para llegar hasta el final.

El ejemplo del “fraude conscientemente realizado” en el que Cortina e Ignacio Diego demostraron que no saben que el IVA hay que ingresarlo en la Agencia Tributaria, parece un antecedente de todo lo que ha venido después. Tres casos judiciales en esta legislatura (dos de ellos ya resueltos por los tribunales en su contra) es un balance demasiado grande para seguir confiando no sólo en Carlos Cortina sino en el PP.

Cortina dice que es inocente y afirma que su imputación se debe al “juego sucio” de un funcionario.

Como he dicho antes, vamos a esperar a que dictamine el juez, pero, desde mi punto de vista, considerar al secretario como el enemigo por no dejarlo prevaricar me parece totalmente fuera de lugar. Es gracioso como echa también la culpa a la oposición que ha denunciado el caso por la proximidad de las elecciones, cómo si hubiéramos sido nosotros los que le hemos llamado a declarar. 

Al estar imputado, ¿cree que debería renunciar a ser candidato?

Ya no sólo por este caso sino también por el de su “ignorancia” en cuestiones tributarias, entre otras cosas.  

Cambiando de tercio, ¿qué balance hace de la gestión del PP en Astillero en estos cuatro años?

Ha habido mucho despilfarro, irresponsabilidad y dejadez. Ahí están los casos del IVA, de la prevaricación y de las maquetas y el museo naval; la ampliación del Ayuntamiento, el dispendio en el Mapa Digital, la negligencia en el tema del agua que ha hecho gastar a medio municipio más de 3 millones de euros, además del malestar y los problemas en la piel que eso ha ocasionado a muchas personas... Y en menos de dos años, Cortina ha dilapidado los 8,5 millones de euros recibidos por la privatización de la gestión del agua concedida durante 25 años a la empresa Aquarbe. Ahora, el Ayuntamiento tiene una deuda de más de 8 millones de euros que nos hace rozar la bancarrota. Y ello, sin tener en cuenta que existen facturas impagadas en los cajones.

Y todo esto mientras los concejales del PP se han puesto unos sueldos astronómicos, y se pagan complementos salariales desproporcionados a ciertos trabajadores del Ayuntamiento. Por no hablar, del dinero que sale de nuestros impuestos para hacer su campaña... 

También el estado de las sendas verdes, de varias carreteras, de los parques infantiles y de algunas aceras es lamentable, y no arreglan nada hasta que ocurre una desgracia.

Son demasiadas cosas para ni siquiera plantearse si la gestión ha sido al menos aceptable. Nuestro municipio es un claro ejemplo de cómo no debe gestionarse un ayuntamiento.  

¿Por qué decidió presentarte como candidato a la Alcaldía?

Desde que empezamos a denunciar el problema de la cal en el agua, el respaldo social aumentaba día a día y pasé de ser “semidesconocido” a que la gente me parase por la calle para darme su apoyo en esa lucha. Eso generó que muchos compañeros de IU, tanto a nivel local como regional, empezasen a plantearme la posibilidad de encabezar la lista. La verdad es que al principio fui muy reacio a aceptar su ofrecimiento, pero ese apoyo de los vecinos animándome a dar el paso, hizo que me decidiese.  

A su juicio, ¿cuáles son las principales necesidades del municipio y de sus vecinos?

El empleo, el aumento del bienestar y la seguridad, solucionando también el estado de abandono en el que se encuentran muchas zonas del pueblo, así como impulsar al pequeño comercio. Y, por supuesto, conseguir que los vecinos recuperen la confianza en los políticos, que se den cuenta de que no todos somos iguales y de que la política no es lo que hasta ahora hemos conocido.  

El PP lleva 20 años logrando mayoría absoluta en el municipio. ¿Es posible un cambio de Gobierno?

No solamente creo que es posible sino que estoy seguro de que así será. La gente sabe lo que está pasando tanto dentro como fuera del Consistorio, por mucho que el PP intente ocultarlo, y está en pie de guerra. El 24 de mayo comenzará el cambio.

En caso de que el PP no revalidara esa mayoría, ¿estaría dispuesto a pactar con otros partidos para formar una coalición de Gobierno? ¿Cuáles serían las condiciones para llegar a ese acuerdo? 

Habrá que sentarse y negociar. Nuestro programa son las condiciones para llegar a un posible acuerdo.

¿Qué cambiaría si IU gobernase en Astillero?

Pondríamos en marcha políticas orientadas a las personas, a todas sin excepción. Para empezar, estableceríamos un límite a los sueldos: no cobrar más de tres veces el Salario Mínimo Interprofesional, lo que supone unos 1.945 euros brutos frente a los más de 3.800 que actualmente cobra Cortina.

Otro asunto prioritario es el fomento del empleo. Que sea estable y con derechos es imprescindible si queremos asegurar la calidad de vida de nuestros vecinos. También municipalizar los servicios, es decir, comenzar a recuperar los servicios públicos que se encuentran en manos privadas.

En cuestión de impuestos, que paguen menos los que menos tienen, y crearíamos una dotación de un bono social para que las personas con escasos recursos económicos puedan acceder a los servicios básicos.

Igualmente, creemos que es necesario formar una Escuela Municipal Deportiva, algo que no existe, y dinamizaríamos los espacios verdes para potenciar un turismo sostenible. En este campo, las posibilidades que tiene Astillero son tremendas y están totalmente desaprovechadas. Y como ya he mencionado, hacer un mantenimiento del mobiliario urbano, para no tener que sustituir como actualmente ocurre.

La participación ciudadana también es esencial para mí. No sólo los políticos deben decidir, sino que lo hagamos entre todos. Y, por supuesto, hacer todo lo posible para que el problema del agua pase a la historia, renovando las tuberías de conducción.

Estos son algunas de las cosas que cambiarán si IU Astillero-Guarnizo gobernase. Nuestra lista la componemos personas humildes, sufridoras de los problemas del municipio y que luchamos, como mucha gente sabe, para solucionarlos. Con el apoyo de los vecinos, el próximo 24 de mayo, esa “lucha” la haremos desde dentro.

Desde hace 20 años, Astillero es un fortín para el Partido Popular. En las últimas cinco elecciones municipales, los 'populares' han obtenido el respaldo de más del 50% del electorado, logrando en todos los casos gobernar con mayoría absoluta. En estos nuevos comicios, que tendrán lugar el próximo 24 de mayo, el PP se enfrenta al reto de revalidar esa mayoría con el hándicap de tener a su candidato, el actual alcalde, Carlos Cortina, imputado por un delito de prevaricación.

El caso se encuentra en fase de diligencias previas y está motivado por la supuesta contratación irregular de la hermana de la responsable de Personal del Consistorio, que trabaja en el Ayuntamiento como personal laboral. En el año 2007, el equipo de Gobierno adjudicó 'a dedo' -al tratarse de un contrato menor- a Rosa Olvido Nozal realizar la descripción, relación y valoración de la plantilla municipal, por lo que sería remunerada con 12.000 euros. Ésta contratación se realizó con reparos del Servicio de Intervención y del secretario municipal. Fue éste último quien denunció los hechos ante la Fiscalía aunque, posteriormente, se sumaron a la causa IU y PSOE.

Desde la oposición afirman que ésta persona, próxima al PP, ha recibido entre 2007 y 2010 de las arcas municipales 119.000 euros -un importe diez veces superior al contrato inicial-, por un trabajo que, además, ni siquiera ha completado, añaden. El fiscal considera que la legitimidad y necesidad de la contratación “queda en entredicho”.

En su defensa, Cortina ha asegurado este viernes, a través de un comunicado de prensa, que las denuncias que realizó el secretario municipal están “plagadas de falsedades y de medias verdades”. En este sentido, acusa al funcionario de “tergiversar los hechos” y “manipular documentos en su propio beneficio”.

El alcalde ha recordado que el próximo 28 de abril acudirá a los Juzgados de Santander para declarar “por la firma de dos decretos”, “animado”, dice, por descubrir el “juego sucio” del secretario municipal, a quien achaca haberse movido por venganza. Según el regidor municipal, el origen de la denuncia está en que la responsable de Personal del Ayuntamiento detectó “irregularidades” en las gratificaciones que percibía el citado secretario.

El candidato del PP afirma que cuando adjudicó el contrato, “el decreto no tuvo objeción alguna por parte del secretario”. Y respecto al pago, en 2013, de la productividad a otro empelado municipal, por lo que también será juzgado, subraya que éste ya venía percibiendo ese complemento “desde hacía años”.

“Lo triste es que todo esto haya llegado tan lejos y no se haya detectado cuáles son las verdaderas intenciones de este señor, que no son otras que hacer daño por un interés personal”, concluye Cortina.

El IVA y las maquetas navales

La gestión del PP en Astillero ya ha desembocado en esta legislatura en otros dos procedimientos judiciales. En ambos casos, el Ayuntamiento ha sido condenado.

En septiembre del año pasado, una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) anuló la compra de varias maquetas y la construcción de un museo naval, un proyecto que ha conllevado una inversión municipal de más de 460.000 euros y que ha sido muy criticado por la oposición al considerarlo un “despilfarro” en la actual situación económica y social. El juez falló a favor de la denuncia presentada por los socialistas al entender que la construcción de un museo no está dentro de las competencias municipales y contravenir la Ley de Contratos del Sector Público. A pesar de esta sentencia, el alcalde continuó adelante con el museo naval, que acaba de ser inaugurado recientemente.

También ha sido condenado por no ingresar el IVA en la venta de una parcela municipal. Este hecho provocó que el Tribunal Supremo condenara al Ayuntamiento a pagar más de 630.000 euros, los 231.000 que debería haber ingresado en su momento en concepto de IVA y unos 400.000 euros más como sanción e intereses por no abonarlo en su momento -cuando era alcalde Ignacio Diego, actual presidente del PP y de Cantabria-. Los recursos judiciales presentados por el PP incrementaron en más de tres veces el importe inicial de la sanción.

La oposición espera que estos tres casos judiciales, sumados al desgaste del PP por la gestión de la crisis y los casos corrupción, propicien un cambio de Gobierno municipal.

El alcalde de Astillero, Carlos Cortina (PP), ha sido imputado por un presunto delito de prevaricación administrativa, por el cual tendrá que declarar el próximo martes día 28.

El regidor municipal, que acaba de ser nombrado por la cúpula del Partido Popular como candidato a la reelección, está siendo investigado por la justicia por una contratación irregular con cargo a las arcas municipales. En concreto, se trata de la contratación de Rosa Olvido Nozal, hermana de Paz Nozal, próxima al Partido Popular y trabajadora del Ayuntamiento como personal laboral.

Pese a los reparos del servicio de intervención y del secretario municipal, el alcalde encomendó en el año 2007, a través de la adjudicación de un contrato menor, a Rosa Olvido Nozal elaborar la descripción, relación y valoración de los puestos de trabajo del Ayuntamiento. Un tarea por la que sería remunerada con 12.000 euros, pero que, finalmente, ha supuesto un desembolso para la Administración pública de 119.000 euros, y ello pese a que ni siquiera completó correctamente su trabajo, según han relatado a este diario fuentes cercanas al caso.

En un auto fechado el 22 de abril, al que ha tenido acceso eldiario.es Cantabria, el Juzgado de Instrucción número 3 señala que procede dirigir el caso contra el regidor municipal, puesto que es él quien firmó el Decreto por el que se contrataron los servicios de Rosa Olvido Nozal.

Tras practicar las diligencias previas oportunas, el magistrado Fernando Vegas afirma que la legitimidad y necesidad de ésta contratación “queda en entredicho”. Al respecto, el juez manifiesta que la persona “carece de competencia” para el cometido que se le asignó.

La denuncia que llevará a Cortina a hacer el 'paseíllo' por Las Salesas partió de un funcionario del Ayuntamiento, el secretario municipal, y a la causa se sumaron los partidos de la oposición Izquierda Unida y Partido Socialista, que continúan con el procedimiento después de que el empleado público se apartara por cuestiones profesionales del caso.

Un “saqueo” público

En un comunicado, Izquierda Unida de Astillero ha denunciado la irresponsabilidad del alcalde, que “comenzó en el año 2007 aprobando un gasto de 12.000 euros y terminó siendo un saqueo de las arcas del Ayuntamiento”.

IU ha proclamado que “los tiempos de la administración opaca y el 'enchufismo' se han terminado”, al tiempo que ha subrayado que “la ciudadanía no está dispuesta a tolerar más desvergüenza a cargo de sus impuestos”. “Aquellos dirigentes políticos que no asuman esta realidad están condenados a un mismo desenlace: rendir cuentas ante la Justicia”, aseveran.

Igualmente, desde Izquierda Unida Astillero-Guarnizo, una de las partes que denunció la contratación arbitraria, han afirmado que seguirán trabajando para “sacar a 'los saqueadores'” del Consistorio astillerense.

Por su parte, el Grupo municipal Socialista ha recordado que desde hace años viene denunciando las “irregularidades” que se producen en materia de contratación, “y el oscurantismo y falta de transparencia de que hace gala el PP en esta materia”. “Ahora gracias a la intervención de un funcionario público se podrá demostrar que además de irregulares estas actuaciones eran ilegales”, concluye.